Sentencia Civil 379/2023 Audiencia Provincial de Salamanca Civil-penal Única, Rec. 960/2022 de 07 de julio del 2023

Primero.- La entidad de crédito demandada, CaixaBanK SA, fundamentó su recurso como único motivo, en la carencia sobrevenida de objeto de la pretensión declarativa de la nulidad de las cláusulas impugnadas y falta de interés legítimo para instar un procedimiento ordinario.

La parte actora se opuso a dicho recurso.

Segundo.- El presente juicio ordinario comenzó por demanda en la que se solicitaba que se declarase la nulidad del pacto CUARTO C) en lo relativo a comisiones de gestión de reclamación de impagados del contrato de préstamo hipotecario objeto de la demanda y se condenase a la entidad bancaria demandada a abonar al actor las cantidades que estos pagaron indebidamente, más los intereses legales de las mismas, así como que se declarase la nulidad del pacto SEXTO en lo relativo a los intereses de demora de la hipoteca del contrato de préstamo hipotecario objeto de la demanda y se condenase a la entidad bancaria demandada a abonar al actor las cantidades que estos pagaron indebidamente.

Con carácter previo, la parte aquí demandante envío la correspondiente reclamación extrajudicial previa a la ahora entidad demandada. Reclamación previa a la que dicha entidad, en síntesis, contestó en el sentido de que no podía dicha entidad declarar la nulidad de ninguna cláusula, pues ello es competencia exclusiva de los tribunales, pero se avenía a devolver y devolvía al reclamante la suma 4,43 € en concepto de intereses de demora y la de 188,29 euros en concepto de comisiones de gestión de reclamación de impagados.

Y asimismo indicaba al consumidor reclamante que tras la entrada en vigor de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, CaixaBank adaptó sus contratos de préstamo hipotecario al contenido de dicha norma, por lo que dicha cláusula relativa a los intereses de demora sólo se aplicará respetando los límites fijados en la misma.

De igual modo, respecto a los contratos formalizados antes de la entrada en vigor de la Ley 1/2013- el contrato de préstamo hipotecario objeto de juicio se firmó con fecha de 20 de agosto de 1998-, le comunicó que tras la publicación de la Sentencia de Tribunal Supremo 364/2016, 3 de Junio de 2016, CaixaBank ha dejado sin efecto la cláusula de intereses de demora vigente en las citadas operaciones hipotecarias. En consecuencia, en caso de que se produzca el impagado de una operación hipotecaria formalizada antes de la entrada en vigor de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, CaixaBank aplicará a la misma un interés de demora equivalente al interés remuneratorio pactado en el citado contrato, todo ello de conformidad con la doctrina recogida en la Sentencia del TS anteriormente citada.

Sobre la base de tal contestación a la citada reclamación previa la entidad demandada opuso en su escrito de contestación que nos encontramos ante una carencia sobrevenida de objeto de la pretensión declarativa de la nulidad de las cláusulas impugnadas y falta de interés legítimo para instar un procedimiento ordinario.

Frente a lo cual la parte actora sostuvo en la audiencia previa, que no existe tal carencia sobrevenida, porque no recibió la contestación del banco a su reclamación previa; y además, la cantidad devuelta por el cobro de las comisiones por reclamación de impagos, es inferior a la real, que se elevó a 32,8€, de modo que faltan 28,37 euros.

La sentencia de primera instancia estimó la demanda con imposición de costas a la entidad demandada.

Y contra dicha sentencia se ha alzado en apelación la entidad demandada, sobre la base del único motivo antes transcrito.

Tercero.- Así planteado el presente recurso, es preciso indicar lo siguiente:

- Por un lado, no puede admitirse que, como alega la parte actora, no haya recibido la contestación de la entidad de crédito al requerimiento extrajudicial. Pues aunque es cierto que la contestación a un requerimiento es un acto recepticio, y la entidad debe asegurarse que el envío de tal contestación ha sido recibido por el deudor; igualmente es cierto que en el caso que nos ocupa, al amparo del art. 386 LEC no puede admitirse que haya duda de que dicha contestación se ha enviado y se ha recibido por el deudor, puesto que la entidad bancaria ha devuelto una cantidad de dinero y constan en autos los recibos bancarios en los que la devolución se hizo efectiva en la cuenta corriente del actor. De lo cual, en un enlace preso y directo según las reglas del racional criterio humano o máximas de experiencias, no cabe sino deducir que la parte deudora-consumidora aquí actora-apelada sí recibió la contestación de la entidad bancaria a su requerimiento.

- Por otro lado, es cierto también que aunque satisfactoria en términos materiales y cuantitativos-salvo 28 €- la respuesta dada por la entidad de crédito al requerimiento extrajudicial previo no es plenamente acertada en términos jurídicos cuando dijo que "en referencia a su reclamación de solicitud de declarar la nulidad de la cláusula contenida en su escritura de interés de demora, esta entidad lamenta comunicarle que no puede acceder a su petición, puesto que dicha cláusula fue acordada y suscrita por ambas partes en su momento, siendo los tribunales de justicia los únicos competentes para declarar la nulidad. Y añade que " se han valorado los últimos 6 años y se ha procedido al abono de 188,29 euros en la cuenta NUM000 en concepto de las comisiones aplicadas por impagado del préstamo NUM001, más 4,43 por la otra comisión."

Y decimos que no es plenamente acertada en términos jurídicos tal contestación porque, en realidad de verdad, lo que se le pide al banco por el consumidor-deudor no es sino que se consideren nulas las cláusulas que cita en su reclamación previa para que así se le devuelvan las cantidades cobradas indebidamente. Frente a lo cual la entidad de crédito lo que hizo fue devolver las cantidades, pero afirmando que la nulidad no la puede declarar, de modo que la cláusulas son válidas, porque han sido pactadas y la nulidad le corresponde declararla solo a los tribunales. Pues bien, en realidad de verdad, eso no es correcto jurídicamente, a la luz de los arts. 1303 CC y del art. 82 TRLGDCU. Pues nos hallamos ante condiciones generales de la contratación que la entidad como predisponente ha impuesto al consumidor. De suerte que de la misma manera que las ha impuesto, puede dejarlas sin efecto y declararlas nulas y eliminarlas del contrato en cuestión. Lo cual ex art. 1255 CC es plenamente válido, y a tenor del art. 1256 del mismo cuerpo legal solo exige el consentimiento de ambas partes. Siendo así que la entidad predisponente ya contaba para ello con el consentimiento del deudor adherido que en su reclamación extrajudicial le pedía ya la nulidad de tales cláusulas. La entidad niega la nulidad, pero no la devolución de las cantidades derivadas de ella, de modo que sin mencionarlo aplica el art. 1303 CC regulador de las consecuencias de la nulidad de una cláusula o pacto contractual. Pero no mencionar el articulo citado, 1303 CC, no evita que pueda considerarse que nos hallamos bajo su órbita. De modo que si la entidad de crédito devolvió tales cantidades no fue por pura liberalidad sino porque consideró nulas las cláusulas en las que descansaba el cobro de tales cantidades. Sin que podamos olvidar que a la vez la entidad bancaria manifestó al contestar al requerimiento previo que para todos los contratos anteriores a 2013 y el contrato objeto de autos lo era la cláusula había sido dejadas sin efectos, además de devolver las cantidades indebidamente cobradas

Ante una situación como la de autos, lo correcto es estimar la demanda en lo que se refiere a la formal, plena y definitiva declaración de nulidad de las cláusulas objeto de juicio, y condenar al pago de la pequeña cantidad aún pendiente.

Ahora bien, dicho lo anterior hemos de añadir inmediatamente que del mismo modo ante una situación como la de autos lo correcto es no imponer las costas del juicio a ninguna de las partes. Toda vez que la contestación del banco al requerimiento extrajudicial ex arts 7.1 y 1258 CC, 22 y 247 LEC y 11 LOPJ en términos de buena fe exigía al consumidor que aclarase con la entidad la devolución de esos apenas 28 € pendientes, antes de iniciar todo un juicio declarativo para obtener una declaración judicial expresa de la nulidad de unas cláusulas que ya le había sido reconocida por la propia entidad bancaria mediante la devolución de las cantidades cuyo cobro se apoyó en dichas clausulas, sin olvidar que además la entidad se comprometía a no aplicarlas más a contratos anteriores al 2013, como es el de autos.

