Sentencia Civil 104/2024 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 32, Rec. 278/2023 de 16 de febrero del 2024

PRIMERO .- Dª Regina presentó demanda contra la Comunidad de Propietarios de la finca sita en DIRECCION000 de Madrid, en reclamación de obligación de hacer e indemnización por daños y perjuicios.

Indicaba en la demanda que es propietaria del piso NUM000 de la referida finca, que se encontraba arrendado a Dª Candida y que, en febrero de 2018, habían aparecido humedades en la vivienda como consecuencia de haberse producido filtraciones de lo que dio parte a la comunidad de propietarios. A la vista del desentendimiento y pasividad de la demandada, que pretende derivar su responsabilidad hacia entidad promotora, constructora y vendedora, "CIMENTA 2GESTIÓN E INVERSIONES, S.A, se ve obligada a presentar la demanda con la finalidad de que se declare la obligación de la Comunidad de efectuar las obras de reparación de la fachada del edificio y se le condene a indemnizar por daños y perjuicios que se le ha ocasionado por importe de 2.829,37 €, correspondiente a la reparación de las paredes de su vivienda, más los perjuicios sufridos como consecuencia de verse obligada a minorar la renta pactada con la inquilina debido a la existencia de las humedades.

La demandada solicitó la suspensión del procedimiento por prejudicialidad civil hasta que se resolviera la demanda que había presentado contra la constructora del edificio y tramitada ante el Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Madrid, procedimiento ordinario nº 1231/2018. Y en cuanto al fondo alegó, en síntesis, la falta de impugnación por parte de la actora del acuerdo adoptado en junta de 4 de octubre de 2018 de reclamar a la constructora la realización de las obras de reparación de la fachada; falta de legitimación pasiva porque el origen del daño es un defecto constructivo en la fachada, sólo achacable a la empresa constructora y por el cual ya se sigue el procedimiento judicial citado por lo que entiende cumplida la obligación del art. 10 LPH. También se opuso a los daños reclamados.

La sentencia estima la demanda y condena a la demandada a ejecutar la obras de reparación en la fachada ventilada del edificio para evitar las filtraciones en la vivienda de la actora, así como a abonar a la actora la suma de 9.762,70 euros. Para llegar a ese resultado parte del hecho de que la comunidad demandada no discute la existencia de filtraciones en la vivienda de la actora y que provienen de un defecto en la ejecución por parte de la empresa constructora de la fachada ventilada que reviste el inmueble y que, por ello, ha iniciado acciones contra la misma por vicio de construcción para que proceda a su reparación. No obstante, entiende que la obligación de reparar le es exigible a la Comunidad de Propietarios por ser una obligación legal, sin perjuicio, de las acciones que en su caso le correspondan frente a la constructora, no siendo suficiente por parte de la comunidad la adopción de medidas distintas a las tendentes a reparar el origen de los daños. Y respecto del acuerdo adoptado en la Junta de propietarios de 4 de octubre de 2018, consistente en ejercitar acciones contra la constructora para que sea ella la que ejecute las obras en la fachada del inmueble y que la actora no impugnó, considera que es nulo de pleno derecho al haber vulnerado la obligación legal impuesta a la comunidad por el artículo 10 LPH. Finalmente, respecto de los daños y perjuicios, estima la cantidad de 2.262,70 euros, importe al que asciende la reparación de las humedades del inmueble de la actora y la de 7.500 euros en concepto de lucro cesante, por tener que reducir el importe de la renta pactada al tener alquilada la vivienda y pasar en el mes de enero de 2019 de 2.200 a 2.100 y los meses siguientes a 2.000 euros hasta finales del mes de octubre de 2021, fecha que finalizó el contrato de arrendamiento como indicó en juicio la inquilina doña Candida; el 29 de abril de 2022 la actora firma un nuevo contrato de arrendamiento con una renta de 1.050 euros y por tanto con una disminución respecto de la renta anterior de 150 euros durante seis meses, mayo a octubre de 2020, ambos inclusive.

