Sentencia Civil 536/2023 Audiencia Provincial Civil de Valencia/València nº 6, Rec. 928/2022 de 20 de diciembre del 2023

Se aceptan parcialmente los fundamentos de derecho de la resolución apelada en lo que no se oponga a los contenidos en esta.

PRIMERO.- La cuestión planteada por la parte apelante, que no discute la caducidad declarada respecto de la acción de vicios ocultos en la cosa vendida, es resolver si con revocación de la sentencia procede la estimación integra de la pretensión indemnizatoria formulada de forma subsidiaria en la demanda, sobre la que nada dijo la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- El juzgador de instancia fijó las pretensiones de las partes en los siguientes términos:

" PRIMERO.- Acción Ejercitada.-

La parte actora solicita se dictase sentencia por la que se declare que:

a) En la vivienda transmitida por la demandada a los actores existían, con carácter previo a la compraventa, defectos en su construcción, consistentes en la falta de la debida impermeabilización de la cubierta del edificio, así como en la terraza y garaje.

b) Que por dicha causa la vivienda manifiesta filtraciones de agua en las estancias altas de la vivienda, terraza cubierta y garaje, así como humedades por condensación en las estancias de planta alta, según se especifica en el hecho tercero de la demanda, así como en el informe pericial aportado como doc. 3 de la demanda.

c) Que la vendedora ocultó la existencia de dichos vicios en la construcción de la vivienda.

d) Que la demandada está obligada a reparar la causa de los daños que presenta la edificación conforme al dictamen pericial aportado, o que repare, a su costa.

e) Subsidiariamente declare que la parte actora tiene derecho a una indemnización por daños y perjuicios causados en la cuantía de 13.001,40 euros .

f) Que se condene a la parte demandada a estar y pasar por dicha declaración, establecimiento el plazo de 10 días desde la firmeza de la sentencia para que comience con las obras de reparación quedando en otro casi los actores asistidos del derecho de ejecutar las obras a su costa y en caso de declarar la procedencia de la indemnización por daños y perjuicios condene a la parte demandada a abonar la cantidad de 13.001.40 euros, todo ello con expresa condena en costas. "

Y considero:

"TERCERO.- Motivación Probatoria.- Caducidad

La parte demandada alega que la acción se encuentra caducada conforme a lo dispuesto en el artículo

1.490 del Código Civil.

En primer lugar a fin de solventar dicha cuestión debemos partir de la base dela acción ejercitada por la parte actora que no es otra que la acción de saneamiento por vicios o defectos ocultos tal y como dicha parte pone de manifiesto en la fundamentación jurídica de su demanda, artículos 1.461 y 1484 y ss. del Código civil .

Partiendo por consiguiente de dicha acción debemos estar a lo dispuesto en el artículo 1.490 del mismo texto legal que dispone lo siguiente: "Las acciones que emanan de lo dispuesto en los cinco artículos precedentes se extinguirán a los seis meses, contados desde la entrega de la cosa vendida."

No se suscita duda alguna de que se trata de un plazo de caducidad, como reiteradamente ha declarado la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ni se ha pretendido una eventual interrupción del plazo, que no cabe cuando se tratade caducidad de la acción. En el sentido indicado, dice la STS de 22 de enero de2009, recurso n umero 1213/2004 :

" ... [el] plazo previsto en el ar t ícelo 1490 del Código Cibi l como plazo de caducidad, lo cual es acorde con la unánime doctrina jurisprudencial sentada al respecto por esta Sala, ya desde, entre otras, las Sentencias de 22 de diciembre de 1971 , 26de junio de 1974 y 7 de mayo de 1981 . Como plazo de caducidad que es, comporta, como recuerda la Sentencia de esta Sala de 12 de junio de 2008 , que transcurrido el mismo no puede ser ejercitado ya el derecho que alberga, nota característica que diferencia la caducidad de la prescripción, pues así como ésta tiene por finalidad la extinción de un derecho ante la razón objetiva de su no ejercicio por el titular, y a finde evitar la inseguridad jurídica, en la caducidad se atiende sólo al hecho objetivo dela falta de ejercicio dentro del plazo prefijado".

Y la STS de 8 de julio de 2010, recurso n umero 1348/2006 :

"El ar t ícelo 1490 del Código civil l, como se ha apuntado, dispone que las acciones de saneamiento por vicios ocultos se extinguen a los seis meses, contados desde la entrega de la cosa vendida y se trata de un plazo de caducidad, como reiteradamente ha mantenido esta Sala en sentencias de 9 de noviembre de 1990 , 6de noviembre de 1995 , 27 de noviembre de 1999 y 28 de septiembre de 2000 , que implica la extinción del derecho que nace con un plazo de vida, derecho de duración limitada, que se extingue por el transcurso del plazo, sin necesidad de ningún otro requisito: así lo ha entendido la jurisprudencia desde la emblemática sentencia de 30de abril de 1940 y que se ha reiterado en las de 12 de febrero de 1996 , 12 de julio de 1997 , 10 julio de 1999 ".

Dicho lo cual y teniendo en cuenta que no cabe interrupción del plazo fijado en el precepto por cuanto dicho plazo es de caducidad y no de prescripción debemos valorar el caso concreto a fin de determinar si la acción ejercitada se encuentra o no caducada.

En este sentido atendiendo al doc.1 de la demanda consistente en copia simple dela Escritura de compraventa resulta que la misma es de fecha 27 de noviembre de2018 y la demanda se presentó en fecha 28 de mayo de 2019, así mismo en fecha11 de diciembre de 2018, esto es, un mes después existen distintos correos electrónicos entre la parte demandada y el agente de la inmobiliaria que intervino de intermediario en el contrato de compraventa donde se ponen de manifiesto las deficiencias observadas por los compradores, hoy parte actora, relativas a humedades y filtraciones y si se observa con detalle en los referidos correos, se hace mención a que la parte compradora llevaba ya un mes, desde el día 10 de octubre de 2018 residiendo en la misma, dato que ha resultado confirmado por el propio actor a preguntas efectuadas por el letrado de la parte contraria, por lo que dicho plazo comenzaría a contar desde el día 10 de octubre de 2018, fecha en la que se produjo la efectiva entrega de la vivienda, por lo que el plazo para el ejercicio de la acción de saneamiento por vicios ocultos se encontraría caducado al finalizar el mismo en fecha 10 de abril de 2019 y ello por cuanto dicha acción se extingue por el mero transcurso del plazo previsto en la Ley.

Por todo lo anteriormente expuesto se llega a la conclusión de que la acción interpuesta se encuentra caducada debiendo desestimar íntegramente la demanda interpuesta."

TERCERO.- Debe entrar a conocer el Tribunal sobre la impugnación de la sentencia sustentada en la falta de aplicación del artículo 218 LEC en cuanto a la congruencia y motivación de la sentencia al no resolver sobre todos los puntos objeto de demanda, concretado en la falta de resolución respecto al vicio oculto existente en el patio trasero en cuanto al defectuoso sumidero de recogida de aguas pluviales.

En relación con la congruencia de las resoluciones judiciales el Tribunal Supremo tiene repetido de manera constante, que el vicio de incongruencia conculca lo dispuesto en el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( 359 de la LEC de 1881), que exige una máxima correlación y concordancia entre las pretensiones deducidas por los litigantes, cristalizadas en el suplico, resumen petitorio de sus escritos alegatorios, con los que se cierra la fase expositiva del proceso, tanto en sus elementos subjetivos, objetivos o referentes a la acción ejercitada, sin que por ello se autorice al juzgador modificar o alterar la "causa petendi" o sustituir por otras las cuestiones debatidas en la litis - sentencias, por todas, de 20 de marzo de 1991 (RJ 1991\2419), 14 de diciembre de 1992 (RJ 1992\10403), 6 de marzo de 1995 (RJ 1995\1781), 23 de julio (RJ 1996\5568) y 30

de noviembre de 1996 (RJ 1996\8592) y 31 de marzo de 1998 (RJ 1998\2038)-. Sin

embargo, la congruencia "no implica un sometimiento literal y servil a lo solicitado, siendo suficiente la concreción y correlación entre términos, de modo que se decida sobre el mismo objeto, concediéndolo o denegándolo, en todo o en parte, en el sentido de contribuir a esclarecer y vivificar los correspondientes pronunciamientos solicitados [ SS., por ejemplo, de 4 enero , 17 y 24 julio , 21 noviembre, todas de 1989 , y 30 septiembre 1992 (RJ 1989\94, RJ 1989\5623, RJ 1989\5777, RJ 1989\7899 y RJ 1992/7417)]".

También el Tribunal Constitucional se ha tenido que ocupar de la denominada incongruencia "extra petita" y proclama que no puede el órgano jurisdiccional alterar o modificar los términos del debate, ni tampoco decidir sobre cosa distinta por modificación o alteración de la causa de pedir - sentencias 29/1987, de 6 de marzo (RTC 1987\29), 142/1987, de 23 de julio (RTC 1987\142) y 125/1989, de 12 de julio (RTC 1989\125)-. En resumen, que está vedado al juzgador resolver problemas no planteados por las partes en la litis, cuando el Juez se extravía de los términos en que aparece establecida la contienda tal y como viene planteada por las partes litigantes y altera el "petitum", concediendo algo que no se ha postulado, vulnerando con ello el principio de contradicción y el propio derecho de defensa. Pero debe medirse esta exigencia, precisamente por la adecuación o ajuste entre el "petitum" o suplico y el fallo o parte dispositiva, no permitiendo conceder más de lo pedido por el actor, ni menos de lo admitido por el demandado, ni cosa distinta de lo postulado.

En conclusión, la incongruencia existe cuando en el fallo se otorga algo distinto de lo pedido, o sea que supone una relación entre el suplico del escrito de demanda y el fallo de la sentencia - sentencias de 18 de noviembre de 1996 (RJ 1996 \8361), 29 de mayo (RJ 1997\4327), 28 de octubre (RJ 1997\7619) y 5 de noviembre de 1997 (RJ 1997\7884), 11 de febrero (RJ 1998\753), 10 de marzo (RJ 1998\1272) y 24 de noviembre de 1998 (RJ 1998\9229), 4 de mayo (RJ 1999\3145) y 21 de diciembre de 1999 (RJ 1999\9357) y 22 de marzo de 2000 (RJ 2000\2499)- y atiende, según tal doctrina jurisprudencial reiterada que ha de estarse a si se concede más de lo pedido ("ultra petita") o se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por las partes ("extra petita") y asimismo si se dejan incontestadas algunas pretensiones sostenidas por los litigantes ("citra petita") siempre y cuando tal silencio judicial no pueda ser interpretado de desestimación tácita.

Y en relación con la necesaria motivación de las resoluciones judiciales y dimensión de la misma la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 16 de julio de 2009 ha dicho:

"....Procede recordar que el Tribunal Constitucional ha establecido que la exigencia constitucional de motivación no impone una argumentación extensa, ni una respuesta pormenorizada, punto por punto, a cada una de las alegaciones de las partes, sino que la respuesta judicial esté argumentada en Derecho y que se anude con los extremos sometidos por las partes a debate ( STC número 101/92, de 25 de junio ), y que sólo una motivación que, por arbitraria, deviniese inexistente o extremadamente formal quebrantaría el artículo 24 de la Constitución ( STC número 186/92, de 16 de noviembre ); por otra parte, ha sentado que no se requiere una argumentación exhaustiva y pormenorizada de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se decide ( SSTC de 28 de enero de 1991 y 25 de junio de 1992 ).

Por otra parte, esta Sala no excluye una argumentación escueta y concisa (STS de 5 de noviembre de 1992 ), y considera motivación suficiente que la lectura de la resolución permita comprender las reflexiones tenidas en cuenta por el Juzgador para llegar al resultado o solución contenido en la parte dispositiva ( STS de 15 de febrero de 1989 ), o se expresen las razones de hecho y de derecho que las fundamentan, es decir, el proceso lógico-jurídico que conduce a la decisión o fallo ( SSTS 30 de abril de 1991 y 7 de marzo de 1992 )."

A tenor del estudio de la sentencia debemos considerar que procede la estimación de dicho motivo de impugnación pues a pesar de expresamente citarse que se ejercitaba por la parte demandante subsidiariamente una acción de indemnización en caso de desestimarse la principal pretensión, tan sólo se razonó sobre la caducidad sin hacer más referencia a la acción subsidiaria.

Frente a ello la parte apelada ha sostenido que no debería entrarse sobre esta cuestión, y que debería de ser devuelta la causa al Juzgado de Primera Instancia para que éste resolviera sobre tal pretensión.

