Sentencia Civil 242/2023 Audiencia Provincial Civil de Navarra nº 3, Rec. 1620/2022 de 14 de marzo del 2023

PRIMERO.- D. Víctor, Dª Belinda, D. Teodosio, Dª Candelaria, D. Jose Ignacio y Dª Carmen interpusieron demanda contra D. Salvador y D. Segismundo, reclamando la terminación de contrato de arrendamiento por expiración del plazo. Explicaban los demandantes que hace más de veinte años cedieron al codemandado Sr. Salvador una serie de fincas rústicas de su propiedad sitas en Azagra, mediante contrato verbal en aparcería. Señalaban que en agosto de 2020 comunicaron al demandado, también verbalmente, su voluntad de poner fin a la aparcería con efectos al fin de la campaña agrícola 2020/21, mostrándose conformes los demandados, que sin embargo no reintegraron la posesión de las parcelas llegado aquel término, por lo que volvieron a reiterar el requerimiento mediante burofax de octubre de 2021.

Los demandados se opusieron a la demanda. Por un lado el Sr. Salvador negó su legitimación pasiva, por razón de encontrarse ya jubilado desde enero de 2015. Por otro lado el Sr. Segismundo negó la comunicación de verano de 2020 y la conformidad con la misma, defendiendo que la aparcería fue concedida a su padre en su momento por 25 años. Añadía también que de hecho es costumbre del lugar que este tipo de arrendamientos se extiendan por dicho plazo.

SEGUNDO.- La sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Estella, objeto de la presente apelación, estimó la demanda. La juzgadora a quo explica primeramente que el Sr. Salvador sí tiene legitimación pasiva, porque su condición de jubilado no extingue su relación jurídica con los demandantes como arrendatario, explicando para ello que la prueba acredita que siguió responsabilizándose de la llevanza de las fincas, así como de la gestión y negociación de las viñas cuando menos hasta el año 2020. Por lo demás, la sentencia apelada analiza el plazo legal de la aparcería de conformidad con la Ley de Arrendamientos Rústicos de 1980, vigente al tiempo del contrato, para concluir con la misma que la duración en este caso pactada es por rotación o ciclo de cultivo con prórrogas anuales hasta preaviso. Niega así que la prueba demuestre una duración pactada de 25 años, como tampoco se acredita una costumbre ya que se referencian distintos contratos de diferentes plazos de duración. Finalmente, la sentencia razona que queda cumplida la exigencia legal de preaviso con un año de antelación, pues así se llevó a cabo por los demandantes en verano de 2020, por lo que procede la extinción de la aparcería.

Los demandados se alzan en apelación contra la referida sentencia denunciando error en la valoración de la prueba, porque a su entender queda acreditada la falta de legitimación pasiva del Sr. Salvador por razón de estar jubilado desde 2015. Reiteran en segundo lugar denuncia de error en la valoración de la prueba en cuanto a la constatación del requerimiento de verano de 2020, negando el mismo y la conformidad de los demandados, añadiendo ahora, además, que en ese momento los demandantes aún no eran propietarios de las fincas, y negando en cualquier caso que sea creíble la aceptación del demandado para quedarse con ello sin actividad. En tercer lugar, el recurso vuelve a denunciar error en la valoración de la prueba en cuanto a la constatación del plazo de duración pactado entre las partes para la aparcería, afirmando que no compete al demandado probar la costumbre alegada de 25 años sino a los demandantes probar un acuerdo de duración indefinida, y considerando en cualquier caso que la prueba sí acredita que se pactaron 25 años.

La parte demandante se opuso al recurso de apelación defendiendo las conclusiones de la sentencia apelada y destacando que el recurso pretende imponer la valoración subjetiva de la prueba por la propia parte, sobre la valoración judicial. Considera así que la jubilación del Sr. Salvador no le desvincula del contrato de arrendamiento; que no está probada la duración de la aparcería por plazo determinado; y que sí se llevó a cabo por los demandantes el debido preaviso en plazo.

TERCERO.- Como es sabido, la valoración probatoria es una facultad de los Jueces y Tribunales, facultad que está sustraída a los litigantes, quienes, no obstante, pueden y deben aportar las pruebas necesarias en defensa de sus intereses. Eso sí, esa valoración libre de la prueba no puede ser arbitraria. Por vía del recurso de apelación, se transfiere al tribunal de segunda instancia el conocimiento pleno de la cuestión ( artículo 456.1 de la LEC), pero quedando reducida la alzada a verificar si en la valoración conjunta del material probatorio se ha comportado el juez a quo de forma ilógica, arbitraria, contraria a las máximas de la experiencia o a las normas de la sana crítica, o si, por el contrario, la apreciación conjunta de la prueba es la procedente por su adecuación a los resultados obtenidos en el proceso. En definitiva, la segunda instancia ha de limitarse, cuando de valoraciones probatorias se trata, a revisar la actividad del juzgador a quo, en el sentido de comprobar que ésta aparezca suficientemente expresada en la resolución recurrida y no resulte arbitraria, injustificada o injustificable. Como expresa el TS (entre otras, STS de 4 de febrero de 2009), "como en infinidad de ocasiones han declarado esta Sala y el Tribunal Constitucional, la apelación es un nuevo juicio, un recurso de conocimiento pleno o plena jurisdicción en el que tribunal competente para resolverlo puede conocer de todas las cuestiones litigiosas, tanto de hecho como de derecho, sin más limites que los representados por el principio tantum devolutum quantum apellatum (se conoce sólo de aquello de lo que se apela) y por la prohibición de la reforma peyorativa o perjudicial para el apelante".

Desde tal consideración, procede desestimar el recurso de apelación que nos ocupa habida cuenta de que la sentencia de primera instancia cuenta con un detallado análisis del derecho aplicable y una profunda ponderación de los elementos probatorios practicados, a través de lo cual ha trazado una correcta solución al conflicto, sin que los alegatos del recurso de apelación contradigan la solidez de la sentencia apelada.

CUARTO.- En primer lugar la parte recurrente insiste en denunciar la falta de legitimación pasiva de D. Salvador para soportar la demanda, por razón de haberse jubilado en el año 2015.

Por el contrario, bien decide la juez a quo que esa jubilación del codemandado no resulta por sí sola extintiva de la relación contractual de aparcería acordada en su día con los demandantes. Revisada en esta alzada la prueba practicada en el acto de juicio oral, resulta que el propio Sr. Salvador reconoció la realidad del contrato verbal a finales de los años noventa, para la llevanza de las fincas. Y reconoció igualmente que aun después de haberse jubilado, de manera esporádica ha continuado ejecutando alguna labor en las parcelas, extremo ratificado también por su hijo y codemandado, D. Segismundo, así como por el testigo D. Ramón, agricultor de Azagra que conoce a los litigantes y conoce igualmente las parcelas. Asimismo, el propio codemandado reconoció también haber seguido encargándose de la llevanza de uva a la cooperativa y liquidación de las entregas. Y, finalmente, expresó igualmente su implicación directa y personal en la negociación con los demandantes en 2020 y en 2021, con relación a la extinción o continuación en la explotación agraria arrendada.

Como decimos, el contrato sigue vigente aun pese a la jubilación del codemandado. A mayor abundamiento, cabe significar que la profesionalidad en el ejercicio de la agricultura, a los efectos de la Ley de Arrendamientos Rústicos, no se caracteriza por la exclusividad en la dedicación, sino por la realización preferente de actividades agrarias con ocupación efectiva y directa de la explotación ( SSTS de 4 de abril de 1992; de 26 de febrero de 1994; ó de 23 de enero de 1997). La exigencia legal ( art. 15 LAR de 1980) era que el arrendatario se ocupe de manera efectiva y directa de la explotación, lo que no implica de modo imperativo la realización personal de las labores agrícolas, sino que cabe identificar también la condición de profesional de la agricultura con la de encargado agrario que lleva la explotación con terceros familiares ( Art. 16 LAR), y así por tanto sigue siendo "arrendatario" a los efectos contractuales que aquí nos ocupan (una extinción del arrendamiento por expiración del plazo) quien se ocupa de manera efectiva y directa de la explotación agrícola también cuando se dedica a la gerencia o dirección técnica de la misma. Y así se evidencia en el caso que nos ocupa en virtud de lo anteriormente expuesto.

