Sentencia Civil 82/2023 Audiencia Provincial Civil de Valencia/València nº 8, Rec. 268/2022 de 22 de febrero del 2023

PRIMERO.- Antecedentes y planteamiento del recurso.- 1.- La parte actora INVERCASA CHALET SL solicitó en su demanda que se dictara sentencia por la que estimando íntegramente la demanda, se declarara la obligación de la demandada Dª María Esther de otorgar escritura pública de la finca descrita en el hecho primero de la demanda favor del demandante, haciendo constar en la misma que la contraprestación figura en la lista de acreedores del concurso, autos 1306/2012 del Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Valencia, tal y como consta en sus textos definitivos, determinando así mismo la citada sentencia que si en el plazo que para ello se conceda no se produjese el otorgamiento por parte de la demandada, se procediera por el Sr. Juez a dicho otorgamiento, y en consecuencia se condenara a la demandada a estar y pasar por esta declaración y al pago de las costas.

Alegaba la entidad actora, en síntesis, que la demandada era propietaria de un inmueble sito en la CALLE000 NUM000 de Manises finca número NUM001 del Registro de la Propiedad de Manises, inscrita en el tomo NUM002, libro NUM003 folio NUM004. Que mediante contrato de permuta suscrito con fecha 18 de junio de 2007 la Sra. María Esther cedió y transmitió a INVERCASA CHALET, S.L. la propiedad del inmueble a cambio de obra futura y la indemnización del inquilino que ocupaba el local, al que se le abonó la cifra de 22.000 euros. Que la citada finca fue ocupada por la demandante para la construcción de un grupo de viviendas junto con otro solar colindante, adquirido a D. Fulgencio. Que con fecha 25 de enero de 2013 se declaró concurso necesario de acreedores de la mercantil demandante quedando por tanto dicho bien en la masa activa del concurso de acreedores como consta en los textos definitivos, y las obligaciones incluidas en el pasivo por el valor de 91.120 €. Que en fecha 7 de marzo de 2013 se resolvió el contrato privado de permuta en el Juzgado de Primera Instancia Uno de Quart de Poblet, autos 240/2012, siendo por tanto el incumplimiento anterior a la declaración del concurso. Que conforme a la Ley Concursal, el crédito de la hoy demandada tiene la consideración como crédito ordinario, tal y como consta en los textos definitivos del concurso de acreedores tramitado ante el Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Valencia, autos 1306/2012. Que la demandante habría tenido que instar este procedimiento con el fin de conseguir que se otorgara por parte de la demandada la correspondiente escritura pública de transmisión a su favor a los efectos de poder finalizar la fase de liquidación del concurso, acto de voluntad que en caso de negativa debe ser suplido por el Juez, advirtiendo que ya se habría dictado sentencia firme respecto a otro solar colindante adquirido el mismo mes por la demandante a D. Fulgencio hermano de la demandada.

2.- Emplazada la demandada se personó y contestó a la demanda oponiéndose a la misma, alegando en síntesis que la mercantil actora insta la acción de cumplimiento de contrato de permuta, sobre un contrato que quedó resuelto mediante sentencia dictada por este Juzgado de Primera Instancia número 1 de Quart de Poblet, el 7 de marzo de 2013, en lo autos de juicio ordinario 240/2012 que declaró la resolución del contrato privado de permuta de fecha 18 de junio de 2007 con las consecuencias legales inherentes a dicha declaración y con restitución a la parte demandante de su solar sito en Manises (Valencia), en la CALLE000 número NUM000, inscrito en el Registro de la Propiedad de Manises, debiendo la parte demandada pagar a la actora, en concepto de daños y perjuicios, la cantidad de 91.120.-€ más los intereses legales correspondientes. Que dicha sentencia fue recurrida en apelación por la mercantil demandante, INVERCASA CHALET, S.L., la cual fue confirmada por Sentencia de fecha 17 de febrero de 2014, dictada por la sec. 11ª de la Audiencia Provincial de Valencia, recurso de apelación 488/2013-S, la cual desestimó el recurso de apelación interpuesto por la mercantil actora contra la sentencia de fecha 7 de marzo de 2013 dictada por el Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Quart de Poblet, con expresa condena en costas a la parte apelante, sentencia contra la que dicha entidad interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo, el cual fue inadmitido mediante auto de fecha 8 de julio de 2015, por lo que entiende la demandada que el contrato privado de permuta objeto del procedimiento, y cuya acción de cumplimiento ejercita la parte actora, está resuelto por sentencia firme, señalando que el presente procedimiento versa sobre el mismo objeto y afecta a las mismas partes. En consecuencia, a su juicio existiría cosa juzgada, en cuanto que la cuestión controvertida ya quedó resuelta en una sentencia firme, por lo que no puede volverse a plantear judicialmente conforme al articulo 222 de la LEC. Y en cuanto al fondo, alega que la demandada continua siendo propietaria del solar sito en Manises, CALLE000, número NUM000, ya que el contrato privado de permuta que existía sobre el mismo fue resuelto por sentencia firme dictada por el Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Quart de Poblet de fecha 7 de marzo de 2013, la cual fue confirmada por la Sentencia de fecha 17 de febrero de 2014, dictada por la sec. 11ª de la Audiencia Provincial de Valencia, por lo que dicho contrato privado no se puede elevar a escritura pública. Si bien no se opone al tratamiento que le dio el administrador concursal a la cantidad de 91,120 € a la que condenó la sentencia firme, entiende que ésta acuerda resolver el contrato privado de permuta y al pago de la cantidad de en concepto de daños y perjuicios e invoca el articulo 163.1 de la Ley Concursal. Y finalmente sostiene que no sería aplicable la sentencia firme dictada con respecto al otro solar propiedad de su hermano, pues en dicho caso no se ejercitó una acción de resolución de contrato ni este se resolvió, sino una acción de nulidad de permuta firmada por incapaz, por lo que son casos diferentes procediendo por tanto la desestimación integra de la demanda.

3.- La sentencia de instancia desestimó en su integridad la demanda con imposición de costas y contra la misma interpone recurso la mercantil demandante alegando los siguientes motivos la incongruencia de la sentencia por la apreciación indebida de una suerte de cuestión de competencia objetiva o funcional no propuesta, y en segundo lugar, error en la valoración de la prueba. Y solicita la estimación del recurso y la revocación de la sentencia con la consiguiente estimación de la demanda condenando a la demandada al otorgamiento de la escritura pública en favor de la demandante en los términos expuestos en la demanda, con imposición de costas si se opusiere.

4.- De dicho recurso se dio traslado a la parte demandada, que se opuso al mismo solicitando en definitiva su desestimación con imposición de costas a la parte apelante.

SEGUNDO.- Examen del motivo impugnatorio.- 1.- Impugna la mercantil actora INVERCASA CHALET SL la sentencia de instancia que desestimó la demanda formulada por dicha entidad en la que solicitaba que se declarara la obligación de la demandada Dª. María Esther de otorgar escritural elevando a público el contrato privado de permuta celebrado por las partes en fecha 18 de junio de 2007 por el que la demandada transmitía a la actora la propiedad del solar sito en la CALLE000 nº NUM000 de Manises, finca nº NUM001 del Registro de la Propiedad de Manises a cambio de obra futura y la oportuna indemnización al inquilino que ocupaba el local, que percibió la cantidad de 22.000 €. Alegaba la entidad actora que ocupó la finca si bien fue declarada en concurso de acreedores en virtud de auto de fecha 25 de enero de 2013, quedando dicho inmueble en la masa activa del concurso, y correlativamente, en la masa pasiva, el crédito de la demandada frente a la actora por importe de 91.120 €, según consta en los textos definitivos del concurso, si bien añadía que el citado contrato de permuta habría quedado resuelto en virtud de sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Quart de Poblet en autos 240/2012.

Alega en el recurso la entidad apelante como motivos impugnatorios la incongruencia de la sentencia desestimatoria por haber apreciado indebidamente "una suerte de cuestión de competencia objetiva o funcional" no propuesta, y en segundo lugar, por haber incurrido en error en la valoración de la prueba, motivos que se analizarán seguidamente.

2.- Sentado el objeto del recurso cabe primeramente recordar, que con arreglo al art. 465.5º LEC "el auto o sentencia que se dicte en apelación deberá pronunciarse exclusivamente sobre los puntos y cuestiones planteados en el recurso y, en su caso, en los escritos de oposición o impugnación a que se refiere el artículo 461", de suerte que los pronunciamientos de la sentencia de primera instancia no expresamente impugnados devienen firmes y no pueden ser modificados so pena de incurrir en una "reformatio in peius" que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva por incongruencia "extra petita".

En este sentido señala la STS 419/2021 de 21 de junio que como expresión del principio dispositivo, es retirada la jurisprudencia que señala que la Audiencia Provincial sólo puede revisar el pleito asumiendo funciones de instancia tanto en cuestiones fácticas como jurídicas, si la controversia se reproduce o subsiste en esa segunda instancia (por todas, STS de 6 de julio 2006, Rc. 3914/1999, según cita la STS 610/2010, de 1 de octubre).

El tribunal de apelación no puede, pues, resolver otras cuestiones que aquellas que le han sido trasladadas, pues, en virtud del principio tantum devolutum quantum apellatum [sólo se defiere al Tribunal Superior aquello que se apela] ( SSTS de 12 de mayo 2006, Rc. 2915/1999, de 1 de diciembre de 2006, Rc. 445/2000, de 21 de junio de 2007, Rc. 2768/2000), los pronunciamientos de la sentencia de primera instancia a los que no se extiende la pretensión impugnada deben entenderse consentidos por las partes, devienen firmes y no pueden ser modificados en la segunda instancia, y así viene a confirmarlo la reciente sentencia 331/2016, de 19 de mayo.

3.- Primer motivo impugnatorio. Incongruencia de la sentencia, la apreciación indebida de una suerte de cuestión de competencia objetiva o funcional no propuesta.- Alega la entidad apelante en el indicado motivo que la sentencia se extralimita en su decisión aludiendo a cuestiones que no han sido objeto de debate, ya que según sostiene la sentencia impugnada se limita a señalar que no se cumplen los requisitos para el éxito de la acción entablada que versa sobre el otorgamiento de escritura pública en favor de la entidad actora, sin precisar dichos requisitos, remitiendo al Juzgado de lo Mercantil el ejercicio de la acción, cuando ninguna de las partes ha cuestionado la falta de competencia objetiva o funcional del Juzgado, siendo a su juicio aplicables las normas comunes de competencia al no darse ninguno de los supuestos de competencia exclusiva y excluyente del Juzgado de lo Mercantil previstos en el art. 52 LC, por lo que el órgano de instancia incurriría en error al afirmar que es en el procedimiento concursal donde debe examinarse la cuestión de fondo, evitando de dar respuesta a la misma y vulnerando las normas de atribución de competencia.

Sin embargo el motivo no puede ser estimado, pues el Juzgado en ningún momento plantea cuestión de competencia alguna, ni niega tampoco su competencia objetiva para conocer del asunto de autos, sino que se limita a resolver el litigio partiendo de la base de que el contrato privado de permuta objeto de la litis se resolvió en virtud de sentencia firme, y partiendo de dicha premisa afirma la sentencia que "es en el procedimiento concursal en el que deben fijarse las partidas correspondientes a los derechos de las partes, siendo la Ley Concursal la que establece qué derechos y/o obligaciones deben incluirse en la masa activa o pasiva conforme a los criterios de la legislación concursal". Por lo tanto, la sentencia desestima la demanda al considerar, como argumento nuclear, que la pretensión deducida es inatendible al haber sido resuelto el contrato de permuta de autos, sin que ello suponga en modo alguno negar su competencia objetiva o funcional, y se remite al procedimiento concursal para la concreción de los derechos de las partes en el concurso partiendo de dicha resolución contractual.

Y ello al margen de que según reiterada jurisprudencia las sentencias desestimatorias o absolutorias nunca pueden resultar incongruentes y al respecto señala la reciente STS 419/2021 de 21 de junio: " No hay incongruencia omisiva cuando el silencio judicial puede, razonablemente, interpretarse como desestimación implícita y la respuesta judicial solo es incongruente por falta de argumentación concreta acerca de una cuestión cuando no cabe entender que hay una desestimación implícita derivada claramente de lo razonado en el cuerpo de la resolución ( SSTS de 1 de abril de 2008, recurso 222/2001 , 12 de marzo de 2008, RC n.o 180/2001 , 17 de septiembre de 2008, RC nº 4002/2001 ). En el caso, no cabe apreciar incongruencia porque la sentencia recurrida es absolutoria y, por regla general, las sentencias absolutorias no pueden incurrir en esta clase incongruencia, sin que aquí concurra ninguna de las excepciones en las que puede producirse incongruencia. Como recuerda la sentencia 164/2021, de 23 de marzo , en la sentencia 722/2015, de 21 de diciembre , se compendia la jurisprudencia al respecto: "(...) es jurisprudencia que "las sentencias absolutorias no pueden ser por lo general incongruentes, pues resuelven sobre todo lo pedido, salvo que la desestimación de las pretensiones deducidas por las partes se hubiera debido a una alteración de la causa de pedir o a la estimación de una excepción no opuesta por aquellas ni aplicable de oficio por el juzgador" ( sentencias 476/2012, de 20 de julio , y 365/2013, de 6 de junio ). De tal forma que, como puntualiza esta última sentencia 365/2013, de 6 de junio , "la sentencia desestimatoria de la demanda es congruente salvo que ignore injustificadamente un allanamiento, la desestimación de la demanda principal venga determinada por la estimación de una reconvención o una excepción no formuladas (en este último caso, salvo cuando sea apreciable de oficio), o pase por alto una admisión de hechos, expresa o tácita, realizada por el demandado".

4.- Segundo motivo impugnatorio. Error en la valoración de la prueba.- 4.1.- Sostiene la mercantil apelante que el contrato "está cumplido por la aprobación de los textos definitivos y firmes del concurso de INVERCASA", procedimiento en el que según alega se notificaron a la demandada todas las resoluciones recaídas en el mismo, que consintió, especialmente los citados textos definitivos, en los que se incluyó la contraprestación por la permuta como crédito ordinario en la masa pasiva, y el solar en la masa activa del concurso, de modo que según alega, sólo faltaría la elevación a público del contrato y la inscripción de la permuta, circunstancia que se planteó en sede concursal y no fue discutida. Y sostiene que a diferencia de lo que afirma la Juez de instancia nada hay que dilucidar ya en el proceso concursal pues lo que se tenía que ventilar en el mismo ya se discutió en su momento y lo único que resta es el otorgamiento de la escritura pública como mero acto formal tras un contrato ya perfeccionado en todos los aspectos e insiste en que la resolución del concurso es posterior a la declaración del concurso por lo que sería aplicable el art. 163 TRLC.

4.2.- El motivo tampoco puede ser estimado, por razones obvias, pues la parte actora y apelante pasa por alto que el contrato privado de permuta cuyo cumplimiento ahora pretende solicitando de la demandada su elevación a escritura pública, fue resuelto en virtud de sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Quart de Poblet de fecha 7 de marzo de 2013 en autos de juicio ordinario 240/2012, que fue recurrida en apelación y confirmada por la sentencia se la sec. 11ª de esta Audiencia Provincial de fecha 17 de febrero de 2014, contra la que a su vez se interpuso recurso de casación que fue inadmitido por el Tribunal Supremo en virtud de auto de fecha 8 de julio de 2015, adquiriendo por tanto firmeza, obrando en autos las indicadas resoluciones, lo que significa que dicha sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada, apreciable incluso de oficio en esta alzada (pues la excepción no fue estimada en la instancia), y es antecedente lógico y necesario de lo que en este pleito se pide, por cierto en contradicción con lo ya resuelto ( art. 222.4º LEC, que acoge el denominado efecto positivo de la cosa jugada), pues en definitiva lo que pretende la mercantil demandante en este pleito es el cumplimiento de una obligación derivada de un contrato cuya ineficacia fue judicialmente declarada en virtud de sentencia firme, lo cual obviamente es inviable, teniendo en cuenta que el proceso declarativo que culminó con dicha sentencia estaba ya en trámite cuando se declaró el concurso, siendo por tanto era aplicable el art. 51 LC, a la sazón vigente (lo que por cierto ya advirtió la sentencia de la sección 11ª de la Audiencia Provincial de fecha 17 de febrero de 2014, antes citada, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la dictada en la instancia), precepto en cuya virtud "los juicios declarativos en que el deudor sea parte y que se encuentren en tramitación al momento de la declaración de concurso continuarán sustanciándose ante el mismo tribunal que estuviere conociendo de ellos hasta la firmeza de la sentencia", a lo que debe añadirse que sobre la aplicación de dicho precepto y la continuación de los procesos declarativos en trámite se ha pronunciado también esta Sala en diversas ocasiones, entre otras en sentencias núm. 504/2013 de 18 de noviembre (que por cierto, se cita en la anterior) y la núm. 229/2014 de 5 de junio.

4.3.- Ello sentado, cabe traer a colación la reciente STS 150/2021 de 16 de marzo que analiza el instituto de la cosa juzgada positiva o prejudicial, y se remite a la sentencia 117/2015, de 5 de marzo, que a su vez se cita y reproduce la sentencia 383/2014, de 7 de julio, que señala:

"La función positiva de la cosa juzgada consiste en que el tribunal que deba pronunciarse sobre una determinada relación jurídica que es dependiente de otra ya resuelta ha de atenerse al contenido de la sentencia allí pronunciada; o lo que es lo mismo, queda vinculado por aquel juicio anterior sin poder contradecirlo ya decidido. Es el efecto al que se refiere el artículo 222.4 LEC para el que no se exige que concurran las tres identidades que integran el efecto negativo o preclusivo de la cosa juzgada, pues basta con la identidad subjetiva en ambos procesos, cualquiera que sean las posiciones que se ocupen en cada uno de ellos, y con que lo que se haya decidido en el primero constituya un antecedente lógico de lo que sea objeto del posterior ( STS de 17 de junio de 2011, recurso nº 1515/2007). La finalidad perseguida es evitar pronunciamientos contradictorios incompatibles con el principio de seguridad jurídica y, en consecuencia, con el derecho a la tutela efectiva cuando se está ante una sentencia firme que afecte a materias indisolublemente conexas con las que son objeto de un pleito posterior".

En suma y como indica dicha sentencia "El efecto positivo de la cosa juzgada no impide la existencia de un proceso posterior, pero lo condiciona, en el sentido de que el tribunal del proceso ulterior queda vinculado por el pronunciamiento de la sentencia anterior".

4.4.- Por tanto la sentencia firme dictada en los autos 240/2012 del Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Quart de Poblet vincula sin duda alguna al Juez de lo Mercantil como por cierto actualmente nos lo recuerda expresamente el art. 141 TRLC en cuya virtud "las sentencias y los laudos firmes dictados antes o después de la declaración de concurso vinculan al juez de este, el cual dará a las resoluciones pronunciadas el tratamiento concursal que corresponda", como no podía ser de otro modo, siendo absolutamente irrelevante que en los textos definitivos del concurso se haya incluido la finca objeto del contrato de permuta en la masa activa a pesar de que la finca pertenece a la demandada, pues ello no permite soslayar la resolución del contrato en virtud de sentencia firme, que la parte recurrente pretende obviar, obstinándose en negarle efecto alguno cuando como ya se ha indicado pasa en autoridad de cosa juzgada, sin que la inclusión en los textos definitivos de dicho solar permita rehabilitar el contrato dotándole de unos efectos que le fueron negados en vía judicial, pues como con acierto afirma la parte apelada no se puede solicitar el cumplimiento y elevación a público de un contrato judicialmente resuelto, a lo que debe añadirse que la suma de 91.120 € que ha sido reconocida a la demandada en la masa pasiva no es la contraprestación de dicho contrato como erróneamente se afirma en el recurso, sino la indemnización por daños y perjuicios fijada en la sentencia que decretó resolución judicial del contrato dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Quart de Poblet en autos 240/2012, suma indemnizatoria que precisamente evidencia que el contrato carece de eficacia.

4.5.- Finalmente en modo alguno es parangonable la situación de dicho solar con la finca colindante propiedad del hermano de la demandada D. Fulgencio, judicialmente incapacitado, pues a diferencia del supuesto de autos dicho contrato no fue resuelto, y aunque se pretendió incidentalmente su anulación en vía reconvencional, dicha petición fue desestimada por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 en la sentencia de fecha 4 de marzo de 2019 confirmada en apelación por la sentencia de fecha 12 de mayo de 2020 dictada por la sec. 9ª de esta Audiencia Provincial, ambas aportadas con la demanda.

En suma procede desestimar el recurso interpuesto, si bien por los fundamentos expuestos en la presente sentencia, que deben suplir los consignados en la resolución impugnada.

TERCERO.- Costas procesales.- Dada la desestimación del recurso de apelación procede imponer a la parte apelante las costas procesales causadas ( art. 398 LEC).

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación esta Sala pronuncia el siguiente