Sentencia Civil 526/2022 Audiencia Provincial Civil de Málaga nº 5, Rec. 477/2022 de 13 de diciembre del 2022

PRIMERO.- La entidad actora ejercitan accioŽn de desahucio por precario, como propietaria del inmueble sito en CALLE000 número NUM000 de Humilladero alegando en síntesis : que el referido inmueble se encuentra ocupado contra la voluntad de la actora por persona no identificada quien carece de derecho alguno que habilite tal posesión , no satisfaciendo renta ni merced por tal ocupación , por ello se reclama una sentencia que se declare que los demandados carecen de título alguno y se abstengan en lo sucesivo de obstaculizar la legítima posesión de l finca , procediendo a desocuparla , dejándola libre y expedita , al no tener titulo que se lo permita , reconozca y respete el derecho de propiedad de la actora sobre la finca mencionada , sea apercibida de lanzamiento si no la desaloja y que abonen las costas del presente procedimiento.

Admitida la demanda mediante decreto de 19 de noviembre de 2019 , se acordó el emplazamiento a los ocupantes de la vivienda resultando emplazada en tal concepto Doña Clemencia que se personó en las actuaciones , contestando la demanda , alegando de forma suscinta la falta de legitimación pasiva de la demandada , pues afirma que no ocupa la vivienda cuya recuperación de la posesión pretende la parte actora , sino que vive en la vivienda sita en CALLE001 número NUM001 de Humilladero .

Tras la tramitación pertinente se dicta en la instancia sentencia en la cual se analiza el único motivo de oposición alegado que no es otro que la falta de legitimación pasiva alegada por la demanda , y tras analizar las pruebas practicadas y en concreto la documental concluye que consta acredita la legitimación pasiva de la demandada , pues estamos ante la misma finca, finca registral NUM002 , que aparece descrita como " conjunto edificado de CALLE000 sin número de gobierno (..... y con acceso directo e independiente desde callejón sin nombre oficial aún ," tal como resulta de la anotación simple informativa del Registro de la Propiedad aportado , y que coincide con la reclamación que hizo la anterior propietaria , Buildingcenter , siendo la misma finca registral , con la diferencia de que en ese caso se atendió a la calle por la que entra a la vivienda en cuestión , que en un principio era un callejón innominado y ahora es la CALLE001 númeo NUM001 ( mas documental 1 y 2 aportadas en la demanda en relación con la nota simple aportada como documento 2 de la demanda ).Ello se corrobora con el informe de localización registral ( mas documental 3 aportada en el acto de la vista ) , resultando irrelevante que aparezca empadronada en otro domicilio , resultando igualmente llamativo que la demandada recoja la cédula de emplazamiento , que consta en autos de 12 de noviembre de 2019 , si no ocupara el inmueble referido , es por ello que estima la demanda con los pronunciamientos que ya constan en el fallo del mismo que ha sido transcrito en el antecedente de derecho primero de esta resolución

SEGUNDO.- Frente a la citada resolución formula recurso de apelación la representación de Doña Clemencia. En su recurso insiste en la falta de legitimacioŽn pasiva y alega como motivo error de hecho en la apreciación de la prueba, vulneración del articulo 24 CE y de los artículos 216 y 217 de la LEC . Insiste que si bien no discute que la entidad demandante sea propietaria de la vivienda en cuestión, de la prueba practicada consta que tiene su domicilio en la CALLE001 número NUM001 de la localidad de Humilladero , y en ningún caso en la que es objeto de litigio y cuya posesión se pretende recuperar por la entidad demandante, no siendo cierto que haya quedado suficientemente acreditado que viva en la vivienda, y ningún fundamento existe en la sentencia sobre el particular; afirma que la sentencia nada argumenta mas allá de hecho de que la apelante recogió la cédula de emplazamiento , lo cual obedeció a una mera circunstancia que no pudo ser aclarada en el acto de l vista al no haberse solicitado por la actora la declaración de la Sra. Clemencia, señalando que la recogida no se hizo en la vivienda , sino que al tratarse de un municipio pequeño, en el que todos se conocen , se le hizo la entrega en su propio domicilio , sin que se le explicara el motivo de la notificación , en cualquier caso pone de manifiesto la imposibilidad del cumplimiento del fallo , pues la demandada no ha obstaculizado ni obstaculiza la legitima posesión de la vivienda sita en CALLE000 número NUM000 de Humilladero, no pudiendo en consecuencia ser condenada a dejarla libre , y por tanto afirma haber respetado en todo momento la propiedad pues ninguna ocupación de la vivienda se realizó .Por todo ello interesa la estimación del recurso y el dictado de sentencia que revoque la de instancia con expresa imposición en costas a la parte ejecutante .

La actora se opone a los recursos deducidos de contrario, interesando su des estimación por cuanto se ha de atender al criterio subjetivo e imparcial del juzgador por el suyo propio sin que ninguno de los motivos expuestos haya conseguido desvirtuar el acertado razonamiento esgrimido por el juzgado en la sentencia recurrida , apreciándose en el supuesto que nos ocupa la concurrencia de los requisitos establecidos jurisprudencialmente para que tenga lugar, constando la legitimación activa de la entidad actora y la pasiva de la demandada ya que se ha aportado a las actuaciones nota simple acreditativa de la propiedad y titularidad registral del inmueble, hecho no discutido, y perfectamente determinado el inmueble objeto de la presente Litis, encontrándose la demandada legitimada pasivamente al venir ocupando el inmueble sin título y sin pagar renta o merced alguna que justifique su ocupación.

TERCERO.- Un renovado examen de las actuaciones y el visionado del soporte audiovisual conducen a la Sala a estimar que el recurso de apelación en modo alguno puede tener favorable acogida.

El concepto de precario, en el amplio sentido que le ha dado la jurisprudencia, es aplicable al disfrute o mera tenencia de una cosa sin título y sin pagar renta o merced, por voluntad de su poseedor o sin ella - pues si bien es cierto que la oposición del propietario pone término a su tolerancia, la resistencia contraria del ocupante no puede mejorar su posición ni enervar la acción del dueño para hacer efectiva su voluntad de rescatar la cosa-. En resumen, puede decirse que por precario se entiende, para todos los efectos civiles, la situación de hecho que implica la utilización gratuita de un bien ajeno, cuya posesión no nos corresponde, careciendo de falta de título que justifique el goce de esa posesión; por ello, en todo juicio por precario habrá de examinarse las cuestiones relativas a la validez, existencia y eficacia del título alegado por la parte demandante para acreditar su posesión, y las relativas al título que esgrima la parte demandada, como amparador de su posesión.

Como ya ha tenido ocasión de declarar este Tribunal en sentencia de fecha 24 de febrero de 2005 ".....el instituto jurídico del precario ha sido desarrollado por una abundante jurisprudencia que establece que aquél existe, no sólo cuando el propietario cede la posesión de una cosa para que otro la use y se la devuelva cuando la reclama, sino también cuando hay una situación de tolerancia de la posesión de hecho sin título alguno que la ampare y, asimismo, cuando sobreviene un cambio de la causa por cesar la vigencia de un contrato antes existente: De forma que, como se ha dicho con reiteración, el precario se configura como "una situación de hecho que implica la utilización gratuita de un bien ajeno, cuya posesión jurídica no nos corresponde, aunque nos hallemos en la tenencia del mismo", siendo por tanto necesaria la falta de un título que justifique el gozo de la posesión, ya porque no se haya tenido nunca, ya porque habiéndola tenido se pierde ( STS 30 de octubre de 1983 ); señalando la STS de 4 de diciembre de 1992 que, para que la acción de desahucio por precario pueda ser estimada sería necesario que entre las partes no mediase relación alguna que justificase la posesión de la finca por los demandados recurrentes; situación de precario que no se desvirtúa por el hecho de que quien usa de la cosa pague los gastos de agua, luz y comunidad, pues obviamente tales gastos no constituyen renta ni merced, ni operan en beneficio de la propiedad, sino única y exclusivamente en beneficio del ocupante, ni tampoco por la situación del propietario o usufructuario de las cosas que recae en relación con otros bienes, ni la propia necesidad que pueda tener la cosa, pareciendo oportuno hacer cita de la STS de 20 de octubre de 1987 que señala como la doctrina científica considera hoy que el antiguo precario no es sino un comodato con duración al arbitrio del comodante, expresión que se reitera en Sentencia de 23 de mayo de 1989 y en Sentencia de 31 de diciembre de 1992 se señala que la ocupación por tolerancia se mueve jurídicamente en esa zona fronteriza, entre comodato sin uso definido y sin pacto sobre el tiempo de duración y precario en su formulación estricta.