Como explica la SAP Toledo 450/1999, de 2 de diciembre, "la circunstancia de que el locatario o aparcero sea pensionista o jubilado no implica por sí sola la pérdida de la profesionalidad agraria ni la extinción del contrato, siendo esta situación compatible con el ejercicio no exclusivo de la agricultura, a través de terceras personas. Por esta razón, el hecho de que su hijo Santos aparezca como cultivador de las fincas propiedad de la demandante no excluye necesariamente dicha profesionalidad, ni supone la existencia de una subrogación en el contrato en favor de éste válida y conocida por la arrendadora" .

Debe ratificarse en consecuencia la legitimación pasiva del codemandado Sr. Salvador razonada en la sentencia apelada, pues sí ostenta la condición de parte arrendataria en el contrato pactado con los demandantes.

QUINTO.- En segundo lugar, y siguiendo la lógica argumental de la sentencia de primera instancia, es también objeto de recurso la conclusión relativa a la indeterminación de plazo de duración del arrendamiento.

La sentencia de primera instancia razona perfectamente la aplicabilidad al caso de la LAR de 1980, y concluye con acierto que en el caso que nos ocupa el plazo de duración de la aparcería se identificó con "el tiempo necesario para completar una rotación o ciclo de cultivo" ( art. 109 LAR).

Ello es así porque ninguna prueba demuestra, al contrario de lo que pretende la parte apelante, que la aparcería se hubiese concertado un algún plazo de tiempo determinado.

Como es indiscutido, nos encontramos en el caso que nos ocupa ante un contrato de arrendamiento rústico pactado verbalmente entre las partes, a finales de los años noventa. Ante la dificultad probatoria que dicha circunstancia entraña, la declaración de las partes en juicio resulta clarificadora porque en todo momento el propio Sr. Salvador expresó que no se fijó ningún plazo de duración para la cesión de las fincas, que no se habló ni de diez ni de veinte años, sino que la cesión fue de carácter indefinido. En igual sentido, su hijo Sr. Segismundo confirmó este extremo, conocido según dijo por referencia de su padre. Y el codemandante D. Jose Ignacio también confirmó el carácter verbal de la contratación y la ausencia de fijación o determinación de plazo en concreto.

Con estas circunstancias, se deben ratificar las conclusiones de la sentencia apelada. La parte recurrente se apoya en la circunstancia de que para otro arrendamiento distinto de otra finca, este sí documentado, las mismas partes fijaron un plazo de duración de 25 años. Sin embargo la relatividad de los contratos imposibilita utilizar ese dato como indicio de que el contrato verbal aquí litigioso se concertó por la misma duración, más todavía cuando, como ha quedado dicho, las referencias en juicio de las propias partes contratantes directamente involucradas resultó clara, terminante y concluyente a la hora de negar ninguna concreción de tiempo de duración alguno.

En igual sentido, acierta la juez de primera instancia al descartar que conste probada una pretendida costumbre en el lugar de una duración de 25 años en este tipo de arrendamientos. Afirma la parte recurrente que tal conclusión vulnera la ley 3 del FN (reguladora de la costumbre en Navarra como norma prevalente sobre el derecho escrito), pero no es así, en tanto que la norma supedita la aplicación de la costumbre jurídica a la previa demostración de la misma, salvo que sea notoria. Y en el caso que nos ocupa la costumbre alegada no es notoria, por un lado, además de que la Sala debe ratificar que en modo alguno ha quedado demostrada la costumbre alegada por la parte demandada, por otro lado. En este sentido, la certificación del Registro Especial de Arrendamientos Rústicos del Gobierno de Navarra está correctamente valorada en la sentencia apelada, y se trata de un instrumento documental que no demuestra ni costumbre ni habitualidad en la duración concreta de 25 años de las aparcerías agrarias en Azagra, sino que por el contrario el documento revela una amplia variedad y heterogeneidad de plazos contractuales.

A este respecto el recurso de apelación denuncia, en un tono injustificadamente desabrido, el "absoluto desconocimiento del sector agrario en lo que a planificación de viñas se refiere" por parte de la sentencia apelada, por cuanto no ha tenido en consideración que el injerto tarda entre tres o cuatro años para comenzar a producir, de lo que extrae que son distintos los plazos de duración de arrendamientos de viñedos ya hechos (contratos más breves) que de tierras que convertir en viñedo (contratos más amplios). No comparte esta Sala la censura expuesta. Era carga de la parte haber demostrado esa diferenciación y su repercusión contractual real, debiendo haber aportado primeramente una prueba pericial que aportase válidamente el conocimiento técnico que ahora plantea el recurso. En todo caso, lo que no puede hacer la juzgadora es trazar una conjetura hipotética sobre un certificado administrativo que no contiene ni refleja la pretendida diferenciación para concluir, sin sustento alguno, que los contratos de diez años recaen siempre sobre un tipo de fincas y los de más larga duración sobre otro tipo de viñedos. Por el contrario, era carga de la parte demandada (en tanto opone como hecho extintivo de la pretensión de los demandantes la delimitada duración pactada de 25 años del contrato por costumbre) haber aclarado con precisión tales extremos.

SEXTO.- Finalmente, el último requisito para la viabilidad de la pretensión de los demandantes, evaluado en la sentencia de primera instancia, es el relativo al preaviso con un año de antelación para no prorrogar la aparecería, exigido en el art. 109 LAR, y reputado como acreditado con la prueba practicada.

Se denuncia al respecto en el recurso de apelación error en la valoración de la prueba, estimando la parte que no ha resultado debidamente acreditada la realización de dicho requerimiento o preaviso.

Con la revisión de la prueba practicada, la Sala debe desestimar este motivo del recurso. Como bien indica la juzgadora de instancia, al margen del requerimiento documentado mediante burofax, de octubre de 2021, los demandantes también efectuaron en verano de 2020 un anterior requerimiento de carácter verbal, dirigido a que los demandados cesasen en la llevanza de las fincas al terminar la campaña 20/21.

El contraste de las declaraciones prestadas en juicio así lo acredita suficientemente, siendo correcta la valoración de la prueba contenida en la sentencia apelada. El propio codemandado Sr. Salvador indicó que en agosto de 2020 D. Teodosio (hijo de D. Víctor, y codemandante) le indicó que quería hacerse joven agricultor y precisaba para ello las fincas. Aunque el demandado también indicó que entendía que, aun con tal circunstancia, iban a seguir llevando las fincas igualmente, no obstante también reconoció que ante tal anuncio telefoneó a D. Jose Ignacio (también codemandante) y que éste le confirmó que debía dejar las viñas "automáticamente" porque iba a pasar a llevarlas su sobrino D. Teodosio. A mayor abundamiento, el demandado también confirmó que las partes iniciaron tratos para alcanzar algún tipo de acuerdo por el que su hijo y codemandado, D. Segismundo, pudiese continuar colaborando de algún modo, sin llegar sin embargo a ningún entendimiento.

En igual sentido, el codemandado D. Segismundo también confirmó en juicio que en verano de 2020 negoció un acuerdo con los hoy demandantes para dejar la llevanza de otra finca (con contrato documentado de 2012) para facilitar el acceso de su primo, D. Teodosio, a la condición profesional de joven agricultor, y que accedió a ello en la creencia de que el resto de viñas (las hoy litigiosas) seguirían llevándose igual. Sin embargo, también manifestó que inició conversaciones con los familiares demandantes para hablar de la situación cuando vio que les dejaban sin viñas. Aunque el demandado ubicó esto último de modo genérico en el año 2021, la referencia no resulta fiable, al ser sometida al contraste de la declaración del codemandante D. Jose Ignacio quien manifestó que las conversaciones fueron en 2020 y en 2021, por cuanto ya desde 2019 su sobrino D. Teodosio interesaba llevar viñas para poder ser joven agricultor.

