Sentencia Civil 1321/2022 Audiencia Provincial Civil de Málaga nº 6, Rec. 431/2021 de 20 de julio del 2022

PRIMERO.- Antecedentes.

1.1. Antecedentes de la primera instancia.

1.1.1. Demanda y contestación.

En el presente proceso se instó solicitud de formación de inventario para la posterior liquidación de la sociedad de gananciales constituida en virtud de matrimonio entre el/la solicitante y su exesposa/o demandada/o. Celebrada comparecencia ante el/la Sr/a. LAJ del Juzgado, y existiendo discrepancia sobre las partidas a incluir en el activo y en el pasivo de la sociedad en los términos que se hicieron constar en dicha comparecencia, se celebró la vista de juicio verbal prevista en el artículo 809.2 de la LEC, en la que las partes alegaron lo que a su derecho convino y se practicó la prueba propuesta y declarada pertinente.

1.1.2. Sentencia.

La sentencia de primera instancia ha estimado parcialmente las respectivas pretensiones de las partes, fijando el activo y el pasivo de la sociedad en los términos expuestos con anterioridad. En lo que se refiere a las cuestiones objeto de recurso ante esta Sala, la sentencia contiene los siguientes pronunciamientos de relevancia:

- "Lo anterior nos lleva a concluir que concurre cosa juzgada ( AP Huelva, Secc. 2.ª, 239/2004, 7 de diciembre de 2004 (LA LEY 257416/2004) en todo lo atinente a la vivienda conyugal de Marbella, cuya propiedad fue adjudicada a Dª. Miriam en la sentencia de 11 de diciembre de 2008 -que se limitó a confirmar el acuerdo alcanzado por las partes-, y posterior escritura de liquidación de los gananciales de fecha 24 de marzo de 2010, en que se formalizó la adjudicación a Dª. Miriam del pleno dominio de dicha finca -la descrita en la escritura bajo el apartado A) Finca de Marbella número NUM004: vivienda NUM005 y anejos plaza de garaje número NUM006 y trastero número NUM007-, asumiendo además Dª. Miriam "la carga que grava la finca"; esto es, se vino a formalizar en la citada escritura lo que ya había quedado resuelto en la sentencia de divorcio, que en este punto rezaba "en cuanto a la vivienda conyugal de Marbella, el padre renuncia a la propiedad de la misma, adjudicándola todos los derechos y obligaciones inherentes a la misma, a la madre.

Habiendo quedado por tanto resuelta la adjudicación de la vivienda conyugal, junto con los derechos y obligaciones inherentes a ésta, es por lo que no procede entrar de nuevo a resolver sobre dichas partidas en los presentes autos, debiendo estar en este punto a lo ya acordado, lo que nos lleva a no incluir en la adición o complemento de la liquidación las partidas enumeradas en la demanda con las letras A) Capital e intereses abonados en relación con el préstamo hipotecario de la vivienda y D) Revalorización del precio de la vivienda, así como y consecuencia de lo anterior, las partidas enumeradas en la nota aportada por la parte demandada con el número 2 y 3 y 7 del pasivo". (Fundamento de Derecho Primero).

Pronunciamiento respecto al que discrepa la parte recurrente

1.2. Antecedentes de la segunda instancia.

1.2.1. Recurso de apelación.

Contra dicha resolución se alza la parte demandante, ahora recurrente, mediante el presente recurso de apelación, que, en síntesis, fundamenta en los siguientes motivos:

Primer motivo: Error del juez de instancia en la valoración de la prueba documental.

Segundo motivo: Infracción de disposiciones legales, concretamente de los artículos 1.079 en relación con el artículo 1.410, ambos del Código Civil.

1.2.2. Oposición al recurso

A dicho recurso se opuso la parte recurrida, cuyas alegaciones resumidas son que, la acción estaría prescrita, y, en todo caso, que la liquidación del régimen económico matrimonial se realizó mediante la sentencia de divorcio de 11-12-2008, siendo, por tanto, de aplicación la doctrina de los actos propios que vincula al recurrente.

SEGUNDO.- Consideraciones jurídicas previas necesarias para una adecuada resolución del recurso.

Una adecuada respuesta a las distintas cuestiones suscitadas en el recurso requiere de algunas consideraciones jurídicas previas que seguidamente se exponen:

2.1. De la subsidiariedad del proceso liquidatorio contencioso del régimen económico matrimonial respecto al consensuado entre las partes.

El artículo 806 LEC señala: " La liquidación de cualquier régimen económico matrimonial que, por capitulaciones matrimoniales o por disposición legal, determine la existencia de una masa común de bienes y derechos sujeta a determinadas cargas y obligaciones se llevará a cabo, en defecto de acuerdo entre los cónyuges, con arreglo a lo dispuesto en el presente capítulo y a las normas civiles que resulten aplicables ."

Por su parte, los arts. 807 y ss. LEC establecen las dos fases del procedimiento de liquidación, esto es, la fase de formación de inventario y la fase de liquidación propiamente dicha del régimen económico matrimonial.

Igualmente, los arts . 81, 82, 86 y 87 del C. Civil establecen, para los supuestos de separación o divorcio de mutuo acuerdo, la obligación de aportar junto con la demanda una propuesta de convenio regulador redactada conforme al art. 90, cuyo apartado 1 exige, entre otros extremos, la liquidación, cuando proceda, del régimen económico del matrimonio ( art. 90.1 letra e). A su vez, el art. 95 párrafo primero del C. Civil señala que " La sentencia firme, el decreto firme o la escritura pública que formalicen el convenio regulador, en su caso, producirán, respecto de los bienes del matrimonio, la disolución o extinción del régimen económico matrimonial y aprobará su liquidación si hubiera mutuo acuerdo entre los cónyuges al respecto."

De dichos preceptos, se deduce claramente el carácter subsidiario ( en defecto de acuerdo entre los cónyuges) del proceso liquidatorio contencioso regulado en los artículos 806 y siguientes de la LEC respecto al consensuado entre las partes, conclusión que ha de extenderse a cada una de las fases de dicha liquidación (inventario y liquidación/partición). Es decir, al trámite del artículo 806 y siguientes de la LEC solo se puede acudir si, previamente, no existe acuerdo entre las partes, siendo no solo factible, sino deseable, consensuar en el correspondiente convenio regulador de separación o divorcio la liquidación del régimen económico matrimonial, bien en su totalidad (inventario y partición/liquidación), bien en su fase inicial de inventario.

2.2. De la naturaleza jurídica del convenio regulador de separación/divorcio y de la eficacia de lo pactado en el mismo.

El convenio regulador, aun antes de ser aprobado judicialmente, es un negocio jurídico de derecho de familia regido por la autonomía de la voluntad de quienes lo suscriben y por el principio dispositivo en todas aquellas materias que no afecten a menores de edad o a personas cuya capacidad de obrar haya sido modificada judicialmente. Por tanto, lo pactado en tales convenios respecto a materias de derecho disponible queda sujeto a la autonomía de la voluntad de las partes y constituye, en esencia, un pacto o acuerdo subsumible en el artículo 1.255 del Código Civil y al control de que no sea contrario ni a la Ley, ni a la moral ni al orden público. Partiendo de esta caracterización de la naturaleza jurídica del convenio regulador, éste surte efecto entre los sujetos que en él intervienen una vez que lo firman y concurren los elementos del consentimiento, objeto y causa.

Así lo declara el TS en sentencias de 15-10-2018 y 15-2-2002 entre otras muchas, señalando que los cónyuges, en contemplación de las situaciones de crisis matrimonial (separación, o divorcio), en ejercicio de su autonomía privada ( art. 1255 CC), pueden celebrar convenios sobre cuestiones susceptibles de libre disposición, entre las que se encuentran las económicas o patrimoniales. Estos acuerdos, auténticos negocios jurídicos de derecho de familia ( sentencia de 22 abril 1997), tienen carácter contractual, por lo que para su validez han de concurrir los requisitos estructurales establecidos por la ley con carácter general ( art. 1261 CC), además del cumplimiento de las formalidades especiales exigidas por la ley con carácter "ad solemnitatem" o "ad sustantiam" para determinados actos de disposición. Se trata de una manifestación del libre ejercicio de la facultad de autorregulación de las relaciones privadas, reconocida por la Jurisprudencia ( Sentencias, entre otras, de 26 de enero 1993, 7 marzo 1995, 22 abril y 19 diciembre 1997 y 27 enero y 21 diciembre 1998) y la doctrina registral (Resoluciones de la DGR y N de 31 de marzo y 10 noviembre 1995 y 1 septiembre 1998), que no está condicionada en su validez y fuerza vinculante inter-partes a la aprobación y homologación judicial.