La STS de 28 de febrero de 2017 reafirmó que " Esta sala ha definido el precario como " una situación de hecho que implica la utilización gratuita de un bien ajeno, cuya posesión jurídica no nos corresponde, aunque nos hallemos en la tenencia del mismo y por tanto la falta de título que justifique el goce de la posesión, ya porque no se haya tenido nunca, ya porque habiéndola tenido se pierda o también porque nos otorgue una situación de preferencia, respecto a un poseedor de peor derecho" ( sentencias 110/2013, 28 de febrero ; 557/2013, 19 de septiembre ; 545/2014, de 1 de octubre ).Supuesto suficientemente amplio para reconducir hacia el juicio de desahucio lo que aquí se plantea con relación a la posesión de una casa sin título o con título absolutamente ineficaz para destruir el de los actores ".

A lo que habría que añadir la circunstancia de que el poseedor carezca de título que legitime su posesión. En este sentido, cuando un propietario haya cedido el uso de forma totalmente gratuita y de favor al usuario de la vivienda, producido un cambio de voluntad opuesto a esa cesión, aquél ostenta la acción de desahucio porque existe un precario. Así la posesión deja de ser tolerada y se pone en evidencia la característica de simple tenencia de la cosa sin título alguno, por lo que puede ejercerse la acción de desahucio ( SSTS de 26 diciembre 2005 , 30 octubre y 13 y 14 noviembre 2008 y 30 junio 2009 ). De ahí que, si la posesión constituye una mera tenencia indefinida y tolerada por el propietario, se trata de un precario y el propietario puede recuperarla en cualquier momento.

La STS de fecha 19 de septiembre del 2013 en relación con los requisitos del precario establece " Se define el precario como " una situación de hecho que implica la utilización gratuita de un bien ajeno , cuya posesión jurídica no nos corresponde , aunque nos hallemos en la tenencia del mismo y por tanto la falta de titulo que justifique el goce de la posesión ya porque no se haya tenido nunca, ya porque habiéndola tenido se pierda" " y " que el hecho de pagar merced que excluya la condición de precarista no está constituido por la mera entrega de dinero , sino que ha de ser por cuenta propia y a titylo de alquiler por el arrendamiento constituido o presunto a nombre del que paga ...." ( SSTS 30 octubre 1986 ; 31 de enero 1995 ) ( STSS 6-11-2008) "

.- Por otro lado, la principal diferencia entre precario y comodato consiste que en el comodato la entrega de la vivienda se hace para un uso o plazo determinado. En este sentido la vivienda cedida en precario resulta cuando el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer dicha finca, cede el uso de la vivienda a otra persona (llamada precarista) para que la use sin más, sin contrato alguno y sin pagar renta. Por otro lado, se estará frente a una vivienda cedida en comodato cuando el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer el inmueble, entrega a otra persona la vivienda para un uso determinado o para que la use durante un cierto tiempo, de manera gratuita.

El comodato está regulado en los arts 1.740 y siguientes del Código Civil (CC ) dentro de la figura del préstamo. Las diferencias entre precario y comodato resultan claras por cuanto en el precario la vivienda no se entregado para un uso concreto, es un acto de tolerancia del dueño; en el comodato en cambio ha de entregarse por un motivo y para un uso concreto. Otra diferencia clara ente el precario y el comodato es que en el precario no se entrega la vivienda por un tiempo determinado, mientras que en el comodato se cede durante un tiempo determinado, y una vez finalizado ha de devolverse por esa tercera persona llamada comodatario. Consecuencia directa de lo anterior será la de que en el precario se puede solicitar en cualquier momento la devolución de la vivienda, mientras que en el comodato no se podrá recuperar la vivienda hasta que no haya transcurrido el plazo fijado, o haya concluido el uso para la que se prestó.

- En cuanto a la carga de la prueba la STS de 26 de octubre de 2017 señaló que "la situación de precario no cesa por el hecho de que sea consentida durante cierto tiempo por el propietario, lo que por el contrario resulta habitual, y la doctrina de esta sala es clara al respecto en el sentido de que la carga sobre alegación y justificación del título posesorio corresponde al poseedor no propietario que en el caso del arrendamiento implica la necesidad de justificar el pago de la renta estipulada, pues sin renta no existe arrendamiento y la posesión queda injustificada ", y por lo tanto, cabe concluir que la acción de desahucio por precario sería, en tal supuesto, la procedente.

7.- En cuanto al ámbito del juicio de precario, el artículo 250 de la LEC establece que se decidirán en juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía, las demandas que pretendan la recuperación de la plena posesión de una finca rústica o urbana, cedida en precario, por el dueño, usufructuario o cualquier persona con derecho a poseer la finca. La uniforme jurisprudencia del TS mantenía (ante de la entrada en vigor de la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que no afecta a las presentes actuaciones por razones de índole temporal) un concepto amplio de precario como ya indicó la STS de 6 de noviembre de 2008 al definir que se trata aquélla de " una situación de hecho que implica la utilización gratuita de un bien ajeno, cuya posesión jurídica no le corresponde, aunque estemos en la tenencia del mismo y, por tanto, sin título que justifique el goce de la posesión, ya porque no se haya tenido nunca, ya porque habiéndola tenido se pierda o también porque otorgue una situación de preferencia, respecto a un poseedor de peor derecho" ; supuestos suficientemente amplios para reconducir hacia el juicio de desahucio lo que aquí se plantea en relación a la posesión de una casa sin título o con título absolutamente ineficaz para destruir el de la parte accionante.

8.- En las presentes actuaciones debe recordarse, dados los términos en los que se desarrolla el debate en esta segunda instancia, la reforma del procedimiento de desahucio por precario efectuada por la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) amplió el ámbito del precario, pues el art. 447 de la nueva LEC no menciona expresamente el juicio verbal de desahucio por precario del 250.1º.2.º entre aquellos que no producen efectos de cosa juzgada. Además, el carácter sumario del procedimiento queda en entredicho por lo referido en la Exposición de Motivos de la nueva LEC, en su apartado XII, último párrafo, donde literalmente se dice: "La experiencia de ineficacia, inseguridad jurídica y vicisitudes procesales excesivas, aconseja, en cambio, no configurar como sumarios los procesos en que se aduzca, como fundamento de la pretensión de desahucio, una situación de precariedad: parece preferible que el proceso se desenvuelva con apertura a plenas alegaciones y pruebas, y finalice con plena efectividad".

9.- En cuanto al ámbito del juicio de desahucio por precario, en la sentencia dictada por este tribunal de apelación en el RA 545/2016 ya señalábamos que: " Ahora bien, que no sea un juicio sumario no quiere decir que en el mismo se puedan examinar todo tipo de cuestiones. En este sentido, la STS de 10 de junio de 2008 señaló que "Es doctrina pacífica, que ha de ser mantenida incluso bajo el tenor del actual artículo 250.1.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero, que la única cuestión que podía ser debatida y resuelta en el juicio de desahucio es la posesión, por lo que los pronunciamientos que exceden de aquella, atinentes a la propiedad, no puede vincular, con efecto de cosa juzgada, al órgano judicial que conoció del declarativo posterior en que propiamente se ventilaba el dominio, siendo razón para ello que mientras en el juicio de desahucio bastaba al actor con demostrar su derecho a disfrutar tales elementos, cualquiera que fuera su título, en el declarativo, con una cognitio más amplia, y sin limitación de medios de ataque y defensa, debía probar el dominio que alegaba y que blandía como título para lograr además la recuperación de la cosa y la plena posesión de la misma de quienes venían perturbando el ejercicio de su derecho". Por lo tanto, en cierto modo, debe mantenerse la doctrina tradicional en esta materia sobre la desestimación de la demanda cuando existan cuestiones que por intrínseca complejidad excedan del ámbito del juicio de desahucio.

La especial naturaleza de la acción ejercitada y el procedimiento seguido obliga a mantener un equilibrio, no siempre fácil, entre los derechos de las partes, pues debe evitarse que el juicio de desahucio por precario se pueda convertir en un medio para invalidar situaciones jurídicas sin las garantías suficientes para el demandado, aunque también hay que huir de que la mera alegación de cualquier posible título para amparar la posesión permita al precarista prolongar indefinidamente una ocupación indebida.

Le corresponde al órgano jurisdiccional discernir entre las alegaciones infundadas, inconsistentes o que no tienen conexión con la materia de debate (las cuales deben ser rechazadas de plano en el juicio de desahucio), y aquellas otras que, fundándose en un título legítimo y del todo suficiente para justificar su oposición, planteen cuestiones que realmente requieran, para su adecuada resolución, una amplia discusión que el juicio de desahucio no permite".

Esta Sala siguiendo este criterio mayoritario y la doctrina del Tribunal supremo ha adoptado el referido concepto amplio de precario, entendido como cualquier posesión "sin" título, comprensivo la posesión "sin" la voluntad y "contra" la voluntad del poseedor real; y si bien es cierto, como ya se ha indicado que se produjeron durante un largo periodo de tiempo sentencias de distinto signo entre las diversas Audiencias Provinciales, es más cierto que muchas que seguían el criterio minoritario han cambiado ya de criterio después de que el Tribunal Supremo se haya pronunciado en varias ocasiones al respecto, constatándose que la Sala Primera ha resuelto según una concepción de precario que permite ampliar la denominada concepción estricta que venía manteniéndose por algunos tribunales (así, SSTS de 6 de noviembre de 2008 , 13 de octubre y 11 de noviembre de 2010, entre otras ; entre las de esta Audiencia, Sección 4ª de fechas 13 de febrero de 2.009 , 8 de marzo de 2013 , 21 de junio de 2013 , 23 de julio de 2013 entre otras y de esta Sección 13ª de 13 de julio de 2004, 8.3.2013 , 4 de julio de 2013 ,.....). De hecho, la doctrina ha puesto de relieve que el artículo 250.1.2 de la vigente Ley procesal no conceptúa el precario y omite referencias a la mera liberalidad (e incluso las ocupaciones sin o contra el consentimiento de la propiedad), pareciendo que, en términos puramente terminológicos, ciñe la situación de precariedad a los casos en que la finca es cedida en tal concepto; rechazando ese concepto estricto y diciendo que no ha de modificarse el concepto ya existente por vía jurisprudencial del precario, ni ha de otorgarse a la expresión " cedida en precario " mayor extensión que la de ser una simple utilización del lenguaje sin mayores pretensiones que las de indicar que el procedimiento va dirigido a sustanciar las pretensiones de desahucio por precario . Este concepto amplio del precario, como sustantivo que es, no puede entenderse alterado por la nueva Ley procesal, que alude al supuesto en que existe consentimiento de quien es dueño o usufructuario o tiene derecho a poseer la finca y la cede en precario, de modo que la acción podrá ser ejercitada por quien se encuentra privado de ella y ésta es detentada por persona que carece de título".".

Por tanto el concepto de precario, en el amplio sentido que le ha dado la jurisprudencia, es aplicable al disfrute o mera tenencia de una cosa sin título y sin pagar renta o merced, por voluntad de su poseedor o sin ella - pues si bien es cierto que la oposición del propietario pone término a su tolerancia, la resistencia contraria del ocupante no puede mejorar su posición ni enervar la acción del dueño para hacer efectiva su voluntad de rescatar la cosa-. En resumen, puede decirse que por precario se entiende, para todos los efectos civiles, la situación de hecho que implica la utilización gratuita de un bien ajeno, cuya posesión no nos corresponde, careciendo de falta de título que justifique el goce de esa posesión; por ello, en todo juicio por precario habrá de examinarse las cuestiones relativas a la validez, existencia y eficacia del título alegado por la parte demandante para acreditar su posesión, y las relativas al título que esgrima la parte demandada, como amparador de su posesión. Por tanto, es también indiferente que no hubiera ninguna relación entre las partes, aunque esa expresión es un tanto abstrusa. Es evidente, que sí hubo relación entre las partes, desde el momento estaba ocupando la finca que pertenecía a la actora, como dice la demanda, sin autorización directa o indirecta por representante legal de dicha actora, lo que no llega siquiera a discutir el apelante.

Partiendo de estas consideraciones generales aplicables al supuesto que nos ocupa y tras la valoración de las pruebas practicadas, hemos de adelantar que concurren los requisitos necesarios para que prospere la demanda por desahucio por precario tal y como analizaremos a continuación .

CUARTA.- Tal y como se ha expuesto se pretende por la entidad Coral Homes SL, la recuperación de la finca Registral NUM002 del Registro de la Propiedad de Antequera, habiéndose dirigido la demanda inicialmente frente a los ignorados ocupantes de la misma. En ningún momento se ha discutido , que la demandante sea la titular de la vivienda referida ni por tanto la legitimación activa reconociendo la propia demandada la titularidad por parte de la actora.

Para la prosperabilidad de esta acción de desahucio por precario se exige el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1.- Que el actor ostente la posesión real de la finca reclamada (legitimación activa). 2.- Que el demandado disfrute la finca sin título, porque nunca lo haya tenido o porque, teniendo en un tiempo virtualidad, la haya perdido, y sin pagar renta, precio o merced, aunque haya satisfecho alguna cantidad por otro concepto (legitimación pasiva). 3.- Identidad del inmueble objeto de desahucio.

Visto lo actuado y los términos del recurso , se centra por tanto la controversia única y exclusivamente en la falta de legitimación pasiva de la actora al negar que ocupe la vivida objeto del precario y la procedencia de la acción de desalojo , cuestiones en las que insiste la apelante en el recurso, denunciando una errónea valoración de la prueba al concluirse en la sentencia como probado la ocupación por la demandada. Con carácter previo hemos de partir para el examen de la concurrencia de los requisitos de las pruebas practicadas . esta Sala ha reiterado en diversas ocasiones, que la valoración es una cuestión que nuestro ordenamiento deja al libre arbitrio del Juez de Instancia, en cuanto que la actividad intelectual de valoración de las pruebas se incardina en el ámbito propio de las facultades del juzgador, que resulta soberano en la evaluación de las mismas conforme a los rectos principios de la sana crítica, favorecido como se encuentra por la inmediación que le permitió presenciar personalmente el desarrollo de aquéllas. De tal suerte que, cuando se trata de valoración probatoria, la revisión de la Sentencia deberá centrarse en comprobar que aquélla aparece suficientemente expresada en la resolución recurrida y que -como ocurre en el presente caso-, no adolece de error, arbitrariedad, insuficiencia, incongruencia o contradicción, sin que por lo demás resulte lícito sustituir el criterio independiente y objetivo del Juez de Instancia por el criterio personal e interesado de la parte recurrente, ya que el alcance del control jurisdiccional que supone la segunda instancia, en cuanto a la legalidad de la producción de las pruebas, la observancia de los principios rectores de la carga de la misma, y la racionalidad de los razonamientos, no puede extenderse al mayor o menor grado de credibilidad de los elementos probatorios, porque ello es una cuestión directamente relacionada con la inmediación del juzgador sentenciador en la primera instancia. La actividad de valoracion de las pruebas practicadas" sobre la base de la actividad desarrollada en el acto del juicio, debe partirse, en principio, de la singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria realizada por la Juez ante la que se ha celebrado el acto solemne del juicio en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediación, contradicción, concentración y oralidad, pudiendo la Juzgadora desde su privilegiada y exclusiva posición, intervenir de modo directo en la actividad probatoria y apreciar personalmente su resultado, así como la forma de expresarse y conducirse de las partes y los testigos en su narración de los hechos y la razón del conocimiento de éstos, ventajas de las que, en cambio, carece el Tribunal llamado a revisar dicha valoración en segunda instancia, exigencia que no se cumple ni siquiera con el visionado del soporte informático del acta, pues, como ya hemos dicho, no tiene la posibilidad de intervenir que posee el Juez "a quo".

De ahí que el uso que haya hecho el Juez de su facultad de libre apreciación o apreciación en conciencia de las pruebas practicadas en el juicio, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia ( Sentencias del Tribunal Constitucional de fechas 17 de diciembre de 1985, 23 de junio de 1986, 13 de mayo de 1987, 2 de julio de 1990, 4 de diciembre de 1992 y 3 de octubre de 1994 , entre otras), únicamente deba ser rectificado, bien cuando en verdad sea ficticio o bien cuando un detenido y ponderado examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del Juzgador "a quo" de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria, con criterios objetivos y sin el riesgo de incurrir en discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en autos, una modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada. A mayor abundamiento en cuanto a la valoracion habrá de tomarse en consideración DOCUMENTAL:todo ello sin olvidar, claro está, como la revisión del valor probatorio que debe darse a los diferentes documentos, tanto públicos como privados, en que se fundamenta la resolución del litigio, debe hacerse con suma cautela, teniendo en cuenta la regla de la prueba plena de dicho medio probatorio que para los documentos públicos confiere el artículo 319 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y de la que son partícipes los privados en virtud de lo que dispone el artículo 326.1 del mismo texto legal, en consonancia con lo que dispone para las pruebas de las obligaciones los artículos 1218 y 1225 del Código Civil, máxima esta de la prueba plena que viene siendo interpretada por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, entre otras las Sentencias de 13 de marzo, 17 abril y 12 de julio de 1999 y de 18 de octubre de 2004, apuntando insistentemente que ello no significa que lo plasmado en el documento sea lo cierto o la verdad, sino simplemente que dichas declaraciones fueron manifestadas por los intervinientes en el documento público, pues los documentos públicos no tiene eficacia probatoria plena, en cuanto a su veracidad intrínseca, para relevar a los tribunales de su apreciación en relación con el conjunto de las pruebas, y que no impiden la concurrencia y eficacia de otros elementos demostrativos, tanto para acreditar la realidad unos hechos como su inexistencia, ya que no están dotados de prevalencia sobre los demás, de lo que se colige que el uso que haga el juzgador de primer grado de su facultad de libre apreciación o apreciación en conciencia de las pruebas practicadas haya de respetarse al menos en principio, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia -T.C. S. de 17 de diciembre de 1985, 13 de junio de 1986, 13 de mayo de 1987, 2 de julio de 1990 y 3 de octubre de 1994-.

En el supuesto que nos ocupa del renovado examen de las actuaciones nos lleva a compartir íntegramente la valoración que de las pruebas practicadas realiza juzgador asi como la conclusiones que de ella se extraen sin que ningún error, quepa apreciar pues es claro como de la documentación aportada se desprende los siguientes extremos que resultan de relevancia para la cuestión debatida-

Consta de la documental aportada que la entidad actora es "la titular de la finca registral antes referida aparece descrita en la nota simple como Número NUM003 , vivienda unifamiliar tipo f , situada en el CALLE000 , sin numero de gobierno (.....) con acceso directo e independiente desde callejón sin nombre oficial aún . En el acto del juicio se adjuntó mas documental , que acreditan , sin ningún género de duda , que el anterior inmueble , sito en calle sin nombre oficial aún , posteriormente fue el inmueble sito en CALLE001 nº NUM001 , domicilio en que se notificó y emplazó a la demanda. Esta documental es, analizada y valorada por el juzgador de instancia en la sentencia dictada , sin que pueda apreciarse ningún error de valoración ni conclusión ilógica o arbitraria , compartiendo esta Sala la valoración realizada y las conclusiones que se alcanza , al exponer con toda claridad en su fundamentación que " la finca registral NUM002 , que aparece descrita como " conjunto edificado e independiente desde callejón sin nombre oficial aún " tal como resulta de la anotación simple informativa del Registro de la Propiedad aportado , y que coincide con la reclamación que hizo la anterior propietaria , Buildingcenter , siendo la misma finca registral , con la diferencia de que en ese caso se atendió a la calle por la que se entra a la vivienda en cuestión , que en un principio era un callejón innominado , y ahora es la CALLE001 número NUM001 ( mas documental 1 y 2 aportadas en la demanda en relación con la nota simple aportada como documento 2 de la demanda ).Ello se corrobora con el informe de localización registral ( mas documental 3 aportada en el acto de la vista ) .Por otro lado , a tal efecto resulta irrelevante que la demandada aparezca empadronada en otro domicilio. Resulta igualmente llamativo que la demandada recoja la cédula de emplazamiento , que consta en autos de 12 de noviembre de 2019 , si no ocupara el inmueble referido ."

A mayor abundamiento , esta documental queda adverada por la aportada en el acto de la vista, consistente en una denuncia interpuesta por el anterior propietario , indicando claramente que la dirección de la finca era CALLE001 nº NUM001, adjuntando la correspondiente nota simple a la misma, por lo que no hay lugar a dudas de la identificación del inmueble , resultando claramente relevante y con virtualidad a los efectos probatorios pretendidos es el acta de declaración aportada por la parte demandada en su escrito de contestación donde la hoy demandada- apelante, afirma en el documento policial que viene residiendo en la finca titularidad de la actora .

La prueba documental es clara y contundente , y su análisis no puede sino llevar a la acreditación del requisito de la legitimación pasiva , dado que la demandada disfruta en precario , ostentando la posesión material, de una finca, disfrutando de ella sin pagar renta o merced , sin que la apelante demandada , haya logrado justificar las manifestaciones en las que basa su oposición, ni desvirtuar en modo alguno las alegaciones esgrimidas de contrario. Por otra parte, basta cuanto se ha razonado para acreditar el cumplimiento del requisito de la identificación de la finca objeto del desahucio .

Razones todas ellas que llevan a la desestimación del recurso, por cuanto se cumplen los requisitos expuestos para la prosperabilidad de la demanda confirmándose la sentencia dictada en todos sus pronunciamientos .

QUINTA.- En materia de costas procesales, y en virtud del art. 394 en relación con el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede su imposición a las partes apelantes recurrentes .

De conformidad con el apartado 8 de la Disposición Adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , procede dar al depósito constituido en su día para recurrir el destino legalmente previsto.

Vistos los preceptos legales aludidos y demás de general y concordante aplicación al caso de autos, en nombre de S.M. EL Rey y por la autoridad conferida por la Constitución aprobada por el pueblo español.