El contraste de todos estos elementos revela un cierto y efectivo conocimiento por parte de los demandados de la voluntad de los demandantes de poner fin a la aparcería. Y revela, también, que ese conocimiento ya se materializó en verano de 2020, porque en tal época lo ratificó tajantemente uno de los copropietarios (D. Jose Ignacio) y porque esa decisión dio lugar a un intento de negociación reconocido por la parte demandada para buscar alguna solución con la que D. Segismundo pudiese continuar de algún modo en las viñas.

Finalmente, como novedad introducida en esta alzada afirma ahora la parte recurrente que aquel preaviso no despliega efectos jurídicos válidos porque al tiempo de llevarse a cabo tres de las fincas todavía no eran propiedad de los codemandantes. Lo cierto es que la parte demandada no ha discutido ni demostrado que la condición de arrendadores de las fincas recayese en terceras personas ajenas a los demandantes, dato relevante por cuanto se está ejercitando una acción contractual de finalización del arrendamiento por expiración del plazo, pudiendo ostentar plena legitimación activa un arrendador aun no siendo propietario. Pero en cualquier caso, cabe hacer notar que la circunstancia ahora planteada en apelación no se introdujo como punto controvertido en primera instancia, cuando la parte ya disponía de todos los datos para, en su caso, hacerlo valer, por lo que consecuentemente se trata de la alegación de cuestiones nuevas en el procedimiento, respecto de las cuales ni la parte contraria se ha podido defender ni la sentencia del juzgado de primera instancia se ha pronunciado. Es por ello que se trata de una cuestión extemporánea, por cuanto el artículo 456 LEC circunscribe el alcance y efectos de un recurso de apelación determinando que "En virtud del recurso de apelación podrá perseguirse, con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de primera instancia, que se revoque un auto o sentencia y que, en su lugar, se dicte otro u otra favorable al recurrente, mediante nuevo examen de las actuaciones llevadas a cabo ante aquel tribunal y conforme a la prueba que, en los casos previstos en esta Ley, se practique ante el tribunal de apelación". Es decir, que en la segunda instancia cabe discutir, exclusivamente, los mismos fundamentos de hecho y de derecho que se han planteado en la primera instancia.

Como ha indicado esta Sala en diversas ocasiones, "con arreglo a lo dispuesto en el art. 456 de la LEC , el ámbito del recurso de apelación queda circunscrito a la revocación de lo resuelto en primera instancia merced a un nuevo examen de las actuaciones, pero con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de primera instancia. Lo expuesto supone, como es tradicional, la prohibición de plantear en el recurso cuestiones que no fueron objeto de alegación y debate en el momento oportuno, lo que se conoce como "cuestiones nuevas", por cuanto su introducción en momento procesal inadecuado es susceptible de generar indefensión a la parte contraria. Existe una doctrina jurisprudencial uniforme, reiterada y tan conocida que hace ociosa su cita, que hemos asumido en nuestras sentencias de 4 de julio de 2011 y de 18 de noviembre de 2013 RC 323/2012 , entre otras muchas, según la cual no pueden plantearse, ni resolverse, en la alzada aquellas cuestiones que no fueron oportunamente alegadas. Pues bien, el fundamento de la doctrina mencionada y del precepto al que se ha aludido se encuentra en que el objeto del recurso se conforma con arreglo a las alegaciones efectuadas por las partes en el momento procesal oportuno, en razón del principio de preclusión, así como en la necesidad de evitar la indefensión que se generaría a la parte contraria si se admitiesen cuestiones nuevas respecto de las cuales dicha parte no hubiera podido realizar alegación alguna ni proponer la prueba pertinente para la defensa de su derecho" (por todas, SAP Navarra 632/19, de 17 de diciembre).

Por todo lo razonado, se ratifica la sentencia apelada.

SÉPTIMO.- En cuanto al pago de las costas procesales de la apelación el art. 398 de la LEC determina que cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de apelación se aplicará lo dispuesto en el art. 394, esto es, que se impondrán las costas a la parte que ha visto totalmente desestimadas sus pretensiones. En consecuencia, las costas del recurso de apelación se impondrán a la parte apelante, al quedar desestimado su recurso.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.