No cabe duda que la consecuencia de exigencia de la buena fe o consiguiente prohibición del abuso de derecho- cfr. SAP, Civil sección 1 del 24 de noviembre de 2021 ( ROJ: SAP SA 888/2021 - ECLI:ES:APSA:2021:888 ), Sentencia: 719/2021 Recurso: 205/2021 , Ponente: JUAN JACINTO GARCIA PEREZ, o sentencia de 23 de junio de 2021, dictada en el Rollo de Apelación número 179/2021 - no puede ser de un signo tan radical como no declarar nulas las cláusulas litigiosas, en tanto que sí subyace un interés tutelable de los consumidores demandantes en esa declaración, aun cuando tenga una nimia traslación económica, pues puede tenerla en el futuro.

Debe, pues, como se ha dicho, estimarse la pretensión de declaración de nulidad de las repetidas cláusulas, para dar plena y formal, no solo material satisfacción al interés legítimo del consumidor demandante de expulsar del contrato litigioso cláusulas como las analizadas, contrarias, por abusivas, al espíritu y la letra de la LCGC y del Texto Refundido de la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios. Por razón de que, verdaderamente, el Banco demandado aunque materialmente reconoció, la nulidad de las mencionada cláusulas al devolver al consumidor las cantidades y comunicarle que ya no las aplicaba desde hace años a contratos de fecha anterior a 2023, como el suyo, formalmente no llevó a cabo tal anulación de las cláusulas para el contrato de autos.

Y, asimismo, como también como hemos dicho, conforme al principio de la buena fe que debe presidir toda relación contractual entre las partes contratantes, con la consiguiente prohibición del abuso de derecho, es de justicia acordar la no imposición de las costas de la primera instancia a ninguna de las partes, pues, se mire como se mire, es indiscutible e irrefutable que ningún obstáculo o impedimento tuvo la parte aquí demandante para interesar del banco la devolución de la tan pequeña cantidad aún restante sin necesidad de abrir todo un juicio ordinario.

Nada aducen los demandantes-apelados respecto de la existencia de alguna clase de eventualidad que justificara la no aclaración con el banco de la falta de esa pequeña devolución. Sin que pueda servir a tal efecto como eventualidad justificativa que no hubieren recibido la contestación del banco, pues como más arriba hemos visto, hay que considerar probado que sí recibieron tal contestación. Y sin esa justificación, cuando se interpone un pleito nada menos que ordinario a la postre en reclamación de tan nimia cantidad se está en el caso de proceder a la inaplicación del art. 394.1 de la LEC (principio objetivo del vencimiento), por preponderancia normativa del principio de la buena fe del art 7.1 del CC y normativa concordante. Principio de la buena fe que es algo más que un principio informador del ordenamiento jurídico, para convertirse en una cláusula general normada de carácter imperativo. Y no porque concurran dudas de derecho o de hecho.

En este sentido, hemos de tener en cuenta la doctrina contenida en la SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena) de 22 de septiembre de 2022, Asunto C-215/21 . Referente a una cuestión prejudicial mediante la cual el órgano jurisdiccional remitente preguntaba, en esencia, si los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, a la luz del principio de efectividad, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una norma nacional, como el artículo 22 de la LEC, con arreglo a la cual, en el marco de un proceso judicial relativo a la declaración del carácter abusivo de una cláusula de un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, en caso de satisfacción extraprocesal de sus pretensiones, el consumidor debe cargar con sus propias costas relativas al proceso judicial que se ha visto obligado a promover para hacer valer los derechos que la Directiva 93/13 le otorga, sin que se tome en consideración el comportamiento anterior del profesional en cuestión, que no atendió los requerimientos previos que dicho consumidor le había dirigido.

Para resolver tal cuestión el TSJUE hace las siguientes consideraciones previas:

a) Que conforme a reiterada jurisprudencia, a falta de normativa específica de la Unión en la materia, las condiciones en las que se dispense la protección de los consumidores prevista en la Directiva 93/13 corresponden al ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros en virtud del principio de autonomía procesal de estos últimos. No obstante, estas condiciones no deben ser menos favorables que las aplicables a situaciones similares de carácter interno (principio de equivalencia) y no deben hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad) (véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de julio de 2020, Caixabank y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-224/19 y C-259/19, EU:C:2020:578, apartado 83, y de 10 de junio de 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 a C-782/19, EU:C:2021:470, apartado 27 y jurisprudencia citada).

b) A este respecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que la distribución de las costas de un proceso judicial sustanciado ante los órganos jurisdiccionales nacionales pertenece a la esfera de la autonomía procesal de los Estados miembros, siempre que se respeten los principios de equivalencia y de efectividad ( sentencia de 16 de julio de 2020, Caixabank y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-224/19 y C-259/19, EU:C:2020:578, apartado 95).

c) Por lo que se refiere al principio de efectividad, único controvertido en el presente asunto, procede señalar que cada caso en el que se plantee la cuestión de si una disposición procesal nacional hace imposible o excesivamente difícil la aplicación del Derecho de la Unión debe analizarse teniendo en cuenta el lugar que ocupa dicha disposición dentro del conjunto del procedimientoy el desarrollo y las peculiaridades de este ante las diversas instancias nacionales. Desde esta perspectiva, procede tomar en consideración, en su caso, los principios en los que se basa el sistema judicial nacional, como la protección del derecho de defensa, el principio de seguridad jurídica y el buen desarrollo del procedimiento (véase, en particular, la sentencia de 10 de junio de 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 a C-782/19, EU:C:2021:470, apartado 28 y jurisprudencia citada).

d)Además, el Tribunal de Justicia ha precisado que la obligación de los Estados miembros de garantizar la efectividad de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables implica, en particular en relación con los derechos derivados de la Directiva 93/13, una exigencia de tutela judicial efectiva, consagrada también en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es aplicable, en concreto, a la definición de la regulación procesal relativa a las acciones judiciales basadas en tales derechos (véase, en particular, la sentencia de 10 de junio de 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 a C-782/19, EU:C:2021:470, apartado 29 y jurisprudencia citada).

La Directiva 93/13 reconoce al consumidor el derecho de acudir a un juez para que se declare el carácter abusivo de una cláusula contractual y para que se deje sin aplicar. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que determinar el reparto de las costas de un procedimiento de esa índole únicamente sobre la base de las cantidades indebidamente pagadas y cuya restitución se ordena puede disuadir al consumidor de ejercer tal derecho debido a los costes que implica una acción judicial (véase la sentencia de 16 de julio de 2020, Caixabank y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-224/19 y C-259/19, EU:C:2020:578, apartado 98 y jurisprudencia citada).

De este modo, el Tribunal de Justicia ha declarado que los artículos 6, apartado 1 , y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 , así como el principio de efectividad, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a un régimen que permite que el consumidor cargue con una parte de las costas procesales en función del importe de las cantidades indebidamente pagadas que le son restituidas a raíz de la declaración de la nulidad de una cláusula contractual por tener carácter abusivo, dado que tal régimen crea un obstáculo significativo que puede disuadir a los consumidores de ejercer el derecho, conferido por la Directiva 93/13, a un control judicial efectivo del carácter potencialmente abusivo de cláusulas contractuales ( sentencia de 16 de julio de 2020, Caixabank y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-224/19 y C-259/19, EU:C:2020:578, apartado 99).

A partir de tales consideraciones previas, la STJUE que nos ocupa concluye que:

1º/En el marco de los procesos típicos promovidos al amparo de los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, en que el consumidor es el demandante y el demandado es el profesional, si el art. 22 LEC española implica que, si este decide satisfacer las pretensiones de aquel fuera del proceso judicial, el consumidor deberá cargar siempre, conforme a la norma española descrita en el apartado anterior, con los costes del proceso aun en el supuesto de que el profesional haya actuado con mala fe constituiría una norma que al hace recaer tal riesgo sobre el consumidor crearía un obstáculo significativo que puede disuadirlo de ejercer su derecho a un control judicial efectivo del carácter potencialmente abusivo de cláusulas contractuales incluidas en el contrato de que se trate y, en definitiva, supondría vulnerar el principio de efectividad.

2º/No obstante, en las observaciones que ha presentado ante el Tribunal de Justicia, el Gobierno español sostiene que el artículo 22 de la LEC puede interpretarse de manera conforme con las exigencias que se derivan de este principio. A su entender, cabe interpretar este artículo en el sentido de que corresponde al juez nacional tener en cuenta la posible mala fe del profesional y, en su caso, condenarlo al pago de las costas del proceso judicial. Y el TJUE en la sentencia que comentamos considera que tal interpretación del Derecho nacional es compatible con el principio de efectividad, por cuanto permite que no se disuada a los consumidores de ejercer los derechos que la Directiva 93/13 les otorga. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si es posible realizar tal interpretación conforme con el Derecho de la Unión.

Por todo lo cual concluye la STJUE:

"Habida cuenta de todas las consideraciones expuestas, los artículos 6, apartado 1 , y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 , a la luz del principio de efectividad, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una norma nacional con arreglo a la cual, en el marco de un proceso judicial relativo a la declaración del carácter abusivo de una cláusula de un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, en caso de satisfacción extraprocesal de sus pretensiones, el consumidor afectado debe cargar con sus propias costas, a condición de que el juez que conozca del asunto tenga imperativamente en cuenta la eventual mala fe del profesional de que se trate y, en su caso, lo condene al pago de las costas del proceso judicial que ese consumidor se ha visto obligado a promover para hacer valer los derechos que la Directiva 93/13 le otorga.

De esta suerte, el Tribunal de Justicia (Sala Novena) declara: Los artículos 6, apartado 1 , y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 , sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, a la luz del principio de efectividad, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una norma nacional con arreglo a la cual, en el marco de un proceso judicial relativo a la declaración del carácter abusivo de una cláusula de un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, en caso de satisfacción extraprocesal de sus pretensiones, el consumidor afectado debe cargar con sus propias costas, a condición de queel juez que conozca del asunto tenga imperativamente en cuenta la eventual mala fe del profesional de que se trate y, en su caso, lo condene al pago de las costas del proceso judicial que ese consumidor se ha visto obligado a promover para hacer valer los derechos que la Directiva 93/13 le otorga.

Pues bien eso es lo que se ha hecho en el proceso que nos ocupa, cuyo objeto, como hemos visto, ha sido la declaración de nulidad de dos condiciones generales de la contratación en un contrato celebrado entre consumidores y un profesional, una entidad de crédito. Tal proceso ha sido precedido por una reclamación extrajudicial en la que se dio satisfacción a las pretensiones del actor en los términos materiales ya vistos, salvo en una pequeña cantidad de 28 €. El resto de las pretensiones relativas a la nulidad de las condiciones por abusivas y a la devolución de lo cobrado indebidamente fueron satisfechas, pues aunque la entidad se negó a contestar afirmativamente a la declaración de nulidad de las cláusulas por entender que ello correspondía exclusivamente a los tribunales, sin embargo a la vez manifestaba que para todos los contratos anteriores a 2013, y el contrato objeto de autos lo era, habían sido dejadas sin efectos, y además devolvió las cantidades indebidamente cobrada.

No quedaba por devolver más que una pequeña cantidad, que muy bien pudo y debió haberse obtenido, como hemos dicho, continuando las conversaciones extrajudiciales previas y no abriendo todo un proceso declarativo ordinario por 28 €.

Por consiguiente en este caso podemos considerar que no ha habido mala fe por parte del profesional en la contestación a la reclamación extrajudicial. De ahí que lo correcto es que en este caso se acuerde que el consumidor cargue con sus propias costas en atención al principio de efectividad y al principio de buena fe y prohibición del abuso del derecho, en relación con el principio de garantización de una buena administración de justicia.

Principio al que se refiere la STS, Civil sección 1 del 09 de marzo de 2021 (ROJ: STS 859/2021 - ECLI:ES:TS:2021:859 ), Sentencia: 131/2021 -Recurso: 5108/2017 , Ponente: RAFAEL SARAZA JIMENA, la cual declaró que " el principio de protección del consumidor, que tiene como una de sus facetas el de la efectividad de la protección frente a las cláusulas abusivas que resulta de la Directiva 93/13/CEE, ha de cohonestarse con otros principios del Derecho de la UE, como es el de garantizar la buena administración de justicia, indispensable para la efectividad del principio de Estado de Derecho que constituye uno de los pilares del ordenamiento jurídico de la UE.

Una de las facetas de este principio de buena administración de justicia consiste en procurar que los medios de los tribunales, siempre limitados, se utilicen para resolver aquellos asuntos que exijan ineludiblemente una solución judicial, porque no sea posible encontrar una solución extrajudicial. De este modo, asuntos que pueden ser solucionados fuera de los tribunales no consumirán el tiempo y los recursos que deben dedicarse a aquellos otros en los que es indispensable la intervención del poder judicial.

Esto, por otra parte, beneficia también al consumidor puesto que litigar es una forma lenta, cara y no exenta de riesgos (la pérdida de un plazo, la preclusión de un trámite, etc.) de resolver los conflictos en que se ve envuelto.

Estas razones explican la apuesta decidida de la UE por el fomento de las soluciones extrajudiciales a los litigios, también en materia de consumo, que se plasma en normas tales como el Reglamento (UE) nº 524/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo, o la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, también de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo".

La tesis del aquí demandante es que intentó la solución extrajudicial del conflicto antes de interponer la demanda, pues requirió extrajudicialmente a la entidad financiera para que eliminara las cláusulas controvertidas y le restituyera lo cobrado indebidamente por aplicación de tales cláusulas, pero la entidad no le contestó, pues no recibió tal contestación, y las cantidades que le devolvió no fueron las totales, pues faltaban 28 euros.

En consecuencia, se vulneraría la previsión del art. 395.1.II y 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el art. 6.1 de la Directiva 93/13/CEE al no condenar en costas a la entidad financiera que no atendió al requerimiento previo ni satisfizo plenamente sus pretensiones.

Ahora bien, este argumento no puede estimarse. Pues, como hemos visto, no es cierto que la entidad bancaria no contestase al requerimiento previo ni que haya dado una respuesta negativa a sus pretensiones.

Es razonable concluir, pues, como hemos hecho que la respuesta de la entidad bancaria, aunque no plenamente correcta en términos jurídicos, era apta para evitar este litigio, porque dio a la requirente la oportunidad real de conseguir la plena satisfacción extrajudicial de sus pretensiones:

-la de nulidad de las cláusulas, porque se le decía al consumidor que ya no se aplicaban a los contratos de su fecha.

-Y la de restitución, porque si el banco le había devuelto lo más, lo razonable es que el consumidor podía perfectamente conseguir extrajudicialmente lo menos, la nimia cantidad de 28 euros que faltaban.

La exigencia de que el consumidor que ha realizado previamente un requerimiento extrajudicial al que el requerido ha dado una respuesta satisfactoria prácticamente plena, salvo 28 €, siga intentando la satisfacción extrajudicial de su pretensión antes de abrir todo un juicio ordinario por 28 euros, y de no hacerlo, como es el caso, se resuelva como se ha indicado, que tal consumidor haga frente a sus costas de la 1ª instancia, no constituye, por todo lo dicho, a juicio de esta sala, una solución contraria al derecho de la UE y al principio de efectividad, pues es conforme a otros principios del ordenamiento jurídico nacional y de la UE, como son lo más arriba analizados de buena fe, de prohibición del abuso del derecho y el principio de garantizar la buena administración de justicia, indispensable para la efectividad del principio de Estado de Derecho que constituye uno de los pilares del ordenamiento jurídico de la UE. Principio de garantización de la buena administración de justicia una de cuyas facetas consiste en procurar, lo que aquí por todo lo dicho no se hizo, que los medios de los tribunales, siempre limitados, se utilicen para resolver aquellos asuntos que exijan ineludiblemente una solución judicial, porque no sea posible encontrar una solución extrajudicial.

Procede, pues, estimar el presente recurso de apelación y dejar sin efecto la condena en costas de la primera instancia.

Cuarto.- Por aplicación del art. 398.1 LEC, no se hace imposición de las costas de este recurso a ninguna de las partes.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y en virtud de los poderes conferidos por la Constitución.