Sentencia Civil 69/2024 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 32, Rec. 761/2023 de 14 de febrero del 2024

PRIMERO.- Antecedentes.

La demanda presentada por don Benito contra Banco Santander, S.A., solicitaba la condena de la demandada por intromisión ilegítima en el derecho al honor del actor, así como la condena de dicha entidad a indemnizar al demandante en la suma de doce mil euros, con expresa condena en costas.

La sentencia dictada en la primera instancia desestima la demanda, absolviendo a Banco Santander, S.A., de las pretensiones contra ella formuladas, con expresa condena en costas a la parte actora.

En los fundamentos de la sentencia se declara probado que Banco Santander, S.A., el cumplimiento de los requisitos impuestos por la doctrina sobre requerimiento previo de pago al deudor, así como inclusión de advertencia previa en los contratos sobre posible inclusión en ficheros de solvencia patrimonial. Añade que "La prueba del hecho positivo es suficiente, ya que se corresponde con la dinámica normal concreta de la remisión por algún sistema postal o de envío de documentos, sin que sea exigible a la parte una prueba añadida puesto que no es lo mismo la necesaria para alcanzar el convencimiento de la remisión (en realidad no discutida) y de la recepción, que es lo negado por el actor, cuando se trata de un proceso de envío general de comunicaciones. Por consiguiente, se estima acreditado el cumplimiento del requisito del requerimiento previo de pago. En cuanto a la deuda, en aplicación del principio de calidad de datos que inspira la normativa sobre protección de datos de carácter personal, la jurisprudencia viene declarando que, cuando se trata de ficheros relativos al cumplimiento de obligaciones dinerarias, la deuda debe ser, además de vencida y exigible, cierta, es decir, inequívoca, indudable. Por tal razón, no cabe incluir en estos registros datos personales por razón de deudas inciertas, dudosas, no pacíficas o sometidas a litigio. Ahora bien, lo anterior no significa que cualquier oposición al pago de una deuda, por injustificada que resulte, suponga que la deuda es incierta o dudosa, porque en tal caso la certeza y exigibilidad de la deuda se dejaría al exclusivo arbitrio del deudor, al que le bastaría con cuestionar su procedencia, cualquiera que fuera el fundamento de su oposición, para convertir la deuda en incierta. En el caso que nos ocupa se ha aportado por la demandada, como documentos 2 y 3, los dos contratos de préstamo y un certificado de deuda (documento 4), en el que se incluyen los dos préstamos mencionados. La demandante no alega en su demanda que esa deuda estuviera satisfecha, limitándose a decir que la desconocía y que nunca le había sido reclamada".

En especial, y por lo que afecta al ámbito de esta resolución, declara la sentencia a propósito del domicilio del deudor al que se dirigió el requerimiento de pago que "consta (documento 6 de la demanda) que se remitió comunicación a través del servicio postal al domicilio sito en la CALLE000 número NUM000 de Madrid, encargándose de la gestión la entidad auxiliar TELEMAIL S.L., que certifica que la comunicación se puso a disposición del Servicio de Correos para su ulterior distribución por arte del referido Servicio, sin que se haya devuelto la citada comunicación. No se aporta por la demandante, como le incumbía, un histórico del padrón municipal a fin de determinar que, en efecto, no ha residido nunca en dicho domicilio máxime cuando, según el poder que aporta, ya no reside en el domicilio que se hizo constar en los contratos aportados, sin que tampoco acredite haber comunicado al banco tal circunstancia."

SEGUNDO.- Primero a tercer motivos de recurso: vulneración de preceptos constitucionales y errónea valoración de la prueba practicada.

Planteamiento.- Interpone recurso de apelación don Benito, planteando un primer grupo de motivaciones de recurso que denuncian vulneración de preceptos constitucionales, así como errónea valoración de la prueba practicada.

Bajo la rúbrica de infracción de los arts. 24.1 y 9.3 CE se argumenta la inexistencia de una deuda cierta, vencida y exigible a cargo del actor frente a Banco Santander, S.A., así como la falta de advertencia previa de inclusión de datos en fichero de solvencia patrimonial, y de requerimiento de pago, formulados por dicha entidad financiera al demandante.