La Sala no comparte tal afirmación, siendo claro al respecto la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la facultad de entrar sobre todas las cuestiones planteadas, y no resueltas en primera instancia, y también debido a la comprobación de que se practicó toda las pruebas propuestas por las partes, efectuando sus conclusiones, por lo que ninguna indefensión se genera a ninguna de las partes resolviendo cuestiones que se discutieron, pero que no obtuvieron respuesta.

CUARTO.- De la reclamación de indemnización, con arreglo a los previsto en los artículos 1445 , 1461 y 1500 del Código Civil, y del 1101 y 1124 del Código Civil . Se ha practicado prueba testifical de la agencia inmobiliaria que intervino en la transacción como intermediaria, y despejo cualquier duda sobre la visibilidad de los problemas de humedades o producidos por condensación cuando fue enseñada a los futuros adquirentes. Se desvirtuó asimismo cualquier afirmación de que el precio tuvo en cuenta tales humedades o condensación, pues a preguntas de los letrados quedó claro que se vendió por el precio pretendido por los vendedores. Y por otra parte, indicó el representante de la agencia que cuando se visita un inmueble que se va a poner a la venta, se fotografía, y se reseñan los defectos o patologías que puedan apreciarse, para evitar futuras reclamaciones y dar una mejor información. Es al demandante a quien como se ha señalado, corresponde acreditar los hechos constitutivos de su pretensión ( art. 217.2º LEC ), es decir, que se trata de vicios realmente "ocultos" en el sentido de no constatables en la oportuna inspección con motivo de la entrega, y graves; y sobre todo su preexistencia respecto de la venta y entrega de la vivienda.

De un lado resulta que los dos peritos, el del demandante y del demandado coinciden en la falta o deficiente impermeabilización de la cubierta, lo que atribuyen a la fecha de edificación del año 2000, y que las practicas constructivas entonces no eran tan exigentes como con posterioridad, no siendo las recomendaciones de mejora de la de la eficiencia energética, incluido como Anexo III elemento que permita excluir patologías o deficiencias, sino que se constatan y califican distintas mediciones, y a estos efectos no excluyen ni eximen al vendedor, aunque se sugiera la colación de equipos de generación de calefacción y refrigeración con bomba de calor, así como la utilización de la caldera existente para agua caliente sanitaria (pág. 43 de los autos).

Por otra parte de la falta de aislamiento también se generan problemas de condensación, y se dejó claro, durante la prueba pericial, y que a pesar de la alegación de la demandada de la condición de arquitecto del demandante, y que por ello habría tenido o debido tener conocimiento de la existencia de defectos, que no resultaba visible, ni comprobable a simple vista, y salvo catas- la existencia o ausencia, o estado de la impermeabilización de la cubierta. Deben por tanto desestimarse los motivos de oposición basados sobre la cualificación profesional del comprador, al no resultar evidentes ni fácilmente comprobable para él la causa de las humedades y condensaciones.

Finalmente en cuanto a la valoración, están muy alejadas las previsiones de un perito y de otro, 13.001,40 euros en el caso del perito Antonio que

propone la impermeabilización de la cubierta del edificio, y la colocación de una capa de poliuretano proyectado sobre el teco y colocación de un falso techo como se describe en de la página cuatro vuelta de su informe (folio 43 vuelto de las actuaciones).

Por su parte el perito Sr. Miguel, cifra la actuación a realizar mediante el retejado sobre cubierta, y lámina asfáltica, así como la reparación y renovación de cubiertas de teja cerámica curva, con pintura interior al temple liso y con un importe total de 1175, 92 euros.

Tal dualidad de pericias nos obliga a recordar que es reiterada la doctrina jurisprudencial que considera que el juez tiene una amplia facultad de valoración de los informes periciales y que no tiene por qué someterse a un dictamen pericial concreto, e incluso le reconoce una expresa facultad de elección cuando, existiendo varios informes contradictorios, sigue más los criterios de uno que de otros [por ejemplo, en la STS, Civil sección 1 del 12 de Diciembre del 2005 ( ROJ: STS 7416/2005)] de manera que los juzgadores de instancia pueden decidirse por el dictamen que estimen más conveniente y objetivo para resolver la contienda procesal ( STS de 11-5-1981 y 5-10-1998). La prueba pericial más apropiada es aquella que se presenta mejor fundamentada y aporta mayores razones de ciencia y objetividad, y que, a su vez, tiene en cuenta todas aquellas circunstancias que pudieran servir para emitir dictamen neutral.