Concretamente y en relación a las operaciones particionales del régimen económico matrimonial, ha de recordarse que conforme a lo dispuesto en los artículos 1255 y 1256 del Código Civil, la liquidación de la sociedad de gananciales realizada de forma consensuada es un negocio jurídico de carácter patrimonial, con plena validez y eficacia ( sentencias del Tribunal Supremo de 25 de junio de 1987 y 26 de enero de 1993), y que puede incluirse en tales convenios reguladores como hemos mencionado anteriormente. Los cónyuges tienen legalmente reconocida una amplia libertad para contratar e, incluso, para modificar la naturaleza de los bienes que les pertenecen ( artículos 1323 y 1355 del Código Civil), y basta el mutuo acuerdo o la conformidad para provocar que un concreto bien, el cual, en todo o en parte pudiera ser privativo, se desplace al patrimonio común; lo que también viene referido a posibles derechos inherentes a favor de cada cónyuge sobre su cuota ganancial, de forma que, con total libertad, se le permiten realizar los contratos que estimen conveniente ( sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 1997). Debe estarse a la voluntad de las partes, siempre que quede clara y patente la misma ( sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 22 de diciembre de 2015), pudiendo los cónyuges pactar lo que crean más conveniente para sus intereses económicos y/o patrimoniales ( sentencia del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2006).

2.3. De la doctrina de los actos propios.

Finalmente, y por ser de interés a los efectos que más adelante se dirán, y como bien se menciona en la sentencia de instancia, es necesario traer a colación la doctrina de los actos propios.

Como tal se entiende que dentro de las exigencias derivadas del principio de la buena fe, a las que ha de acomodarse el ejercicio de los derechos ( art. 7.1 Código Civil), se encuentra la interdicción de la conducta contraria a los propios actos; doctrina expuesta en numerosas resoluciones, de las que es exponente la STS de 21 de Mayo de 1.982 , al expresar que actúa contra la buena fe el que ejercita un derecho en contradicción con su anterior conducta en la que hizo confiar a otro (prohibición de ir contra los actos propios). En los mismos términos, las SSTS. 17 octubre 1984, 12 diciembre 1985, 16 septiembre 1986, 28 abril 1988, 17 julio 1993. Pronunciándose de forma similar el Tribunal Constitucional, para el que la conducta precedente supone la vinculación del autor y la imposibilidad de adoptar posteriormente un comportamiento contradictorio, lo que encuentra su fundamento en la buena fe y el deber de coherencia, que limita, por ello, los derechos subjetivos y su ejercicio ( SSTC. 21 abril 1988 y 198/88, de 24 de octubre).

TERCERO.- Decisión del recurso.

Aplicando las anteriores consideraciones a los distintos motivos alegados en el recurso de apelación, procede resolver los mismos con arreglo a los siguientes pronunciamientos y en relación a las dos partidas cuya no inclusión en el inventario se cuestionan en el recurso, esto es, las partidas A) y D) que se refieren, la primera al capital e intereses abonados en relación con el préstamo hipotecario de la vivienda, y la segunda, respecto a la revalorización del precio de la vivienda.

Primer motivo: Error del juez de instancia en la valoración de la prueba documental.

Fundamenta el recurrente este motivo en que al convenio regulador aprobado en la sentencia "... no puede atribuírsele carácter retroactivo a efectos de inclusión de otras partidas de carácter ganancial anteriores a dichas fechas, ya que no se hace constar así en dicho convenio. ... En relación con la partida patrimonial de revaloración del precio del inmueble (en el escrito de demanda se enumera en la letra D) del inventario), la Juez de Instancia no tiene en cuenta que en la escritura pública de liquidación dicha partida no se incluye, tratándose de una partida de carácter ganancial al haberse generado durante la vigencia de la sociedad de gananciales.".

El motivo carece de sustento, pues la sentencia excluye las dos partidas cuestionadas no porque reconozca o no efectos retroactivos al convenio aprobado en la sentencia de divorcio, sino porque considera que en dicho documento y en la escritura notarial de liquidación restringida de la sociedad de gananciales ya se adjudicó la vivienda familiar, por lo que al no haberse omitido dicho bien no procede su adición al nuevo inventario.

En efecto, la sentencia al respecto, y como ya se ha transcrito, señala como fundamentación de la exclusión " Habiendo quedado por tanto resuelta la adjudicación de la vivienda conyugal, junto con los derechos y obligaciones inherentes a ésta, es por lo que no procede entrar de nuevo a resolver sobre dichas partidas en los presentes autos, debiendo estar en este punto a lo ya acordado, lo que nos lleva a no incluir en la adición o complemento de la liquidación las partidas enumeradas en la demanda con las letras A) Capital e intereses abonados en relación con el préstamo hipotecario de la vivienda y D) Revalorización del precio de la vivienda...".

