Sentencia Civil 1666/2024 Audiencia Provincial Civil de Jaén nº 1, Rec. 1482/2024 de 10 de diciembre del 2024

Primero.-Contra la sentencia dictada en la instancia por la cual se aprueba el inventario de la herencia de Dª. Sacramento y como herederos Dª. Ángela, Dª. Herminia, Dª. Hortensia y Dª. Adela , señalando los bienes que integran el activo y el pasivo de la misma, así como el inventario de la herencia de D. Carlos José , como herederos , Dª. Ángela, Dª. Herminia, Dª. Hortensia y Dª. Adela, detallando el activo y el pasivo que la integran , y de la herencia de Dª. Soledad, siendo los mismos herederos, fijando también su activo y pasivo y todo ello sin pronunciamiento en costas procesales, se interpone por la representación procesal de Dª Hortensia y Dª. Adela, recurso de apelación, alegando como motivos de impugnación, que sobre la herencia de Dª. Soledad no existe razón para apelar, mostrando su conformidad con lo recogido en la sentencia al respecto ; sobre la herencia de Dª. Sacramento , madre de las partes litigantes, la controversia surge respecto a la vigencia o no del contrato de arrendamiento de las fincas rústicas y sobre un reconocimiento de deuda por importe de 15.000 euros a Jesús Manuel, discutiéndose la autenticidad de la firma de la causante ; sobre la herencia de D. Luis Angel tío de las litigantes sobre la incorporación al activo de los rendimientos de las cosechas de las fincas rusticas y sobre la herencia del padre de las partes, D. Carlos José, el debate gira en torno a la gestión del alquiler del piso, reconociendo las partes litigantes la existencia de un contrato de arrendamiento, pero las demandadas defienden un saldo cero, alegando que los ingresos se compensaban con los gastos.

Por la representación procesal de Dª. Ángela y de Dª. Herminia, se oponen al recurso de apelación interpuesto, interesando su desestimación y al mismo tiempo, conforme al art. 461.2 de la L.E.C. impugna la Sentencia, alegando el error en la valoración de la prueba en lo referente al pronunciamiento sobre obligación de Dª. Ángela de aportar las rentas del arrendamiento de la casa del padre desde la fecha del fallecimiento de este, insistiendo sobre que desde 2016 otra persona está viviendo en dicho piso y paga 100 euros al mes, que se está destinando al pago de gastos de mantenimiento y que se traiga por Dª. Hortensia y Dª. Adela el importe de cosechas y subvenciones, lo cual fue impugnado por la parte actora.

Segundo.-Centrado así el objeto de debate en esta alzada y para su resolución, como exponíamos en sentencia de 13-12-21 - ROJ: SAP J 1611/2021-, con cita de otras anteriores de 16 de septiembre de 2.011 - Secc. 2ª de esta Secc. 1ª de 16 de septiembre de 2.015, habremos de partir como premisa de la determinación del ámbito del procedimiento y más concretamente de la fase de inventario en el que nos encontramos.

Al efecto declarábamos "..., que estimamos con la doctrina mayoritaria, más bien unánime al menos en las resoluciones consultadas para la presente ( SS AP de Guipúzcoa, Secc. 2ª de 14-4-04, AP de Albacete, Secc. 2ª de 20-10-05, AP de Sevilla Secc. 5ª de 2-3-09, AP de Valencia, Secc. 8ª de 18-11-09, SAP de Valencia de 30-6-10 o SAP de Cáceres, sec. 1ª de 31-1-2011, por citar alguna), que el ámbito propio de este procedimiento no permite decidir cuestiones o pretensiones complejas, explícitas o implícitamente planteadas, sino pronunciarse, "prima facie" y en función de la apariencia de los títulos y documentos aportados por los interesados, sobre la procedencia de incluir o excluir determinados bienes o derechos que integren el activo de la herencia, de ahí la previsión del art. 794.4 LEC, de la citación de los interesados a la vista del juicio verbal cuando exista controversia sobre "la inclusión o exclusión de bienes en el inventario", de modo que sea lógico entender que el ámbito de discusión deba quedar circunscrito a esos extremos, no siendo, por el contrario, el marco procedimental adecuado para discutir sobre una posible nulidad de los títulos, que necesariamente requiere el ejercicio de la correspondiente acción en el correspondiente juicio declarativo, máxime si la sentencia a la que alude el citado apartado 4, párrafo, puesto en relación con el artículo 787.5º, párrafo 2º, no produce el efecto de cosa juzgada.

En otras palabras, la formación de inventario ha de limitarse a resolver si hay titulación o prueba suficiente para decidir la inclusión o exclusión de un determinado bien en el haber hereditario, sin que puedan plantearse ni decidirse en el Incidente, la validez, nulidad o eficacia del título o del negocio jurídico por el que ese bien se integró o salió del patrimonio del causante, no siendo el idóneo pues para resolver como aquí acontece, cuestiones tales como la simulación contractual, la nulidad de un contrato, la ineficacia de una donación o si deben colacionarse determinados bienes para lo cual habrá que acudir al proceso declarativo que corresponda, por cuanto se trata como apuntábamos, de contratos válidos y eficaces mientras no se declare lo contrario por sentencia firme.

Tal criterio como decimos unánime, no tiene porque restar como se razona, celeridad alguna a la división de la herencia instada, pues al margen de que se pueda instar previamente por el cauce adecuado la pertinente nulidad, nada impide que excluidos como se debió en el supuesto de autos, bienes que figuran con una titularidad distinta a la de los causantes, por constar como hemos expuesto como propietaria una de las herederas, dicha acción se ejercite con posterioridad por quien se crea con derecho a ello y practicar en su caso una partición complementaria en su caso de la ya efectuada".

En sentido análogo y por lo que argumentaremos a continuación, la SAP de Santa Cruz de Tenerife, Secc. 4ª de 26 de noviembre de 2.008, indica que, "por otro lado hay que tener presente que la Sentencia a la que alude el artículo 794, puesto en relación con el artículo 787.5º LEC, no produce el efecto de cosa juzgada y de todo ello cabe colegir que el ámbito propio del procedimiento no es decidir cuestiones o pretensiones complejas, explícitas o implícitamente planteadas (como la declaración de nulidad por simulación de un negocio jurídico), sino pronunciarse, prima facie y en función de la apariencia de los títulos y documentos aportados por los interesados (y del juicio que merezca esa apariencia), sobre la procedencia de incluir o excluir determinados bienes o derechos que integren el activo de la herencia".

Igualmente, mantiene la SAP de Sevilla, Secc. 4ª de 14-4-04, que la interpretación del art. 794.4 LEC citado, conforme a un criterio .sistemático en relación con los que integran la sección, y en relación a los antecedentes legislativos del antiguo juicio de testamentaría, "obliga a entender que la formación de inventario, que está prevista como un trámite previo a las operaciones divisorias, o como una medida de aseguramiento de los bienes relictos, antes de proceder a su administración, custodia y conservación, (art. 795), no permite pronunciarse acerca de las cuestiones litigiosas que puedan suscitarse respecto de la titularidad de dichos bienes, ya figuren a nombre del causante y alguien solicite su exclusión del inventario y mucho menos cuando figuran a nombre de un tercero y se solicita su inclusión.

También la SAP Cáceres, a 22 de diciembre de 2021 - ROJ: SAP CC 1430/2021- por citar alguna más reciente, mantiene que "el criterio mayoritario entiende que la formación de inventario ha de limitarse a resolver si hay titulación o prueba suficiente para decidir la inclusión o exclusión de un determinado bien en el haber hereditario, sin que puedan plantearse ni decidirse en el incidente la validez, nulidad o eficacia del título o del negocio jurídico por el que ese bien se integró o salió del patrimonio del causante, para lo cual habrá que acudir al proceso declarativo que corresponda".

Y por su parte, la SAP de Madrid (sección 9ª) de 17 de marzo de 2017, indica que "Como han declarado otras Audiencias Provinciales, respecto al objeto del juicio verbal previsto en el artículo 794.4 de la LEC como expresa la sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres, Sec 1ª, de 12 de diciembre de 2011, es criterio mayoritario que "la formación de inventario ha de limitarse a resolver si hay titulación o prueba suficiente para decidir la inclusión o exclusión de un determinado bien en el haber hereditario, sin que puedan plantearse ni decidirse en el Incidente la validez, nulidad o eficacia del título o del negocio jurídico por el que ese bien se integró o salió del patrimonio del causante, para lo cual habrá que acudir al proceso declarativo que corresponda", con cita, entre otras, de las Sentencias de fecha 2 de Marzo de 2.009 , de la Sec. 5ª de la Audiencia Provincial de Sevilla , sec 5ª de 2 de marzo de 2008 y de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, sec 4ª de 26 de noviembre de 2008 , donde se indica que, "el ámbito propio del procedimiento no es decidir cuestiones o pretensiones complejas, explícitas o implícitamente planteadas (como la declaración de nulidad por simulación de un negocio jurídico), sino pronunciarse, prima facie y en función de la apariencia de los títulos y documentos aportados por los interesados (y del juicio que merezca esa apariencia), sobre la procedencia de incluir o excluir determinados bienes o derechos que integren el activo de la herencia ". En el mismo sentido se pronuncian también la SAP Málaga, a 20 de septiembre de 2021 - ROJ: SAP MA 3373/2021- o la SAP A Coruña, a 03 de noviembre de 2021 - ROJ: SAP C 2471/2021 .

Tercero.-Decisión de la Sala sobre el recurso interpuesto (y II). Sobre el momento de preclusión en la alegación de hechos en el presente procedimiento, la diligencia contemplada en el artículo 794 de la LEC y el error en la valoración de la prueba que se denuncia en el recurso- , en que la parte recurrente aducía, de un lado, que su postura sobre la configuración de los bienes integrantes del activo hereditario se puso de relieve en la diligencia de formación de inventario y, sin perjuicio de ello, también al inicio de la vista celebrada, si bien a tal circunstancia, como sabemos, se aduce en la práctica totalidad de aquéllos y, en realidad, vertebra la totalidad de su impugnación. Así como la errónea valoración de la prueba de que se acusa a la sentencia recaída.

Tales alegaciones han de desestimarse. Frente a la postura de la parte demandada, ahora apelante, sobre tal cuestión, incluso aludiendo a alguna resolución aislada que se dice sustentaría su posición, constituye criterio jurisprudencial consolidado que en un procedimiento de esta naturaleza (de formación de inventario, en el seno de una liquidación de un patrimonio hereditario, pero también para la de un patrimonio ganancial), las partes han de fijar su postura sobre la inclusión o exclusión de partidas o conceptos del activo y pasivo en la diligencia de formación de inventario prevista -para estos expedientes procesales- en el artículo 794 de la LEC. Es más, ha concretado incluso la jurisprudencia que el demandante fija su postura en la misma propuesta que adjunta a su escrito de demanda, sin poder modificarla con posterioridad en aquel acto, donde incumbe exclusivamente a la parte demandada el concreto posicionamiento sobre la conformación del haber común (en su activo y su pasivo) apuntado por la contraparte.

Por citar alguna de las más recientes, y frente a una postura idéntica a a la que viene a sostener la aquí apelante, en un procedimiento de la misma naturaleza, la SAP de Santa Cruz de Tenerife, secc 1ª, de 6-10-2022, se expresa en los siguientes términos: "El artículo 456.1 de la L.E.C fija cuál es el concreto objeto de aquélla al disponer en su apartado primero que: ŽEn virtud del recurso de apelación podrá perseguirse, con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de primera instancia, que se revoque un auto o sentencia y que, en su lugar, se dicte otro u otra favorable al recurrente, mediante nuevo examen de las actuaciones llevadas a cabo ante aquel tribunal...Ž, sin que proceda, no sólo en base a esta norma que remite a lo que ha sido objeto de litigio en la instancia, el cual ha debido ser fijado a través de la demanda y contestación ( artículos 399 y 405 de la L.E.C) , sino de conformidad con el artículo 400 de la L.E.C, que declara la preclusión de los actos procesales, de tal forma que no es posible alegar hechos nuevos fuera del momento procesal que la Ley dispone; y las alegaciones están reguladas en la fase inicial del proceso, en la instancia a través de la demanda/contestación/reconvención y contestación de ésta última, y sólo excepcionalmente cabrá hacer nuevas alegaciones por la ocurrencia de "hechos nuevos" ( artículo 286 LEC) ; lo que no está previsto es que la parte altere el objeto del litigo, introduzca hechos o alegaciones nuevas en la apelación, porque es a través de la demanda y contestación cuando se delimita el objeto del proceso. (...). Partiendo de cuanto antecede, no cabe pretender que se revoque una sentencia en base a motivos no alegados en la correspondiente fase procedimental que en este caso, es el acto de la comparecencia a efectos de formación de inventario, y que no han sido objeto de debate en el acto del juicio verbal".

