Sentencia Civil 581/2025 Audiencia Provincial Civil de Murcia nº 1, Rec. 592/2025 de 18 de noviembre del 2025

Primero:Objeto del recurso de apelación.

1.- Se interpone recurso de apelación por la parte demandada contra la sentencia por la que se estima la demanda, declarando la nulidad del contrato de crédito revolving concertado por las partes por falta de transparencia, con las consecuencias inherentes y expresa condena a la demandada al pago de las costas de la primera instancia.

2.- Se denuncia por la recurrente la existencia de error en la valoración de la prueba, al entender que del examen conjunto de la prueba documental se desprende que el contrato supera el control de transparencia. Destaca que, en contra de lo señalado en la sentencia, en el contrato sí se hace mención a que se trata de una modalidad revolving, sin haber valorado correctamente ni la ficha de información normalizada europea ni los documentos acompañados a la contestación de la demanda, de los que se desprende que la parte actora conocía el funcionamiento del contrato y del crédito revolvente, como consecuencia del uso reiterado durante un largo periodo de tiempo. Entiende probado que la información se facilitó con carácter previo a la firma, en un lenguaje sencillo y comprensible, con expresión del TIN y del TAE aplicable, así como los mecanismos de reembolso, sin que se pueda entender que estamos ante un producto financiero complejo.

3.- Por el actor y apelado se opone al recurso y solicita la confirmación de la sentencia apelada al no adolecer la misma de ningún error en la valoración de la prueba y destaca la falta de transparencia que justifica la nulidad del contrato.

Segundo:Control de transparencia y abusividad en contratos de tarjeta de crédito revolving. Criterios jurisprudenciales aplicables.

4.- Comenzando el examen del recurso de apelación interpuesto por, debe de examinarse, en primer lugar, la nulidad por falta de transparencia del contrato de tarjeta de crédito, en su modalidad revolving, firmado por ambas partes con fecha (documentos). Lógicamente, dicho análisis debe de llevarse a cabo de acuerdo con los criterios fijados por las SSTS 154/25 y 155/25, ambas de 30 de enero, en las que se ha fijado doctrina jurisprudencial en relación a la interpretación de las exigencias de control de transparencia en los contratos de tarjeta revolving y sobre la abusividad de los intereses remuneratorios de dichos contratos en aquellos casos en los que se entienda que no existe transparencia.

5.- Es pacífico en la jurisprudencia y doctrina que no es posible el control de abusividad sobre elementos esenciales del contrato, como es el interés remuneratorio, sino que sólo debe de acudirse al control de transparencia derivado de los artículos 5 y 7 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, en relación con la necesidad de una efectiva información precontractual al consumidor para que éste pueda conocer el alcance de lo que contrata. Por ello, es conveniente resumir la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el control de transparencia, tal como se sintetiza en la STS 213/21, de 19 de abril: "El control de transparencia no se agota en el mero control de incorporación, sino que supone un plus sobre el mismo. Según se desprende inequívocamente de la jurisprudencia del TJUE ( SSTJUE de 21 de marzo de 2013, C-92/11, RWE Vertrieb ; 30 de abril de 2014, C-26/13 , Kásler y Káslerne Rábai; 26 de febrero de 2015, C-143/13 , Matei; y 23 de abril de 2015, C-96/14 , Van Hove), no solo es necesario que las cláusulas estén redactadas de forma clara y comprensible, sino también que el adherente pueda tener un conocimiento real de las mismas, de forma que un consumidor informado pueda prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, sus consecuencias económicas.

"El control de transparencia excluye que, en contratos en que el adherente sea un consumidor, pueda agravarse la carga económica que el contrato supone para el consumidor, tal y como éste la había percibido, mediante la inclusión de una condición general que supere los requisitos de incorporación, pero cuya trascendencia jurídica o económica le pasó inadvertida, porque se le dio un inapropiado tratamiento secundario y no se le facilitó la información clara y adecuada sobre las consecuencias jurídicas y económicas de dicha cláusula.

"Tanto la jurisprudencia nacional como la comunitaria han resaltado la importancia que para la transparencia en la contratación con los consumidores tiene la información precontractual que se les facilita, porque es en esa fase cuando se adopta la decisión de contratar (por todas, STJUE de 21 de marzo de 2013, asunto C-92/11, caso RWE Vertrieb ; y STS 509/2020, de 6 de octubre ). Así como que en el examen de la transparencia se deberán tener en cuenta "el conjunto de circunstancias en torno a la celebración del contrato" ( STJUE de 3 de marzo de 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18 , apartado 70)".En términos semejantes se vuelve a reiterar dicha consolidada doctrina en las SSTS de 30 de enero de 2025.