Es decir, que tales partidas ya estaban recogidas en el convenio liquidatorio y en la posterior escritura notarial, En efecto, consta expresamente en el acuerdo aprobado por la sentencia de divorcio que el recurrente "... en cuanto a la vivienda conyugal de Marbella, el padre renuncia a la propiedad de la misma, adjudicándola todos los derechos y obligaciones inherentes a la misma, a la madre". Igualmente, en la escritura notarial de fecha 24-3-2010, consta, tras la descripción detallada de la finca, sus cargas y su valoración, la disolución y liquidación de la sociedad de gananciales respecto a dicha finca (Otorgan Primera) y su adjudicación a la Sra. Miriam tanto respecto al dominio del inmueble como las cargas que pesaban sobre el mismo. Por tanto, volver a cuestionar dicha partida a fin de incluir en el inventario su "revalorización" y el "capital e intereses abonados" carece de sustento y supone una clara infracción de la doctrina de los propios actos, al pretender el recurrente que se revise lo consentido directamente en el acuerdo de divorcio, o indirectamente, por medio de la Sra. Magistrada que intervino en su representación, en la escritura notarial reseñada, si bien sea por el medio artificioso de generar dos "partidas" ficticias, como son la revalorización de la vivienda y los pagos efectuados por hipoteca, que ya están incluidas en la liquidación realizada, dado que la misma valora el inmueble e incluye en el pasivo la carga hipotecaria que la gravaba. Ha de reiterarse que lo pactado entre las partes en el convenio regulador aprobado por la sentencia, y no invocado vicio alguno del consentimiento, tiene plena eficacia entre ellas, suponiendo la alteración de ese acuerdo, mediante la pretensión de la inclusión/exclusión en el activo o en el pasivo de bienes ya enumerados en el convenio, una clara contravención de lo pactado y una infracción de la doctrina de los actos propios.

Por tanto, la pretensión de la representación del exesposo de incluir el capital e intereses abonados en relación con el préstamo hipotecario de la vivienda y la revalorización del precio de la misma es improcedente, pues dichas partidas ya fueron contempladas por las propias partes en el convenio regulador antes citado y en la escritura notarial de adjudicación del inmueble, por lo que no se aprecia circunstancia fáctica o jurídica alguna que deba llevar a no considerar válido dicho acuerdo, además, sancionado judicialmente en dos ocasiones por su aprobación en la sentencia de divorcio y el otorgamiento posterior de la escritura notarial por la Magistrada ante la incomparecencia del hoy recurrente.

Segundo motivo: Infracción de disposiciones legales, concretamente de los artículos 1.079 en relación con el artículo 1.410, ambos del Código Civil .

Fundamenta este motivo el recurrente con el siguiente argumento "A juicio de esta parte se infringe el artículo 1.079 en relación con el artículo 1.410, ambos del Código Civil , al sujetar la acción reconocida en la misma un plazo prescriptivo inexistente, ya que esta parte no ejerce ninguna acción de rescisión por lesión de la liquidación ya practicada, únicamente se solicita la adición de partidas omitidas en la misma y de carácter ganancial en base a los artículos 1.347 , 1.354 , 1.356 , 1.361 todos ellos del Código Civil , no se pide una nueva valoración de los bienes ya incluidos en la liquidación".

Al igual que en el anterior motivo, el recurrente imputa a la sentencia un argumento que no es el esgrimido por el Juez de Instancia para rechazar las partidas cuestionadas, pues es la infracción de la doctrina de los actos propios la que sirve al Juez de Instancia para justificar su decisión, siendo la referencia a la posible caducidad de la acción de rescisión por lesión un argumento redundante que, además de ser acertado, no empece el rechazo de la pretensión del recurrente que, como ya hemos dicho, la sentencia sustenta sobre otro argumento que es el analizado y confirmado al resolver el anterior motivo de apelación.

CUARTO.- Conclusión.

Por todo lo anterior, procede la desestimación del recurso de apelación, confirmándose la resolución apelada en su integridad.

QUINTO.- Costas en la alzada

En cuanto a las costas de esta alzada, desestimado el recurso de apelación y de conformidad con lo dispuesto en el art. 398.1 de la LEC, han de imponerse las costas de esta alzada a la parte recurrente Eusebio.

De conformidad con el apartado 8 de la Disposición Adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, procede dar al depósito constituido en su día para recurrir el destino legalmente previsto.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación