Sentencia Civil 496/2022 Audiencia Provincial Civil de Valencia/València nº 6, Rec. 995/2021 de 21 de noviembre del 2022

PRIMERO.- La parte dispositiva de la resolución impugnada, dice:

" QUE DEBO DESESTIMAR y DESESTIMO la demanda interpuesta por la representación procesal de LANDMANCH SERVICIOS CULTURALES S.L. contra ASOCIACIÓN TURISMO RURAL EN LA MANCHUELA DE CUENCA y D. Evelio, absolviendo a éstos últimos de todos los pedimentos ejercitados en su contra.

NO HA LUGAR A IMPONER COSTAS PROCESALES.".

SEGUNDO.- Contra dicha resolución interpuso recurso de apelación la parte demandante alegando:

PREVIO. - Objeto del recurso. La sentencia, objeto de censura, desestima la demanda, básicamente por entender que ha existido un incumplimiento de contrato por parte de mi representada, y por entender que el supuesto acuerdo transaccional suscrito entre las partes permite dar por zanjada la relación comercial. Entiende además que el representante de la demandada y codemandado hace prueba plena respecto del incumplimiento (pese a ser parte...). Las alegaciones de la testigo Doña Teodora, son desestimadas por entender que fue la representante en la época del contrato (que no lo sea ahora no importa...) y además reprocha mala fe a esta parte por la demora en el ejercicio de la acción y olvida de modo deliberado (tal como se hace ver en el segundo de los fundamentos jurídico, donde proclama que le es indiferente donde haya ido a parar el total de la subvención, dado que el demandado, hizo suyo todo el importe de la subvención con engaño a mi representada, sin devolver dicho importe, y NO ve que la mala fe (y el posible delito como así lo dejó entrever el magistrado que presidió la audiencia previa) solo es predicable de la demandada. PRIMERO.- Por error en la apreciación de la prueba. Conclusiones absurdas, y análisis de la prueba sólo en beneficio de la demandada.

1.1.- Error de interpretación del supuesto contrato de transacción. No puede aceptarse la interpretación absurda de la sentencia, dado que el supuesto acuerdo transaccional, fue consentido con engaño, y en fraude, tanto de mi representada, como del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Ese documento quedó impugnado, y la propia firmante, que declaró testigo aclaró que el objeto de ese documento era por beneficio del demandado, como así fue.

Ese documento, fue confeccionado por la demandada alegante y el otro demandado, su representante, Evelio, con el fin de simular el pago total del encargo, y luego desviar dichos fondos, como se demostró y así lo afirma la testigo Doña Teodora, que a diferencia del demandado Evelio, no es parte en este procedimiento, sino testigo.

Igualmente, el supuesto pago que dice el documento, NO se acredita. Véase el documento 30 de nuestra demanda, donde se les reclama el pago y NUNCA contestaron con el argumento ahora esgrimido y este matiz, ni siquiera es visto por la Sentencia, dado que se reclama dicho importe, precisamente porque hubo engaño.

Finalmente, es incompatible lo manifestado en dicho documento (acuerdo #2 del mismo) que sostiene la perfección del cumplimiento de los contratos. Fraude. Es decir, la sentencia, entiende que no se ha cumplido el segundo de los contratos, pero olvida que en dicho contrato se dice que ambos están cumplidos, pero NO pagados, lo que hace dirigir de nuevo la mirada a la existencia de un fraude por parte de los dos demandados, que se ha apropiado de dicho importe en su totalidad, con engaño a esta parte, y la sentencia, prefiere olvida de modo deliberado el destino de estos fondos...