Considera el apelante insuficiente, para acreditar la deuda, la aportación de dos contratos de préstamo al consumo concertados entre las partes, junto con un certificado de deuda a fecha 27 de Enero de 2023. A ese fin Banco Santander, S.A., debería haber aportado recibos devueltos, extractos bancarios, u otros documentos acreditativos de las deudas. En igual sentido se cita la Ley 3/2018, de 5 de Diciembre, cuando exige que los datos facilitados a los ficheros de solvencia patrimonial se refieran a deudas ciertas, vencidas y exigibles, así como no controvertidas.

En el segundo motivo de recurso se denuncia infracción del art. 18.1 y 4 CE, y errónea valoración de la prueba practicada, junto con otros preceptos constitucionales y normativa europea. Se transcribe normativa y doctrina general sobre el derecho a la protección de datos y la vulneración del derecho al honor. Para concluir en la procedencia de atender a lo dispuesto en el art. 20 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

En el tercer motivo de recurso se reitera la invocación del art. 20 de la L.O. 3/2018, alegando que en los contratos aportados por la demandada no se incluye advertencia al cliente sobre la posibilidad de inclusión de sus datos en los ficheros Asnef y Experian, con las consecuencias negativas asociadas a dicha inclusión.

Resolución.- La vulneración de derechos fundamentales e infracción normativa de protección de datos a la que ampliamente se alude en el recurso, sería mera consecuencia del (pretendido) carácter indebido de la inclusión de datos personales del demandante en los ficheros de solvencia patrimonial Asnef y Experian. Por lo que la argumentación resulta inútil, y la controversia se limita a discernir si esa inclusión de datos se ajusta o no a los requisitos legales, y entraña por ello, en su caso, una intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante.

Sistematizando la resolución del recurso, son dos las cuestiones controvertidas: de un lado, la necesidad de que la inclusión de datos de carácter personal en ficheros de solvencia patrimonial responda a la preexistencia de una deuda exigible y no controvertida, que se analiza en el presente razonamiento jurídico. Y, de otro lado que la comunicación de tales datos esté precedida de advertencia de su posible inclusión al deudor, así como de un previo requerimiento de pago desatendido, que se examinará más adelante.

Ambos aspectos están contemplados en el art. 20.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, sobre Sistemas de información crediticia, que establece una presunción iuris tantum de licitud del tratamiento de datos personales sobre incumplimiento de obligaciones dinerarias, en los términos siguientes:

" 1. Salvo prueba en contrario, se presumirá lícito el tratamiento de datos personales relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito por sistemas comunes de información crediticia cuando se cumplan los siguientes requisitos

(...)

b) Que los datos se refieran a deudas ciertas, vencidas y exigibles, cuya existencia o cuantía no hubiese sido objeto de reclamación administrativa o judicial por el deudor o mediante un procedimiento alternativo de resolución de disputas vinculante entre las partes

c) Que el acreedor haya informado al afectado en el contrato o en el momento de requerir el pago acerca de la posibilidad de inclusión en dichos sistemas, con indicación de aquéllos en los que participe. (...)"

En relación con el art. 39 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, igualmente de aplicación.

Sobre la existencia de la deuda (art. 20.1.b), se ratifican los razonamientos de la sentencia apelada, declarando probada la realidad y contenido de los dos contratos de préstamo al consumo concertados por las partes el 4 de Noviembre de 2016 y el 28 de Noviembre de 2019, con vencimiento al mes de Noviembre de 2024. Sobre esa premisa, queda justificada la existencia de una obligación dineraria a cargo del demandante, cuya demostración incumbe a la acreedora, en este caso Banco Santander, S.A.

