Sentencia Civil Nº 26/2004, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 7, Rec 724/2003 de 21 de Enero de 2004

Encabezamiento

SENTENCIA NUMERO 26 / 04

Iltmos. Sres.:

Presidente : D. José de Madaria Ruvira.

Magistrado: D. José Teófilo Jiménez Morago.

Magistrado: D. Javier Gil Muñoz

En la Ciudad de Elche, a 21 de Enero de 2004.

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante con sede en Elche, integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de juicio verbal número 364/03 seguidos en el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Elche, de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandante D. Clemente , habiendo intervenido en la alzada dicha parte, en su condición de recurrente, representada por el Procurador Sra. Moreno Martínez y dirigida por el Letrado Sr. Ruiz Sempere, y como apelada el demandado D. Miguel Ángel , representada por el Procurador Sr. Moxica Pruneda con la dirección del Letrado Sr. Moxica Román.

Antecedentes

PRIMERO.- Por el juzgado de Primera Instancia número 5 de Elche en los referidos autos, tramitados con el número 364/03, se dictó Sentencia con fecha 28 de junio de 2003, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que DESESTIMANDO LA DEMANDA interpuesta por D. Clemente, representado por la Procuradora de los Tribunales Dña. María del Carmen Moreno Martínez, contra D. Miguel Ángel, representado por el Procurador de los Tribunales D. Pascual Moxica Pruneda, DEBO ACORDAR Y ACUERDO no haber lugar a la tutela posesoria pretendida, ABSOLVIENDO AL DEMANDADO de cuantos pedimentos se contienen en la demanda. Todo ello sin expreso pronunciamiento en costas."

Por auto de fecha 14 de julio de 2003 , se denegó la aclaración de Sentencia interesada por la parte demandada.

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia, se interpuso recurso de apelación por la parte demandante en tiempo y forma que fue admitido en ambos efectos, elevándose los autos a este Tribunal , donde quedó formado el Rollo número 724/03, tramitándose el recurso en forma legal. La parte apelante solicitó la revocación de la Sentencia de instancia y la apelada su confirmación. Para la deliberación y votación se fijó el día 21 de Enero de 2004.

TERCERO.- En la tramitación de ambas instancias, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo ponente el Ilmo. Sr. José Teófilo Jiménez Morago.

Fundamentos

PRIMERO.- En su extenso recurso, la parte demandante interesa la revocación de la Sentencia de instancia, porque considera acreditada la posesión del mismo sobre la parcela descrita en la demanda, así como la perturbación o despojo de la posesión y la falta de título por parte del demandado sobre los terrenos objeto del presente litigio.

Como indicábamos en la Sentencia de esta sección Séptima de fecha 22 de noviembre de 2002 , la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/200, ha supuesto con respecto al interdicto de recobrar la posesión, únicamente un cambio en el "nomen iuris", pues suprime la denominación de interdicto para referirse a este procedimiento posesorio, alejándose así de la tradición de nuestro Derecho histórico procedente del Derecho Romano, manteniendo en lo demás su misma configuración y naturaleza de procedimiento sumario, regulado ahora en el artículo 250.1 4º como un juicio verbal especial por razón de la materia, en el que se pretende la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o Derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute. Por consiguiente, siendo de aplicación la doctrina jurisprudencial elaborada con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil , resulta necesario recordar siguiendo la doctrina de esta Sala expuesta en la sentencia de 24 de julio de 2.001, los requisitos y naturaleza del procedimiento posesorio del artículo 250.1 4º , coincidentes con los presupuestos del antiguo Interdicto de recobrar la posesión que se encuentran manifEstados en reiterada jurisprudencia de las Audiencias Provinciales, entre otras, Sentencia de la Audiencia Provincial de Códoba de 2 de marzo de 2000, como dimanantes de los artículos 1651 de la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil y 446 del Código Civil. Son los siguientes: 1.- Que la parte actora tenga la posesión de hecho de la cosa en el momento del del despojo, lo que determina su legitimación activa; 2.- Que al demandado le sean imputables los actos de despojo, lo que conlleva su legitimación pasiva; y 3.- Que la acción interdictal se ejercite dentro del plazo de un año a contar desde la fecha en que se produjo el despojo. Con ello, según se indica en las Sentencias de 2 y 30 de marzo de 1995 de la misma Audiencia, se configura el interdicto de recobrar como un procedimiento sumario destinado a proteger la posesión como hecho, prescindiendo del Derecho que los interesados puedan tener sobre la propiedad o posesión definitivas , materia ajena a este procedimiento, creado a favor de quien tiene la cosa o disfruta de un derecho, estén o no unidos a la intención de haber la cosa o Derecho como suyos (artículo 430 del Código Civil ), porque en ningún caso puede adquirirse violentamente la posesión mientras exista un poseedor que se oponga a ello (artículo 441 del mismo Código ) , sin que afecten a la posesión los actos meramente tolerados o los ejecutados clandestinamente y sin conocimiento del poseedor de una cosa, o con violencia (artículo 444 ), habiendo de añadirse a lo anterior que el despojo debe ir precedido y acompañado de un "animus spoliandi", entendiendo por tal la conciencia que el despojante tiene de que el acto que comete es fruto de un obrar arbitrario, sin título adecuado que lo autorice , teniendo en cuenta que la posesión por mera tolerancia no legitima al poseedor frente al propietario, ni le confiere habilidad para promover la acción interdictal, pues se trata de actos concedidos por aquél sin propósito de constituir Derechos o de otorgar posiciones estables o indefinidas y producidos generalmente por actos de buena vecindad.

La acción que nos ocupa, anteriormente denominada interdictal , como ha declarado de forma reiterada la doctrina jurisprudencial, ostenta un destacado carácter provisional que venía ya apuntado por la misma significación etimológica del término interdicto, cuya regulación fue asumida por nuestro Derecho procesal dando lugar a un procedimiento declarativo , especial y sumario con el que se ampara y protege no sólo la posesión acreditada como legítima sino todo género de posesión, hasta comprender la simple tenencia, en aplicación del artículo 446 del Código Civil y del artículo 1651 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, tal y como vienen siendo reiteradamente interpretados por los Tribunales. Con todo ello, el Legislador ha pretendido evitar el desorden social que generaría el que los ciudadanos restaurasen por sí mismos la posesión de la que se consideran despojados sin acudir a los Tribunales, en cuya jurisdicción reside la única y exclusiva competencia para amparar y restablecer los Derechos conculcados, de modo que este procedimiento se constituye así en un puro juicio "de facto" cuya inmediata meta no es otra que la de proteger y amparar transitoria, y momentáneamente la posesión concebida como hecho, reparando y reponiendo aquellas situaciones , igualmente de hecho, que son arbitraria y unilateralmente alteradas por los particulares sin contar con el auxilio de la autoridad; con la ineludible consecuencia de que quedan fuera de su limitado ámbito todos aquellos aspectos extraños al hecho posesorio, como las cuestiones sobre la propiedad y cualquier otro Derecho personal o real, incluso las controversias sobre el mejor Derecho a la posesión cuya discusión y resolución queda relegada para un ulterior procedimiento ordinario para el cual y con la fórmula de "sin perjuicio de tercero", quedaba reservado a las partes el Derecho que puedan tener sobre la propiedad o la posesión definitiva, tal y como resultaba del artículo 1658 de la anterior Ley de Procedimiento Civil, y hoy del artículo 447.2 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil al no producir efecto de cosa juzgada las Sentencias que ponen fin a los juicios verbales sobre tutela sumaria de la posesión.

SEGUNDO.- Aplicando la anterior doctrina al caso que nos ocupa, cabe decir que a pesar de los esfuerzos alegatorios efectuados por la parte apelante ofreciendo a este Tribunal su particular e interesada valoración sobre las pruebas practicadas en la instancia, sacando incluso de contexto frases sueltas de la Sentencia recurrida para apoyar sus pretensiones , lo cierto y verdad es que lo único que queda perfectamente demostrado según el resultado del acervo probatorio, es que nos encontramos ante el conflicto surgido entre dos propiedades rústicas cuyos linderos y ubicación no está perfectamente delimitada, de manera que es esa indeterminación de linderos la que veda la concurrencia del cuarto de los requisitos (el "animus expoliandi"), que hace improcedente la acción posesoria como con acierto entendió la Juzgadora a quo, pues estando el demandado en la creencia de estar ejercitando un Derecho que le es propio, no puede presumirse la intención que exige el requisito. No existe una posesión nítida, concreta y estable por parte del actor sobre el terreno objeto de conflicto, pues lo cierto es que aunque se haya acreditado la existencia de actos posesorios por parte de aquél como recoge el fundamento cuarto de la Sentencia de primer grado, también quedó demostrado por parte del demandado la existencia de un título de propiedad por el cual tomó posesión de la parcela , realizando públicamente en el año 1985 una serie de actos posesorios consistentes en haber allanado el terreno de pedregal, rellenándolo con camiones de tierra, sin que entonces por el hoy actor se ejercitara acción posesoria alguna. Así lo puso de manifiesto la prueba de reconocimiento judicial y la declaración del testigo Sr. Federico .

Por consiguiente, esta Sala no considera viable la acción ejercitada, existiendo indefinición sobre el lugar exacto donde se ubican las fincas propiedad de los litigantes , así como sobre sus linderos, por lo que no siendo factible efectuar en esta Resolución declaraciones sobre el Derecho de propiedad o de posesión, únicamente cabe desestimar el recurso planteado y remitir a las partes al procedimiento declarativo que corresponda para zanjar definitivamente su contienda.

TERCERO.- Las costas procesales de esta alzada debe soportarlas la parte apelante por disposición del artículo 398, en relación con el artículo 394, de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto , en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

Fallo

FALLAMOS: Que DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte demandante, contra la Sentencia dictada por el juzgado de Primera Instancia número 5 de Elche de fecha 28 de junio de 2003, DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS dicha Resolución, imponiendo expresamente las costas procesales de esta alzada a la parte apelante.

Notifíquese esta sentencia conforme a la Ley y, en su momento , devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente Resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otro al rollo de apelación.

Contra la presente resolución, cabe , en su caso, recurso en los supuestos y términos previstos en los Capítulos IV y V del Título IV del Libro II y Disposición Final 16ª de la L.E.C. 1/2000 .

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos , mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- La anterior Resolución ha sido leída y publicada en el día de su fecha por la Iltma Sra ponente, estando la Sala reunida en audiencia Pública, doy fé.