Sentencia Civil 274/2023 Audiencia Provincial Civil de Lleida nº 2, Rec. 1140/2021 de 13 de marzo del 2023

PRIMERO.- La sentencia de primera instancia estima la demanda interpuesta por CAFES BATALLA 2000,SL contra Florencia y declara resuelto el contrato de suministro en exclusiva suscrito entre las partes el 28 de septiembre de 2018, condenando a la demandada a pagar a la actora la suma de15.116,27 euros, más los intereses legales desde la interposición de la demanda y pago de las costas.

Frente a dicha sentencia interponen recurso de apelación la demandada, cuestionando de nuevo la naturaleza jurídica del contrato, al estimar que no puede considerarse un contrato de suministro sin un mero depósito, o un mero compromiso sin valor para obligar, por la absoluta indeterminación de la obligación. Alega también error en la valoración de la prueba en cuanto a la valoración de los bienes, al considerar que las consecuencias en caso de incumplimiento del contrato son abusivas, en primer lugar porque se obliga a la devolución no de la maquinaria sino del valor en dinero y no se ajusta siquiera a su precio de adquisición, estando sobrevalorados los bienes, no siendo aceptable el argumento que al firmar el acuerdo asumió el valor de la máquina y de los enseres, incluso a efectos de un eventual incumplimiento. Añade además que la conducta de la demandante está presidida por el abuso de derecho, siendo que este tipo de empresas aprovechan la situación de preeminencia en el mercado e imponen a los pequeños bares o establecimiento contratos basados en su privilegiada posición en un mercado muy reducido, imponiendo condiciones abusivas, obligando al suministro de café y generando deudas que, como en este caso, triplican el valor de los bienes. Por último, invoca infracción procesal por vulneración del Art 342.3 LEC.

La demandante se ha opuesto al recurso al entender que debe estarse a lo dispuesto en la sentencia de instancia sobre la naturaleza jurídica del contrato, no existiendo error en la valoración de la prueba por parte del juzgado ni infracción del Art. 342.3 LEC.

SEGUNDO.- Centrada la cuestión controvertida de esta alzada, la apelante cuestiona de nuevo la naturaleza jurídica del contrato suscrito por las partes, al estimar que no puede considerarse un contrato de suministro sin un mero depósito, o un mero compromiso sin valor para obligar, por la absoluta indeterminación de la obligación.

Según resulta del documento suscrito entre las partes en fecha 28 de septiembre de 2018 estamos ante un contrato de suministro de café en exclusiva en virtud del cual la demandada se comprometía a consumir en exclusiva todos los productos que comercializa la actora y en especial el Café tipo Espresso natural al precio de tarifa Cafés Batalla acordado y vigente en cada momento durante un período de tiempo necesario para consumir un total de 3.365 kilos de compra del tipo de café antes citado, con un consumo mínimo trimestral de 30 kilos de café. Por su parte la actora dejaba en depósito a la demandada para su uso en el citado establecimiento los efectos que detalla de su propiedad, consistentes en una Cafetera INTENZ BLANCA, un Molino COMPACK K6 BLANCO P/A, un Depurador Brita, un Mueble cafetero, vajilla y materiales valorados en 284,20 € más IVA y 6 kilos de Café Espresso natural, por un valor de 5.048,27 € (IVA incluido). Se acordó en el Pacto 4º que el incumplimiento de las obligaciones pactadas por parte de la Sra. Florencia dará derecho a Cafés Batalla a rescindir el contrato y recibir de parte del cliente el importe total del rappel entregado, así como recibir como indemnización por daños y perjuicios el importe resultante de multiplicar los kilos que queden pendientes de amortizar a razón de 3 euros por kilo.

El contrato firmado por las partes contiene todos los elementos esenciales para su perfección y eficacia, no existiendo indeterminación alguna en su objeto ni en las obligaciones asumidas por ambas partes, desprendiéndose de su literalidad la voluntad de las partes de quedar vinculadas más allá de simples manifestaciones de intenciones o de la mera determinación de las prestaciones comprometidas simplemente de forma orientativa, como sostiene la recurrente.

Tal y como establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo, por ejemplo la sentencia de 14 de diciembre 2006 " Ciertamente, la jurisprudencia ha venido siempre manteniendo que la interpretación del contrato y la calificación del mismo que deriva de aquélla es función del Tribunal de instancia, siempre a salvo de que sea arbitraria, absurda o ilegal" ( SSTS d'11-6-99 , 16-5-00 , 4-6-01 , 31-12-01 ), y en este caso la calificación del contrato de suministro en exclusiva firmando entre las partes litigantes que realiza el juzgador de primera instancia es correcta, sin que pueda apreciarse que incurra en ningún tipo de incorrección ilógica, absurda o contraria a derecho.

Como también establece el juzgador con total corrección, el supuesto de autos nada tiene que ver con el contemplado en el Auto 76/2018 de este Tribunal, en el que incide de nuevo la apelante en su escrito de recurso, que recayó en un procedimiento de ejecución de título judicial respecto de un acuerdo homologado judicialmente al que llegaron las partes en el procedimiento declarativo, refiriéndose dicha resolución no al suministro de café sino a la obligación de adquisición del resto de productos de la gama comercializada por Cafés Batalla que, a diferencia de aquel, no quedaba determinada en sus elementos esenciales, tal y como resulta de la lectura de la propia resolución aportada a los autos y de la declaración del testigo Sr. Edemiro en el acto de juicio.

TERCERO.- La apelante alega también error en la valoración de la prueba en cuanto a la valoración de los bienes, al considerar que las consecuencias en caso de incumplimiento del contrato son abusivas, en primer lugar porque se obliga a la devolución no de la maquinaria sino del valor en dinero y no se ajusta siquiera a su precio de adquisición, estando sobrevalorados los bienes, no siendo aceptable el argumento que al firmar el acuerdo asumió el valor de la máquina y de los enseres, incluso a efectos de un eventual incumplimiento. Añade además que la conducta de la demandante está presidida por el abuso de derecho, siendo que este tipo de empresas aprovechan la situación de preeminencia en el mercado e imponen a los pequeños bares o establecimiento contratos basados en su privilegiada posición en un mercado muy reducido, imponiendo condiciones abusivas, obligando al suministro de café y generando deudas que, como en este caso, triplican el valor de los bienes.

El recurso debe correr igual suerte desestimatoria en este extremo. Como este Tribunal tiene dicho en supuestos en los que analizaba contratos de similar contenido al que ahora nos ocupa ( Sentencias de 5 de abril, 23 y 25 de julio de 2007 y de 6 de febrero de 2008) se trata de una relación contractual en el que las partes de forma libre y voluntaria establecen los pactos y condiciones por los que se regirá el suministro del café que comercializa la actora, y habrá de estarse al tenor de sus cláusulas, en estricta aplicación de lo dispuesto en los Arts. 1.091 y 1.255 CC, porque estamos ante un pacto entre dos comerciantes y, en este contexto, las cláusulas de suministro en exclusiva, compras mínimas y consecuencias del incumplimiento deben entenderse como pactos que obligan a ambas partes, al haber sido libremente asumidos.

En consecuencia, han de respetarse las previsiones contractuales y la pretensión de la actora de recibir el importe total del rappel entregado debe ser estimada. La demandante reclama únicamente las consecuencias del incumplimiento según lo pactado, y su petición ha de tener favorable acogida.

