Sentencia Civil 754/2024 Audiencia Provincial Civil de Jaén nº 1, Rec. 608/2024 de 30 de mayo del 2024

PRIMERO.-Delimitación del recurso de apelación.

La sentencia de instancia con el auto de rectificación de error, estima íntegramente la demanda interpuesta por Don Lázaro frente a don Jesús; y desestima íntegramente la demanda reconvencional interpuesta por Don Jesús frente a Don Lázaro, condenando a Don Jesús a pagar al actor la cantidad de 2.777,88 euros en concepto de factura de reparación del vehículo del demandado, a la cantidad de 1.756,92 euros en concepto de gastos de depósito del vehículo hasta el 17 de septiembre de 2021, más la cantidad que se hubiese devengado con posterioridad por ese concepto hasta la fecha en la que se proceda a la efectiva retirada del vehículo, tomándose como base para determinar la cantidad el importe de 6 euros más IVA por cada día que transcurra sin recoger el citado vehículo. Todo ello, con el pago del interés legal respecto de las cantidades a que ha sido condenado el demandado, desde la fecha de la reclamación extrajudicial, esto es, desde el 5 de marzo 2021 hasta el dictado de la sentencia de instancia, momento en el que dichos intereses serian sustituidos por los previstos en el art. 576 de la LEC, con condena a Don Jesús al pago de las costas procesales tanto de la demanda principal como de la demanda reconvencional. Absolviendo a Don Lázaro de los pedimentos seguidos en su contra.

Frente a dicho pronunciamiento, se alza el demandado invocando el error en la valoración de la prueba, tanto en la concurrencia de un presupuesto que hubiese sido presentado al demandado, como en la aceptación del mismo. Además sobre la base del error en la valoración de la prueba, se insiste en ésta alzada en imputar al demandante la avería cuyo coste de reparación se estima en la demanda, considerando el apelante, que el taller habría llevado a cabo un deficiente mantenimiento del vehículo, quien igualmente no habría previsto ni informado al demandado sobre la necesidad de cambiar la correa de la distribución del vehículo para evitar la avería que finalmente se habría producido en el mismo. Asimismo, el apelante estima que se ha incurrido en error en la valoración de la prueba cuando se le ha condenado a abonar el coste del depósito del vehículo en las instalaciones del demandante, cuando no se ha estimado los daños y perjuicios derivados de la adquisición de un nuevo vehículo, o cuando se le ha impuesto el pago de los intereses y las costas.

Dado el traslado oportuno al demandante, ésta ha formulado escrito de oposición al recurso planteado, considerando ajustada a derecho la sentencia de instancia, solicitando la confirmación de la sentencia apelada.

SEGUNDO.- Acerca de las facultades del tribunal de apelación respecto de la valoración de la prueba, como señalamos en la sentencia de 30 de junio de 2020 dictada en rollo de apelación 1763/2018, "El recurso de apelación confiere plenas facultades al órgano ad quem, permitiendo un novum iudicium, que da lugar a una revisión de la sentencia dictada en primera instancia y un examen completo de la cuestión litigiosa ( SSTC 152/1998, de 13 de julio y 212/2000 , de 18 de 3 septiembre y SSTS de 28 de marzo de 2000 y 30 de noviembre de 2000 ), por lo que los tribunales de alzada tienen competencia no solo para revocar, adicionar, suplir o enmendar las sentencias de los inferiores, sino también para dictar respecto de todas las cuestiones debatidas el pronunciamiento que proceda, como resulta del art. 456.1 LEC (STS de 7 de mayo de 2015 ROJ: STS 2956/2015 ).

No obstante está sometido a ciertos límites: su ámbito objetivo lo delimitan las partes -"tantum devolutum quantum appellatum": artículo 465.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -, pero siempre dentro de los contornos propios del de la primera instancia -"pendente appellatione nihil innovetur"-. Y la sentencia que lo resuelva no puede perjudicar al apelante, como regla - prohibición de una "reformatio in peius": artículo 465, apartado 5, antes citado (STS de 21 de diciembre de 2009 ROJ: STS 7778/2009 ).

