Sentencia Civil 1579/2022 Audiencia Provincial Civil de Málaga nº 6, Rec. 1274/2021 de 19 de octubre del 2022

PRIMERO.- La Sentencia dictada en fecha 21 de mayo de 2021, dirimiendo las discrepancias surgidas entre las partes en la Diligencia de Formación de Inventario celebrada el día 19 de febrero de 2020 ante la Señora Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia N.º 5 de Fuengirola acuerda fijar como inventario de la Sociedad ganancial en su día constituida entre doña Agueda y don Luis Manuel, declarada disuelta por Sentencia de divorcio de fecha 17 de noviembre de 2014, a efectos de su posterior y efectiva liquidación, el siguiente:

ACTIVO GANANCIAL:

1. Vivienda sita en " DIRECCION000", Finca Registral num. NUM000. del Registro de la Propiedad número 3 de Mijas (doc. 2 demanda: Nota Simple).

2. Vivienda sita en Marruecos, provincia de Tetuán (doc. 3 de la demanda: Escritura compraventa) :

"apartamento en copropiedad con uso de habitación, situado en planta baja , formando la fracción divisa numero NUM001, compuesta de dos habitaciones , salón, cocina, baño, patrio y terraza; en la provincia de Tetuán, CARRETERA000, DIRECCION001, con una superficie de noventa y ocho metros cuadrados; a la cual se añaden, 40.58/1000 emes pro indiviso de la propiedad original objeto de la escritura de propiedad numero NUM002."

3. Local comercial sito en Calle héroes del Alcázar,registral numero 35845, del Registro de la Propiedad numero 1 de los de Fuengirola (doc. 5 de la demanda: Nota Simple) .

4. Local comercial sito en edificio en Calle Héroes del Alcázar, denominado Molino de Viento registral numero 33.339, del Registro de la Propiedad numero 1 de Fuengirola (doc. 6 de la demanda, Nota Simple )

5. Vehículo Peugeot 307, matricula .... MXS.

6. Vehículo C4 HDI, matricula ....WWY, que según manifiestan las partes el demandado dispuso de él.

7. Importe del préstamo hipotecario a favor del BBVA que ha pagado el demandado, D. Luis Manuel, por importe de 67.554,66 euros, a fecha enero de 2020.

8. Importe, concretado en 5011,29 EUROS, abonados por el demandado, Luis Manuel, en concepto de impuestos al Ayuntamiento de Fuengirola.

9. El importe que en concepto de clausula suelo fue devuelto con ocasión del préstamo hipotecario a favor del BBVA.

10 . Ajuar doméstico existente en domicilio familiar, pendiente de valoración.

11. Cuantía, no determinada, invertida en las obras en su día efectuadas en la vivienda sita en CALLE000, privativa del Sr. Luis Manuel, que fue de uso familiar.

12. El importe correspondiente a pagos efectuados por el Sr. Luis Manuel, en concepto de préstamo e impuestos que gravan la vivienda, sita en Marruecos.

PASIVO GANANCIAL:

1.- Préstamo hipotecario a favor de la entidad BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. por importe a fecha de concesión de la cantidad de 270.000,00 Euros, pendientes de amortizar a fecha de julio la cantidad de 201.326,05 Euros (doc. 8 y 9 de demanda) .

2.- Cuotas pendientes de IBI, debidas al Ayuntamiento de Mijas, estando pendiente la cantidad de 1387,40 Euros, en los términos concretados en Acta de Formación Inventario celebrada el día 19 de febrero de 2020.

La Sentencia es recurrida en apelación por la demandante, pero antes de resolver las pretensiones revocatorias articuladas y examinar los hechos alegados en apoyo de las mismas, para facilitar la resolución del recurso, a juicio de esta Sala, resulta conveniente exponer previamente cuáles fueron las partidas controvertidas, para delimitar claramente los términos del debate de la alzada, y así en la Diligencia celebrada ante la LAJ del Juzgado, en cuanto al Activo, se mostró disconforme la demandante con la no inclusión en el Activo de la vivienda sita en CALLE000, Finca Registral número NUM003 del Registro de la Propiedad N.º 3 de Mijas, vivienda esta que la Juez a quo acuerda excluir al estimar probado su carácter privativo de don Luis Manuel; aportaciones de la sociedad ganancial destinadas a obras de reforma del inmueble sito en CALLE000, que la demandante pretendía en cuantía de 60.000 euros, y respecto de la cual la Juez a quo decide su inclusión en el Activo como partida en cuantía no determinada, invertida en las obras en su día efectuadas en la vivienda sita en CALLE000, privativa del Sr. Luis Manuel; Vehículo .... YZJ C4, cuya inclusión en el Activo interesaba el demandado y que la Juzgadora de instancia decido ser improcedente su inclusión en el Activo; pago de préstamo hipotecario que pesa sobre la vivienda sita en Marruecos (ganancial), e impuestos abonados por el demandado, cuya inclusión pretendía el mismo en cuantía de 9.259,67 euros (documentos 3 a 6 de su propuesta), partida que la Juez a quo acuerda incluir en el Activo ganancial; crédito cuya inclusión en el Activo, en importe de 42.000 euros que en concepto de alquileres de locales comerciales incluidos en el Activo se afirman percibidos por el demandado, pretendía la demandante, y respecto del cual la Juez a quo decide ser improcedente su inclusión por falta de prueba; importe que el demandado afirma percibido en su totalidad por la demandante por el alquiler de la vivienda sita en DIRECCION000, y cuya inclusión en el Activo de interesaba por el mismo, respecto de cuya pretensión, la Juzgadora de instancia decide su no inclusión en el Inventario por falta de prueba. En cuanto al Pasivo el demandado interesaba incluir en el Inventario el importe dimanante de la Sentencia condenatoria dictada frente a él en Juicio Ordinario 671/2008, que dio lugar al Procedimiento de Título Judicial 474/13 del Juzgado de Primera Instancia N.º 3 de Fuengirola, en que se impuso condena al pago de 11.573,02 euros de principal, más las costas (abogado 511,01 euros, procurador 373,91 euros), un total de de 12.457,94 euros (documentos 7 y 8 de su propuesta), partida esta en relación con la cual se opuso la demandante alegando que ella no había sido parte en dicho Procedimiento y por ello no tenía que asumir pago alguno por el mismo, decidiendo la Juzgadora de instancia, la improcedente inclusión en el Pasivo de la partida en cuestión.

SEGUNDO.- Con carácter previo al examen del recurso de apelación esta Sala se ve obligada a realizar una aclaración respecto del escrito deducido por el apelado toda vez que el mismo se encabeza como de oposición al recurso en virtud del artículo 461 de la L.E.C, afirmando que la Sentencia que se recurre de adverso resulta plenamente ajustada a Derecho, y a reglón seguido se aducen todas las alegaciones de oposición a los motivos de apelación articulados de contrario, en el Suplico, luego de manifestarse textualmente que " ...teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, tener por formulada OPOSICIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN .......dicte nueva sentencia por la que desestimando el mencionado recurso se confirme íntegramente la dictada en su día por el Juzgado de Instancia, así como se admita como pasivo ganancial el pago de las costas judiciales abonadas por mi representado....con expresa imposición de las costas causadas en la alzada", con lo cual parece que se quiere impugnar la Sentencia, y esa aclaración no es otra que es parecer de la Sala, que de haberse querido impugnar por el demandado la Sentencia, como expresamente ordena el artículo 461.2 de la L.E.C, debería haberse dado por el mismo cabal cumplimiento a las exigencias procesales establecidas en el artículo 458 de la L.E.C, al que expresamente se remite el artículo 461.2 del Texto procesal, y no habiéndolas observado en absoluto, es incuestionable que no puede tenerse por impugnada la Sentencia por el apelado, como de hecho el Juzgado de instancia no la tuvo por tal, siendo de ello plenamente consciente la representación procesal y defensa letrada del apelado, pues tan es así que una vez que fue presentado por el mismo a través de su representación procesal el escrito de oposición al recurso de apelación, como expresamente lo denominó el apelado, se dictó por el Juzgado de Primera Instancia DIOR de fecha 13 de julio de 2021, en virtud de la cual se dispuso textualmente: << 1.- El anterior escrito presentado por la Procuradora Dº. Victoria Martín Gómez en nombre y representación de Luis Manuel, oponiéndose al recurso de apelación interpuesto en el presente proceso, únase a los autos de su razón.

Estando presentado el escrito dentro del lazo señalado, se tiene por formalizado dicho trámite de OPOSICIÓN al recurso.

2.- Conforme a lo ordenado en el artículo 463 de la Ley 1/200, de Enjuiciamiento Civil, remítanse los autos a la Audiencia Provincial de Málaga para resolver la apelación previo emplazamiento de las partes por DÍEZ DÍAS >>; DIOR que fue debidamente notificada a las partes, y que no fue recurrida en reposición por la parte apelada, pese a que pudo serlo, como expresamente se hacía saber a las partes al pie de la misma, procediéndose seguidamente por el Juzgado a emplazar a ambos litigantes, y a remitir los autos a esta Audiencia Provincial para la resolución del Recurso de apelación, personándose la representación procesal de don Luis Manuel en esta Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Málaga mediante escrito fechado el día 15 de julio de 2021, remitido vía LexNet en la misma fecha, expresando que se personaba como Apelado, y como tal parte apelada se le tuvo por personado en la DIOR dictada por la LAJ de la Sala el día 26 de julio de 2021, DIOR que fue debidamente notificada a ambas partes, y que tampoco fue recurrida por la representación procesal del demandado, a la sazón apelado, por lo que es indudable, que esta Sala no puede tener por impugnada la Sentencia, como tampoco la tuvo como tal el Juzgado de Primera Instancia, primero porque la impugnación no se habría realizado conforme a derecho, y segundo porque de haberlo sido, que no lo fue insistimos, debió en todo caso el apelado haber procedido a recurrir en reposición la DIOR de 13 de julio de 202, y no lo hizo, aquietándose a la misma, como tampoco recurrió la DIOR dictada en la alzada en 26 de julio de 2021, luego la alegación y petición de alzada, por llamarla de alguna manera, aducida por dicha parte respecto de la cuestión relativa Juicio Ordinario, excluida del Inventario por la Juez a quo en la Sentencia apelada de adverso, no puede ser analizada por la Sala, quedando extramuros del debate de esta segunda instancia, sin que la cuestión, de meridiana claridad, merezca de mayores consideraciones.

TERCERO.- Como los artículos 448 y 456 de la L.E.C delimitan claramente el ámbito del recurso de apelación, esta Sala se limitará en esta Sentencia a ofrecer respuesta a la recurrente sobre las concretas cuestiones planteadas por la misma en el recuso de apelación por dicha parte deducida, sin entrar en el examen de otras cuestiones que han intentado ser introducidas por las partes de forma extemporánea, obviando incluso que el ámbito y objeto del Juicio Verbal celebrado ante las divergencias entre los litigantes en la Diligencia de Formación de Inventario ante la LAJ del Juzgado, quedó delimitado, precisamente, y de forma única y exclusiva a resolver esas divergencias, es decir, exclusivamente a resolver las partidas sobre cuya inclusión o exclusión discreparon las partees en la Diligencia de formación de inventario, y ello, insistimos, a la vistas de las concretas decisiones objeto de apelación por parte de la demandante.

Antes de entrar a analizar cada una de las partidas que la demandante, ahora apelante, sigue cuestionando en esta alzada, la Sala se ve obligada a analizar, por su naturaleza eminentemente procesal, las alegaciones a que se refiere la recurrente en el ordinal Octavo del recurso en el que afirma que la Sentencia es incongruente y está falta de motivación, con lo cual, a su juicio, infringe el artículo 218 de la L.E.C, dado que no se menciona la celebración de vista respecto de la cual solo se refiere que comparecen las partes, y que se han practicado diligencias finales, y nada en cuanto a la testifical, cuando es competencia de la Juez a quo tener en cuenta las testificales, y de no tenerlas en consideración debe razonar porque no es así, existiendo una absoluta omisión al respecto como si no se hubiese practicado ninguna testifical, prueba esta que por otro lado era útil y necesaria para acreditar que el inmueble de CALLE000 fue adquirido para proyecto de vida en común, e igualmente para acreditar las obras realizadas en el mismo, y la existencia de una vitrina que el demandado tiene en su poder.

Pues bien, como la recurente, pese a denunciar un vicio procesal de la Sentencia y alegar de forma indirecta haber sufrido indefensión (mas sin concretar el tipo de indefensión sufrida cuando es solo la de naturaleza material la que alcanza relevancia constitucional), no pide que sea declarada nulidad de actuaciones como exige el artículo 227 de la L.E.C, esta Sala, aun de poder apreciar, hipotéticamente hablando, algún vicio procesal e indefensión de parte, queda vetada de un eventual pronunciamiento de nulidad, con lo cual la única trascendencia practica que a efectos de esta alzada habría de tener el motivo examinado, sería la de obligar a este Tribunal a poner remedio al indebido proceder en que se afirma ha incurrido la Juez a quo, ya remediando la incongruencia omisiva denunciada, ya motivando en debida forma las decisiones, lo cual no significa, como parece entender la recurente, que en la alzada, necesariamente, se habría de emitir un Fallo revocatorio del de instancia, que es lo suplicado por la misma.

En cualquier caso esta Sala no aprecia la concurrencia de ninguna de las infracciones procesales denunciadas y mucho menos indefensión de una parte que ha intervenido en un procedimiento dotado de todas las garantías procesales, debidamente representada por su Procuradora y Defendida por su Densa Letrada.

Comenzando por la incongruencia es parecer de la Sala que incurre la parte apelante en cierta confusión procesal, pues uno cosa son los Antecedentes de Hecho (en los cuales, en definitiva, se ha de exponer los pasos que han concurrido para que se formara el objeto del proceso, siendo que en el caso la Sentencia se ajusta perfectamente a las previsiones de los artículos 209 de la LEC, y artículo 248 de la L.O.P.J; otra cosa son los Fundamento de Derecho, en los que, conforme al artículo 209 de la L.E.C, se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de hecho y de derecho fijados por las partes y los que ofrezcan las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso, pero para nada se ha de exponer en los mismos como parece considerar la recurrente el desarrollo de la vista, y en el caso la Sentencia es claramente respetuosa con el precepto señalado; y otra distinta el Fallo o Parte Dispositiva, el cual conforme al indicado precepto ha de acomodarse a los artículos 216 y siguientes de la L.E.C, y contendrá, numerados, los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos, así como el pronunciamiento sobre las costas, y la Sentencia que resuelve la litis, es igualmente respetuosa con dicha norma.

La incongruencia de una Resolución judicial, en el sentido de la obligación que impone a Jueces y Tribunales el artículo 218 de la L.E.C, no se produce por el hecho de que en los Fundamentos de Derecho no se exponga como se ha desarrollado la vista o juicio, ni por el hecho de que no sea valorado algún medio de prueba de los que hubieren podido practicarse, por cuanto que la incongruencia se produce cuando hay un desajuste entre lo resuelto en el Fallo de una Sentencia o la Parte Dispositiva cuando la Resolución judicial reviste forma de Auto, y las pretensiones de las partes oportunamente deducidas por las partes en el pleito, bien por dar más de lo pedido (incongruencia ultra petita), cosa distinta de lo pedido (incongruencia citra petita), o por dejar sin resolver y sin ofrecer oportuna repuesta a alguna o algunas de las pretensiones planteadas por las partes oportunamente en la litis, siendo esta última la que determinaría la incongruencia omisiva a la que parecerse referirse la recurente, pero basta examinar la Diligencia de Formación de Inventario ante la LAJ, en cuyo acto procesal quedó determinado el objeto del posterior juicio verbal del que trae causa el recuso que nos ocupa, al producirse discrepancias entre las partes respecto de determinadas partidas a incluir o excluir del Inventario, y el Fallo de la Sentencia objeto de apelación, para inferir que esta Resolución es absolutamente congruente, no habiendo dejado de ofrecer respuesta a ninguna de las pretensiones de las partes, siendo que el hecho de que no haya resuelto las discrepancias surgidas por las partes en el sentido que a la hoy recurente interesaba, no determina que nos encontremos ante una Resolución que incurra en incongruencia omisiva, toda vez que ofrece respuesta a todas y cada una de las pretensiones de ambas partes, por tanto también a las de la hoy apelante, precisamente desestimando alguna de ellas, y esto no puede ser calificado como incongruente, pues de otro modo, a la postre, todas las Resoluciones Judiciales resultaría incongruentes para la parte cuyas pretensiones, debidamente examinadas y enjuiciadas, fueren desestimadas. Ciertamente la Juez a quo, al resolver las cuestiones litigiosas objeto del juicio verbal, ha resuelto todas y cada una de ellas, dentro de los parámetros en los que las partes la plantearon y, por tanto , sin incurrir en incongruencia de tipo alguno, y menos aun en incongruencia omisiva.

Pero es que tampoco adolece la Sentencia de falta de motivación, bastando en concreto la mera lectura del Fundamento de Derecho Cuarto, para colegir, sin dificultad alguna, que la Juzgadora de instancia, aun de forma concisa, explica cumplidamente cuáles son las razones que conducen a estimar unas pretensiones y a desestimar otras, y no cabe ignorar que el Tribunal Constitucional tiene reiterado que el deber de motivación que impone a Jueces y Tribunales el artículo 218 de la LEC, no exige un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se decide, debiendo considerarse suficientemente motivadas, como es el caso, aquellas Resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuales han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, es decir la ratio decidendi que ha determinado la misma, resultando de evidencia incuestionable que la Sentencia apelada resuelve, insistimos, todas y cada una de las cuestiones litigiosas, razonándolas debidamente, pues la fundamentación expuesta permite conocer la razón que conduce al Fallo, no convirtiéndose la mera disconformidad del recurrente con alguna de las decisiones tomadas y reflejadas en el Fallo de la Sentencia, o con los razonamientos que se exponen en la misma, en argumento que determine falta de motivación, ni en argumento jurídico que por sí solo, permita como pretende, la revocación del Fallo en el sentido por dicha parte interesado.

A los efectos debatidos no resulta ocioso recordar a la Señora Agueda que dentro de las facultades que se concedan a Jueces y Tribunales de instancia se incluye el que los mismos puedan dar diferente valor a los medios probatorios puestos a su alcance e, incluso, optar entre ellos por el que estimen más conveniente y ajustado a la realidad de los hechos, por lo que el hecho de que se decanten por un medio de prueba al que se pueda conferir mayor valor probatorio (en el caso sería documentales públicas por encima de dos testificales, hermana y amiga de la demandante), en absoluto es causa de incongruencia, ni determina falta de motivación de la Resolución, pues es facultad del Juez de primer grado valorar libremente o apreciar en conciencia las pruebas practicadas, valoración que por demás, ha de respetarse en la alzada, al menos en principio, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la Sentencia ( S.S.T.C de 17 de diciembre de 1.985, 13 de junio de 19.86, 13 de mayo de 1.987, 2 de julio de 1.990 y 3 de octubre de 1,994), como es el caso, debiendo únicamente ser rectificado cuando en verdad sea ficticio, bien cuando un detenido y ponderado examen de las actuaciones, ponga de relieve un manifiesto y claro error del Juzgador "a quo ", bien de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria, con criterios objetivos y sin riesgos de incurrir en discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en autos, una modificación de la realidad fáctica establecida en la Resolución apelada, lo cual será objeto de examen por parte de la Sala al resolver cada uno de los motivos articulados por la recurrente, debiendo perecer, conforme a todo lo expuesto el motivo de apelación examinado.

CUARTO.- La primera decisión de fondo con la que la apelante no está conforme es con la relativa a la exclusión del Activo del Inventario del inmueble sito en CALLE000 de Mijas, Finca Registral número NUM003 del Registro de la Propiedad N.º 3 de Mijas, por cuanto que considera, frente a lo razonado y decidido por la Juez a quo, que se trata de un inmueble que es de naturaleza ganancial, pues afirma que dicha vivienda se compró cuando ambos litigantes eran pareja, vivían juntos y pretendían casarse y tener familia, habiendo constituido el inmueble en cuestión la vivienda familiar durante toda la unión marital, e incluso tras la ruptura y el divorcio ella y sus hijas permanecieron residiendo en dicho inmueble, y si no lo incluyó en su propuesta de Inventario fue por el miedo insuperable que tiene hacia el demandado, para demostrar lo cual pretendió aportar en la vista una denuncia formulada contra el mismo por violencia de género, si bien no le fue admitida por la Juez a quo, con lo cual considera vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, más cuando la Juez a que basa su decisión en el hecho de no haber incluido la recurrente dicha partida en su propuesta, que si no lo hizo fue por miedo al demandado, miedo que ha superado en el devenir del procedimiento liquidatorio y por ello interesa la inclusión de dicho inmueble como partida integrante del Activo ganancial, porque es ganancial, y de hecho así lo acreditan las pruebas testificales practicadas, testigos que corroboraron que el inmueble se compró cuando ya vivían juntos y la idea era casarse y formar allí una familia, y de hecho ha sido el domicilio familiar. Añade que si está inscrito dicho inmueble a nombre solo del demandado, pese a que su relación de noviazgo se remonta a 1.991-1.992, es porque es así como suele proceder el mismo pues basta examinar la escritura de compra del inmueble sito en Marruecos (documento de la demanda), inmueble ganancial, para comprobar que en el otorgamiento de la misma solo compareció el demandado, y ha sido este siempre el modus operandi del mismo (con autorización de ella, o con el miedo expuesto), pues era él el que adquiría, gestionaba, firmaba y comparecía como dueño. Añade que como consta en la Nota simple el inmueble en cuestión está pagado con precio aplazado, pues consta una hipoteca unilateral, inscripción 7ª, de 22 de febrero de 2006, modificada y ampliada en 2016 a favor de BBVA S.A, que responde de 140.964,70 euros, y por ello, ex artículo 1.354 del Código Civil, cuando menos ha de incluirse en el inventario en la forma que dispone dicho precepto, siendo de considerar también a tales efectos el artículo 1.357.2º del Código Civil, motivos los expuestos por los que considera que debe incluirse en el Activo el referido inmueble por ser ganancial, y en este sentido pretende la revocación de la Sentencia, revocación a la que se opone el demandado, a la sazón parte apelada, que insiste en el carácter privativo del inmueble en cuestión por haberlo adquirido él solo antes de contraer matrimonio y haberlo pagado con su propio peculio antes de contraer matrimonio con la recurrente (escritura de 29 de abril de 1.998), y si consta sobre el mismo una hipoteca es por que cuando compraron la vivienda de Mijas y los locales comerciales, todos ellos gananciales, a ser los locales insuficientes para garantizar el préstamo hipotecario, la entidad financiera requirió que se garantizase la hipoteca también con el inmueble privativo y por ello la inscripción de 22 de febrero de 2006 de la hipoteca con BBVA en la vivienda de CALLE000, no fue para pagar esta, sino para garantizar la hipoteca con la que se financió la compra de los referidos inmuebles gananciales, y en su parecer dicha garantía no modifica en nada el carácter privativo del inmueble en CALLE000.

Pues bien, conforme al artículo 1.346, 1º del Código Civil son bienes privativos de cada uno de los cónyuges "Los bienes y derechos que le pertenecieran al comenzar la sociedad"; de la documental pública aportada a los autos consistente de la escritura pública de compraventa otorgada el día 29 de abril de 1.998 (antes de que ambos litigantes contrajeran matrimonio y diera comienzo la sociedad ganancial), entre don Luis Manuel, soltero, en su propio nombre y derecho, como comprador y don Cayetano como vendedor, documental no impugnada do contrario, ni siquiera en cuanto a su valor probatorio, y que ha de ser valorada conforme al artículo 319 de la L.E.C, se infiere sin genero de duda alguna, que el inmueble en cuestión, cuyo precio de compra fue según se expresa en la escritura publica ascendió a 9.500.000 pesetas, que la parte vendedora afirma en dicha escritura recibidos con anterioridad al acto de manos de la parte compradora por lo que le otorga la más eficaz carta de pago, es privativo del Señor Luis Manuel, como bien resuelve la Juez a quo, pues fue adquirido y pagado por el mismo en estado de soltero, por tanto antes de contraer matrimonio y de la existencia de la sociedad ganancial. Lo determinante para examinar el carácter ganancial o privativo de dicho inmueble, por mucho que luego fuese domicilio familiar, no es ni la relación de noviazgo, ni la convivencia que hubieren podido iniciar los hoy litigantes al tiempo de la compra, como tampoco la finalidad perseguida al ser adquirido por don Luis Manuel que es el que figura como comprador, sino si fue adquirido o no constante la Sociedad, que no lo fue, toda vez que lo adquirió el Señor Luis Manuel en estado de soltero, y ni siquiera consta que la Señora Agueda, contribuyese a pagar el precio de la compra con dinero propio, lo cual ni siquiera ha sido alegado pues se limita a mantener que se compró porque ya tenían los litigantes proyecto de casarse y formar una familia como si eso determinase la existencia de la sociedad ganancial, resultando de la repetida escritura que el precio de adquisición del inmueble fue abonado por don Luis Manuel antes del otorgamiento de la escritura. Frente a ello no cabe oponer con el alcance probatorio que se pretende por la recurrente, las testificales en las que tanto insiste pues obviamente frente a la fuerza probatoria de un documento público no puede serle conferido mayor valor probatorio a una manifestaciones testificales, incuestionablemente interesadas en el resultado de la litis en favor de la demandante dado ser las testigos hermana y amiga de la misma, y más aun cuando lo que puede resultar acreditado de esos testimonios es el mismo argumento en el que tanto insiste la apelante, esto es, que ella y el que luego fue su esposo ya convivían y tenía proyectado casarse, y que se compró la vivienda porque la idea era vivir en ella, pero ello no priva al inmueble en cuestión de su carácter privativo dado haber sido adquirido y pagado por don Luis Manuel estando soltero, esto es antes de casarse y sin que aun existiese la sociedad ganancial que nació al ser contraído el matrimonio posteriormente, siendo incuestionable que nada obstaba a que don Luis Manuel adquiriese dicho inmueble con idea o finalidad de instalar en el mismo a la familia que proyectase tener con la hoy recurente, pero ello no priva al inmueble en cuestión de su carácter privativo, y en consecuencia, que no quepa su inclusión en el Activo del Inventario de la sociedad ganancial, como se pretende por doña Agueda.

Es verdad que la Juez a quo, a los efectos debatidos, además de valorar la escritura pública antes referida tiene en cuenta de doña Agueda en su propuesta de Inventario no incluyó el inmueble en cuestión, lo que lleva a la Juez a quo a inferir que sin duda no lo hizo por ser consciente de que era un bien privativo del que fuese su esposo, aduciendo la misma en el recurso que si no lo incluyó es por tener un miedo insuperable al señor Luis Manuel, y se queja de que por la Juez a quo, no le fuesen admitidas en el juicio determinadas documentales que ponen de manifiesto que sufrió violencia de género, y que demostrarían el miedo que tenía al que fue su esposo, prueba que al no haberle sido admitida le ha causado indefensión. Pues bien, al margen de que el argumento referido es utilizado por la Juez a quo como un criterio más de juicio, siendo el principal medio de prueba considerado en orden a resolver el carácter privativo de inmueble, la escritura pública antes citada, es cierto que la Señora Agueda no incluyó en su propuesta dicho el inmueble, lo que ya a priori permite presumir que sin duda no lo hizo al ser consciente de que no es un bien ganancial, y aunque alega que no lo incluyó inicialmente por un miedo insuperable al que fuese su marido, no alcanza la Sala a comprender que el miedo insuperable en base al cual, en definitiva pretende atribuir carácter ganancial al inmueble controvertido afecte a este bien, y sin embargo no haya sido obstáculo para incluir en su propuesta otras partidas. El hecho de que no le fuesen admitidos determinadas pruebas en la vista, en nada ha perjudicado a la recurrente, pues las pruebas pretendidas en absoluto habrían contribuido a determinar que el inmueble sito en CALLE000 es ganancial, pues obviamente, la naturaleza ganancial o privativa de un determinado bien o derecho, cuestión eminentemente jurídica, no depende del miedo que se pueda tener al otro cónyuge, y ha de recordarse a la recurrente que el derecho de las partes a valerse de los medios de prueba legalmente previstos, no es un derecho absoluto e ilimitado de forma tal que necesariamente hayan de ser admitidos y practicados todos los medios probatorios que las partes puedan interesar, sino que se tata de un derecho relativo y limitado que está sujeto a un juicio de legalidad, pertinencia y utilidad, juicio que compete al Tribunal sentenciador, no a las partes, las cuales no obstante sí tienen derecho a que se motiva por el Tribunal la decisión de inadmisión, y en el caso basta examinar la vista que la decisión de la Juez a quo estuvo fundada y motivada, toda vez que las documentales cuya aportación pretendió la hoy recurente resultaba absolutamente inútiles y superfluas pues en nada iban a contribuir a esclarecer el hecho controvertido cual era el carácter ganancial o privativo del inmueble de CALLE000, cuestión estrictamente jurídica, y cuya resolución no dependía ni depende de que la Señora Agueda hubiese denunciado a don Luis Manuel en 29 de octubre de 2014, como afirmaba y pretendía acreditar por violencia de genero, con lo cual la documental en cuestión fue inadmitida por la Juez a quo conforme a derecho pues así lo autoriza el artículo 283 de la L.E.C. A mayor abundamiento no cabe olvidar en relación con lo alegado por la parte apelante, que para reaccionar frente a un decisión de instancia denegatoria de una prueba, denegación que se considere indebida, como expresamente razona el Tribunal Supremo en Sentencia de 12 de marzo de 2014, entre otros muchas, la propia Ley procesal prevé el modo en que ello pueda ser remediado, cauce remedatorio (que es expresión, en el campo procesal, del principio general que recoge el artículo 6.3 del Código Civil de que la nulidad por contrariedad a norma imperativa o prohibitiva sólo procede cuando la legislación no prevé en efecto distinto para el caso de contravención), y ese cauce remedatorio es el que contempla el artículo 460.2 de la L.E.C, que regula la posibilidad de que la parte apelante, en el escrito de apelación, pueda proponer la práctica, en la segunda instancia las pruebas que estime indebidamente denegadas en la primera instancia, entre otros supuestos que no viene al caso. El artículo 464.1 de la L.E.C, dispone que recibidos los autos por el Tribunal que haya de resolver la apelación, si se hubiese propuesto prueba, acordará lo que procesa sobre su admisión en el plazo de diez días y si se admitiese la solicitud de práctica de prueba en segunda instancia, se celebrará vista, dentro del mes siguiente con arreglo a lo previsto para el juicio verbal; siendo este el cauce que prevé el Texto Procesal, y siendo así, en el caso de autos, la recurrente, sin duda, conocedora de la vía procesal regulada en el artículo 460 de la L.E.C, hizo uso de la misma, interesando en el escrito de interposición del recurso de apelación, en Otrosí Digo, la practica de prueba, la admisión de la documental adjuntada al escrito, que estimaba le había sido indebidamente denegada en la instancia, habiendo obtenido cumplida respuesta por parte de esta Sala en Auto dictado el día 27 de julio de 2021, Auto que, recurrido en reposición por la Señora Agueda, fue confirmado por posterior Auto de esta Sala dictado el día 28 de Septiembre de 2021, a cuya fundamentación jurídica hemos de remitirnos a fin de evitar reiteraciones innecesarias; acontecer procesal este que excluye todo tipo de indefensión de la recurrente, indefensión que en todo caso, y de haberla podido sufrir (que no la ha sufrido en momento alguno), habría quedado remediada al hacer uso del cauce previsto en el artículo 460 de la L.E.C, y al haber obtenido cumplida respuesta por parte de este Tribunal de apelación.

En otro orden de cosas hemos de recordar a la apelante a los efectos debatidos, que como el inmueble en cuestión fue adquirido por don Luis Manuel antes de que contrajese matrimonio con doña Agueda, y por tanto antes del nacimiento de la sociedad ganancial, no cabe aplicar la presunción de ganancialidad del artículo 1.361 del Código Civil, y en esta tesitura era a ella, en cuanto que afirmaba el carácter ganancial de dicho inmueble a quien incumbía acreditarlo, y frente a la contundente acreditación de todo lo contrario, es decir del carácter de bien privativo de don Luis Manuel, resultante de la escritura pública de compraventa del inmueble anteriormente examinada, no cabe atender ni a las alegaciones de la hoy apelante, ni a la prueba practicada a su instancia, de la que en absoluta cabe establecer que nos encontremos ante un inmueble ganancial, y en cuanto al modus operandi alegado respecto de don Luis Manuel, solo cabe decir que del hecho de que en la escritura de compraventa del inmueble sito en Marruecos, cuyo carácter ganancial en momento alguno ha sido negado, interviniese solo don Luis Manuel, no cabe llegar a la conclusión pretendida por la recurrente, que pretende comparar ambas escrituras, pues la otorgada en España respecto del inmueble de CALLE000 lo fue estando don Luis Manuel soltero y se otorgó conforme a la legislación Española, como igualmente lo fueron las otorgadas por las compras de los locales del piso de Mijas (todos ellos bienes gananciales), y la de Marruecos, otorgada ya constante el matrimonio y por tanto la sociedad ganancial, hubo de serlo necesariamente conforme a la legislación y normativa propia de Marruecos (don Luis Manuel es Marroquí), lo cual ciertamente no es responsabilidad del Señor Luis Manuel, ni cabe imputar al mismo actuación alguna contraria a derecho como se viene a insinuar.

Y resulta de todo punto contradictorio, e incluso una incoherencia jurídica, que por un lado se afirme que dicho inmueble es ganancial y que por tanto debe ser una partida integrante del Activo, y por otro lado también se pretenda incluir en el Activo ganancial las obras efectuadas una vez contraído el matrimonio en dicho inmueble, pues obviamente si es un inmueble ganancial y las obras se pagaron con dinero ganancial estas no pueden ser de inclusión en el Inventario, cabiendo inferir de esta pretensión de la recurrente, esto es la relativa a la inclusión de las obras de reforma del inmueble de CALLE000, que se está reconocido en definitiva, y pese a todo lo argumentado, que el inmueble en cuestión es privativo de don Luis Manuel y que por ello se pretende incluir en el Activo, en cuanto que crédito de la Sociedad frente a don Luis Manuel las obras efectuadas a costa de dinero ganancial en el inmueble privativo del mismo.

Es verdad que se ha acreditado que el inmueble de CALLE000 fue domicilio familiar, pero ello no le priva de su naturaleza de bien privativo de don Luis Manuel, ni permite que se apliquen las previsiones del artículo 1.354, en relación con el artículo 1.357 del Código Civil, pues insistimos dicho inmueble, por mucho que constituyese domiclio familiar, fue adquirido y pagado por don Luis Manuel mucho antes de contraer matrimonio, concretamente mediante escritura pública otorgada el día 29 de abril de 1.998, y no consta que el precio fuese pagado a plazos como afirma la recurrente, sino que se pagó por don Luis Manuel, tal y como se hace constar en la escritura, antes del otorgamiento de esta, lo que por demás no ha controvertido la Señora Agueda que en momento alguno ha alegado haber contribuido al pago del precio de la compraventa, y mucho menos ha probado pago alguno por cuenta de dicho negocio jurídico, y aunque es verdad que en la Nota simple de la Finca aportada por la recurrente figura, inscripción 7ª, de fecha 22 de febrero de 2026, hipoteca unilateral, modificada y ampliada, inscripción 9ª de 24 de mayo de 2016, a favor de BBVA S.A, respondiendo de 147.974,60 euros, ello no significa como pretende hacer valer la recurrente que el tan repetido inmueble de CALLE000 fuese pagado a plazos en parte por la sociedad ganancial y por ello sea aplicable el artículo1.354 del Código Civil, en relación con el artículo 1.357 del mismo Texto, pues basta examinar la escritura de la compraventa otorgada en 1.998 para inferir que el precio se pagó en su totalidad en ese momento por don Luis Manuel, y ver las fechas de las inscripciones de la hipoteca que constan en la Nota simple (2006 y 2016), para poder presumir sin genero de duda que cuando ambos litigantes ya casados compraron la vivienda de Mijas y los locales comerciales (todos ellos inmuebles gananciales), solicitaron una hipoteca para financiar las compras de dichos inmuebles, y que al ser insuficientes para garantizarla hipoteca (carga ganancial), se garantizó la misma también con el inmueble privativo de don Luis Manuel, inscrito a su nombre, y ciertamente dicha garantía no modifica en absoluto el carácter privativo de dicho inmueble, insistimos comprado y pagado por don Luis Manuel en 1.998 antes de contraer matrimonio con la hoy apelante, ni por mucho que fuese domicilio familiar, permite aplicar el artículo 1.354 del Código Civil, en relación con el artículo 1.357 del mismo Texto legal.

Los razonamientos expuestos, abocan a la desestimación, del motivo de apelación cuyo examen nos ha ocupado, y en consecuencia confirmamos la Sentecia en cuanto a la decisión de no incluir en el Activo ganancial el inmueble sito en CALLE000, al ser un inmueble privativo de don Luis Manuel.

QUINTO.- Afirma la recurrente que la Juez a quo ha incurrido en error de valoración de la prueba al decidir incluir en el Activo ganancial la cuantía invertida en las obras en su día efectuadas en la vivienda sita en CALLE000, privativa del Señor Luis Manuel, de uso familiar, y a valorar en el momento oportuno, afectante a baños, cocina, tejado y pintura de fachada, decisión que basa la Juzgadora de instancia en las declaraciones del demandado y en las fotografías, documento 12 de la demanda, y afirma la recurrente que la Juez a quo incurre en error de valoración de prueba en la medida que se afirma por la misma que la decisión se basa en el reconocimiento del demandado y en el documento 12 de la demandada, cuando el demandado lo que afirmó es que únicamente se reparó la cubierta porque existían filtraciones, sin que se hicieran más reformas, cuando lo cierto es y así lo afirmó la recurrente, es que se hizo una reforma integral del inmueble, lo que aumentó el valor del bien siendo un inmueble distinto, y así lo testificó doña Adolfina que manifestó que se reformó todo, incluso se hizo una piscina, afirmando la misma que fue su hermano Carlos Manuel el que hizo la reforma, y doña Ascension manifestó que conocía la vivienda antes de la reforma y después, y pudo comprobar que por fuera era una vivienda distinta de cuando fue comparada cuando los litigantes eran novios, lo cual, en parecer de la recurrente, acredita que lo alegado por la misma coincide con lo que la Juez de instancia establece, esto es que la reforma fue de fachada, pintura, baños, cocina etc, lo que por demás coincide con las fotos y facturas aportadas con la demanda las cuales unas aparecen a su nombre y otras a nombre de su hermano Carlos Manuel, y no con lo manifestado por el demandado, y ello así, acreditado que la reforma se hizo como ella dice, y que aumentó el valor del bien, y que fue la recurrente la que abonó íntegramente dichas facturas y no el caudal común, es claro que debe incluirse "un crédito contra la masa", y a favor de la recurrente, debiendo subsanarse la afirmación de la Juez a quo de que se resuelve conforme a lo que dice el demandado, dado que como se ha expuesto, este lo niega y afirma que solo se hicieron unas obras de reparación de unas goteras.

Pues bien, no es cierto que la Juez a quo, al decidir incluir en el Activo, la cuantía, no determinada, invertida en las obras en su día efectuadas en la vivienda sita en CALLE000, privativa del Sr. Luis Manuel, razonando que afectó a baños, cocina, tejado, y pintura de fachada, incurra error alguno al fundamentar la decisión pues al margen de expresar el alcance de las obras como queda aclarado con la simple lectura del punto 2 del Fundamento de Derecho Cuarto, la Juez de instancia da inicio a dicha fundamentación expresando que comparte las alegaciones vertidas por la demandante, y luego expresa, insistimos, que las obras afectaron a baños, cocina, tejado y pintura de fachada, por lo que la decisión coincide con las alegaciones de la demandante, si bien se difiere la valoración de las obras a una ulterior fase del proceso liquidatorio, pero también con lo que vino a reconocer el demandado, que además presentó la licencia de obras expedida a su nombre en 2011, detallándose como obra a realizar cambio de tejado a terraza, alicatado de baño y cocina, solería interior y de terraza, y enlucido y pintura de fachada, y con las fotografías aportadas con la demanda como documental 12, por lo que ciertamente la Juez a quo no incurre en error alguno susceptible de subsanación, y no es cierto que el demandado negase el alcance de las obras llevadas a cabo, pues las reconoció y aportó la licencia, sin que la cuestión, de meridiana claridad, merezca de mayores consideraciones, y las obras realizadas son las que son, y aparecen acreditadas por la licencia y las facturas, y si lo que se pretende por la misma es que a las obras acreditadas se añada un largo etc (algo que la Sentencia no hace), so pretexto de una petición de subsanación, la pretensión deviene inestimable, pues el alcance de las obras llevadas a cabo está recogido en la licencia en su día expedida, y ello ni siquiera fue solicitado por la hoy recurrente en la instancia, en la que se adujeron obras como las expresadas de la Licencia, reconocidas por demás por el demandado, sin que exista prueba alguna, más que las testificales, en buena lógica, parciales e interesadas de la hermana y de amiga de la recurrente, testificales a todas luces insuficientes a los efectos debatidos por razones obvias, y las fotografías aportadas, pero ni una sola prueba más de solidez que permita una ampliación ilimitada de obras de reforma como parece pretende la recurrente.

No cabe sobre el particular examinado un fallo de alzada como el que pretende la recurrente, que modifica su pretensión de instancia e incluso la causa de pedir provocando una mutatio libelli, pues en tanto que lo interesado por la misma en la anterior instancia fue que se incluyese en el Activo ganancial, en cuando que crédito de la sociedad frente a don Luis Manuel la suma de 60.000 euros que afirmaba aportada por la sociedad para obras de reforma y mejora del inmueble de CALLE000, ahora en el recurso pide que se incluya "un crédito contra la masa", y a favor de la recurrente, por esas obras que ahora afirma abonadas por ella íntegramente, no a costa del caudal común, pretensión esta de alzada que solo por entrañar un cambio, una alteración respecto del planteamiento de instancia, ha de ser rechazada de plano, pues lo contrario sería tanto como contravenir el principio pendente apellatione nihil innovetur.

Pero es que, además, de la documental adjuntada con la demanda resulta acreditado que el matrimonio se contrajo por los litigantes el día 6 de octubre de 2000, el divorcio de declaró por Sentencia de 17 de noviembre de 2014 (autos de divorcio 734/2014), del Juzgado de Primera Instancia N.º 5 de Fuengirola, siendo en esa fecha, de conformidad con los artículos 95 y 1.392.1º, ambos del Código Civil, en la que quedó disuelta la sociedad ganancial, y la licencia de obras en el inmueble de CALLE000 aportada por el desmandado se solicitó en 2011, constando expedida a nombre de don Luis Manuel, estando todas las facturas aportadas por la demandante respecto de las obras referidas a dicho inmueble, fechadas en 2011, esto es, constante el matrimonio y constante la sociedad ganancial, lo que lleva a aplicar la presunción del artículo 1.361 del Código Civil, y por ende a concluir que las obras en cuestión en el inmueble privativo de don Luis Manuel fueron abonadas con dinero ganancial, y no con dinero privativo de doña Agueda, como se alega por la misma, alegación esta que está en absoluta orfandad probatoria, y no se puede concluir lo alegado por la misma del mero hecho de que algunas de la facturas aparezcan a nombre de ella y otras a nombre de su hermano que al parecer fue el contratista encargado de las obras, porque esto no acredita en modo alguno que dichas facturas, por más que se expidieran a nombre ella o de su hermano, fuesen abonadas con dinero privativo de doña Agueda; no hay constancia alguna de ello, y estando vigente aun el matrimonio y la sociedad ganancial se ha de presumir que fueron abonadas con dinero ganancial, presunción esta no desvirtuada por prueba alguna en contrario.

Es verdad que las obras se acometieron en un inmueble privativo de don Luis Manuel, como también es verdad que lo fueron a costa del caudal común, y ello así han de ser tenidos en cuenta los artículos 1.359 y 1.361 del Código Civil, de cuya interpretación conjunta se deduce que el dinero ganancial destinado a obras de mejora en inmuebles privativos, o el aumento del valor que experimenten los bienes privativos como consecuencia de las mejoras o inversiones realizadas en los mismos durante el matrimonio, esto es constante la sociedad ganancial, ha de integrarse en la Sociedad ganancial cuando esta se liquide, a integrar en el Activo por conducto del artículo 1.397 del Código Civil. En este sentido son muchos los Tribunales que consideran que cuando la mejora de los bienes privativos sea debida a la inversión de fondos comunes o a la actividad de cualquiera de los cónyuges, la sociedad de gananciales, puede elegir entre el valor satisfecho, el empleado en la mejora, o el aumento de valor que perciban los bienes, por lo que sobre la misma acción puede optarse por una de las dos formas de tutelar la pretensión, sin que la elección de una implique tachar de incongruencia la otra cuando son soluciones admisibles en el ejercicio de la misma acción,y en el caso, la elección efectuada por la demandante, y en puridad no se opuso a ella el demandado, es la de que se reintegrase a la sociedad el valor satisfecho por las obras, en cuanto que crédito de la sociedad (nunca de ella pues no ha probado que las obras se pagasen con dinero privativo de ella), y esta solución la que, de conformidad, indudablemente de conformidad con el artículo 1.397.3º del Código Civil, ha acogido, con acierto la Juez a quo, lo que nos lleva a desestimar también en este extremo el recurso de apelación formulado por la demandante, cuyas pretensiones de alzada por demás devienen inestimables, y consecuentemente a confirmar la decisión de instancia.

SEXTO.- Se alza la recurrente frente a la decisión de instancia que acuerda incluir en el Activo ganancial el importe correspondiente a pagos efectuados por don Luis Manuel en concepto de préstamo e impuestos que gravan la vivienda ganancial sita en Marruecos, pues afirma, que como ya se expresase en la instancia, dicho inmueble se compró vigente el matrimonio, esto es constante la sociedad, sin que constara sobre la misma cantidad alguna pendiente de pago, habiéndose presentado de contrario unos pretendidos extractos porque se desconoce la entidad bancaria que los emite, se han aportado en lengua extranjera y sin traducir, por lo que se ha vulnerado el artículo 144 de la L.E.C, por lo que se desconoce el contenido de dicha documental que no puede ser tenida en cuenta, más cuando no se acredita el origen del préstamo ni que obedezca a la compra de la vivienda, ni siquiera la equivalencia en euros, por lo que en su parecer dicha partida no debe integrar el Inventario, más aún cuando no se han aportado todas las declaraciones de IRPF de 2014 a 2021, pese a haberse acordado como Diligencia Final, y la traducción aportada lo fue en momento procesal extemporáneo, pues debió serlo en la vista y no como Diligencia Final, y es por ello que suplica que se excluya del Inventario los pagos del préstamo en cuestión, crédito de afirma el demandado tener frente a la sociedad por la compra de la vivienda de Marruecos.

Pues bien, en este punto procede acoger el recurso de apelación, y no tanto por lo alegado por la recurrente, pues ciertamente de la propia documental adjuntada por la misma (documento 2 de la demanda), escrituras de compra de la vivienda y préstamo hipotecario de la vivienda sita en Marruecos, de carácter ganancial, resulta acreditada la existencia del préstamo en cuestión, así como su amortización tras el divorcio por don Luis Manuel, sino por un error de planteamiento de la pretensión, primero por cuanto que si dicho préstamo e impuestos abonados eran una carga ganancial puesto que afectaban a un inmueble ganancial, y fueron abonados por don Luis Manuel tras el divorcio, ello constituirá, en principio un crédito de don Luis Manuel, como se afirma por el mismo, frente a la sociedad ganancial y en cuanto tal procedería su inclusión en el Inventario, pero en el Pasivo de conformidad con el artículo 1.398.3º del Código Civil, y no en el Activo en el que de conformidad con el artículo 1.397 de dicho Texto legal se incluyen: 1º. Los bienes gananciales existentes en el momento de la disolución. 2º. El importe actualizado del valor que tenían los bienes gananciales al ser enajenados por negocio ilegal o fraudulento si no hubieran sido recuperados. 3º. El importe actualizado de las cantidades pagadas por la sociedad que fueran de cargo de un sólo cónyuge y en general de las que constituyen créditos de la sociedad contra éste, e ninguno de cuyos supuestos cabe incardinar las controvertidas partidas, que no obstante sí podría haberlo sido en el Pasivo ex artículo 1.398 del Código Civil, de haberse interesado así. Y en segundo lugar, porque tales pagos de cargas que pesaban sobre un inmueble ganancial, que se afirman llevados a cabo por don Luis Manuel con dinero de privativo al haber sido llevados a cabo tras el divorcio, esto es una vez disuelta ya la sociedad ganancial, no sería un derecho de crédito existente en favor del mismo al tiempo de la disolución de la sociedad, y en en consecuencia, en ningún caso podrían se considerados, aun de haber sido interesada su inclusión en el Pasivo, que no lo ha sido, como un crédito de don Luis Manuel frente a la sociedad de gananciales, pues cuando los alegados pagos se llevaron a efecto cuando ya no existía sociedad de gananciales como tal; puede existir un crédito de un litigante frente al otro por la cantidad que don Luis Manuel haya abonado, pero no un crédito del mismo frente a la sociedad de gananciales ya disuelta, y por tanto no puede figurar en el Inventario, pues no olvidemos que, disuelta la sociedad de gananciales por el divorcio declarado por Sentencia de 17 de noviembre de 2014, los bienes y derechos integrantes del caudal conyugal, en tanto se procede a su liquidación y adjudicación, quedan sometidos a régimen de la comunidad de bienes regulada en los artículos 392 y siguientes del Código civil surgiendo una comunidad postganancial, ajena a la sociedad de gananciales. Los créditos y deudas generados con posterioridad al momento de la disolución de la sociedad ganancial, o las deudas de la sociedad abonadas por un cónyuge, insistimos tras su disolución, y con dinero por tanto ya privativo, como esta Sala tiene reiterado, no constituyen ya activo ni pasivo de la sociedad, ni pueden ser objeto de un propio proceso de liquidación de gananciales, ni aun en la fase de inventario, al ser posteriores a la disolución de la sociedad, tratándose de un crédito que ostentará uno de los litigantes frente al otro, que podrá reclamar el acreedor al deudor en el declarativo que corresponda. La disolución del régimen económico matrimonial inherente al divorcio, tiene como consecuencia una situación patrimonial especial, que viene siendo denominada por la jurisprudencia como comunidad postganancial, respecto de la cual el Tribunal Supremo, en Sentencia, entre otras, de 17 de octubre de 2006, declaró que durante ese período intermedio entre la disolución de la sociedad ganancial y la definitiva liquidación de la misma, surge una comunidad postmatrimonial sobre la antigua masa ganancial, cuyo régimen ya no puede ser el de la sociedad ganancial, sino el de cualquier conjunto de bienes en copropiedad ordinaria, en la que cada comunero, es decir, los antiguos esposos, ostenta una cuota abstracta sobre el totum ganancial, pero no una cuota concreta sobre cada uno de los bienes; es decir, la comunidad postganancial se rige por las normas de la comunidad ordinaria de bienes y, en concreto, por lo dispuesto en el artículo 393 del Código Civil, lo que se traduce en la consideración de que, disuelta la sociedad ganancial, las cargas que pesen sobre el patrimonio postganancial son deudas de ese patrimonio pendiente de liquidación, y deben ser cubiertas por los comuneros conforme al Código Civil, de tal forma que los pagos efectuados por uno solo de los comuneros con su propio peculio otorgan al mismo un derecho de crédito frente al otro, que podrá reclamarse en el declarativo correspondiente, pero no en el procedimiento de liquidación de la sociedad ganancial. Por todo lo cual procede en este punto estimar el motivo de apelación, si bien por las razones expuestas, y conforme a ello, revocamos la Sentencia apelada, en el sentido de excluir del Inventario, Activo, el importe correspondiente a pagos efectuados por el Señor Luis Manuel, en concepto de préstamo e impuestos que gravan la vivienda sita en Marruecos, como pide la recurrente.

SÉPTIMO.- Se recure también por doña Agueda la decisión de instancia de no inclusión en el Activo ganancial del importe de 42.000 euros que se afirman percibidos por don Luis Manuel en concepto de alquileres de locales comerciales de los que ha venido disfrutando el demandado, y afirma la recurrente que la Juez a quo omite todo razonamiento al respecto pues se limita e exponer que no hay prueba sobre ello , cuando es lo cierto que la recurrente interesó como Diligencia Final, y solo para ello y no para que se aportarse una traducción, que el demandado aportase toda las Declaraciones de IRPF de 2014 a 2021, y no habiendo sido aportadas todas, de conformidad al artículo 328 de la L.E.C ha de tenerse por valido lo afirmado por dicha parte, más cuando de las declaraciones aportadas resulta que don Luis Manuel sí recibe rentas por alquileres, por lo que la alegación queda acreditada, y ello en el importe de 42.000 euros que puede ser incluso superior, y de hecho su Defensa Letrada en la nota para la vista, aunque niega los alquileres reconoce que el local ha sido cedido para su uso (gratuito), de actividad de peluquería haciéndose cargo el cesionario de los gastos ordinarios, luz, agua etc, así como de los impuestos propios del local, y compensación de deuda laboral existente entre ambas partes, lo que permite considerar que está alquilado y percibiéndose rentas, y aunque no fuese así es lo cierto que don Luis Manuel se está beneficiando en detrimento de la Sociedad al eximirse de liquidar la deuda que tiene con la persona que ocupa el local, y se aportó nota de una sociedad creada por el demandado en la que consta que el mismo está explotando en el local su negocio sin pagar alquiler a costa de la sociedad de gananciales, lo que determina que haya de ser incluido en el Activo, en cuanto que crédito a favor de la demandante la suma de 42.000 euros en concepto de alquileres.

Pues bien, al margen de que ciertamente no existe prueba fehaciente sobre los referidos alquileres y percepciones de rentas por parte de don Luis Manuel tras el divorcio, es lo cierto que el propio planteamiento de la cuestión litigiosa por la recurrente aboca a la desestimación del motivo de apelación, y ello por las mismas consideraciones que exponíamos en el anterior Fundamento de Derecho, pues es la propia recurrente la que pide la inclusión en el Activo dela suma de 42.000 euros, pero no como crédito de la sociedad frente al demandado, que es a lo que se refiere el artículo 1.397.3 del Código Civil, sino como crédito en favor de la misma frente al demandado, lo que prueba que es consciente de la disolución de la Sociedad por el divorcio, y ya hemos expresado que los créditos y deudas generados con posterioridad al momento de la disolución de la sociedad ganancial, no constituyen ya activo ni pasivo de la sociedad, ni pueden ser objeto de un propio proceso de liquidación de gananciales, ni aun en la fase de inventario, al ser posteriores a la disolución de la sociedad, tratándose de un crédito que ostentará uno de los litigantes frente al otro, que podrá reclamar el acreedor al deudor en el declarativo que corresponda. La disolución del régimen económico matrimonial inherente al divorcio, reiteremos, tiene como consecuencia una situación patrimonial especial, que viene siendo denominada por la jurisprudencia como comunidad postganancial, respecto de la cual el Tribunal Supremo, en Sentencia, entre otras, de 17 de octubre de 2006, declaró que durante ese período intermedio entre la disolución de la sociedad ganancial y la definitiva liquidación de la misma, surge una comunidad postmatrimonial sobre la antigua masa ganancial, cuyo régimen ya no puede ser el de la sociedad ganancial, sino el de cualquier conjunto de bienes en copropiedad ordinaria, en la que cada comunero, es decir, los antiguos esposos, ostenta una cuota abstracta sobre el totum ganancial, pero no una cuota concreta sobre cada uno de los bienes; es decir, la comunidad postganancial se rige por las normas de la comunidad ordinaria de bienes y, en concreto, por lo dispuesto en el artículo 393 del Código Civil, lo que se traduce en la consideración de que, disuelta la sociedad ganancial, las cargas que pesen sobre el patrimonio postganancial son deudas de ese patrimonio pendiente de liquidación, y deben ser cubiertas por los comuneros conforme al Código Civil, de tal forma que los pagos efectuados por uno solo de los comuneros con su propio peculio otorgan al mismo un derecho de crédito frente al otro, al igual que los réditos obtenidos pertenecen a ambos comuneros, y si uno los percibe en su totalidad excluyendo al otro, existirá igualmente un derecho de crédito frente al otro que podrá reclamarse en el declarativo correspondiente, pero no en el procedimiento de liquidación de la sociedad ganancial. Por todo lo cual procede en este punto desestimar el motivo de apelación, por las razones expuestas.

En el mismo motivo de apelación se alega por la recurrente que en el punto 8 del Fallo de la Sentencia se acuerda incluir en el Activo la suma de 5.011,29 euros en concepto de abonos llevados a cabo por el demandado por impuestos al Ayuntamiento de Fuengirola, pero con independencia de lo que esta Sala pueda opinar sobre la oportunidad de incluir esta Partida en el Inventario Ganancial como partida integrante del Activo, lo que no cabe olvidar es que sobre esta partida, como se encarga de precisar la Juez a quo en el Fundamento de Derecho Segundo hubo conformidad entre las partes en la diligencia de formación de inventario, por lo que quedó fuera del objeto del posterior juicio verbal a que fueron convocadas las partes para dirimir las controversias existentes sobre las partidas en las que no hubo acuerdo, no pudiendo por demás ir ahora en contra de sus propios actos con ocasión del recurso de apelación formulado frente a la Sentencia que no resuelve, insistimos, discrepancia alguna al respecto, pues las partes mostraron su conformidad con la inclusión del referido concepto y cantidad en el Activo del Inventario de la sociedad, sin que la cuestión, de meridiana claridad, merezca de mayor esfuerzo argumentativo, quedando así desestimado el motivo de apelación.

OCTAVO.- La recurente, en el ordinal Séptimo, que denomina "varios", argumenta en primer lugar que dentro del pasivo ganancial se establece en la Sentencia que el préstamo hipotecario del BBVA queda pendiente de amortizar a julio, sin especificar el año, importe de 201.326,05 euros, y siendo que como se estableció en la vista fue a fecha de presentación de la demanda, julio de 2019, estando a la fecha del recurso, documento 3, pendiente de amortizar la cantidad de 192.048,52 euros, entiende que se ha de subsanar la cantidad establecida pendiente de amortizar en la cantidad que resulta del documento 4 adjuntado al recuso. Pues bien, al margen de que las documentales a que se refiere la recurrente no han resultado admitidas en esta alzada, es lo cierto que sobre esta concreta partida del Pasivo ganancial, como se encarga de precisar la Juez a quo en el Fundamento de Derecho Segundo hubo conformidad entre las partes en la diligencia de formación de inventario, por lo que quedó fuera del objeto del posterior juicio verbal a que fueron convocadas las partes para dirimir las controversias existentes sobre las partidas en las que no hubo acuerdo, y ciertamente la cuantificación exacta de esta partida integrante del pasivo, esto es, más propiamente la determinación de la suma pendiente de amortizar, sobre cuya inclusión en el inventario las partes no discreparon, habrá de ser llevada a cabo en el momento oportuno para ello, que no es otro que el de la fase de avalúo de los bienes y derechos inventariados, por lo que no procede hacer subsanación alguna, sin que la cuestión merezca de mayor argumentación por parte de este Tribunal de alzada.

En segundo lugar afirma que en el Pasivo ganancial se incluye cuotas del IBI debidas al Ayuntamiento de Mijas, estando pendiente la cantidad de 1.387, 40 euros en los términos concretados en la Diligencia de formación de Inventario celebrada el día 19 de febrero de 2020, si bien entiende que se trata de un crédito a favor de ella dado que desde la celebración del juicio hasta las conclusiones a ella le embargaron su nómina y el Ayuntamiento de Mijas le está embargando para pago de dichos impuestos, por lo que considera que se trata de un crédito que debe incluirse a su favor (3.264,39 euros), cual resulta de la documental 5 adjuntada al recurso aunque ya se adjuntó a las conclusiones, y de la documenta 6, y debe serlo en cuantía de 3.264, 39 euros. Pues bien, al margen de no haberse admitido las documentales, es lo cierto que la pretensión fue planteada de forma extemporánea, y en cualquier caso, conforme a lo anteriormente expuesto, si tras la disolución de la sociedad ganancial, vía embargo de su nómina, la hoy recurrente está abonado o ha abonado deudas que recaen sobre bienes comunes, tendrá un derecho de crédito frente al Señor Luis Manuel, que podrá reclamar frente al mismo en el correspondiente procedimiento, y en cualquier caso caso, la cuantificación exacta de esta partida que pueda ser debida al Ayuntamiento de Mijas en concepto de IBI, sobre cuya inclusión en el pasivo ganancial hubo conformidad entre las partes, habrá de ser llevada a cabo en el momento oportuno para ello, que no es otro que el de la fase de avalúo de los bienes y derechos inventariados, pudiendo llevarse a cabo incluso, en el momento de la efectiva liquidación, a efecto de las adjudicaciones, compensaciones entre los litigantes, pero ello, insistimos, corresponde a otra fase del procedimiento liquidatorio.

Por último aduce la recurrente que hubo conformidad entre las partes, es verdad, en cuanto a incluir el préstamo hipotecario concedido por el BBVA, pagado por el demandado, pero no en cuanto al importe siendo que el mismo es de 40.464 euros desde diciembre de 2014 (fecha del divorcio), a junio de 2021, y no la expresada en la Sentencia, como resulta del documento 7 adjuntado al recurso. Pues bien, al margen de que esta documental no fue admitida por la Sala, solo cabe señalar que la determinación de la cantidad exacta corresponde en todo caso a una posterior fase del proceso liquidatorio, por lo que desestimamos y rechazamos todos y cada uno de los argumentos a que se refiere la recurrente en este ordinal Séptimo, que denomina "varios".

NOVENO.- Estimado en parte el recurso de apelación, de conformidad con el artículo 398.2 de la L.E.C, no hacemos especial imposición, a ninguno de los litigantes, de las costas procesales devengadas en esta alzada.

Vistos los artículos citados y los demás de legal y oportuna aplicación al caso,