Sentencia Civil 456/2022 Audiencia Provincial Civil de Valencia/València nº 6, Rec. 1061/2022 de 31 de octubre del 2022

PRIMERO. - La sentencia apelada contiene el siguiente fallo:

" Que desestimo íntegramente la demanda interpuesta por GEINSER GESTION SL contra MANCOMUNIDAD TORRETA, ALFAHUIR Y VINAROZ CIF H97/854.412 con imposición de costas a la parte demandante... "

SEGUNDO. - Contra dicha resolución interpuso recurso de apelación alegando:

Antecedentes previos a la formulación de los motivos de oposición.

Como es sabido, mediante el recurso de apelación la Sala a la que tenemos el honor de dirigirnos revisará a instancia de parte la Sentencia dictada por el Juez "a quo", extendiendo su función revisora tanto a los aspectos de hecho como de derecho, no teniendo, a diferencia del recurso de casación, tasados los motivos en que pueda fundarse.

Mediante el presente recurso, por tanto, se pretende que el "Tribunal ad quem" examine de "nuevo" en todas sus facetas el litigio que es objeto de estos Autos, siendo conscientes de que, en todo caso, por tratarse de un recurso contra una Sentencia, es irremediable exigir una crítica de ésta, bien sea en cuanto a la fijación y apreciación de los hechos, bien en cuanto a su fundamentación jurídica ( Tribunal Supremo en doctrina constante, por todas Sentencias de 30 de mayo de 1.988 y 11 de marzo de 1,991); y siendo ello así, no solo se expresará nuestra argumentación sobre el fondo del asunto sino que, de manera especial, sehará una referencia expresa a nuestra disconformidad con los eventuales pronunciamientos que se contienen en la Sentencia apelada, disconformidad que, como decíamos, puede ser sobre los hechos (sobre su constatación o sobre su apreciación), o sus fundamentos de derecho (interpretación errónea, aplicación indebida o inaplicación de normas), sin que nos limitemos a la mera repetición de los argumentos esgrimidos

en la primera instancia, sometiendo así a crítica, dicho sea con los debidos respetos, la Sentencia apelada. Así, una vez definidos y acotados los términos sobre los que va a versar el contenido de esta apelación, pasamos a enunciar los motivos o puntos sobre los que se pretende la mentada revisión.

MOTIVOS DE OPOSICIÓN

De este modo, tal y como quedaba anunciado, prescindiendo del Fundamento de Derecho uno que se contiene en la Sentencia de instancia, y que se limita a reproducir casi con exactitud las alegaciones hechas por cada una de las partes en su escrito de demanda y respectiva contestación, el pronunciamiento que será objeto de la oportuna oposición se contiene en sus Fundamentos Segundo, tercero y Cuarto, pronunciamientos que van a ser objeto de puntual análisis y contestación en éste recurso, siguiendo para ello el mismo ordinal de exposición de la Sentencia.

PRIMERO.- Como queda apuntado, nada que objetar.

SEGUNDO.- Disconforme. El juez "ad quo" en la sentencia erra claramente en su valoración de la prueba, cuando manifiesta no estar justificados los importes facturados de los meses desde febrero hasta mayo de 2020, ambos inclusive, y ello por cuanto que, de la prueba aportada junto con nuestro escrito de demanda, más la practicada el día del juicio, se acreditó lo siguiente:

- Que en la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios (documento nº 2 de la demanda), se pactó una cantidad mensual más IVA a abonar por los servicios prestados, según presentación de factura y por recibo bancario.

- Que en la cláusula quinta del referido contrato se estableció que el precio fijado sufriría modificaciones según diversos elementos externos, entre los que se encuentra el Índice de Precios de Consumo.

- Que en el anexo firmado en fecha 7 de junio de 2017 se establece un aumento del servicio, en concreto, 1,5 horas cada día, con un total de 7,5 horas semanales de trabajo para realizar tareas de mantenimiento de limpieza en las zonas comunes (documento nº 4 de la demanda), con efectos indefinidos, sin pacto de fecha de terminación, a diferencia de lo pactado el año anterior (documento nº 3 de la demanda).

- Que hasta finales de enero de 2020, el servicio no recibe queja alguna por parte del cliente (documento nº 5 de la demanda), es más en la Junta Extraordinaria de la Comunidad celebrada en enero de 2019, se establece un punto específico referente a las limpiezas en zonas comunes donde se dice que "se considera correcto el servicio actual", lo cual viene a decir de forma expresa que el servicio a tan solo un año de desarrollarse los acontecimientos, estaba siendo correcto, ello sin olvidar que la relación contractual se inició en mayo de 2009.

- Que desde que se produce el aumento del servicio en 2017, la demandada recibe y acepta el servicio, siendo dicha aceptación clara y evidente tanto por la no oposición a su recepción como por el abono de cada una de las cantidades que mes a mes se le presentaban al cobro mediante factura y por recibo bancario, incrementándose los importes según lo pactado, esto es, en base a la actualización del I .P.C.