6.- En atención a este planteamiento el dato esencial para determinar la transparencia se concreta en la determinación de qué información ha de conocer el consumidor para entender que la cláusula contractual pueda reputarse como transparente. Básicamente, como venimos señalando desde la SAP Murcia (1ª) 359/23, de 19 de junio, debemos entender que es preciso conocer los siguientes datos para el correcto conocimiento de las características del contrato de crédito revolving que contratan: a) la cantidad máxima que la entidad emisora pone a su disposición cada mes; b) el sistema de uso de dicha cantidad (pago por tarjeta, disposición en metálico en cajeros, etc.); c) la forma de reembolso del dinero dispuesto en dicho mes, por medio de pago único o pago parcial del capital dispuesto; d) los efectos del aplazamiento sobre el capital dispuesto tras el pago de la cuota mensual, especialmente la aplicación de los intereses remuneratorios fijados en el contrato; e) el interés remuneratorio aplicado en cada momento por la entidad de crédito; f) que los intereses remuneratorios cargados que no se cubran por la cuota fijada se capitalizan y se incluyen en el cálculo de la deuda pendiente de abono; g) que, sí reembolsa una pequeña cantidad mensualmente o un porcentaje bajo del capital dispuesto, se aplaza una parte importante del capital sobre el que se seguirán aplicando los altos intereses remuneratorios fijados en el contrato; y h) que el capital dispuesto cada mes engrosa de nuevo el capital del que puede disponer con la tarjeta hasta el límite máximo fijado en la misma.

7.- Por su parte, las SSTS de 30 de enero de 2025 ya citadas, concretan el momento y el alcance de la información que debe de ser suministrada al consumidor por parte de la entidad de crédito emisora de la tarjeta. En relación al momento en el que debe de facilitarse dicha información, son claras al señalar que "Respecto del momento en que debe facilitarse la información, ya hemos hecho referencia a la doctrina del TJUE que resalta la importancia de que la información sea facilitada al consumidor antes de celebrar el contrato.También la normativa nacional aplicable cuando se celebró el contrato establecía esta obligación de informar con antelación a la celebración del contrato" (el resaltado es nuestro). Dicha conclusión la apoya en los artículos 4.2 y 5 de la Directiva 93/13/CEE y la jurisprudencia del TJUE que los interpreta, y en el artículo 5 de la Directiva 2008/48 /CE, así como en la normativa nacional vigente como el artículo 60.1 TRLGDCU; los artículos 10 y 11 de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de Contratos de Crédito al Consumo y su normativa de desarrollo ( art. 6 Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre), considerando que tal exigencia viene expresamente confirmada por la vigente Orden ETD/699/2020, de 24 de julio, de regulación del crédito revolvente, no aplicable por razones temporales al presente caso.

8.- Por lo que respecta al contenido de dicha información precontractual, sistematizando la doctrina sin necesidad de copiar la literalidad de las citadas SSTS de 30 de enero de 2025, en mismo vendría constituido por los siguientes elementos:

La expresa mención a que el contrato opera, en función del tipo de cuota de pago que se ofrece, bajo la modalidad de crédito revolving: "la información debe indicar que el sistema de amortización es del tipo revolving".

La duración del contrato: "La duración indefinida o prorrogable del contrato de crédito revolving resulta relevante y ha de ser puesta en relación con el mecanismo de reconstitución de la deuda, especialmente si el contrato contempla la capitalización de los intereses y/o una cuota mínima por defecto de cuya incidencia en el coste del crédito es necesario advertir con suficiente claridad".

El tipo de interés real (TAE) y su impacto en la amortización de la deuda, bien entendido que "Para cumplir tales exigencias no es suficiente que la información contenga la TAE...".

La relación entre la TAE y el mecanismo de recomposición del capital propio del crédito revolvente: "...la relación entre la elevada TAE, el mecanismo de recomposición del capital y las demás cláusulas con trascendencia en la creación de los riesgos descritos, de manera que el consumidor esté en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven para él".

