Sentencia Civil 294/2024 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 32, Rec. 428/2023 de 20 de junio del 2024

Se aceptan los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida.

PRIMERO.-La demandante ejercitó acción de reclamación de cantidad e intereses moratorios pactados con fundamento en el contrato de reconocimiento de deuda suscrito por las partes el 15 de junio de 2007, en el que, según se relataba en la demanda, la demandada reconocía adeudar la suma de 7.782,86 euros a amortizar en veinticuatro plazos mensuales de 324,28 euros cada uno, a abonar dentro de los siete primeros días naturales de cada uno de los meses comprendidos entre julio de 2007 y junio de 2009, ambos inclusive, mediante ingreso o transferencia bancaria en la cuenta corriente nº (...) NUM000, abierta a nombre de la demandante, en la sucursal nº (...) de la entidad de crédito La Caixa, pactándose que el impago de cualquiera de los plazos establecidos generaría, sin necesidad de requerimiento de clase alguna, un interés del 8% anual, que junto con el importe del plazo impagado debería abonarse en la misma forma establecida para el abono de los plazos convenidos, generando el incumplimiento de pago en los plazos convenidos, al haber satisfecho la demandada un único pago a la demandante en la cuenta designada, el primero de 324,28 euros en fecha 12 de julio de 2007, unos intereses hasta el 7 de junio de 2009 de 596,71 euros y a partir del 7 de julio de 2009 hasta el 23 de marzo de 2018 unos intereses de 5.151,02 euros, por lo que la deuda reclamada a fecha de interposición de la demanda asciende a 13.206,17 euros, más los intereses de demora sobre el principal de la deuda de 7.458,44 euros que continuaban devengándose desde el 23 de marzo de 2018.

SEGUNDO.-La demandada se opuso a la demanda alegando que no reconoce ser deudora porque desconoce el documento, no reconoce ninguna de las dos firmas que como suyas aparecen en el mismo, no están firmadas todas la hojas y el documento está plagado de errores; que la acción ha prescrito conforme al artículo 1964 del CC, ya que el documento está presuntamente firmado en 2007 y la demanda se interpone en 2018; que los intereses que se dicen pactados duplican la deuda -en los fundamentos de derecho alude a que los intereses están sujetos a la Ley de Represión de la Usura y cita una sentencia del Tribunal Supremo- y, además, se incurre en anatocismo al capitalizar intereses; que se produce retraso desleal en la reclamación; que la causa es "ilícita" porque no se expresa la relación entre las partes que motiva esa deuda -en el suplico de la contestación a la demanda hace referencia también a falsedad de la causa sin desarrollo alguno en el cuerpo del escrito-; y, finalmente, que de estimarse la demanda se produciría enriquecimiento injusto de la demandante porque nada se le adeuda.

TERCERO.-La sentencia dictada en la primera instancia estima íntegramente la demanda, razonando, en lo sustancial, lo siguiente: la demandada no ha alegado en contestación a la demanda la usura de los intereses y su referencia a ella en conclusiones es extemporánea, si bien se añade que la Ley de Represión de la Usura solo es aplicable a los intereses remuneratorios, no a los de demora, que son los pactados en el contrato; la acción no está prescrita ya que el plazo vencía el 7 de octubre de 2020 y la demanda se ha interpuesto el 23 de marzo de 2018; en cuanto a la alegación de falsedad de la firma, la propia demandada no ha comparecido a la realización del cuerpo de escritura necesario para la realización del informe, y ello unido a la falta de denuncia penal acerca de esa extremo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 LEC, obliga a desestimar ese motivo de oposición; en cuanto a la ilicitud de la causa no se explica ni se acredita y lo que viene a sostenerse en la contestación a la demanda es la ausencia de causa, por lo que conforme a lo dispuesto en el artículo 1277 del CC y el artículo 217 de la LEC es a la demandada a quien le corresponde acreditar esa inexistencia o falsedad de la causa, pues aunque no se exprese la causa en el contrato, se presume que existe y que es lícita mientras no se demuestre lo contrario y se exprese o no en el reconocimiento efectuado, desde el punto de vista probatorio, el deudor, que afirme la inexistencia de la causa, deberá pechar con la carga de la prueba, dada la presunción iuris tantum que contiene dicho precepto; conforme a lo anterior, de la valoración conjunta de la prueba practicada, en concreto de la documental aportada en el acto de la audiencia previa, la testifical, el contenido del oficio remitido por la entidad La Caixa constatando la transferencia a la cuenta de la demandante ordenada por la demandada en fecha 12 de julio de 2007 en concepto de "reconocimiento de deuda", y la falta de explicaciones de la propia demandada en el interrogatorio y sus respuestas evasivas, conducen a desestimar esa causa de oposición, y estimar que la causa del reconocimiento era el contrato de venta de participaciones de fecha 11 de febrero de 2004 aportado en el acto de la audiencia previa; acreditada la deuda, la demandada venía obligada a probar el pago, y no habiéndolo hecho debe ser condenada al pago de la deuda reclamada; no cabe apreciar retraso desleal en la reclamación judicial porque el mero transcurso del tiempo no es suficiente para su apreciación y la concurrencia del requisito exigido de creación de una confianza legítima en la otra parte de que no se ejercitará, no se ha justificado, al no constar que la actora haya verificado ninguna actuación en el periodo de tiempo transcurrido desde que se firmó el reconocimiento de deuda hasta la interposición de la demanda, de la que pueda deducirse que ha renunciado a la reclamación dineraria o condonado la deuda; la capitalización de los intereses de demora y su acumulación al capital, pasando a devengar nuevos intereses, es pacto entre dos particulares amparado por la libertad de pactos consagrada en el artículo 1.255 del CC, siendo compatible el anatocismo legal con el convencional, conforme al artículo 1.109 del CC; y, en consecuencia, condena a la demandada a abonar a la actora la cantidad de 13.206,17 euros, más los intereses que devengue el principal de 7.458,44 euros, desde el 23 de marzo de 2018 en adelante, al tipo pactado del 8%, así como al pago de las costas que expresamente impone a la demandada.

CUARTO.-La demandada interpone recurso de apelación contra dicha sentencia alegando:

1.- Se rechaza por el juzgador de plano el carácter usurario de los intereses por ser alegación extemporánea cuando en la contestación a la demanda se aludía a su desproporción y a la Ley de Represión de la Usura, con cita de una sentencia del Tribunal Supremo.

2.- Se resuelve sobre la ausencia de prueba caligráfica de manera telegráfica y sin motivación, tratándose de un medio esencial de prueba que fue propuesto tempestivamente, y si no acudió la demandada a la realización del cuerpo de escritura fue porque estaba enferma y los profesionales no fueron advertidos de la fecha señalada para ello.

3.- No se ha valorado el suplico de la contestación, que contenía pretensiones subsidiarias, y no se entra a analizar cada una de ellas, cuando el reconocimiento de deuda, que se desconoce, así como su firma, no tiene causa, el contrato que se aportó en la audiencia previa para justificar la relación contractual, no es el de venta de participaciones a la demandada, sino que es un contrato que señala que se van a vender unas participaciones de una sociedad, sociedad que reconoce adeudar una suma a la demandante, y esta no ha acreditado la venta de las participaciones.

4.- Se debía apreciar retraso desleal por el lapso de casi 11 años (no de 9, como dice la sentencia, pues desde junio de 2007 en que se dice firmado el contrato hasta marzo de 2018 transcurrieron casi 11 años), entre ese supuesto documento (cuya firma se niega) y el ejercicio de la acción judicial, al encontrar su fundamento en la doctrina del abuso de derecho.

5.- Los intereses moratorios se capitalizan en la reclamación de la actora y la sentencia valida dicha forma de calcular los intereses, así como su solicitud por parte de la demandante, cuando es evidente que es una sanción desproporcionada que, a la postre, acaba incurriendo en usura, pues un principal de 7.782,86 euros pasa a convertirse en uno de 13.206,17 euros, es decir, que casi lo duplica, a lo que se añade el efecto de no haberse reclamado durante 11 años la supuesta deuda.