En cuanto a la valoración de las pruebas por las Audiencias Provinciales, la STS de 19 de febrero de 2018 ( ROJ: STS 507/2018 ) declara: "La Audiencia, como tribunal de instancia, dentro del margen marcado por lo que es impugnado en el recurso de apelación, puede volver a valorar la prueba practicada en primera instancia, sin necesidad de practicar nuevamente las pruebas. Esto es, puede valorar la documental y la prueba practicada en el acto del juicio, mediante la visualización y audición de la grabación, sin que con ello se vulneren los reseñados principios de oralidad, inmediación y contradicción". Y la STS 3 de noviembre de 2015 ( ROJ: STS 4471/2015 ) declara: "4.- Tampoco infringe la exigencia de motivación exhaustiva que la Audiencia Provincial haya realizado una valoración conjunta de la prueba, seleccionando las pruebas que haya considerado más relevantes, y haya omitido sacar conclusiones de las que no ha considerado relevantes ... ". También debemos traer a colación lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de diciembre de 2015 que señala al respecto:

"Esta Sala, en jurisprudencia pacífica y reiterada con frecuencia, ha rechazado que la valoración de la prueba realizada en primera instancia solo pueda ser revisada por la Audiencia Provincial en caso de que conduzca a exégesis erróneas, ilógicas o que conculque preceptos legales, o sus conclusiones sean absurdas, irracionales o arbitrarias.

En nuestro sistema procesal, el juicio de segunda instancia es pleno y en él la comprobación que el órgano superior hace para verificar el acierto o desacierto de lo decidido en primera instancia es una comprobación del resultado alcanzado, en la que no están limitados los poderes del órgano revisor en relación con los del juez "a quo". Así lo ha declarado el Tribunal Constitucional ( STC 212/2000, de 18 de septiembre ), y así lo ha declarado esta Sala, a la que cualquier pretensión de limitar los poderes del tribunal de apelación le ha merecido "una severa crítica" ( sentencias de esta Sala de 15 de octubre de 1991 , y núm. 808/2009, de 21 de diciembre )"

Expuesto lo anterior, se tiene que poner de manifiesto que la relación jurídica en virtud de la cual se condena al demandado, consiste en el encargo que se le hace a un taller mecánico a fin de que efectúe la reparación de un vehículo, lo cual constituye un contrato de arrendamiento de obra, con suministro de materiales, ya que el titular del taller se compromete a obtener un resultado, la reparación del vehículo, por precio cierto, que lleva aparejado el depósito del coche en el establecimiento con el subsiguiente deber de custodia para el responsable del taller, y derecho de retención en prenda hasta que se le pague ( artículos 1544 , 1588 y 1600 del Código Civil ). Así el elemento fundamental en el que se sustenta el mismo, es el acuerdo de las partes sobre el precio, que ha de ser cierto y determinado, pero teniendo presente que dichos requisitos se cumplen no solamente cuando se fija de antemano sino también cuando pese a no haberse convenido, resulte adecuado a la calidad y validez de los materiales empleados, pudiendo inferirse de otras pruebas existentes, aportadas a los autos o atendiendo a los usos y costumbres del lugar ( SSTS de 16 de enero, 21 1 y 25 11 85); y debe considerarse que en el supuesto de autos no se ha cuestionado que el importe que se pretende cobrar sea excesivo o no adecuado a la reparación efectuada, ya que según los escritos de demanda y de contestación, no es una cuestión controvertida que DIRECCION000, en diciembre de 2.020 llevó a cabo la reparación del vehículo Ford Ranger con matrícula NUM000 propiedad del demandado, ascendiendo el importe de la reparación a 2770,88 euros.

Analizando la concurrencia de un presupuesto previo que hubiese sido presentado al demandado para su aceptación, se tiene que poner de relieve que si bien el apelante en su contestación a la demanda negó la concurrencia de presupuesto previo, en ésta alzada de forma novedosa se introduce en el debate la falta de aceptación escrita del presupuesto o renuncia del mismo. Al respecto, visionada la vista principal así como la documental 3 de la contestación a la demanda reconvencional, se constata como en una grabación que se hizo al apelante, éste reconoce en una conversación con el demandante haber recibido un presupuesto previo de reparación, con lo cual, el hecho impeditivo de la contestación de la demanda decaería "ad initio". Además, se tiene que añadir, que aún no constando el presupuesto escrito o renuncia al mismo, ese hecho no impediría que prosperase la reclamación de cantidad, ya que aunque la cuestión no es pacífica, la mayoría de las Audiencias Provinciales considera que su ausencia no exonera al arrendador de obra de la obligación de abonar el precio. Así lo resume muy claramente la SAP Madrid sección 9 de 30 de enero de 2020:

"Sobre los efectos de la falta de presupuesto y de orden escrita de reparación, es criterio mayoritario de las audiencias provinciales, que la falta de acreditación documental de las órdenes de reparación, no justifica por si sola la desestimación de las pretensiones actoras, siendo preciso el examen de las pruebas que constan en el procedimiento sobre la realidad del encargo y aceptación de la reparación en función de la carga probatoria de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Sobre esta cuestión la SAP de Burgos, secc. 2 Nº 342/2019 de 14/10/2019 , recoge este criterio al señalar "la ausencia de la orden escrita de reparación o la falta de aceptación de presupuesto no se ha entendido por la jurisprudencia de las Audiencias como obstáculo insalvable del éxito de la reclamación ( sentencia Sección 5ª AP Asturias, de 22 de octubre de 2.002 Jurisprudencia citada a favor SAP , Asturias , Sección: 5ª, 22/10/2002 (rec. 379/2002 ) Carga de la prueba. Artículo 217 LEC , ausencia de orden de reparación u hoja de encargo de la obra., S. AP de Zaragoza de 3 de marzo de 2.003 , señalándose también que tal incumplimiento sólo tiene trascendencia administrativa, no conlleva más que la oportuna sanción administrativa, en los términos que establecen los artículos 19 Legislación citada que se aplica Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero , por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles de sus equipos y componentes. art. 19 (05/08/1986) y 20 del citado texto legal Legislación citada que se aplica Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles de sus equipos y componentes. Art. 20 (05/08/1986), pero en ningún caso la nulidad del contrato, que no está expresamente contemplada ( SAP, Madrid sección 8 del 15 de febrero de 2013 ). (...)"

En definitiva, desde los postulados del art 217 de la LEC y en el marco del arrendamiento de obra propio de la reparación de un taller ex art 1544 y ss del CC , en la revisión que comporta la alzada, por mas que no se aporte el presupuesto u orden de reparación escrito, consta acreditada por la documental y grabación aportada, el encargo de la reparación por el demandado, la realidad de la reparación y el importe del mismo, sin que éste haya alegado ni acreditado el pago u otro hecho extintivo de su obligación, por lo que el motivo de recurso ha de ser desestimado.

SEGUNDO.- Centrando otro de los puntos objeto de recurso, se insiste en ésta alzada en imputar al demandante la avería cuyo coste de reparación se estima en la demanda, considerando el apelante, que el taller habría llevado a cabo un deficiente mantenimiento del vehículo, quien igualmente no habría previsto ni informado al demandado sobre la necesidad de cambiar la correa de la distribución del vehículo para evitar la avería que finalmente se habría producido en el mismo.

