Sentencia Civil 188/2024 Audiencia Provincial Civil de Pontevedra nº 1, Rec. 822/2023 de 19 de abril del 2024

Primero.- En el presente procedimiento se ejercita por la Sra. Sonsoles una acción individual de nulidad de condiciones generales de la contratación, en relación con la cláusula de intereses remuneratorios, con fundamento en los artículos 80 y 82 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y artículos 5 y 7 de la Ley 7/1998, de 13 de Abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación; y, subsidiariamente, una acción de nulidad del contrato de crédito/tarjeta, derivada de la previa declaración de usura del tipo de interés aplicado, al amparo de los artículos 1 y 3 de la Ley de 23 de Julio de 1908, sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios, en ambos casos por abusivas y falta de transparencia, contra la entidad Cofidis, S.A., sucursal en España.

La demanda se sustenta, en síntesis, en los siguientes hechos:

1º La actora tiene la condición de consumidora y, abrumada por su situación económica, al ver anuncios de la prestamista se aventuró a suscribir un crédito al consumo en forma de línea de crédito sin que nadie le avisara de los riesgos que conllevaba ni la carga económica real que le supondría.

2º El contrato fue perfeccionado el día 9 de Agosto de 2018 mediante la firma de un documento cuyas condiciones no se le transmitieron, no proporcionándole tampoco copia del contrato, lo que revela la falta de transparencia, de información y la mala fe por parte de la demandada. Más aún cuando se ha venido aplicando en su cuenta unos cargos en concepto de "seguro de cuota principal" que no fue contratado en ningún momento.

3º La cláusula que fija el interés remuneratorio no puede superar los controles de incorporación y transparencia. No sólo por la falta de claridad, concreción y sencillez, sino también por el incumplimiento de la normativa imperativa aplicable, y porque de la escasa información dada, la consumidora no puede alcanzar la comprensibilidad real de la operación, quedando vinculada a una contratación en absoluto desconocimiento del funcionamiento y repercusiones jurídicas y económicas de la misma.

4º En la contratación objeto del procedimiento se cumplen los requisitos del artículo 1 de la Ley de Represión de la Usura, porque se prevé un tipo de interés nominal (TIN) del 22,12%, con su equivalente TAE del 24,51%, cualquiera de ellos muy superiores al tipo de interés de los créditos al consumo en operaciones a plazo entre 1 y 5 años en la fecha en que tuvo lugar la firma.

Segundo.- Personada en forma la demandada, se opuso a la pretensión actora alegando, de entrada, tres cuestiones previas:

1º Prejudicialidad civil ex artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al haberse planteado cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por parte del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Castellón.

2º Disconformidad con la cuantía indeterminada del procedimiento planteada en la demanda.

3º Indebida acumulación de acciones.

Estas cuestiones han sido desestimadas en la sentencia de instancia, sin que tal pronunciamiento haya sido objeto de impugnación en esta alzada por parte de la demandada, por lo que quedan fuera de nuestra función revisora.

De fondo, la demandada Cofidis argumentó lo siguiente:

1º La actora suscribió el día 9 de Agosto de 2018 un contrato de financiación y cuenta permanente con el objetivo de financiar de forma aplazada una compra realizada con la mercantil Forbe Multimedia, S.L. Por consiguiente, estamos ante una modalidad "bicontractual", en la que el préstamo mercantil permite financiar de forma aplazada la compra realizada con Forbe Multimedia, mientras que la "Cuenta Permanente", en caso de ser activada, permite acceder a un crédito revolving.

2º La activación efectiva de la cuenta permanente fue en Abril de 2019.

3º El contrato supera el control de transparencia formal. Las condiciones de la línea de crédito se encuentran incluidas en el clausulado del contrato de financiación y se detallan de forma específica y separada, en mayúsculas y en negrita, con un redactado simple y sencillo. Además, a la prestataria se le proporcionó el formulario de información normalizada europea sobre el crédito al consumo (INE), el cual fue firmado por aquélla.

4º El control de transparencia material resulta también superado a la vista de la claridad que desprenden las cláusulas del contrato, de modo que la demandante tuvo acceso a conocer la realidad de la carga jurídica y económica del mismo. Además, Cofidis, en cumplimiento de la Orden ETD/699/2020, de 24 de Julio, de regulación del crédito revolvente, remitió a la actora, con carácter trimestral, información relativa al importe del crédito dispuesto, tipo deudor pactado, modalidad de pago concertada y la fecha estimada de amortización sobre la base de la cuantía dispuesta en cada momento.

También le remitió para revisión el protocolo de transparencia para el crédito revolving promovido por la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF).

5º Si la Sra. Sonsoles no hubiese tenido en su poder el contrato y las condiciones del mismo, como alega, no hubiese podido hacer uso de las mismas y no hubiese podido activar la línea de crédito, como así hizo solicitando una disposición inicial y posteriormente varias disposiciones más, poniendo Cofidis a su disposición la totalidad de 4.901 euros.

6º La TAE pactada en el contrato litigioso fue de un 24,51%, la cual no puede ser tildada de usuraria al situarse dentro de la normalidad del mercado revolving.

Tercero.- Planteados así los términos del debate, la sentencia de instancia, tras rechazar las cuestiones previas de índole procesal introducidas por la demandada, estima la acción de nulidad por falta de transparencia de la estipulación sobre intereses remuneratorios. No obstante considerar que en este caso están cumplidas las exigencias de inclusión o incorporación ( artículos 5 y 7 de la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación), "pues en el contrato las cláusulas son legibles -aunque con dificultades-, están redactadas de manera que es posible su lectura y se hace constar la TIN y la TAE", sin embargo "la información ofrecida en el contrato al consumidor no permite evaluar el coste económico del mismo, no cumpliendo las exigencias de transparencia cualificada", sin que la entidad financiera "haya aportado ningún elemento probatorio tendente a acreditar la realización de una mínima tarea explicativa y aclaratoria previa, necesaria para la formalización del contrato".

Cuarto.- En su recurso, la entidad Cofidis insiste en la superación por el contrato litigioso de los controles de incorporación y transparencia.

Respecto del control de transparencia formal o de incorporación, alude a que la contratación tuvo lugar a distancia, no en un establecimiento, y que, tras la petición del cliente, Cofidis le remitió el formulario de información normalizada previa (INE); que el redactado de las cláusulas es claro y comprensible, con tamaño de letra que permite la fácil lectura, distinguiéndose los apartados con títulos, numeración y en negrita, con ubicación del coste del crédito e identificación del funcionamiento de la operativa revolving. Además, insiste en que, tras la suscripción del contrato, hizo llegar a la consumidora toda una serie de documentación que acredita el conocimiento del cliente del coste del crédito y su operativa (extractos mensuales, informes anuales y protocolo de transparencia ASNEF).

En cuanto al control de transparencia material, se habría superado al tener el consumidor un conocimiento real de la carga jurídica económica del contrato, vista la información precontractual recibida por la actora, la identificación clara y concreta de la operativa y coste del crédito, y la información recibida a lo largo de su ejecución.

Quinto.- Como de sobra es conocido, la cuestión objeto del proceso en esta segunda instancia ha sido ya resuelta en ocasiones anteriores por este Tribunal. La única cuestión que se plantea en esta alzada atañe al pronunciamiento que estimó la acción principal, sobre la falta de transparencia del interés remuneratorio con trascendencia anulatoria del contrato.

Sexto.-La cuestión de la transparencia de los contratos revolving ha constituido el objeto de numerosas resoluciones de este tribunal de apelación, algunas de ellas recaídas en litigios en los que ha sido parte la misma entidad apelante, sobre la base de contratos similares al presente. En el caso, el crédito revolving, disponible con tarjeta, se documentó por escrito en un documento de confección unilateral por la prestamista, que sirvió para perfeccionar, al tiempo, un contrato de financiación de forma aplazada para la adquisición por la actora de un bien o servicio (no consta este concreto extremo) a la empresa Forbe Multimedia, S.L., y un contrato que se denomina "cuenta permanente" que reviste las características de un crédito revolving.

En este documento se consignaron, en los casilleros correspondientes, los datos personales y profesionales de la prestataria y las condiciones del interés remuneratorio. El contrato, compuesto de dos hojas, incorpora en el reverso de la primera hoja y en las dos caras de la segunda, el condicionado general del préstamo mercantil y del crédito revolving.

Séptimo.- En este contexto fáctico, la demanda ejercitaba una acción de nulidad contractual de las condiciones generales del contrato que atañían al sistema de amortización del crédito, y a la determinación de los intereses y comisiones, por falta de superación de los controles de incorporación y transparencia.

El cuestionamiento de la estipulación referente a la determinación del interés remuneratorio del contrato, en un contrato de préstamo, -aunque sea de las peculiares características del préstamo revolving-, atañe al objeto principal del contrato, en el sentido del apartado 2, del artículo 4 de la Directiva 93/13. Este concepto es de interpretación estricta y de alcance comunitario, como reiteradamente tiene establecido el Tribunal de Justicia. Desde esta perspectiva, entendemos que la determinación del tipo del interés al que se presta el dinero es la prestación esencial que caracteriza al contrato de préstamo, que afecta a la esencia misma de la relación contractual.

Por afectar a un elemento esencial del contrato, no cabe un control de abusividad directo; las estipulaciones sobre elementos esenciales del contrato deben ser redactadas de forma clara y comprensible, tal y como establece el artículo 5 de la Directiva. Ello no atañe tan solo a la comprensibilidad de las cláusulas en un plano formal o gramatical, sino que, en los contratos con consumidores, se exige suministrar al adherente un nivel de información suficiente que permita conocer "el funcionamiento concreto del mecanismo al que se refiere la cláusula en cuestión, así como la relación existente entre ese mecanismo y el prescrito por otras cláusulas, de manera que el consumidor esté en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven de él", ( sentencias TJ de 20 de septiembre de 2017, C-186/16, o sentencia de 16 de julio de 2020, C-224/19 y C-259/19 , en cita de la más reciente sentencia de 12 de enero de 2023, C-395/21). Esta información debe facilitarse antes de la celebración del contrato, de manera que la decisión de prestar el consentimiento sea plena con conocimiento de las consecuencias financieras de la variación contractual. En principio, este análisis debe efectuarse caso por caso, si bien desde el parámetro general del consumidor medio medianamente informado, y razonablemente atento y perspicaz. Y la prueba de la superación del control de transparencia compete al predisponente. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20.4.2023, C-263/22, reitera estas apreciaciones:

"26 El Tribunal de Justicia ha precisado que la exigencia de transparencia de las cláusulas contractuales, tal como resulta de esas disposiciones, debe interpretarse de manera extensiva y que no puede reducirse exclusivamente al carácter comprensible de esas cláusulas en un plano formal y gramatical. Esta exigencia requiere que el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, esté en condiciones de comprender el funcionamiento concreto de tal cláusula y de valorar así, basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas, potencialmente significativas, de dicha cláusula sobre sus obligaciones (véanse, en este sentido, las sentencias de 10 de junio de 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-609/19 , EU:C:2021:469 , apartados 42 y 43, y de 10 de junio de 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 a C-782/19 , EU:C:2021:470 , apartados 63 y 64 y jurisprudencia citada)".

Octavo.- En el caso se desconocen las condiciones en las que el contrato fue firmado.

La demandante se limitó a afirmar que, "abrumada por su situación económica, al ver anuncios de la prestamista se aventuró a suscribir un crédito al consumo en forma de una línea de crédito sin que nadie le avisara de los riesgos que conllevaba ni la carga económica real que le supondría", así como que "Mediante la llamada, fue un comercial de la entidad quien le indicó que podría hacer disposiciones en efectivo y compras con las misma, devolviéndola en pequeñas cuotas, pero en ningún momento le habló de los intereses que se le aplicarían por cada una de las reseñadas operaciones, ni las consecuencias de suscribir la modalidad de pago aplazado o el interés de demora que se le aplicaría en caso de no poder sufragar una cuota. Posteriormente, se pusieron en contacto con mi cliente para que suscribiera el contrato".

En el escrito de contestación tampoco encontramos un relato específico sobre las concretas circunstancias de hecho en las que se desarrolló la contratación y, en particular, cuál fue el grado de información suministrado al cliente, más allá de la cumplimentación por parte del consumidor de un modelo prerredactado, con un complejo y amplio conjunto de estipulaciones, de carácter heterogéneo, y la entrega a la prestataria de un formulario de información normalizada europea sobre el crédito al consumo (INE), el cual fue firmado por aquélla. En la apelación alude a que la comercialización del contrato litigioso tuvo lugar a distancia, no llevándose a cabo en un establecimiento, y que fue la actora la que se puso en contacto con la financiera solicitando información del producto, momento en que se le remitió por correo electrónico el formulario de información normalizada europea sobre el crédito al consumo, así como el contrato para su revisión y estudio.

Sea como fuere, puesto que no nos constan las concretas circunstancias en que se desenvolvió la contratación, lo único que sabemos con certeza, pues así resulta de la prueba documental, es lo que ya afirmamos antes, esto es, que el crédito revolving, disponible con tarjeta, se documentó por escrito en un documento de confección unilateral por la prestamista, que sirvió para perfeccionar, al tiempo, un contrato de financiación de forma aplazada para la adquisición por la actora de un bien o servicio a la empresa Forbe Multimedia, S.L., y un contrato que se denomina "cuenta permanente" que reviste las características de un crédito revolving.

Noveno.- El documento presenta un abundante e intrincado conjunto de cláusulas en una extensión de tres carillas (folio y medio), divididas cada una de ellas en tres columnas con una tipografía pequeña y escaso interlineado que hace que su lectura sea complicada. No es que que no se supere el control de incorporación, como ya afirma la Jueza de instancia, puesto que no nos encontramos en un caso en que las cláusulas resulten completamente ilegibles y gramaticalmente incomprensibles por el tamaño de la letra, su tipografía, la falta de espacios y de interlineado. Pero sí es cierto que su lectura resulta especialmente farragosa y cansina para "un consumidor medio medianamente informado, y razonablemente atento y perspicaz".

En esta línea, resulta harto elocuente la hoja inicial del contrato, donde se consignan los datos de la empresa vendedora (Forbe Multimedia, S.L.) y de la consumidora, así como el modo de financiación. Porque, al pie de la firma del documento y en el apartado "Fecha y Firma del Contrato", se consigna en letra pequeña, sin solución de continuidad de unas previas declaraciones y sin ser resaltado específicamente pese a su trascendencia, la verdadera naturaleza de los contratos que la demandante estaba perfeccionando: "Además del préstamo mercantil, el/los titular/es están contratando una línea de crédito permanente que se rige por las condiciones generales expresadas al dorso: la misma podrá ser activada durante la vigencia del préstamo mercantil o con posterioridad, siempre que se cumplan los criterios de aceptación de Cofidis vigentes en cada momento. El coste de la línea de crédito será el siguiente: 1.- Para saldos pendientes de hasta 6000 euros se aplicará un tipo deudor anual del 22,12%. 2.- Para saldos pendientes superiores a 6000 euros e inferiores o iguales a 9000 euros, el tipo deudor anual será del 15,76%. 3.- Para saldos pendientes superiores a 9000 euros, el tipo deudor anual será del 10,44%. El coste del crédito comprende los intereses devengados por el capital utilizado. La TAE oscilará entre el 24,5% y el 10,95%, dependiendo del importe dispuesto de la línea de crédito y del plazo de amortización. En caso de que la línea de crédito no sea utilizada, no generará coste alguno para los titulares".

Igualmente, es de destacar por inducir a confusión, el hecho de que en las tres hojas que contienen las condiciones generales y particulares de los dos contratos (financiación mercantil y préstamo revolving), figure a pie de página, junto a la fecha y firma de la prestataria, un casillero o campo donde se alude únicamente al "Contrato de financiación de 1.050,00 €, con una cuota de 53,44 en 24 meses", omitiendo cualquier referencia a que también se estaba perfeccionando un contrato de préstamo revolving.