Y en cuanto a la exigibilidad de la deuda dimanante de esos contratos, se atiende a la certificación de deuda presentada por Banco Santander, S.A., con el escrito de contestación, exponiendo los impagos que se atribuyen al prestatario. Es cierto que esa certificación no hace prueba plena de la deuda. Sin embargo, el error de planteamiento del recurso consiste en atribuir a la acreedora la carga de demostrar el pago, o cualquier otro hecho extintivo de la obligación dineraria, pues precisamente incumbe al deudor prestatario la carga de probar el pago o cumplimiento de la obligación. En tal sentido, el impago es un hecho negativo, de imposible prueba para quien lo alega, mientras que quien soporta la deuda disfruta de plena proximidad con la fuente de la prueba y disponibilidad probatoria ( art. 217.7 L.E.c.), para demostrar haber atendido todos y cada uno de los vencimientos derivados de los contratos antes descritos. No se acepta tampoco el argumento de que Banco Santander, S.A., deba demostrar el hecho (negativo) del impago, mediante recibos desatendidos, pues despliegan la misma insuficiente eficacia probatoria que la certificación de deuda, en ambos casos documentos unilaterales expedidos por el acreedor.

Por cuanto queda expuesto, se declara probado que el demandante contrajo las obligaciones dinerarias derivadas de los contratos de préstamo descritos, con reconocimiento por el acreedor de determinados pagos efectuados por el deudor (los no incluidos en la certificación de deuda). Y, concretados así los plazos supuestamente impagados, el prestatario no ha probado el pago o cumplimiento, pudiendo y debiendo hacerlo. Por lo que, a los efectos del presente procedimiento, permaneciendo inciertos los hechos a demostrar por el prestatario ( art. 217.1 L.E.c.), se declara acreditada la existencia y exigibilidad de la deuda que aparece anotada en los ficheros de solvencia patrimonial.

TERCERO.- Cuarto y quinto motivos de recurso: previo requerimiento de pago y advertencia de registro en ficheros de solvencia patrimonial.

Planteamiento.- En el cuarto y quinto motivos de recurso se denuncia la falta de requerimiento de pago al deudor, previo a la inclusión de sus datos en los referidos ficheros. La sentencia de primera instancia valora erróneamente la prueba documental sobre dicha comunicación aportada por Banco Santander, S.A., que nunca dirigió previo requerimiento de pago al demandante. La dirección postal del deudor que consta en los contratos litigiosos es DIRECCION000, número NUM000, Portal NUM001. Sin embargo, los correos para requerimiento de pago al deudor fueron cursados a la CALLE000, número NUM000, de Madrid. En consecuencia, no cabe tener por efectuado requerimiento previo de pago.

En el quinto motivo de recurso se denuncia error en la aplicación de doctrina jurisprudencial sobre la eficacia probatoria de la carta de requerimiento cursada mediante servicio de gestión de correos masivos, y que no hace prueba de la recepción del envío por el destinatario. Destacando que no existe constancia de su efectiva recepción. Se impugna igualmente la previa advertencia de inclusión de datos en ficheros de solvencia patrimonial.

Resolución.- Comenzando por la demostración del previo requerimiento de pago al deudor, imprescindible para evitar la intromisión en su derecho al honor, resulta esencial comprobar que en ambos contratos de préstamo se hizo constar como domicilio del prestatario la DIRECCION000 NUM000, portal NUM001. Y que, pese a ello, todos los requerimientos de pago cursados por correo están enviados a CALLE000, NUM000. Ambos de Madrid.

No está probado que el prestatario designara ante el Banco otro domicilio diferente de DIRECCION000, ni para comunicaciones relativas a los préstamos, ni a otros efectos.

La demandada, Banco Santander, S.A., nada alegó en la contestación sobre esa circunstancia. Sólo en trámite de oposición al recurso afirma que el demandante tiene dados de alta en los sistemas del Banco hasta tres domicilios diferentes, y que el que aparece como habitual es el sito en CALLE000. Añade que en el poder general para pleitos consta como domicilio la CALLE001, número NUM002.