La expresa mención de la posibilidad de anatocismo derivada del uso de la tarjeta y las sucesivas recomposiciones del crédito: "en lo que respecta al anatocismo, constituye una previsión contractual lícita, pero excepcional y con efectos significativamente gravosos para el consumidor, que requiere, por tanto, información clara al consumidor y que la redacción de la cláusula sea inteligible para el consumidor medio".

Los diferentes tipos de sistemas de pago que se ofrecen en la tarjeta que se contrata, así como los costes económicos y riesgos que el sistema elegido por el consumidor tiene para el mismo: "Por tanto, es necesaria una información diferenciada sobre las características, los costes y los riesgos de las tres modalidades de financiación que por lo general son electivas, por más que en muchos casos se aplique, por defecto, la modalidad revolving. Porque la diferencia de la modalidad revolving con la modalidad de pago aplazado a fin de mes, sin intereses, puede ser fácil de comprender, pero no lo es tanto la diferencia entre la modalidad de pago aplazado, que es en realidad un préstamo al consumo, parecido a la compra a plazos, y la modalidad revolving".

La forma del cálculo de los intereses remuneratorios, con expresa mención, incluso a través de ejemplos adecuados, de los conceptos que se incluyen en dicho cálculo: "debe indicar si, y en qué casos, el interés se devengará no solo respecto del capital dispuesto sino también respecto del total de la cantidad adeudada (incluyendo intereses, comisiones e indemnizaciones devengadas); y deberá contener unos ejemplos adecuados tanto para comprender los riesgos del sistema como para permitir la comparación con otras modalidades de amortización o con las ofertas de otras entidades financieras".

Una comparación clara con otras opciones de financiación, como préstamos personales o pagos aplazados.

9.- En consecuencia, la falta de esta información previa por parte de la entidad de crédito permite concluir que no existe el nivel de transparencia suficiente que permita conocer a un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz pueda conocer el mecanismo de funcionamiento y los riesgos asociados al uso de la tarjeta revolving que lo puedan convertir en el "deudor cautivo" al que se alude en la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

10.- Este análisis previo y la determinación de la falta de transparencia de las tarjetas revolving no implica, conforme a la jurisprudencia comunitaria y nacional, que una cláusula contractual sea necesariamente abusiva. No obstante, las SSTS 154 y 155 de 30 de enero de 2025, siguiendo el mismo criterio aplicado en relación a la cláusula suelo o los préstamos multidivisas, concluye que "...en el caso de las tarjetas revolving, la falta de transparencia de la cláusula relativa a la TAE, valorada junto con las cláusulas relativas al sistema de amortización, el anatocismo y la escasa cuota mensual, no es inocua para el consumidor, sino que provoca un grave desequilibrio, en contra de las exigencias de la buena fe, puesto que, al ignorar los riesgos significativos que entraña dicho sistema de amortización, no puede comparar la oferta con las de otros sistemas de amortización y se compromete en un contrato que puede tener para él graves consecuencias pues puede terminar siendo lo que hemos venido en llamar un «deudor cautivo» y el Banco de España denomina «efecto bola de nieve».".A los anteriores criterios de abusividad, debe de añadirse, como se indica en la propia sentencia, otros factores, secundarios si se quiere, pero con incidencia también en el grave desequilibrio que, para el consumidor, tiene el uso de este tipo de tarjetas como son la dificultad de comparar con otras opciones de financiación o la existencia de una estrategia comercial agresiva a través de la comercialización de estas tarjetas fuera de los establecimientos mercantiles y que inciden en la falta de información al consumidor sobre los riesgos reales de dicho producto.

Tercero:Aplicación de dicha doctrina al presente caso. Contrato de crédito revolving emitido por Cofidis para compras en amazon.es.

11.- En el presente caso, el contrato se denomina como crédito revolving para compras a realizar en el sitio web de amazon.es, debiendo destacar que el mismo no incluye la emisión de ninguna tarjeta de crédito asociada, tal como se deriva de la condición general segunda de dicho contrato en el que se incluyen dos modalidades de reutilización del crédito, bien por disposiciones en efectivo o bien por disposiciones para financiar compras en promociones propuestas por AMAZON. Por tanto, estamos ante un contrato de crédito en el que, como señala dicha condición general 2ª, último párrafo: "El importe disponible en su línea de crédito disminuirá con las reutilizaciones y se reconstituirá con cada pago mensual, por importe de dicho pago, hasta el máximo autorizado",lo que constituye la explicación del sistema revolvente aplicado a este concreto contrato.

