Sentencia Civil 257/2023 Audiencia Provincial Civil de Lugo nº 1, Rec. 279/2021 de 22 de mayo del 2023

No se aceptan los fundamentos de derecho de la sentencia apelada.

PRIMERO.- Antecedentes: objeto procesal y términos del debate. Sentencia de instancia y recurso de apelación.

La representación procesal de la parte apelante interpone recurso de apelación contra la sentencia que estima la demanda presentada por la representación procesal de FIATC SEGUROS y TRANSPORTES DANIEL Y BERTA, S.L., en la que deducía pretensión de condena pecuniaria frente a GENERALI, Juan Enrique y TRANS SAAYCO, S.L. por importe de 7.190 €, por los daños ocasionados en puerta y cristales de la nave industrial sita en rúa das Costureiras, Polígono de O Ceao, parcela 8, de Lugo, la cual pertenece a la entidad mercantil TRANSPORTES DANIEL Y BERTA, S.L. y estaba asegurada, en la fecha del accidente, con FIAT SEGUROS, como consecuencia del accidente sufrido el 15 de octubre del 2015, existiendo franquicia por importe de 719 €, que fue abonada por TRANSPORTES DANIEL Y BERTA S.L..

La sentencia de instancia estima íntegramente la demanda en los términos transcritos en el antecedente de la presente resolución, al reputar acreditado que la causa del accidente fue que el demandado D. Juan Enrique conducía el camión Renault matrícula .... NLB propiedad de TRANS SAAYCO, S.L. el día 15 de octubre de 2015, el cual estaba asegurado en GENERALI, y, al salir de la nave, impactó con la parte superior del camión contra la puerta y, con el empuje de ésta, sobre la cristalera superior de la fachada, dañando 6 cristales. En ese sentido, asume que los daños se causaron al salir, no produciéndose daño al entrar al acoger la tesis del perito de la parte actora.

Denuncia la parte apelante:

-Error manifiesto en la valoración de la prueba, con infracción del art. 348 LECivil. EN tal sentido, señala la parte apelante que no reconoció el siniestro, niega la posibilidad de que el accidente se haya producido como se reputa acreditado en la sentencia, y subsidiriamente, señala el carácter excesivo de la cantidad reclamada.

-Infracción del art. 394 LECIvil por indebida imposición de las costas a la parte apelante.

La parte apelada se opone al recurso de apelación interpuesto de contrario y solicita la confirmación de la sentencia dictada en la instancia.

SEGUNDO.- Valoración de la prueba.

Denuncia la parte apelante error en la valoración de la prueba como motivo del recurso de apelación y consecuente infracción de los preceptos que cita en su recurso de apelación.

La valoración probatoria se concibe como la actividad intelectual que ha de realizar el Juez a los efectos de determinar, con respecto a las afirmaciones fácticas realizadas por las partes, si éstas se han visto corroboradas por las pruebas propuestas y practicadas en el proceso, sometiendo a las mismas a un examen fundado en máximas de experiencia obtenidas por el propio Juez o establecidas en la ley, así como a través de los más elementales postulados de la lógica y la razón - sana crítica-, proceso que, además, ha de exteriorizar en la motivación de la sentencia, que zanja el conflicto judicializado sometido a su consideración.

La valoración de la prueba es la actividad intelectual que lleva al tribunal a fijar unos determinados hechos que son relevantes para la decisión del litigio y que resultan controvertidos, o a afirmar que determinados hechos alegados como relevantes no han resultado adecuadamente probados ( STS 558/2019, de 23 de octubre (Roj: STS 3377/2019, recurso 3098/2015).

Las normas de valoración de prueba no pueden aplicarse aisladamente, sino que las pruebas deben valorarse de forma conjunta y armónica, pues en nuestro ordenamiento rige el principio de valoración conjunta de la prueba [ SSTS 342/2020, de 23 de junio; 507/2019, de 1 de octubre (Roj: STS 3011/2019, recurso 3281/2016), 4 de febrero de 2016 (Roj: STS 332/2016, recurso 170/2014)). Valoración que supone otorgar un mayor relieve a unas pruebas frente a otras ( SSTS 856/2021, de 10 de diciembre (Roj: STS 4416/2021, recurso 6070/2018); 342/2020, de 23 de junio (Roj: STS 2070/2020, recurso 4691/2017); 39/2018 de 26 de enero (Roj: STS 138/2018, recurso 2488/2014) y 21 de diciembre de 2016 (Roj: STS 5526/2016, recurso 2334/2014).

En último término, debe aplicarse la doctrina de la " probabilidad cualificada", que sostiene que "aunque no siempre se requiere la absoluta certeza, por ser suficiente un juicio de probabilidad cualificada" [ SSTS 392/2019, de 4 de julio (Roj: STS 2376/2019, recurso 4171/2016); 357/2011, de 1 de junio (Roj: STS 3146/2011, recurso 791/2008) y 425/2009, de 4 de junio (Roj: STS 3488/2009, recurso 2293/2004)].

No se trata de valorar aisladamente una prueba, sino toda la practicada en su conjunto.

Los informes periciales, que es esencialmente el dato sobre el cual pivota el recurso y la inadecuada valoración probatoria alegada como motivo de impugnación, deben valorarse tal como ordena el art. 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según las reglas de la sana crítica. Ello no implica que el dictamen pericial sea una prueba tasada o legal, cuya fuerza está predeterminada por la ley y no puede ser destruida por otros medios. En la tradición jurídica española es generalmente admitido que esa idea de reglas de la sana crítica -ya presente en el art. 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, e incluso en el hoy derogado art. 1243 del Código Civil- no trae consigo un sistema de valoración de la prueba diferenciado. Antes, al contrario, la valoración según las reglas de la sana crítica no deja de ser una manifestación de libre valoración de la prueba o valoración en conciencia. Ante una prueba pericial puede el juzgador formar su convicción sobre los hechos con libertad, dando a aquélla el peso que -habida cuenta de las circunstancias y del resto del material probatorio- considere adecuado. Pero debe hacerlo exponiendo las razones que le conducen, siguiendo el modo de razonar de una persona sensata, a aceptar o rechazar lo afirmado por el perito. La valoración de la prueba pericial según las reglas de la sana crítica es, así, una valoración libre debidamente motivada; algo que, como es obvio, exige realizar un análisis racional de todos los elementos del dictamen pericial, sopesando sus pros y sus contras. Seguramente,

Cuando de valoración de prueba pericial se trata, siguiendo al Tribunal Supremo en Sentencias como la de 30 de junio de 2011

, se ha admitido la impugnación de la valoración del dictamen de peritos, cuando la efectuada en la instancia es ilegal, absurda, arbitraria, irracional o ilógica ( SSTS de 9 de marzo de 2010, 11 de noviembre de 2010). Como indica la STS de 29 de abril de 2005, RC núm. 420/1998, la casuística jurisprudencial ha permitido plantear objeciones a la valoración de la pericia efectuada en la sentencia impugnada cuando:

a) se ha incurrido en un error patente, ostensible o notorio ( SSTS de 10 noviembre 1994, 18 diciembre 2001, 8 febrero 2002),

b) se extraigan conclusiones contrarias a la racionalidad, absurdas o que conculquen los más elementales criterios de la lógica ( SSTS de 18 diciembre 2001, 8 febrero 2002, 13 diciembre 2003, 9 junio 2004), o se adopten criterios desorbitados o irracionales ( SSTS de 28 enero 1995, 18 diciembre 2001, 19 junio 2002),

c) se tergiversen las conclusiones periciales de forma ostensible, se falsee de forma arbitraria sus dictados o se aparte del propio contexto o expresividad del contenido pericial ( SSTS de 20 febrero 1992, 28 junio 2001, 19 julio 2002, 28 febrero 2003, 30 noviembre 2004), y,

d) se efectúen apreciaciones arbitrarias ( SSTS de 3 marzo 2004) o contrarias a las reglas de la común experiencia ( SSTS 24 diciembre 1994 y 18 diciembre 2001). En relación con la eficacia de la prueba de peritos, el mismo Tribunal Supremo tiene declarado (STS de 22 de febrero de 2006, RC núm. 1419/1999 ) que el juicio personal o la convicción formada por el informante con arreglo a los antecedentes suministrados no vincula a jueces y tribunales, que pueden apreciar ésta según las reglas de la sana crítica, sin estar obligados a las conclusiones del perito ( STS de 16 de octubre de 1980 ), de las que pueden prescindir ( STS de 10 de febrero de 1994 ).

Y, en el caso de autos, lo cierto es que, como a continuación se pasa a exponer, sí se reputa acreditado que el juzgador de instancia ha incurrido en error en la valoración de la prueba, una vez examinada por este Tribunal el conjunto de la prueba practicada en la instancia y analizada en la sentencia apelada, conforme art. 456 LECivil.

Como es sabido, en nuestro sistema procesal el juicio de segunda instancia es pleno y en él la comprobación que la Audiencia Provincial hace para verificar el acierto o desacierto de lo decidido por el Juez de Primera Instancia es una comprobación del resultado alcanzado, en la que no están limitados los poderes del tribunal revisor en relación con los del Juez de Primera Instancia. En este sentido ha declarado el Tribunal Constitucional en la STC212/2000, de 18 de septiembre :

"( ...) en nuestro sistema procesal, la segunda instancia se configura, con algunas salvedades en la aportación del material probatorio y de nuevos hechos, como una revisio prioris instantiae, en la que el Tribunal Superior uórgano ad quem tiene plena competencia para revisar todo lo actuado por el juzgador de instancia, tanto en lo que afecta a los hechos (quaestio facti) como en lo relativo a las cuestiones jurídicas oportunamente deducidas por las partes (quaestio iuris), para comprobar si la resolución recurrida se ajusta o no a las normas procesales y sustantivas que eran aplicables al caso, con dos limitaciones: la prohibición de la reformatio in peius, y la imposibilidad de entrar a conocer sobre aquellos extremos que hayan sido consentidos por no haber sido objeto de impugnación (tantum devolutum quantum appellatum)".

Estas facultades del tribunal de apelación aparecen claramente recogidas en el art. 456.1 LECivil, al decir:

"En virtud del recurso de apelación podrá perseguirse, con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de primera instancia, que se revoque un auto o sentencia y que, en su lugar, se dicte otro u otra favorable al recurrente, mediante nuevo examen de las actuaciones llevadas a cabo ante aquel tribunal y conforme a la prueba que, en los casos previstos en esta Ley, se practique ante el tribunal de apelación ".

Así pues, el recurso de apelación se extiende a la revisión de lo resuelto en primera instancia, con tres límites, el primero, marcado por la pretensión tal y como fue planteada en primera instancia; el segundo, la prohibición de dictar un pronunciamiento que perjudique al apelante; y, tercero, la imposibilidad de entrar a examinar extremos que hayan sido consentidos por las partes.

En realidad, tales limitaciones no son sino expresión del principio de congruencia, plasmado en el art. 218.1 LECivil y conforme al cual las sentencias no solo deben ser claras y precisas, sino también congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito, debiendo hacer las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.

Descendiendo al supuesto de autos, la pretensión de condena pecuniaria deducida en la demanda partía de que el día 15 de octubre de 2015, sobre las 8:30 horas, el demandado D. Juan Enrique, conducía el camión saliendo de la nave propiedad de la Entidad demandante, impactando con su parte superior en la puerta, y con el empuje de ésta, sobre la cristalera superior de la fachada, resultando, asimismo, dañados seis cristales, a cuyo efecto se aporta pericial de PERITAJES GALICIA S.L..

Examinadas las contestaciones a la demanda, no cabe reputar que fue hecho no controvertido la realidad del siniestro, sino que en el debate procesal se cuestionó la realidad y modo de producción del mismo, y entidad de los daños eventualmente causados.

La parte apelada sostiene que la anchura de la enfrada de la nave, y, por tanto, de la rampa, es superior a los cinco metros, señalando la posibilidad de que el nivel de la rampa, en toda su anchura, no sea exactamente igual, pudiendo existir una diferencia de nivel de uno o dos centímetros, de manera tal, que entrando un camión más próximo a uno de los laterales o al otro, la diferencia en la altura total del camión pueda ser de algunos centímetros. Según la parte actora, tal hipótesis justificaría que si el camión entró en la nave por el lugar donde la rasante de la rampa es más baja, no impacte contra la puerta, mientras que si sale más pegado al lado contrario, sí que se produciría el daño, pero que el perito de la demandada no comprobó tal eventual circunstancia.

En todo caso existe una realidad incuestionable: que el camión entró en la nave y no causó daño alguno y fue al salir cuando supuestamente impactó en la parte superior de la puerta de acceso a la nave. Lo anterior exige cohonestar las manifestaciones del conductor con las periciales.

La tesis de la sentencia de instancia para reputar probado que el siniestro se produjo al salir el camión de la nave es que, tal y como habría informado el perito de la actora, el camión entró marcha atrás y salió marcha adelante y, dado que se trata de una rampa, al salir, la parte trasera se eleva más, por lo que es factible el enganche.

NO obstante, no cabe desconocer, tal y como resulta de informe pericial e interrogatorio en el juicio, el perito de la parte apelante, Sr. Héctor, explicó que, recibido el encargo, acudió a la nave el día 20.10.2015, cinco días después del siniestro. En su informe recogía cómo los daños reclamados consisten en la total deformación de la estructura y daños en el mecanismo de apertura de puerta basculante de doble hoja realizada en panel, como consecuencia de un impacto sufrido en la zona superior de la puerta, lugar donde se encuentran las oficinas de la empresa, provocando la rotura de parte de los vidrios. No obstante, dicho perito días después inspeccionó el vehículo supuestamente causante de los daños, vehículo industrial tipo hormigonera; y, tras exhaustiva inspección de dicho vehículo, el perito no encontró ningún rastro o vestigio de impacto en el mismo. Indica en el informe que se trata de un vehículo industrial tipo hormigonera, que posee una cota superior en la zona central de la cuba con respecto al punto indicado por el conductor como de impacto, solicitó al conductor que activase el giro de la cuba, comprobando in situ que no existe ningún signo de impacto, como podría ser una pequeña deformación, fricción o restos de pintura. El propio perito interroga al conductor de los motivos por los que se desplazó a la nave del perjudicado, y recoge que le indicó que había ido a buscar unas plataformas para descargar el hormigón, las cuales tenía en el interior de la nave, le indicó que el vehículo no se guardaba en el interior de la nave, pero que el dueño de la nave le dejaba en ocasiones alguna herramienta, para realizar reparaciones en el vehículo, solicitando que el indique con detalle la forma de ocurrencia del siniestro, pues el conductor afirma al perito que el impacto se produce con la guía de rodadura de la cuba y no con la parte más alta.

A continuación, este mismo perito se desplazó al taller, que había procedido a retirar la puerta dañada en el supuesto impacto, no encontrando tampoco en su estructura vestigios o daños que hubieran podido ser causados en el siniestro tal como el asegurado y la demandante relatan. El perito se entrevistó con el dueño de la nave, acerca de la inexistencia de daños en la cuba del vehículo asegurado, afirmando el propietario que no tenía porque el material de la cuba presenta más dureza que el material de la puerta.

EL perito después de todas estas gestiones y circunstancias analizadas, que el perito de la actora no recoge haya realizado, pues parece que emite el informe sobre las fotografías que le fueron aportadas, se entrevista con "un mediador", al que le indica que no ve claro que el causante de los daños haya sido el vehículo asegurado.

La ausencia de cualquier tipo de vestigio ni en la estructura dañada ni en el vehículo presuntamente causante de los daños fue lo que el condujo a entender que " nos encontramos ante una supuesta anomalía, dado que en el vehículo asegurado no existen signos de impacto con la puerta dañada y viceversa". Corrobora tal ausencia de vestigios el reportaje fotográfico que dicho informe incorpora. La ausencia de trazos o señales objetivas del impacto tanto en la puerta de la nave industrial como en la cuba de la hormigonera es un primer elemento que confronta con el alegato fáctico deducido en la demanda. En tal sentido, se recogen en el informe pericial de la parte apelante las gestiones e inspecciones realizadas por el perito de la aseguradora demandada, frente a la pericial de la actora, que asumió las fotografías aportadas por la propiedad. Y así,

En tercer lugar, el informe pericial que la actora acompaña como documento n 4 -perito que, como queda expresado, no llegó a ver la puerta si no por la mera exhibición que de las fotografías de la misma le aportó el demandante-, incluye fotografías n 7 a cuyo pie relata " REBAJE DEL SOLADO POSTERIOR AL SINIESTRO PARA EVITAR NUEVOS IMPACTOS EN LA PUERTA" y fotografía " REBAJE DE SUELO PARA EVITAR NUEVOS SINIESTROS".

Con tales datos, no cabe reputar acreditado el relato fáctico expuesto en la demanda como base de la reclamación pecuniaria, pues el propio modo de producción del siniestro ofrece dudas razonables:

Así la declaración del demandado D. Juan Enrique, representante legal de la codemandada TRANS SAAYCO SL, conductor del camión rígido hormigonera asegurado por GEENRALI el día del siniestro, permite inferir que el mismo accedió a la nave de la demandante " maniobrando para entrar en la nave marcha atrás" y que accedió sin problemas, que creía que al salir enganchó el camión a la puerta, que cree que por la pista donde gira la cuba, cree que tocó la puerta y la puerta se balanceó y cayó, pero también manifestó que realmente. Es decir, que cree que impactó con la guía de rodadura de la cuba y no con la parte más alta del vehículo pues está acreditado que el vehículo que se afirma causó el siniestro posee una cota superior en la zona central de la cuba. El conductor reconoce que no vio cómo se producía el impacto, que sólo oyó un golpe muy fuerte, que entró y salió de la nave en la misma situación vacío que el golpe fue al salir, y que la puerta no había sido manipulada en ningún momento. Preguntado por esta parte el motivo por el cual accedió a la nave manifestó que accedió al interior para recoger una canaleta (para descargar el hormigón) ya que no podía utilizar la suya y los propietarios de la nave le prestaron una, admitiendo por tanto una relación con la parte actora. En su declaración, el codemandado no encontró explicación al hecho de que si el camión tenía la misma altura al entrar como al salir (vacío en todo momento) y la puerta no había sido manipulada (estaba en la misma posición y a la misma distancia respecto de la cuba del vehículo) se hubieran producido los daños al salir y no al entrar, máxime cuando la parte que accedió al vehículo en primer lugar fue la parte más alta de la cuba, ya que accedió a la nave marcha atrás. El perito de la parte actora ofreció una hipótesis que fue acogida por el juzgador de instancia, que concluyó que el siniestro se produjo al salir y no al entrar marcha atrás con la parte del vehículo que no tiene más cota depende de las alturas que haya y que eleven una parte del camión más que otra el desnivel de la rampa, de manera que si al salir la parte superior de la tolva está más alta por el nivel del terreno, es absolutamente factible que la parte alta de la hormigonera choque con la puerta y se produzca ese impacto. Sin embargo, lo que se afirmó por el conductor es que el impacto se habría producido con la guía de rodadura de la cuba que no es la parte más alta del camión, habiendo pasado la parte más alta del camión para entrar marcha atrás no produciéndose el impago o enganche que se afirma causó el siniestro. Si el conductor del vehículo accedió a la nave marcha atrás, como está acreditado, lo lógico es que la parte más alta del camión o de la tolva fue la que accedió en primer lugar, y no sólo esto sino, como manifestó el perito de la propia demandante, Sr. Leon, el día de los hechos, dicha nave tenía una rampa de acceso (en sentido ascendente); por lo que teniendo como dato indubitado que el vehículo accedió marcha atrás, no sólo la parte más alta del camión fue la que entró en la nave en primer lugar sino que además dicha parte aún estaba más elevada por la propia elevación de la rampa.

El Sr. Leon, perito de la parte actora, afirmó en la vista que partió de que la hormigonera había entrado en la nave marcha adelante y no marcha atrás, y que el camión entró cargado, premisas desvirtuadas por la prueba practicada en el juicio. Interrogado por la parte apelante, el propio perito señaló que si el camión había entrado en la nave marcha atrás, el impacto de producirse tuvo que hacerlo en el momento de acceso a la nave.

