Sentencia Civil 5/2024 Audiencia Provincial de Zamora Civil-penal Única, Rec. 301/2023 de 09 de enero del 2024

PRIMERO .-El presente procedimiento tiene por objeto el artículo periodístico escrito por D. Carlos y publicado el 9 de febrero de 2021 en el medio de comunicación digital "Zamora News", y difundido en redes sociales como Twitter y Facebook, artículo titulado "nueve bomberos del Consorcio de la Diputación de la Diputación de Zamora denuncian a su jefe de servicio por tratos de favor y cursos de formación presuntamente fraudulentos", y ello por cuanto los actores, (MANCOMUNIDAD DIRECCION000, D. Cesareo Y D. Constantino), entienden que ciertas manifestaciones, imputaciones, descalificaciones, comentarios y juicios de valor contenidos en el mismo constituyen una intromisión ilegítima en el honor de los actores, al amparo de la LO 1/1982 de 5 de mayo y de conformidad con el artículo 18.2CE, puesto que difaman y menoscaban la reputación e imagen pública de la Mancomunidad DIRECCION000, y suponen la imputación de hechos muy graves que de ser ciertos constituirían delitos perseguibles de oficio, por lo que reclaman una compensación económica de 6.000 € a cada uno de los actores.

La sentencia dictada en la instancia estima parcialmente la demanda interpuesta, al entender la jueza a quo, después de hacer una ponderación entre el derecho al honor y la libertad de expresión e información, que las expresiones que contiene el artículo citado "fraude y amiguismo", "pucherazo y amaño de oposiciones ", y el resto de expresiones que reproduce en su sentencia, constituyen un juicio de valor que no se puede tolerar sin una base fáctica suficiente, base que en este supuesto no existe al haber sido archivada la denuncia inicial ante Fiscalía, de modo que la información no puede considerarse veraz ni justificada por el derecho a la libertad de expresión.

Ante tal pronunciamiento, la representación procesal del demandado interpone recurso de apelación con la pretensión de que se revoque la resolución de instancia y se dicte otra en la que se desestime en todos sus extremos la demanda rectora del procedimiento. Alega, en tal sentido, la vulneración de la doctrina del Tribunal Supremo respecto a la libertad de expresión como derecho fundamental, y su distinción con el derecho a la libertad de información, habiendo infringido la sentencia impugnada la doctrina del TC sobre los criterios de ponderación para esclarecer el tipo de derecho que ha de prevalecer (libertad de expresión o derecho al honor). Considera el recurrente que resulta indiscutible la veracidad de los hechos narrados en el artículo, ya que en el momento de su publicación estaban abiertas las diligencias de investigación en Fiscalía, no analizando la sentencia qué expresiones pueden resultar vejatorias, al limitarse a transcribir palabras aisladas, atribuyendo incluso al demandado la autoría de frases que eran reproducción del contenido de la denuncia. Concluye el recurrente indicando que ha ejercitado su legítimo derecho a la información realizando una publicación sobre unos hechos que en ese momento eran noticiables, gozando de relevancia pública e interés general, derecho que a la vista de lo expuesto debe prevalecer sobre el derecho al honor invocado por el recurrente, habiendo incurrido la sentencia de instancia en error y falta de valoración de las pruebas practicadas.

El Ministerio Fiscal y la parte apelada se oponen al recurso interpuesto al considerar que la resolución recurrida es conforme a derecho solicitando la íntegra confirmación de la misma.

SEGUNDO .- Dado el planteamiento de recurso, es claro que el mismo no plantea problema alguno en torno a la doctrina e interpretación que ha de darse a cada uno de los derechos en conflicto. Tanto la amplia exposición que al respecto contiene la sentencia recurrida, como los escritos de las partes, reseñan de una manera prácticamente coincidente lo que ha de entenderse doctrinalmente sobre el concepto de los derechos a la libertad de expresión e información y sobre el derecho al honor.

No obstante, a mayor abundamiento, procede traer a colación la reciente STS de 27 de octubre de 2023 que, con cita, entre otras, de la Sentencia 193/2022, de 7 de marzo, expone la doctrina que debemos considerar para resolver el motivo, y que sintetiza en lo siguiente:

" 1. El artículo 20.1.a ) y d) CE , en relación con el artículo 53.2 CE , reconoce como derecho fundamental especialmente protegido mediante los recursos de amparo constitucional y judicial el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, y el derecho a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión; el artículo 18.1 CE reconoce con igual grado de protección el derecho al honor.