En tal sentido se ha pronunciado este Tribunal en diversas resoluciones y al efecto es ilustrativa la S. 23/7/2007 nº 268/2007, que establece: "CUARTO.- La misma suerte desestimatoria han de correr las alegaciones vertidas sobre el enriquecimiento injusto y la infracción del principio de equidad por el hecho de que la demandante reclame el valor de la maquinaria cuando ya la tienen en su poder. Debe recordarse que según la misma cláusula cuarta la maquinaria quedaba en garantía de cumplimiento, y las consecuencias del incumplimiento son las pactadas en esa misma cláusula, habiéndose retirado la maquinaria por orden expresa del cliente. Cierto es que en la resolución recurrida reduce la cantidad solicitada en la demanda pero ello no comporta la incongruencia a que alude el apelante sino moderación de las consecuencias del incumplimiento ( art. 1.103 y 1.154 C.C .) que puede acordarse de oficio, y que debe mantenerse incólume en esta alzada, al haber sido consentido tal pronunciamiento por la parte actora. Y no es obstáculo para ello el hecho de que no se haya efectuado una prueba pericial sobre la depreciación de la maquinaria en el plazo de dos años porque entra dentro de las facultades del juzgador de instancia hacer uso de la facultad de moderación que la ley le confiere, quedando a su arbitrio los límites cuantitativos de la facultad moderado, que habrá de respetarse siempre que se ejerza dentro de parámetros razonables, tal como sucede en el caso pues tratándose de bienes muebles como los que nos ocupan la depreciación no sólo viene determinada por los concretos años de utilización sino también por el hecho mismo de su puesta en servicio, sin que resulte atendible el interesado criterio de la parte apelante cuando propugna un simple cálculo aritmético, proporcional a los años de duración del contrato, puesto que la duración de éste no está fijada en años sino que únicamente se concreta un consumo trimestral mínimo, pudiendo ser superior y, por ende, inferior el tiempo de amortización del rapell entregado. Procede, por tanto, desestimar el recurso y confirmar íntegramente la resolución recurrida".

En parecidos términos la Sentencia 23/12/2008, nº 431/2008, dispone: "SEGUNDO.- Según resulta del documento suscrito entre las partes en el año 2005 estamos ante un contrato de suministro de café en exclusiva en virtud del cual la demandada Can LLamp S.L. se comprometió a consumir el tipo de café que se especifica en el contrato durante el tiempo necesario hasta consumir un total de 2.550 Kg., con un consumo mínimo trimestral de 60 kg. de café, amortizando un euro por cada kg. consumido. Por su parte la actora entregaba en concepto de rapell anticipado la cantidad de 2.550 euros mediante la entrega una cafetera automática de las características que se describen, valorada en 2.550 euros, siendo dicha cafetera propiedad de la ahora actora hasta que amortizara la referida cantidad, y quedando como garantía de cumplimiento, hasta que se cubriera la totalidad del rapell fijado. Se acordó en la cláusula cuarta que el incumplimiento de las obligaciones pactadas dará derecho a Tolesa a rescindir el contrato y recibir de parte del cliente el importe del rapell total entregado, sin que deba compensar al cliente ninguna cantidad por los Kg. consumidos, la cual quedará en poder de Tolesa en concepto de indemnización de daños y perjuicios. Y en la cláusula quinta se pactó que en el caso de que durante el periodo de vigencia del contrato el establecimiento fuera traspasado, cedido, alquilado o figura semejante que suponga un cambio de titularidad, o en caso de cese de la actividad del negocio o cambio de denominación, dará derecho a Tolesa a rescindir el contrato de acuerdo con lo establecido en el pacto 4, salvo que el tercero adquirente, nuevo titular del establecimiento, asuma los pactos descritos en este contrato.

Esta última situación es la que se ha producido en el presente caso y, por tanto, siendo que el nuevo titular no ha asumido los pactos descritos, habrá de concluirse que la demandante puede exigir la resolución del contrato y hacer valer la cláusula penal prevista en el pacto cuarto, al que se remite el pacto quinto. No estamos ante un contrato de compraventa de bien mueble con pago diferido, y tampoco resulta de aplicación lo previsto con carácter general en el Art. 1.124 del Código Civil para los supuestos de incumplimiento de las obligaciones contractuales, porque lo que la demandante reclama no es el precio del bien mueble vendido a que se alude en la sentencia. Como esta Sala tiene dicho en supuestos en los que analizábamos contratos de similar contenido al que ahora nos ocupa ( sentencias de 5 de abril , 23 y 25 de julio de 2007 , y de 6 de febrero de 2008 ) se trata de una relación contractual en el que las partes de forma libre y voluntaria establecen los pactos y condiciones por los que se regirá el suministro del café que comercializa la actora, y habrá de estarse al tenor de sus cláusulas, en estricta aplicación de lo dispuesto en los arts. 1.091 y 1.255 C.C ., porque estamos ante un pacto entre dos comerciantes y, en este contexto, las cláusulas de suministro en exclusiva, compras mínimas y consecuencias del incumplimiento deben entenderse como pactos que obligan a ambas partes, al haber sido libremente asumidos.