El resumen del fraude es el siguiente, y que la Sentencia debería haber tenido en cuenta, dado que se ha explicado hasta en tres ocasiones diferentes, y poco ha importado, y veámoslo:

o Mi representado, emite las facturas de los servicios a prestar (63.328,98€)

- Los demandados, tienen concedida la partida de subvención del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). POR ESE IMPORTE

- Deben acreditar el pago de dicho importe, mediante ingresos en la cuenta de mi representado. (POR TRANSFERENCIAS)

- Reciben el dinero del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) por el importe acreditado (63.328,98€) el 21/07 y 25/08 de 2014

- Hacen firmar a mi representada un documento con la promesa de pago total de la deuda, NO lo abonan, y se apropian de la diferencia entre lo subvencionado por el FEADER (63.328,98€), y lo abonado a mi representada (30.935€) = 32.393,98, que es lo que se reclama en esta demanda.

Como se aprecia, mi representada cumplió con su compromiso, y lo que dice relativo a las incoherencias de mi representada en su declaración, basta analizar la misma para darse cuenta de que lo que manifestó la misma a este respecto, es que, TRAS cumplir con el contenido de los dos contratos, dejaron de mantenerlos ante el incumplimiento en el pago. Como se puede apreciar, la sentencia incurre en una clara infracción de la valoración de la prueba, dando verosimilitud a la declaración de la parte ( Evelio) y ninguna a la testigo, Doña Teodora, en su día representante.

1.2.- Error en la interpretación de la declaración de la parte demandada, Evelio, dado que declara la existencia de los dos encargos, pero desvía la cuestión diciendo que uno de ellos se ejecutaba una televisión durante dos años, lo que no es cierto, dado que los contratos fueron, #1 página web y #2 informe de generación de informe de mercado, no fue coherente en explicar como la idea de la forma de pago, se hiciera con su cuenta bancaria (oficio de global caja de 20/02/2020) dado que es en esa cuenta bancaria donde se llevan a cabo las extracciones e ingresos del importe de la subvención, y reconoce que recibe el 100% de la subvención del importe de los dos contratos, pero no devuelve lo que no abonó a esta parte pese a recibir requerimientos de pago, de lo que nunca contestaron a ninguno, y la sentencia reprocha que por qué no se reclamó el pago durante mucho tiempo, lo que además de no ser cierto, demuestra que no ha visto ni leído la prueba, bastante citar el documento #30 para ver que existió reclamación previa ante el incumplimiento de pago, de fecha 20 de octubre de 2014...o el documento

#29, requerimiento remitido por este letrado, a la deudora, que tampoco ha sido analizado. Como se aprecia, la sentencia, no valora la prueba con corrección, simplemente prefija el final del fallo, y estructura toda la prueba en torno a ese final, en contra de los hechos.

1.2.- Referido a la valoración del testimonio de Doña Teodora, estamos en presencia de otra conclusión absurda de la sentencia, dado que no le otorga ninguna validez (a diferencia del demandado, que hace prueba plena de todo lo que le beneficia...) donde se puede apreciar que la fórmula de pago de la deuda, tanto para engañar a esta parte como al fondo que subvencionó los contratos al 100% fue del demandado Evelio, abonando solo la mitad de dichos contratos y la firma de dicho contrato lo fue bajo engaño, tal como así lo manifestó, debiendo haber tenido en cuenta la sentencia, este extremo, habida cuenta que el documento (impugnado) de 10 de agosto de 2014, fue firmado bajo engaño para acreditar el pago de la totalidad del contrato ante la entidad pagadora y luego se apropió del dinero. (Brillante)

Como se ve de la sentencia, que ya desde el inicio dice que NO le importa el destino del dinero (y por ese motivo NO ENTIENDE NADA DE LO QUE SE HA PROBADO) la mala fe solo es predicable de la demandada que en fraude de mi representada y en fraude de la entidad pagadora, preconcibió un plan para hacer firmar a mi representada un documento con el fin de exhibirlo ante el FEADER, con la promesa de pago de los servicios prestados y cumplidos según contrato, le induce con su entidad bancaria a llevar a cabo una serie de ingresos y extracciones de una cuenta a otra, en la misma oficina de la cuenta del demandado (cosa que ni siquiera se da cuenta la sentencia) con el fin de simular los pagos ahora reclamados, y cuando obtiene la subvención, NO cumple con el pago, se apropia del dinero, y deja sin cumplir la obligación asumida contractualmente.

