Sentencia Civil 283/2024 Audiencia Provincial Civil de Málaga nº 5, Rec. 1072/2021 de 17 de abril del 2024

PRIMERO.- La parte actora en este procedimiento ejercita acción en reclamación de cantidad en concepto de indemnización de daños y perjuicios con fundamento en el art. 1902 del Código civil, frente a la aseguradora Línea Directa, alegando que circulaba en su motocicleta por calle Conejito de Málaga cuando cayó de la misma al ser golpeado por el vehículo Hyundai Sonata, asegurado en la entidad demandada, que salía de un aparcamiento sin cerciorarse de que no había ningún vehículo que le permitiera hacer la maniobra, la inercia del golpe lo lanzó contra el Citröen C-15, que se encontraba estacionado en segunda fila. Debido al impacto el actor resultó lesionado, siendo atendido inicialmente de urgencias y posteriormente recibiendo tratamiento médico según documentos 2 a 58 de la demanda. Se inició juicio de faltas por denuncia del demandante, emitiéndose en fecha de 25 de septiembre de 2015 informe de sanidad forense que concluye: un proceso de estabilización lesional de 120 días, de los cuales 90 son impeditivos y 0 de hospitalización, restándole como resultado:"Limitación de articulación interfalangica proximal de 2 y 3 dedos de mano derecha (2 puntos), lesión meniscal sin operar con sintomatología (5 puntos); el proceso evolutivo se ha visto prolongado por la concurrencia de síndrome de sudek like". Conforme a dicho dictamen forense la aseguradora demandada consignó en la cuenta del citado Juzgado un pago a cuenta de 29.831,01 euros para entrega al lesionado y posteriormente hizo una segunda consignación, de 18.460, 57 euros para entrega al lesionado, como pago total de 48.291,58 euros. La consignación de la demandada corresponde a una valoración médica que establece: 2 días de hospital, sin tener en cuenta si quiere la segunda intervención realizada a sus instancias.; 650 días impeditivos, siendo que estuvo más tiempo en tratamientos realizados por ella; 12 puntos de secuelas funcionales, sin especificar cuales sean. El lesionado intentó, sin éxito, que la médico forense continuara emitiendo partes de estado, al no haber terminado el tratamiento de todas sus lesiones. Se realizó comparecencia para pago a cuenta del total correspondiente en fecha de 6 de junio de 2016 (documento 60). Del mismo modo se aporta informe médico pericial del Dr. Juan Pablo conforme al cual se reclaman las siguientes partidas indemnizatorias: en concepto de incapacidad temporal, un total de 1.337 días siendo 5 días de ingreso hospitalario, 1051 días de carácter impeditivo (hasta el 15 de diciembre de 2016 que finaliza la recuperación de la rodilla) y 281 días no impeditivos (hasta el 22 de septiembre de 2017, que le indican rehabilitación de hombro y 41 días correspondientes a los días de fisioterapia del año 2018). En cuanto a las secuelas, se reclaman: trastornos neuróticos por estrés postraumático (1-3) 3 puntos; limitación funcional de las articulaciones interfalángicas de 2º y 3º dedo (2 puntos); artrosis postraumática y/o mano derecha (1-3) 3 puntos; agravación de artrosis previa (hombro) (1-5) 4 puntos; síndrome residual postalgodistrofia de mano (1-5) 4 puntos; secuelas de lesiones meniscales (operadas o no operadas) con sintomatología (1-5) 4 puntos;y perjuicio estético ligero, se incluyen las cicatrices y la desviación de los dedos (1-6)) 6 puntos. Dado que la profesión del lesionado es albañil, siendo además diestro, presenta limitación de la movilidad de los dedos de la mano, con pérdida de fuerza. Dolor persistente. Limitación de movilidad por dolor en rodilla y en especial el dolor continuo que presenta, con dificultad para ponerse de cuclillas y de rodillas. Dolor al forzar los movimientos de hombro, a partir del 90º, limitándole la realización de esfuerzos ni coger peso. Estas circunstancias determinan la imposibilidad para realizar el trabajo que antes realizaba. Considerando por tanto una incapacidad total para su trabajo habitual por la que se reclama un importe de 58.476,23 euros. Por escrito posterior a la inicial demanda y en base a hechos nuevos que se alegaban, se redujo la cantidad reclamada en concepto de incapacidad permanente parcial para su trabajo habitual, pasando a reclamar la cantidad de 19.172,54 euros, en vez de los 58.746,23 euros que se venían reclamando por incapacidad permanente total. Se han realizado reclamaciones previas (documentos 63 a 65).

