Sentencia Civil 650/2025 Audiencia Provincial Civil de Córdoba nº 1, Rec. 1507/2024 de 13 de junio del 2025

PRIMERO.-La sentencia impugnada.

1.El recurso se dirige contra la sentencia dictada el día 8 de enero de 2023 por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Córdoba (en adelante, el JPI), la cual desestimó la demanda presentada por don Bernabe sobre modificación de las medidas que habían sido establecidas en la anterior sentencia de 20 de febrero de 2017, "salvo en lo relativo a ampliar las comunicaciones y visitas de fines de semanas alternos entre padre e hijo(,) iniciándose el régimen de fines de semana alternos desde el jueves a la salida del colegio y concluyendo el lunes por la mañana en el centro escolar(,) sin perjuicio de su ampliación a los puentes (y) permaneciendo el resto de pronunciamientos inalterable", sin hacer imposición de las costas procesales causadas.

SEGUNDO.-Posiciones de las partes.

2.Don Bernabe interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia en el que interesaba que se revocara la misma en lo relativo a la guarda y custodia del hijo menor, Juan Carlos, "(estableciéndose) como régimen de (guarda) y custodia la compartida a favor de ambos progenitores, en el mismo sentido que el solicitado ante el juzgado de primera instancia".

El recurso se funda en los siguientes motivos:

a. Infracción del artículo 92.8 del Código Civil (CC) en relación con la guarda y custodia del menor.

b. Falta de motivación de la sentencia, con vulneración de la tutela judicial efectiva.

c. Error en la valoración de la prueba.

3.Doña Eva María se opuso al recurso de apelación solicitando la íntegra desestimación del mismo y la confirmación de la sentencia recurrida, con imposición al recurrente de las costas de la alzada.

TERCERO.-El alcance del recurso de apelación. Limitación a la decisión sobre la atribución de la guarda y custodia compartidas.

4.La STS 1433/2023, de 18 de octubre establece que el recurso de apelación constituye una "revisio prioris instantiae" (revisión de la primera instancia), que permite al tribunal de apelación abordar la cuestión fáctica y jurídica planteada en la instancia con plena jurisdicción, sin otra limitación o condicionante que no sea el derivado de los términos en los que el propio recurso de apelación se ha formulado ( SSTS 269/2016, de 22 de abril; 135/2020, de 2 de marzo; 306/2020, de 16 de junio y 419/2021, de 21 de junio, entre otras muchas).

5.Rigen los principios de prohibición de la reforma peyorativa ("reformatio in peius") y se transfiere lo que se apela ("tantum devolutum quantum apellatum"), conforme al cual el tribunal de apelación solo debe conocer aquellas cuestiones que le han sido planteadas en el recurso, como establece el artículo 465.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que no deja de ser una proyección del principio de congruencia en segunda instancia ( STS 306/2020, de 16 de junio y SSTC 143/1988, de 12 de julio; 19/1992, de 14 de febrero y 15/1987, entre otras).

6.De lo expuesto en el parágrafo 2 se desprende que el objeto del recurso se ciñe a la decisión del juzgador de instancia de no acceder al régimen de guarda y custodia compartida interesado por don Bernabe en su demanda de modificación de medidas, al mostrarse en desacuerdo con el acordado en dicha materia por la sentencia de 20 de febrero de 2017 con la ampliación de las comunicaciones y visitas establecida en la sentencia apelada, de 8 de enero de 2023.

CUARTO.-La modificación judicial de las medidas adoptadas por el juez. La guarda y custodia compartidas. Regulación y jurisprudencia que la interpreta.

7.A pesar de que el recurso de apelación se funda en tres (3) motivos, los mismos tienen en común la disconformidad o el desacuerdo de la parte apelante con el régimen de guarda y custodia del hijo menor instaurado por el juez de instancia, contrario al régimen de custodia compartida reclamado en la demanda de modificación judicial de las medidas instauradas en la sentencia precedente, cuya denegación, se dice, no se valora, motiva ni justifica adecuadamente, pese a la opinión favorable al mismo del menor y las bondades de dicho sistema sobre el monoparental instaurado, y ello pese a que el mismo contenga una ampliación del inicialmente existente entre las partes, de ahí que los abordemos todos de manera conjunta o agrupada.