Interpone recurso de apelación la Comunidad de Propietarios, oponiéndose al recurso la parte actora.

SEGUNDO .- De la prejudicialidad civil y la falta de legitimación pasiva.

La prejudicialidad civil se regula en el artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de manera que " Cuando para resolver sobre el objeto del litigio sea necesario decidir acerca de alguna cuestión que, a su vez, constituya el objeto principal de otro proceso pendiente ante el mismo o distinto tribunal civil, si no fuere posible la acumulación de autos, el tribunal, a petición de ambas partes o de una de ellas, oída la contraria, podrá mediante auto decretar la suspensión del curso de las actuaciones, en el estado en que se hallen, hasta que finalice el proceso que tenga por objeto la cuestión prejudicial.

Contra el auto que deniegue la petición cabrá recurso de reposición, y contra el auto que acuerde la suspensión cabrá presentar recurso de apelación."

Mediante auto de fecha 11 de diciembre de 2019, el Juzgado rechazó la suspensión del procedimiento por prejudicialidad civil por entender que, si bien, efectivamente, en este caso, existe pendiente un primer proceso planteado por La Comunidad de Propietarios frente a la Promotora por vicios de la construcción, las acciones ejercitadas en los procesos son distintas: en el proceso frente a la Promotora, una acción por vicios en la construcción, y en el que se sigue ante este Juzgado, una acción derivada del artículo 10.1 de la Ley de Propiedad Horizontal por incumplimiento de deberes de conservación y consiguiente indemnización de daños y perjuicios. Se trata de dos acciones distintas cuyos fundamentos de hecho y de derecho no coinciden, de manera que lo que se resuelva sobre unos no puede afectar a los otros en la medida que en este procedimiento no se discute quién ha de ser la responsable última (que bien podría ser la Promotora si así se declara en el procedimiento correspondiente), sino si la Comunidad incumplió sus deberes de conservación, y para resolver esa cuestión no es necesario resolver previamente sobre la responsable última de los daños.

La ahora apelante no presentó recurso de reposición contra el Auto de fecha 11 de diciembre de 2019 por lo que dicha resolución alcanzó firmeza. No obstante, reproduce en el recurso las alegaciones efectuadas en su escrito de contestación en el sentido de que ambas demandas tienen su fundamento en las filtraciones derivadas de la defectuosa ejecución de la fachada de la edificación y que se han basado en el mismo informe pericial elaborado por el arquitecto designado por la Comunidad. Entiende que existe una litispendencia impropia o prejudicialidad civil entre el objeto de un litigio y el del otro, de forma que lo que en el inicialmente instado se decida resulta antecedente lógico en la decisión del presente y ello sin perjuicio que no concurran todas las identidades en uno y otro litigio. Se añade que ya ha recaído sentencia de fecha 15 de diciembre de 2020 en el procedimiento seguido el contra la constructora por la que ha sido condenada a reparar los defectos constructivos causantes de las filtraciones por lo que cabe la posibilidad de encontrarnos ante dos sentencias que condenan a realizar la misma obra a dos entidades distintas, lo que se habría evitado de haberse estimado la prejudicialidad civil. Y por esta misma razón, la apelante carece de legitimación pasiva por encontrarnos ante una patología constructiva que pasivamente tiene que soportar la constructora y no la Comunidad de Propietarios.

Esta pretensión del recurso debe ser desestimada puesto que la prejudicialidad civil constituye una cuestión que debe plantearse y resolverse en primer instancia, como así se hizo por el juzgado en el citado Auto y contra el que únicamente cabía recurso de reposición que, a mayor abundamiento no fue interpuesto por la ahora apelante.