1.3.- Finalmente, comete error de interpretación también, en cuanto a la documental, que ni siquiera la analiza, la documental obrante en autos, así el documento nombrado como AP1, aportado el día de la audiencia previa, consistió en 12 folios de dos grupos de transferencias de fechas 10/06/2014 (10 transferencia por importe de 18.513 €) y otro grupo de fecha 07/07/2014 (14 transferencias por importe de 39.370€), TRANSFERIDAS POR MI REPRESENTADA A LA CUENTA DE LA DEMANDA, POR UN

IMPORTE TOTAL DE 53.883,98€. ¿Qué sentido tiene que mi representado abone a la cuenta del demandado el mismo importe que recibió de la cuenta de este?. Se debió haber apreciado, que estos documentos, tienen la correspondencia con el oficio de Global Caja de fecha 20/02/2020, donde se puede apreciar a diferencia de lo que hace la Sentencia que no aprecia nada lo siguiente, relevante de lo dicho por esta parte y la existencia de engaño:

- Con unos 3000 euros, se transfiere a la cuenta de mi representada, ese importe, una y otra vez, pero desde la cuenta y oficina de la Asociación demandada.

- Se ejecutan las órdenes en dos días, el 10/06 y el 07/07/2014.

- El saldo bancario ni aumenta ni disminuye, sino que es siempre el mismo dinero de la asociación el que se utiliza para este engaño.

- Se hace por los importes de las 27 facturas emitidas por mi representada, E IMPAGADAS.

- Es incoherente esta documental, por tanto, con el argumento acogido por la sentencia, de decir que no se iba a atender el contrato, por errores o por incumplimientos (nunca denunciados) dado que formalmente ya estaba todo cancelado según esas transferencias, y por tanto existe fraude a mi representada, que solo ha servido como medio para conseguir por parte del demandado (especialmente Evelio) defraudar el importe que debió haber cobrado mi representada por sus servicios.

- Existe por tanto una articulación por parte del demandado, de apropiarse del importe pendiente de pago, que la sentencia, ha decidido olvidar...

- Las facturas doc. #3 a #28 de la demanda, no han sido por tanto atendidas, y nunca fueron objeto de reproche alguno, sobre todo si tenemos en cuenta que la juzgadora le sorprende que no se hayan

reclamado durante dos años (incierto, porque no ha leído la prueba, y el doc. #30 es de octubre de 2014...), le sorprende que se "silenciara" el supuesto convenio entre parte, lo que no sólo es un absurdo, sino que no ha entendido nada de la prueba, dado que al decidir la sentencia olvidar qué pasó con el dinero de la subvención, no entiende que dicho documento fue un instrumento útil a los demandados, para construir un engaño a mi representada, con el objeto de engañar a su vez al FEADER, para apropiarse del total del importe de los dos contratos, y resulta molesto a la posición de esta parte que además se nos tache de mala fe, lo que además de incierto y absurdo, es INACEPTABLE.

- La sentencia, ni siquiera aprecia que el doc. #1 de contestación de Evelio (que la sentencia le da la posición procesal de testigo y no de parte, a la luz de la valoración que de su declaración hace...) y la asociación, ha quedado demostrado que fue una supuesta transacción de agosto de 2016, pero olvida que se fraguó con engaño, dado que no resulta compatible dicho acuerdo, con las reclamaciones posteriores de octubre de 2014 (esas que dice la sentencia nunca existieron...) y que nunca fueron contestada, siendo por tanto en lógica, incompatibles con el aparente pago total de las facturas, desde un punto de vista bancario.

- Finalmente, la sentencia, nada dice sobre la falta de aporte por los demandados del modelo 347 y del libro de facturas recibidas. Así el artículo 328 de la LEC, autoriza a declarar como probado lo siguiente, pretensión que interesamos de esta alzada:

- Recibieron todas las facturas emitidas por mi representada.