No existe en el contenido contractual una descripción detallada del principal elemento que caracteriza la modalidad revolving, que es la facultad de disponer, hasta el límite de crédito concedido, sin tener que abonar la totalidad de lo dispuesto en un plazo determinado, de modo que el prestatario se limitaría a reembolsar la cuota mensual fijada, disminuyendo paulatinamente, -a medida que se iban haciendo adquisiciones de bienes y servicios, o disposiciones de efectivo- el límite de crédito establecido, y la posibilidad de su reposición con los abonos periódicos realizados por el cliente, o eventualmente a través de amortizaciones anticipadas. Tampoco se expresaba la característica de que las cuantías de las cuotas destinadas a la amortización del capital volvían a formar parte del crédito disponible, renovándose éste de manera automática al vencimiento. Estas son las características esenciales de los créditos revolving, según expresa la Orden ETD 699/2020, de 24 de julio, de regulación del crédito revolvente, cuya operativa de forma llamativa se silenciaba o se ocultaba en el complejo y extenso clausulado contractual.

Por otra parte, como afirma la demandante, del extracto de operaciones efectuadas entregado por Cofidis, resulta que la financiera incrementaba el saldo a su favor con los intereses devengados y el pago de una prima de un "seguro de la cuota principal" cuya suscripción por la consumidora no consta.

Y no en menor medida se ha de tener en consideración la duración del contrato, indefinida a la postre al ser renovable por tácita reconducción por períodos anuales.

Décimo.- Estas apreciaciones llevan a la Sala a concluir que el contrato no superaba el control de transparencia material con la sola entrega del documento contractual, sin explicaciones adicionales. En estas condiciones, no resultaba posible que el cliente conociera la mecánica de funcionamiento del singular contrato de tarjeta que se le presentaba a la firma, en el que no existía ninguna mención destacada sobre las características esenciales del contrato. A tal fin no bastaba con la mención del TIN o de la TAE, puesto que estos dos elementos no explicaban las singularidades de funcionamiento del crédito revolvente, y tampoco se destacaba la circunstancia relativa a la duración del contrato. De este modo un consumidor medio no podía llegar a aprehender las consecuencias económicas y jurídicas derivadas de la relación contractual.

Insiste la apelante en haber cumplido los estándares de transparencia por la información precontractual y durante la ejecución del contrato facilitada a la consumidora.

Respecto de la primera, centrada en el formulario de información normalizada europea sobre el crédito al consumo, cabe decir dos cosas. Que si bien figura, efectivamente, suscrito por la demandante, ni tan siquiera se ha demostrado la efectiva entrega de una copia de ese documento informativo a la demandante, que lo niega. Además, el simple trámite de la firma del formulario no implica per se que se haya cumplido el deber de facilitar al consumidor, antes de la celebración del contrato, toda la información precisa que implique que la decisión de prestar el consentimiento sea plena y con conocimiento de las consecuencias económicas que se derivan de lo contratado. Por otra parte, el susodicho documento, aunque está redactado con una tipografía legible y resaltando en su reverso los distintos apartados (a diferencia del documento contractual propiamente dicho), tampoco resulta clarificador porque:

-No aclara con precisión para el consumidor qué negocios está concertando, aludiendo sin distinción, definición y explicación alguna al "préstamo" y a la "cuenta permanente".

-No contiene explicación alguna de lo que es la "cuenta permanente", su naturaleza de crédito revolvente, ni descripción específica y detallada de la mecánica de este préstamo y sus elementos.

-El apartado dedicado a los costes del crédito (que no "créditos") está en su mayor parte resaltado en negrita, de modo que no se puede distinguir cuál es la información verdaderamente relevante, describiendo diferentes tipos deudores para el préstamo y la cuenta corriente de forma que induce a confusión.

Y en lo que se refiere a la supuesta información suministrada a la prestataria durante la ejecución del contrato, la cual -afirma la financiera- acreditaría el conocimiento de la cliente del coste del crédito y su operativa (extractos mensuales, informes anuales y protocolo de transparencia ASNEF), no existe en el expediente prueba alguna de su envío y entrega, ni intención de acreditarlo, razón por la cual estamos ante una mera afirmación carente de sustento probatorio.

Décimo primero.- La falta de superación de la transparencia material no determina por sí misma la abusividad del contrato, sino que constituye la puerta para el análisis del control de contenido, prohibido con carácter general respecto de las estipulaciones que afectan a elementos esenciales del contrato y que resulten transparentes. No superado el llamado segundo control de transparencia, resulta exigible un segundo nivel de análisis, que atañe a la indagación de la existencia o no del equilibrio entre las prestaciones derivadas del contrato.

En interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la apreciación del carácter abusivo de una cláusula de un contrato celebrado con un consumidor se basa, en principio, en una evaluación global que no tiene en cuenta únicamente la eventual falta de transparencia, a salvo de que una disposición nacional establezca lo contrario, como aparenta suceder en Derecho español en la actual regulación del texto refundido de la Ley General para la defensa de Consumidores y Usuarios ( artículo 83, párrafo segundo, introducido por la Ley 5/2019), que no resulta aplicable al litigio (cfr. por todas, STJ de 12 de enero de 2013, apartado 49).

Del mismo modo, de conformidad con la jurisprudencia de Luxemburgo, -que por conocida excusa de su cita-, el concepto de cláusula abusiva del artículo 3.1 de la Directiva exige un cuidado análisis de las circunstancias de cada caso, para determinar si la concreta estipulación vulnera la buena fe, o causa un desequilibrio importante en las prestaciones de las partes en contra del consumidor. Según el Tribunal de Justicia, para determinar si una cláusula causa en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes que se derivan del contrato, se deben tomar en cuenta las normas aplicables en derecho nacional cuando no exista un acuerdo de las partes. En este sentido, la cláusula genera tal desequilibrio si el contrato deja al consumidor en una situación jurídica menos favorable que aquella que se derivaría de la aplicación de la normativa dispositiva supletoria. Y en cuanto a la determinación de si la cláusula en cuestión es contraria a las exigencias de la buena fe, el juez nacional deberá comprobar si el profesional podía estimar razonablemente que, tratando de manera leal y equitativa con el consumidor, éste aceptaría una cláusula de este tipo en la hipótesis de una negociación individual. Todo ello teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato, y considerando en el momento de su celebración todas las circunstancias concurrentes, (por todas, STJ Aziz, c-415/11, de 14 de marzo de 2013).

Como ya hemos afirmado en otras resoluciones, la circunstancia de que la sentencia haya considerado que el tipo de interés aplicable pueda considerarse no usurario por no superar el nuevo estándar jurisprudencial, no agota el análisis de la abusividad. No existen disposiciones supletorias que con precisión suficiente establezcan un marco de Derecho dispositivo en caso de falta de pacto, puesto que la única regulación expresa de esta clase de contratos, contenida en la reciente orden de 24 de julio de 2020, afecta a las obligaciones del proceso de negociación precontractual y a cuestiones accesorias, como el ejercicio del derecho de desistimiento, o a la exigencia de la información periódica a suministrar durante la ejecución del contrato. Por ello creemos que el principal elemento de análisis para juzgar sobre la abusividad atañe, en el caso, al concepto de la buena fe; esto es, si el profesional predisponente podía pensar que, tratando de forma leal al consumidor, éste hubiera celebrado el contrato.

Corresponde al profesional soportar la carga de la prueba sobre la superación de los estándares de información, y no se advierte a lo largo del litigio, -particularmente, ni en el escrito de contestación, ni en el recurso-, ningún argumento expreso en esta línea de razonamiento. En consecuencia, el Tribunal considera que las estipulaciones esenciales del contrato, atinentes a la determinación del interés y a la forma de amortización, además de no resultar transparentes, conculcaban la buena fe, en el sentido de que un consumidor medio, de haber conocido en detalle el funcionamiento del contrato, no se hubiera obligado en tales términos y, en consecuencia, deben reputarse abusivas.

Décimo segundo.- De conformidad con el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas procesales de la presente alzada han de ser impuestas a la parte apelante al ser totalmente desestimadas sus pretensiones.