Para resolver esta cuestión se destacan los aspectos siguientes:

- de un lado, el domicilio relevante para notificaciones es el comunicado por el cliente al Banco, y en este caso sólo consta comunicado en sito en DIRECCION000. No hay prueba alguna de que el demandado designara ningún otro domicilio ante el Banco, ni que éste tuviera en sus registros internos hasta tres domicilios diferentes del deudor. El único domicilio que consta designado ante el Banco es DIRECCION000.

- de otro lado, la carga de probar que el deudor comunicó al Banco un domicilio para notificaciones diferente del designado en el contrato, incumbe al Banco; y lo relevante no es el domicilio efectivo, sino el señalado por el cliente a efecto de notificaciones. En el presente caso, no existe indicio alguno de que el demandante comunicara al Banco ningún domicilio distinto de DIRECCION000. Asimismo, es irrelevante que se trasladara o no a otro domicilio diferente, pues el acreedor debe dirigir las notificaciones al domicilio indicado por el prestatario en el contrato, o en su defecto al también indicado posteriormente por éste, sea el domicilio real o no.

Por las razones expuestas no pueden compartirse los razonamientos de la sentencia sobre la cuestión planteada. Pues atribuyen al demandante la carga de probar su domicilio real (mediante el padrón municipal). Cuando lo relevante no es el domicilio efectivo, sino el designado por el prestatario para notificaciones. Asimismo corresponde al Banco la carga de demostrar probar enviado el requerimiento de pago al domicilio reseñado en el contrato, o en su defecto al posterior designado por el prestatario.

Las omisiones indicadas quedarían salvadas en caso de haberse probado que el requerimiento de pago se envió a domicilio distinto del designado por el deudor, pero que tal requerimiento fue efectivamente recibido personalmente por el deudor. Lo que no sucede en el presente caso.

Todo ello se traduce en que permanecen inciertos, en perjuicio de la parte demandada, los hechos controvertidos ( art. 217.1 L.E.c.), de que el demandante designara ante el Banco un domicilio diferente de DIRECCION000, y en concreto que en algún momento comunicara al Banco el domicilio de CALLE000.

Por cuanto queda expuesto, queda probado que el Banco incumplió su obligación de practicar requerimiento previo de pago, dirigido al único domicilio que consta como designado por el deudor, sito en DIRECCION000, por lo que incurrió en intromisión en el derecho al honor del demandante. Decayendo, por igual razón, las restantes cuestiones controvertidas en la alzada.

CUARTO.- Cuantía indemnizatoria.

Sobre la cuantía de la indemnización reclamada en la demanda, se atiende a la doctrina establecida en Sentencia del Tribunal Supremo 854/2021, de 10 de Diciembre, a cuyo tenor:

" Una vez constatada la lesión del derecho fundamental al honor del demandante procede fijar la indemnización correspondiente, a tales efectos es preciso tener en cuenta las circunstancias siguientes:

1) En este caso, no se han acreditado daños patrimoniales concretos, tales como que el afectado hubiera tenido que pagar un mayor interés por conseguir financiación, o patrimoniales más difusos como son los derivados de la imposibilidad o dificultad para obtener crédito o contratar servicios, ( sentencias 81/2015, de 18 de febrero ; 613/2018 , o 699/2021, de 14 de octubre , entre otras).

2) En cualquier caso, la simple inclusión en el registro ya supone la existencia de un perjuicio indemnizable bajo presunción iuris et de iure (no susceptible de prueba en contrario). La circunstancia de que la valoración del daño moral no pueda obtenerse de una prueba objetiva no excusa ni imposibilita legalmente a los tribunales para fijar su cuantificación, a cuyo efecto ha de tenerse en cuenta y ponderar las circunstancias concurrentes en cada caso, con atención a los parámetros fijados en el art. 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982 , ( sentencias de esta sala núm. 964/2000, de 19 de octubre , 12/2014, de 22 de enero ; 130/2020, de 27 de febrero y 592/2021, de 9 de septiembre , entre otras muchas).

3) Son elementos a ponderar el tiempo de inclusión en el registro, en este caso desde abril de 2014; las veces en que fue consultado, en este caso en once ocasiones; así como los infructuosos intentos previos para obtener la cancelación de los datos personales del actor en el registro de insolvencia (documentos dos y tres de la demanda), lo que le obligó al planteamiento de este proceso con los gastos correlativos.