En éste caso, en la sentencia apelada se hace un razonamiento que ha de ser aceptado en ésta alzada por su corrección, sin que pueda ser tachado de ilógico o arbitrario. De éste modo, se comparte plenamente la fundamentación de la resolución recurrida a la que se remite éste Magistrado, pues como razona el Tribunal Supremo en auto de fecha 14 de septiembre de 2022 ( ROJ:ATS 12459/2022- ECLI:ES:TS:2022:12459A ) una motivación escueta y sucinta de la sentencia, no deja por ello de ser motivación, así como que una fundamentación por remisión no deja tampoco de serlo, ni de satisfacer la indicada exigencia constitucional ( STC 3 de noviembre 1987) [...]". En este sentido resulta muy ilustrativa la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 24 de marzo de 2022 ( ROJ: SAP V 1694/2022 - ECLI:ES:APV:2022:1694 ); "Partiendo de cuanto antecede, puede anticiparse ya desde este momento que valorado en conjunto el resultado de la prueba practicada conforme a los criterios que a tal efecto establece el artículo 217 de la L.E.C. la Sala considera el recurso de apelación formulado, improsperable, y da por reproducidos los acertados fundamentos jurídicos contenidos en la resolución impugnada, pues como dispone la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 2000 con cita de la de 16 de octubre de 1992, si la resolución de primer grado es aceptada, la que confirma en apelación no tiene por qué repetir los argumentos, debiendo, en aras de la economía procesal, corregir en su caso, solo aquellos que resulte necesario, amén de que una fundamentación por remisión no deja de ser motivación, ni de satisfacer la exigencia constitucional de tutela judicial efectiva (doctrina jurisprudencial dimanante tanto del Tribunal Constitucional sentencias 174/1987, 11/1995, 24/1996, 115/1996, 105/97, 231/97, 36/98, 116/98, 181/98, 187/2000 como de la Sala Primera del Tribunal Supremo Sentencias de fechas 5 de octubre de 1998, 19 de octubre de 1.999 y 23 de febrero, 28 de marzo, 30 de marzo y 9 de junio y 21 de julio de 2000, 2 y 23 de noviembre de 2.001). Así según ha señalado reiterada doctrina emanada del Tribunal Constitucional ( AATC. 688/88 y 956/88 y SSTC., 146/90, 27/92) la motivación por remisión a una resolución anterior, cuando la misma haya de ser confirmada y precisamente, porque en tal resolución se exponían argumentos correctos y bastantes que fundamentasen en su caso la decisión adoptada ya que en tales supuestos y cual precisa la STS de fecha 20 oct. 1997, subsiste la motivación de la sentencia de instancia puesto que la asume explícitamente el Tribunal de segundo grado".

Con lo cual, al igual que se dijese por la Juzgadora "a quo", no resulta acreditado que entre DIRECCION000 y el Sr. Jesús existiera un contrato de mantenimiento del vehículo por un período de tiempo determinado, ni tampoco consta que el taller tuviese la exclusividad en la reparación del vehículo. Además, no consta acreditado intervención alguna sobre el vehículo por parte de DIRECCION000 desde el año 2.012 hasta la fecha de reparación en el año 2.020. En suma, no consta prueba alguna que permita concluir que la avería cuya reparación se reclama esté relacionada con un defectuoso mantenimiento imputable al Taller mecánico del Sr. Lázaro.

CUARTO.- En último lugar, estima el apelante que se ha incurrido en error en la valoración de la prueba, cuando se le ha condenado a abonar el coste del depósito del vehículo en las instalaciones del demandante, cuando no se ha estimado los daños y perjuicios derivados de la adquisición de un nuevo vehículo, o cuando se le ha impuesto el pago de los intereses.

En cuanto a la condena al pago del depósito, la sentencia apelada no incurre en error, ya que en aplicación del artículo 15 del Real Decreto 1457/1986, así como de la documental acompañada junto a la demanda y la contestación a la demanda, se desprende que pese a la reparación del vehículo el demandado Sr. Jesús, que contó con la aprobación de éste (según el tenor de ésta sentencia) no habría procedido a retirar el vehículo pese a ser advertido por Burofax de 5 de marzo de 2021 del devengo de gastos de estancia. Es más, según consta en el burofax que se envió el 5 de marzo 2021 por el que se reclamaba el pago de la factura de reparación por el total de 2770,88 €, se le ofreció al apelante la exoneración del depósito del vehículo si pagaba la factura de reparación y retiraba el vehículo, y pese a ello, el apelante declinó tal ofrecimiento sin que haya retirado el vehículo de las instalaciones del demandante.

Con relación a la reclamación de daños y perjuicios, debe rechazarse el error invocado en la Juzgadora de instancia, ya que no ha acreditado la responsabilidad que se imputa al demandante, y por tanto, el hecho generador de la responsabilidad por daños y perjuicios. A lo dicho se tiene que añadir, que no consta justificada la necesidad de adquirir otro vehículo durante la reparación del vehículo averiado, pues según consta en la averiguación patrimonial del apelante, éste sería titular de otros cuatro vehículos al margen del reparado.