- Declararon como un gasto las mismas, de cara a la AEAT y al FEADER.

- No hubo impugnación de las facturas al ser contabilizadas, y ahora niegan su procedencia.

- Y del oficio de Global Caja, del que nada se dice en la sentencia, resultan conclusiones muy interesantes:

- Se aprecia en estos dos días, 10/06 y 07/07 de 2014, unos ingresos por el importe reclamado, pero utilizando el mismo dinero una y otra vez.

- Si fuera cierto como dice la Sentencia, que mi representado no había cumplido, debería haberse comunicado al FEADER, la existencia de este supuesto reproche, y no aceptar los dos ingresos que llegaron los días 21/07 y 25/08 de 2014, para hacer pago del total del importe de los dos contratos.

- Véase que el supuesto documento de transacción, de fue de 10/08/2014, es decir, previo a la recepción de la segunda transferencia del FEADER, por importe de 43.000,98€ el 25/08, lo que es incoherente con la contestación.

- Se aprecia igualmente, de este documento, que aparentemente, se abona la totalidad de las facturas contratadas en los dos contratos (contrato doc. #1 por valor de 20.328€ y el contrato doc. #2 por valor de 43.000,98€), pero dejan de abonar a esta parte los 32.393,98 que se reclaman.

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- El FEADER abona en las fechas citadas estas dos cantidades, derivadas de los dos contratos objeto de pleito, y se apropian, precisamente, del importe reclamado y

- No es coherente, como dice la demandada y la sentencia, que, si no se cumplió con el contrato, se abone uno completamente, y el otro parcialmente. Absurdo.

1.4.- Por tanto y, en resumen, existe una total falta de acreditación del pago de 32.393,98€, que se reclaman en la demanda, dado qué:

- Reciben los demandados, el 100% de la subvención, y abonan una parte de esta a mi representada y el resto de lo apropian, sin devolverla.

- No acreditan los reproches que dicen existieron en la página web y en los informes contratados, solo manifestación de parte sin prueba.

- El representante demandado, Evelio, ha incurrido en el supuesto de hecho contemplado en el artículo 15.3 de la L.O 1/2002, de 22 de marzo.

- responde por deudas de los daños y deudas contraídas por actos dolosos/culposos/negligentes (se dan los tres)

- doloso: se apropia de subvención y no da razón del destino del resto de la subvención. en su declaración reconoce, que percibe los 63.328,98€, y abona una parte y el resto lo gasta.

- culposo: lo hace a sabiendas, de estar defraudando al FEADER el importe abonado en su totalidad, y construyendo una forma de pago, ilegal (pitufeo)

- negligente: lo ha he llevado a cabo de modo deliberado y con el afán de enriquecerse, al no dar razón del destino de esos fondos, y aparentar haber abonado la totalidad de las facturas, por las que se concedió a la asociación dicha subvención.

- No explica por qué tras la firma del supuesto acuerdo de agosto de 2016, nunca contestaron los requerimientos, haciendo constar la existencia de ese supuesto documento liberatorio...

- Y finalmente, se aprecia indicios de un comportamiento delictual, en perjuicio de mi representada. y tal como se dejó anunciado por parte del magistrado del jugado, el día de la Audiencia Previa, que debió haber supuesto tras la prueba, la deducción de testimonio por la posible comisión de un delito de fraude en ayudas, que la Sentencia desde el inicio de esta, decidió olvidar el destino de dinero, lo que supone que no haya entendido nada de todo el procedimiento.

SEGUNDO.- Por infracción de norma.

2.1.- Como cuestión primordial se invoca la inaplicación del artículo 1091 en relación con los numerales 1254 a 1258, todos ellos del Código Civil, en cuanto sientan el Principio General del Derecho básico de la contratación, el "Pacta sunt servanda", regla que ha sido claramente infringida en el caso que nos ocupa, desde el momento en que la contraparte ha dejado de cumplir con sus obligaciones contractuales, las cuales tienen fuerza de ley entre las partes contratantes. Son innumerables las Sentencias del Tribunal Supremo que recogen y aplican este principio al caso concreto, citando esta parte a título de ejemplo la Sentencia de fecha 26 de enero de 1981 y más recientemente, las SS. de 24 de marzo y 7 de abril de 1995. Preceptúa el numeral 1.544 de nuestra Ley Sustantiva Civil que por el contrato de obra "una de las partes se obliga a ejecutar obra o a prestar un servicio por precio cierto". En este asunto, la sentencia, solo tiene en cuenta los argumentos de la demandada, dejando de lado la prueba.

Infracción del Artículo 1091 del Código Civil. Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de estos. La demandada, se comprometió al pago de las facturas, y se desligó de dicha obligación, con engaño.

Infracción del Artículo 1254 del Código Civil. El contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar alg ún servicio. Existió el compromiso de pago, dado que formalmente, existe el pago completo de la deuda reclamada, pero el dinero fue apropiado por los demandados, de modo premeditado.

Infracción del Artículo 1256 del Código Civil. La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. En este asunto, se aprecia que la sentencia, con la decisión de olvidar el destino de los fondos, adolece de una falta de comprensión del asunto, que le impide ver que el contrato se ha cumplido por esta parte en su totalidad y el demandado ha decidido desligarse del mismo.

Infracción del Artículo 1544 del Código Civil. En el arrendamiento de obras o servicios, una de las partes se obliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra un servicio por precio cierto. Demostrado Infracción del Artículo 1157 del Código Civil. No se entenderá pagada una deuda sino cuando completamente se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación en que la obligación consistía. En este asunto, queda acreditado que el pago es inexistente, pese haber recibido el 100% del pago de las facturas.

Infracción del Artículo 1599 del Código Civil. Si no hubiere pacto o costumbre en contrario, el precio de la obra deberá pagarse al hacerse la entrega. Incumplido

Terminaba solicitando que, previos los trámites legales, se estime el recurso de apelación, y se dicte una nueva sentencia por la que se estime el recurso de apelación formulado contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia y estime la demanda, con condena en costas en la instancia a la demandada.

TERCERO.- La parte apelada presentó escrito de oposición al recurso de apelación alegando:

PRIMERA.- El escrito de recurso de apelación de la parte demandante no pretende sino cuestionar la sentencia sustituyendo la apreciación de la prueba por la Juzgadora de Instancia por su propia e interesada valoración de la misma. Esta valoración de la prueba es facultad del Juzgador de Instancia y sólo en aquellos casos en que la valoración que se hace de la misma resulte ilógica o contraria a las normas de la sana crítica, o se haya omitido la apreciación de aluna prueba con trascendencia en el resultado del pleito, cabrá sustituir esta valoración. Pero como evidenciaremos a lo largo de este escrito, la apelante, para conseguir este fin, omite todo el acervo probatorio que no interesa a su versión de los hechos, aísla, descontextualiza y enfatiza lo que es de su interés, extrayendo conclusiones que difícilmente se sostienen, falta a la verdad al realizar determinadas afirmaciones y sigue manteniendo como probados hechos carentes de prueba alguna.

Tal y como ya si hizo constar en la contestación a la demanda de esta parte, la mercantil demandante no ha tenido actividad desde el año 2014, como se deduce de la información general mercantil obtenida del Registro Mercantil de Madrid y aportada como documento n.º 5 de la contestación a la demanda; las últimas cuentas presentadas por la empresa corresponden al año 2012 y el Registro Mercantil ha procedido al cierre de la hoja por falta de depósito de cuentas. Nada llevan a perder y esa es la razón de la interposición, tanto de la demanda, como del presente recurso de apelación.

Debemos reiterar aquí lo que ya advirtió la Juzgadora de Instancia al inicio del acto de juicio: lo que se juzga no es la relación de la Asociación con la Administración de los fondos FEADER, sino si la demandante ha hecho el trabajo y ha de cobrarlo, y la trascendencia jurídica de un acuerdo de resolución de dos contratos, uno de creación y mantenimiento de una página web y otro de creación de un estudio de mercado.