En efecto, el Tribunal Supremo, en auto de 24 de mayo de 2005, con ocasión de resolver sobre una cuestión prejudicial judicial civil que se plantea en fase casacional, estableció lo siguiente (el subrayado es nuestro):

"Es difícil pensar que tenga acogida el supuesto planteado por el recurrente en la configuración procesal que tanto de la segunda instancia como de la casación prevé la Ley de Enjuiciamiento Civil. En tal sentido, del propio tenor literal del artículo 43 puede colegirse la restricción a la sustanciación del procedimiento en primera instancia de la posibilidad de suspender un procedimiento por prejudicialidad civil. Es, en tal momento procesal, en el que la parte demandada- apelante, hoy recurrente, podía plantear la cuestión ahora discutida, siendo competencia de ese órgano de instancia la apreciación de la existencia o no de tal prejudicialidad y, confiriendo o no efectos suspensivos a tal apreciación. Apoya la anterior argumentación, el que la cuestión prejudicial prevista en el tantas veces mentado artículo 43 de la LEC 2000 , sea subsidiaria de la acumulación de autos, pues tan sólo procede caso de no caber esta última, respecto de la que, la Ley Rituaria, de forma expresa, en su artículo 77.4 , sí exige "...que los procesos se encuentren en primera instancia, además de no haber finalizado en ninguno de ellos el juicio a que se refiere el artículo 433 de esa Ley".

En igual sentido se puede citar el Auto del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 2008, mientras que la STS de 13 de octubre de 2010, reiterando el criterio expuesto anteriormente, señala (el subrayado es nuestro):

" La disposición del artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre la prejudicialidad civil aparece por primera vez en la Ley 1/2000, de 7 de enero, como excepción a la regla general de que los tribunales civiles pueden pronunciarse prejudicialmente sobre cuestiones, también civiles, que resulten antecedente lógico jurídico de la cuestión principal. Sentado que no se trata de supuestos de litispendencia, por no reunirse los requisitos necesarios para ello, ha de considerarse acertada la afirmación de la Audiencia recurrida en el sentido de que no cabe solicitar tal suspensión una vez que ha finalizado la primera instancia por haberse dictado sentencia en la misma. Sin duda dicha sentencia ya habrá resuelto sobre el antecedente lógico de carácter civil que influye en la decisión del objeto del proceso y a partir de ese momento únicamente cabe ya la revisión de lo resuelto mediante los recursos ordinario y extraordinario. A ello contribuye también la propia posición adoptada por el legislador, a la que la Audiencia atribuye especial significación, en el sentido de que contra la resolución que acuerde la suspensión cabe recurso de apelación, lo que únicamente resulta comprensible si el pleito se encuentra en primera instancia."

Y respecto de la falta de legitimación pasiva por este mismo motivo, conforme a lo dispuesto en el art. 10 LEC, serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso, exceptuándose los casos en que por ley se atribuya legitimación a persona distinta del titular.

En el presente caso y a la vista de la acción ejercitada en la demanda en base a la obligación que le es impuesta en el art. 10 LPH, no puede dudarse de la legitimación pasiva de la comunidad de propietarios apelante.

TERCERO .- La obligación del art. 10.1 LPH

1. El artículo 10.1,a) LPH establece lo siguiente:

"1. Tendrán carácter obligatorio y no requerirán de acuerdo previo de la Junta de propietarios, impliquen o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, y vengan impuestas por las Administraciones Públicas o solicitadas a instancia de los propietarios, las siguientes actuaciones:

a) Los trabajos y las obras que resulten necesarias para el adecuado mantenimiento y cumplimiento del deber de conservación del inmueble y de sus servicios e instalaciones comunes, incluyendo en todo caso, las necesarias para satisfacer los requisitos básicos de seguridad, habitabilidad y accesibilidad universal, así como las condiciones de ornato y cualesquiera otras derivadas de la imposición, por parte de la Administración, del deber legal de conservación."

La sentencia apelada extracta la STS de fecha 12 de enero de 2022, que explica la finalidad y evolución de este precepto y del que se desprende el deber general de las comunidades de propietarios de realizar las obras y actuaciones necesarias para el adecuado mantenimiento y conservación del inmueble, precisas para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad del edificio y de sus servicios e instalaciones.