QUINTO.-Por auto de esta sala de 1 de junio de 2023, firme al no recurrirse en reposición por la parte apelante, se denegó la prueba pericial caligráfica que había sido propuesta en el escrito de recurso de apelación, al amparo del artículo 460.2. 2ª de la LEC para su práctica en esta segunda instancia, por no encontrarse en el supuesto previsto en el precepto, con fundamento en lo siguiente:

"(...). Revisadas las actuaciones resulta que se acordó en el proceso principal la práctica de prueba pericial caligráfica, solicitándose por la parte apelante que se librara exhorto al Juzgado de Primera Instancia de La Coruña a efecto de que formara cuerpo de escritura, lo que se acordó en virtud de diligencia de ordenación de 13 de diciembre de 2021, constando que fue entregada dicha citación a tenor de la diligencia de ordenación de 20 de enero de 2022 y el justificante de correos y figurando una diligencia de constancia del Juzgado de Primera Instancia 1 de Madrid en el que en relación a la citación para realizar el cuerpo de escritura se hace constar que se comunica por el Juzgado de Primera Instancia 13 de La Coruña, que habiéndole citado en varias ocasiones para realizar el mismo, sin que se le pudiera localizar en la primera ocasión, en otras dos ocasiones se ha intentado la notificación y fue recogida personalmente por la apelante, sin que se personase a dicho fin, lo que determina que no quepa acordar la prueba pericial caligráfica solicitada ya que ha de considerarse que no se ha practicado por causa imputable a la apelante, tal y como se refleja en la diligencia de constancia de 18 de octubre de 2022, dictada por Juzgado de Primera Instancia 1 de Madrid, atendiendo a que no se ha acreditado que dicha incomparecencia tuviera una causa justificada, como puede ser la enfermedad invocada por la parte apelante".

En consecuencia, la práctica de la prueba pericial caligráfica no se realizó por causa imputable a la demandada, y es esta quien debe soportar las consecuencias de la ausencia de prueba sobre la falsedad de la firma estampada en el documento de reconocimiento de deuda y, en consecuencia, habiéndose impugnado por la demandada el documento, su valoración debía realizarse conforme a las reglas de la sana crítica y conjuntamente con el resto de las pruebas practicadas ( artículo 326 de la LEC) .

A lo anterior debe añadirse que la demandada nunca ha dado explicación al acto de ratificación expresa del documento de reconocimiento de deuda consistente en el pago del primer plazo en las condiciones establecidas en tal documento y que resulta del documento aportado con la demanda y del oficio de la entidad bancaria La Caixa, remitido en periodo probatorio, constatando la transferencia a la cuenta de la demandante, de igual numeración a la recogida en el documento de reconocimiento de deuda de 15 de junio de 2007 y ordenada por la demandada en fecha 12 de julio de 2007 por importe de 324,28 euros en concepto de "reconocimiento de deuda".

SEXTO.-La invocación de intereses "desproporcionados" en la contestación a la demanda no se desarrollaba en absoluto, de ahí que pasara desapercibido para la juzgadora de primera instancia la cita de la Ley de Represión de la Usura y de la sentencia del Tribunal Supremo que refiere la apelante, considerando que se había alegado por primera vez en las conclusiones realizadas en el acto del juicio.

En cualquier caso, la sentencia apelada contiene una motivación expresa sobre la improcedencia del motivo de oposición que reitera la demandada en el recurso, cual es, que la Ley de Represión de la Usura es únicamente aplicable a los intereses remuneratorios, no moratorios, que son los pactados en el documento de reconocimiento de deuda, lo que se comparte por esta sala.

Así resulta del artículo 1 de la Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios: "Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales. Será igualmente nulo el contrato en que se suponga recibida mayor cantidad que la verdaderamente entregada, cualesquiera que sean su entidad y circunstancias. (...)".

La jurisprudencia descarta la aplicación de la Ley de Represión de la Usura a los intereses moratorios que, por tanto, solo pueden tomarse en consideración como un dato que, añadido a otros (simulación de la cantidad entregada, plazo de devolución, anticipo o tipo de los intereses remuneratorios), justifiquen la calificación de la operación como usuraria ( STS nº 412/2019, de 9 de julio).