Esta posición es la sostenida por esta Audiencia Provincial de Jaén en muy numerosas resoluciones. De nuevo por citar alguna de las más cercanas en el tiempo, en la sentencia de 16 de junio de 2021, con cita de la anterior de 25 de enero de 2020, declarábamos que "constituye criterio jurisprudencial consolidado que el acta de formación de inventario constituye un momento procesal con efecto preclusivo tanto en relación a los conceptos inventariados como en relación a la fundamentación jurídica de las pretensiones".

En la misma línea, en nuestra también reciente sentencia de 17 de enero de 2022, con cita de las sentencias de las Audiencias Provinciales de Ávila de 20 de noviembre de 2019 y de Córdoba -Secc 1ª- de 21 de marzo de 2018, proclamábamos lo que sigue: "Existe un principio de preclusión para la inclusión o para la exclusión de bienes en la formación del inventario y tal momento es la propia demanda para la parte actora y la comparecencia o diligencia de formación del inventario para el resto de herederos; por ello no cabe en modo alguno que, un vez celebrada la comparecencia o diligencia de formación de inventario ante el letrado de la administración de justicia se pretenda la inclusión o la exclusión de cualquier bien o derecho tanto del activo como del pasivo. Ahora bien, ello no significa que, si con posteridad se ha tenido conocimiento de nuevos bienes o derechos a favor de la masa hereditaria, no pueda solicitar la adición de la herencia con tales bienes y derechos, sino que ha de solicitarlo, salvo acuerdo en sentido contrario, presentando la correspondiente demanda de juicio declarativo". Y afirmábamos "la eficacia de cosa juzgada de la sentencia dictada en la fase de formación de inventario alcanza a la totalidad de los bienes y créditos cuya existencia era conocida en el momento de la formalización del inventario, pues cualquier omisión queda incluida en el principio de preclusión contenido en los Arts. 400.1 y 412.1 de la LEC", señalando que "Sólo están excluidos de esa eficacia de cosa juzgada en su faceta de preclusión , los hechos posteriores o de nueva noticia esto es los bienes, derechos o créditos que aparecieren con posterioridad o de los que la parte que insta extemporáneamente su adición pruebe cumplidamente no haber tenido previo conocimiento de los mismos, respecto de los cuales el Art. 1079 del Código Civil autoriza esa posibilidad de adición".

La expresada argumentación viene a desmontar en su práctica totalidad la estructura en que pretendía sustentarse el recurso planteado, y ello con absoluta independencia de tales o cuales manifestaciones que -se dice- pudieran haberse efectuado por el Juzgador al inicio de la vista o en alguna resolución interlocutoria de las dictadas a lo largo de las presentes actuaciones. De ahí que en nuestro auto de 27 de julio de 2022, en que se revocaba la suspensión por prejudicialidad penal en su día interesada por la parte ahora recurrente y que había decretado el Juzgado a quo, declarásemos -con invocación de profusa doctrina jurisprudencial- que "la controversia que se suscite en la formación de inventario ha de limitarse a resolver si hay titulación o prueba suficiente para decidir la inclusión o no de un determinado bien en la masa hereditaria, pero lo que no puede plantearse ni decidirse en el incidente es la validez o nulidad y eficacia del título o del negocio jurídico por el que ese bien se integró o salió del patrimonio del causante, para lo cual habrá que acudir al proceso declarativo que proceda".

Dicho esto, para determinar la postura de las partes actora y demandada en la fase de alegaciones prevista en este procedimiento, hemos de atender necesariamente al contenido del acta levantada por la Secretario Judicial con fecha 29 de septiembre de 2021, en que se documentaba la diligencia de formación de inventario prevista en el artículo 794 de la LEC. En la misma, la postulación procesal del actor ratificaba en su totalidad la propuesta que incluía en la demanda origen de las actuaciones. Mientras que la de la parte demandada se limitaba a mostrar la falta de acuerdo "en el inventario" y "en la valoración de los bienes". Con independencia de que el avalúo de las partidas que conforman activo y pasivo del haber relicto pertenece a una fase posterior del proceso de liquidación de la herencia, es en aquel concreto acto donde la demandada debió posicionarse sobre la procedencia de la inclusión en el activo (no se indicaba ninguna partida como pasivo) de todos y cada uno de los elementos que de contrario se habían relacionado. Y, lo que es más trascendente en el caso que nos ocupa, tenía la carga de indicar en ese momento procesal que en el repetido activo debía incluirse la partida a que continuamente hace referencia en el recurso, mostrando y procurando hacer constar su discrepancia sobre la omisión de tal elemento patrimonial, lo que no consta hiciera en absoluto. No es válida y eficaz, a los fines que se pretendieron en el posterior curso de las actuaciones y que ahora se reiteran, la vaga y genérica disconformidad que se mostró en aquel acto, sin alusión precisa a la configuración del activo del patrimonio común esgrimida de contrario y, por lo que aquí interesa, a la debida inclusión en dicho apartado del repetido concepto.

Según dispone el apartado 1 del artículo 794 de la LEC, el inventario ha de contener "los bienes de la herencia", precisando el apartado 4 que de suscitarse "controversia sobre la inclusión o exclusión de bienes en el inventario", el Letrado de la Administración de Justicia "hará constar en el acta las pretensiones de cada una de las partes sobre los referidos bienes y su fundamentación jurídica", para después citar "a los interesados a una vista", continuándose la sustanciación del procedimiento "con arreglo a lo previsto para el juicio verbal". Del término "suscitarse" que dicho precepto emplea no puede sino deducirse que pesa sobre la parte demandada la carga de concretar en dicha diligencia el bien, derecho o partida sobre la que discrepa, sea en orden a la exclusión de los propuestos de contrario; o sea para la inclusión de alguna que no figure en la solicitud origen del procedimiento, pues es en ese momento procesal donde por vez primera -y única- ha de posicionarse al respecto, como única fase de alegaciones contemplada por la Ley, y con los indicados efectos preclusivos. El posterior juicio a que se remite el citado apartado 4 queda circunscrito a la proposición y práctica de las pruebas sobre las cuestiones que han quedado fijadas como controvertidas previamente en aquel acto procesal, siguiendo en esta materia esta Audiencia Provincial el criterio mayoritario en nuestra jurisprudencia conforme a la cual es factible la aportación de documentos en el acto de la vista, aunque no se hubieran propuesto ni adjuntado en la previa diligencia de formación de inventario (ad exemplum, sentencia de esta Sala de 24 de febrero de 2022).

Esa conducta activa en la meritada diligencia o acto procesal en orden a la fijación de la propia postura de la parte (demandada) y, sobre todo, la negación de los extremos sobre los que versa su desacuerdo, para que aquellos -y sólo aquellos- pasen a configurar el exclusivo objeto del posterior juicio (a tramitar por los cauces del procedimiento verbal, cfr. Art. 794.4 LEC) constituye lo que la doctrina científica en este ámbito (Derecho Procesal) denomina como "carga procesal", definiéndola como el constreñimiento a sufrir las consecuencias negativas que la Ley contempla para el caso de realizar o no realizar determinada conducta, asimismo prevista por la Ley.

No actuó de tal modo la parte ahora recurrente, limitándose a mostrar una disconformidad genérica y sin concreción alguna sobre las partidas esgrimidas en la demanda, como quedó reflejado en la referida acta, a cuyo contenido prestó conformidad, como ya se expuso, debiendo asumir por ello las consecuencias -ahora negativas- de esa su postura procesal, no pudiéndose con posterioridad señalar o introducir como cuestión controvertida la inclusión del repetido elemento en el activo patrimonial común. Y, por ende, tampoco era factible la práctica de prueba alguna referente a dicha cuestión, al haber quedado desde entonces extramuros del objeto de la controversia y, así, del procedimiento.

En consecuencia, los expresados motivos del recurso también han de rechazarse.

Cuarto.-Dado el sentir de esta sentencia, por imperativo del artículo 398 de la L.E. Civil, habrán de imponerse a los apelantes las costas del presente recurso.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.