Por ello, con independencia de si la devolución de la cafetera la efectuó la demandada o el tercero que actualmente regenta el negocio (éste último manifestó en el acto de juicio que fue él quien dijo a la actora que vinieran a retirarla) lo cierto es que el hecho de que la cafetera se encuentre en poder de la demandante no puede esgrimirse como argumento válido para no poder exigir la resolución contractual de acuerdo con lo acordado en el pacto cuarto, es decir, exigiendo el importe total del rapell entregado. Recordemos que la maquinaria (la cafetera) garantizaba el cumplimiento y continuaba siendo propiedad de Tolesa hasta que se amortizara la suma total entregada en concepto de rapell.

En definitiva, el contenido del contrato es claro, y las cláusulas contenidas en el mismo no ofrecen duda alguna en cuanto a su interpretación. El nuevo titular del negocio que antes regentaba la demandada no asumió el contrato y, por ello la demandada sigue vinculada por el mismo, siendo evidente que, además de resultar de aplicación la cláusula quinta, la demandada ha incumplido la obligación principal asumida en el pacto segundo, relativa al consumo de los productos que comercializa la actora durante el tiempo necesario hasta consumir 2.550 Kg. Y por el mismo motivo, para cubrir la eventualidad de que el negocio fuera alquilado, traspasado o cedido durante la vigencia del contrato (antes de alcanzar el consumo pactado) se estableció que en tal caso la suministradora tendría los mismos derechos que en caso de incumplimiento por parte del cliente, siendo ese derecho el que pretende hacer valer en su demanda.

En consecuencia, han de respetarse las previsiones contractuales y la pretensión de la actora debe ser estimada, sin que pueda apreciarse el injusto enriquecimiento a que se refiere la sentencia de primera instancia, porque la causa de la reclamación planteada radica en el propio contrato, lo cual excluye la aplicación de aquélla figura que se caracteriza por la ausencia de causa o razón que justifique el enriquecimiento. La demandante reclama únicamente las consecuencias del incumplimiento según lo pactado, y su petición ha de tener favorable acogida".

En definitiva, ante el incumplimiento del contrato por parte de la demandada, la actora reclama las consecuencias de dicho incumplimiento según lo pactado en el Pacto Cuarto, recibir de parte del cliente el importe total del rappel entregado. No estamos además ante un contrato de depósito, sino que, tal y como se ha expuesto anteriormente, su naturaleza jurídica es la de un contrato de compraventa en su modalidad de suministro y debe estarse a lo pactado libremente por las partes en el mismo.

Alega también la recurrente en su escrito de recurso que la conducta de la demandante está presidida por el abuso de derecho, siendo que este tipo de empresas aprovechan la situación de preeminencia en el mercado e imponen a los pequeños bares o establecimiento contratos basados en su privilegiada posición en un mercado muy reducido, imponiendo condiciones abusivas, obligando al suministro de café y generando deudas que, como en este caso, triplican el valor de los bienes.

No obstante, no está de más resaltar, siguiendo el hilo argumental expuesto en el párrafo anterior, que la apelante adquiere de la actora los productos para su reventa posterior, con ánimo de obtener una ganancia, de forma que no es destinatario final del producto sino que lo integra en el proceso de comercialización o prestación a terceros y, por tanto, no tiene la condición de consumidor, según lo dispuesto en los arts. 1-2 y 1-3 la Ley 19/84, de 19 de junio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios). Estamos, por tanto, ante un pacto entre dos comerciantes y, en este contexto, las cláusulas de suministro en exclusiva y compras mínimas deben entenderse como pactos que obligan a ambas partes, al haber sido libremente asumidos ( arts. 1.091 y 1.255 C.C.). No consta que la demandada fuese desconocedora del sector empresarial en el que se circunscribe el contrato de suministro y exclusiva suscrito y, por lo demás, no consta que el contenido del mismo resultase ajeno al negocio de hostelería que regentaba.