12.- La sentencia apelada entiende que el sistema de amortización revolving, que ha sido trascrito en el apartado anterior, no supera el control de transparencia material al no ser informado el cliente del riesgo que asume, que no es otro, según dicha resolución, que "...el cliente se puede encontrar con que después de estar pagando cuotas durante mucho tiempo, sin embargo, la amortización del capital es mínima. Se corre el riesgo de que con esas cuotas mensuales no sea suficiente siquiera para pagar los intereses generados, con la consecuencia de que la deuda no pare de crecer, pudiendo no percatarse el cliente del problema hasta pasado un tiempo...".Sin embargo, este tribunal no comparte dichas conclusiones dado que no son ajustadas al tipo concreto de contrato objeto de este procedimiento. Lo señalado en el párrafo transcrito se corresponde con el funcionamiento del crédito revolving en el ámbito de una tarjeta de crédito de uso continuado sin más limitaciones que el límite autorizado, abonando el cliente sólo una cantidad fija, normalmente un importe pequeño en relación con el capital dispuesto por el uso de la tarjeta, que no cubre lo gastado y que va incrementando de forma continuada el importe de la deuda, con el denominado efecto "bola de nieve".

13.- Nada de ello ocurre en el presente contrato. Estamos ante un contrato de crédito que opera como un préstamo en cada una de las operaciones que se llevan a cabo a través de esta línea de crédito. Dado que su destino no es otro que compras a través de la web amazon.es (condición general 1ª y 5ª), cada una de las operaciones llevadas a cabo se corresponde con el pago de dicha compra de acuerdo con las condiciones concretas de la misma (importe, cuotas, intereses remuneratorios, plazo de duración). Basta examinar el contrato objeto de este procedimiento, en sus condiciones particulares, para apreciar que en el mismo se fija el importe de la compra (1.199,99 €), el número de cuotas (24), el tipo deudor de la promoción (9,56 %), el importe total a pagar, incluidos los intereses (1.422,12 €) y la cuota mensual (59,20 €), de forma que el consumidor tiene pleno conocimiento de todos los datos esenciales de la operación, por lo que cada vez que pague la cuota mensual va disminuyendo el importe del principal debido, en términos semejantes a como ocurre con las amortizaciones parciales de un contrato de préstamo.

14.- El efecto revolvente de dicho crédito, deriva de la posibilidad de poder volver a ser utilizada la parte de capital ya amortizada por los pagos de las cuotas fijas previstas en el contrato de compra para efectuar nuevas compras, tal como se explica en la condición general quinta del contrato firmado por las partes, que condiciona dicha reutilización del crédito a las siguientes exigencias: a) financiar una nueva compra en amazon.es; y b) que la disposición sea posible en atención al importe autorizado y disponible. Como ya se ha señalado, dicha disponibilidad deriva de la sucesiva amortización del crédito inicial y queda limitado al importe ya amortizado.

15.- De acuerdo con el extracto aportado por Cofidis, documento nº 3 de la contestación, se aprecia que la actora y apelada llevó a cabo una primera compra, por importe de 1195 €, el 2 de marzo de 2022 aplazada en 24 cuotas, cantidad está que se corresponde con el límite de crédito autorizado (condición general 1ª). Posteriormente, realizó una nueva compra por importe de 231,29 €, el 6 de febrero de 2023, aplazada en seis plazos, cuando ya llevaba amortizado de la primera compra la cantidad de 496,45 € por los pagos realizados de las diversas cuotas, de ahí que este sería el nuevo límite de crédito y por ello se podía autorizar la nueva compra. La misma genera una nueva cuota mensual que se suma a la cuota de la primera utilización del crédito y que carga, disminuyendo de forma paralela a los pagos el capital pendiente de amortización. Lo revolvente es la posibilidad de volver a hacer uso del crédito ya amortizado.

16.- Poniendo en relación este contrato, que ya queda dentro del ámbito de la OETD/699/2020, reguladora de los contratos de crédito revolvente y cumple las exigencias de información derivada de dicha norma, aplicable en atención a la fecha de concertación de dicho contrato de crédito. Ello implica que se ajusta a dicha norma y también a la jurisprudencia del Tribunal Supremo señalada en el fundamento de derecho anterior. Así, sí tomamos en consideración las diversas exigencias de transparencia señaladas, podemos apreciar de la fácil lectura del contrato:

- Se hace expresa referencia, en la ficha de información normalizada europea de la condición de crédito en su modalidad revolving, explicando el sistema de funcionamiento en las condiciones generales 1 y 5.