2. La acción ejercitada en base a este precepto, es compatible con las acciones que pueda ejercitar la comunidad de propietarios contra la promotora, por causa de la existencia de defectos constructivos derivados del proceso de edificación y a las resoluciones citadas en el Fundamento de Derecho Tercero de la sentencia apelada, se puede añadir la dictada por la AP de Madrid, sección 20 de fecha 4 de marzo de 2014 (el subrayado es nuestro):

"La obligación que impone el precepto que nos ocupa es de carácter permanente y no admite excepciones (ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus), de modo que, en principio, preexiste en el tiempo y no está limitada a los defectos que se manifiesten con posterioridad a la construcción del inmueble. En este sentido la sentencia de 26 de enero de 2012 de la Sección 21ª de esta Audiencia (recurso 458/2009 ) expone:

"[...] si dichos defectos constructivos afectan a la conservación del inmueble en su conjunto, e individualmente a la parte actora, en cuanto integrante de la comunidad, es claro, que dada la entidad de los daños, la reparación debería ser a cargo de la Comunidad. Siendo claro que la falta de impermeabilización del inmueble, como en este caso, afecta a las condiciones de habitabilidad del mismo y a su funcionalidad.

Aún en el caso que se califique o no como defecto constructivo la deficiente impermeabilización del inmueble, que es el origen entre otros factores de las humedades que presenta el conjunto del mismo, y con independencia que la Comunidad haya procedido o no a reclamar a los intervinientes en el proceso constructivo por tales defectos, es claro que existe la obligación de la Comunidad de proceder a su reparación. De modo que el artículo 10.1 de la LPH no obliga exclusivamente a la Comunidad a mantener o conservar los elementos comunes, sino a reparar los que se originen o se manifiesten a lo largo de la vida del edificio, ya sean o no imputables directamente a la misma. Ya las conociera o no con antelación, pues solo así podrá cumplir ese deber de conservación, entendido en su acepción mas usual y garantizar el goce pacífico a los comuneros de sus elementos privativos, en las condiciones establecidas en el citado precepto....

.....Entendemos así que en el plano estrictamente jurídico, frente al parecer de la sentencia, la Comunidad de propietarios está obligada a subsanar o reparar aquellas deficiencias que claramente incidan sobre la habitabilidad de alguno de los elementos del edificio en perjuicio de uno o de varios propietarios, incluso aunque tengan origen en defectos constructivos o incluso aunque el edificio estuviese edificado antes de la entrada en vigor de la Ley de Propiedad Horizontal pues es obligación de todo comunero contribuir a los gastos de conservación de la cosa común, como así establece el art. 395 del Código Civil ".

3. En el presente caso, del informe pericial elaborado por el arquitecto D. Horacio y al que se acogen ambas partes, apartado conclusiones, resulta que las filtraciones se producen por causa de la incorrecta ejecución de los encuentros de la Fachada Ventilada con las carpinterías de los miradores. Sería necesaria la colocación de vierteaguas tanto en la parte alta de la carpintería del mirador como en la parte baja del mismo, de forma que las escorrentías de agua que puedan entrar por las piezas cerámicas o los encuentros con las carpintería, sean evacuadas al exterior por dicho vierteaguas. Igualmente debería realizarse un correcto sellado de la carpintería a las hojas interiores del cerramiento así como la realización la realización de una hoja interior en el cerramiento en la zona del capialzado donde no existe.

En el caso de la vivienda propiedad de la apelada, la arrendataria de la vivienda Dª Candida explicó en el juicio como se producía la entrada de agua, cada vez que llueve, caía gota a gota, en particular en la habitación de su hijo, a quien tenía que trasladar de habitación.

4. Entendemos que ello repercute en la habitabilidad de la vivienda a pesar de que la entrada de agua sólo se produce cuando llueve. La citada STS de fecha 12 de enero de 2022 recuerda como más recientemente el legislador ha establecido obligaciones siguiendo la tendencia de la legislación urbanística, impone a los propietarios unas obligaciones más amplias en relación con el mantenimiento de los inmuebles, en cuanto a sus condiciones no sólo estructurales, sino también de estanqueidad, habitabilidad y seguridad. Así, se refiere al art. 19 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, que imponía a los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones la obligación de mantenerlos en condiciones de seguridad y salubridad.

