Sentencia Civil 205/2023 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 12, Rec. 211/2022 de 16 de mayo del 2023

PRIMERO.- Los hechos a considerar en este proceso, resultantes todos ellos de la prueba documental aportada, son los siguientes:

1º La demandante realizó la promoción del edificio señalado con el nº 1 de la calle San Bartolomé, de Baracaldo.

2º Para la construcción de dicho edificio, la demandante, VALLEHERMOSO DIVISION PROMOCION, S.A.U. y la demandada DRAGADOS, S.A. celebraron un contrato, el 26 de mayo de 2003, en virtud del cual ésta se comprometía a realizar y entregar a aquélla la obra, bajo la modalidad llave en mano, por el precio alzado de 11.950.000 euros, más IVA.

En dicho contrato se incluyó una cláusula (la tercera), en la que se declaraba y pactaba lo siguiente: " La Contrata, como empresa experta, declara que ha estudiado con la profundidad necesaria, el Proyecto de Ejecución y que éste es completo y correcto en todos sus términos documentos, que ha contrastado el Proyecto de Ejecución con todos y cada uno de los Documentos contractuales establecidos en la Cláusula Segunda y que las contradicciones, errores y omisiones que tienen dichos documentos, incluido el propio Proyecto de Ejecución, los ha tendido en cuenta y ello le permite realizar las obras de acuerdo con las buenas Normas de Construcción así como establecer el presupuesto de Contrata referenciado en la Cláusula Segunda y por consiguiente el Precio del Contrato".

3º Por consecuencia de determinados vicios, los propietarios de elementos privativos del edificio demandaron a VALLEHERMOSO, iniciándose el proceso ordinario nº 1032/2008, ante el Juzgado de Primera Instancia nº 13 de Bilbao. La demandada llamó al proceso a la constructora, Arquitecto y Aparejador, que actuaron, como intervinientes, en el mismo. Este concluyó por sentencia de 9 de septiembre de 2010 en la que la Juez de Primera Instancia condenó a la promotora demandada a realizar las obras precisas, bajo proyecto y dirección técnica y a indemnizar, además, en la cantidad de 14.489,96 euros que los demandantes habían invertido en reparaciones.

La Juez de Primera Instancia no estableció condena a los llamados al proceso, pero dedicó la fundamentación jurídica a determinar los vicios o defectos imputables (además de a la demandada por su carácter de promotora y responsable general frente a los demandantes) a cada uno de los agentes de la edificación, o, en su caso, a todos ellos de forma solidaria.

Tal sentencia fue confirmada por la de fecha 4 de mayo de 2.011, de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Vizcaya, de manera que aquélla quedó firme.

3º En virtud de la sentencia de primera instancia, y en ejecución de la misma, la aquí demandante, realizó obras e indemnizó dinerariamente a los demandantes, por un monto total, según la demanda, de 1.775.139,76 €, que reclama, vía repetición, a la contratista. Luego se examinará el concepto de cada uno de los pagos y la procedencia de repercutirlos en la demandada.

4º Esta, además de al fondo, se opuso alegando la falta de litisconsorcio y la cosa juzgada, excepciones que fueron desestimadas en la audiencia previa.

5º No obstante, en la sentencia, la Juez de Primera Instancia, olvidando aquella decisión, entró a decidir sobre ambas excepciones y las estimó.

Presentado escrito por al demandante solicitando la rectificación error material, dictó Auto el 25 de noviembre de 2.021 por el que incluyó un nuevo fundamento de derecho tercero, en el que viene a razonar la improsperabilidad de la pretensión, ratificando la desestimación de la demanda.

Tal sentencia y Auto son recurridos por la demandante. La demandada impugnó el recurso, y asimismo la sentencia, para que, en caso de que procediera la revocación, se tuvieran en cuenta los extremos que señala (autoría de los pagos hechos en ejecución de la sentencia del Juzgado nº 13 de Bilbao y coste real de las obras de reparación), de modo tal que, en todo caso, se mantuviera la desestimación de la demanda.

SEGUNDO.- La estructura de esta sentencia, habida cuenta de la variedad de cuestiones que se plantean por las partes en sus respectivos escritos de recurso y de oposición e impugnación, será la de despejar, ante todo, los motivos formales que pudieran dar lugar a la nulidad pretendida, para después razonar la admisibilidad de la impugnación a la sentencia que la demandada dice realizar, y finalmente, y si se llegara a ese punto, explicitar nuestro juicio sobre los motivos de fondo.