8.Para afrontar adecuadamente la cuestión, hemos de partir de lo dispuesto en el artículo 90 CC, el cual establece:

"(...) 3. Las medidas que el juez adopte en defecto de acuerdo o las convenidas por los cónyuges judicialmente, podrán ser modificadas judicialmente o por nuevo convenio aprobado por el juez, cuando así lo aconsejen las nuevas necesidades de los hijos o el cambio de las circunstancias de los cónyuges(énfasis añadido). (...)"

9.Por tanto, desde la reforma operada por la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (LJV), la modificación judicial de las medidas acordadas judicialmente puede tener lugar cuando así lo aconsejen las nuevas necesidades de los hijos.

10.Como se ha dicho más arriba, la modificación pretendida por don Bernabe es el cambio del sistema de guarda y custodia, de monoparental, a favor de la madre con régimen de visitas ampliado a su favor, a compartida, el cual viene regulado en el artículo 92 CC en los siguientes términos:

"1. La separación, la nulidad y el divorcio no eximen a los padres de sus obligaciones para con los hijos.

2. El Juez, cuando deba adoptar cualquier medida sobre la custodia, el cuidado y la educación de los hijos menores, velará por el cumplimiento de su derecho a ser oídos y emitirá una resolución motivada en el interés superior del menor sobre esta cuestión.

3. En la sentencia se acordará la privación de la patria potestad cuando en el proceso se revele causa para ello.

4. Los padres podrán acordar en el convenio regulador o el Juez podrá decidir, en beneficio de los hijos, que la patria potestad sea ejercida total o parcialmente por uno de los cónyuges.

5. Se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos cuando así lo soliciten los padres en la propuesta de convenio regulador o cuando ambos lleguen a este acuerdo en el transcurso del procedimiento.

6. En todo caso, antes de acordar el régimen de guarda y custodia, el Juez deberá recabar informe del Ministerio Fiscal, oír a los menores que tengan suficiente juicio cuando se estime necesario de oficio o a petición del Fiscal, las partes o miembros del Equipo Técnico Judicial, o del propio menor, y valorar las alegaciones de las partes, la prueba practicada, y la relación que los padres mantengan entre sí y con sus hijos para determinar su idoneidad con el régimen de guarda.

7. No procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los progenitores esté incurso en un proceso penal iniciado por intentar atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco procederá cuando el juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género. Se apreciará también a estos efectos la existencia de malos tratos a animales, o la amenaza de causarlos, como medio para controlar o victimizar a cualquiera de estas personas.

8. Excepcionalmente, aun cuando no se den los supuestos del apartado cinco de este artículo, el Juez, a instancia de una de las partes, con informe del Ministerio Fiscal, podrá acordar la guarda y custodia compartida fundamentándola en que solo de esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor.

9. El Juez, antes de adoptar alguna de las decisiones a que se refieren los apartados anteriores, de oficio o a instancia de parte, del Fiscal o miembros del Equipo Técnico Judicial, o del propio menor, podrá recabar dictamen de especialistas debidamente cualificados, relativo a la idoneidad del modo de ejercicio de la patria potestad y del régimen de custodia de las personas menores de edad para asegurar su interés superior.

10. El Juez adoptará, al acordar fundadamente el régimen de guarda y custodia, así como el de estancia, relación y comunicación, las cautelas necesarias, procedentes y adecuadas para el eficaz cumplimiento de los regímenes establecidos, procurando no separar a los hermanos".

11.La STS nº 1341/2024, de 18 de octubre (Pte.: Sr. Seoane Spiegelberg), analiza detalladamente el régimen de guarda y custodia compartida en relación con el interés superior del menor:

"CUARTO.- Desestimación del motivo

El recurso se fundamenta en que el interés superior de las hijas de los litigantes consiste en la fijación del régimen de custodia compartida en tanto en cuanto es el más favorable para las menores. No podemos compartir este argumento. Una cosa es que esta sala haya establecido que dicho régimen de comunicación no es excepcional, sino normal, incluso deseable, así como que tal medida se concilia con los mensajes que se trasladan desde el ámbito de la psicología, y otra bien distinta es que deba fijarse en todo caso con abstracción de las concretas connotaciones que lo individualizan y lo hacen singular.(énfasis añadido)

En efecto, hemos señalado que, abstractamente considerado, el interés y beneficio de los niños se concilia más adecuadamente bajo un régimen de custodia compartida, en tanto en cuanto favorece una relación más fluida e intensa de los progenitores con sus hijos, evita los sentimientos de pérdida, permite la participación continua y más intensa en la crianza de los menores con distribución equitativa de la sobrecarga parental, al tiempo que favorece la consolidación de vínculos de apego seguros entre los niños y sus padres y, en definitiva, una mejor adaptación al nuevo modus vivendi derivado de la crisis de pareja. La adopción de una medida de tal naturaleza cuenta además con el aval de las ciencias de la conducta humana, como la psicología de familia, que la consideran, en situaciones normales, como la mejor de las opciones en beneficio de los niños.(énfasis añadido)

En este sentido favorable, la Sala se ha pronunciado con reiteración (sentencias 386/2014, 2 de julio; 393/2017, de 21 de junio; 311/2020, de 16 de junio; 559/2020, de 26 de octubre; 175/2021, de 29 de marzo; 404/2022, de 18 de mayo, y más recientemente 981/2024, de 10 de julio, entre otras), en tanto en cuanto dicho régimen de custodia: 1) fomenta la integración del niño con ambos padres, sin desequilibrios en los tiempos de presencia; 2) se evita el sentimiento de pérdida; 3) no se cuestiona la idoneidad de los progenitores; 4) se estimula la cooperación de los padres, en beneficio de los menores ( sentencias, 433/2016, de 27 de junio; 526/2016, de 12 de septiembre; 545/2016, de 16 de septiembre; 413/2017, de 27 de junio; 442/2017, de 13 de julio; 654/2018, de 30 de noviembre, 175/2021, 29 de marzo; 870/2021, de 20 de diciembre; 238/2022, de 28 de marzo, y 404/2022, de 18 de mayo, y 981/2024, de 10 de julio, entre otras).

Ahora bien, lo expuesto no significa que la custodia compartida sea el modelo de comunicación entre los progenitores y sus hijos que deba adoptarse incondicionalmente en todos los supuestos de fijación de medidas relativas a los menores en los procesos judiciales, prescindiendo de las concretas circunstancias concurrentes; pues existen factores negativos que desaconsejan acordar una medida de tal naturaleza, que puede resultar contraproducente para la estabilidad emocional y desarrollo de la personalidad de los menores en contra de la finalidad pretendida con su adopción.(énfasis añadido)

Como señala el Tribunal Constitucional, para valorar qué es lo que resulta más beneficioso para el menor, "[h]a de atenderse especialmente a las circunstancias concretas del caso, pues no hay dos supuestos iguales, ni puede establecerse un criterio apriorístico sobre cuál sea su mayor beneficio" ( SSTC 178/2020, de 14 de diciembre, FJ 3 y 81/2021, de 19 de abril , FJ 2).(énfasis añadido)

De la misma manera, nosotros nos hemos manifestado, por ejemplo, en la sentencia 281/2023, de 21 de febrero, en la que puntualizamos que:

"Otra premisa de la que necesariamente hemos de partir es la de que el interés del menor difícilmente puede concebirse, desde un punto de vista estrictamente abstracto o general, mediante una simple especulación intelectual que prescinda del concreto examen del contexto en que se manifiesta. O dicho de otro modo, no puede fijarse a priori para cualquier menor, sino que debe ser apreciado con relación a un menor determinado en unas concretas circunstancias.

"Como dice la sentencia de esta sala 444/2015, de 14 de julio, cuya doctrina reproduce expresamente la STS 720/2022, de 2 de noviembre:

""El interés que se valora es el de unos menores perfectamente individualizados, con nombres y apellidos, que han crecido y se han desarrollado en un determinado entorno familiar, social y económico que debe mantenerse en lo posible, si ello les es beneficioso ( STS 13 de febrero 2015). El interés en abstracto no basta ni puede ser interpretado desde el punto de vista de la familia biológica, sino desde el propio interés del menor"".

De igual forma, las más recientes sentencias 984/2023, de 20 de junio y 915/2024, 26 de junio.

En este juicio ponderativo de las circunstancias concurrentes hemos señalado que son criterios determinantes para enjuiciar la procedencia del régimen de custodia compartida, la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con los menores y sus aptitudes personales; los deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada, aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores conviven(énfasis añadido) ( sentencias 242/2016, 12 de abril; 369/2016, de 3 de junio; 545/2016, de 16 de septiembre; 559/2016, de 21 de septiembre; 116/2017, de 22 de febrero; 311/2020, de 16 de junio; 175/2021, de 29 de marzo; 545/2022, de 7 de julio y 981/2024, de 10 de julio, entre otras muchas).

Pues bien, las sentencias de instancia no vulneran la precitada jurisprudencia ya que valoran los indicados factores, tales como la mayor idoneidad de la madre a través del examen de la personalidad de cada uno de los litigantes, con los condicionantes negativos que concurren en el demandante; los vínculos más estrechos existentes entre madre e hijas, al constituir aquélla el referente de afectividad, seguridad y apego, así como de satisfacción de las necesidades de todo tipo de las niñas; los deseos exteriorizados por éstas que, dadas sus edades, la mayor cumple en el mes de NUM000 próximo 13 años y la pequeña cuenta con 10 años, deben ser especialmente ponderados como razona el tribunal provincial; la falta de comunicación entre los padres, en un régimen de colaboración intensa como exige la custodia compartida, con un pronóstico de coparentalidad desfavorable; el detallado informe psicosocial que aconseja el mantenimiento de la situación preexistente de custodia de las menores, y los modelos educativos divergentes que desorientan a las niñas.

Por otra parte, las disposiciones internacionales que regulan la materia señalan que la atención a la opinión de los menores es de obligada ponderación a la hora de determinar su interés superior, precisamente por ello el art. 2.2 b) de la Ley Orgánica 1/1996 establece, entre esos criterios generales, "[l]a consideración de los deseos, sentimientos y opiniones del menor, así como su derecho a participar progresivamente, en función de su edad, madurez, desarrollo y evolución personal, en el proceso de determinación de su interés superior". Opinión del menor que exige valorar con especial atención la STC 53/2024, de 8 de abril.

Tampoco la desestimación del recurso implica la fractura del régimen de comunicación entre el demandante y sus hijas; toda vez que se fijó un amplio y rico régimen de visitas (fines de semanas alternos desde el viernes a la salida del colegio hasta el lunes por la mañana en que se reintegrarán al centro escolar), con estancias intersemanales con pernocta (miércoles a jueves), en los fines de semana en que no corresponde la custodia al padre, y todo ello con distribución equitativa de vacaciones. De esta manera, se garantiza en beneficio de las niñas la comunicación con su progenitor.

En definitiva, no consideramos que se haya vulnerado el interés superior de las menores".

12.Y más recientemente, la STS 782/2025, de 19 de mayo:

"2.2. El motivo segundo debe ser desestimado porque la sentencia recurrida aplica correctamente el principio de protección del interés superior del menor, conforme a la doctrina consolidada de esta Sala, y ofrece una fundamentación razonada y acorde con las circunstancias del caso(énfasis añadido). La argumentación del recurrente no pone en cuestión dicha aplicación ni revela error alguno en la valoración del interés del menor que justifique la revisión del fallo.

El recurrente sostiene que la custodia compartida constituye hoy el modelo preferente y que solo debe descartarse cuando concurran razones graves que así lo aconsejen. Apela para ello tanto a la jurisprudencia como a la doctrina que valoran positivamente dicho régimen como el que más favorece, con carácter general, la plena realización del interés del menor. Lo anterior, que planteado de forma teórica o abstracta, es correcto, no permite, sin embargo, erigir la custodia compartida en una solución automática o incondicionada, desvinculada del examen riguroso de las circunstancias concurrentes en cada caso concreto.

Así lo hemos recordado en la sentencia 981/2024, de 10 de julio, cuya doctrina reitera la 1231/2024, de 3 de octubre, al señalar:

"Abstractamente considerado, el interés y beneficio de los niños se concilia más adecuadamente bajo un régimen de custodia compartida, en tanto en cuanto favorece una relación más fluida e intensa de los progenitores con sus hijos, evita los sentimientos de pérdida, permite la participación continua y más intensa en la crianza de los menores con distribución equitativa de la sobrecarga parental, al tiempo que favorece la consolidación de vínculos de apego seguros entre los niños y sus padres y, en definitiva, una mejor adaptación al nuevo modus vivendi derivado de la crisis de pareja. La adopción de una medida de tal naturaleza cuenta además con el aval de las ciencias de la conducta humana, como la psicología de familia, que la consideran, en situaciones normales, como la mejor de las opciones en beneficio de los niños.

"En este sentido favorable, la Sala se ha pronunciado con reiteración (sentencias 386/2014, 2 de julio; 393/2017, de 21 de junio; 311/2020, de 16 de junio; 559/2020, de 26 de octubre; 175/2021, de 29 de marzo, y 404/2022, de 18 de mayo, entre otras), en tanto en cuanto dicho régimen de custodia: 1) fomenta la integración del niño con ambos padres, sin desequilibrios en los tiempos de presencia; 2) se evita el sentimiento de pérdida; 3) no se cuestiona la idoneidad de los progenitores; 4) se estimula la cooperación de los padres, en beneficio de los menores ( sentencias, 433/2016, de 27 de junio; 526/2016, de 12 de septiembre; 545/2016, de 16 de septiembre; 413/2017, de 27 de junio; 442/2017, de 13 de julio; 654/2018, de 30 de noviembre, 175/2021, 29 de marzo; 870/2021, de 20 de diciembre; 238/2022, de 28 de marzo, y 404/2022, de 18 de mayo, entre otras).

"Ahora bien, lo expuesto no significa que la custodia compartida sea el modelo de comunicación entre los progenitores y sus hijos que deba adoptarse incondicionalmente en todos los casos de fijación de medidas relativas a los menores en los procesos judiciales, prescindiendo de las concretas circunstancias concurrentes; pues existen factores negativos que desaconsejan acordar una medida de tal naturaleza, que puede resultar contraproducente para la estabilidad emocional y desarrollo de la personalidad de los niños en contra de la finalidad pretendida con su adopción.

"En efecto, esta sala se ha manifestado, también, en reiteradas ocasiones, al analizar la esencia de ese concepto jurídico indeterminado en que consiste el interés y beneficio de los menores, que éste no puede ser concebido desde un punto de vista abstracto o general, sino de una manera circunstancial en atención al específico escenario concurrente en cada supuesto en que se vean comprometidos el desarrollo integral y bienestar de los niños y de las niñas.

"Así se ha expresado, también, el Tribunal Constitucional cuando enseña que, para valorar lo que resulta más beneficioso para el menor, "ha de atenderse especialmente a las circunstancias concretas del caso, pues no hay dos supuestos iguales, ni puede establecerse un criterio apriorístico sobre cuál sea su mayor beneficio" ( SSTC 178/2020, de 14 de diciembre, FJ 3 y 81/2021, de 19 de abril, FJ 2).

"De la misma manera, nosotros hemos señalado, por ejemplo, en la sentencia 281/2023, de 21 de febrero, que el interés del menor no puede concebirse:

""[...] mediante una simple especulación intelectual que prescinda del concreto examen del contexto en que se manifiesta. O dicho de otro modo, no puede fijarse a priori para cualquier menor, sino que debe ser apreciado con relación a un menor determinado en unas concretas circunstancias.

Como dice la sentencia de esta sala 444/2015, de 14 de julio, cuya doctrina reproduce expresamente la STS 720/2022, de 2 de noviembre:

""El interés que se valora es el de unos menores perfectamente individualizados, con nombres y apellidos, que han crecido y se han desarrollado en un determinado entorno familiar, social y económico que debe mantenerse en lo posible, si ello les es beneficioso ( STS 13 de febrero 2015). El interés en abstracto no basta ni puede ser interpretado desde el punto de vista de la familia biológica, sino desde el propio interés del menor".

"Por otra parte, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, norma. en su art. 11, como principios rectores de la actuación de los poderes públicos en relación con los menores, en lo que ahora nos interesa: "a) La supremacía de su interés superior [...]; d) La prevención y la detección precoz de todas aquellas situaciones que puedan perjudicar su desarrollo personal [...]; i) La protección contra toda forma de violencia, incluido el maltrato físico o psicológico".

"De igual forma, hemos señalado que son criterios determinantes para enjuiciar la procedencia del régimen de custodia compartida, la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con los menores y sus aptitudes personales; los deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada, aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores conviven ( sentencias 242/2016, 12 de abril; 369/2016, de 3 de junio; 545/2016, de 16 de septiembre; 559/2016, de 21 de septiembre; 116/2017, de 22 de febrero; 311/2020, de 16 de junio; 175/2021, de 29 de marzo y 545/2022, de 7 de julio; entre otras muchas)."

En el presente caso, la sentencia recurrida ha llevado a cabo precisamente ese examen individualizado y ha ofrecido una motivación detallada y congruente sobre las razones que desaconsejan la adopción del régimen de custodia compartida. Razones que, además, no se limitan a una mera inercia conservadora de la situación previa ni se basan exclusivamente en la mayor vinculación afectiva del menor con la madre, como parece sugerir el recurrente, sino que descansan en una pluralidad de circunstancias objetivas que inciden directamente en el bienestar del menor(énfasis añadido).

Al asumirse la sentencia de primera instancia, se considera que la situación laboral del padre, marcada por la inestabilidad derivada de su condición de interino, con riesgo de cese o traslado a destinos alejados, así como por un horario laboral que obligaría al menor a alterar sustancialmente sus rutinas -al tener que ser conducido al colegio dos horas antes del inicio de la jornada escolar-, resulta incompatible con la implantación del modelo compartido. Frente a ello, se constata que la madre goza de una mayor estabilidad y flexibilidad horaria, cuenta con una red de apoyo familiar efectiva y ha garantizado al menor un entorno estable, seguro y favorable a su desarrollo.

A ello se suma la conclusión del informe del equipo psicosocial, que desaconseja la custodia compartida por no considerar el proyecto de parentalidad del padre suficientemente definido ni viable, al no garantizar una disponibilidad real de apoyos externos ni una implicación suficientemente estructurada en la dinámica cotidiana del menor.

El recurrente niega la existencia de obstáculos reales a la custodia compartida y sostiene que las dificultades laborales que puedan presentarse son responsabilidad suya y no deben operar en su contra. Sin embargo, este planteamiento desconoce que el régimen de custodia compartida no puede imponerse en abstracto por razones de equidad entre progenitores, sino que debe responder al mayor beneficio del menor, el cual, como se ha explicado, requiere de un entorno organizado, previsible y estable, tanto desde el punto de vista material como emocional. La estabilidad y la adecuación del entorno familiar son condiciones que no se presumen, sino que deben demostrarse, y en el caso del padre, la prueba no ha permitido acreditar su viabilidad con un grado de certeza que permita alterar el statu quo actual, cuya adecuación y beneficio para el menor en este momento han quedado suficientemente constatados(énfasis añadido).

Por otra parte, tampoco ha quedado acreditado que la denegación de la custodia compartida vaya a suponer una pérdida de la relación afectiva y vinculación del menor con su padre, puesto que esta, tal y como señala la Audiencia Provincial, con base en el informe pericial, "queda asegurada a través del sistema de contactos amplio, sin que ello suponga desajuste alguno, debiendo aquí recordarse a D. Lorenzo que no incumben a la progenitora mayores facultades respecto del niño que al padre cuando con este le corresponde la permanencia".

En suma, la sentencia recurrida no ha vulnerado el principio de protección del interés superior del menor, sino que lo ha aplicado de forma razonada, suficiente y conforme a la doctrina jurisprudencial y constitucional, primando en todo momento el bienestar y el interés concreto del menor sobre cualquier expectativa legítima -pero subordinada- del progenitor, sin incurrir en ninguna infracción normativa ni interpretativa que pueda justificar la estimación del recurso. Como hemos recordado en la sentencia 244/2025, de 14 de febrero:

«[e]l recurso de casación no puede convertirse en una tercera instancia, a pesar de las características especiales del procedimiento de familia. Aunque la sala ha reiterado que el interés del menor presenta interés casacional (entre otras, sentencia 348/2018, de 7 de junio, y 705/2021, de 19 de octubre), también ha reiterado que el recurso habrá de ser desestimado cuando la sentencia recurrida haya valorado adecuadamente el interés del menor ( sentencias 400/2018, de 27 de junio, 413/2018, de 3 de julio, 393/2017, de 21 de junio, 84/2018, de 14 de febrero, entre otras muchas). En estos recursos solo puede examinarse si el juez a quo ha aplicado correctamente el principio de protección del interés del menor, motivando suficientemente, a la vista de los hechos probados en la sentencia que se recurre, la conveniencia de la medida de que se trate (entre otras, sentencias 614/2009, de 28 septiembre, 623/2009, de 8 octubre, 469/2011, de 7 julio 641/2011, de 27 septiembre y 154/2012, de 9 marzo, 579/2011, de 22 julio 578/2011, de 21 julio y 323/2012, de 21 mayo).".

QUINTO.-Aplicación de la normativa y la doctrina jurisprudencial al concreto caso de autos. Estimación del recurso.

13.Si trasladamos las anteriores consideraciones al caso de autos, tendremos que concluir, contrariamente a como decidió el juez de instancia, que el régimen de guarda y custodia compartida es el que mejor puede asegurar el interés y el beneficio del menor Juan Carlos en la edad en que se encuentra.

14.La anterior conclusión es el resultado de apreciar y ponderar, lógica y racionalmente, los siguiente datos, hechos y circunstancias:

a. En primer lugar, la petición expresa de don Bernabe a la instauración del régimen de guarda y custodia compartida, evidenciada por el contenido de su demanda, no resultándole satisfactorio, por suficiente, un régimen de comunicaciones y visitas como el establecido en la sentencia recurrida, que supone una ampliación de las que ya tenía reconocidas en la sentencia inicial.

b. En segundo lugar, la Sala no encuentra motivos serios o fundados para pensar que el Sr. Bernabe no atenderá o no podrá atender adecuadamente a su hijo preadolescente, Juan Carlos, quien tiene doce (12) años en la actualidad al haber nacido el día NUM001.2013.

En el escrito de oposición al recurso -tampoco en la sentencia- no se concreta ni un solo episodio que permita pensar, con fundamento, que don Bernabe no procurará adecuadamente el sostenimiento, la educación y la atención que requiere un menor de esa edad.

c. En tercer lugar, creemos que existe suficiente relación personal entre el menor, Juan Carlos, con su padre, don Bernabe, y la actual pareja de este, al tiempo del dictado de la sentencia de instancia, evidenciada por la existencia de comunicaciones, visitas y estancias entre ellos, plasmadas en las fotografías aportadas como documentos n.º 7 y 9, las cuales incluyen pernoctas del menor durante fines de semana e incluso periodos vacacionales, no teniendo constancia de la existencia de enfrentamientos o incidencias graves entre ellos o con esta última.

d. En cuarto lugar, hemos de destacar que se exploró al menor cuando el mismo contaba con diez (10) años de edad y se mostró favorable al sistema de guarda propuesto por su padre al manifestar su deseo de estar el mismo tiempo con su padre que con su madre, admitiendo tener buena relación con ambos y la actual pareja de aquel.

e. En quinto lugar, valoramos positivamente la aparente fluidez de la relación personal de los litigantes, evidenciada por el tono (cordial) y el número de conversaciones (abundante) cruzadas entre ambos a través de la aplicación de telefonía "WhastsApp" (documento n.º 8), las cuales evidencian flexibilidad en la gestión de las comunicaciones y estancias con el menor y ánimo de solventar las incidencias que surgen en el día a día.

Esta situación contrasta que la reflejada en la sentencia inicial, de 20 de febrero de 2017, en la que puede leerse "que la relación entre las partes es mala".

f. En sexto lugar, constatamos que la situación personal de don Bernabe ha mejorado desde esa fecha, a partir de la tenencia de un trabajo fijo discontinuo desde el día 15 de enero de 2022 en la empresa DIRECCION000 (en adelante, DIRECCION000), situada en Córdoba (documento nº 4), lo que le ha procurado una mayor retribución dineraria en el ejercicio 2022 (21.447'51 euros, según el documento nº 3) que en el año anterior (12.058'20 euros, según el documento nº 2). Es de tener en cuenta que en el ejercicio 2020 no presentó declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), al tener una retribución de tan solo 4871'13 euros (documento nº 1).

g. En séptimo lugar, no consta que la situación laboral de don Bernabe le imponga el traslado o frecuentes desplazamientos a destinos alejados de esta capital, más allá del que existió a Andorra entre junio y agosto de 2021 (documento nº 4), único que resulta acreditado. Tampoco que su horario de trabajo impida al menor desarrollar su rutina colegial, académica y extracadémica.

h. En octavo y último lugar, se deja constancia de que en la sentencia precedente se alude a la presencia de la abuela materna, con la que convivía don Bernabe, extremo que evidencia la existencia de un familiar de referencia que puede solventar, de manera concreta o puntual, cualquier incidencia que pueda producirse por razón del horario o algún desplazamiento de aquel, manteniendo al menor a su cargo.

15.Más allá de consideraciones abstractas sobre la bondad del régimen de custodia compartida sobre el monoparental, lo expuesto anteriormente permite decantarnos, en el caso concreto, por el sistema de guarda y custodia compartidas.

Reiteramos que ni la sentencia de instancia ni el escrito de oposición de la parte apelada han detallado episodios concretos, hábitos o comportamientos que revelasen la inidoneidad del sistema postulado en el entorno que se encontrará el menor, tomando como referencia los recursos económicos, de espacio y tiempo que el padre pone a su disposición a aquel, así como las relaciones con su madre (abuela) y actual pareja.

16.El dato, recogido por la sentencia de instancia, de que, en palabras de doña Eva María, el padre solo se ocupaba de su hijo desde hace poco más de tres (3) años, contados desde la celebración del juicio anterior, y que al separarse (2017) no se ocupaba de él, no debe impedir el establecimiento del sistema de guarda y custodia solicitado por el progenitor no custodio cuando, como en el caso, la relación entre ambos es fluida y aparentemente normalizada, el menor desea estar el mismo tiempo con ambos y el padre parece disponer de un entorno personal organizado y estable (con pareja y madre) y laboral (contrato de trabajo fijo discontinuo) que permite la estancia continuada del menor en su compañía, en beneficio del crecimiento personal y emocional de este y sin quiebra de su rutina académica y extracadémica.

No acceder a la petición del Sr. Bernabe de mayor estancia, contacto y comunicación con su hijo (preadolescente), cuando ningún dato o elemento objetivo lo desaconseja, supondría, en la práctica, la imposibilidad de consolidar el vínculo de apego al inicio de su juventud.

17.Se estimará, pues, el recurso interpuesto por el Sr. Bernabe, estableciendo el régimen de guarda, custodia y gastos postulado por este en su recurso, presidido este último por el principio de no establecimiento de pensión alimenticia alguna a cargo de aquel, a causa de que el menor pasará el mismo tiempo al año con ambos progenitores.

En este sentido, la sentencia 564/2017 del Tribunal Supremo, de 17 de octubre, establece que la custodia compartida no exime del pago de alimentos pero solo cuando existe una desproporción considerable en los ingresos de ambos progenitores. Es decir, que la estancia paritaria no impide la obligación de pago de alimentos pero solo cuando uno de los padres tiene ingresos significativamente superiores, extremo que en el caso no resulta demostrado, de ahí que nos decantemos por el no establecimiento de cantidad alguna a cargo del apelante.

SEXTO.-Costas procesales y depósito.

18.La estimación total del recurso determina la no imposición de las costas de esta instancia a ninguno de los litigantes ( artículo 398.2 LEC) .

19.En cualquier caso, no procede condenar al pago de las costas de la primera instancia, en consideración a la naturaleza de los intereses que se ventilan en el litigio.

20.La estimación del recurso determina la devolución de la totalidad del depósito constituido para recurrir ( disposición adicional 15ª 8 LOPJ) .

En virtud de lo expuesto,