A lo dicho, con el fin de justificar la indemnización de daños y perjuicios rechazada en la instancia, se invocado de forma totalmente novedosa en esta alzada, que los vehículos de los que disponía el apelante podrían no funcionar o haberlos cedido. Además, de forma igualmente novedosa, se niega el pago de los intereses en el modo fijado en la sentencia de instancia, al estimar que en el pago de los intereses se debe excluir la parte correspondiente al IVA. Al respecto, de ser atendido el motivo de recurso, se atacaría el principio procesal de prohibición de la mutatio libelli, sustentado en el deber de negar la admisibilidad de que las partes planteen cuestiones nuevas con base en afirmaciones diferentes de aquellas de las que se parte en los escritos rectores de la litis, pues ello causaría indefensión a la adversa, en cuanto no pudieron ser debatidas por ésta, implicando lo contrario infracción del artículo 24 de la CE al no darse a la contraparte posibilidad de alegar y probar lo que estime conveniente a su derecho; por todas la STC de 28 de septiembre de 1992, que razonó que la introducción de hechos posteriores a la fase expositiva del proceso supone una modificación sustancial de los términos del debate procesal que afecta al principio de contradicción y, por ende, al fundamental derecho de defensa, habiendo tenido reflejo en el artículo 456 de la LEC, al señalar que "en virtud del recurso de apelación podrá perseguirse, con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de instancia"; es decir, el ámbito del recurso no puede superar o ser más amplio que el de las actuaciones que lo motivaron, de forma que resulta prohibida la posibilidad de formalizar nuevas pretensiones o motivos de oposición por las partes. En el mismo sentido la STS del 31 de enero de 2019, cuando dice que "es reiterada la jurisprudencia que señala que la Audiencia Provincial sólo puede revisar el pleito, asumiendo funciones de instancia tanto en cuestiones fácticas como jurídicas, si la controversia se reproduce o subsiste en esa segunda instancia (por todas, STS de 6 de julio 2006 rec. 3914/1999 , según cita la STS 610/2010, de 1 de octubre).En suma, el recurso de apelación ha de ceñirse estrictamente a las cuestiones que se hayan planteado en la instancia, tanto en los hechos como en los fundamentos de derecho de los respectivos escritos de alegaciones, de tal suerte que lo no alegado en el momento procesal idóneo a tal fin no puede ser luego alegado en apelación, por haber precluido la posibilidad para ello en atención a previsiones del art. 136 de la L. E. C., no pudiendo convertirse la apelación en una primera instancia donde el tribunal tenga que pronunciarse sobre cuestiones que se introducen por primera vez y que no se alegaron en el momento procesal oportuno a tal fin, pudiendo haberlo hecho. Por ello, no pueden ser atendidos en ésta alzada, lo motivos no invocados en la instancia.

QUINTO.- Finalmente, estima el apelante que no nos encontramos ante un supuesto de estimación integra de la demanda, sino de estimación parcial, ya que se fija el día de inicio del cómputo de los intereses desde la fecha de reclamación extrajudicial, y no desde la emisión de la factura. En relación al pronunciamiento relativo a las costas, debe invocarse el fundamento de esta Audiencia en Sentencia de 30 de junio de 2021 o de 29 de marzo de 2.023 que establece:

" Nuestra sentencia, reciente, de 13 de mayo de 2020 , y por lo que se refiere a la cuestión expresada en la rúbrica del presente fundamento, razonábamos lo que sigue: "En lo que a la impugnación de la imposición de costas se refiere, como recordábamos ya en sentencia de 17-11-2016 , para su resolución habremos de partir de la doctrina jurisprudencial uniforme resumida en la reciente STS de 14-12-15 , que en interpretación del art. 394 LEC analiza los distintos criterios en materia de costas procesales y especialmente en lo que se refiere a "la teoría de la estimación sustancial " por lo que aquí ahora interesa. En dicha sentencia, (...), se declara, que "...la doctrina de los tribunales, con evidente inspiración en la ratio del precepto relativo al vencimiento, en la equidad, como regla de ponderación a observar en la aplicación de las normas del ordenamiento jurídico, y en poderosas razones prácticas, complementa el sistema con la denominada doctrina de la " estimación sustancial " de la demanda, que si en teoría se podría sintetizar en la existencia de un "cuasi-vencimiento", por operar únicamente cuando hay una leve diferencia entre lo pedido y lo obtenido, en la práctica es de especial utilidad en los supuestos en que se ejerciten acciones resarcitorias de daños y perjuicios en los que la fijación del quantum es de difícil concreción y gran relatividad, de modo que, por razón de la misma, resulte oportuno un cálculo a priori ponderado y aproximado, con lo que se evitan oposiciones razonables por ser desproporcionadas las peticiones efectuadas y, además, se centra la reclamación en relación al valor del momento en que se formula, dejando la previsión de la actualización respecto del momento de su efectividad, a la operatividad de la modalidad que se elija de las varias que en la práctica son posibles ( SSTS 9 de junio de 2006 y 15 de junio de 2007 )". Y continúa razonando: "El carácter sustancial de la estimación de la demanda ha sido apreciado por esta Sala en diversas resoluciones para justificar la imposición de costas a aquel contra el que la pretensión se ha estimado en sus aspectos más importantes cualitativa o cuantitativamente. Como declara la sentencia de esta Sala de 18 de junio de 2008 , y reitera la de 18 de julio de 2013 , "esta Sala en anteriores ocasiones ha estimado procedente la imposición de costas en casos de estimación sustancial de la demanda. Así, entre otras, en las Sentencias de 17 de julio de 2003 , 24 de enero y 26 de abril de 2005 , y 6 de junio de 2006 . Como se reconoce en la Sentencia de 14 de marzo de 2003, esta Sala ha mantenido, a los efectos de la imposición de costas, la equiparación de la estimación sustancial a la total". A su vez, en la STS 21 de octubre de 2003 , se razonó que "[e]sta Sala tiene declarado en numerosas sentencias, de ociosa cita, que para la aplicación del principio general del vencimiento ha de considerarse que el ajuste del fallo a lo pedido no ha de ser literal sino sustancial, de modo que, si se entendiera que la desviación en aspectos meramente accesorios debería excluir la condena en costas , ello sería contrario a la equidad, como justicia del caso concreto, al determinar que tuvo necesidad de pagar una parte de las costas quien se vio obligado a seguir un proceso para ser realizado su derecho, lo que, por lo antes explicado, determina el perecimiento de este apartado". (...). Como supuestos en que el TS ha declarado correcta la citada teoría de la estimación sustancial, podemos citar la STS de 7-7-11 , en que lo único no estimado de la pretensión actora fue la petición relativa a los intereses, o la STS 5-3-08 , solo se rechazó la cantidad reclamada como IVA".

Así el criterio para considerar si estamos ante una estimación sustancial supondría acudir a la doctrina del "cuasi vencimiento" tal y como señala la sentencia de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 25 de abril de 2018 (recurso 498/2007 ) que refleja la doctrina de la Sala primera del Tribunal Supremo con mención de la sentencia de 7 de mayo de 2008 en la que considera que la estimación sustancial se da "cuando la concreción de la suma reclamada está sujeta a reglas de ponderación y adecuación que privan de relevancia a la existencia de una diferencia no importante entre lo pedido y lo obtenido para el éxito de la pretensión, demostrando que esta no fue desproporcionada, o cuando la discrepancia deriva de la aplicación de criterios de actualización del valor de lo reclamado con arreglo alguna de las modalidades admitidas".

En virtud de dicha doctrina, no puede concederse la razón a la apelante, ya que como se indica, en nuestro caso resulta aplicable la citada teoría de la estimación sustancial, pues como señala la STS de 7-7-11, se trata de un supuesto de estimación sustancial, aquel en el que lo único no estimado de la pretensión actora fue la petición relativa a los intereses, y eso precisamente ha sido lo que acontecido. En consecuencia, no podemos apreciar en el caso de autos una estimación parcial de las pretensiones de la parte demandante, sino la estimación sustancial, desestimando así el motivo de recurso.

SEXTO.- Dado el sentir de esta sentencia, por imperativo del artículo 398.1 de la L. E. Civil, procede hacer expresa imposición de las costas causadas en esta alzada al apelante.

Por aplicación de la Disposición Adicional Decimoquinta, apartado 9 de la L. O. P. J., añadida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial, ante la desestimación del recurso, procédase a la pérdida de la totalidad del depósito constituido para recurrir.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.