2. La libertad de expresión, reconocida en el artículo 20 CE , tiene un campo de acción más amplio que la libertad de información ( SSTC 104/1986, de 17 de julio , y 139/2007, de 4 de junio ), porque no comprende la comunicación de hechos, sino la emisión de juicios, creencias, pensamientos y opiniones de carácter personal y subjetivo. La libertad de información comprende la comunicación de hechos susceptibles de contraste con datos objetivos y tiene como titulares a los miembros de la colectividad y a los profesionales del periodismo. No siempre es fácil separar la expresión de pensamientos, ideas y opiniones garantizada por el derecho a la libertad de expresión de la simple narración de unos hechos garantizada por el derecho a la libertad de información, toda vez que la expresión de pensamientos necesita a menudo apoyarse en la narración de hechos y, a la inversa ( SSTC 29/2009, de 26 de enero , FJ 2 , 77/2009, de 23 de marzo , FJ 3). Cuando concurren en un mismo texto elementos informativos y valorativos es necesario separarlos, y solo cuando sea imposible hacerlo habrá de atenderse al elemento preponderante (entre otra, sentencias 252/2019, de 7 de mayo , 370/2019, de 27 de junio , 599/2019, de 7 de noviembre , 51/2020, de 22 de enero , y 359/2020, de 24 de junio ).

3. Es doctrina reiterada que, a diferencia de lo que sucede con la libertad de información, en la libertad de expresión no es exigible la veracidad para que su ejercicio sea legítimo, puesto que no existen ideas u opiniones veraces o inveraces. No obstante, es necesario que exista un vínculo entre un juicio de valor y los hechos en los que se basa, que puede variar de un asunto a otro según las circunstancias específicas de cada uno de ellos (entre las más recientes, sentencias 733/2021, de 2 de noviembre , y 264/2021, de 16 de noviembre ). Como declara la sentencia del TEDH de 29 de marzo de 2005, caso Ukrainian Media Group contra Ucrania , "incluso cuando una afirmación constituye un juicio de valor, la proporcionalidad de la injerencia podría depender de si existe o no una base de hechos suficientes que sustenten la afirmación objeto de litigio. Cuando se la compara con los hechos que rodean a un asunto en concreto, la afirmación que constituye un juicio de valor, podría resultar excesiva, si no existiera ningún hecho que la sustentara".

4. El derecho al honor protege frente a atentados en la reputación personal entendida como la apreciación que los demás puedan tener de una persona e impide la difusión de expresiones o mensajes insultantes, insidias infamantes o vejaciones que provoquen "objetivamente" el descrédito de la persona. El derecho al honor, según reiterada jurisprudencia, se encuentra limitado por las libertades de expresión e información.

5. En caso de conflicto, la prevalencia en abstracto de la libertad de expresión solo puede revertirse en el caso concreto en función de las circunstancias concurrentes, tomando en consideración si las expresiones, opiniones o juicios de valor emitidos tenían interés general y si en su difusión se utilizaron términos o expresiones inequívocamente injuriosas o vejatorias, innecesarias para lograr transmitir la finalidad crítica perseguida.

6. Desde la perspectiva de la proporcionalidad, a la hora de apreciar el carácter ofensivo, insultante o vejatorio de las palabras o términos empleados para expresar una idea u opinión crítica, o un juicio de valor sobre la conducta ajena, se ha de prescindir del análisis separado de cada término o de su mero significado gramatical para, en cambio, optar por su contextualización, en función del medio en el que se vierten y de las relaciones de conflicto entre las partes".

En definitiva, la limitación del derecho al honor por la libertad de expresión e información tiene lugar cuando se produce un conflicto entre ambos derechos, el cual debe ser resuelto mediante técnicas de ponderación, teniendo en cuenta las circunstancias del caso ( SSTS de 12 de noviembre de 2008,). Por ponderación se entiende, tras la constatación de la existencia de una colisión entre derechos, el examen de la intensidad y trascendencia con la que cada uno de ellos resulta afectado, con el fin de elaborar una regla que permita, dando preferencia a uno u otro, la resolución del caso mediante su subsunción en ella.

La técnica de ponderación exige valorar, en primer término, el peso en abstracto de los respectivos derechos fundamentales que entran en colisión. Desde este punto de vista, la ponderación (i) debe respetar la posición prevalente que ostentan los derechos a la libertad de expresión e información sobre el derecho al honor por resultar esencial como garantía para la formación de una opinión pública libre, indispensable para el pluralismo político que exige el principio democrático ( STS 11 de marzo de 2009, RC núm. 1457/2006 ); (ii) debe tener en cuenta que la libertad de expresión, según su propia naturaleza, comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige ( SSTC 6/2000, de 17 de enero, F. 5 ; 49/2001, de 26 de febrero, F. 4 ; y 204/2001, de 15 de octubre , F. 4), pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe «sociedad democrática» ( SSTEDH de 23 de abril de 1992, Castells c. España, § 42 , y de 29 de febrero de 2000, Fuentes Bobo c. España , § 43).

La técnica de ponderación exige valorar, en segundo término, el peso relativo de los respectivos derechos fundamentales que entran en colisión.

Desde esta perspectiva:

Por una parte, la ponderación debe tener en cuenta si la información o la crítica tiene relevancia pública o interés general o se proyecta sobre personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública; por otra parte, según la jurisprudencia que antes se ha citado, tratándose del prestigio profesional debe examinarse si el ataque reviste un cierto grado de intensidad para que pueda apreciarse una transgresión del derecho.

La libertad de información, dado su objeto de puesta en conocimiento de hechos, cuando comporta la transmisión de noticias que redundan en descrédito de la persona, para que pueda prevalecer sobre el derecho al honor exige que la información cumpla el requisito de la veracidad, a diferencia de lo que ocurre con la libertad de expresión, que protege la emisión de opiniones. Por veracidad debe entenderse el resultado de una razonable diligencia por parte del informador para contrastar la noticia de acuerdo con pautas profesionales ajustándose a las circunstancias del caso, aun cuando la información, con el transcurso del tiempo, pueda ser desmentida o no resultar confirmada ( SSTC 139/2007 , 29/2009, de 26 de enero , FJ 5). El requisito de la veracidad no empece que la total exactitud de la noticia pueda ser controvertida o se incurra en errores circunstanciales que no afecten a la esencia de lo informado ( SSTC 6/1988, de 21 de enero , 105/1990, de 6 de junio , 171/1990, de 12 de noviembre , 172/1990, de 12 de noviembre , 40/1992, de 30 de marzo , 232/1992, de 14 de diciembre , 240/1992, de 21 de diciembre , 15/1993, de 18 de enero , 178/1993, de 31 de mayo , 320/1994, de 28 de noviembre , 76/1995, de 22 de mayo , 6/1996, de 16 de enero , 28/1996, de 26 de febrero , 3/1997, de 13 de enero , 144/1998, de 30 de junio , 134/1999, de 15 de julio , 192/1999, de 25 de octubre , 53/2006, de 27 de febrero , FJ 6). Cabe el denominado reportaje neutral ( STC 76/2002, de 8 de abril ), el cual exige que las declaraciones recogidas sean por sí noticia y se pongan en boca de personas determinadas responsables de ellas y que el medio informativo sea mero transmisor de tales declaraciones sin alterar la importancia que tengan en el conjunto de la noticia ni reelaborarlas o provocarlas; en este caso la veracidad exigible se limita a la verdad objetiva de la existencia de la declaración.

La protección del derecho al honor debe prevalecer frente a la libertad de expresión cuando se emplean frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se expongan, y por tanto, innecesarias a este propósito, dado que el artículo 20.1 a) CE no reconoce un pretendido derecho al insulto, que sería, por lo demás, incompatible con ella ( SSTC 204/1997, de 25 de noviembre, F. 2 ; 134/1999, de 15 de julio, F. 3 ; 6/2000, de 17 de enero, F. 5 ; 11/2000, de 17 de enero, F. 7 ; 110/2000, de 5 de mayo, F. 8 ; 297/2000, de 11 de diciembre, F. 7 ; 49/2001, de 26 de febrero, F. 5 ; y 148/2001, de 15 de octubre , F. 4, SSTC 127/2004, de 19 de julio , 198/2004, de 15 de noviembre , y 39/2005, de 28 de febrero ).

En relación con ese último punto, de acuerdo con una concepción pragmática del lenguaje adaptada a las concepciones sociales, la jurisprudencia mantiene la prevalencia de la libertad de expresión cuando se emplean expresiones que, aun aisladamente ofensivas, al ser puestas en relación con la información que se pretende comunicar o con la situación política o social en que tiene lugar la crítica experimentan una disminución de su significación ofensiva y sugieren un aumento del grado de tolerancia exigible, aunque puedan no ser plenamente justificables (el artículo 2.1 LPDH se remite a los usos sociales como delimitadores de la protección civil del honor).

TERCERO .- Dicho lo anterior, y siendo, pues, claro que el objeto de la presente alzada gira en torno a la determinación de si los hechos atribuidos al demandado constituyen o no una intromisión en el derecho al honor así como en su caso, la valoración de los daños derivados de dicha intromisión, procede indicar en primer lugar que los hechos en cuestión no han sido discutidos por las partes, constando en autos la literalidad del artículo escrito por el demandado y en el que se sustenta la acción ejercitada, de tal modo que no hay duda sobre su contenido y sobre su autoría, además del contexto en el que fue emitido. Igualmente, no ha sido objeto de discusión que tales manifestaciones fueron difundidas a través del diario digital "ZAMORA NEWS" el 9 de febrero de 2021.

A este respecto, cabe apuntar que la sentencia de instancia adopta la decisión ahora recurrida, por entender que hay intromisión al honor de la parte actora; para ello, examina el contenido del artículo, y concluye que las expresiones empleadas por el demandado, y que trascribe en sus FJ 3º y 4º, constituyen un juicio de valor o un parecer del periodista cuyo contenido es descalificatorio y atentatorio contra el honor de los actores, al achacarles un modo de actuar que puede ser constitutivo de delito, comportamiento que no se puede tolerar sin una base fáctica suficiente que la sentencia concluye que no concurre, porque la denuncia interpuesta ante la Fiscalía había sido archivada. Concluye la juez a quo que la información no puede justificarse veraz ni tampoco justificada por la libertad de expresión.

Ante ello, el recurrente considera que en el presente supuesto concurre un ámbito de confrontación (mancomunidad de la DIRECCION000 y bomberos del consorcio provincial de la diputación), con dos sectores enfrentados, discutiéndose la gestión de la mancomunidad respecto a los cursos certificados y no realizados, hechos que eran objeto de investigación en Fiscalía, resultando indiscutible la veracidad de los hechos narrados tanto por la investigación existente como por la declaración del testigo que depuso en el acto de la vista. Considera que la noticia contiene información veraz y contrastada porque se estaban investigando esos mismos hechos en fiscalía al momento de publicar la noticia (el 9 de febrero de 2021), siendo la causa archivada el 18 de marzo de 2021, y concluye que, pese a la falta de determinación por parte de la juez a quo de las expresiones vejatorias o insultos proferidos, que no analiza respecto a la ponderación y los requisitos anteriormente expuestos para ser considerado lesionado el derecho al honor, lo cierto es que la noticia no resulta difamante ni vejatoria, habiéndose limitado la sentencia a extractar expresiones como "fraude", "amiguismo", y atribuir al demandado la acusación sobre la falsedad en documentos y certificados de cursos cuando la noticia refiere que estos son los hechos objeto de denuncia por parte de nueve bomberos a Fiscalía, de modo que al basarse el artículo en información veraz, constando abiertas unas diligencias de investigación por estos hechos, habiendo adoptado la diligencia razonable y precisa para contrastar la noticia a la vista del objeto de la información, del carácter noticiable de los hechos, de la fuente que proporcionó la información y las posibilidades de contrastarla, y no constando expresiones innecesarias o vejatorias en la publicación, considera el recurrente que las libertades de información y expresión deben primar en este caso sobre el derecho al honor.

Pues bien, ha de tenerse en cuenta, en primer término, que la información contenida en el artículo periodístico difundido a través de redes sociales revestía interés general y relevancia pública, tratándose de un artículo periodístico que combinaba información con opiniones del autor, que se publica en un medio generalista y que tiene al gran público como principal destinatario; por otro lado, resulta de sobra conocida la reiterada jurisprudencia del TC y del Tribunal Supremo en línea de que el requisito constitucional de la veracidad no va dirigido tanto a la exigencia de una rigurosa y total exactitud en el contenido de la información, cuanto a negar esa protección constitucional a quienes, defraudando el derecho de todos a recibir información veraz, actúan con menosprecio de la veracidad o falsedad de lo comunicado, comportándose de manera negligente e irresponsable al transmitir como hechos verdaderos simples rumores carentes de toda constatación, si bien no es exigible una veracidad entendida como una exactitud absoluta y plena, sino que ha de atenderse a la esencia de los hechos.

En base a lo expuesto, y teniendo en cuenta la necesaria ponderación entre el derecho al honor y la libertad de expresión e información antes expuesto, esta Sala no puede compartir la tesis sostenida en la instancia, por cuanto la misma fundamenta su conclusión condenatoria y la limitación al derecho a la información y a la libertad de expresión en juego en la aseveración de que "no hay base fáctica suficiente para justificar, de una manera mínimamente lógica, las conclusiones a las que se llega en el artículo publicado y los términos en los que se expresa", indicando la sentencia que "no es que se esté solo censurando irregularidades, sino que los actores han participado de esas irregularidades, a pesar de haber sido archivada por la fiscalía la denuncia interpuesta", imputando de este modo una falta de veracidad en la información contenida en el artículo con relación al punto controvertido, y la falta de una razonable comprobación de la noticia.

Pues bien, en primer término debemos indicar que, a la vista de la documental aportada, esa falta de veracidad que se achaca a la noticia decae por cuanto en el momento en que se publicó la misma (9 de febrero de 2021), se encontraba abierta una investigación por estos mismos hechos en fiscalía, investigación que se inició el 30 de noviembre de 2020, y que se archivó el 18 de marzo de 2021, esto es, más de un mes después de la publicación sometida a enjuiciamiento, lo que permite excluir la falta de veracidad y de comprobación de la noticia en que se basa la sentencia impugnada para fundamentar su condena, extremo éste que resulta además confirmado por la documental aportada consistente en sentencias dictadas por el Juzgado contencioso administrativo que evidencian la conflictividad puesta de manifiesto en el artículo controvertido, conflictividad que también corroboró el testigo que depuso en el acto del juicio oral, y que además era de público conocimiento en la localidad.

Por otro lado, las expresiones vertidas por el recurrente en su artículo y las circunstancias puestas de manifiesto en el mismo se enmarcan en un contexto evidente de confrontación entre la Mancomunidad de la DIRECCION000 y los bomberos del consorcio provincial de la diputación, tema que presentaba un evidente interés público y que, como hemos visto, estaba siendo objeto de investigación por la fiscalía de Zamora, razones todas ellas que justifican la publicación de un artículo como el sometido a enjuiciamiento, debiendo resultar excepcional la limitación del derecho a la libertad de información y expresión cuando nos encontramos ante una crónica política como la presente que engloba una crítica a una labor profesional en razón al cargo público que los demandantes desempeñaban, cargos que han de aceptar las críticas aun cuando aquellas sean excesivas y puedan molestar y disgustar a aquellos contra quienes se dirigen, máxime cuando se refieren a hechos concretos enmarcados dentro de un clima de conocida conflictividad en el momento de realizarlas, entendiendo esta Sala que no ha existido intromisión en el derecho al honor de los actores, lo que determina la estimación del recurso interpuesto, con revocación de la sentencia de instancia.

CUARTO.- COSTAS.

Dada la estimación del recurso interpuesto, con revocación de la resolución dictada en primera instancia, se imponen las costas causadas en aquélla a la parte actora, sin hacer especial pronunciamiento respecto a las costas de esta alzada,( artículos 398 y 394 de la LEC ) .

Vistos los artículos citados y demás normas de general y pertinente aplicación, por la autoridad que nos confiere la Constitución Española y en nombre de SM. el Rey,