En la misma línea, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, en su art. 16.1 impone a los propietarios la obligación de conservar en buen estado la edificación mediante un " adecuado uso y mantenimiento". Precepto que debe concordarse con el art. 3 del mismo cuerpo legal que fija los " requisitos básicos de la edificación", relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad, que deben cumplirse tanto en la fase de proyecto y construcción, como en las de su mantenimiento y conservación. Entre esos requisitos, se incluyen los relativos a la habitabilidad, se comprende el de "[...] protección del medio ambiente, de forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad [...]".

Posteriormente, el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLS), reitera este criterio en su art. 17.3:

" En particular, cuando se trate de edificaciones, el deber legal de conservación comprende, además de los deberes de carácter general exigibles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, la realización de los trabajos y las obras necesarios para: "a) Satisfacer, con carácter general, los requisitos básicos de la edificación establecidos en el artículo 3.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación . "b) Adaptar y actualizar sus instalaciones a las normas legales que, para la edificación existente, les sean explícitamente exigibles en cada momento".

5. En el recurso se defiende que la Comunidad ha actuado de forma totalmente diligentemente, lo que junto con la actitud obstativa por parte de la apelada, entiende le libera de responsabilidad. En concreto, se refiere a los siguientes hechos y que la sentencia no ha tomado en consideración: (I) la Comunidad decidió y aprobó en Junta (junta celebrada, precisamente a instancia de la actora ante la patología constructiva peritada), iniciar las acciones pertinentes contra los responsable intervinientes en el proceso edificatorio; que (II) la propia Promotora ofreció a algunos vecinos la realización de reparaciones puntuales mediante sellado siendo aceptado por dichos vecinos a excepción de la demandante que se opuso; (III), el acuerdo adoptado en la Junta contemplaba la posibilidad, sin perjuicio de iniciar las acciones contra la Promotora, que en caso de producirse un daño grave a la estructura o a la habitabilidad o un daño que se pudiera considerar como urgente la comunidad actuaría como subsidiaria, sin que la demandante, después de ese acuerdo, comunicara empeoramiento o agravamiento alguno; que (IV) no obstante, se le ofrece fehacientemente a la demandante proceder a reparar a costa de la comunidad la humedad aparecida en la pared de una de las habitaciones ; que (V) se reitera fehacientemente y de nuevo el ofrecimiento anterior; que (V) con el fin de ampliar el informe pericial para constatar las humedades la demandante fue requerida para ello sin que se permitiera el acceso a la vivienda.

A este respecto, la sentencia lo que señala es que la obligación de reparar le es exigible a la comunidad de propietarios " no siendo suficiente por parte de la comunidad la adopción de medidas distintas a las tendentes a reparar el origen de los daños", y compartimos esta valoración toda vez que la solución de reparar sólo la humedad de la pared interior, pero no la causa que la provoca, o la realización de reparaciones puntuales, mediante cordones de silicona y sellados exteriores existentes entre piezas y entre piezas y carpintería no puede estimarse suficiente si se tiene en cuenta que se trata de una solución cuya eliminación propone el perito en su informe. En el juicio explicó (minuto 30:36) que se trata de una solución temporal, cuya vigencia sería de unos dos años pero que no resuelve de manera definitiva la entrada de agua a las viviendas por la fachada.