En todo caso, la prueba pericial se ha de apreciar según las reglas de la sana crítica, por ser el módulo valorativo establecido en el artículo 348 LEC, pero sin que el juzgador se encuentre obligado a sujetarse al dictamen pericial ( SSTS 10 de marzo, 11 de octubre y 7 de noviembre de 1994, 17 de mayo de 1995, 18 de julio y 29 de septiembre de 1997, todas ellas recogidas en la de 8 de octubre de 2003 ), al no constituir la pericial una prueba legal o tasada ("las reglas de la sana crítica no están predeterminadas, ni son pruebas sujetas a valoración legal", STS 14 de noviembre de 2006, y en el mismo sentido, STS de 10 de junio de 2009, RC nº 2316/2004, entre muchas más), de manera que el dictamen de peritos no condiciona en un determinado sentido la conclusión que pueda llegar a obtener el juzgador en orden a tener o no tener por acreditados los aspectos fácticos que constituían el objeto de la pericia, siendo factible y además práctica judicial habitual que, de existir varias periciales, éstas no se valoren aisladamente sino conjuntamente, entre sí y con el resto del material probatorio, valoración conjunta que justifica también que el tribunal priorice aquellas conclusiones contenidas en un dictamen, cuando se compadecen con las derivadas de otros elementos probatorios, principalmente documentos, y que postergue legítimamente aquellas otras periciales cuya resultancia carezca de dicho refrendo, sin que la impugnación fundada en la existencia de error de derecho en la valoración ampare que se pueda desvirtuar la conjunta de la instancia mediante el análisis de alguno de sus componentes ( SSTS de 3 de marzo de 2004 y 30 de mayo de 2007, RC nº 4710/2000) ni que, con el pretexto de una supuesta irracionalidad o ilogicidad del resultado, se pretenda no otra cosa que sustituir la resultancia objetiva plasmada en la sentencia por otra alternativa, más beneficiosa para los intereses o pretensiones de la parte, pero parcial y subjetiva (STSS de 24 de marzo de 1998 y 30 de julio de 2008).

Desde esa perspectiva, teniendo en cuenta que la facultad revisora del tribunal de apelación es total y no está limitada por las valoraciones efectuadas en la primera instancia, porque se trata de una segunda instancia, con plenas competencias para ello, de acuerdo con lo establecido en el art. 465 LEC [STS, Civil sección 1 del 27 de Junio del 2012 ( ROJ: STS 4473/2012) Recurso: 748/2011] y tras revisar los informes, y las contestaciones y explicaciones efectuadas en el acto del juicio, nos inclinamos por dar prevalencia al informe pericial propuesto por la parte demandante, lo que unido al resto de prueba, provoca la estimación integra de la pretensión subsidiara de la demanda,

debiéndose condenar a la parte demandada Dª. Patricia al pago a los demandantes de la cantidad reclamada de trece mil un euro, con cuarenta céntimos de euro), más los intereses legales desde la interpelación judicial, incrementados en dos puntos desde la presente sentencia, hasta su completo pago.

QUINTO.- De conformidad con el Art. 394 de la nueva LEC, al tratarse de una sentencia estimatoria, se imponen las costas a la parte demandada en primera instancia, sin que proceda su imposición dada la estimación en esta alzada del recurso de apelación.

SEXTO.- La Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ establece que la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios, la revisión y la rescisión de sentencia firme a instancia del rebelde, en los órdenes jurisdiccionales civil, social y contencioso-administrativo, precisaran de la constitución de un depósito.

Si se estimare total o parcialmente, o la revisión o rescisión de la sentencia, en la misma resolución se dispondrá la devolución de la totalidad del depósito.

Cuando el órgano jurisdiccional inadmita el recurso o la demanda, o confirme la resolución recurrida, el recurrente o demandante perderá el depósito, al que se dará el destino previsto en esta disposición.

Vistos los preceptos legales aludidos y demás de general y concordante aplicación al caso de autos, en nombre de S.M. EL Rey y por la autoridad conferida por la Constitución aprobada por el pueblo español.