TERCERO.- La nulidad interesada por la demandante apelante no puede ser estimada.

Ciertamente, concurren los vicios que denuncia, pues la Juez de Primera Instancia primero, decidió sobre lo que, a efectos de la primera instancia, estaba ya decidido, como era la desestimación de las excepciones de cosa juzgada y litisconsorcio pasivo necesario, no obstante lo cual, las acoge, en flagrante contradicción, en su sentencia, y después, dicta un Auto de aclaración que, en no es sino una reformulación de la sentencia, lo que excede del ámbito propio de ese remedio procesal.

Ahora bien, para que se pueda apreciar la nulidad es preciso que la falta no estuviera subsanada, o que, en todo caso, la solución que pudiera darse a la nulidad no fuera la misma que ya se ha dado en el proceso, con un efecto de convalidación que hace inútil la declaración de nulidad.

Y esto es lo que ocurre en este caso:

El Auto de rectificación es en realidad parte de la misma sentencia que rectifica, con la que forma una unidad jurídica, de modo que, si se diera la nulidad, la consecuencia no es repetir un trámite de "audiencia oral" que pretende la apelante, en el cual (el juicio) no hay tacha alguna de nulidad, sino el dictado de nueva sentencia, que es lo que, a solicitud de la propia parte, hace la Juez a través del Auto de rectificación.

Por tanto, conocemos la decisión judicial sobre el fondo y las razones de la misma, de modo que las partes han podido alegar respecto de ella con fundamento y utilidad y este Tribunal podrá contrastar esas razones con las que en Derecho procedan, dentro del ámbito del recurso.

CUARTO.- En segundo lugar, y para despejar el camino hacia el conocimiento de la pretensión, ha de señalarse que la impugnación que la apelada dice realizar en su escrito de oposición al recurso, no es tal.

En efecto, la impugnación de la sentencia, como antes la adhesión al recurso, supone un recurso independiente y autónomo que la parte, inicialmente apelada, decide interponer a la vista del que utilizó el apelante principal. Es, pues, un recurso de apelación, cuya única característica es estar supeditado en su interposición a lo que haga la parte contraria, pero una vez interpuesto, tiene plena autonomía e independencia. Como tal recurso, ha de darse contra el fallo de la sentencia, y no contra los razonamientos ni aun contra las omisiones que puedan contener los fundamentos de la sentencia recurrida, de manera que, de una u otra forma, la parte que impugna la sentencia debe solicitar la modificación de su parte dispositiva, para lo cual, además, ha de tener el suficiente gravamen, medida por la diferencia entre lo solicitado en la instancia y el contenido del fallo de la sentencia.

Nada de esto se hace en el escrito de impugnación, en el que se pretende que se tenga en cuenta tanto la alegada falta de prueba de la autoría de los pagos, con la consiguiente falta de legitimación activa, como la importancia y el importe a que ascendieron las obras de reparación.

Tanto uno como otro extremo, omitidos en los parcos razonamientos que se integran en la sentencia a través del Auto subsiguiente, no son materia propia de impugnación, sino de oposición al, recurso, extremos que, naturalmente y habida cuenta de la naturaleza de la pretensión ejercitada, habar de examinar este Tribunal.

Así pues, la impugnación es inadmisible, lo que en este trance la convierte en desestimable, debiendo correr la presunta impugnante con las costas causadas por tal motivo, al introducir un trámite inútil e inoperante ( artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

QUINTO.- En cuanto al fondo de la pretensión, lo primero que importa es establecer su naturaleza, habida cuenta de las imprecisiones que esta Sala advierte al respecto.

El supuesto de hecho que se diseña en la demanda es de simple enunciado: el promotor, que concluyó con la constructora un contrato de obra "llave en mano", y que se ha visto condenado y compelido al pago de determinadas cantidades por exigencia de terceros perjudicados debidas a vicios constructivos, reclama a la constructora, con base el contrato que entre ellas existe, la reintegración de esas cantidades.

Es importante retener que la pretensión se basa en el contrato, y no exclusivamente en la Ley. La cita de la Ley de Ordenación de la Edificación no cambia la naturaleza de aquella pretensión.