La referida sentencia del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2019 reiterando anterior doctrina señala:

"(...) es jurisprudencia de esta Sala, la que viene sosteniendo la inaplicabilidad de la Ley de Usura a los intereses moratorios, en este sentido la reciente sentencia 189/2019, de 27 de marzo , que reproduce la doctrina que compendia la sentencia 132/2019, de 5 de marzo , cuando declara que:

"Como regla general, la jurisprudencia de esta sala, representada, verbigracia, por las sentencias 869/2001, de 2 de octubre ; 430/2009, de 4 de junio ; y 709/2011, de 26 de octubre , considera que, dada la distinta naturaleza de los intereses remuneratorios y los moratorios, a éstos últimos no se les debe aplicar la Ley de Usura, pues cuando en ella se habla de intereses se hace referencia a los retributivos, ya que hay que contar con el carácter bilateral de la obligación y la equitativa equivalencia de las prestaciones de los sujetos de una relación jurídica que es bilateral, onerosa y conmutativa, en la que el interés remuneratorio es el precio del préstamo ( sentencia 44/2019, de 23 de enero ). Mientras que los intereses moratorios sancionan un incumplimiento del deudor jurídicamente censurable, y su aplicación tanto sirve para reparar, sin la complicación de una prueba exhaustiva y completa, el daño que el acreedor ha recibido, como para constituir un estímulo que impulse al deudor al cumplimiento voluntario, ante la gravedad del perjuicio que le producirían el impago o la mora.

"No obstante, en algún caso ( sentencias 422/2002, de 7 de mayo , y 677/2014, de 2 de diciembre ), también se han reputado usurarios los intereses moratorios, pero no aisladamente considerados, sino como un dato más entre un conjunto de circunstancias que conducen a calificar como usurario el contrato de préstamo en sí: la simulación de la cantidad entregada, el plazo de devolución del préstamo, el anticipo del pago de los intereses remuneratorios, el tipo de tales intereses remuneratorios, etc.".

En definitiva, el carácter usurario solo cabe predicarse del interés remuneratorio o retributivo del dinero, lo que no cabía alegar en este caso, porque lo pactado es un interés de demora o moratorio (en función penalizadora del incumplimiento del deudor).

SÉPTIMO.-La sentencia apelada ha aplicado de forma debida la doctrina jurisprudencial recogida en la sentencia del Tribunal Supremo nº 412/2019, de 9 de julio, en la que se señala:

"(...) No ha de ofrecer duda que, con carácter general, el reconocimiento de deuda ha de vincular a quien lo lleva a efecto, siendo manifestación de lo expuesto la STS 257/2008, de 16 de abril , cuando se refiere al efecto vinculante que el reconocimiento tiene para el deudor, nacido directamente de este negocio jurídico.

En el mismo sentido, y presumiendo la existencia de causa, se manifiesta la más reciente STS 113/2016, de 1 de marzo , la cual, tras reproducir lo afirmado en la STS 138/2010, de 8 de marzo , según la cual: "El reconocimiento de deuda vincula a quien lo realiza y, en atención a lo prevenido en el artículo 1277 del Código Civil ha de presumirse que su causa existe y es lícita, en tanto el deudor (con inversión de la norma general sobre carga de la prueba) no demuestre lo contrario", continúa afirmando que: "[...] presupone la realidad de la deuda que reconoce, que se considera existente contra el que las reconoce, vinculante para el que lo hace, con efecto probatorio, tal como dicen explícitamente las sentencias del 28 septiembre 2001 , 24 junio 2004 , 21 marzo 2013 ".

Y esta última STS 222/2013, de 21 de marzo , con referencia a las SSTS de 8 de junio de 1999 y 17 de noviembre de 2006 , define el reconocimiento como "el negocio jurídico unilateral por el que el sujeto declara la existencia de una deuda previamente contraída, que, en este caso, la causa se halla plenamente expresada, reconocimiento causal que contemplan las sentencias de 1 de marzo de 2002 y 14 junio 2004 y que vincula a quien lo realiza, como precisa la sentencia de 8 marzo 2010 ".

Pues bien, en el presente supuesto, al igual que en el caso analizado por la sentencia del Tribunal Supremo citada, el reconocimiento de deuda de la demandada no expresa la causa, toda vez que no figura expresamente mencionada en el propio documento privado de reconocimiento, si bien hace referencia a una deuda preexistente nacida en 2004 que, como luego se analizará, entronca directamente con la relación negocial mantenida por las partes y que la demandada había manifestado inexistente, siendo por lo tanto de aplicación lo dispuesto en el artículo 1.277 del CC, que permite a la parte demandada "enervar su fuerza vinculante, demostrando la inexistencia de la causa, pero sufriendo las consecuencias de la insuficiencia probatoria ( art. 217 LEC) ".

