Última revisión
09/01/2025
Sentencia Civil 822/2024 Audiencia Provincial Civil de Almería nº 1, Rec. 952/2023 de 17 de septiembre del 2024
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Orden: Civil
Fecha: 17 de Septiembre de 2024
Tribunal: Audiencia Provincial Civil nº 1
Ponente: MARIA DEL MAR GUILLEN SOCIAS
Nº de sentencia: 822/2024
Núm. Cendoj: 04013370012024100504
Núm. Ecli: ES:APAL:2024:1000
Núm. Roj: SAP AL 1000:2024
Encabezamiento
AVDA. REINA REGENTE S/N
Tlf.: 950-03-72-92. Fax: 950-00-50-22
N.I.G. 0401342120220014671 Nº Procedimiento: Recurso de Apelación Civil 952/2023 Negociado: C2 Autos de: Procedimiento Ordinario 609/2022 Juzgado de origen: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº9 DE ALMERIA
Apelante: WIZINK BANK SA Procurador: MARIA DOLORES FUENTES MULLOR Abogado: DAVID CASTILLEJO RIO
Apelado: Nazario Procurador: MARIA DEL MAR DOMINGUEZ LOPEZ Abogado: JUAN JOSE TRUJILLO NAVARRO
ILTMOS. SRES.MAGISTRADOS
D. JUAN ANTONIO LOZANO LOPEZ
D. MAR GUILLEN SOCIAS
D. JAVIER PRIETO JAIME
En la ciudad de Almería a 17 de septiembre de 2024
Antecedentes
Los referidos autos fueron elevados a este Tribunal, donde seguido el recurso por sus trámites, se señaló día para la votación, deliberación y fallo, que tuvo lugar el día 17 de septiembre de 2024.
Ha sido Ponente la Ilma. Sr. Magistrada D. María del Mar Guillén Socías.
Fundamentos
El demandante interesaba la nulidad del contrato por usura, y subsidiariamente la nulidad por abusivos de los intereses remuneratorios, comisiones por impago y sobre modificación unilateral de las condiciones financieras del crédito (limite del crédito , intereses y comisiones), siendo de aplicación la legislación tuitiva de consumidores y usuarios aplicable a la demandante, en contratos de adhesión elaborado por la entidad financiera.
Wizinkbannk S.A. presenta recurso de apelación sobre los siguientes motivos que, en síntesis se exponen:
1.- Error en la valoración de la prueba e infracción del artículo 1 de la Ley de represión de la Usura.
En síntesis defiende que la sentencia no utiliza el indice de referencia correcto (Boletín estadístico del Banco de España (TEDR) pues este no se corresponde con el precio habitual ofertado en el mercado para la categoría especifica de productos equivalentes . El termino comparativo aplicado en al sentencia es erróneo, puesto que el interés publicado en el Boletín Estadístico publicado por el Banco de España no refleja el precio de mercado habitual para este tipo de operaciones que según alega, oscila en una horquilla del 12,68 % al 41,89 %, siendo el 26,70 % el precio medio habitual ofertado por las entidades financieras para este tipo de contrato.
2.- No procede imposición de costas por concurrencia de serias dudas de derecho conforme a lo dispuesto en el artículo 394.1 de la LEC.
SEGUNDO.-USURA
Delimitado el objeto del recurso no existe conflicto ni controversia en cuanto a la existencia del contrato firmado entre las partes y su calificación de tarjeta de crédito revolving al tipo del 26,70%, para el año 2016, y que el TEDR publicado por el Banco de España para ese año y para la categoría especifica de tarjetas revolving era del 20,84 %.Tampoco se cuestiona la condición de consumidor de la parte prestataria.
Estos contratos conceden una linea de crédito al deudor prestatario, generalmente de relativa escasa cantidad, por el que se pone a disposición del consumidor un importe máximo de dinero del que se puede disponer en parte o en su totalidad cuantas veces se quiera, (contrato indefinido) siempre dentro del límite establecido y de la vigencia del contrato. Este puede ser renovado a voluntad de las partes tantas veces como se quiera.(ampliando o modificando el crédito). Las cuotas del crédito se abonan en función de las disposiciones que se verifiquen, y de la cuota que se elija. Las cuotas comprenden una parte del capital prestado y otra de intereses. Cuanto menor sea la cuota , mas parte de intereses susceptibles de capitalización, y menos de principal, se aplican a la cuota. De ahí que el contrato pueda alargarse por tiempo indefinido.
La Ley de Represión de la Usura o Ley de Azcarate de 1908, contiene una definición genérica de los préstamo usurarios, que ha llegado hasta nuestros días, modulada en cuanto a sus parámetros, por una jurisprudencia adaptada al mercado financiero imperante. ( STS de 25-11-2015, 4-3-2020, 4 -5-2022 , 15-2-2023 y 30-1-2024 ),
Asi el art. 1 de la Ley de 23 de julio de 1908, llamada Ley Azcárate declara;
Y su articulo 3, establece las consecuencias;
En primer lugar no apreciamos que el juicio comparativo del precio normal del dinero (tipos de interes aplicados) se efectue a partir de las fuentes de información privada, que no son los indices de referencia publicados por el Banco de España, como afirma la apelante en el desarrollo de su recurso.
En segundo lugar, damos cuenta de la jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo que fija los criterios que sirven para calificar a este tipo de contratos como usurarios con sujeción a los parámetros de referencia que la doctrina indica, con independencia de las consideraciones interesadas de la partes sobre cual deba ser el precio medio habitual según su particular y tendenciosa interpretación.
El alto Tribunal Supremo , determinó el 4 de marzo de 2020
Así. en las sentencias 149/2020, de 4 de marzo
La sentencia del Tribunal Supremo, Pleno nº 258/2023, de 15 de febrero estableció que para que el crédito revolving sea usurario, por ser notablemente superior al normal del dinero, tanto respecto de los contratos formalizados con anterioridad al año 2010, como respecto de los contratos formalizados con posterioridad a dicha fecha, debe superar
Siguiendo la estela de lo expuesto por el TS en sentencias aludidas; para los créditos revolving no se disponían publicados por el Banco de España, los tipos medios, siendo para el año 2010 el tipo del 19.32 %. Y para el año 2011 el 20.45 %. Y para los años anteriores, estableció que, con carácter general debe acudirse a la información específica más próxima en el tiempo. Esta es la que se ofreció en 2010.En este sentido se pronuncia el Tribunal Supremo en la sentencia 643/2022 de 4 de octubre.
Y, finalmente la sentencia número 258/2023 de 15 febrerodictada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo , Sección Pleno analiza las diferencias entre la
Pues bien, si añadimos el porcentaje en centésimas de gastos y comisiones (TAE) que la sentencia no admite obtenemos unos diferencia entre 5,61 y/o 5,66 puntos para el año 2016, que aunque se aproxima a los seis puntos, no nos permite calificarlo como usurario y nulo, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo expresada.
CONTROL DE TRANSPARENCIA EN SU INCORPORACION
Ahora bien su análisis desde el parámetro de transparencia gramatical permite extraer conclusiones de nulidad. Todo ello con relación al contrato "solicitud de tarjeta Barclaycard, que es firmado por el prestatario consumidor, con una letra minúscula prácticamente ilegible, sino se utilizan lentes de aumento para su lectura , y un clausulado redactado de tal forma, que imposibilita la lectura de los elementos esenciales del contrato revolving, donde el destacado por subrayado en negrita tan extenso dificulta la lectura de las condiciones financieras esenciales.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha configurado el control de incorporación o inclusión fundamentalmente como un control de cognoscibilidad. Lo que requiere, en primer lugar, que el adherente haya tenido oportunidad real de conocer al tiempo de la celebración del contrato la existencia de la condición general controvertida (tipo de interese remuneratorio y su funcionamiento) y, en segundo lugar, que la misma sea legible y tenga una redacción clara, concreta y sencilla, que permita una comprensión gramatical normal.( STS 6-2-2024).
Con carácter previo señalar que la materia no es pacifica, estando divida la mayoría de las Audiencias en esta cuestión.
Como es sabido para que una clausula predispuesta en un contrato con consumidores supere el control de transparencia material no es suficiente que esa cláusula esté redactada gramaticalmente de forma clara y comprensible (control de incorporación o inclusión, también denominada transparencia formal), sino que es imprescindible que el consumidor tenga un conocimiento real de la cláusula, en el sentido de que un consumidor informado pueda prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, los efectos económicos de la cláusula durante toda la vida del contrato. Esta es una exigencia del art. 4.2 de la Directiva 93/13/CE, que requiere que la cláusula esté redactada "de manera clara y comprensible".
Esta transparencia no sólo se predica de la cláusula de intereses remuneratorios, sino también de la cláusula de amortización del crédito, porque esta última también se refiere "a la definición del objeto principal del contrato ( art. 4.2 de la Directiva 93/13/CE).
El TJUE ha establecido que esta información variará de una cláusula a otra, en función de las circunstancias concurrentes en cada caso y de la naturaleza de los bienes o servicios que se contratan (entre otras, STJUE 21 de marzo de 2013, asunto C-92/11).
En los créditos revolving como el presente, se pacta un interés fijo, por lo que en nada afecta al consumidor la evolución futura del mercado del tipo de interés variable. Tampoco requiere la transparencia que se ofrezcan al consumidor simulaciones sobre escenarios futuros en función de la posible variación del tipo de interés aplicable. precisamente porque se aplica un tipo de interés fijo, y un consumidor medio puede comprender sin dificultad lo que significa cobrar intereses a tipo fijo.
En cuanto al funcionamiento del crédito revolvente o revolving, ni el prestatario consumidor ni la entidad financiera pueden conocer , el numero de cuotas mensuales o la duración del contrato , información que a priori no es posible incorporar en el contrato.
Por tanto en este tipo de contratos, la información del número de cuotas mensuales dependerá del capital dispuesto por el consumidor cada mes y de la forma elegida de amortización y la eventual pero importante capitalización de intereses que incrementan el capital si la cuota a pagar no supera el umbral mínimo. . Por la propia naturaleza del contrato, las cuotas mensuales son indeterminables a priori. Variarán en función del capital dispuesto por el consumidor mes a mes, y de la forma en que éste decida restituirlo (importe de la cuota a pagar mensual que se elija).
Dicho esto,la jurisprudencia de las Audiencias ofrece dos posturas.
Un grupo de ellas entienden que el control de transparencia material exige que se faciliten al consumidor ejemplos sobre la aplicación del tipo de interés en función de las cantidades dispuestas y de la cuantía de la cuota mensual .En este sentido las SAP (Secc. 8) 603/2023, de 1 de diciembre , la SAP Madrid (Secc. 25) 493/2023, de 3 de noviembre, declaran que es necesario que se incluyan "ejemplos donde se tenga en cuenta los posibles escenarios determinantes de la carga económica que pueden darse a lo largo de la vida de un contrato que se ha decidido ilimitada". Por su parte la SAP Madrid (Secc. 25 bis) 395/2023, de 29 de septiembre funda la no transparencia, entre otras razones, en que "no se presentan escenarios ejemplificativos sobre el posible ahorro que representaría, por ejemplo aumentar el importe de la cuota sobre el mínimo elegido o el importe de la cuota mensual que permitiría liquidar toda la deuda en el plazo de un año". Otras sentencias contienen argumentos parecidos.
Para otro grupo de Audiencias siguiendo la reciente STS de 6-2-2024 , lo decisivo para juzgar la transparencia de las clausulas revolving, es su redacción (incorporación de contenido), debiendo estar al contenido del clausulado y si contiene las menciones informativas necesarias. La SAP Málaga (Secc. 7) 3/2024, de 8 de enero , declara transparentes las cláusulas del crédito revolving tomando en consideración únicamente su redacción en el contrato. En el crédito revolving "no hay cláusula sorprendente, ni frustración de expectativa o alteración subrepticia de los elementos esenciales del contrato". Por eso es suficiente con que la información contractual sea clara y comprensible.
En igual sentido la SAP Barcelona (Secc. 13) 692/2023, de 30 de noviembre reputa transparente la cláusula de intereses remuneratorios porque "aparece claramente descrito el precio del contrato en el encabezamiento del documento en el que se formalizó la relación jurídica". Y la SAP Barcelona (Secc. 4) 674/2023, de 9 de noviembre , también la declara transparente, y afirma que; "para valorar la transparencia material ha de estarse al contrato, debiendo analizar las cláusulas controvertidas para comprobar si un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz puede prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, sus consecuencias económicas". En la misma línea se expresan las SSAP Málaga (Secc. 7) 3/2024, de 8 de enero); Málaga (Secc. 7) 113/2023, de 15 de diciembre. Para estas sentencias, la transparencia deriva del propio texto de las cláusulas, al margen de si hubo o no información precontractual.
En el presente supuesto los elementos esenciales de este tipo de contrato, son muy difíciles de percibir en la abrumadora redacción de clausulas del contrato .
Todo ello siguiendo a su vez la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en sus sentencias 564/2020 de 27 de octubre 560/2020, de 26 de octubre 130/2021 de 9 de marzo, 391/2020 de 1 de julio, con cita de las SSTS núm. 241/2013, de 9 de mayo y 314/2018, de 28 de mayo , que concretan el control de transparencia en la exigencia de claridad gramatical y en la
Así, a nuestro juicio, el control de transparencia no exige que se faciliten al consumidor distintos escenarios sobre la aplicación del tipo de interés en función de la cuantía de la cuota mensual y el volumen del capital dispuesto.
Examinado el contrato, los requisitos de claridad y comprensibilidad en la redacción no se cumplen de acuerdo con las siguientes directrices;
1-La ubicación de las cláusulas en el contrato. Las menciones informativas no deben estar desperdigadas por el contrato, pues eso impediría a un consumidor medio comprender su significado y alcance. Lo adecuado es que toda la información relativa al tipo de interés se muestre de manera conjunta en una o varias cláusulas, referidas todas ellas a esta materia. Del mismo modo debe mostrarse en un mismo lugar la información que versa sobre las distintas modalidades de amortizar en otro lugar, o muy cerca de estas cláusulas, debe explicarse el funcionamiento del crédito revolvente.
2-Debe indicarse el tipo de interés aplicable en caso de aplazamiento, lo que se incorpora solo al final en el Anexo, y desligado de su funcionamiento respecto a las cuotas minima a pagar y su funcionamiento (intereses que se capitalizar e incrementan el capital adeudado).
Además, las menciones informativas relevantes no pueden estar enmascarados entre informaciones abrumadoramente exhaustivas que dificulten su identificación y proyecten sombras sobre lo que considerado aisladamente sería claro.
3-Que las cláusulas estén redactadas de forma clara y sencilla, de manera que un consumidor pueda comprender cada una de las menciones informativas incluidas en el contrato. A estos efectos el parámetro de referencia es el del consumidor medio, como el TJUE y el Tribunal Supremo han establecido en multitud de sentencias. Se trata de decidir si un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, a la vista de la redacción de las cláusulas estaba en condiciones de conocer y comprender las menciones informativas requeridas para la superación del control de transparencia material . Y estas claridad y sencillez no es apreciable por la forma en que esta redactado el contrato.
4- Y que obviamente, la letra sea legible.
La legibilidad de los contratos con consumidores, en relación con el tamaño de la letra empleado en su redacción, viene regulada actualmente en el art. 80.1 b) TRLCU (en redacción dada por la Ley 4/2022, de 25 de febrero), que impone un tamaño superior a los 2.5 milímetros y un espacio entre líneas superior a los 1.15 milímetros, así como que el contraste con el fondo sea suficiente para no hacer dificultosa la lectura. Se trata de un parámetro que nos sirve para realizar una interpretación lo mas objetiva posible de cuando el contrato puede ser leído de forma fluida y sin dificultad por una persona con una formación media.
En definitiva el contrato que firma lal demandante, no supera el control de incorporación material. Lo que nos lleva a concluir igualmente que el contrato es nulo y abusivo .
2.- Improcedente imposición de costas. La apelante solicita se revoque la condena en costas , por concurrir un supuesto de serias dudas de derecho.
El artículo 394 LEC, consagra el criterio objetivo del vencimiento, como norma general a efectos de imposición de costas, que solo cede cuando el juez aprecie y así lo razone que concurren dudas de hecho o de derecho que aconsejen su no imposición .
No estimamos concurran dudas de hecho o de derecho en el supuesto analizado.
Y en todo caso siguiendo el sentir de la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo 419/2017, de 4 de julio y las que le han seguido ( STS 472/2020 de 17 de septiembre, 18/2021 de 19 de enero) ; que aplicó el principio de efectividad del Derecho de la UE, y en concreto, de la Directiva 93/13/CEE, excluye la aplicación de la excepción, basada en la existencia de serias dudas de derecho, al principio del vencimiento objetivo en materia de costas en los litigios sobre cláusulas abusivas en que la demanda del consumidor resultaba estimada . Y en este caso, el consumidor interesaba la nulidad de clausulas abusivas, por usura y falta de transparencia. Pretension esta ultima que ha sido estimadas.
Y en el supuesto de considerarse un estimación parcial, la doctrina del Tribunal Supremo en materia de costas en las reclamaciones cursadas por consumidores frente a entidades bancarias, establece que deben ser soportadas por las entidades financieras que declinan las pretensiones de los consumidores, aunque sus pretensiones no sean totales. ( STS 472/2020 de 17 de septiembre de 2020, ( STS 472/2020 de 17 de septiembre de 2020, STJUE de 16 de julio de 2020)
Procede por todo lo expuesto, la integra desestimación del recurso y confirmación de la sentencia apelada.
Fallo
Que DESESTIMAMOS el recurso de apelación deducido por WIZINK BANK frente a la sentencia de 25 de enero de 2023 recaída en el Juzgado de 1ª Instancia Nº 9 de Almeria , en los autos de Juicio Ordinario seguidos en ese Juzgado, con el numero mas arriba indicado y en consecuencia;
1.- CONFIRMAMOS la expresada resolución.
2. Con imposición de costas de este recurso a la parte apelante.
Devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia acompañados de certificación literal de la presente resolución a efectos de ejecución y cumplimiento.
Recursos. Frente a esta resolución puede interponerse recurso de casación conforme a lo previsto en los artículos 477 y siguientes de la LEC 1/2000. El recurso de casación habrá de fundarse en infracción de norma procesal o sustantiva, siempre que concurra interés casacional. No obstante, podrá interponerse en todo caso recurso de casación contra sentencias dictadas para la tutela judicial civil de derechos fundamentales susceptibles de recurso de amparo, aun cuando no concurra interés casacional. Cuando se trate de recursos de casación de los que deba conocer un Tribunal Superior de Justicia, se entenderá que existe interés casacional cuando la sentencia recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial, o no exista doctrina del Tribunal Superior de Justicia sobre normas de Derecho especial de la Comunidad Autónoma correspondiente, o resuelva puntos y cuestiones sobre los que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales El conocimiento del recurso de casación corresponde a la Sala Primera del Tribunal Supremo. No obstante, corresponderá a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia conocer de los recursos de casación que procedan contra las resoluciones de los tribunales civiles con sede en la Comunidad Autónoma, siempre que el recurso se funde, exclusivamente o junto a otros motivos, en infracción de las normas del Derecho civil, foral o especial propio de la Comunidad, y cuando el correspondiente Estatuto de Autonomía haya previsto esta atribución. Cuando la misma parte interponga recursos de casación contra una misma sentencia ante el Tribunal Supremo y ante el Tribunal Superior de Justicia, se tendrá, mediante providencia, por no presentado el primero de ellos, en cuanto se acredite esta circunstancia. Para su admisión se procederá conforme recoge el artículo 479 LEC Podrá solicitarse aclaración o complemento de la misma en los términos previstos en los artículos 214 y 215 LEC 1/2000.
Así, lo acordamos, mandamos y firmamos.