En efecto esta Ley, conforme a su propia génesis y finalidad, regula las relaciones de los adquirientes del producto terminado con los agentes de la construcción, con muchos de los cuales no tienen relación contractual. Por eso, se establecen en la misma las responsabilidades de cada uno de estos frente a esos terceros, pero dejando siempre a salvo las que puedan derivar del contrato que exista entre demandante y demandado (artículo 17.1, primer inciso).

Por otra parte, cuando la Ley menciona el derecho de repetición, para fijarle un determinado plazo de prescripción (artículo 18.2), no define el contenido de ese derecho, de modo que habrá de acudirse, para determinar su regulación, a las normas que le sean aplicables.

Si entre las partes en que se entabla el proceso en que se ejercite la repetición existió un contrato, éste será el que regule el contenido de aquel derecho.

Por ello, no son pertinentes a este caso las referencias a la abusividad de cláusulas contractuales, contenidas, por lo demás, en una convención concluida entre empresarios del mismo sector, ni al carácter imperativo de la Ley de Ordenación de la Edificación, que sólo se da en la relación del adquirente con un agente de la edificación, y no en la relación entre estos agentes cuando media contrato

Por tanto nos atendremos al contrato que se aporta con la demanda como documento nº 1 para resolver la pretensión en este proceso ejercitada.

SEXTO.- La segunda cuestión jurídica, objeto de un amplio debate en ambas instancia, es la operatividad que tengan las sentencias dictadas en el procedimiento ordinario seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº 13 de Bilbao, y la dictada por la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Vizcaya, en grado de apelación.

Al respecto, la jurisprudencia, ya muy consolidada, define el "efecto indirecto" que la sentencia dictada en el proceso en que lo adquirentes reclaman por vicios constructivos, produce en los llamados al proceso a instancia del demandado.

Así la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2021, con cita de la Sentencia de Pleno 538/2012, de 26 de septiembre, emitida sobre las cuestiones generales de la Disposición Adicional 7.ª LOE, menciona lo que llama "efecto indirecto" y precisa cómo debe interpretarse la oponibilidad y ejecutividad del fallo con respecto al tercero:

"La situación del tercero que no ha sido demandado es la posición de quien está al cuidado del litigio, como sujeto interesado al que, sin soportar la acción, la LEC le permite una actividad en el proceso dirigida a conseguir que este tenga un resultado lo menos adverso posible para los intereses del tercero que puedan verse afectados de forma refleja, con la función de precaverse de la gestión procesal de la parte correspondiente.

"...la oponibilidad y ejecutividad del fallo de la sentencia, a que se refiere la disposición transcrita, supone, de un lado, que quedará vinculado por las declaraciones que se hagan en la sentencia a propósito de su actuación en el proceso constructivo, en el sentido de que en un juicio posterior no podrá alegar que resulta ajeno a lo realizado y, de otro, que únicamente podrá ejecutarse la sentencia cuando se den los presupuestos procesales para ello, lo que no es posible cuando ninguna acción se dirige frente a quien fue llamado al proceso y como tal no puede figurar como condenado ni como absuelto en la parte dispositiva de la sentencia".

Lo que corrobora la más reciente sentencia de pleno 459/2020 , FDD 3. º, Apartado 6:

"En este caso, al tratarse de la aplicación de la Disposición Adicional 7.ª de la LOE , sin que los terceros impugnantes se hayan constituido formalmente en parte demandada, al no postular la comunidad de propietarios actora que la demanda se dirija contra ellos, y, por lo tanto, no ser factible su absolución o condena; el concepto de perjuicio para impugnar la sentencia adquiere unas connotaciones específicas, derivadas del hecho de que, conforme a la jurisprudencia de esta sala, los referidos terceros quedarán vinculados por las declaraciones que se hagan en la sentencia de apelación a propósito de su actuación en el proceso constructivo, en el sentido de que en un juicio posterior no podrán alegar que resultan ajenos a lo ejecutado".

En el mismo sentido destacan las sentencias 760/2014, de 8 de enero de 2015 , y 1364/2006, de 29 de diciembre .