Frente a estas pretensiones la parte demandada reconoció la dinámica y responsabilidad en el siniestro, así como el aseguramiento, aun cuando no aceptó las consecuencias lesivas que del mismo se pretenden y por ende la indemnización solicitada. Se opuso la prescripción de la acción en la contestación a la que posteriormente se renunció en la audiencia previa. Se invocaba el informe de sanidad forense emitido en el seno del juicio de faltas seguido ante el Juzgado de instrucción 6 de Málaga. Se ha emitido informe pericial médico por el Dr. Adrian, el cual reconoce como resultado lesivo del hoy actor el siguiente: en concepto de incapacidad temporal, 5 días de ingreso hospitalario y 300 días impeditivos (173 días desde el 25 de enero de 2014 al 17 de julio de 2014, periodo hasta alcanzar la estabilización; 84 días desde el 27 de enero de 2016 al 21 de abril de 2016, periodo tras intervención quirúrgica en mano; 48 días desde el 13 de septiembre de 2017 al 31 de octubre de 2017, periodo tras intervención quirúrgica en menisco) y en concepto de secuelas, establece la siguientes secuelas funcionales: stress postraumático: 3 puntos (igual que parte actora); limitación funcional articulaciones interfalángicas: 2 puntos (un punto menos de lo reclamado); síndrome residual post-algiodistrofia de mano: 4 puntos (igual que parte actora); agravación artrosis previa de hombro: 3 puntos (un punto menos de lo reclamado); lesiones meniscales con sintomatología. 3 puntos (un punto menos de lo reclamado). Se niega la procedencia de la secuela de artrosis postraumática de mano derecha por la que la parte actora reclama 3 puntos. Se establece por tanto un total de 15 puntos, así como una secuela de perjuicio estético leve valorado en 5 puntos. En cuanto a la incapacidad permanente se reconoce una incapacidad permanente parcial ponderada en un 50%. Se impugna el valor probatorio del documento 61 de la demanda (informe médico pericial realizado por el Dr. Juan Pablo). Se aporta informe de detectives (documentos 2 a 4). No procede imposición de especiales intereses moratorios ya que inicialmente el lesionado no permitió visita de los servicios médicos contratados por Línea Directa, remitiéndose burofax (documentos 6 y 7, burofax y su acuse) así como interponiéndose diligencias preliminares para obtener documentación médica (número 1.170/14 del Juzgado de 1ª Instancia nº 9 de Málaga), solicitándose posteriormente el archivo al permitirse la exploración del lesionado (documento 12). Se remitió posteriormente burofax (documentos 8 a 11) el 4 de noviembre de 2014 realizando oferta por importe de 29.831,01 euros, el cual se reitera el 11 de noviembre de 2014.Incluso esta parte ha abonado a cuenta una suma muy superior al valor del informe de sanidad forense. Que la primera oferta se produce con anterioridad a la emisión del citado informe de sanidad (25 de septiembre 2015) e inmediatamente después de éste, el 28 de septiembre de 2015, se realiza nueva consignación por importe de 18.460,57 euros (documento 13). Por último, debe tenerse en cuenta que la primera reclamación recibida de la parte contraria con indicación de las pretensiones económicas es de 19 de julio de 2018, cuando la acción está ya prescrita.

Tras la tramitación legal pertinente se dicta sentencia , hoy objeto de apelación en la cual tras pasar a examinar los extremos controvertidos , por las razones que expone en el fundamento de derecho tercero concluye que procede fijar la indemnización a favor de D. Ricardo en la suma total de 100.001,34 euros conforme al siguiente desglose y aplicando el baremo correspondiente al año 2015 (Resolución de la DGSFP de 5 de marzo de 2014), conforme la doctrina fijada en las SSTS 429/07 y 430/07 de 17 de abril de 2007. Por razón de incapacidad temporal, un total de 5días hospitalarios (a razón de 71,84 euros diarios), 1051 días de carácter impeditivo (a razón de 58,41 euros) y 281 días no impeditivos (a razón de 31,43 euros), lo que determina un total por este concepto de 70.579,94 euros así como 15 puntos de secuelas funcionales (15.041,85 euros), así como el importe correspondiente a los 6 puntos de secuela de perjuicio estético ligero (4.793,28 euros). Del mismo modo debe reconocerse según lo expuesto a la parte demandada la partida de incapacidad permanente parcial (9.586,27 euros).Habida cuenta que con carácter previo al procedimiento la parte demandada había abonado a cuenta la suma de 48.291,58 euros, ello ha de descontarse del total indemnizatorio que se recoge en esta sentencia (100.001,34 euros), procediendo la condena de la parte demandada al abono de la suma de 51. 709 , 76 euros de principal, según corrección realizada por auto de fecha cuatro de mayo de dos mil veintiuno . Todo ello permite concluir en que dichos pagos lo fueron en tiempo y forma a los efectos de excluir la imposición de los especiales intereses de demora reclamados. Procede por el exceso reconocido en esta sentencia se devenguen los intereses ex arts. 1100, 1101 y 1108 del Código civil, en relación con el art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, desde la fecha de la interposición de la demanda y hasta el completo pago.