6. Como consecuencia de lo anterior, no puede calificarse como diligente la actuación de la apelante por el hecho de haber interpuesto un procedimiento judicial contra la constructora, con la finalidad de que esta última ejecutase las obras de reparación pues ello, como se ha expuesto, no elimina su propia responsabilidad y derivada de la aplicación del art. 10.1 LPH, al hacer depender en la constructora la reparación efectiva de los defectos que provocan las filtraciones, como así ha sido, toda vez que si las filtraciones se descubren en febrero de 2018 y se presenta la demanda por la Comunidad de Propietarios en noviembre de ese año, lo último que se sabe es que en noviembre de 2021 (el juicio en el presente procedimiento se celebró en octubre de 2022) se despachó ejecución contra la constructora por parte del Juzgado de Primera Instancia nº 12, que conoció de dicho procedimiento, desconociéndose si se han iniciado las obras de reparación.

CUARTO .- Nulidad del acuerdo de la Junta de fecha 4 de octubre de 2018

En el escrito de contestación a la demanda, la apelante entendía que la pretensión de la demanda, de que la comunidad de Propietarios fuese condenada a realizar las obras de reparación (y no la constructora demandada) supondría anular el acuerdo expreso adoptado al respecto, sin haberse impugnado el mismo por la actora en la forma y plazos del art. 18 LP. Todo ello en relación al acuerdo adoptado en Junta de 4 de octubre de 2018 del siguiente tenor literal:

"Iniciar acciones judiciales contra la Promotora y Agentes Intervinientes en la edificación requiriéndoles la obligación de hacer para subsanar las deficiencias de ejecución en la fachada ventilada descritas en el informe pericial, que se adjunta con el acta. Así mismo facultar al presidente para realizar en nombre de la Comunidad de Propietarios, todas las gestiones que sean necesarias para otorgar poderes a favor de Letrados y Procuradores, que libremente designe para interponer las acciones de reclamación necesarias para defender los intereses de la Comunidad"

En la demanda no se interesaba que se declarase la nulidad de dicho acuerdo, ni se ejercitó ninguna acción con tal finalidad y la sentencia al resolver este motivo de oposición a la demanda, entendió que era nulo de pleno derecho intrínsecamente, al haber vulnerado la obligación legal impuesta a la comunidad por el artículo 10 LPH. Para llegar a esta conclusión cita la STS de fecha 12 de enero de 2022 (nº rec 5211/2018).

Sin embargo, la respuesta a esa cuestión no exigía que se valorase previamente sobre validez del citado acuerdo habida cuenta que, como se ha expuesto anteriormente al analizar la obligación del art. 10.1 LPH, esta obligación de conservación y reparación que se impone a la Comunidad de Propietarios es independiente de la responsabilidad en la que hayan podido incurrir los intervinientes en el proceso constructivo por los defectos que se aprecien en la edificación.

El único acuerdo que se somete a votación es el que se ha transcrito, lo que se justifica en el acta de la siguiente forma: " Teniendo en cuenta la forma de actuar de la comunidad en ocasiones anteriores la propuesta que se lleva a votación es la siguiente: "Iniciar acciones legales reclamando la obligación de hacer. Siempre que no haya otras circunstancias que se puedan dar durante el procedimiento, riesgo estructural o seguridad de las personas, que obliguen a la comunidad a iniciar los trabajos de forma subsidiaria, reclamando entonces la cuantía de los gastos soportados más daños y perjuicios"

Por tanto, no hay un acuerdo expreso que niegue a la apelada la reparación de la fachada por parte de la comunidad, a diferencia del supuesto examinado en la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de enero de 2022 en el que sí que habían acuerdos expresos de la comunidad en contra de la reparación de los defectos (en ese caso por el copropietario afectado) y que le hubiese obligado a su impugnación, sino que el acuerdo que se adopta es compatible y no interfiere en su derecho de exigir a la Comunidad de Propietarios el cumplimiento de la obligación que le impone el art. 10.1 a) LPF.

QUINTO .- Falta de acreditación del daño y lucro cesante

Respecto a la acreditación del daño, la sentencia estima el importe de 2.262,70 euros, correspondiente al presupuesto de reparación de las humedades en el interior de su vivienda y que se aporta en la demanda, lo que se comparte por la Sala.

En cuanto al lucro cesante, el Fundamento de Derecho Sexto de la sentencia recoge lo siguiente: 7.500 euros en concepto de lucro cesante por tener que reducir el importe de la renta pactada al tener alquilada la actora la vivienda de autos y pasar en el mes de enero de 2019 de 2.200 a 2.100 y los meses siguientes a 2.000 euros hasta finales del mes de octubre de 2021, fecha que finalizó el contrato de arrendamiento como indicó en juicio la inquilina doña Candida; el 29 de abril de 2022 la actora firma un nuevo contrato de arrendamiento con una renta de 1.050 euros y por tanto con una disminución respecto de la renta anterior de 150 euros durante seis meses, mayo a octubre de 2020, ambos inclusive.

En el recurso se alega, en primer lugar, que se incurre en diversos errores: la renta que se pactó con la primera inquilina (Dª Candida) no fue de 2.200 € si no de 1.200 €, tal y como consta en el contrato de arrendamiento que como documento número 4. En segundo lugar, si se hubiera reducido la renta en el mes de enero de 2019 en 100.-€ y en los sucesivos meses, 200 €, que van desde el mes de febrero de 2019 hasta el momento en que cesa el arrendamiento, es hasta el mes de octubre de 2021, el total de la renta reducida (100.-€ correspondiente al mes de enero de 2019 y 200.-€ desde el mes de febrero de 2019 hasta octubre de 2021, es decir, 21 meses) ascendería a 4.300.-€. Si a dicha cantidad se le sumaran, por razón del nuevo contrato de arrendamiento otorgado el 29 de abril de 2022, otros 150.-€ por meses desde mayo de 2022 hasta octubre de 2022 (lo que supondría 900.-€), la cantidad ascendería en concepto de lucro cesante a un importe igual a 5.400.-€, pero no los consignados en la sentencia de 7.500 €.

Estos cálculos del recurso resultan erróneos por cuanto ha computado, respecto del contrato de arrendamiento de Dª Candida, 21 meses cuando son 33 meses (de enero de 2019 a octubre de 2021) por lo que la cantidad fijada en la sentencia es correcta.

Seguidamente se alega la improcedencia de imputar a la Comunidad de Propietarios la menor renta pactada en el contrato de arrendamiento concertado en fecha 29 de abril de 2022 y que se aportó en el juicio. En dicho contrato se pactó una renta de 1.050 euros y la sentencia considera que esta renta mensual supone una disminución de 150 euros respecto de la renta anterior (1.200 euros), computando esta disminución durante seis meses, de mayo a octubre de 2022, en total 900 euros.

Sobre esta cuestión procede dar la razón a la apelante toda vez que ya se ha concedido a la apelada el importe de la reparación de las humedades en el interior de su vivienda de 2.262,70 euros y se desconoce las circunstancias que motivaron que se fijara dicha renta. Por tanto, del importe de la condena procede descontar 900 euros.

SEXTO .- Costas

En primer lugar, se expresa la disconformidad con la cuantía en la que fijó el procedimiento la demandante y que ascendía a 52.896,97 y ello por considerar esta parte que la cuantía en que se ha de modular el procedimiento es la de indeterminada. Como ya hemos dicho en otras ocasiones ( sentencia de fecha 28 de septiembre de 2023, nº 504/2023): " A juicio de la Sala este extremo apelado carece de carga de apelación es decir, no tiene consecuencia alguna para la parte pues no tiene reflejo en el Fallo de la sentencia objeto de recurso, es más, el recurso se interpone por la parte "favorecida" por el Fallo."

En cuanto a las costas de primera instancia, debe entenderse que la estimación de la demanda es sustancial por lo que procede mantener su imposición a la parte demandada y sin que se aprecien dudas de hecho ni de derecho, a la vista de los razonamientos contenidos en los anteriores Fundamentos respecto de la obligación que impone a la Comunidad de Propietarios el art. 10.1 LPH.

En cuanto a las costas de esta alzada, en aplicación del art. 398.2 LEC no procede hacer expresa condena al estimarse en parte el recurso.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,