- Que como se demuestra de la prueba requerida por esta parte, en todas y cada una de las Juntas de Propietarios celebradas por la Mancomunidad, se detallan los importes de cada uno de los servicios recibidos, donde se incluye, como no puede ser de otro modo, los servicios de mi representada, es decir, que tanto la administración como la Junta de Propietarios con sus actos aceptaron de plano tanto el servicio prestado como los importes facturados desde el inicio de la relación contractual y, muy especialmente, poniendo el foco desde el aumento pactado en 2017 (prueba aportada de contrario en mayo de 2021). También en dichas juntas podemos ver como se diferencia las partidas de lo que es "mantenimiento y limpieza de zona común" a lo que es "mantenimiento de piscina y jardín", por lo que las argumentaciones de la parte demandada sobre que ese incremento era por el periodo estival y uso mayor de la piscina, no tienen base, ya que el servicio era para las zonas comunes y ya existía uno propio para piscina y jardinería que desarrollaba otra empresa.

- Que de los diversos correos electrónicos remitidos entre ambas partes, se desprende de forma evidente la intención de la demandada de cesar la prestación del servicio por causas ajenas al servicio prestado por mí representada, es decir, que si ha de valorarse una mala fe o transgresión de la buena fe contractual, sería en todo caso de la Mancomunidad, y ello lo decimos por:

1. Primera modificación unilateral del contrato: se impone una reducción unilateral del servicio (documento nº 5), y cuyos efectos deben ser desde el mismo día de su comunicación por correo electrónico, esto es, desde 24 de enero de 2020, pero no se especifican horas por día ni tarifa por las mismas.

2.- La negación por la demandada a firmar un anexo que regule las condiciones de dicha reducción. Mi representada desde que se le comunica la reducción solo conoce los días que deberá prestar el servicio, pero no se especifica ni la tarifa por hora ni hasta que fecha se entiende debe desplegar efectos la modificación. Se remite a la demandada burofax exigiendo la firma de un anexo en el que se plasmen sus peticiones y acordadas por ambas partes (documento nº 9), pero hacen caso omiso.

3.- Segunda modificación unilateral del contrato: un mes después, 24 de marzo de 2021, sin obtener respuesta al burofax, se envía comunicación por la demandada fijando unilateralmente las horas de trabajo por día y la frecuencia y con efectos desde 24 de enero de 2021.

4.- Tercera modificación unilateral del contrato: en fecha 27 de marzo de 2021, la demandada anula la domiciliación bancaria de los recibos e impone que sea por transferencia bancaria, basando dicho cambio en una supuesta decisión de la Junta de Vecinos, evidentemente, no existe documento que acredite que la Comunidad haya tomado esa decisión, lo cual consolida aún más las oscuras intenciones del presidente actual de la Comunidad, nombrado en 2019. Al margen de ello, el contrato especifica que se abonará por giro bancario y mientras que no exista modificación contractual, la decisión de la Junta de Vecinos en modo alguno valida dicho cambio, por tanto, incurren en otro incumplimiento contractual.

5.- Un mes después de la recepción del burofax enviado por esta parte, y tras todo las actuaciones realizadas por la demandada, se dice y comunica sorpresivamente que mi representada debe 1.332,37 € a causa de un exceso de facturación del servicio, acusación sin fundamento, como no podía ser de otro modo, y que hacen valer para justificar el no abono de las facturas de febrero en adelante, exigiendo el reembolso de dicha cantidad más intereses.

- En fecha 26 de mayo de 2020 se remite burofax por la demandada rescindiendo el contrato en base a una manifiesta transgresión de la buena fe contractual (documento nº 12), ello por cuanto que se ha venido facturando de más desde el 3º Trimestre de 2017 hasta el 4º Trimestre de 2019, más lo que corresponda desde enero de 2020 en adelante. En dicho burofax se nos conmina a devolver el importe que dicen se ha facturado de más y por un servicio no prestado, so pena de acudir a la vía judicial, pero lo cierto es que nunca se recibió demanda por ello, lo cual resulta bastante llamativo y sorprendente, pues si el motivo por el que deciden cesar un buen servicio a la Mancomunidad prestado desde mayo de 2009, es por una supuesta transgresión de la buena fe basada esencialmente en ese dinero cobrado indebidamente, cómo es que hasta el día de hoy no se ha recibido reclamación judicial alguna? O, mejor aún, por qué no ejercieron su derecho a interponer una demanda reconvencional por dicho importe? Simplemente porque de contrario se sabe que es totalmente incierto y que solo fue un pretexto para lograr lo que se quería, obtener la resolución del contrato y dar entrada a otra empresa de limpieza, evitando así tener que cumplir la anualidad de contrato que quedaba vigente, en concreto hasta el 26 de mayo de 2021, en base a la cláusula sexta del contrato referido.

Relacionados los hechos y prueba acreditada, analicemos los mismos desde un punto de vista normativo, para ello enunciamos el articulado del Código Civil en lo que se refiere a la interpretación de los contratos, su eficacia y su causa:

Artículo 1256.

La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.

Las acciones realizadas por la Mancomunidad desde enero de 2020 fueron claramente contrarias a la ley, y es que se pretendía hacer valer de cada una de sus decisiones una modificación inmediata del contrato, sin consenso, sin concretar las particularidades del servicio y sin plasmación por escrito, para terminar usando como pretexto el no pago del servicio prestado, ya fuese reducido o aumentado, con una interpretación arbitraria, parcial e interesada y contraria a sus propios actos durante varios años.

Artículo 1276.

La expresión de una causa falsa en los contratos dará lugar a la nulidad, si no se probase que estaban fundados en otra verdadera y lícita.

La argumentación de la Mancomunidad sobre el exceso de cobro de cantidades por la supuesta indebida extensión en el tiempo del aumento del servicio y su supuesta no prestación, resultan a todas luces causas falsas como así ha quedado demostrado a lo largo del procedimiento, por lo que la acción de rescisión por transgresión de la buena fe contractual resulta improcedente y, por tanto, inaplicable.

Artículo 1278.

Los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez.

El contrato desde su entrada en vigor en mayo de 2009, así como sus posteriores modificaciones, en concreto, la materializada en 2017 surtió efectos y fue aceptada, como se ha indicado expresa y tácitamente por las partes, por lo que tanto las cláusulas modificadas en dicho anexo como las restantes contenidas en el contrato se encontraban en vigor y tenían efectos obligatorios de cumplimiento hasta una nueva modificación acordada. Artículo 1281.

Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas.

Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas.

Si atendemos al contrato y sus dos anexos, podemos ver como estos son claros y no dejan duda de su objeto, el servicio tenía como fin el mantenimiento de zonas comunes, no del jardín ni de las piscinas, y su tarifa y actualizaciones venía regulada en su contrato y en sus dos posteriores modificaciones. En su segunda modificación la parte demandada alegó tras 3 años recibiendo el servicio dichas condiciones, asumiendo su pago sin objeción alguna e incluso presentado sus ba-ances presupuestarios a la Junta de vecinos con posterior aprobación de la misma, que se había facturado un exceso y que con ello mi representada se había lucrado injustamente por un servicio que no había prestado. A la vista de los hechos probados, es evidente que el servicio sí se prestó y de que las partes con sus actos consintieron expresa y tácitamente que esa modificación tenía efectos al menos hasta que las partes volvieran a pactar unas nuevas condiciones y, por supuesto, por escrito y consensuado, hecho que no tuvo lugar.

Artículo 1282.

Para juzgar de la intención de los contratantes, deberá atenderse principalmente a los actos de éstos, coetáneos y posteriores al contrato.

Según indica el presente artículo y atendiendo a los actos de los contratantes coetáneos y posteriores al contrato, resulta evidente que hasta que a finales de enero de 2020 la Mancomunidad no inicia sus constantes modificaciones unilaterales, los actos atendían a que la modificación del servicio, su ampliación era la correcta, su carácter indefinido era el pretendido, los importes girados bancariamente eran adecuados tanto por cantidad como por método de cobro y la calidad del servicio también era la adecuada.

Artículo 1283.

Cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre que los interesados se propusieron contratar.

Volvemos a reiterar lo comentado en los articulados anteriores, el contenido del contrato y sus anexos eran muy claros, su aplicación por mi representada y recepción y aceptación por la Mancomunidad también, por tanto, tras 12 años de servicio, en modo alguno puede darse por válidos las creencias o convicciones vertidas por la demandada y menos hacer uso de ellas para negarse a pagar las facturas por el servicio prestado y menos como cobijo para dar pábulo a una rescisión unilateral por una supuesta transgresión de la buena fe contractual, cuando si alguna de las partes transgredió esa buena fe fue precisamente la parte que lo alegó. Artículo 1285.

Las cláusulas de los contratos deberán interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas.

Resulta evidente que si interpretamos las cláusulas del contrato en su conjunto, vemos como lógica la aplicación de los efectos del aumento del servicio pactado en el anexo de 2017 como correcta, y decimos esto porque si bien en 2016 se pactó el aumento del servicio hasta finalizar el tercer trimestre de 2016, hecho que cumplió mi representada, por qué ésta tras, en aquel momento, 8 años de servicio, iba a engañar a la Mancomunidad? Y de ser cierto que la Mancomunidad quería pactar dicho aumento solo para el tercer trimestre, cómo es que en el siguiente año no vuelve a solicitar a mi representada que se produjera el aumento del servicio en los mismos términos? Interesadamente en este caso alude como justificación que "debido a ese clima de confianza que presidía las relaciones de las partes, así como la fuerza mayor de la costumbre, dicha modificación no se plasmó por escrito," o lo que es lo mismo, que el contrato quedaba al albur de los deseos de la parte demandada, de si era necesario en 2016 poner fecha de término del aumento, de no ponerlo pero sí existir en el anexo de 2017, y de aplicar el mismo aumento y el mismo acotamiento temporal de efectos y condiciones para los ejercicios siguientes y en ese escenario, en caso de no ajustarse a lo que esa parte creía o pensaba que debía ser, tendrían la potestad de exigir cantidades cobradas indebidamente o que mirepresentada adivinara la factura correcta que debiera girar para que se aceptara y procedieran al pago, sencillamente un sin sentido y un abuso en toda regla, además de una enorme indefensión para mi representada.

Así, a pesar de todo lo manifestado, el juzgador sigue en su error de interpretación de la prueba cuando dice "lo cual por tanto permite resolver que no existe fundamento a la parte demandante para presentar al cobro a partir de dicha fecha facturas por importe incluso superior a las de los meses anteriores ( véase a título de ejemplo factura de diciembre de 2019, documento n.º 3 de la contestación, por importe de 414,26 € cuando ahora que se reconoce prestar menos servicio se está facturando por importe de 422,54 €)." El juzgador se olvida de que en el contrato de prestación de servicios (documento nº 2 del escrito de demanda), se pactó una base imposible más IVA cuyo importe irá actualizándose, entre otros elementos externos, en base al IPC, por tanto, durante el mes inicial del ejercicio, esto es, en enero, se procedía a la actualización del precio del servicio, de ahí que el importe sufriera incrementos en relación al mes de diciembre del ejercicio anterior, ello sumado a que el servicio no se redujo hasta el día 24 de febrero, hace que el importe no tuviera porque disminuir y la cantidad cobrada fuese la que correspondía, por tanto, no es que fuese superior, sino que se había producido un incremento por su actualización al IPC.

Dicho lo anterior, en referencia a la argumentación de la parte contraria en referencia a la justificación de por qué se negaron a abonar las facturas reclamadas, manifiesta que "A pesar de todo lo indicado seguían recibiéndose facturas por el mismo importe de antes por lo que la presunta disminución de horas de servicio no provocó la disminución del importe de las facturas, que incluso era un 25% superior al que habían indicado (documento nº 9), lo que provocó que la COMUNIDAD demandada anulara la domiciliación bancaria y se negara a transferir ningún importe mientras no se emitiera por el importe correcto ya que no la consideraban una cantidad liquida, vencida y exigible, no negándose a pagar pero si exigiendo que se emitan facturas correctas después de haber estado facturando en exceso durante al menos 3 años y medio." Una vez más el juzgador erra en su valoración, al dar como válidas dichas argumentaciones, pues a la vista de los hechos resultan evidenciadas las siguientes cuestiones:

1.- Nunca hubo un exceso de facturación por los 3 años y medio, como ha quedado sumamente acreditado y así manifiesta estar de acuerdo el juzgador cuando dice en el párrafo ter-cero del fundamento segundo que "si bien no resulta comprensible para la proveyente entender como afirma la MANCOMUNIDAD demandada que suscrito el anexo en junio de 2017, con fecha de finalización establecida en el mismo el 31/12/2017 y con el importe indicado mensual de 330,57 € + IVA, sin embargo se estuviera contratando esas horas y ese importe solo para los meses de verano (lo cual se habría hecho constar en dicho anexo, que sin embargo tiene fecha de validez hasta diciembre), y menos aún que transcurría la fecha de validez no fueran conscientes que dicho contrato se prorrogaba anualmente, como constaría en el contrato inicialmente suscrito en mayo de 2009, cláusula tercera, se les haya estado facturando por los servicios indicados en dicho anexo y no hayan apreciado que los importes mensuales eran iguales, fuera el mes que fuera...".

2.- En fecha 24 de enero de 2020 (documento nº 5 de la demanda), se exige la reducción del servicio pero solo en lo que se refiere a los días, no a las horas, sin embargo, en fecha 24 de marzo de 2020, documento número 9 al que alude la parte demandada en su contestación, exige la reducción también en horas y además a razón de su argumentación, con carácter retroactivo, es decir, que se facturase desde el 24 de enero conforme a la reducción de días y horas y ello con independencia de la información que tuviera la entidad que prestaba el servicio, ya que resulta obvio que desde el 24 de enero hasta el 24 de marzo mi representada en modo alguno podía prestar el servicio con la reducción de horas solicitada, ya que lo desconocía, pues a pesar de ello el juzgador da por valido dichos argumentos para rechazar las facturas en su totalidad y cuando además estas, al menos en parte, han sido reconocidas, aceptadas y, por tanto, cantidad a la que se ha allanado la Mancomunidad, véase el último párrafo del apartado noveno de la contestación a la demanda. Pues, con todo ello, podemos decir que queda evidenciado su error interpretativo cuando dice en el párrafo segundo del fundamento segundo que "si bien por tanto podría presumirse que la demandante continuó prestando los servicios conforme a lo suscrito entre las partes en 2017, sin embargo de la literalidad de la demanda, hecho quinto final pagina 2, se manifiesta expresamente que "...por lo que desde dicha fecha (24/2/2020) se van prestando los servicios con la modificación solicitada de 3 días a la semana hasta junio, a razón de 1.30 horas diarias, es decir4.30 horas a la semana". En definitiva, el juzgador solo presume que el servicio se prestó, cuando es indubitado por la prueba aportada, por la testifical y por la ausencia de prueba aportada de contrario, que el servicio se prestó en su totalidad hasta el 24 de febrero de 2020 y que, posteriormente, este fue reducido en días, no así en horas y precio, que mi representada aplicó conforme a lo que venía aplicando, ya que no disponía de más información hasta el 24 de marzo de 2020, y dicha información nunca fue aceptada por esta parte, lo cual hacía que debiera atenderse lo que hasta la fecha marcaba el contrato, esto es, el anexo firmado en 2017, y no lo que la parte contraria decía e imponía a su gusto. Y, a pesar de ello, considera el juzgador justificado su oposición al no pago, porque las facturas, según su criterio no estaban bien presentadas al cobro, y ante ello esta parte se pregunta: y por qué entonces la Mancomunidad no comunicó que no pagarían las facturas corrientes (a las que se estaba prestando el servicio y que este estaba siendo aceptado), hasta que estas se presentaran conforme determinadas días, horas y tarifa fijada? La Sala debe darse cuenta que el juzgador no advirtió que resultaba imposible realizar una factura cuando esa información ni estaba facilitada por la Mancomunidad ni había sido aceptada y plasmada en el contrato, por lo que el servicio debía facturarse en los términos que se habían realizado hasta la fecha. A lo que se añade que la Mancomunidad no se refiere a estas facturas salvo en la contestación a la demanda, por lo que falta de pago y posterior resolución se basan única y exclusivamente en los excesos de cobro indebidos de los años anteriores, algo sorprendente e incoherente con su escrito de contestación a la demanda. Si analizamos bien la prueba aportada por esta parte, se puede comprobar que en ningún momento la Mancomunidad comunicó que no iba a pagar las facturas, o bien que las mismas habían sido rechazadas por determinados motivos, solo se limitó, primero, a imponer continuas modificaciones al contrato para luego,

segundo, acusar a la demandante del cobro de cantidades indebidas y reclamar su devolución, solo cuando se recibe la contestación a la demanda parece desprenderse que las facturas no se pagaron por que los importes no se ajustaban al servicio prestado, lo cual nos lleva a preguntarnos si en 3 años y medio como indican no habían advertido un cobro superior al servicio prestado, cómo pueden saber que el servicio durante los meses de 2020 era el correspondiente al importe facturado? Sencillamente porque el problema no eran las facturas o la calidad del servicio, sino el obtener una razón con la que poder rescindir el contrato y dar cabida a una nueva empresa de limpieza, como después quedó demostrado.

Por todo ello, esta parte considera que los importes de las facturas reclamadas sí están justificados, por lo que procede al abono de los mismos.

TERCERO.- No obstante y sin perjuicio de lo manifestado en el punto anterior, para el supuesto de no estimarse por el presente Tribunal que resulta procedente el abono íntegro de las facturas y sus gastos de devolución por la demandada, y sin que sirva de renuncia a las pretensiones formuladas, esta parte solicita que se estime la devolución correspondiente a la parte proporcional del servicio que efectivamente se prestó y cuyo cálculo se realiza atendiendo a la reducción por días que se exigió a finales de enero y que mi representada en acto de buena fe aceptó y aplicó desde el 24 de febrero y en analogía a las condiciones que hasta la fecha se estaban apli-cando sin la reducción, pues, como ya se ha dicho, no hubo especificación ni pacto sobre el resto de condiciones que debían regir el servicio modificado. Así el cálculo y la cantidad reclamada de forma subsidiaria sería la siguiente:

Antes de la reducción:

Días a la semana Base Imponible % IVA TOTAL 5 días 349,21 € 21 422,54 €/mes

Aplicada la reducción

3 días 209,53 € 21 253,53 €/mes

Siendo que desde el 1 de febrero hasta el 23, ambos inclusive, se estuvo prestando el servicio sin la reducción y los restantes se aplicó la reducción, procede abonar la cantidad de 374,66 € (23 días = 323,95 € + 6 días (precio reducido) = 50,71 €).

Desde marzo hasta mayo inclusive, procede abonar la cantidad de 760,59 € (253,53 € * 3).

En total por los 4 meses la demandada debe abonar la cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS, CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (1.135,52 €).

CUARTO.- Disconforme con el correlativo TERCERO. Siendo indubitada la veracidad y efectos del contrato de prestación de servicios (documento nº 2 de la demanda), conviene decir que el contrato se firmó en fecha 26 de mayo de 2009 con una duración anual y prorrogable por idénticos periodos, salvo que una de las partes comunicase por escrito su intención de resolver con al menos 4 meses de antelación al vencimiento del contrato, así se establece en las cláusulas tercera y sexta del contrato referido. Por tanto, siendo que la comunicación de resolución unilateral de la Mancomunidad se efectúa a finales de mayo de 2020, resulta obvio decir que el contrato ya se encontraba prorrogado y con efectos hasta el 26 de mayo de 2021, como mínimo.

Sin embargo, lo anteriormente mencionado poca relevancia tiene para el caso que nos ocupa, más allá de quedar nítidamente claro que el contrato extendía su vigencia y, en concreto, por una anualidad más. Así dicho esto, debemos analizar cuál es el motivo en el que se sustentó la Mancomunidad para llevar a término dicha resolución, y ese motivo o causa no es otro que una supuesta transgresión de la buena fe contractual, un término que viene siendo más propio o acuñado al ámbito laboral que al mercantil o civil, si bien no podemos obviar que la buena fe contractual es un principio general del Derecho que viene a significar un modelo de conducta exigible o comportamiento arreglado a valoraciones éticas limitantes del ejercicio de los derechos subjetivos ( artículos 7.1. y 1.258 del Código Civil), con lo que el principio se convierte en un criterio de valoración de conductas con el que deben cumplirse las obligaciones y que se traduce en directivas equivalentes a lealtad, honorabilidad, probidad y confianza.

