Sentencia Civil 32/2025 Audiencia Provincial Civil de Almería nº 1, Rec. 1248/2023 de 14 de enero del 2025

PRIMERO.-Se ejercitaba en la instancia una acción declarativa de dominio basada en la existencia de un negocio fiduciario entre las partes de este procedimiento; así como subsidiariamente, y para el caso de no estimarse esta se ejercitaba acción en ejercicio del derecho de retención del art. 453 en relación con el derecho de accesión del art. 361 ambos del Código Civil, en relación con la finca urbana sita en Armuña inscrita en el Registro de la Propiedad de Purchena, con n° NUM000, sobre la cual se construyó una vivienda.

La demandada se opuso a la demanda afirmando que es incierto que entre las partes se pactara negocio fiduciario alguno, siendo así que tanto el terreno como la vivienda construida sobre el mismo son propiedad de la demandada, sin que se den los requisitos legales necesarios para la accesión.

La resolución de instancia tras analizar los requisitos de la acción declarativa de dominio desestima íntegramente la demanda motivando que no consta acreditado el negocio fiduciario alegado por la parte actora, existiendo pronunciamientos judiciales anteriores de los que se desprende que la propiedad del terreno es de la Sra. Petra, y en cuanto a la acción ejercitada con carácter subsidiario motivaba la juzgadora de instancia que el Sr. Ovidio ha carecido de posesión alguna sobre la vivienda, no existiendo tampoco prueba de posesión por parte de las mercantiles demandantes, desestimando la acción de retención por considerar que no cuentan con legitimación para tal reclamación.

Frente a estos pronunciamientos se alza la parte actora alegando respecto de la acción principal error en la fijación de la cuestión controvertida, motivación arbitraria e ilógica, error en la aplicación e interpretación del derecho y error en la valoración de la prueba; y respecto de la acción subsidiaria, error en la aplicación e interpretación del derecho y error en la valoración de la prueba.

La parte apelada se opone al recurso.

SEGUNDO.-Centrado el objeto de debate en esta alzada fundamentalmente en un supuesto error en la valoración de la prueba es reiterada la doctrina legal de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo según la cual la valoración probatoria efectuada por los órganos judiciales de instancia al configurar el «"factum"» de sus resoluciones es inatacable, salvo en ocasiones excepcionales de interpretaciones totalmente absurdas, erróneas o intemperantes (, SSTS, Sala Primera, de 14 de febrero, 7 de marzo y 20 y 24 de abril de 1989, 1 de julio de 1996 y 15 de abril de 2003), constituye una afirmación que no se puede desligar de la perspectiva del órgano que la realiza, y del carácter extraordinario del recurso de casación en el seno del cual se efectúa, en el entendimiento de que nunca podrá adquirir la naturaleza de una tercera instancia -por citar sólo las más recientes, vide SSTS, Sala de lo Civil, de 28 de enero de 2003; 15 de abril de 2003; y 12 de mayo de 2003 -. Pero ello no significa, pese a lo extendido del errado criterio contrario, que las Audiencias carezcan de esa función revisora respecto de la valoración y apreciación probatoria efectuada por los Juzgados de Primera Instancia con ocasión de los recursos de apelación de los que conozcan, pues, por definición y como el propio Tribunal Supremo tiene declarado, la apelación es un recurso ordinario que somete al Tribunal que de ella entiende el total conocimiento del litigio, dentro de los límites del objeto o contenido en que se haya formulado el recurso, en términos tales que faculta a aquél para valorar los elementos probatorios y apreciar las cuestiones debatidas según su propio criterio dentro de los límites de la obligada congruencia ( SSTS, Sala de lo Civil, de 23 de marzo de 1963; 11 de julio de 1990; 19 de noviembre de 1991; 13 de mayo de 1992; 21 de abril de 1993; 31 de marzo de 1998; 28 de julio de 1998; y 11 de marzo de 2000; entre otras).

Ahora bien, en materia de valoración de prueba tampoco puede olvidarse que la práctica de la prueba se realiza ante el juzgado de instancia y éste tiene ocasión de poder percibir con inmediación las pruebas practicadas, es decir, de estar en contacto directo con las mismas y con las personas intervinientes. En suma, el principio de inmediación, que aparece en la anterior LEC y con mayor énfasis en la nueva, que informa el proceso civil debe concluir "ad initio" por el respeto a la valoración probática realizada por el juzgador de instancia salvo, excepción, que aparezca claramente que, en primer lugar, exista una inexactitud o manifiesto error en la apreciación de la prueba o, en segundo lugar, que el propio relato fáctico sea oscuro, impreciso o dubitativo, ininteligible, incompleto, incongruente o contradictorio. Prescindir de todo lo anterior es sencillamente pretender modificar el criterio del juzgador por el interesado de la parte recurrente. La valoración por el Tribunal de apelación de la prueba sólo puede ser combatida cuando el "iter" deductivo afrenta de manera evidente a un razonar humano consecuente. Es preciso demostrar que los juzgadores han prescindido del proceso lógico que representa las reglas de la sana crítica ( S. de 10 marzo 1994), al haber conculcado las más elementales directrices del razonar humano y lógico ( SS. de 11-noviembre-1996 y 9-marzo-1998)".

Por lo que se refiere a la acción declarativa de dominio, el artículo 348 del Código Civil, en relación actualmente con el artículo 5.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil, ampara o tutela el derecho de propiedad que se puede lograr especialmente a través de dos acciones distintas, aunque entrelazadas y frecuentemente confundidas, la propiamente reivindicatoria, que se da como protección del dominio frente a una privación o detentación posesoria de la cosa por otra persona distinta a su titular, encaminada fundamentalmente a recuperar la posesión en favor de aquél, y la acción meramente declarativa, la que no requiere para su ejercicio, que el demandado sea poseedor, teniendo únicamente por finalidad obtener la declaración de que el demandante es el propietario de la cosa, acallando a la parte contraria que se lo discute o pretende atribuírsele, sin aspiraciones de ejecución dentro del mismo proceso en aras a una reintegración de una posesión detentada. Es decir, la acción declarativa de dominio, según muy reiterada jurisprudencia, no requiere que el demandado sea poseedor, siendo suficiente que contravenga en forma efectiva el derecho de propiedad, pues dicha acción tiene como finalidad obtener la declaración de que el demandante es propietario de la cosa, acallando a la parte contraria que discute ese derecho o se lo atribuye ( ss.TS de 2 abril 1979, 14 marzo 1989, 14 octubre 1991 y 10 julio 2003). Consecuencia de esta naturaleza, y como bien es sabido, pues una constante jurisprudencia lo pone de manifiesto ( ss. TS 4 abril y 9 mayo 1997, 19 febrero 1998, 5 y 26 febrero 1999 o 5 junio 2000) la acción declarativa de propiedad, a diferencia de la reivindicatoria, requiere de la concurrencia de los siguientes requisitos:

1º) Que el accionante justifique su derecho de propiedad respecto de los bienes a que la acción se refiere, esto es, la existencia de un título que acredite la propiedad de la cosa, debiendo significarse que el «título» debemos conceptuarlo en el sentido natural de causa adquisitiva del derecho, independientemente del eventual instrumento en que se materialice (título formal), por ello no es imprescindible que consista en un instrumento público o en un documento privado, pudiendo acreditarse la propiedad por cualquier medio de prueba,

2º) Que se identifiqueplenamente la cosa que es sustrato y objeto de dicho derecho real; en cuanto a la cosa, su identidad concreta y determinada, lo que supone que, por una parte, debe fijarse con claridad y precisión la situación, cabida y linderos de las fincas de modo que no pueda dudarse de cual se trata y, de otra, se ha de acreditar de modo práctico en el juicio que el terreno es aquél al que el primero aspecto de la identificación se refiere.

3º) Que tal derecho, cuya declaración se solicita, sea contradicho, discutido o detentado por la persona del demandado, que de alguna forma contravenga de manera efectiva el derecho de propiedad, lo vulnere con actos de indiscutible realidad o adopte una posición frente al dominio que lo hagan dudoso o lo desconozca, arrogándoselo o discutiéndoselo en términos tales que resulte precisa su declaración judicial.

En base a tal doctrina y conforme al art. 217.2 de la LEC corresponde al accionante la prueba cumplida de todos y cada uno de estos requisitos, sin que sean de recibo simples suposiciones, cálculos o conjeturas, no apoyadas en hechos ciertos o concluyentes que, al menos de forma indiciaria, nos permitan considerar probado, por vía de presunción, el dominio, la identidad concreta y determinada de la cosa con su cabida y linderos y la coincidencia de dicho terreno, total o parcialmente, con el que el demandado considera de su propiedad y sin que competa al demandado acreditar la extensión de su propiedad, sino se reitera, íntegramente a la actora.

Por tanto, sea la acción declarativa del dominio o reivindicatoria se basa en dos presupuestos esenciales; la justificación del título de adquisición del bien y la plena identidad del objeto adquirido con el que se pretende la declaración frente a terceros.

La Jurisprudencia del Tribunal Supremo es unánime y pacífica cuando establece y exige que el título de propiedad del reivindicante ha de quedar, de forma inexcusable, cumplida y debidamente acreditado, a través de un aporte probatorio objetivo y suficiente que revele, sin género de duda alguno, que el demandante tiene el dominio sobre la finca objeto de la acción, no obstante lo cual el propio Tribunal ha declarado que el titulo de dominio "puede acreditarse por cualquier medio de prueba", sin que haya de identificarse necesariamente con la constancia documental del hecho generador, sino que equivale a prueba de la propiedad de la cosa en virtud de causa idónea para dar nacimiento a la relación en que el derecho real consiste.

TERCERO.-Pues bien, en el presente caso y en el ámbito de las facultades revisoras de la Sala de todo lo actuado, alcanzamos una conclusión coincidente con la resolución de instancia, sin que pueda considerarse tal y como alega la apelante en su recurso que la juez "a quo" haya incurrido en error a la hora de la fijación de la cuestión controvertida, ni que su motivación sea arbitraria e ilógica, ya que la base de la decisión judicial adoptada se encuentra en la falta de prueba del supuesto negocio fiduciario existente entre las partes. Tal negocio consiste según expresa la STS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, nº 187/2001, de 5 de marzo, "en la atribución patrimonial que uno de los contratantes, llamado fiduciante, realiza a favor de otro, llamado fiduciario, para que éste utilice la cosa o derecho adquirido, mediante la referida asignación, para la finalidad que ambos pactaron, con la obligación de retransmitirlos al fiduciante o a un tercero cuando se hubiera cumplido la finalidad prevista."

La parte actora fundamenta la existencia del negocio fiduciario en que durante el transcurso de la relación sentimental que mantenía con la demandada, el Sr. Ovidio decidió adquirir un terreno en el que construir una vivienda que vendría a constituir el lugar para el desarrollo de la vida en pareja proyectada por ambos, si bien ante las dificultades económicas por las que atravesaban algunas de sus empresas, consideró apropiado de común acuerdo con la Sra. Petra, con el objetivo de que los bienes adquiridos no pudieran verse amenazados, titularizar la adquisición de la finca de autos a nombre de la demandada, debiendo ser reintegrada al fiduciante en el supuesto de la eventual ruptura de la relación sentimental que pudiera ocurrir en la pareja. Pues bien, la voluntad común de constituir el supuesto negocio fiduciario no ha sido probada en estos autos, sorprendiendo sobremanera a esta Sala los constantes giros de guión que la parte actora ha realizado en los distintos procedimientos judiciales habidos entre las partes, por mor de las distintas demandas presentadas frente a la Sra. Petra.

La primera demanda presentada por los actores en relación a la misma propiedad dio lugar a los autos de Juicio Ordinario nº 501/2007, y la misma se sustentaba en que tanto el terreno como la vivienda construida sobre el mismo eran propiedad de la Sra. Petra, ejercitándose acción de reclamación de cantidad por los conceptos de préstamo o, en su caso, compraventa, o en su caso pago por cuenta ajena, por las cantidades que los actores, los mismos que en el presente procedimiento, decían haber pagado tanto para la adquisición de la propiedad del terreno por parte de la Sra. Petra como para el abono de los materiales necesarios para la realización de la vivienda. La sentencia de primera instancia desestimó las pretensiones de la parte actora y en el recurso de apelación presentado por los demandantes dejaban clara cual era su postura al expresar lo siguiente, según consta en autos: "De hecho esta parte nunca se ha negado a considerar que la demandada ostenta el derecho de propiedad exclusivo, tanto sobre el suelo como sobre lo que en él se ha construido; ello sin perjuicio de que esté obligada a pagar el coste de construcción, como cualquier persona que pretenda tener una vivienda, según es nuestra pretensión en el proceso".

Posteriormente, el Sr. Ovidio interpuso nueva demanda, tramitada dentro de los autos de Juicio Ordinario nº 1049/2011, que tenía por objeto la misma vivienda y en la que variando su postura inicial venía a ejercitar una acción declarativa de condominio, pretendiendo la división de la cosa común, desestimándose nuevamente en la instancia sus pretensiones con la conclusión de que no estaba probado el condominio. Recurrida en apelación la sentencia de instancia, esta Sala dictó sentencia nº 127/2014, RAC 42/2013, en cuyo fundamento de derecho tercero se expresaba lo siguiente:

"Ahora en este procedimiento el actor ejercita en solitario su acción, y altera sustancialmente su posición anterior, afirmando la existencia de un condominio sobre todas y cada una de las fincas anteriormente mencionadas, consciente como es de que figuran inscritas como bienes privativos en el Registro de la Propiedad a nombre de la demandada.

Ese cambio de actitud supone la contravención de la doctrina de los actos propios o regla que decreta la inadmisibilidad de "venire factum propium", surgida originariamente en el ámbito del Derecho privado, significa que la vinculación del autor a una declaración de voluntad generalmente de carácter tácito en el sentido objetivo de la misma y la imposibilidad de adoptar después un comportamiento contradictorio, lo que encuentra su fundamento último en la protección que objetivamente requiere la confianza que fundadamente se puede haber depositado en el comportamiento ajeno y la regla de la buena fe que impone el deber de coherencia en el comportamiento y limita por ello el ejercicio de los derechos objetivos ( S.T.C. 30 de enero de 2006 , RTC 2006,17)."

Pues bien, estimamos que la parte actora contraviene nuevamente sus propios actos, al pretender en el presente procedimiento que se declare su propiedad exclusiva sobre la finca registral nº NUM000, inscrita en el Registro de la Propiedad de Purchena y, subsidiariamente que se declare su derecho de retener la posesión de la construcción realizada sobre la misma conforme al art. 453 del Código Civil en relación con el derecho de accesión del art. 361 del mismo texto legal, fundamentando sus pretensiones en que el terreno es de su propiedad y de no estimarse así, que lo construido es en todo caso de su titularidad, cuando en el primero de los procedimientos judiciales entablados frente a la Sra. Petra sostenía que tanto el terrero como la vivienda eran propiedad de esta señora, y en el segundo de los procedimientos judiciales se sostenía la condición de bien común del inmueble, pudiendo apreciarse con nitidez como entre las conductas anteriores de la parte actora y la pretensión actual existe una clara incompatibilidad, al haberse sostenido una cosa y ahora su contraria.

La STS 1228/2023, de 14 de septiembre, indica que constituye un principio general del derecho que veda ir contra los propios actos ( nemo potest contra propium actum venire) como límite al ejercicio de un derecho subjetivo o de una facultad ( sentencias de 9 mayo 2000 y 21 mayo 2001). La sentencia de 19 febrero 2010, reiterada por la núm. 335/2013, de 7 de mayo, sintetiza esta doctrina en estos términos: "El principio de los actos propios implica una actuación "con plena conciencia de crear, definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer una determinada situación jurídica, para lo cual es insoslayable el carácter concluyente e indubitado, con plena significación inequívoca del mismo, de tal modo que entre la conducta anterior y la pretensión actual exista una incompatibilidad o contradicción..." así se expresan las sentencias de 9 de mayo de 2000 y 21 de mayo de 2001 . Y añade la de 22 de octubre de 2002 que "la doctrina que veda ir contra los propios actos se refiere a actos idóneos para revelar una vinculación jurídica". A su vez, precisan las de 16 de febrero de 2005 y 16 de enero de 2006 que "no ejerce su influencia en el área del negocio jurídico, sino que tiene sustantividad propia, asentada en el principio de la buena fe". "Significa, en definitiva - concluye la sentencia de 2 de octubre de 2007 - que quien crea en una persona una confianza en una determinada situación aparente e induce por ello a otra persona a obrar en un determinado sentido, sobre la base en la que ha confiado, no puede además pretender que aquella situación era ficticia y que lo que debe prevalecer es la situación real".

En razón de lo expuesto no puede estimarse la acción declarativa de dominio interpuesta con carácter principal, pues no se ha probado el negocio fiduciario, viniendo en este procedimiento la parte demandante contra sus propios actos al mantener que ostenta un derecho de propiedad que anteriormente atribuía sin ambages a la demandada, y tampoco puede estimarse la acción de retención relacionada con el derecho de accesión, ejercitada con carácter subsidiario, pues no está probada su titularidad sobre la vivienda construida, habiendo igualmente atribuido con anterioridad la misma a la Sra. Petra, y estando probado en autos que fue ésta la promotora de la edificación en el terreno de su propiedad para lo cual solicitó y obtuvo la licencia de obras pertinente, sin que resulte acreditado por ningún medio probatorio que el Sr. Ovidio y las mercantiles que conforman la parte actora en este procedimiento hayan ostentado posesión alguna sobre la vivienda, tal y como acertadamente recoge la sentencia de primera instancia, que les permitiese ejercitar el derecho de retención de dicha posesión ex artículo 453 del Código Civil, no encontrando por todo ello error valorativo alguno de la prueba practicada ni del derecho aplicado, debiendo necesariamente desestimarse el recurso presentado.

CUARTO.-Dada la desestimación del recurso se imponen las costas de la alzada a la parte recurrente conforme a lo dispuesto en los artículos 398.1 y 394.1 de la LEC.

Vistos los preceptos legales y demás de general aplicación,