Por ello, en este caso, habiendo reconocido la demandada la deuda en el documento aportado, cuya autenticidad debía tenerse por justificada valorando conjuntamente y conforme a las reglas de la sana crítica la prueba testifical (don Salvador, ex cuñado de la demandante que puso en contacto a las partes litigantes), interrogatorio de la demandada (cuyas respuestas evasivas fueron reiteradas) y prueba documental, en la suma de 7.782,86 euros, de la que solo pagó el primer plazo establecido, como resulta del documento aportado con la demanda y del oficio remitido por La Caixa en periodo probatorio confirmando la realidad de la transferencia y circunstancias, "en principio, tal acto jurídico le vincula, y para desligarse de sus efectos debe dar una explicación razonable de tal proceder".

Ninguna explicación razonable dio la demandada, limitándose a manifestar que no conocía el documento, que no recordaba haber firmado semejante documento y que no era suya la firma estampada en el mismo, para en el interrogatorio de parte reiterar que no recordaba haber mantenido relaciones laborales con la demandante aunque sí personales, cuando la existencia de relaciones comerciales entre las partes (societarias, que, por otra parte, era lo que expresaba el documento de reconocimiento de deuda) quedó acreditada con los documentos aportados por la demandante en la audiencia previa, debidamente admitidos por el juzgador al amparo del artículo 265.3 de la LEC, por cuanto trataban de contradecir la alegación de la demandada de inexistencia de causa cuya prueba estaba a cargo de la demandada y no de la demandante, puesto que los documentos fundamentales para las pretensiones de la demandante (el reconocimiento de deuda y el pago del primer plazo por la demandada en la cuenta reflejada en el reconocimiento de deuda con mención específica a este) se habían aportado con la demanda ( artículo 265.1.1º de la LEC) ; de modo que la demandada no podía desvincularse del reconocimiento de deuda.

Aún más, la demandante acreditó la existencia de aquellas relaciones comerciales negadas por la demandada como origen del documento de reconocimiento de deuda, consistentes en un contrato de transmisión de participaciones sociales de 11 de febrero de 2004, pues aunque es cierto que no se aportó el documento público de transmisión, se aportó un documento privado en el que se recoge que la aquí demandante va a transmitir a la demandada las participaciones de una sociedad de las que es titular la primera y que como la sociedad tiene una deuda con ella de 6.953,46 euros, esta deuda se le devolverá, así como copia del documento público de 11 de febrero de 2004 de protocolización de los acuerdos sociales de 10 de febrero de 2004 sobre cambio de domicilio social de la sociedad, cambio de administradora única -nombramiento de la demandada y cese de la demandante-, etc., lo que fue corroborado por el testigo que prestó testimonio en el acto del juicio, don Salvador, quien añadió que la sociedad había sido constituida en su día por su ex cuñada, que conoció a la demandada por razón de un evento que tuvo que organizar por razón de su cargo, fecha en la cual la demandada gestionaba otra sociedad de manipulación de cartonaje y precisaba ayuda en la gestión administrativa y para esta ayuda puso en contacto a la demandada con su ex cuñada, la demandante; y a aquella deuda de 2004 hace referencia expresa el documento privado de reconocimiento de deuda de 2007.

En consecuencia, opera la presunción de la existencia de causa del artículo 1.277 del CC, que nuevamente se cuestiona en el recurso de apelación sin atender a la valoración de la prueba realizada en la sentencia apelada.

Por otra parte, a la vista de las alegaciones de la recurrente, se recuerda que la sentencia está motivada cuando expresa el proceso lógico jurídico que conduce a la adopción del concreto fallo decisorio, cumpliendo con la doble finalidad de que las partes litigantes conozcan la razón de la decisión adoptada y permita un eventual control jurisdiccional por otro tribunal; y, desde luego, la exigencia de motivación de la sentencia no impone que, en esta, se hayan de combatir uno por uno cada uno de los argumentos alegados por cada una de las partes litigantes, los cuales pueden ser globalmente desechados por otras argumentaciones, dándose adecuado cumplimiento a la exigencia de motivación ( sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo 1082/2004, de 5 de noviembre y 96/2001, de 12 de febrero, entre otras muchas).