Dicho esto, aclarado el término, consideramos que el juez "ad quo" vuelve a no interpretar correctamente la prueba practicada al considerar como procedente y aplicable la resolución efectuada por la Mancomunidad. Conviene recordar que la relación contractual que ha unido a ambas partes no fue de un o dos años, estamos hablando de una relación de más de 12 años donde la demandante cumplió religiosamente con todas y cada una de sus obligaciones, sin problemas graves o de calado que hubieran hecho fácilmente que el contrato hubiese dejado de prorrogarse por voluntad de la demandada. Tal es así, que como ya se ha mencionado, en la Junta Extraordinaria de 2019 se establecía un punto en concreto para solo decir que el servicio realizado en las zonas comunes por la empresa de limpieza estaba siendo el correcto. Ante una resolución de este tipo conviene realizar un riguroso análisis del comportamiento de ambas partes a lo largo del contrato y, en especial, desde que la Mancomunidad comenzara en enero de 2020 a "torpedear" la relación entre ambas partes con múltiples imposiciones de cambio en el funcionamiento del servicio, incluida la negativa a abonar las mensualidades desde febrero hasta mayo, ambas inclusive, por un servicio que ya fuese reducido o no, se prestó y lo que llegó a la cuenta de mi cliente fueron no 0 €, sino negativo por gastos de devolución por los giros bancarios no aceptados, el pago del salario y cotizaciones a la trabajadora que sustituyó a la que cogió la baja al no aceptar la reducción del servicio impuesta, y que con el veredicto del juez de primera instancia se obliga a esta parte a tener que volver a reclamar extrajudicialmente a la demandada un importe sobre el que se ha allanado parcialmente y, en caso de no acceder, tener que accionar de nuevo la vía judicial.

Dicho lo cual, debemos preguntar a la Sala que, en base a toda la prueba practicada, cuál verdaderamente fue la parte que transgredió la buena fe contractual, si mi representada que hasta el 24 de enero de 2020 no había recibido noticias negativas de su servicio y que había cumplido con lo pactado, con los cambios del servicio solicitados y que incluso, a pesar del "atropello" por las exigencias o imposiciones de cambios inmediatos y unilaterales del servicio, aceptó la reducción, o la parte demandada, que sin justificación alguna y sin previo acuerdo redujo primero el servicio en días para luego, dos meses después, hacerlo en horas. Pero no suficiente con eso, continúo con las coacciones rechazando los giros bancarios que hasta la fecha habían sido la forma de pago pactada, para terminar de dejar de abonar el servicio, pero sí aceptando que este fuera prestado al menos de forma reducida. Con todos estos hechos, sencillamente, desde esta parte no se entiende cómo el juzgador ha podido considerar como procedente dicha resolución contractual y no viera la clara intención de lademandada de querer poner continuas exigencias a mi representada para tensar de tal modo la cuerda y romper la relación, pues nada se ha dicho de las exigencias también nuevas y repentinas relativas a los cuadrantes del cuarto de basuras, o las supuestas quejas de los vecinos por el servicio, todo ello, como no, sin prueba alguna, simplemente, una vez más, acusaciones infundadas y acompañadas de nuevas imposiciones.

Si analizamos el contenido del burofax, la parte demandada manifiesta textualmente que "La causa de la rescisión, como conocen por el contenido de los correos remitidos el día 30 de marzo de 2020..., obedece al incremento unilateral e injustificado del importe de los servicios prestados, habiendo sido dicha circunstancia recientemente advertida", se está refiriendo como posteriormente concreta a "la subida unilateral, desde el 3º Trimestre de 2017 hasta el 4º Trimestre de 2019", es decir, que resolvieron el contrato no porque se estuviera facturando de más en las mensualidades de las facturas reclamadas, sino que el motivo fue por ese exceso de facturación de años anteriores. El anexo firmado en el tercer trimestre de 2017, precisamente, marcaba que el aumento se empezaba aplicar desde dicha fecha, por lo que esa subida unilateral que afirman se produciría de ser cierto lo que alegan, a partir del 4º trimestre en adelante y dicho incremento no sería aplicable en los terceros trimestres de 2018 y 2019, por tanto, en el supuesto de que se hubiera probado que ese exceso era indebido, mi representada en modo alguno estaba obligada a abonar los 1.332,17 € que exigía la parte contraria y que, al no acceder a su abono, hizo que resolvieran. En este sentido, resulta muy llamativo que ese escenario sería idéntico al que nos encontraríamos en el ejercicio 2020, cuando la parte demandada no abonaría cantidad alguna de las facturas reclamadas por ser estas supuestamente incorrectas, pero lo que en aquel momento se dio no era transgresión y lo de los últimos meses sí, curiosa vara de medir cuanto menos. Y situados en este escenario, lo más sorprendente, una vez más, es que el juzgador se olvide de todas estas cuestiones acreditadas y de especial relevancia, y tache con su fallo que quien actuó de mala fe fue mi representada y no la Mancomunidad, pues si analizamos el conjunto de la prueba, los hechos y el comportamiento y acciones a lo largo de toda la relación contractual, resulta claramente obvio que si alguna de las partes actuó con oscuras intenciones no fue mi representada. Pero, a mayor abundamiento, es que el juzgador en el párrafo tercero del fundamento segundo, manifiesta que "no resulta comprensible para la proveyente entender como afirma la MANCOMUNI-DAD demandada que suscrito el anexo de junio de 2017, con fecha de finalización establecida en el mismo 31/12/2017 y con el importe solo para los meses de verano (lo cual se habría hecho constar en dicho anexo, que sin embargo tiene fecha de validez hasta diciembre), y menos aún que transcurriría la fecha de validez no fueran conscientes que dicho contrato se prorrogaba anualmente, como constaría en el contrato inicialmente firmado en mayo de 2009, cláusula tercera, se les haya estado facturando por los servicios indicados en dicho anexo y no hayan apreciado que los importes mensuales eran iguales, fuera el mes que fuera...", y es que ya no solo es que estuviera pactado expresa-mente, es que, para el supuesto de que no hubiera sido así, el servicio se prestó y fue consentido por la demandada, por lo que su consentimiento tácito elimina cualquier posibilidad de prosperar y darse como procedente el exigir la devolución de dichos importes y ni mucho menos, dar por buena la posibilidad de resolver el contrato basándose por ello en una transgresión de la mala fe contractual, de qué mala fe estamos hablando? de quepor un supuesto e indebido exceso de facturación de 3 meses en una relación de 12 años mi cliente con ello estuviera quebrando el principio de buena fe? Evidentemente, el error interpretativo del juez "ad quo" en modo alguno puede ser válido y, por tanto, la resolución unilateral accionada debe tenerse como indebida y suponer un claro incumplimiento del contrato como se alegó por esta parte tanto en nuestro escrito de demanda como el día del juicio.

Y, como consecuencia de ello, deviene la aplicación de la cláusula penal en los términos pactados en la cláusula sexta del contrato: "el cliente tendrá una penalización del pago del servicio hasta la fecha del vencimiento aun no prestándose el servicio". En este sentido, como ya dijésemos en nuestro escrito de demanda, la existencia de una penalización pactada exime a la parte que la aplica de justificar los daños y perjuicios causados para su cuantificación, que en este caso resulta de la cantidad de 4.190,52 €. A pesar de ello, se acreditó (documento 12 y 15 de la demanda), al margen del coste por baja y la incorporación de una nueva empleada durante ese tiempo, que la empresa de limpieza entrante debía subrogar a la trabajadora del centro inmediatamente después de cesar en el servicio a la empresa que estaba, ello según lo establecido en el Convenio de Limpieza aplicable a Valencia, obligación que no cumplió y provocó una demanda por la trabajadora contra mi representada y contra la nueva empresa de limpieza entrante M Y M SISTEMA SERVICIOS SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA, S.L. Pues bien, "dime de qué presumes y te diré de qué careces", resulta que por la parte demandada el día del juicio se nos presenta como prueba de alta del contrato a la trabaja-dora demandante con la entidad M Y M SYSTEMA, en un claro intento de aparentar la inexistencia de problemas con la trabajadora y de que en modo alguno se había incumplido los plazos marca- dos por el convenio, pero si revisamos el contrato aportado vemos como la fecha de alta data del 23 de marzo de 2021, es decir, casi un año después de que surgiera la obligación de subrogar a la trabajadora, y ellos nos hace llenarnos de la mayor indignación, pues es esta misma parte la que ha presumido de su buen hacer y ha hecho uso de las malas artes para resolver un contrato que a todas luces no podía ser resuelto y menos en base a esas razones expuestas. Lo que sencillamente ha ocurrido es que ante la demanda interpuesta la Mancomunidad y su actual empresa de limpieza tuvieron que admitir/subrogar a la trabajadora y con la creencia de que no se advertiría que la fecha de su contratación era de un año des pues, conseguirían engañar al juzgador, como lamentablemente así ha sido.

Por todo ello, consideramos que la resolución fue de todo modo injustificada, improcedente e inaplicable, por lo que el contrato seguía vigente y desplegaba efectos hasta el 26 de mayo de 2021 y, por ende, procede aplicar la cláusula penal y reclamar el importe de 4.190,52 € en concepto de daños y perjuicios.

QUINTO.- Disconforme con el correlativo CUARTO. A la vista de lo manifestado y acreditado en los párrafos anteriores, corresponde la imposición de las costas de la primera instancia a la parte demandada y bajo en ningún concepto a mi representada, que teniendo en cuenta el allana-miento existente y expreso por la demandada de parte del importe de las facturas reclamadas, estaríamos ante un supuesto de estimación parcial y, por tanto, no podría tener lugar un pronunciamiento donde se condenase a mi representada, como improcedentemente así ha sido.

Terminaba solicitando que, previos los trámites legales, se dicte resolución por la que, con estimación del recurso, y revocación de la Sentencia, procediendo, por tanto, a la estimación íntegra, condenado al pago al demandado de MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS, CON SESENTA CÉNTIMOS DE EURO (1.710,60 €) correspondientes a las facturas impagadas de las mensualidades entre febrero de 2.020, hasta mayo de 2.020, ambos inclusive, y los gastos de devolución bancarios generados, y, para el caso de no estimarse su totalidad, se proceda a estimar la devolución correspondiente al importe resultante de aplicar la parte proporcional en función al servicio prestado con la reducción, es decir, MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS, CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (1.135,52 €), más CUATRO MIL CIENTO NOVENTA EUROS, CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EUERO (4.190,52 €) correspondientes a la aplicación de la cláusula penal., más intereses y con expresa condena en costas a la parte demandada.

TERCERO. - Se dio traslado a la parte contraria que presentó escrito de oposición al recurso en los siguientes términos:

PRIMERA.- Dejando a un lado las vicisitudes de las relaciones comerciales de las partes, que en este punto son totalmente irrelevantes, dicho esto en sentido estricto de defensa, lo cierto es que, como quedó acreditado en juicio y recoge la Sentencia hoy recurrida, en su Fundamento de Derecho SEGUNDO: "(...) no siendo hasta enero de 2020 cuando consta enviado correo electrónico (documento nº 4 de la contestación) en el que únicamente se hace constar que "siguiendo las instrucciones del presidente del complejo a partir del mes de junio deben de ir a limpiar las zonas comunes 5 días a la semana y el resto del año 3 días a la semana" sin aclarar cuantas horas al día están contratadas, como sí consta en el anexo suscrito"

Por lo tanto, se solicitó por parte de la demandada una reducción de la prestación del servicio que fue aceptado por la demandante y así como consta en el hecho quinto de la demanda: "(...) por lo que desde dicha fecha (24/02/2020 se van prestando los servicios con la modificación solicitada de 3 días a la semana hasta junio, a razón de 1.30 horas diarias, es decir 4.30 horas a la semana"

Consta además como DOCUMENTO Nº 6 de la contestación a demanda correo remitido por GEISER el 20 de Febrero de 2020 en el que aceptan la modificación y manifiestan que venía aplicándose desde el día 12 de Febrero de 2020

DOCUMENTO Nº 6

Estando así las cosas, consta en autos el presupuesto remitido por GEISER (DOCUMENTO 9 de la contestación ) en el que constan las nuevas condiciones económicas aplicables tras la modificación del servicio, a pesar de ello, y como consta probado en la sentencia recurrida, siguieron emitiendo las facturas por un importe un 25% superior a lo que ellos mismos nos habían comunicado, lo que provocó, lógicamente que, por parte de la Comunidad, tras las debidas reclamaciones a GEISER, anulara la domiciliación bancaria, y se negara a transferir el importe de ninguna factura, mientras que no se emitieran por el importe correcto, ya que no la considerábamos una cantidad liquida, vencida y exigible.

Siendo así la propia sentencia dispone: "no procede estimar la reclamación efectuada por GEINSER GESTIÓN S.L , no habiéndose acreditado que el importe facturado lo sea por los servicios prestados, debiendo en su caso presentar al cobro a la demandada factura acorde a los servicios prestados que se entienden acreditados según la prueba practicada y que serían de 4.30 horas semanales"

Cabe añadir que, a día de la formulación de la presente oposición no se ha recibido por parte de la mercantil actora ninguna factura debidamente emitida, para proceder a abonarla inmediatamente

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, por parte de la Comunidad se procedió a comunicarles la resolución del contrato, no por el cumplimiento del plazo, como se alega de contrario, sino por la pérdida de confianza, el abuso de poder y la transgresión de la buena fe contractual que preside el comportamiento de la mercantil GEINSER GESTIÓN S.L .

Esta a su vez solicita la indemnización de los pretendidos daños y prejuicios que dicha resolución le ha ocasionado, sin que haya conseguido ni enumerar ni, mucho menos acreditar la realizada de dichos daños y perjuicios, condición sine qua non al objeto de que se estime su reparación

Pero además es sabido que nuestro ordenamiento jurídico exige que, para ejercitar la facultad resolutoria, el reclamante tiene que aparecer como fiel cumplidor, independientemente de la conducta atribuible a la parte contrario, cuando en el presente caso ha quedado patente el incumplimiento de la parte demandante, la cual siguió facturando en exceso mensualidad tras mensualidad, a pesar de haberse reducido el servicio prestado, a pesar de su reconocimiento de dicha reducción a partir de, al mensos, el 12 de Febrero de 2020, y a pesar de los múltiples requerimientos remitidos por esta parte.

Con lo cual no ampara a la parte demandante la facultad de que le sea reconocida una indemnización por la resolución contractual, por cuanto ella es la primera incumplidora, y además porque en ningún caso se acreditó la realidad y cuantificación de los daños y perjuicios que, presuntamente se le irrogaron

Solicitando la confirmación de la sentencia con imposición de costas procesales a la parte apelante.

CUARTO. - Las pruebas que se han practicado en primera instancia y que son objeto de nueva valoración por el Tribunal han sido:

1.-Documental 2.-Interrogatorio 3.-Testifical

QUINTO.- Recibidos los autos por este Tribunal, se señaló para estudio el día 7 de septiembre de 2022.

SEXTO. - Se han observado las prescripciones legales.