Sentencia Civil 364/2023 Audiencia Provincial Civil de Valencia/València nº 6, Rec. 886/2022 de 05 de septiembre del 2023

Se aceptan los fundamentos de derecho de la resolución apelada en lo que no se oponga a los contenidos en esta.

PRIMERO.- La cuestión planteada por la parte apelante, ENTIDAD MERCANTIL CAIXABANK SA es si procede revocar la sentencia de instancia y en su lugar dicte una

nueva por la que desestime íntegramente la demanda interpuesta por Ángel Daniel, contra CAIXABANK, con imposición de costas a la parte actora, o subsidiariamente declarar la validez parcial del contrato en los términos que sustenta en su recurso.

SEGUNDO.- El juzgador de instancia fijó la controversia entre las partes en los siguientes términos: "PRIMERO.- En el presente procedimiento por la representación procesal de la parte actora, con motivo de la contratación con la entidad demandada en el mes enero del año 2019 de un contrato de tarjeta de crédito se ejercita por aplicación de la Ley de la Usura de 23 de julio de 1908 y de la normativa recogida sobre la cuestión litigiosa en el texto TRLGDCU frente a la entidad CAIXABANK, con carácter principal, acción de nulidad del precitado contrato por usura y de forma subsidiaria, acción de nulidad de las condiciones generales de la contratación relativas al interés remuneratorio por fijado en un TAE de un 20Ž 68% aún aplicado en un porcentaje de un 24Ž31% y a las comisiones por reclamación de posiciones deudoras. Y, como petición accesoria de dichas pretensiones se interesa la condena de la demandada a abonar al demandante las cantidades abonadas, en cualquier concepto, en lo que excedan del capital prestado a determinar en fase de ejecución de sentencia, más intereses de pertinente aplicación. En último término, se interesa la condena de la entidad demandada al pago de las costas procesales causadas.

Frente a tales pretensiones la parte demandada se opuso en los términos que constan en las actuaciones, en esencia, y, en necesaria síntesis, se defiende válido y eficaz el contrato litigioso, el tipo de interés pactado de un TAE 20Ž 69% no es usurario al estar dentro de la media ponderada de los tipos vigentes en la fecha de la contratación, el contrato regula distintos tipos de interés según la modalidad de pago elegida, de los efectos de la nulidad, falta de acreditación del pago de los intereses que se redaman, validez parcial del contrato, en todo caso la parte actora debe de restituir el capital prestado, las acciones de nulidad por abusividad y por usura resultan incompatibles y se concluye interesando la desestimación de la demanda, ello, con expresa condena en costas a la adversa".

Y tras citar la jurisprudencia que entendió de aplicación al caso resolvió que:

" TERCERO.- Ya centrados los términos del conflicto, sobre el fondo del litigio, resulta probada, por no controvertida. la condición de consumidor de la parte demandante en la contratación litigiosa, a la vista de la acción principal planteada en la demanda, son elementos determinantes: .- Fecha de contrato, tarjeta revolving, 28 de enero de 2019.

.- TAE aplicado en la operación. 24Ž31%, pactado en un 20Ž69%.

Desde cuanto antecede, en solución estimatoria del conflicto, se concluye la nulidad del contrato de tarjeta de crédito interesada en la demanda dado que se cumplen los requisitos objetivos previstos en el artículo 1 de la Ley de Represión de la Usura , en tanto consta pactado en dicha contratación, "un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino" , entendiendo que el interés aplicable para efectuar la precitada comparativa es, por un lado, la tasa anual equivalente, y por otro, el interés habitual o normal del dinero en el momento de la suscripción del contrato. Así quedo determinado tras la Sentencia del TS de 15 de noviembre de 2.015 , en la que sobre la materia se dijo:

"Dado que conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio , "se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor", el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados. Este extremo es imprescindible (aunque no suficiente por sí solo) para que la cláusula que establece el interés remuneratorio pueda ser considerada transparente, pues no solo permite conocer de un modo más claro la carga onerosa que para el prestatario o acreditado supone realmente la operación, sino que además permite una comparación fiable con los préstamos ofertados por la competencia.

El interés con el que ha de realizarse la comparación es el "normal del dinero". No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés "normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia" (sentencia núm. 869/2001, de 2 de octubre )" .

Siguiendo la línea expositiva elegida para solución del proceso, la siguiente cuestión a dilucidar, y sobre la que realmente existe la discrepancia entre las partes, es la referente a cómo debe calcularse o qué debe entenderse por el interés normal del dinero. Y en este punto vuelve a dar la solución de una manera clara la citada STS de 15 de noviembre de 2.015 :

"Para establecer lo que se considera "interés normal" puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes,

cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.).

Esa obligación informativa de las entidades tiene su origen en el artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE), que recoge la obligación de este último, asistido por los bancos centrales nacionales, de recopilar la información estadística necesaria través de los agentes económicos. Para ello, el BCE adoptó el Reglamento (CE) nº 63/2002 , de 20 de diciembre de 2001, sobre estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y a las sociedades no financieras; y a partir de ahí, el Banco de España, a través de su Circular 4/2002, de 25 de junio, dio el obligado cumplimiento al contenido del Reglamento, con objeto de poder obtener de las entidades de crédito la información solicitada" .