SEGUNDA.- La primera cuestión que se plantea de contrario es un "error de interpretación del supuesto contrato de transacción".

El contrato de transacción referido es un documento privado de fecha 29 de agosto de 2014, aportado como documento nº 1 de nuestro escrito de contestación a la demanda, que pone fin a las relaciones entre las partes, en los siguientes términos:

"..."1.- Ambas entidades formalizaron distintos contratos para el desarrollo de una web dedicada al turismo en La Manchuela de Cuenca (lamanchueladecuenca.com) y un estudio de situación del entorno turístico de La Manchuela de Cuenca.

(...) 3.- Ambas partes desean dar por terminada su relación profesional por todos los trabajos contratados hasta la fecha sin menoscabo de que en un futuro pueda desarrollar conjuntamente nuevas actuaciones conjuntas. Por lo tanto aceptan y así lo hacen, la rescisión de plena conformidad de cualquier contrato suscrito entre las partes con anterioridad a la fecha de este documento. (...)

5.- A la firma de este documento, la ASOCIACIÓN TURÍSTICA DE LA MANCHUELA, TURISMAN, abona a EXFERA/LANDMANCH SERVICIOS CULTURALES, S.L. la cantidad de

16.940 euros (dieciséis mil novecientos cuarenta euros, es decir, catorce mil más el 21% de IVA) con lo cual ninguna de las partes tendrá cantidad ni concepto alguno que reclamar a la otra parte, dando por finalizadas de forma satisfactoria cualquier relación mercantil entre las partes."

Sobre el mismo, alega el apelante que fue "consentido con engaño y en fraude, tanto de su representada como del Fondo Europeo de Desarrollo Rural". Hace referencia a que la testigo Doña Teodora (firmante del documento como apoderada de la mercantil actora) aclaró que el objeto de este documento era por beneficio del demandado. Que fue confeccionado con el fin de simular el pago total del encargo. Que el supuesto pago que dice el documento no se acredita y que el documento dice que "ambos contratos están cumplidos, pero no pagados". Que "hacen firmar a su representada un documento con la promesa de pago total de la deuda, NO lo abonan, y se apropian de la diferencia entre lo subvencionado por el FEADER (63.328,98 €) y lo abonado a mi representada (30.935 €)=32.393,98, que es lo que se reclama en esta demanda".

Las alegaciones del demandante constituyen una falsedad evidente. Con la firma del documento se abonó a la demandante hasta un total de 30.935 €, que constituye la cantidad que admite recibida en su propia demanda.

No es cierto que el documento se utilizase para acreditar pago alguno ante el FEADER. No es esto lo que dice el documento ni consta el mismo en la documentación que fue aportada a los autos por este Organismo. Tampoco el documento refiere la cantidad total inicialmente pactada y objeto de subvención. Pero es más, aunque aceptáramos, a los meros efectos dialécticos que esa era la finalidad del documento, ello no prueba que la legal representante de la demandante firmara el mismo con engaño, ni que los trabajos contratados se realizaran. La carga de la prueba de la posible nulidad del documento recae sobre la parte actora y ni tan siquiera ha solicitado la misma.

Además, esa artificiosa explicación del apelante sobre la finalidad del acuerdo suscrito, para acreditar "el pago total del contrato", mal casa con que el documento sea una "rescisión de plena conformidad de cualquier contrato suscrito entre las partes con anterioridad a la fecha de este documento", y no una mera declaración haciendo constar que la demandante ha recibido la cantidad total pactada.

Cuando se alega que se hace firmar el documento "con la promesa de pago de pago total de la deuda", se está introduciendo un hecho nuevo en el procedimiento que no fue objeto de alegación en la demanda, dado que el demandante decidió no aportar el documento transaccional (la testigo afirma que este documento se entregó al letrado). Y también constituye una falsedad ausente de prueba.

Los términos del documento son claros e inequívocos, y esta parte no llega a entender dónde está el engaño que alega el demandante. Ni el que pretende respecto de la Administración, ni mucho menos respecto de la firmante del documento.

Cuando se plantea por el apelante, en el último párrafo del punto 1.1 del motivo primero, la existencia de una infracción en la valoración de la prueba cuando la Juzgadora da verosimilitud a la declaración de la parte (D. Evelio) y ninguna a la testigo (firmante del documento nº 1 referido), está obviando que la testigo afirmó no tener relación con las partes, ni interés en que ninguna de las partes ganase el pleito y, a preguntas de este letrado, no pudo negar que es la esposa del administrador único de la mercantil demandante y, a la pregunta de cuantos socios tiene la mercantil, si no es cierto que el único socio es su esposo, afirma que desconoce quienes son los socios (uno o dos según la testigo) de la mercantil. Llega a afirmar que la administradora es ella.

La afirmación de que "tras cumplir el contenido de los dos contratos, dejaron de mantenerlos ante el incumplimiento en el pago", constituye un intento de justificar la falta de mantenimiento de la página web, de entrega del estudio de mercado y ese supuesto error en el consentimiento al firmar el documento de 29 de agosto de 2014. De ser así, tendría sentido que, tras la firma del contrato, se hubiera llevado alguna actuación en la página web o se hubiera entregado el estudio de mercado y, ante el impago, se hubiera dejado de hacer; pero lo cierto es que, desde el momento de la firma del acuerdo de resolución, nada se hizo por los demandantes. Eran perfectamente conscientes de lo que habían firmado.

En el apartado 1.2 del motivo primero del recurso denuncia un error de la Juzgadora en la interpretación de la prueba de interrogatorio de la parte demandada, Don Evelio.

Lo cierto es que el señor Evelio explicó pormenorizadamente cuál fue la razón por la que se hubieron de rescindir los contratos con la demandante, cuestión esta que se ve corroborada por la documental aportada junto con el escrito de demanda y, como bien aprecia la Juzgadora, por la que no se ha aportado por la demandante.

Efectivamente, los contratos suscritos fueros dos: la creación de una web dedicada al turismo en La Manchuela Conquense y su mantenimiento, y un estudio o informe sobre los recursos turísticos y de mercado en esta comarca.

En ese punto debemos aclarar algo que la apelante nunca ha parecido entender. A la asociación de la que era presidente de mi mandante se le concedió una subvención para la promoción del turismo rural en La Manchuela. El dinero (aproximadamente 60.000,00 €) se utilizó para contratar ese estudio de mercando, la creación de una página web y el mantenimiento de la misma. Ante la falta de contenidos de la página web y la falta de entrega del estudio de mercado, mi mandante, en nombre de la Asociación, decidió resolver los contratos, firmando el acuerdo de fecha 29 de agosto de 2014. El dinero de la subvención, que no se abonó a la demandante, se invirtió en el encargo a un tercero de una página web.

La asociación no recibe, como de contrario se mantiene, el 100% de la subvención por los dos contratos, de hecho, los contratos iniciales fueron suscritos con un tercero que no llegó a realizar los trabajos, sino porque presenta un proyecto de relanzamiento del turismo en La Manchuela. Pero en todo caso, la subvención se concede a la Asociación, y no a la demandante, ni en base a ninguna documentación facilitada por la demandante.

La demandada, y en concreto la testigo propuesta por la apelante, la apoderada de la empresa demandante, ayudó a justificar el destino de la subvención otorgada, pero ello no convierte a la demandante en acreedora de su importe. La convertiría en acreedora la total y correcta ejecución de los trabajos contratados que, a la fecha en que se firma el acuerdo de rescisión, ni se habían completado satisfactoriamente, ni se continuaron después.

Las facturas a las que se hace referencia la apelante, que se aportan como documentos nº 34 al nº 28 de la demanda, en contra de lo manifestado por ésta, nada prueban . Se trata de facturas que no tienen un reflejo contable en una sociedad que, como se ha dicho, no ha tenido actividad desde el a ño 2014 y cuyas últimas cuentas presentadas corresponden al año 2012. Nunca se hicieron llegar a la Asociación o a mi mandante y es más que probable que se emitieran en fechas recientes para ser acompañadas a la demanda. Podría haber aportado los modelos fiscales de segundo trimestre del año 2014 para acreditar la veracidad de las mismas. Y en cualquier caso, son anteriores a la firma del acuerdo de agosto de 2014, en que las partes afirman que "ninguna de las partes tendrá cantidad ni concepto alguno que reclamar a la otra parte".

Pero, en cualquier caso, la factura es un documento mercantil unilateral, que nada prueba respecto de la existencia de una deuda.

Debemos también referirnos a la falta de aportación por la Asociación de los documentos requeridos, en concreto el modelo fiscal 347, de cuya falta deduce el apelante una serie de hechos probados. Pero lo hace, nuevamente, faltando la verdad.

La representación de la Asociación codemandada ya manifestó por escrito primero y en segundo término en el acto de juicio, que no disponía de tal documentación e instó a S.Sª a solicitar la misma oficiando a la Agencia Tributaria. Si por la Juzgadora de Instancia no se requirió esta prueba, debería el hoy apelante haber formulado la protesta oportuna y ahora, solicitar la práctica de la prueba en segunda instancia, cosa que no ha hecho.

Volvemos a hablar de facturas como si fuera un documento suficiente para probar el cumplimiento de una obligación y la existencia de una deuda.

TERCERA.- En cuanto a la responsabilidad personal de Don Evelio que el recurrente reitera en el escrito de apelación, debemos en primer lugar aclarar que mi mandante, no se ha apropiado de nada. Los términos en los que se refiere a mi mandante son plenamente aplicables al administrador de la demandante y a su apoderada.

Esta parte ya planteó, al contestar a la demanda, la falta de legitimación ad causam de Don Evelio.

La Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación establece en su artículo 15.3 la responsabilidad de los administradores de las asociaciones en los siguientes términos: "3.- Los miembros o titulares de los órganos de gobierno y representación, y las demás personas que obren en nombre y representación de la asociación, responderán ante ésta, ante los asociados y ante terceros por los daños causados y las deudas contraídas por actos dolosos, culposos o negligentes.".

Como es de ver, el hecho de que la asociación carezca de personalidad jurídica no implica, per se, la legitimación pasiva de los asociados y, respecto a los representantes de la misma, como es el caso de mi mandante, sólo cuando el daño causado o la deuda contraída deviene de un acto doloso, culposo o negligente del administrador o representante de la misma.

Los argumentos de la apelante en orden a mantener la responsabilidad de mi representado son absolutamente inaceptables.

La actuación no es dolosa, pues de nada se apropia para sí, sino que el dinero que no se abona al demandante por su incumplimiento, permanece en las arcas de la asociación y se invierte en la creación de una página web en condiciones.

La actuación no es culposa ni negligente; la culpa civil no significa lo que el apelante pretende, falso además, consistente en ser conocedor de estar defraudando o "construyendo una forma de pago". Ni en llevar algo a cabo de modo deliberado. Consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación ( art. 1.104 C.C.).

Mi mandante ha sido absolutamente diligente en la defensa de los intereses de la Asociaci ón a la que representó. Y la actuación dolosa no puede consistir en resolver un contrato ante la falta de cumplimiento del mismo.

Solicitaba que desestimando el recurso formulado, se confirme íntegramente la sentencia objeto del mismo, y ello, con expresa imposición de las costas de esta alzada a la parte recurrente.

CUARTO.- El recurso se tramitó por escrito en el Juzgado de procedencia, en la forma prevista en los artículos 457 y siguientes de la LEC, después de lo cual se remitieron los autos a este Tribunal, donde quedó formado el correspondiente rollo de apelación y se señaló para deliberación y votación el 20 de junio de dos mil veintidós en que ha tenido lugar.