Dicho perito acudió a la nave del demandante para valorar la puerta siniestrada conforme a su propia póliza daños propios, no examinó el camión asegurado, ni tuvo en cuenta la forma de desarrollarse el siniestro, manifestando haber examinado dicho camión posteriormente a su informe de 22 de noviembre.

LA parte con la que se afirma se produjo el impacto no es la más alta del vehículo, reconociendo el conductor que entró vacío marcha atrás en la nave, pro lo que lo primero que accede es la parte más alta. Los únicos vestigios de impacto que el Sr. Héctor encontró en la puerta de la nave fueron los causados por sus propios camiones.

Con tal actividad probatoria, no cabe reputar acreditado el alegato fáctico en el que se funda la pretensión de condena pecuniaria deducida en la demanda, por lo que procede la revocación de la sentencia de instancia, con desestimación de la demanda.

TERCERO.- Costas procesales

En virtud de lo dispuesto en el Art. 398 de la LECivil, cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de apelación, se aplicarán en cuanto a las costas del recurso lo dispuesto en el Art. 394. En caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes.

El principio objetivo del vencimiento, como criterio para la imposición de costas que establece el artículo 394.1 primer inciso de la LEC, se matiza en el segundo inciso del mismo precepto con la atribución al tribunal de la posibilidad de apreciar la concurrencia de serias dudas de hecho o de derecho que justifiquen la no imposición de costas a la parte que ha visto rechazadas todas sus pretensiones.

Esta previsión tiene su precedente inmediato en el artículo 523, I LEC 1881-en el que se contemplaba la facultad de juez de apreciar circunstancias excepcionales que justificaran la no- imposición de costas- y su acogimiento transforma el sistema del vencimiento puro en vencimiento atenuado ( STS 14 de septiembre de 2007, RC n.º 4306/2000). Se configura como una facultad del juez ( SSTS 30 de junio de 2009, RC n.º 532/2005, 10 de febrero de 20101, RC n.º 1971/2005), discrecional aunque no arbitraria puesto que su apreciación ha de estar suficientemente motivada, y su aplicación no está condicionada a la petición de las partes.

Para apreciar la existencia de " serias dudas de hecho o de derecho" y por lo tanto excluir la expresa imposición de costas a pesar de producirse el vencimiento previsto en el artículo 394, es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos:

1º) Que tales dudas sean fundadas, razonables, basadas en una gran dificultad para determinar, precisar o conocer fuera del proceso judicial la realidad de los hechos fundamento de la pretensión deducida, o aun no habiendo dudas sobre los hechos, los efectos jurídicos de los mismos se presenten dudosos por ser la normativa aplicable susceptible de diversas interpretaciones, o bien en el supuesto de las de derecho, porque exista jurisprudencia contradictoria en casos similares.

2º) Ha de concurrir la "seriedad" de la duda, esto es, la importancia de los hechos sobre los que recae la incertidumbre en orden a decidir la razonabilidad de la pretensión, de manera que no todas las pretensiones razonablemente fundadas impedirán la condena en costas en caso de su desestimación, porque la regla de vencimiento objetivo no es sólo una sanción a la conducta arbitraria o caprichosa del que pretende y es vencido, sino también una regla de protección del sujeto contra el que se dirige la pretensión a no padecer perjuicio económico.

Si bien el principio del vencimiento objetivo en materia de costas constituye una regla general a la que se excepciona para supuestos concretos y debidamente motivados la posibilidad de la no imposición de costas, a pesar de la desestimación de la demanda, en el supuesto de concurrir dudas de hecho o derecho en el caso enjuiciado que así lo justifiquen, dudas fácticas respecto de la realidad y forma de producción del siniestro que se analizan en el fundamento precedente que, en el presente supuesto, se reputan concurrentes, por lo que no procede la imposición de las costas en la instancia a la parte actora pese a la desestimación de la demanda.

Sin imposición de las costas causadas en esta alzada, al acogerse el recurso.