SEGUNDO.- Frente a la sentencia dictada presenta recurso de apelación la representación de la actora . Se impugna el pronunciamiento declarativo del Fundamento de Derecho Quinto relativo a los intereses y el pronunciamiento condenatorio del Fallo de la citada Sentencia relativo a los intereses. Realiza una serie de consideraciones previas en cuanto a la alegada prescripción excepción a la que luego renuncia y afirma que antes de recibir, la calificada por la demandada, "extemporánea" reclamación, a través del burofax enviado por esta parte, con fecha 24 de Julio de 2018 ya le constaba fehacientemente a la aseguradora demandada, mucho antes, la intención del lesionado de reclamar en esta vía y era además responsable de la demora en el tratamiento de sus lesiones y por tanto que Linea Directa , a pesar de conocer las circunstancias del lesionado se mostró inactiva, desde el año 2017 y durante el año 2018, - e incluso después de recibir la demanda- y se acredita la inactividad de la aseguradora demandada pese a su posición privilegiada, dadas las circunstancias relatadas, frente a la actitud diligente del lesionado valorada de forma errónea por la juzgadora de instancia. En cuanto a las dos consignaciones realizadas por la demandada en sede penal como argumento del art. 20.8 LCS y en concreto a cantidad de 29.831,01 euros al emitirse Informe de sanidad forense de fecha 25 de Septiembre de 2015, y que complementó posteriormente, con consignación de 18.460,57 euros, conforme a valoración de los servicios médicos de la demandada, que el actor, no recibe hasta el 6 de Junio de 2016, estas pueden ser suficientes para paralizar el devengo de intereses, únicamente respecto de esa cantidad, hasta el momento del ofrecimiento. Sin embargo, no puede acogerse como coadyuvante que sume como causa de justificación para enervar la imposición de intereses moratorios, respecto del resto de la cuantía de la cantidad reconocida en sentencia. Por tanto la aseguradora si quería enervar la paralización de intereses punitivos, debería haber efectuado una consignación al alza, o haber ofrecido cantidad complementaria a la vista de las circunstancias del tratamiento de las lesiones y la puesta de manifiesto por el lesionado de su intención de reclamar lo que a su derecho conviniese, cuando obtuviese la estabilización de las lesiones; Ello sin perjuicio de defenderse y que prosperase su oposición. Sin embargo, se enrocó en que la cantidad consignada y ofrecida era la determinaba por ella y a partir de ese momento la inactividad fue su tónica. Ello conociendo como conocía el devenir de las lesiones y la actitud proactiva del lesionado en su ulterior reclamación. A mayor abundamiento, la falta de justificación de la causa argušida para liberarse de la indemnización por mora, es, aún más notoria, una vez iniciado el pleito civil; Sin que constituya óbice para alcanzar tal conclusión, la valoración de las lesiones que mereció para la jurisdicción penal, sin declaración de suficiencia, por cierto. Siendo relevante para acoger la imposición de los intereses del art. 20 LCS, el perjuicio causado al perjudicado la indeterminación de la cuantía por la inactividad de la aseguradora, pese a conocer la posición del lesionado ante las cantidades recibidas y la necesidad de continuar el tratamiento médico. Este devenir de la evolución de las lesiones la conocía perfectamente la aseguradora demandada y ante la comunicación fehaciente hecha por el perjudicado de la reclamación total, se limitó a presionar a éste. En cuanto a la actividad desplegada por la demandada, tratando de contactar sin éxito con aquél, hay que decir que no fue tan diligente como pretende, ya que según la documental aportada con la contestación, s.e.u.o., envía el primer burofax cinco meses después de ocurrir el accidente. Además consintió en asistir nada más y nada menos que 20 veces a la consulta del médico, que a instancias de la aseguradora demandada, vigilaba la evolución de su tratamiento. Y por otra parte , en sede penal no solicitó o no consta la declaración de suficiencia de las cantidades consignadas y se mostró inactiva después que los servicios médicos de ella dependiente, dieran el Alta Médica el 15 de Mayo de 2016 a pesar de haber dejado inacabado el tratamiento de las lesiones. Aun conociendo la continuación del tratamiento por otros medios, continuó en su posición inmutable. A mayor abundamiento la compañía de seguros pese a conocer la entidad de las lesiones su posición fue rotunda en no pagar más de lo pagado, no reconocer que las concretas lesiones en su cuantificación habría de contener un considerable periodo de incapacidad temporal con estabilización de secuelas y unas consecuencias que han de traducirse en el oportuno pago de la correspondiente indemnización capaz de proporcionar la restitución integra del interés legitimo del perjudicado. Por todo ello solicita se dicte sentencia estimando íntegramente el recurso y se condene a LINEA DIRECTA al pago de los intereses del art. 20 LCS. Con imposición de las costas de este recurso.

La parte apelada , se opone al recurso deducido de contrario interesando la confirmación del pronunciamiento impugnado por sus propios fundamentos , afirma que no procede imponer a esta parte los intereses del artículo 20 Ley 50/80 por las siguientes razones que expone al tratar cada uno de los apartados :1º.- Renuencia inicial del lesionado a colaborar con la aseguradora. 2º.-. Ofrecimientos en concepto de pago en cuanto se puede valorar daño. 3º. Ausencia de valoración alternativa del daño corporal conocida por esta parte hasta el día 19/07/2018 4º. La reclamación realizada de contrario en 2018 era desorbitada rebajándola sensiblemente en el acto de audiencia previa : de 108.449,47€ a 69.145,13€. O Respecto del artículo 20.8 Ley 50/80 y su interpretación jurisprudencial. El juicio de razonabilidad sobre la actuación de la aseguradora, y si bien la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo sobre el artículo 20.8 es restrictiva en cuanto a la apreciación de lo que puede considerase causa justificativa del impago. Es constante en la jurisprudencia el juicio de razonabilidad en la apreciación de la conducta de la aseguradora. En este caso, la aseguradora despliega una actitud razonable pues atiende en todo momento a lo determinado, extremando diligencia para valorar el daño y cumpliendo con sus obligaciones de pago. La prolongada situación de indeterminación posterior vino provocada voluntariamente por el propio lesionado quien anualmente decía que reclamaba pero ni el mismo ni nadie sabia exactamente qué. Esta incertidumbre voluntariamente creada por quien reclama no puede constituirse ahora en fundamento de la imposición de unos intereses de evidente carácter punitivo. Por todo ello solicita ,la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia por su propia fundamentación, con imposición expresa de las costas a la parte apelante.

TERCERA.- Como se ha indicado el único motivo de recurso versa sobre la no imposición de los intereses moratorios del articulo 20 LXS que se reclamaban en la demanda , y a la que se opuso la Compañía Aseguradora .

Mantiene la parte apelante, que no procede la exoneración de la mora de la Compañía Aseguradora consistente en la existencia de causa justificada, si bien de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20-8º LCS , la existencia de causa justificada implica la inexistencia de retraso culpable o imputable al asegurador y le exonera del recargo en que consisten los intereses de demora, en la apreciación de esta causa de exoneración la jurisprudencia ha mantenido una interpretación restrictiva en atención al carácter sancionador que cabe atribuir a la norma al efecto de impedir que se utilice el proceso como excusa para dificultar o retrasar el pago a los perjudicados, hemos de partir en relación a los intereses del Art 20- de la LCS, que como recoge la sentencia de la AP Madrid Sec. 11 de fecha 24 de julio de 2020:

La TS, Civil sección 1 en sentencia del 25 de enero de 2019 , declara:

"Como recoge la doctrina de la sala (sentencias 743/2012, de 4 de diciembre ; 206/2016, de 5 de abril ; 514/2016, de 21 de julio ; 456/2016, de 5 de julio ; 36/2017, de 20 de enero ; 73/2017, de 8 de febrero , y 26/2018, de 18 de enero ):

"Si bien de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.8.º LCS , la existencia de causa justificada implica la inexistencia de retraso culpable o imputable al asegurador, y le exonera del recargo en que consisten los intereses de demora, en la apreciación de esta causa de exoneración esta Sala ha mantenido una interpretación restrictiva en atención al carácter sancionador que cabe atribuir a la norma al efecto de impedir que se utilice el proceso como excusa para dificultar o retrasar el pago a los perjudicados [..].

" En atención a esa jurisprudencia, si el retraso viene determinado por la tramitación de un proceso, para que la oposición de la aseguradora se valore como justificada a efectos de no imponerle intereses ha de examinarse la fundamentación de la misma, partiendo de las apreciaciones realizadas por el tribunal de instancia, al cual corresponde la fijación de los hechos probados y de las circunstancias concurrentes de naturaleza fáctica para integrar los presupuestos de la norma aplicada.

" Esta interpretación descarta que la mera existencia de un proceso, el mero hecho de acudir al mismo constituya causa que justifique por sí el retraso, o permita presumir la racionabilidad de la oposición. El proceso no es un óbice para imponer a la aseguradora los intereses a no ser que se aprecie una auténtica necesidad de acudir al litigio para resolver una situación de incertidumbre o duda racional en torno al nacimiento de la obligación de indemnizar [..]. En aplicación de esta doctrina, la Sala ha valorado como justificada la oposición de la aseguradora que aboca al perjudicado o asegurado a un proceso cuando la resolución judicial se torna en imprescindible para despejar las dudas existentes en torno a la realidad del siniestro o su cobertura [...].

"Con carácter general, en fin, e invocando un modelo de conducta acrisolado, el propósito del artículo 20 LCS es sancionar la falta de pago de la indemnización, o de ofrecimiento de una indemnización adecuada, a partir del momento en que un ordenado asegurador, teniendo conocimiento del siniestro, la habría satisfecho u ofrecido. Siempre a salvo el derecho del asegurador de que se trate a cuestionar después o seguir cuestionando en juicio su obligación de pago y obtener, en su caso, la restitución de lo indebidamente satisfecho".

La Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre (modificado por el Art. único.3 de Ley 35/2015 de 22 septiembre de 2015, con vigencia desde 01-01-2016).

Su artículo 7 (obligaciones del asegurador) establece: "1. El asegurador, dentro del ámbito del aseguramiento obligatorio y con cargo al seguro de suscripción obligatoria, habrá de satisfacer al perjudicado el importe de los daños sufridos en su persona y en sus bienes. El perjudicado o sus herederos tendrán acción directa para exigirlo. Únicamente quedará exonerado de esta obligación si prueba que el hecho no da lugar a la exigencia de responsabilidad civil conforme al art. 1 de la presente Ley. Prescribe por el transcurso de un año la acción directa para exigir al asegurador la satisfacción al perjudicado del importe de los daños sufridos por éste en su persona y en sus bienes.

2. En el plazo de tres meses desde la recepción de la reclamación del perjudicado, el asegurador deberá presentar una oferta motivada de indemnización si entendiera acreditada la responsabilidad y cuantificado el daño, que cumpla los requisitos del apartado 3. En caso contrario, o si la reclamación hubiera sido rechazada, dará una respuesta motivada que cumpla los requisitos del apartado 4 de este artículo.

El incumplimiento de esta obligación constituirá infracción administrativa grave o leve, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 40.4. Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados. Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.) y 40.5.d) del Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre.

Trascurrido el plazo de tres meses sin que se haya presentado una oferta motivada de indemnización por una causa no justificada o que le fuera imputable al asegurador, se devengarán intereses de demora, de acuerdo con lo previsto en el art. 9 de esta Ley . Igualmente se devengarán intereses de demora en el caso de que, habiendo sido aceptada la oferta por el perjudicado, ésta no haya sido satisfecha en el plazo de cinco días, o no se haya consignado para pago la cantidad ofrecida".

El asegurador deberá observar desde el momento en que conozca por cualquier medio la existencia del siniestro una conducta diligente en la cuantificación del daño y la liquidación de la indemnización (...).

3. Para que sea válida a los efectos de esta Ley, la oferta motivada deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Contendrá una propuesta de indemnización por los daños en las personas y en los bienes que pudieran haberse derivado del siniestro. En caso de que concurran daños a las personas y en los bienes figurará de forma separada la valoración y la indemnización ofertada para unos y otros.

b) Los daños y perjuicios causados a las personas se calcularán según los criterios e importes que se recogen en el anexo de esta Ley.

c) Contendrá, de forma desglosada y detallada, los documentos, informes o cualquier otra información de que se disponga para la valoración de los daños, identificándose aquellos en que se ha basado para cuantificar de forma precisa la indemnización ofertada, de manera que el perjudicado tenga los elementos de juicio necesarios para decidir su aceptación o rechazo.

d) Se hará constar que el pago del importe que se ofrece no se condiciona a la renuncia por el perjudicado del ejercicio de futuras acciones en el caso de que la indemnización percibida fuera inferior a la que en derecho pueda corresponderle.

e) Podrá consignarse para pago la cantidad ofrecida. La consignación podrá hacerse en dinero efectivo, mediante un aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o por cualquier otro medio que, a juicio del órgano jurisdiccional correspondiente, garantice la inmediata disponibilidad, en su caso, de la cantidad consignada (...).

Por su parte el art. 9 (mora del asegurador) dispone:

"Si el asegurador incurriese en mora en el cumplimiento de la prestación en el seguro de responsabilidad civil para la cobertura de los daños y perjuicios causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación, la indemnización de daños y perjuicios debidos por el asegurador se regirá por lo dispuesto en el art. 20 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro , con las siguientes singularidades:

a) No se impondrán intereses por mora cuando el asegurador acredite haber presentado al perjudicado la oferta motivada de indemnización a que se refieren los arts. 7.2 y 22.1 de esta Ley , siempre que la oferta se haga dentro del plazo previsto en los citados artículos y se ajusten en cuanto a su contenido a lo previsto en el art. 7.3 de esta Ley .

La falta de devengo de intereses de demora se limitará a la cantidad ofertada y satisfecha o consignada".

Sobre la cuestión ahora se examinada se ha pronunciado esta Sala en múltiples resoluciones , partiendo de unas consideraciones generales -" SÉPTIMO.-Intereses de demora. Procedencia para su imposición.

A) Según el artículo 20 LCS, el asegurador incurre en mora cuando no hubiere cumplido su prestación en el plazo de tres meses desde la producción del siniestro o no hubiere procedido al pago del importe mínimo de lo que pueda deber dentro de los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración del siniestro, siendo entonces la regla general que será término inicial del cómputo de dichos intereses la fecha del siniestro ( artículo 20. 3ª y 6ª LCS). Sin embargo ( STS de 7 de mayo 2009 y 15 de diciembre de 2010, (RC núm. 1159/2007)), de forma excepcional, en el caso de que el asegurador pruebe que no tuvo conocimiento del siniestro con anterioridad a la reclamación o al ejercicio de la acción directa por el perjudicado o sus herederos, será término inicial la fecha de dicha reclamación o la del ejercicio de la acción directa ( art. 20.6ª III LCS).

La DA introducida por la LRCSCVM 1995, referente a la mora del asegurador (según redacción dada por la DF 13ª de la LEC), vigente el día del accidente), se remite en torno a esta cuestión a lo dispuesto en el artículo 20 LCS, pero reconociendo la posibilidad de que la compañía de seguros pueda exonerarse del recargo por mora pagando o consignando judicialmente -ante el juzgado competente en primera instancia-, la indemnización en el plazo de tres meses siguientes a la fecha de producción del siniestro, con la especificación de que, de no poder conocerse en dicho plazo el exacto alcance de los perjuicios objeto de indemnización, debe ser dicho órgano judicial el que decida sobre la suficiencia o ampliación de la cantidad consignada, previo informe del médico forense si fuera pertinente, y con arreglo a la cuantía aproximada que pudiera corresponder con arreglo al régimen legal de valoración del daño corporal aplicable.

Es criterio de esta Sala (entre las más recientes, SSTS de 17 de diciembre de 2010 (RC núm. 2307/2006), 1 de octubre de 2010 (RC núm. 1314/2005), 29 de septiembre de 2010 (RC núm. 1393/2005), 7 de junio de 2010 (RC núm. 427/06) y 29 de junio de 2009 (RC núm. 840/2005)) que del tenor literal de la norma citada resulta con claridad que el beneficio de la exención del recargo se hace depender del cumplimiento de la obligación de pago o consignación en plazo (tres meses siguientes a la producción del siniestro), y, además, cuando de daños personales con duración superior a tres meses o cuyo exacto alcance no puede ser determinado en la consignación se trata, de que la cantidad se declare suficiente por el órgano judicial a la vista del informe forense si fuera pertinente, pronunciamiento que debe solicitarse expresamente por la aseguradora, siempre y cuando haya cumplido su deber de consignar en plazo pues no es exigible al Juzgado un pronunciamiento sobre la suficiencia si la consignación resulta extemporánea. Por tanto, de faltar alguno de estos presupuestos, no cabrá aplicar a la conducta desplegada por la compañía de seguros los efectos impeditivos de la producción de mora que contempla la norma.

En cuanto a la necesidad de ofrecer al perjudicado las cantidades consignadas para obtener los referidos efectos liberatorios, esta Sala en sentencia de 26 de marzo de 2009 (RC núm. 469/2006), seguida por otras posteriores como la de 17 de noviembre de 2010 (RC núm. 1299/2007), declara que solo tras la entrada en vigor de la reforma introducida por la Ley 21/2007 puede afirmarse que la consignación liberatoria es la que se hace para pago (artículo 7.3 e), en relación con el artículo 9); lo que supone que la consignación realizada al amparo de la redacción precedente, en cualquiera de sus versiones (la original de la Ley 30/1995, o las redacciones resultantes de las modificaciones operadas con posterioridad por la DF 13.ª de la LEC y por el Texto Refundido de la LRCSCVM, Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre), no era una consignación para pago sino con una finalidad estrictamente de garantía, que, consecuentemente, liberaba al asegurador desde el momento en que la realizada se ajustara a los mencionados presupuestos, aun cuando no se ofreciera en pago ni se entregara a la víctima la suma consignada.

En cualquier caso, como la indemnización por mora a que se refiere el artículo 20.4 LCS implica la existencia de un retraso culpable, no procede la imposición del recargo cuando el retraso es debido a causa justificada o que no le sea imputable a la compañía de seguros ( artículo 20.8.º LCS). A la hora de determinar qué ha de entenderse por causa justificada a los efectos de la aplicación de la regla octava del artículo 20 LCS EDL 1980/4219, en la redacción dada por la Disposición Adicional sexta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, esta Sala (SSTS de 17 de octubre de 2007 (RC núm. 3398/2000), 18 de octubre de 2007 (RC n.º. 3806/2000), 6 de noviembre de 2008 (RC núm. 332/2004), 16 de marzo de 2010, (RC núm. 504/2006), 7 de junio de 2010 (RC núm. 427/2006), 29 de septiembre de 2010 (RC núm. 1393/2005), 1 de octubre de 2010 (RC núm. 1314/2005) y 17 de diciembre de 2010 (RC núm. 2307/2006) ha seguido una línea interpretativa que ha llevado a excluir su apreciación cuando carece de justificación la oposición al pago frente a la reclamación del asegurado o perjudicado aunque se formule en un proceso judicial, pues la razón del mandato legal radica en evitar el perjuicio que para aquellos deriva del retraso en el abono de la indemnización y en impedir que se utilice el proceso como instrumento falaz para dificultar o retrasar el cumplimiento de la expresada obligación, sin que lo expuesto impida que la aseguradora pueda obtener de forma efectiva su tutela jurídica en el pleito, que, de prosperar su oposición, conllevará la devolución de la cantidad satisfecha o previamente consignada, por ser total o parcialmente indebida.

En esta línea, viene declarando esta Sala que si el retraso viene determinado por la tramitación de un proceso, para vencer la oposición de la aseguradora se hace necesario examinar la fundamentación de la misma, partiendo de las apreciaciones realizadas por la AP, a quien, como declara reiteradamente la jurisprudencia, corresponde la fijación de los hechos probados y las circunstancias concurrentes de naturaleza fáctica necesarias para integrar los presupuestos de la norma aplicada, siendo criterio de esta Sala al respecto, que ni la mera existencia de un proceso, o el hecho de acudir al mismo, constituye causa en sí misma justificada del retraso, ni es óbice para imponer a la aseguradora los intereses cuando no se aprecia una auténtica necesidad de acudir al litigio para resolver una situación de incertidumbre o duda racional en torno al nacimiento de la obligación misma de indemnizar (entre las más recientes, SSTS 7 de junio de 2010 (RC núm. 427/2006), 29 de septiembre de 2010 (RC núm. 1393/2005), 1 de octubre de 2010 (RC núm. 1315/2005) y 26 de octubre de 2010 (RC núm. 677/2007))."

Aplicando estas consideraciones a las circunstancias concurrentes en el supuesto analizado , esta Sala no puede sino compartir la argumentación contenida en la sentencia y en concreto , para concluir que los pagos realizados por la compañía demandada , a la que ya hemos hecho referencia , lo fueron en tiempo y forma a los efectos de excluir la imposición de los especiales intereses de demora reclamados.

. Asi se recoge en dicha fundamentación ." debe señalarse que ciertamente producida según señala la parte actora la estabilización lesional del demandante en el año 2018, consta reclamación a Línea Directa del total reclamado en julio de 2018 (documento 63 de la demanda). La aseguradora hoy demandada realizó consignación a cuenta en dos ocasiones, por importes respectivos de 29.831,01 euros y 18.460,57 euros (documentos 8 a 13 de la contestación), abonando partidas indemnizatorias por encima de lo especificado en el informe de sanidad forense emitido en el previo procedimiento penal. Todo ello permite concluir en que dichos pagos lo fueron en tiempo y forma a los efectos de excluir la imposición de los especiales intereses de demora reclamados.

Dispone el apartado tercero del citado art. 20 que se entenderá que el asegurador incurre en mora cuando no hubiere cumplido su prestación en el plazo de tres meses desde la producción del siniestro o no hubiere procedido al pago del importe mínimo de lo que pueda deber dentro de los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración del siniestro. En este caso constando la reclamación a la aseguradora en julio de 2018, ésta última había realizado pagos a cuenta previos, según lo expuesto (documentos 8 a 13 de la contestación) en noviembre de 2014 y septiembre de 2015 (éste último a resultas del informe de sanidad forense de 25 de septiembre de 2015 emitido en el seno del juicio de faltas seguido). Con posterioridad a ello, como se ha señalado, solo consta la reclamación a la aseguradora en fecha de julio de 2018. Debe por tanto valorarse dicha conducta de la entidad demandada, así como la solicitud de documentación médica y examen del lesionado por vía del procedimiento judicial correspondiente como se justifica por la documental adjunta a su contestación. Y en tal sentido debe señalarse que el art. 20, apartado 8 dispone que no habrá lugar a la indemnización por mora del asegurador cuando la falta de satisfacción de la indemnización o de pago del importe mínimo esté fundada en una causa justificada o que no le fuere imputable."

En el supuesto analizado además de las dos consignaciones ya realizadas, y a las hace referencia la Juzgadora de instancia no procede en el supuesto que nos ocupa imponer los intereses del art. 20 de la Ley 50/ 80 por las siguientes razones que argumenta la propia apelada : 1º.- Renuencia inicial del lesionado a colaborar con la aseguradora , constando en las actuaciones documentación acreditativa de las acciones que tuvo que llevar a cabo para inicialmente poder realizar una valoración aproximativa del daño. Así se adjunta documentos 6 y 7 de la contestación a la demanda o burofax de 30/05/ 2014 solicitando remitir servicios médicos o acceder a la documentación médica para poder valorar el daño . Además los burofaxes remitidos al domicilio familiar que constan recepcionados por su madre , son comunicaciones plenamente eficaces .

En 2º lugar consta asimismo en las actuaciones ofrecimientos en concepto de pago en cuanto se puede valorar daño .Asi los burofaxes de 04/ 11/ 2014 y 11/ 11/ 2014 contienen ofertas por importe de 29. 831 ,01 euros ( documentos 8 a 11 de la contestación a la demanda, ofertas estas son anteriores a la emisión del informe de sanidad forense ( 25/09/ 2014 ) .Tras el informe médico forense se realiza consignación por importe adicional de 18.460,57 euros el 28 /09/ 2015 ( documento 13 de la contestación ) lo que supone haber abonado un importe superior al que resultaría del informe Medico Forense , pues este responde a una valoración del daño según informe pericial realizada por el doctor Adrian .

De ello hemos de concluir , que hasta el año 2018, solo existían dos valoraciones , la realizada por el Medico forense y el informe emitido por el doctor Adrian , contratado por la demandada , y se despende de lo actuado que ofrece y consigna el cien por cien de su propia valoración superior a la del Médico -Forense .

·3º.- Además no existe valoración alternativa del daño corporal conocida por la demanda hasta el día 19/07/ 2018 . Es decir desde el 28 / 09/ 2015 hasta el 1 /07/ 2018 transcurren tres años durante los cuales , no consta de forma acreditada , que el lesionado hoy apelante realizara una reclamación cuantificada .

4º - Por ultimo cabe poner de manifiesto como la reclamación realizada de contrario en 2018 era desorbitada , y de hecho consta como inicialmente reclamó la suma de 108.449,47 euros y en el acto de audiencia previa la rebajó a 69.145,13 euros , lo cuan supone una rebaja importante .

De estas actuaciones de desprende que no cabe apreciar la falta de diligencia que la actora atribuye a la Cia. demandada. La apelante en su recurso no desvirtúa las razones que de los intereses moratorios previstos en el art. 20 la Ley / 80 han tomado en consideración para la no aplicación , y ello tras una valoración de la pruebas practicadas en las actuaciones y en concreto de la documental aportada , valoración en la cual no cabe apreciar error de ningún tipo, ni conclusión ilógica o arbitraria .

Por otra parte , ante las recriminaciones realizadas por la apelante , hemos de reiterar que Linea Directa, tiene obligación legal de indemnizar el daño , pero no tiene obligación legal alguna de prestar asistencia sanitaria a los lesionados de un accidente de Tráfico , dado que el RDL 8/04 no impone obligaciones en tal sentido.

Es cierto que entre el periodo transcurrido entre el accidente y julio de 2018 , existieron múltiples reclamaciones por parte del lesionado , pero a ninguna de ellas se aporta una valoración del daño contradictoria a las dos de las que disponía el actor: la propia y la del forense .La entidad aseguradora consignó de acuerdo con los dos informe que entonces obraba en su poder el del Medico Forense y el de perito médico Sr Adrian a instancia de la demandada y no estaba obligada al abono de cantidades superiores ni a ciegas , para poder exonerarse de los intereses del art 20 LEC .

Por otra parte procede traer a colación la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con el criterio de racionalidad en la apreciación de la conducta de la aseguradora , de la que bien podemos citar como modelo la indicada por la propia apelada en su escrito . Sentencia de 10/10/2008, asi establece la necesidad de verificar en cada caso "la razonabilidad de la postura del asegurador resistente o renuente al pago", que entiende concurre cuando "se discute la existencia del siniestro, sus causas, o la cobertura del seguro, o cuando hay incertidumbre sobre el importe de la indemnización, habiéndose valorado los elementos de razonabilidad en el proceso mismo, en los casos en que la oposición se declara al menos parcialmente ajustada a Derecho, cuando es necesaria la determinación judicial ante la discrepancia de las partes, o cuando se reclama una indemnización notablemente exagerada ( sentencia de 21 de diciembre de 2007)".

En el supuesto que nos ocupa la aseguradora despliega una actitud razonable pues atiende en todo momento a lo determinado, extremando diligencia para valorar el daño y cumpliendo con sus obligaciones de pago. La prolongada situación de indeterminación posterior vino provocada voluntariamente por el propio lesionado quien anualmente decía que reclamaba pero ni el mismo ni nadie sabía exactamente qué. Esta incertidumbre voluntariamente creada por quien reclama no puede constituirse ahora en fundamento de la imposición de los intereses del art 20 LCS

. Estimando en consecuencia ajustada a derecho la no imposición de los intereses de los Art 20 LCS imposición en el caso presente de los intereses del Art 20 de LCS, si bien estima la Sala que en el caso presente los intereses a abonar serán los legales desde la fecha de la reclamación judicial y los intereses del Art 576 de la L.EC. desde la fecha de esta sentencia.

Por todo lo expuesto procede la la desestimación del recurso de apelación.

CUARTA.- En cuanto a las costas causadas en esta alzada, desestimado el recurso de apelación, por aplicación del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede su imposición a la parte apelante.

De conformidad con el apartado 8 de la Disposición Adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, procede dar al depósito constituido en su día para recurrir el destino legalmente previsto.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación