Sentencia Civil 20/2025 Audiencia Provincial Civil de Pontevedra nº 1, Rec. 542/2024 de 15 de enero del 2025

PRIMERO.- Planteamiento de la cuestión objeto de debate.

1.- Es objeto del presente recurso de apelación la sentencia por la que se desestimó la demanda de juicio ordinario presentada por Dña. Remedios frente a la entidad HOIST FINANCE SPAIN, S.L., en la que postulaba que, previa declaración de que la inclusión de la actora en el fichero de ASNEF por parte de la demandada había supuesto una intromisión ilegítima en su derecho al honor, por irregular, se condenase a la citada demandada a abonar a la demandante la cantidad de 4.000 €, más intereses legales, en concepto de daños y perjuicios derivados de tal actuación, y a cancelar los datos obrantes en el mencionado fichero Asnef, si existieran, al amparo del art. 18.1 CE y de los arts. 1, 2, 7 apartados 3º y 7º, y 9 apartado 1, todos de la LO 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y a la Propia Imagen.

2.- Recordemos que la acción ejercitada se fundamentaba en los siguientes hechos:

1º En fecha 29/11/2016, Dña. Remedios suscribió con Caixabank Payments E.F.C., S.A.U., un contrato de préstamo del que se generó una deuda por impago de cuotas. La actora trató de ponerse al día, para lo que se puso en contacto con el banco, reclamando tanto el contrato como una liquidación de la deuda para conocer su desglose, lo que se le negó con el argumento de que el crédito había sido vendido a la aquí demandada, ante lo cual reiteró la reclamación frente a ambos, cedente y cesionaria.

2º Mediante correo electrónico de fecha 18/04/2023, HOIST FINANCE SPAIN, S.L. (en adelante, HOIST), envió a la actora el contrato y un testimonio parcial notarial con la cesión del crédito, pero no la liquidación de la deuda con su desglose, que sigue siendo completamente desconocida.

3º El 03/03/2023, la demandante tuvo conocimiento de que sus datos se hallaban anotados en el fichero de insolvencia ASNEF de Equifax, con ocasión de pedir una tarjeta de crédito a la entidad Santander Consumer Finance, S.A., que le fue denegada por tal motivo. Solicitado acceso a los datos obrantes en el fichero, recibió una carta de Equifax en la que se indicaba que (i) la entidad informante es HOIST, (ii) el alta en ASNEF se produjo el 13/12/2022, (iii) la deuda inscrita por la demandada asciende a 1.054,44 €, sin que en ningún momento le hubiera sido reclamada ni por HOIST ni por el banco cedente, como tampoco notificada liquidación alguna, y (iv) los datos del fichero han sido consultados en cinco ocasiones.

4º Concurren, pues, los requisitos exigidos para apreciar la vulneración del derecho al honor de la demandante, puesto que no existe una deuda cierta, líquida y exigible, falta el preceptivo requerimiento de pago, y la demandada carece de legitimación para instar la inscripción en el fichero, al contener el contrato una prohibición expresa para ceder datos del cliente a terceros.

3.- La demandada HOIST se opone a la demanda alegando, en síntesis, el cumplimiento de todos los requisitos materiales (exactitud del dato) y formales (requerimiento de pago y advertencia de inclusión de datos en el fichero de solvencia patrimonial) que, de acuerdo con la legislación y jurisprudencia aplicables, legitiman a HOIST a incluir los datos del crédito que adquirió frente a la Sra. Remedios en el fichero ASNEF, toda vez que (i) la actora era plenamente conocedora del contrato de préstamo origen de la deuda, de su incumplimiento de la obligación de pago de las cuotas mensuales pactadas, del importe de la deuda y de la cesión de los correspondientes derechos de crédito; (ii) en la comunicación remitida en fecha 08/10/2023 al domicilio designado, y en el que continúa viviendo la actora, HOIST le informó de la cesión del crédito y le requirió de pago, con advertencia de la posible inclusión del crédito en los ficheros de solvencia patrimonial; (iii) la demandante nunca cuestionó la existencia y cuantía del crédito en sede administrativa, ni judicial, sino que reconoce en la propia demanda que se produjo el impago de una serie de cuotas, por lo que la deuda existe, habiendo llegado a aceptar un plan de pagos mediante 10 cuotas mensuales consecutivas, siendo la primera en junio de 2022, sin que llegara a realizar ningún pago; y (iv) posteriormente, tanto HOIST como la empresa de gestión de cobro encomendada trataron en numerosas ocasiones de contactar por teléfono con la Sra. Remedios, que colgaba la llamada en cuanto el emisor se identificaba, habiéndole remitido mensajes por SMS y correo electrónico, ofreciendo varias quitas y advirtiendo de que, ante el incumplimiento del plan de pagos, se iban a reportar sus datos al fichero ASNEF.

4.- Centrado así el debate, tras repasar la normativa y doctrina jurisprudencial recaída en relación con la infracción del derecho al honor por la inscripción en ficheros de solvencia patrimonial, la sentencia analiza la prueba practicada, básicamente circunscrita a la documental aportada por las partes, la contestación de Equifax y el interrogatorio de la actora, a la luz de la cual desestima la demanda al considerar acreditada tanto la existencia de una deuda líquida, vencida y exigible, que habría sido reconocida extrajudicialmente y en la misma demanda, como la corrección del requerimiento de pago efectuado atendidas las circunstancias del caso concreto, ya que la notificación se envió al domicilio aportado por la demandante, no constando devolución ni incidencia en las entregas, y, en todo caso, constan múltiples comunicaciones efectuadas por la demandada a la demandante, en las que se le pone en conocimiento la existencia de la deuda, entre otras vías mediante correo electrónico remitido a una dirección que la actora reconoce como propia.

5.- Disconforme con esta resolución, la demandante interpone recurso de apelación, que articula en torno a dos motivos. En primer lugar, denuncia la infracción de los arts. 6.1 y 20.1.a) LOPD 3/18, en relación con los arts. 1255, 1256, 1258 y 1526 CC, y el art. 218.1 LEC, insistiendo en la falta de legitimación de la demandada para comunicar sus datos al fichero de solvencia patrimonial, por carecer la propia cedente del crédito de dicha facultad, al prohibirlo expresamente la condición general 18ª del contrato de préstamo que hizo valer para acreditar su devengo, cuestión sobre la que la sentencia no se pronuncia, incurriendo en incongruencia. Y, en segundo lugar, de modo subsidiario, impugna el pronunciamiento de condena al pago de las costas, por concurrir serias dudas de hecho, promovidas por la propia redacción del contrato bancario del que dimana la deuda anotada en ASNEF, dado que prohíbe claramente en su clausulado la cesión de datos del cliente a terceros, como es la mercantil gestora del fichero ASNEF, sin que haya ninguna otra cláusula en la que se faculte al prestamista para anotar los datos del cliente en ficheros de cumplimiento de obligaciones dinerarias para el caso de producirse impagos.

6.- En esta alzada ya no se discute ni la realidad y cuantía de la deuda derivada del impago de las cuotas del préstamo ni la validez del requerimiento de pago realizado por la demandada y reiterado en numerosas ocasiones por vía telefónica, envió de SMS y correos electrónicos.

SEGUNDO.- La legitimación de la cesionaria del crédito para comunicar el impago al fichero de solvencia.

7.- Como se acaba de exponer, el primer motivo de recurso gira en torno a la legitimación de la demandada HOIST para ceder los datos al fichero de solvencia patrimonial ASNEF, por venir tal facultad expresamente prohibida en el contrato de préstamo personal nº NUM000, formalizado el 29/11/2016, entre Dña. Remedios y la entidad Caixabank Consumer Finance E.F.C., S.A.U., y en virtud del cual la entidad financiera concedió a la demandante un préstamo por importe de 4.697,67 €, a devolver en 42 cuotas mensuales de 131,80 € cada una, comprensivas de capital e intereses, calculados al tipo nominal anual fijo del 9,450% (10,537% TAE).

8.- Más concretamente, la supuesta prohibición se contendría en el último párrafo de la condición general 18ª, que tiene el siguiente contenido:

"18. Estipulaciones específicas sobre datos personales y comunicaciones comerciales electrónicas.

El contratante autoriza irrevocablemente a CaixaBank Payments y a CaixaBank a comunicarse recíprocamente los datos financieros relativos a los contratos, riesgos y operaciones que el contratante mantenga con ambas entidades con el objeto de que CaixaBank Payments cumplimiento, desarrolle y controles la relación contractual establecida y las transacciones que se realicen a su amparo, incluidos, el cumplimiento de las obligaciones legales vigentes, el control de los riesgos financieros y el control del fraude en el uso de sus instrumentos de pago. Estas comunicaciones son necesarias para el mantenimiento de sus relaciones contractuales y negociales por parte de CaixaBank Payments, por lo que si el contratante no deseara que se produjeran implicaría necesariamente la cancelación de las mismas.

Informamos, a su vez, que CaixaBank Payments podrá consultar ficheros sobre incumplimiento de obligaciones dinerarias para enjuiciar la solvencia económica de los solicitantes.

El contratante podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de datos, así como oponerse a su tratamiento de acuerdo con la Ley. Para ejercitar estos derechos deberá dirigirse a cualquiera de las oficinas de la CaixaBank o a la sede social de CaixaBank Payments sita en Gran Vía Carlos III, 94 (08028-Barcelona).

Se informa al contratante que CaixaBank Payments está obligada a declarar a la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIR) los datos necesarios para identificar a las personas con quienes se mantengan, directa o indirectamente, riesgos de crédito, así como las características de dichas personas y riesgos, incluyendo en particular, las que afecten al importe y la recuperabilidad de éstos. En el caso de empresarios individuales, Riesgos del Banco de España (CIR) los datos necesarios para identificar a las personas con quienes se mantengan, directa o indirectamente, riesgos de crédito, así como las características de dichas personas y riesgos, incluyendo en particular, las que afecten al importe y la recuperabilidad de éstos. En el caso de empresarios individuales, actuando en el ejercicio de su actividad empresarial, se hará constar tal condición. Asimismo, se le informa del derecho que asiste a CaixaBank Payments para obtener de la CIR informes sobre los riesgos que pudiera tener registrados. El titular del riesgo declarado a la CIR podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos previstos legalmente, mediante escrito dirigido al Banco de España, calle Alcalá, 50, 28014-Madrid. En el caso de que el titular del riesgo sea una persona jurídica, también podrá ejercitar dichos derechos dirigiéndose a la entidad declarante.

Las entidades de crédito y demás proveedores de servicios de pago, así como los sistemas de pago y prestadores de servicios tecnológicos relacionados a los que se transmitan los datos para llevar a cabo la transacción pueden estar obligados por la legislación del Estado donde estén situados, o por Acuerdos concluidos por éste, a facilitar información sobre la transacción a las autoridades u organismos oficiales de otros países, situados tanto dentro como fuera de la Unión Europea, en el marco de la lucha contra la financiación del terrorismo y formas graves de delincuencia organizada y la prevención del blanqueo de capitales.

Los datos personales de terceros que CaixaBank Payments reciba del contratante para el cumplimiento de los servicios bancarios que le soliciten, serán tratados única y exclusivamente con dichos fines y no se comunicarán a terceros salvo en los casos en que la naturaleza del servicio implique necesariamente dicha comunicación, la cual se limitará a la finalidad expresada. CaixaBank Payments mantendrá el secreto sobre los referidos datos y aplicará las medidas de seguridad legalmente exigibles."

9.- La lectura de este último párrafo evidencia que, como señalan el Ministerio Fiscal y la demandada al oponerse al recurso, tiene por objeto "[l]os datos personales de terceros que CaixaBank Payments reciba del contratante para el cumplimiento de los servicios bancarios que le soliciten",es decir, la cláusula no se refiere a los datos personales de la parte contratante, hoy la actora, sino a los datos personales de terceras personas, físicas o jurídicas, que la prestataria pudiera facilitar a la entidad financiera para el cumplimiento de los servicios bancarios que la misma solicite.

10.- Desde el momento en que se trata de una previsión contractual referida a los datos personales de terceros, por definición ajenos al contrato, no hay duda de que la prohibición no comprende ni se extiende a los datos personales de los intervinientes en el negocio contractual, y, por tanto, a los datos personales de la prestataria, Dña. Remedios, con relación a los cuales ni en las condiciones particulares ni en las condiciones generales del contrato se contiene prohibición alguna de cesión a terceros, por lo que habrá que estar a lo dispuesto por la normativa aplicable.

11.- La recurrente sostiene que el hecho de que no haya ninguna otra cláusula en la que se faculte al prestamista para anotar los datos del cliente en ficheros de cumplimiento de obligaciones dinerarias en el caso de producirse impagos, refuerza la interpretación de que la citada condición general 18ª prohíbe la cesión de datos de la prestataria. Sin embargo, ya se ha razonado que la literalidad de la cláusula no deja margen al debate, al circunscribir la obligación de "no comunicar" y de "mantener el secreto de los referidos datos" a los datos personales de terceros, entre los que, lógicamente, no se encuentran los de la prestataria. Y en cuanto a la ausencia de estipulación o cláusula contractual que autorice a la entidad financiera para comunicar los datos de la demandante, ello no implica ni se asimila a una suerte de prohibición.

12.- En efecto, el art. 20.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, entre los requisitos exigidos para presumir lícito el tratamiento de datos personales relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito por sistemas comunes de información crediticia, además de que los datos se refieran a deudas ciertas, vencidas y exigibles, cuya existencia o cuantía no hubiese sido objeto de reclamación administrativa o judicial por el deudor o mediante un procedimiento alternativo de resolución de disputas vinculante entre las partes (letra b), prevé:

"c) Que el acreedor haya informado al afectado en el contrato o en el momento de requerir el pago acerca de la posibilidad de inclusión en dichos sistemas, con indicación de aquéllos en los que participe.

La entidad que mantenga el sistema de información crediticia con datos relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito deberá notificar al afectado la inclusión de tales datos y le informará sobre la posibilidad de ejercitar los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la deuda al sistema, permaneciendo bloqueados los datos durante ese plazo."

13.- Por consiguiente, no es preciso que la información sobre la posibilidad de inclusión en los ficheros de solvencia patrimonial se contenga en el contrato, sino que basta con que se haya proporcionado en el momento de requerir de pago, como declara la STS 945/2022, de 20 de septiembre:

"8.- Este último precepto, es decir, el art. 39 del citado reglamento, ha de entenderse derogado por el nuevo art. 20.1.c de la Ley Orgánica 3/2018 , porque una y otra norma son incompatibles. Mientras que este art. 39 del reglamento exige que la información sobre la posibilidad de comunicar a estos ficheros los datos relativos al impago se realice "en el momento en que se celebre el contrato y, en todo caso, al tiempo de efectuar el requerimiento", el nuevo art. 20.1.c de la Ley Orgánica 3/2018 permite que tal información se realice "en el contrato o en el momento de requerir el pago".

9.- Por tanto, no es preciso realizar la información (más bien una advertencia) sobre la posibilidad de comunicar los datos al fichero de morosos en caso de impago en el contrato y, "en todo caso", en el momento de requerir de pago, sino que puede realizarse en cualquiera de estos momentos, no necesariamente en ambos."

14.- En el supuesto enjuiciado, si bien en el contrato no se contiene alusión alguna acerca de la posibilidad de comunicar al fichero los datos relativos al impago, lo cierto es que, en la comunicación de la cesión del crédito que tenía Caixabank Payments frente a Dña. Remedios por importe de 1.054,44 €, y simultáneo requerimiento de pago de la expresada cantidad, remitido al domicilio designado en fecha 08/10/2021 (tramitado el 13/10/2021), expresamente se advierte (cfr. la comunicación y el acuse de recibo -doc. 6 y 7 de la contestación-):

"En caso de no proceder al pago de la deuda en el plazo de 20 días y siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la legislación aplicable, sus datos podrán ser incluidos en ficheros relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias ("ficherosde morosos"), en particular al fichero de ASNEF, gestionado por EQUIFAX."

15.- Y en la información básica sobre protección de datos que obra en la página 2 de la comunicación, se reitera:

"En caso de no proceder al pago de la deuda y siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la normativa vigente en materia de protección de datos, sus datos podrán ser incluidos en ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias (ficheros de morosos), en particular al fichero de ASNEF, gestionado por EQUIFAX."

16.- Asimismo, en fechas 18/02/2022, 13/05/2022, 09/06/2022 y 11/11/2022, constan remitidos otros tantos mensajes vía SMS al teléfono móvil de la prestataria, con el siguiente contenido (doc. 7 de la contestación):

"Hoist informa: LE INFORMAMOS QUE, ANTE SU NEGATIVA DE PAGO, VAMOS A REPORTAR SUS DATOS A ASNEF EN EL PLAZO DE 10 DÍAS.EVITE MAS PROBLEMAS Y SOLUCIONE SU DEUDA. NUESTRO TELÉFONO ES EL 900838250 o VISITE www.hoistfinance.com"

17.- Finalmente, en el correo electrónico enviado por HOIST el 11/11/2022, a la dirección facilitada por la prestataria, se reitera la advertencia (doc. 10 de la contestación):

"Su número de cliente Hoist: NUM001

Le informamos que, ante su negativa de pago, vamos a reportar sus datos a ASNEF en el plazo de 10 dìas.

Evite más problemas y solucione su deuda.

Nuestro número es 900 838 950 o visite www.hoist finance. Com.

Horario de atención..."

18.- En suma, la documentación aportada acredita que la cesionaria del crédito informó a la deudora en repetidas ocasiones de la posibilidad de incluir sus datos en los ficheros de insolvencia patrimonial en caso de persistir en el impago, por lo que, concurriendo los demás requisitos previstos en el art. 20.1 LOPD, se encontraba facultada para realizar lícitamente dicha comunicación, lo que determina que el motivo no pueda ser acogido.

TERCERO.- La condena al pago de las costas procesales de primera instancia.

19.- Subsidiariamente, la parte actora impugna el pronunciamiento de condena al pago de las costas de primera instancia, por concurrir serias dudas de hecho, causados por la propia redacción del contrato bancario del que dimana la deuda anotada.

20.- El razonamiento no se comparte porque el tenor literal de la condición general 18ª es claro en el sentido de que se refiere a los datos personales de terceros, entre los que no cabe incluir a quien es parte en el contrato como prestataria. La cláusula no resulta equívoca ni induce a confusión, lo que impide hablar de "dudas", y, más aún, de "serias dudas", sin que el hecho de que en el contrato no se haga mención expresa o se contenga información sobre la posibilidad de comunicar los datos de la contratante a los sistemas de solvencia patrimonial en caso de incumplimiento tenga mayor relevancia, ya que el art. 20.1 LOPD admite que esa información se ofrezca o proporcione tanto en el documento contractual como, posteriormente, al realizar el requerimiento de pago.

21.- Ciertamente, en la demanda se afirma que la demandante desconocía por completo el desglose de la deuda, sin que en ningún momento le hubiera sido reclamada ni por la demandada ni por el banco cedente, como tampoco notificada liquidación alguna; ya en el acto de la vista, la demandante negó adeudar cantidad alguna por tal concepto. Mas tales manifestaciones, que en el caso de otro producto bancario podrían haber suscitado alguna incertidumbre, resultan aquí desvirtuadas, primero,por la naturaleza de la operación, es decir, un contrato de préstamo a devolver mediante 42 cuotas mensuales fijas, de manera que cualquier consumidor medio puede conocer perfectamente cuál es su obligación y si la ha cumplido íntegramente, lo que no es el caso, habida cuenta que, según la certificación expedida por Caixabank, a fecha 30/07/2021, la deuda derivada del préstamo nº NUM000 ascendía a 1.033,09 € de principal y 175,34 € de intereses, circunstancia que la demandante no podía desconocer (doc. 4 de la contestación); segundo,la existencia e importe de la deuda le fueron comunicados, junto con la cesión del crédito, mediante notificación remitida al domicilio de la actora el 13/10/2021 y que no consta hubiera devuelta (doc. 6 y 7 de la contestación); tercero,a través de llamada telefónica, reconocida por la propia demandante, se le participó la cesión e importe de la deuda y se le ofreció un plan de pagos, consistente en 10 cuotas mensuales, que la deudora aceptó (cfr. la grabación de la llamada -doc. 8 de la contestación-); cuarto,igualmente, bien directamente, bien a través de la empresa encargada de la gestión del cobro, se comunicó la pendencia de la deuda y se requirió de pago por SMS de fechas 18/02/2022, 13/05/2022, 09/06/2022 y 11/11/2022, y por correo electrónico de fecha 11/11/2022; y, quinto,en respuesta a los correos dirigidos el 14/04/2023 por Dña. Remedios a las entidades cedente y cesionaria , HOIST volvió a comunicar, a medio de correo de 18/04/2023, tanto la existencia del contrato de préstamo y deuda pendiente, como su cesión a HOIST, requiriendo nuevamente de pago.

22.- En estas condiciones, acreditada la realidad y cuantía de la deuda (no controvertida en esta alzada), así como que el acreedor informó a la deudora sobre la posibilidad de comunicar sus datos al fichero si no procedía al pago, no se aprecian dudas que pudieran justificar excepcionar el principio objetivo del vencimiento en materia de costas, de conformidad con el art. 394.1 LEC.

TERCERO.- Costas procesales de segunda instancia.

23.- La desestimación del recurso de apelación comporta la imposición a la recurrente de las costas procesales de segunda instancia ( art. 398 LEC) .

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

LA SALA