En cuanto a este requisito de motivación de las sentencias, el Tribunal Constitucional ha expresado en numerosas ocasiones que la exigencia constitucional de motivación no impone una respuesta pormenorizada, punto por punto, a cada una de las alegaciones de las partes, sino que la respuesta judicial esté fundada en Derecho y que se anude con los extremos sometidos por las partes a debate ( STC 101/92, de 25 de junio), de manera que sólo una motivación que, por arbitraria, fuese inexistente o extremadamente formal quebrantaría el artículo 24 CE ( STC 186/92, de 16 de noviembre).

En el caso presente, la sentencia dictada en la primera instancia expresa el proceso lógico jurídico que conduce a la estimación total de las pretensiones articuladas en la demanda y a la desestimación de la oposición de la demandada y ello resulta, sin necesidad de mayor argumentación, de los fundamentos que conducen al fallo de la sentencia y que se han sintetizado en el fundamento jurídico tercero de la presente resolución.

Por último, debe recordarse que la estimación íntegra de la demanda y desestimación de la oposición de la demandada impide tachar la sentencia de incongruente.

OCTAVO.-El anatocismo viene regulado en el artículo 1.109 del CC y aplicando la doctrina recogida en la STS nº 103/2021, de 25 de febrero, debe recordarse la siguiente:

Este precepto regula el anatocismo legal en el ámbito civil, por contraposición al convencional ( artículo 1255 CC) y al propio del ámbito mercantil, cuya regulación remite al Código de comercio ( artículos 317 a 319 Código de comercio), y en su párrafo primero establece: "Los intereses vencidos devengan el interés legal desde que son judicialmente reclamados, aunque la obligación haya guardado silencio sobre este punto"

Las reglas que rigen la materia conforme a dicho precepto son: la deuda de intereses (remuneratorios o moratorios), una vez vencida, genera intereses "anatocísticos"; estos se devengan al tipo del interés legal; se devengan desde su reclamación judicial; y se generan por el ministerio de la ley, sin necesidad de pacto (lo que no impide el pacto para excluirlos o para someterlos a un régimen distinto).

La STS de 4 junio de 2009 ya argumentó que "(...) el anatocismo, convencional en el presente caso, en que se pactó expresamente en el contrato de préstamo hipotecario, admitido tal como se deduce, a sensu contrario, del artículo 1109, primer párrafo, segundo inciso, del Código civil y se desprende del principio de la autonomía de la voluntad, básico en el Derecho privado y proclamado en el artículo 1255 del Código civil y reconocido en el artículo 317, primer inciso, del Código de Comercio y lo ha reconocido explícitamente la sentencia de esta Sala de 8 de noviembre de 1994 que aquí se reitera y que incluso advierte que es uso mercantil consolidado".

La doctrina es pacífica al señalar que el anatocismo o interés de intereses, acumulación de los intereses vencidos y no pagados al capital para que generen intereses o pacto por el cual los intereses vencidos son susceptibles de capitalizarse, lo que puede tener lugar por disposición legal o convencional, ambas contempladas en el artículo 1.109 del CC, amparándose el pacto de anatocismo en la libertad de pacto del artículo 1255 del mismo texto legal, si bien no tiene una regulación expresa, es válido con los limites generales y especiales de esa libertad de pactos.

La sentencia apelada aplica esta doctrina y viene a concluir que el pacto contenido en la estipulación segunda del documento de reconocimiento de deuda, por el que los intereses moratorios al tipo del 8%, liquidables y exigibles a partir del vencimiento de cada pago aplazado impagado se capitalizan y generan nuevos intereses, es un pacto válido entre las partes por el que se aplica el interés moratorio respecto al impago de cantidades exigibles en concepto de interés, esto es, el devengo de intereses por el incumplimiento de abonar los intereses ya vencidos y exigibles, de modo que el motivo de apelación relativo al pacto de anatocismo debe ser asimismo desestimado, pues lo que no se ha cuestionado es que la concreta liquidación realizada en la demanda hasta esa fecha no se ajuste a lo establecido en el pacto.