No estamos ante un contrato de adhesión, entendiendo por tal aquél en el que la esencia del contrato y sus cláusulas han sido predispuestas por una parte, sin posibilidad para la otra de negociarlas, hacer contraofertas ni modificarlas, sino simplemente aceptar o no ese contenido prefijado, sino de una relación contractual libremente concertada y en el que, en el presente caso, las cláusulas contractuales, en especial las relativas a los kg de café entregados, la fijación de compra mínima y las consecuencias del incumplimiento del contrato, son fruto del libre acuerdo entre las partes, en función de las necesidades del negocio que regentaba la demandada, y en el ámbito de una actividad empresarial en el que no existen las prácticas de monopolio típicas de otros sectores, de modo que son muchas las empresas suministradoras de café que se dedican a esta actividad, sin que se haya alegado y menos aún acreditado que la demandada se viera constreñida a la firma del contrato por la imperiosa necesidad de contar con el material suministrado que no podría haberle sido proporcionado por ninguna otra empresa, o por cualquier otra causa, debiendo entenderse, por el contrario que, por su experiencia en el negocio de hostelería y por su cualidad de profesional y empresario del sector, pudo representarse cabalmente tanto el consumo que podía asumir como la utilidad y beneficio que habría de reportarle los enseres aportados por la actora, sin que se aprecie abuso de posición dominante por parte de la actora, ni que ésta incidiera o influyera torticeramente en la decisión de la actora a la hora de determinar las condiciones fijadas en el contrato, por lo que estos motivos de recurso no pueden tampoco prosperar.

CUARTO.- En el último motivo de recurso invoca infracción procesal por vulneración del Art 342.3 LEC , reproduciendo cuanto expuso en el recurso de revisión que interpuso contra el Decreto de fecha 29 de enero de 2020, que fue debidamente resuelto por Auto de 13 de marzo de 2020, sin que la apelante desvirtúe los argumentos expuestos por el juzgador, limitándose a reproducir sin más cuanto allí expuso.

Procede, pues, confirmar la resolución de instancia por sus propios razonamientos, siendo ello admitido cuando como dice el Tribunal Constitucional (sentencias 174/1987, 11/1995, 24/1996, 115/1996, 105/97, 231/97, 36/98, 116/98, 181/98, 187/2000) y la Sala Primera del Tribunal Supremo (Sentencias de fechas 5 de octubre de 1998, 19 de octubre de 1999, 3 y 23 de febrero, 28 de marzo, 30 de marzo, 9 de junio, o 21 de julio de 2000, 2 y 23 de noviembre de 2001) que se permite y admite la motivación por remisión a una resolución anterior, cuando la misma haya de ser confirmada y precisamente, porque en ella se exponían argumentos correctos y bastantes que fundamentasen en su caso la decisión adoptada, de forma que en tales supuestos y cual precisa la Sentencia del Alto Tribunal de fecha 20 de octubre de 1997, subsiste la motivación de la sentencia de instancia puesto que la asume explícitamente el Tribunal de segundo grado.

En consecuencia, si la resolución de primer grado es acertada, la que la confirma en apelación no tiene por qué repetir o reproducir argumentos, pues en aras de la economía procesal debe corregir sólo aquello que resulte necesario ( Sentencias del Tribunal Supremo de 16 de octubre y 5 de noviembre de 1992, 19 de abril de 1993, 5 de octubre de 1998, y 30 de marzo y 19 de octubre de 1999).

Destacar además, ante las alegaciones vertidas por la apelante, que el letrado de la administración en virtud del principio dispositivo aceptó la renuncia a la prueba pericial solicitada, pero consideró que la parte que la había propuesto, debía asumir la provisión de fondos y el coste íntegro del informe al estar el mismo ya confeccionado en ese momento, extremos que fueron confirmados el juzgador en el Auto de fecha 13 de marzo de 2020; por lo que ningún sentido tiene que la recurrente afirme que el juzgado consideró que no procedía la renuncia a la prueba pericial solicitada.

Al haberse aceptado la renuncia a la prueba pericial, el juzgador, como no podía ser de otra forma, ninguna valoración hace de la misma, por lo que también carecen de sentido las alegaciones que vierte sobre la carencia de rigor de dicha prueba pericial, que ninguna incidencia ha tenido en la resolución del asunto, resultando completamente improcedentes las declaraciones que pretende en esta alzada.

QUINTO.- La desestimación del recurso comporta que las costas de esta alzada han de imponerse a la parte apelante ( Arts. 398-1 y 394-1 de la LEC).

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,