4) En cualquier caso, no cabe una indemnización meramente simbólica carente del correspondiente efecto disuasorio, cara a la protección de un derecho fundamental de la persona como es su honor.

En este sentido, hemos declarado que: "[...] una indemnización simbólica tiene un efecto disuasorio inverso, puesto que "[...] No disuade de persistir en sus prácticas ilícitas a las empresas que incluyen indebidamente datos personales de sus clientes en registros de morosos, pero sí disuade de entablar una demanda a los afectados que ven vulnerado su derecho al honor puesto que, con toda probabilidad, la indemnización no solo no les compensará el daño moral sufrido sino que es posible que no alcance siquiera a cubrir los gastos procesales si la estimación de su demanda no es completa [...]"" ( sentencias 386/2011, de 12 de diciembre ; 696/2014, de 4 de diciembre ; 512/2017, de 21 de septiembre , 388/2018, de 21 de junio , 604/2018, de 6 de noviembre , 237/2019, de 23 de abril , 130/2020, de 27 de febrero ; 592/2021, de 9 de septiembre y 699/2021, de 14 de octubre , entre otras).

5) En atención a las contingencias expuestas, consideramos procedente conceder la indemnización postulada en la demanda de 10.000 euros, al tratarse de una cantidad que se encuentra dentro de las sumas concedidas en casos similares ( sentencias 226/2012, de 9 de abril: 12 . 000 € ; 176/2013, de 6 de marzo: 9.000 € ; 81/2015, de 18 de febrero: 10 . 000 € ; 65/2015, de 12 de mayo: 10 . 000 € ; 512/2017, de 21 de septiembre: 8.000 € y 245/2019, de 25 de abril: 10 .000 €) y que reputamos proporcional a las circunstancias concurrentes.

6) Todo ello, con los intereses legales correspondientes, desde la fecha de interposición de la demanda, dado que la jurisprudencia prescinde del alcance de la regla in illiquidis non fit mora ( sentencias 764/2008, de 22 de julio , 228/2011, de 7 de abril , 65/2015, de 12 de mayo , y 81/2015, de 18 de febrero ), tratándose de una intromisión ilegítima constatada y el perjuicio económico lo presume el art. 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982 , cuando existe vulneración del derecho al honor"

Trasladando dichos razonamientos al supuesto enjuiciado, con valoración de las circunstancias concurrentes arriba expuestas, se destaca el muy escaso tiempo transcurrido desde las anotaciones indebidas de datos en los registros de solvencia patrimonial, que tuvieron lugar en Diciembre de 2021 y Mayo de 2022, hasta la interposición de la demanda, en Septiembre de 2022. Así como la ausencia de demostración de perjuicio patrimonial consistente en denegación de financiación o aplicación de superior interés remuneratorio por riesgo de impago; pues no resulta suficiente a tal efecto la mera consulta a los ficheros por entidades financieras, que puede provocarse ficticiamente por el interesado mediante contactos puramente formales con la financiera o predirigidos a provocar esa consulta. Por ello, se precisa alguna justificación adicional de que efectivamente el perjudicado intentó obtener alguna específica financiación, con el resultado descrito. Asismismo, se valora la demostración de que se practicaron tres anotaciones de deuda por dos ficheros diferentes. Todo lo cual aconseja establecer la indemnización que se reclama en la cantidad de tres mil euros, que se considera ajustada a la circunstancias del presente caso y no puramente simbólica, estimándose por ello parcialmente la demanda. Cabe añadir que la pretensión subsidiaria de la demanda carece de contenido por no determinar una específica cuantía indemnizatoria, en contravención de los arts. 219 y concordantes L.E.c.

QUINTO.- Costas.

Estimando el recurso de apelación, con la consiguiente estimación parcial de la demanda, y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 394 y 398 L.E.c., no procede hacer expresa condena en las costas de ambas instancias.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de S.M. EL REY