NOVENO.-La STS nº 57/2024, de 18 de enero, recoge doctrina anterior consolidada como sigue:

"1.- En las sentencias 159/2014, de 3 de abril, y 474/2018, de 20 de julio (entre otras muchas) hemos caracterizado el abuso del derecho en los siguientes términos:

"La doctrina del abuso de derecho se sustenta en unos límites de orden moral, teleológico y social que pesan sobre el ejercicio de los derechos, y como institución de equidad, exige para poder ser apreciada, una actuación aparentemente correcta que, no obstante, representa en realidad una extralimitación a la que la ley no concede protección alguna, generando efectos negativos (los más corrientes daños y perjuicios), al resultar patente la circunstancia subjetiva de ausencia de finalidad sería y legitima, así como la objetiva de exceso en el ejercicio del derecho, exigiendo su apreciación una base fáctica que proclama las circunstancias objetivas (anormalidad en el ejercicio) y subjetivas (voluntad del perjudicar o ausencia de interés legítimo)".

2.- El motivo denuncia el abuso del derecho desde la perspectiva del retraso en el ejercicio de la acción con la finalidad de obtener una ventaja o un lucro por el transcurso del tiempo. Sobre la incardinación del retraso desleal en el art. 7.2 CC, la sentencia 994/2002, de 22 de octubre, declaró que era contrario a la buena fe el ejercicio de un derecho tan tardío que la otra parte tenía razones para pensar que no iba actuarlo; y la sentencia 872/2011 de 12 de diciembre, estableció que:

"[u]n derecho subjetivo o una pretensión no puede ejercitarse cuando el titular no se ha preocupado durante mucho tiempo de hacerlos valer y ha dado lugar, con su actitud omisiva, a que el adversario de la pretensión pueda esperar objetivamente que ya no se ejercita el derecho".

3.- Para la apreciación del retraso desleal, la actuación de la parte debe ser anterior al término del plazo de prescripción legalmente previsto y, además de una consustancial omisión del ejercicio del derecho y de una inactividad o transcurso dilatado de un periodo de tiempo, requiere una objetiva deslealtad respecto de la confianza suscitada en el deudor de la no reclamación del derecho de crédito ( sentencias 300/2012, de 15 de junio, 530/2016, de 13 septiembre, y 148/2017, de 2 de marzo). De tal manera que para que se pueda estimar la existencia de retraso desleal en el ejercicio de un derecho deben concurrir los presupuestos siguientes: (i) el transcurso de un periodo de tiempo sin ejercitar el derecho, aunque necesariamente ejercitado dentro de plazo prescriptivo o de caducidad de la acción; (ii) la omisión de dicho ejercicio; (iii) la creación de una confianza legítima en la otra parte en que no se va a ejercitar la reclamación; y (iv) una conducta del titular del derecho/acreedor que puede ser calificada como permisiva de la actuación de la otra parte, o que suponga una clara e inequívoca renuncia de su derecho".

En este caso cabe descartar la concurrencia de los dos últimos requisitos, cuya prueba estaba a cargo de la demandada conforme a las reglas establecidas en el artículo 217 de la LEC y cuyos presupuestos no acreditó, cuales son, la creación de una confianza legítima en que la actora no iba a ejercitar la reclamación y la conducta de la demandante que pudiera ser calificada de clara e inequívoca renuncia de su derecho y, por ello, la sentencia recurrida aplica debidamente la doctrina jurisprudencial, puesto que lo relevante no es si los años trascurridos entre el nacimiento del derecho y el ejercicio de la acción se cuentan desde la suscripción del documento, 2007 (más de 10 años hasta la interposición de la demanda en 2018) o desde el vencimiento del último plazo, 2009 (9 años hasta la interposición de la demanda), ya que la sentencia recurrida no declara la falta del primer requisito requerido por la jurisprudencia para la existencia de retraso desleal en la reclamación, sino que lo que argumenta es que no concurre, al menos, el tercero de tales requisitos.

DÉCIMO.-Por lo expuesto, el recurso de apelación interpuesto por doña Yasna debe ser desestimado y, por la desestimación del recurso, la parte apelante ha de ser condenada al pago de las costas causadas en esta alzada, al no apreciarse la concurrencia de especiales circunstancias fácticas o jurídicas que aconsejen abandonar el criterio objetivo del vencimiento ( artículo 398, en relación con el artículo 394, ambos de la LEC) .

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación