Sentencia Civil 662/2023 Audiencia Provincial Civil de Valladolid nº 3, Rec. 51/2023 de 09 de junio del 2023

PRIMERO. - La representación procesal de la demandada doña Felicidad recurre en apelación la sentencia de instancia que, estimando sustancialmente la demanda formulada contra esta por don Saturnino, "declara la nulidad de la subasta notarial de las 3.600 acciones del demandante realizada en la ejecución núm. 390/2015 de Juzgado de Primera Instancia nº 12 de este partido, condenando a la demandada al pago de las costas procesales causadas", mostrando su disconformidad con tales pronunciamientos.

Fundamenta su impugnación manifestando básicamente su disconformidad con dos de los argumentos que sirven de base a la sentencia recurrida para motivar el fallo, en concreto la no apreciación de la doctrina de los actos propios y el supuesto defecto de forma en la notificación de la subasta al deudor titular de los bienes embargados.

En relación con la doctrina de los actos propios, cuya aplicación no fue acogida en la sentencia, señala que una vez celebrada la subasta y pagada con su importe la deuda, el demandante no solo retiró de la cantidad sobrante más de 8.000 Euros, que hizo suyos; sino que además consintió que de la misma se abonasen 13.980,86 Euros a un segundo acreedor, lo que considera que constituye implícitamente su conformidad con la subasta, reconociendo y aceptando que esta fue realizada conforme a derecho, por lo que entiende que es de aplicación la doctrina de los actos propios, afirmando que concurren todos los presupuestos que se exigen jurisprudencialmente, por las razones que aduce, añadiendo que serían igualmente de aplicación los arts. 1.309 y 1.313 del Código Civil.

En segundo lugar, sobre el defecto de forma en la notificación al deudor titular de los bienes embargados en el que la sentencia fundamenta básicamente la nulidad de la subasta al considerar la juzgadora de instancia que la "falta de notificación efectiva al demandante era inexcusable y constitutiva de nulidad radical del expediente" y señalar "la obligación expresa del notario encargado de comunicar el inicio del expediente formalmente a los interesados para que comparezcan si les interesa en defensa de sus derechos, que incluye no solo el ser sujetos pasivos de las subasta, sino incluso participar en la valoración de los bienes a subastar, como ya se ha dicho y se desprende del mismo art. 74.3 de la Ley del Notariado", así como que "es conocida la doctrina constitucional reiterada y constante sobre la necesidad de localización y realización de las diligencias y averiguaciones necesarias para evitar la indefensión de los interesados en un procedimiento", alega la recurrente, después de indicar el régimen jurídico aplicable, que, como consta en autos, el Notario actuante comunicó al ejecutado deudor el inicio de la subasta en el domicilio que este había hecho figurar en el escrito de contestación a la demanda del pleito del que trae origen y forma parte de la presente subasta; domicilio que no fue cambiado ni modificado por dicho deudor a lo largo de todo el procedimiento; añadiendo que el domicilio de la CALLE000 núm. NUM000 nunca ha sido domicilio habitual del demandante, sino de una amiga suya en el que, al parecer, pasaba temporadas de forma intermitente; que este tuvo conocimiento de la celebración de la subasta y de la designación del notario actuante via procuradores, al menos desde la comunicación hecha por el juzgado; así como que el Notario publicó con fecha 04/06/20 el anuncio de subasta en el BOE, y que dicho anuncio también fue publicado con fechas 6 y 7 de junio en el periódico El Día de Valladolid, y el 16 del mismo mes en el diario El Norte de Castilla, por lo que debe serle de aplicación lo dispuesto en el art. 645 de la LEC.

Finalmente reitera que sería de aplicación lo dispuesto en los arts. 1.309 del Código Civil, que establece que la acción de nulidad queda extinguida desde el momento en que el contrato ha sido confirmado válidamente, así como el art. 1311 del mismo texto legal, que dispone que la confirmación puede hacerse expresa o tácitamente, así como que se entenderá que hay confirmación tácita cuando, con conocimiento de la causa de nulidad y habiendo esta cesado, el que tuviese derecho a invocarla ejecute un acto que implique necesariamente la voluntad de renunciarlo; y ello por los motivos que expone.

En función de lo expuesto, después de alegar la procedencia de la imposición de costas al actor, interesa en definitiva que se declare: A).- Que la subasta fue realizada con arreglo a derecho, siendo válida y sin que haya motivos ni razones para su anulación; y B).- En todo caso que la misma ha de considerarse convalidada por aplicación de la doctrina de los actos propios y de lo dispuesto en los arts. 1.309 y 1.311 ambos del Código Civil, interesando que se condene al actor, titular de los bienes subastados, a estar y pasar por el resultado de dicha subasta y al pago de las costas del presente procedimiento en ambas instancias.

La parte actora, después de indicar que el uso que haya hecho el Juez de su facultad de libre apreciación en conciencia de las pruebas practicadas en el juicio, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia, únicamente debe ser rectificado cuando sea ficticio o bien cuando mediante un detenido y ponderado examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del juzgador a quo de tal magnitud que haga necesaria una modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada, así como que esta en ninguno de sus pronunciamientos contempla una valoración absurda, ilógica, irracional o desproporcionada, se opone al recurso negando la aplicación de la doctrina de los propios actos, así como que el actor tuviera conocimiento de la subasta, y señalando que el saldo que cobró tras el embargo citado fue transferido al procurador directamente por el juzgado sin mediar petición de este, y por el contrario que en lo que sí intervino fue en presentar todos los escritos y recursos que caben en la Ley Procesal, impugnando el embargo de todas las acciones, por lo que los actos propios conducen precisamente a que no tenía conocimiento alguno de las subastas, mientras que los actos propios de la demandada conducen a que su intención fue siempre la de que el actor no se enterase de la misma, facilitando al notario un domicilio en el que conocía que no residía en aquellos momentos el actor.

Sobre la validez de la notificación, se remite al fundamento cuarto de la sentencia, precisando que no consta notificación alguna del inicio del expediente, tampoco consta que se haya producido notificación edictal, prescindiendo absolutamente de todas las formas establecidas en garantía de la participación y no indefensión del demandante en dicho expediente; y añadiendo que como se recoge en la sentencia, del acta notarial se desprende que el primer intento de notificación, con resultado negativo, lo es el 4 de junio de 2020 y que antes de esa fecha ya se había iniciado el expediente, se había designado al perito y se había obtenido el dictamen de valoración.

Por todo ello interesa, con desestimación del recurso, la confirmación de la sentencia.

SEGUNDO. - Planteado en estos términos el recurso, debemos precisar que a pesar de los múltiples recursos e incidentes que se han producido y se están produciendo en el procedimiento de Ejecución de Título Judicial núm. 390/2015 seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. 12 de Valladolid a instancia de la aquí demandada contra el demandante para el cumplimiento de la sentencia que condenó a este a abonar la cantidad de 50.746 Euros de principal, más otros 15.223 presupuestados para intereses y costas, en el que, entre otros trámites, se han efectuado dos subastas notariales de acciones, en concreto de las 3.600 acciones de Inmobiliaria Pinciana de las que era titular el actor: la primera, que tras diversos recursos, se dio por no celebrada por falta de autorización, y la segunda, a petición de la ejecutante y acordada por el juzgado, instrumentalizada en la escritura de fecha 18 de marzo de 2020, - incidentes y trámites descritos en el Fundamento Primero de la sentencia recurrida, que damos aquí por reproducidos -, el debate se centra básicamente en determinar si concurren los presupuestos de nulidad de esta segunda subasta, objeto de este procedimiento ordinario, que han sido acogidos en la sentencia; es decir, en la valoración de la legalidad de la subasta notarial como acertadamente delimitó la juzgadora de instancia al fijar el objeto del procedimiento, y que delimita igualmente el objeto de este recurso, que es precisamente resolver sobre los motivos de disconformidad con respecto a lo argumentado en la sentencia recurrida a la luz de las consideraciones o valoraciones que la misma contiene, ya que el recurso no puede basarse en la demanda -o en la contestación en su caso-, sino expresa y directamente en la resolución recurrida para que la Sala realice un nuevo examen de la misma.

En este sentido, cuestionada la valoración de la prueba realizada por la juzgadora, debemos tener en cuenta que, como con reiteración ha dicho esta Audiencia, siguiendo el criterio generalizado de la doctrina, la valoración probatoria corresponde de forma primera y primordial al juzgador de instancia, de manera que en esta alzada, a pesar del conocimiento pleno que de la cuestión tiene el Tribunal de apelación, éste debe limitarse a verificar si en la ponderación conjunta del material probatorio el juez de origen se ha comportado de forma ilógica, arbitraria o contraria a las máximas de experiencia o a las reglas de la sana crítica; o, en términos del Tribunal Supremo, cuando se ha producido un error patente, ostensible o notorio (sentencias de 18/12/2001, 08/02/2002); cuando se extraigan conclusiones contrarias a la racionalidad, o que conculquen los más elementales criterios de la lógica ( sentencias de 13/12/2003, 09/06/2004); o cuando se adopten criterios desorbitantes o irracionales ( sentencias de 18/12/2001, 19/06/2002).

TERCERO. - En orden a lo expuesto, para una mejor exposición vamos a examinar por separado los dos motivos en los que la demandada centra su impugnación de los argumentos de la sentencia recurrida y que fundamentan el fallo, comenzando por el invocado y acogido defecto de forma en la notificación al demandante de la subasta notarial, que es el motivo fundamental de la declaración de nulidad de la misma al considerar la juzgadora acreditada la falta de notificación a este del expediente notarial de subasta, lo que impidió al mismo tener una intervención en esta en defensa de sus intereses.

Centrado de esta forma el primer punto del debate, un nuevo examen de las actuaciones y de los elementos de prueba nos lleva a considerar que la juzgadora de instancia no incurre en ninguno de los errores a los que alude la demanda, sino que por el contrario ofrece una adecuada y razonable respuesta en derecho en la determinación de la falta de notificación del expediente de la subasta notarial al no realizarse las diligencias de averiguación necesarias sobre el domicilio efectivo del deudor para evitar la indefensión de este, y con ello la infracción de la normativa aplicable, y en especial del artículo 74 de la Ley notarial que dispone, entre otros extremos, que "el Notario notificará al titular del bien o derecho, salvo que sea el propio solicitante, la iniciación del expediente, así como todo el contenido de su anuncio y el procedimiento seguido para la fijación del tipo de subasta. También le requerirá para que comparezca en el acta, en defensa de sus intereses", así como que "la Diligencia se practicará bien personalmente, bien mediante envío de carta certificada con acuse de recibo al domicilio fijado registralmente o, en su defecto, en documento público, o tratándose de bienes no registrados, se remitirá al domicilio habitual acreditado. Si el domicilio no fuere conocido, la notificación se realizará mediante edictos".

Hacemos esta afirmación en base a que la argumentación de la sentencia relativa a que "no consta notificación alguna del inicio del expediente y demás previsto, sino que constan expresamente los intentos en sentido negativo, sin que tampoco se haya producido notificación edictal, prescindiendo absolutamente de todas las formas establecidas en garantía de la participación y no indefensión del demandante y en dicho expediente", así como que era "obligación expresa del notario encargado el comunicar el inicio del expediente formalmente a los interesados para que comparezcan si les interesa en defensa de sus derechos...", responde a una valoración lógica y razonable de los datos o elementos de prueba que ofrecen las actuaciones y documentos aportados, toda vez que de las mismas se infiere, de una parte, que el actor, que tenía su domicilio en la CALLE001 núm. NUM001 -vivienda perteneciente a la inmobiliaria pinciana, S.A., de la que era cotitular junto con su hermana y demandada Dña. Felicidad- fue "desahuciado" de la misma y pasó a residir en una vivienda sita en la CALLE000 núm. NUM002, propiedad de una amiga de este, como consta en los documentos 30 (Diligencia de lanzamiento de fecha 11 de abril de 2018) y 31 (declaración jurada de dicha amiga), así como que ese domicilio era conocido por Inmobiliaria Pinciana, de la que es administrador el hijo de la demandada, y por tanto lógicamente conocido por esta, como se infiere de la demanda presentada por dicha Inmobiliaria contra el demandante, en una acción social de responsabilidad, en la que se señala como domicilio de este el de la CALLE000 núm. NUM002, en el que fue debidamente emplazado, como consta en los docs. 33 a 35 aportados con la demanda.

De otra parte del actuado se pone de manifiesto que el Notario intentó notificar la apertura del expediente de subasta notarial al demandante mediante Diligencia de 4 de junio de 2020 en el domicilio de CALLE001 núm. NUM003, como consta en la Escritura de subasta aportada como doc. 28, y que al ser "negativa" la notificación, el Notario acordó remitir con fecha 8 de junio de 2020 por correo certificado la información de la subasta notarial al domicilio que le fue facilitado por la empresa, de la que la demandada era Presidente del Consejo de Administración, de la CALLE002 NUM004 núm. NUM005 de Valladolid, que fue devuelta por Correos.

CUARTO. - Acreditados estos extremos, la Sala comparte el criterio de la juzgadora de instancia relativo a que el Notario no realizó, y desde luego no agotó, las diligencias o actuaciones de averiguación necesarias sobre el domicilio real del deudor ante el resultado negativo de las notificaciones intentadas, cuando era, además, conocido por la demandada, que fue quien instó la subasta notarial, a fin de facilitar la intervención de aquel en el expediente y evitar la consiguiente indefensión; ni siquiera consta que se acudiese a la comunicación edictal, como expresamente exigía el art. 74 de la Ley notarial.

En relación con esta cuestión debemos tener en cuenta, como decíamos en el auto de 15 de enero de 2021 (rollo 363/2020) que, como es reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, el derecho a obtener la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1 de la C.E. comporta la exigencia de que en ningún momento pueda producirse indefensión, lo que significa que en todo proceso judicial debe respetarse el principio de defensa contradictoria de las partes contendientes mediante la oportunidad de alegar y probar procesalmente sus derechos e intereses, sin que pueda justificarse una resolución judicial inaudita parte, más que en caso de incomparecencia por voluntad expresa o tácita o por negligencia imputable a la parte; y ello por cuanto el derecho a la defensa y la correlativa interdicción de la indefensión, establecido en dicho artículo, comportan la posibilidad de que sus titulares puedan hacer valer ante el órgano judicial sus derechos e intereses legítimos.

Esta es la razón de la especial trascendencia de los actos de comunicación, muy vinculados con el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva sin indefensión, lo que impone a los órganos judiciales un especial deber de diligencia en el cumplimiento efectivo de las normas reguladoras de aquellos para asegurar que las notificaciones, citaciones, emplazamientos, o en su caso requerimientos, lleguen no sólo a sus destinatarios sino además con tiempo suficiente para que tengan la oportunidad de actuar en defensa de sus derechos e intereses y de evitar la indefensión ( SSTC 334/1993, de 15 de noviembre, 32/2019, de 28 de febrero, entre otras muchas) de tal manera que su falta o deficiente realización, siempre que se frustre la finalidad con ellos perseguida, coloca al interesado en una situación de indefensión que vulnera el derecho de defensa ( SSTC 115/1988, de 10 de junio, 30/2014, de 24 de febrero, 169/2014 de 22 de octubre).

Con base a estos criterios el Tribunal Constitucional de forma reiterada ha manifestado, como se aduce por la demandada en su recurso, " la subsidiaridad de la comunicación edictal, la cual tiene su fuente directa en el derecho de acceso al proceso del artículo 24.1 CE, de manera que la comunicación edictal en el procedimiento sólo puede utilizarse cuando se hayan agotado los medios de averiguación del domicilio del deudor o ejecutado" ( STC 122/2013, o 30/2014 - citada por la demandada - entre otras).

QUINTO. - Estos criterios son perfectamente aplicables a la subasta notarial, a la que resulta de aplicación las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre las subastas judiciales, siempre que sea compatible, y asimismo las normas relativas a las notificaciones, como así lo indica la propia demandada en su recurso, por lo que ni el anuncio de la subasta en el Boletín Oficial del Estado ni en los periódicos Día de Valladolid Norte de Castilla, acordados por el Notario, como consta en la copia de la Escritura de la subasta (doc. 28) desvirtúan la efectiva falta de notificación al deudor, que era exigible en la forma y con los requisitos antes expuestos, agotando, insistimos, las diligencias oportunas para averiguación del domicilio del deudor; circunstancia que tampoco desvirtúa el hecho de que este estuviese personado en el procedimiento, y por tanto tuviese la correspondiente representación del Procurador, pues al instarse la subasta notarial, tal expediente debió notificarse de forma expresa al deudor, máxime cuando en el oficio y documentos remitidos por el Juzgado no consta indicación de domicilio alguno, como se dice en la sentencia.

Por todo ello, haciendo propios los razonamientos de resolución recurrida sobre esta cuestión de nulidad de la subasta notarial, procede desestimar este motivo de impugnación de la demandada.

SEXTO. - La misma suerte debe correr el segundo motivo de impugnación relativo a la no apreciación por la juzgadora de instancia de la doctrina de los actos propios invocada por la demandada para justificar la pretendida convalidación o conformidad implícita de la subasta por parte del demandante, afirmando que este retiró de la cantidad sobrante más de 8.000 Euros y consintió que se abonasen más de 13.000 Euros a un segundo acreedor, compartiendo la Sala también sobre esta cuestión los acertados criterios expuestos en la sentencia recurrida, que damos aquí por reproducidos.

Hacemos esta segunda afirmación en base a que la doctrina de los actos propios según reiterada jurisprudencia opera o es eficaz en derecho cuando se realice con la intención de crear, modificar o extinguir reclamaciones jurídicas en los mismos términos subjetivos del vínculo o relación a que se contrae, es decir, que tales actos por sí solos constituyen una convención que cause estado, y que entre el hecho realizado y la interpretación que pueda dársele exista una relación clara y directa que no se preste a diferentes o confusas interpretaciones; o dicho de otro modo, que para que los actos propios vinculen a su autor han de tener solidez y constancia para de ellos deducir declaraciones de voluntad en términos concluyentes e inequívocos.

En el caso que nos ocupa, no solo no puede afirmarse, como se aduce por la demandada, que el actor retirarse de la cantidad sobrante de la subasta más de 8.000 Euros, en concreto 8.359,63 €, y consintiese que se abonase a un segundo acreedor la cantidad de 13.980,96 Euros, pues se trató de una decisión del juzgado acordada en la Diligencia de Ordenación de 29 de octubre de 2020 (documento C3 de los aportados con la contestación a la demanda) sobre el sobrante de la subasta, pues es claro que no se trató de una actuación del actor inequívoca y concluyente con la clara intención de mostrar su conformidad con la subasta notarial celebrada sin su conocimiento, que además no podemos presumir cuando, por el contrario, como se dice en la sentencia recurrida, "existen a lo largo de todo el procedimiento manifestaciones de voluntad contrarias, tanto a la realización de la subasta por el total de las acciones, como el resultado final, como son todos los que se han relatado en los hechos del fundamento primero, desde solicitar la nulidad de la primera subasta hasta los varios escritos presentados, recursos y la presente demanda", pues las actuaciones ponen claramente de manifiesto la disconformidad u oposición del actor al embargo de las acciones, considerando improcedente el embargo de 3.600 acciones, que decía valorada en 1.722.856,70 Euros, para satisfacer una deuda de 50.746 Euros, cuando con 139 acciones se cubría dicho importe, así como la valoración de estas, como se infiere de los escritos y recursos presentados por aquel en el procedimiento de ejecución y confirma la presente demanda.

SÉPTIMO. - prácticamente las mismas razones deben llevarnos a desestimar el último motivo de impugnación relativo a la aplicación de los arts. 1.309 y 1.311 del Código Civil relativos a la extinción de la acción de nulidad por confirmación del contrato (en este caso de la subasta notarial) qué exigía además del conocimiento de la causa de la nulidad y que esta haya cesado, la ejecución de un acto que implique necesariamente la voluntad de renunciar, es decir, de actos concluyentes de los que se desprenda la voluntad de confirmar el contrato afectado de nulidad y por tanto prácticamente los mismos presupuestos exigidos en la doctrina de los actos propios que, como argumentábamos, no concurren en este caso.

OCTAVO.- En función de lo expuesto procede desestimar el recurso y confirmar la sentencia apelada en el pronunciamiento recurrido, con imposición a la demandada recurrente de las costas de esta apelación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 398, en relación con el 394, de la LEC.