Por último, el principal interés que tendrá el demandado que pidió la intervención no es solo la parte dispositiva de la sentencia dictada en su contra (su propia condena) sino los presupuestos fácticos y jurídicos que han conducido a ésta. Sobre todo, "constituir el pronunciamiento recaído en presupuesto para que, al ejercitar el derecho de regreso o repetición de que se crea asistido frente a los co-responsables, éstos no puedan desconocer el contenido de aquél, controvirtiendo la corrección de la valoración fáctica y de la interpretación y aplicación del derecho efectuadas por el juez en esa resolución (exceptio male iudicati processus); o cuestionando el modo en que condujo y desarrolló la defensa el demandado en aquél (exceptio male gesti processus)" ( sentencia 409/2021, de 17 de junio )".

SEPTIMO.- Conforme a esta doctrina, la demandada no puede desconocer ni su intervención en el proceso constructivo, ni la apreciación de vicios y defectos que se hizo en la sentencia firme del proceso anterior, ni aun siquiera la distribución de responsabilidad que, implícita o explícitamente, se deriva de sus fundamentos.

Y nos referimos exclusivamente a la sentencia de primera instancia, pues la de apelación no hizo declaración ni rectificación alguna sino que llegó a la conclusión de la falta de gravamen de la hoy demandada y allí interviniente para apelar, de manera que quedó confirmada aquella sentencia primera sentencia. Y, como se desprende del silencio de las partes al respecto, contra la sentencia de apelación no se interpuso por la interviniente recurrente ningún otro recurso.

Las reiteradas afirmaciones que la sentencia de segundo grado hace a que la resolución del proceso no sería oponible ni ejecutable, no sin sino parte de su razonamiento que no pasa en autoridad de cosa juzgada, pues lo único que produce ese efecto es el fallo o parte dispositiva de la sentencia.

Los razonamientos de aquella sentencia están, por lo demás, en contraposición con la reiterada doctrina del Tribunal Supremo, en torno a la oponibilidad de la sentencia en un proceso posterior seguido contra el que en el anterior fue interviniente.

En aquel proceso, la ahora demandada tuvo ocasión, y así lo hizo, de contradecir la existencia de los defectos y la responsabilidad por los mismos, y concluyó en primera instancia por una sentencia que tuvo en cuenta esos factores, que ahora no pueden ser desconocidos por este Tribunal, conforme a la doctrina expuesta en las citadas Sentencias del Tribunal Supremo.

Por tanto partimos de lo que en el fundamento de derecho segundo de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 13 de Bilbao se expone.

Por lo mismo, el informe pericial de la demandada no se atiene a la naturaleza de la pretensión aquí ejercitada y a la vinculación producida por la sentencia del proceso en que ésta fue interviniente, tratando de revivir el alcance de las obras de reparación, cuando ahora lo que cabe discutir no es ese extremo sino el deber de la demandada de soportar su coste, por ser ella, y no la demandante, la verdadera responsable.

OCTAVO.- La base de la pretensión está en el contrato suscrito entre promotora y constructora (documento nº 1 de la demanda). Así se reiteró por el Letrado de la demandante en la audiencia previa.

Este contrato configura un encargo de ejecución de obra bajo la modalidad de "llave en mano", en el cual el constructor asume la realización íntegra de todos los elementos precisos para la obtención del resultado con el nivel de calidad exigido en el contrato, o, en caso de no estar definido, en las condiciones que sean propias de la naturaleza del mismo ( artículo 1.258 de Código Civil).

Esa modalidad, sin embargo, admite modulaciones por las partes de manera que puede incluir tanto el nombramiento de los técnicos por el constructor o la asunción por éste de los que la promotora haya designado.

Esta circunstancia tendrá efecto directo en la responsabilidad de la constructora por los vicios del proyecto o de la dirección facultativa de la obra, pues si los técnicos fueron designados por ella, deberá responder frente al promotor por la denominada culpa in eligendo, al tratarse de vicios derivados de los medios personales incluidos en la realización de su prestación. Pero si los nombró la promotora, y ésta fue la que aportó el proyecto, no podrá exigir a la constructora la responsabilidad por vicios derivados, exclusivamente y sin culpa alguna de ésta, del proyecto o de la dirección técnica de la obra.

En este caso, de la cláusula tercera del contrato se desprende, inequívocamente, que el proyecto fue encargado por la demandante y el Arquitecto autor del mismo, también fue designado por ella.

NOVENO.- Y, finalmente, tratándose de una acción de responsabilidad contractual se exige la concurrencia de los presupuestos que la definen: un incumplimiento, por acción u omisión, de alguna de las obligaciones asumidas ex contractu, del que, en adecuada relación causal, se derive un daño. Dándose el incumplimiento, la responsabilidad en cierto modo se objetiviza, pues, aunque se exija la culpa o el dolo, aquella se entiende ínsita en el propio incumplimiento, a no ser que la deudora pruebe que concurre caso fortuito que anule la culpa.

En este caso, el incumplimiento queda acreditado en la sentencia del Juzgado nº 13 de Bilbao, pues la entrega de una obra con vicios o defectos constructivos tan importantes como los que recoge dicha resolución es muestra inequívoca de no haber alcanzado el resultado previsto en el contrato.

En cuanto al daño, en este caso está integrado tanto por la cantidad que haya pagado la demandante por la reclamación estimada de los compradores, como por las deudas que graven su patrimonio a consecuencia del mismo hecho. Se incluye tanto lo efectivamente pagado como lo que haya sido pagado por otro siempre que lo sea por un concepto que obligue a la demandante a devolver las correspondientes cantidades.

En definitiva el daño producido a la demandante se concreta en la cantidad pagada por vicios o defectos cuya responsabilidad, en último término, corresponde a la constructora, como las deudas que la demandante haya contraído por igual motivo.

Uno y otro concepto constituyen el límite repercutible, siendo esa cifra la máxima que puede reclamar a la demandada.

Y por ello, y en cuanto a los pagos efectivamente realizados por la demandante, tienen que gravar su patrimonio, bien por deudas asumidas por ella bien porque el pago dinerario haya salido de su peculio.

Así pues, examinada la prueba practicada, y en especial, la certificación del Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado nº 13 de Bilbao, aportada con el escrito de oposición a la apelación (que no es sino recopilación fehaciente de los distintos pagos que la demandante había acreditado) se aprecia que la suma de 17.136,76 euros se aportó y pagó por Seguros Generali, y no se revela ni se explica que eso haya repercutido de algina forma en el patrimonio de la demandante, de manera que la misma queda excluida de la posibilidad de ser repetida contra la demandada, desestimando la pretensión en esa proporción.

No ocurre así con la cantidad de 1.511.744,58 euros pagada por Sacyr, Gestión de Activos, que efectivamente es un pago hecho por cuenta e interés de la demandante, mediante un préstamo entre empresas del mismo grupo al que las dos pertenecen, tal y como aclaró Don Alfredo, representante de Sacyr, en su declaración en juicio.

Así pues, el límite a considerar es el de 1.758.002,99 euros.

Todo lo expuesto implica necesariamente, la desestimación de la excepción de falta de legitimación activa que oponía la demandada, en cuanto se ceñirá la sentencia al daño efectivamente sufrido por la demandante, para cuya reclamación ésta está jurídicamente investida por el contrato.

Y además, hace irrelevante comprobar cuál haya sido finalmente el coste de las obras de reparación, tanto más cuanto, en un determinado estado de la ejecución, la demandante satisfizo el precio de la obligación de hacer que se le impuso en la sentencia, coste para cuyo pago se hizo el ingreso referido por la Compañía Sacyr Gestión de Activos que se acaba de cimentar.

DECIMO.- Llegados a este punto, procede comprobar los vicios apreciados, y su importancia económica.

Así, siguiendo el pormenorizado dictamen pericial realizado por Don Victor Manuel (documento 15 de la demanda) explicado en el juicio de manera exhaustiva, partimos de los vicios apreciados en la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 13 de Bilbao y de su valoración. A su propia redacción nos remitimos, y en especial, a las páginas 31 y 32.

Se imputan a la demandada el coste de las reparaciones de vicios de los que, según la citada sentencia, sea ella la causante y responsable, bien en exclusiva bien en conjunción con otros agentes, pues de todos ellos, conforme al contrato, responde frente a la demandante, sin perjuicio de que pueda repetir luego, si ello fuera procedente, en esos otros agentes la parte que les pueda corresponder, dado que, cuando un daño es resultado de varios causantes sin posibilidad de especificar su cuota de responsabilidad, surge la solidaridad.

En este sentido, se incluyen todos los vicios, a excepción de los descritos en los apartados B) 1.1. (entrada de agua al interior del portal), C.1.3) (humedades en sótano provenientes de fachada), D.1 (humedades de cubierta ajardinada provenientes del proyecto) y G.1 (peligro de caída en estanque interior), con valor respectivo de 59.910,22 euros, 3.835,41 euros, 10.994,03 euros, y 22.896,72 euros, lo que da un total de 97.636,38 euros.

Tal cantidad, relativa a vicios no imputables a la demandada, sino al Arquitecto que no fue por ella designado, se ha de restar de la reclamación total, de forma que da un resultado de 1.677.503,37 euros (que no supera el límite que representan los pagos efectuados por la demandante o por cuenta de ella), a cuyo pago se ha de condenar, conforme a o todo lo expuesto, a la demandada.

DECIMOPRIMERO.- No se puede apreciar la solidaridad entre constructora y Arquitecto que la demandante trata de extraer de la cláusula tercera, transcrita, en la parte que interesa, en el primer fundamento de esta sentencia.

Esa cláusula no revela asunción alguna de responsabilidad por los vicios del proyecto que no encargó ella, sino que fue realizado por un técnico que tampoco designó.

No se establece expresamente la solidaridad, y tampoco se deduce del tenor de la cláusula ni de cualquiera de los métodos de interpretación que pueden aplicarse a la misma.

El contrato de ejecución de obra llave en mano no obliga más allá de lo que el mismo contenga y de las consecuencias necesarias, pero no incluye la responsabilidad por el hecho ajeno cuando no hay vínculo alguno entre el autor de ese hecho y el constructor al que se reclama.

Por tanto, los vicios exclusivamente imputables al proyecto y a las soluciones arquitectónicas, en las que no medió actuación alguna de la demandada, no pueden ser fuente de obligación para ella.

DECIMOSEGUNDO.- Finalmente, en cuanto a la autoría de los pagos, y en relación a la certificación expedida por Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 13 de Bilbao que la demandada aporta con su oposición al recurso, hemos de reiterar que siendo la acción ejercitada de naturaleza resarcitoria, que tiende a obtener la indemnización vinculada al incumplimiento del contrato por la demandada, la cuestión no es tan relevante como ésta pretende.

Y ello por la confusión de la acción de repetición o regreso con la pretensión que la nutre- Ya se dijo que la posibilidad de regreso es genérica, en cuanto sólo abre el paso a reclamar pero luego tiene que ser integrada con las normas que disciplinen esa acción, normas que, tratándose de la denuncia de incumplimiento contractual, son las de responsabilidad de este orden. Por tanto, lo que se reclama es por el daño sufrido en el patrimonio de la demandante, concepto que tiene en cuenta no sólo lo que ha tenido que desembolsar de forma personal y efectiva sino también las deudas que, por la obligación impuesta en la tan citada sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 13 de Bilbao, quedan en su patrimonio.

Por ello, la pretensión es estimable, aun cuando algunos pagos, y siguiendo la certificación del Juzgado, no conste quién los haya hecho. Podemos afirmar que no los ha hecho esta demandada, pese a ser la responsable, y que, ninguna otra entidad o persona ha mostrado interés en realizarlos, de modo que cabe establecer que se hicieron por la demandante o por su orden.

DECIMOTERCERO.- Procede acoger en parte el recurso y la demanda, condenando a la demandada a abonar a la demandante la cantidad de 1.677.503,37 euros, así como los intereses legales desde la presentación de la demanda ( artículos 1.100 y 1.108 del Código Civil), y los procesales ( artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) desde la notificación de esta sentencia de segunda instancia.

DECIMOCUARTO.- Las costas de la primera instancia no serán objeto de imposición expresa, al ser acogida en parte la demanda ( artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Las del recurso de apelación principal, al ser estimado parcialmente, tampoco serán objeto de imposición expresa ( artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Conforme a este artículo, las costas de la impugnación de la sentencia, como ya dijimos, al ser inadmisible e infundada, se impondrán a la demandada.

DECIMOQUINTO.- En materia de recursos, conforme a las disposiciones de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, reformada por Ley 37/2011, de 10 de octubre se informará que cabe recurso por infracción procesal y de casación, siempre que se apoye inexcusablemente en el motivo definido en el artículo 477.2.2º.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que nos confiere la Constitución de la Nación Española,