Y, para decidir sobre la discrepancia entre las partes litigantes sobre la referencia a tomar en cuenta, se convoca a la presente por su esencial identidad lo decidido en Sentencia nº 137/2020, del 29 de abril, dictada por la Sección Sexta AP Valencia, Rollo de Apelación 676/2019 , en la que, siguiendo la STS a la que se ha hecho referencia, fue resuelto; " El problema radicaba en que el actor tomó como referencia - de los datos aportados por las tablas estadísticas publicadas por el Banco de España, - la TAE media de los créditos al consumo, que en la fecha del contrato estaba situada en el 9,59%, mientras que la demandada consideraba que la que debía tenerse en cuenta era la fijada para operaciones realizadas por medio de tarjetas de crédito.

Adujo al respecto la demandada que debía acudirse "a las estadísticas públicas que comparan los tipos de interés usualmente pactados en el mercado de referencia, esto es, en el sector de las tarjetas de crédito con pago aplazado " revolving", sin garantías y sin cuenta abierta en la misma entidad de crédito" , concretamente a las "estadísticas del Banco de España relativas a la subcategoría de tarjetas con pago aplazado o revolving dentro del crédito al consumo" .

Manifestaba que, aunque los contratos de tarjeta de crédito eran una modalidad de préstamos al consumo, comparar sus TAE con las medias de éstos era un error de concepto, ya que existía una serie de particularidades relevantes que incidían directamente en la fijación del tipo de interés, como eran una financiación a un periodo muy largo e indeterminado, la ausencia de controles previos para concederla, o de garantías y de privilegios procesales para reclamar la deuda, que hacían que se elevara el riesgo de la operación, y lo que justificaba que fueren más altos. Dicha tesis fue en definitiva acogida por el Juzgador de instancia, y en base a ello desestimó la pretensión de nulidad, al concluir que como la TAE de las operaciones de crédito al consumo correspondientes a tarjetas de crédito que hubiesen solicitado el pago aplazado y tarjetas revolving era del 20,68% en el momento de celebrase el contrato, y la pactada fue de 27,10%, una diferencia de poco menos de 7 puntos era irrelevante o no implicaba que superara la media de una manera desproporcionada. Venía a exigir, para que el contrato fuera usurario, que se hubiere establecido un tipo de interés que fuere el doble del normal del mercado para este tipo de productos, que como consideró que era del 20,68%, para que fuera usurario tendría que haber como mínimo del 41,36%, y a lo que a todas luces viene a ser excesivo.

La citada sentencia concluye: Esta Sala no puede compartir tales argumentaciones. Es evidente que no hay que llegar a tales inusitadas cifras para considerar a un préstamo o crédito como usurario. Y es que para realizar esa labor comparativa debe tomarse como referencia el interés medio ordinario establecido para las operaciones de crédito al consumo, puesto que en definitiva se trataba de una operación de dicho tipo, independientemente de que se articulara o se materializara mediante una tarjeta de crédito tipo revolving.

Era evidente que la TAE pactada del 27,10% resultaba notablemente superior a la media fijada para las operaciones de crédito al consumo en el momento de suscribirse el contrato, que era sólo del 9,59%, siendo absolutamente desproporcionada a las circunstancias del caso, o al menos no se ha acreditado que no lo fuera, siendo de la demandada la carga de tal extremo.

En ese sentido se pronunció la tantas veces citada STS de 15 de noviembre de 2.015 , haciendo suya esta Sala todas sus argumentaciones y conclusiones al respecto, y más en concreto, y por lo que se refiere a este punto, las contenidas en el apartado 5 a continuación transcrito:... Para que el préstamo pueda ser considerado usurario es necesario que, además de ser notablemente superior al normal del dinero, el interés estipulado sea "manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso".

La entidad financiera que concedió el crédito " revolving" a....no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.

Ello nos lleva igualmente a destacar que aunque las circunstancias concretas de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita

el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico " .

También, en la materia y en sustento de la estimación de la demanda, la A.P. Valencia, Sección 8ª, Sentencia de 23 de diciembre de 2019 ; "...En primer término cabe aclarar que según ha reiterado el Tribunal Supremo, los intereses remuneratorios, al constituir el precio del préstamo -su retribución- constituyen un elemento esencial del contrato que queda fuera del ámbito del control de abusividad conforme al art. 4 de la Directiva 93/13 , lo que no significa que queden fuera de toda posible revisión o control pues en estos casos cabe aplicar la Ley de 23 de julio de 1908 de Represión de la Usura; y en sentido contrario, los intereses de demora quedan sujetos al control de abusividad al tratarse de una cláusula accesoria de carácter sancionador. A tal efecto señala la STS (Pleno) nº 628/2015 de 25 de noviembre : "Mientras que el interés de demora fijado en una cláusula no negociada en un contrato concertado con un consumidor puede ser objeto de control de contenido y ser declarado abusivo si supone una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor que no cumpla con sus obligaciones, como declaramos en las sentencias núm. 265/2015, de 22 de abril , y 469/2015, de 8 de septiembre , la normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter "abusivo" del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia, que es fundamental para asegurar, en primer lugar, que la prestación del consentimiento se ha realizado por el consumidor con pleno conocimiento de la carga onerosa que la concertación de la operación de crédito le supone y, en segundo lugar, que ha podido comparar las distintas ofertas de las entidades de crédito para elegir, entre ellas, la que le resulta más favorable pueda proceder a su control".

La citada sentencia del TS declaró el carácter usurario de interés remuneratorio del 24,6% en un contrato de crédito al consumo ("crédito revolving"), señalando que "la flexibilidad de la regulación contenida en la Ley de Represión de la Usura ha permitido que la jurisprudencia haya ido adaptando su aplicación a las diversas circunstancias sociales y económicas. En el caso objeto del recurso, la citada normativa ha de ser aplicada a una operación crediticia que, por sus características, puede ser encuadrada en el ámbito del crédito al consumo. Y añade "el art. 315 del Código de Comercio establece el principio de libertad de la tasa de interés, que en el ámbito reglamentario desarrollaron la Orden Ministerial de 17 de enero de 1981, vigente cuando se concertó el contrato entre las partes, y actualmente el art. 4.1 Orden EHA/2899/2011 , de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios. Mientras que el interés de demora fijado en una cláusula no negociada en un contrato concertado con un consumidor puede ser objeto de control de contenido y ser declarado abusivo si supone una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor que no cumpla con sus obligaciones, como declaramos en las sentencias núm. 265/2015, de 22 de abril , y 469/2015, de 8 de septiembre , la normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter "abusivo" del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia, que es fundamental para asegurar, en primer lugar, que la prestación del consentimiento se ha realizado por el consumidor con pleno conocimiento de la carga onerosa que la concertación de la operación de crédito le supone y, en segundo lugar, que ha podido comparar las distintas ofertas de las entidades de crédito para elegir, entre ellas, la que le resulta más favorable en este marco, la Ley de Represión de la Usura se configura como un límite a la autonomía negocial del art. 1255 del Código Civil aplicable a los préstamos, y, en general, a cualesquiera operación de crédito "sustancialmente equivalente" al préstamo. Así lo ha declarado esta Sala en anteriores sentencias, como las núm. 406/2012, de 18 de junio , 113/2013, de 22 de febrero , y 677/2014, de 2 de diciembre " .

Así mismo la citada sentencia analiza los requisitos para valorar y declarar en su caso el carácter usurario del préstamo y señala: "Cuando en las sentencias núm. 406/2012, de 18 de junio , y 677/2014 de 2 de diciembre , exponíamos los criterios de "unidad" y "sistematización" que debían informar la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, nos referíamos a que la ineficacia a quedaba lugar el carácter usurario del préstamo tenía el mismo alcance y naturaleza en cualquiera delos supuestos en que el préstamo puede ser calificado de usurario, que se proyecta unitariamente sobre la validez misma del contrato celebrado. Pero no se retornaba a una jurisprudencia dejada atrás hace más de setenta años, que exigía, para que el préstamo pudiera ser considerado usurario, la concurrencia de todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el párrafo primero del art.1 de la Ley".

Finalmente el TS establece el criterio para determinar qué debe entenderse por interés "notablemente superior al normal del dinero" al aclarar que "no se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés "normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia" (sentencia núm. 869/2001, de 2 de octubre ). Para establecer lo que se considera "interés normal" puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año

y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.).

Esa obligación informativa de las entidades tiene su origen en el artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE), que recoge la obligación de este último, asistido por los bancos centrales nacionales, de recopilar la información estadística necesaria través de los agentes económicos. Para ello, el BCE adoptó el Reglamento (CE) nº 63/2002 , de 20 de diciembre de 2001, sobre estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y a las sociedades no financieras; y a partir de ahí, el Banco de España, a través de su Circular 4/2002, de25 de junio, dio el obligado cumplimiento al contenido del Reglamento, con objeto de poder obtener de las entidades de crédito la información solicitada".

Son de plena aplicación al supuesto analizado de las premisas y criterios expuestos, en lo esencial reproducidas en STS Nº 149/2020, de 4 de marzo , y procede la estimación de la demanda anunciada pues, un interés remuneratorio como el aplicado debe de ser considerado nulo por usuario, y como desproporcionado, excesivo y anormalmente alto, por ende, nula la contratación analizada, ello, con ausencia de cualquier prueba sobre circunstancias excepcionales que pudieran concurrir Enel caso concreto a fin de justificar tales intereses.

Cuanto antecede se estima compatible con las aclaraciones dadas por el TS en Sentencia nº 367/2202, de 4 de mayo , sobre los criterios aplicables para enjuiciar la usura en contrataciones como la litigiosa.

En lo que resta objeto del litigio, se convoca a presente lo decidido en SAP, Civil sección8 del 11 de noviembre de 2020 ( ROJ: SAP V 4008/2020 - ECLI:ES:APV:2020:4008 ) Sentencia:561/2020 Recurso: 381/2020 Ponente: Dª MARIA FE ORTEGA MIFSUD ; "Las consecuencias de dicha nulidad son las previstas en el artículo 3 de la Ley de Represión de la Usura , esto es, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida.

Hay que tener presente que en el caso de nulidad por usura estamos ante un vicio estructural causante de nulidad radical y absoluta ( art.1310 CC ), que no es susceptible de sanación, debiéndose poner en relación el artículo 3 de la Ley de Represión de la Usura con elart . 6.3 del Código Civil en cuanto establece que los actos contrarios a las normas imperativas y alas prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ella se establezca un efecto distinto para el caso de contravención, como es en este caso la fijación legal de la obligación del prestatario de devolver la suma realmente recibida.

La nulidad del contrato por usura debe conllevar que el prestatario sólo obligado a devolver el capital percibido. En parecidos términos SAP Madrid 3 mayo 2017 , que dispone que apreciado el carácter usurario del interés remuneratorio establecido en el contrato en el sustenta su reclamación la entidad demandante ello conlleva su nulidad radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva, por lo que las consecuencia de todo ello han de ser las previstas en el artículo 3 de la Ley de Represión de la Usura , es decir, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida; y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado. Por lo que es procedente con arreglo al artículo 3 de la Ley de Represión de la Usura la estimación de la pretensión de la actora y la condena a la demandada a reintegrar los intereses usurarios indebidamente percibidos por la misma durante el tiempo que hizo uso de la tarjeta, ...".

Y, en idéntico sentido, SAP, Civil sección 7 del 02 de junio de 2021 ( ROJ: SAP V2269/2021 - ECLI:ES:APV:2021:2269 ) Sentencia: 219/2021, Recurso: 760/2020 , Ponente: Dª MARIA PILAR EUGENIA

CERDAN VILLALBA; "Apreciado el carácter usurario del interés remuneratorio establecido en el contrato objeto de este procedimiento, la declaración de nulidad que hace la sentencia de primera instancia debe mantenerse, en cuanto la misma, no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva ( STS 25 de noviembre de 2.015 ). En cuanto a las consecuencias que deben extraerse de la nulidad de la cláusula que establece los intereses remuneratorios, las mismas han de ser las que se derivan del artículo 3 de la Ley de Represión de la Usura ; de manera que el prestatario deberá devolver tan solo la suma efectivamente dispuesta, sin que pueda verse la misma incrementada con los intereses remuneratorios de la misma...".

Por todo, no prescritos los efectos resarcitorios de la acción objeto de la demanda invocada por la entidad demandada, como efectos de la nulidad del contrato litigioso deberá la precitada entidad restituir a la parte demandante las cantidades por la misma abonadas en exceso, sobre el capital que fue prestado y/o dispuesto, para abono de los intereses remuneratorios pactados declarados nulos, con más los intereses de dichas cantidades desde las fechas de sus cargos y los legales posteriores según se establece en el artículo 1.101 del Código Civil , a cuyo tenor quedan sujetos a la indemnización por daños y perjuicios causados los que en el incumplimiento de sus obligaciones incurrieren en morosidad, y dicha indemnización, al tratarse del pago de una cantidad de dinero, se traduce, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.108 del citado Código , en el pago del interés pactado y a falta de este en el legal, que según el artículo 1.109 se devengaran desde que son reclamados judicialmente. Igualmente, la parte demandada está obligada al pago del interés legal del dinero incrementado en dos puntos de la cantidad reclamada, desde la fecha de la presente resolución hasta su completa ejecución,

según preceptúa el artículo 576 de la L.E.C .

Y, en lo decidido, no cabe, como defiende la entidad demandada, convocar como criterio de valoración de la prueba la doctrina de los actos propios, que son definidos ya en Sus de 15-2-88,9-10-81, 25-1- 83 y 16-6-84 como expresión inequívoca del consentimiento que, actuando sobre un derecho o simplemente sobre un acto jurídico, concretan efectivamente lo que ha querido su autor y que además causan estado frente a terceros ( sentencia del Tribunal Supremo de 22 de enero de 1997 ),siendo reiterada la jurisprudencia que, sobre esta materia, afirma, como principio general del derecho, la inadmisibilidad de venir contra los actos propios, como límite de ejercicio de un derecho subjetivo o de una facultad consecuencia del principio de buena fe y, particularmente, de la exigencia de observar, dentro del tráfico jurídico, un comportamiento coherente, siempre que concurran los requisitos o presupuestos que tal doctrina exige para su aplicación, cuales son que los actos propios sean inequívocos, en el sentido de crear, fijar, modificar, extinguir o esclarecer sin ninguna duda una determinada situación jurídica afectante a su autor, y que éntrela conducta anterior y la pretensión actual exista una incompatibilidad o una contradicción según el sentido que de buena fe hubiera de atribuirse a la conducta anterior. Tales premisas no son operativas en el presente supuesto por el mero hecho de que la permanencia del demandante en el contrato durante una serie de años no enjuaga invalida la nulidad de dicha contratación.)"

TERCERO .- El contrato suscrito entre la demandada y la demandante guardaba relación con Mediamarkt, CaixaBank y Don Ángel Daniel, y se refería a una SOLICITUD-CONTRATO DE CRÉDITO para obtener la financiación elegida, conforme las Condiciones Particulares, rigiéndose el contrato por éstas y por las Generales expresadas en el propio contrato y con la emisión de una cuenta de crédito (en adelante, denominada "Cuenta de Crédito" o "Crédito") y, en su caso, de una o varias tarjetas asociadas a la misma (Cuenta de Crédito) (en adelante denominadas "Tarjeta" o "Tarjetas"), permitiendo, una y otra/s, si es emite/n y activa/n, atender los pagos que efectúe dicho Titular y los Beneficiarios con cargo al límite disponible acordado (en adelante, también denominado "Límite Concedido"), así como disponer de efectivo en metálico y también mediante anticipos en cuenta bancaria a nombre del solicitante,

Y para analizar la pretensión revocatoria de la apelante es preciso atender entre otros a las siguientes cláusulas del contrato:

5. Intereses ordinarios

El saldo deudor del Crédito devengará intereses a favor de CaixaBank Consumer Finance, al tipo de interés nominal anual que se indica en las Condiciones Particulares, a excepción de los importes correspondientes a disposiciones que obedezcan a una operación con modalidad de pago Fraccionado o Especial, en cuyo caso el tipo de interés nominal anual aplicable será aquel acordado para la Disposición Fraccionada o Especial de que se trate.

Estos intereses se calcularán día a día sobre el saldo deudor actualizado, liquidándose mensualmente por el importe total obtenido a partir de la siguiente fórmula:

Donde: I=Intereses del mes del período; CPn=Capital pendiente del día n;

TIN = Tipo de interés anual, en base 360 días, expresado en tanto por cien; y días= Días de los meses del período.

La Tasa Anual Equivalente (T.A.E.) indicada en las Condiciones Particulares está calculada de acuerdo con la fórmula incluida en la Circular 5/2012, de 27 de junio, del Banco de España,

publicada en el B.O.E. 161, de 6 de julio de 2012.

6. Contrato con intereses bonificados

El contrato de financiación suscrito por el Titular en el que sus Condiciones Particulares figure un interés ordinario del "0%" es un contrato con intereses bonificados, siéndole de aplicación tal bonificación mientras aquél (Titular) cumpla, a su debido vencimiento, todas las obligaciones de pago asumidas en el mismo.

Incumplida cualquiera de esas obligaciones de pago, el contrato de financiación afectado por tal circunstancia perderá la condición de bonificado, siéndole de aplicación un tipo de interés ordinario del diez por ciento (10%).

17. Pena Convencional

Las partes expresamente pactan que al impago por parte del Titular de cualquiera de las obligaciones dinerarias del contrato de financiación referido en este documento se le aplicará una pena convencional consistente en el pago de treinta (30) euros.

Esta pena convencional será facturada al Titular una sola vez, respecto de cada impago, con independencia del número de veces que su importe se presentare al cobro.

Asimismo, expresamente convienen las partes en que la satisfacción de esta pena será compatible con el abono de los intereses de demora acordados, lo que se pacta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.152 del Código Civil, y podrá exigirse conjuntamente con el pago del principal adeudado y de sus intereses ordinarios y de demora; facultad que se concede al amparo de lo establecido en el artículo 1.153 del Código Civil.

18. Intereses de demora y/o de excedido

El incumplimiento de las obligaciones dinerarias a cargo del Titular derivadas del contrato de financiación referido en este documento vencidas y no satisfechas devengará a favor de CaixaBank Consumer Finance intereses de demora al tipo que resulte de sumar dos (2) puntos porcentuales al del interés ordinario o remuneratorio (TIN) fijado contractualmente, desde la fecha del impago y hasta su efectivo cumplimiento, con carácter independiente al cobro de la pena convencional indicada anteriormente, también en los contratos con intereses bonificados que hayan perdido tal condición por esa circunstancia, si bien en este caso el interés de demora a aplicar no podrá superar el que resulte de multiplicar por tres (3) el interés legal del dinero. Asimismo, al saldo deudor que exceda del Límite Concedido también le será de aplicación un interés al mismo tipo que el indicado para el interés de demora.

Estos intereses se calcularán también de acuerdo con las fórmulas que figuran en la precedente Condición General denominada "Intereses ordinarios", sustituyendo en este caso la tasa de interés ordinario anual ("TIN") por el indicado interés de demora.

En caso de mora del Titular, todos los pagos recibidos serán aplicados con la siguiente prelación:

(i) costas y gastos suplidos por CaixaBank Consumer Finance;

(ii) comisiones devengadas;

(iii) pena convencional;

(iv) intereses moratorios y/o de excedido;

(v) intereses ordinarios;

(vi) capital dispuesto del Crédito pendiente de amortización o, en su caso, de reembolso.

19. Causas de resolución

Sin perjuicio de lo estipulado en las restantes condiciones del Contrato de Cuenta de Crédito y en la Ley, CaixaBank Consumer Finance podrá darlo por resuelto si el Titular hubiere dejado incumplida, a su debido vencimiento, cualquier obligación esencial a su cargo convenida en el mismo, especialmente las dinerarias o de pago. Esta misma facultad le corresponderá a CaixaBank Consumer Finance en el supuesto de que los datos personales y/o económicos facilitados por el Titular, que constituyen presupuesto de la concesión del Crédito, no fueran veraces. En ambos supuestos, el Titular quedará obligado a la reintegración de la totalidad de las cantidades adeudadas, con carácter inmediato a la comunicación de la resolución del citado contrato de financiación suscrito.

Siguiendo la doctrina que fijamos, entre otras en la sentencia de SAP, Civil sección 6 del 01 de julio de 2019 ( ROJ: SAP V 3210/2019 - ECLI:ES:APV:2019:3210 )

hemos de indicar que:

(vii) El interés remuneratorio estipulado fue del 24,6% TAE. Dado que conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio , " se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor ", el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados. Este extremo es imprescindible (aunque no suficiente por sí solo) para que la cláusula que establece el interés remuneratorio pueda ser considerada transparente, pues no solo permite conocer de un modo más claro la carga onerosa que para el prestatario o acreditado supone realmente la operación, sino que además permite una comparación fiable con los préstamos ofertados por la competencia.

(viii) El interés con el que ha de realizarse la comparación es el "normal del dinero". No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés " normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia " ( sentencia núm. 869/2001, de 2 de octubre ). Para establecer lo que se considera "interés normal" puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.). Esa obligación informativa de las entidades tiene su origen en el artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE), que recoge la obligación de este último, asistido por los bancos centrales nacionales, de recopilar la información estadística necesaria través de los agentes económicos. Para ello, el BCE adoptó el Reglamento (CE) nº 63/2002 , de 20 de diciembre de 2001, sobre estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras

(i)

monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y a las sociedades no financieras; y a partir de ahí, el Banco de España, a través de su Circular 4/2002, de 25 de junio, dio el obligado cumplimiento al contenido del Reglamento, con objeto de poder obtener de las entidades de crédito la información solicitada.

En el supuesto objeto del recurso, la sentencia recurrida fijó como hecho acreditado que el interés del 24,6% TAE apenas superaba el doble del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo de la época en que se concertó el contrato, lo que, considera, no puede tacharse de excesivo. La cuestión no es tanto si es o no excesivo, como si es " notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso ", y esta Sala considera que una diferencia de esa envergadura entre el TAE fijado en la operación y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado permite considerar el interés estipulado como " notablemente superior al normal del dinero"

.

5.- Para que el préstamo pueda ser considerado usurario es necesario que, además de ser notablemente superior al normal del dinero, el interés estipulado sea " manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso" .

En principio, dado que la normalidad no precisa de especial prueba mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, en el supuesto enjuiciado no concurren otras circunstancias que las relativas al carácter de crédito al consumo de la operación cuestionada. La entidad financiera que concedió el crédito "revolving" no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.

Generalmente, las circunstancias excepcionales que pueden justificar un tipo de interés anormalmente alto están relacionadas con el riesgo de la operación. Cuando el prestatario va a utilizar el dinero obtenido en el préstamo en una operación especialmente lucrativa pero de alto riesgo, está justificado que quien le financia, al igual que participa del riesgo, participe también de los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés notablemente superior al normal.

Aunque las circunstancias concretas de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

Más recientemente el Tribunal Supremo ha razonado que: "Ha dicho la más reciente Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2023 ( ROJ: STS 442/2023 ):

"1. Lo que se plantea ahora tiene que ver precisamente con la determinación de cuál era el interés normal del dinero referido a estos contratos de tarjeta de crédito revolving en el año 2004, en que se concertó el contrato y no existían estadísticas del Banco de España, porque fue a partir de junio de 2010 que se desglosó en la estadística la información referida al crédito revolving.

A la vista de la jurisprudencia mencionada está claro que el juicio sobre el carácter usurario del interés remuneratorio convenido en este contrato de tarjeta de crédito en la modalidad revolving del año 2004 ha de hacerse tomando, en primer lugar, como interés convenido de referencia la TAE, que en este caso no hay duda

de que era del 23,9%. Además, la comparación debe hacerse respecto del interés medio aplicable a la categoría a la que corresponda la operación cuestionada, en este caso el tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito revolving.

2. En relación con la determinación de este parámetro de comparación, para los contratos posteriores a que el boletín estadístico del Banco de España desglosara un apartado especial a este tipo de créditos, en junio de 2010, la jurisprudencia acude a la información suministrada en esta estadística para conocer cuál era ese interés medio en aquel momento en que se concertó el contrato litigioso.

Al respecto, habría que hacer otra advertencia, seguida de una matización: el índice analizado por el Banco de España en esos boletines estadísticos no es la TAE, sino el TEDR (tipo efectivo de definición restringida), que equivale a la TAE sin comisiones; de manera que si a ese TEDR se le añadieran las comisiones, el tipo sería ligeramente superior, y la diferencia con la TAE también ligeramente menor, con el consiguiente efecto respecto de la posibilidad de apreciar la usura. De tal forma que, en los contratos posteriores a junio de 2010, se puede seguir acudiendo al boletín estadístico del Banco de España, y al mismo tiempo permitir que el índice publicado se complemente con lo que correspondería a la vista de las comisiones generalmente aplicadas por las entidades financieras. En realidad, en estos últimos años, aunque la TEDR haya sido inferior a la TAE por no contener las comisiones, a los efectos del enjuiciamiento que hay que hacer (si la TAE es notablemente superior al interés [TAE] común en el mercado), ordinariamente no será muy determinante, en atención a que la usura requiere no sólo que el interés pactado sea superior al común del mercado, sino que lo sea "notablemente". El empleo de este adverbio en la comparación minimiza en la mayoría de los casos la relevancia de la diferencia entre la TEDR y la TAE.

3. Respecto de los contratos anteriores a junio de 2010, a falta de un desglose especifico en los boletines estadísticos del Banco España, no cabe acudir, como pretende el recurso, al índice correspondiente a los créditos al consumo, sino que, como declaramos en la sentencia más reciente 643/2022, de 4 de octubre , en que se cuestionaba un interés del 20,9% TAE, en un contrato de 2001, "es más adecuado tomar en consideración otros productos más similares a los créditos revolving".

Con carácter general para el enjuiciamiento de estos casos de tarjetas de crédito contratadas en la primera década de este siglo, ha de acudirse a la información específica más próxima en el tiempo. Esta es la que se ofreció en 2010. Según el boletín estadístico el tipo medio TEDR ese año estaba en el 19,32. Lógicamente, la TAE, al agregar las comisiones, sería ligeramente superior (entre 20 y 30 centésimas, en los niveles de interés que nos movemos). Por lo que podemos partir de forma orientativa del índice de 2010 (19,32), con la corrección oportuna para adecuarlo a la TAE.

4. Una vez determinado el índice de referencia, el tipo de interés (TAE) común para este tipo de contratos de crédito al tiempo de su celebración (2004), hay que valorar el margen admisible por encima del tipo medio de referencia, esto es: en cuántos puntos porcentuales o en qué porcentaje puede superarlo el tipo TAE contractual para que no se /.../ .

Es lógico que, a falta de una previsión legal, se acuda a la jurisprudencia para conocer esos parámetros o criterios de valoración que faciliten la igualdad de trato.

Hasta ahora este Tribunal Supremo no ha fijado un criterio uniforme para cualquier contrato, sino que ha ido precisándolo para cada caso controvertido.

En la sentencia 628/2015, de 25 de noviembre , razonó que la TAE del contrato (24,6%) era superior al doble del tipo medio de referencia. Lo anterior no significa que el umbral de lo usurario estuviera fijado en todo caso en el doble del interés medio de referencia. De hecho en la posterior sentencia 149/2020, de 4 de marzo , la TAE del contrato era 26,82% y el tipo medio de referencia algo superior al 20% anual, y sin llegar ni mucho menos al doble del tipo de referencia, se declaró usurario en atención a la diferencia de puntos porcentuales, más de seis, que se consideró muy relevante. La sentencia, conocedora del precedente, justifica por qué no se podía seguir el mismo criterio del doble del interés normal de mercado:

"El tipo medio del que, en calidad de "interés normal del dinero", se parte para realizar la comparación, algo superior al 20% anual, es ya muy elevado. Cuanto más elevado sea el índice a tomar como referencia en calidad de "interés normal del dinero", menos margen hay para incrementar el precio de la operación de crédito sin incurrir en usura. De no seguirse este criterio, se daría el absurdo de que para que una operación de crédito revolving pudiera ser considerada usuraria, por ser el interés notablemente superior al normal del dinero y desproporcionado con las circunstancias del caso, el interés tendría que acercarse al 50%".

Y, al mismo tiempo, estima muy relevante la diferencia entre el interés convenido y el tipo medio de mercado, superior a 6 puntos:

"(...) una diferencia tan apreciable como la que concurre en este caso entre el índice tomado como referencia en calidad de "interés normal del dinero" y el tipo de interés fijado en el contrato, ha de considerarse como "notablemente superior" a ese tipo utilizado como índice de referencia, a los efectos que aquí son relevantes".

En la medida en que el criterio que vamos a establecer lo es sólo para un tipo de contratos, los de tarjeta de crédito en la modalidad revolving, en los que hasta ahora el interés medio se ha situado por encima del 15%,

por lo argumentado en la citada sentencia 149/2020, de 4 de marzo , consideramos más adecuado seguir el criterio de que la diferencia entre el tipo medio de mercado y el convenido sea superior a 6 puntos porcentuales.

5. De acuerdo con este criterio, si el tipo medio al tiempo de la contratación sería ligeramente inferior al 20%, el interés pactado (23,9% TAE) no supera los 6 puntos, por lo que no se considera notablemente superior al tipo medio. En consecuencia, procede desestimar los motivos del recurso de casación.

Aplicando esta doctrina al caso que nos ocupa, resulta que el interés pactado (TAE 21,99%) en el año 2.016 en que se concertó el contrato y dado que en esa fecha ya se publicaba el boletín estadístico del Banco de España que fija la T E D R para las tarjetas revolving en 20.84% y a la que se le debe sumar el incremento de 20 o 30 centésimas para hallar la TAE tal como señala la STS, Civil sección 1 del 28 de febrero de 2023 ( ROJ: STS 786/2023 ) que ha dicho:

"Lógicamente, la TAE, al agregar las comisiones, sería ligeramente superior, entre 20 y 30 centésimas. Y a falta de un criterio legal sobre el porcentaje a partir del cual el interés es "notablemente superior al normal del dinero", el tribunal acordó fijar un criterio, aplicable solo a este tipo de contratos de tarjeta de crédito en la modalidad revolving, cuyo tipo de interés medio hasta ahora ha sido siempre superior al 15% anual, de que la diferencia entre el tipo medio de mercado considerado como "interés normal del dinero" y el convenido en el contrato cuestionado como usurario superara los 6 puntos porcentuales."

Resulta en el caso que nos ocupa, que el interés pactado no supera tampoco esos 6 puntos porcentuales a los que se refiere el Tribunal Supremo, y la sentencia describió gráficamente los distintos periodos e intereses en los siguientes términos que no se han discutido en cuanto a los datos numéricos que se facilitan. "/.../ los indicios que lleven a esta consideración y en este caso se utiliza como parámetro el de octubre del año 2020, cuando la TAE aplicada en esa fecha (21,99%) supera en tres puntos el promedio de las estadísticas del Banco de España (18,25% de TEDR) pero si se acoge esta misma TAE que se viene aplicando al menos desde 2009, según la documentación aportada por la demandada de "detalle de operaciones a crédito" como documento n.º 11, y se compara con las estadísticas de 2011 en adelante no llega a superar ni siquiera en un punto los TEDR de esas anualidades hasta que en la anualidad 2018 en adelante baja el promedio a un TEDR de entre un 19,98% a un 19,63%; y si se analiza jurisprudencia dictada en relación a este mismo producto se observa cómo se rechaza la condición de usurario de esta tarjeta ofrecida en ese periodo, así SAP Badajoz de 18.03.2022 para la misma anualidad pero en junio de 2002 considera no usuraria la TAE del 20,56%, la misma que se aplica en diciembre de 2002, e igualmente la SAP Madrid de 20.09.21 recoge como las tarjetas revolving en el periodo 2002 a 2009 ofrecían una TAE media del 20,15%, por tanto la ofrecida por Carrefour en diciembre de 2002 no puede considerarse usuraria ".

El contrato fijaba los siguientes términos: Límite de crédito autorizado: 600,00€ TIN mensual: 1,58 TAE: 20,69 %

Por tanto, con arreglo a tales parámetros, y siendo que a fecha del contrato 2019 se fijaba en un 19,67% dentro del apartado créditos al consumo, el tipo de intereses remuneratorios medios, no cabría calificarlo como usurario el interés remuneratorio en el caso que se nos somete, ni siquiera siguiendo el razonamiento del Juzgado, de considerar

.- Fecha de contrato, tarjeta revolving, 28 de enero de 2019.

.- TAE aplicado en la operación. 24Ž31%, pactado en un 20Ž69%."

No superando el 24,31 % tampoco el límite antes referido de seis puntos, sobre el interés habitual en dicha clase de operaciones el recuro de apelación debe ser estimado, al no poder calificarse como usuario el interés convenido, y debe ser revocada la sentencia, con desestimación de la demanda, y consiguiente imposición de las costas generadas en primera instancia a la parte demandante.

SEXTO.- La parte apelada introduce en su oposición a la apelación formulada de contrario una petición relativa a la declaración de validez parcial del contrato y otros pronunciamientos que no pueden ser analizados, toda vez que no ha formulado impugnación alguna a la sentencia, ni siquiera "ad cautelam" en lo que le pudiera resultar perjudicial, limitándose a oponerse al recurso de apelación formulado de contrario e interesando su desestimación, pero sin llegar a formular una impugnación frente a la sentencia, tal y como se

desprende claramente del contenido de su escrito de "oposición al recurso de apelación. Por tanto no puede la Sala entrar a conocer de tales argumentos que se formulan en el recurso.

SÉPTIMO.- En materia de costas procesales, y en virtud del art. 394 en relación con el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dada la estimación del recuro no procede su imposición a ninguna de las costas en relación a las devengadas en esa alzada.

OCTAVO.- La Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ establece que la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios, la revisión y la rescisión de sentencia firme a instancia del rebelde, en los órdenes jurisdiccionales civil, social y contencioso-administrativo, precisaran de la constitución de un depósito.

Si se estimare total o parcialmente, o la revisión o rescisión de la sentencia, en la misma resolución se dispondrá la devolución de la totalidad del depósito.

Cuando el órgano jurisdiccional inadmita el recurso o la demanda, o confirme la resolución recurrida, el recurrente o demandante perderá el depósito, al que se dará el destino previsto en esta disposición.

Vistos los preceptos legales aludidos y demás de general y concordante aplicación al caso de autos, en nombre de S.M. EL Rey y por la autoridad conferida por la Constitución aprobada por el pueblo español.