- Se indica una duración del contrato de un año prorrogable (condición general 6).

- Se determina la TAE aplicable y su forma de cálculo, con inclusión de ejemplos representativos tanto para disposiciones en efectivo como para promociones de amazon.es (condición general 10).

- Se explican los diferentes sistemas de pago, en este caso de reutilización y reembolso (condición general 2).

- Se indica la forma de cálculo de los intereses remuneratorios del crédito (condición general 9 y 12), sin referencias al posible anatocismo dado que no se prevé dicha capitalización en la fórmula de cálculo empleada ya que opera sobre el capital pendiente de amortización por cada una de las compras efectuadas.

17.- En definitiva, este concreto contrato cumple las exigencias de transparencia para determinar su validez, tanto desde el aspecto formal como desde el cumplimiento de los requisitos de transparencia material señalados, lo que excluye el control de abusividad dado que el mismo sólo es posible sí el contrato no cumple las exigencias de transparencia. Ello implica la estimación del recurso y la revocación de la sentencia apelada, dictándose nueva sentencia desestimando la acción principal ejercitada, con el consiguiente examen de la acción subsidiaria de nulidad de la comisión de posiciones deudoras.

Cuarto:Examen de la validez de la comisión de reclamación de posiciones deudoras.

18.- En el motivo de apelación subsidiario a la acción principal, se pretende que se declare la nulidad declarada de la comisión de reclamación de posiciones deudoras. La misma se contiene en la condición general 14ª, con la siguiente redacción: "En caso de producirse el impago de alguna cuota a su vencimiento, que motive que Cofidis tenga que efectuar tratamientos especiales para la gestión del cobro de la deuda aplazada, se devengará a favor de Cofidis una comisión de reclamación de deudas de hasta 20 euros. Se cobrará una sola vez y por cada rúbrica (nueva posición deudora vencida), y siempre que la reclamación se haya producido efectivamente".Debe anticiparse que este motivo será estimado.

19.- Esta comisión se trata de una cláusula de naturaleza accesoria, que en modo alguno forma parte del precio, como sí lo son los intereses remuneratorios pactados, que regula una comisión que la entidad prestamista pretende percibir por el concepto referido de "reclamación de posiciones deudoras", esto es, por reclamar cuotas del crédito impagadas. Es claro, por tanto, que está sujeta a control de contenido y, como toda comisión, debe responder a un servicio solicitado o gasto habido, para su validez.

20.- Dicha comisión es nula de pleno derecho, por abusiva, conforme a la doctrina jurisprudencial aplicable en relación con la propia redacción de la cláusula discutida. Tras la STS 566/2019, de 25 de octubre, se ha seguido por esta Audiencia el criterio de mayor rigor en la exigencia de la transparencia de la citada cláusula para que sea válida, pues la sentencia del TS, en una cláusula que incluso preveía que se devengaría la comisión "una vez realizada la oportuna gestión personalizada (de las que se recogerá constancia fehaciente) con el cliente solicitando su regularización",declara su nulidad porque considera que la comisión no reúne los requisitos exigidos por la normativa bancaria, puesto que vendría, sin más, a sumar a los intereses de demora otra cantidad a modo de sanción por el mismo concepto (ya que la cláusula permite su reiteración, se plantea como reclamación automática y no precisa las gestiones a realizar para el cobro). En el caso ahora enjuiciado, resulta que la cláusula transcrita es, incluso, más genérica que la contemplada en la citada sentencia del TS, conforme a lo términos en que están redactadas, dado que se genera dicha comisión por el mero hecho del impago sin vincularla, siquiera, a la realización de algún tipo de comunicación al prestatario.

21.- La STS 566/2019, en su Fundamento de derecho cuarto, motiva la declaración de nulidad de la cláusula que examina de la siguiente forma: "3.-Si contrastamos la cláusula controvertida con dichas exigencias, se comprueba que, como mínimo, no reúne dos de los requisitos, pues prevé que podrá reiterarse y se plantea como una reclamación automática. Pero es que, además, no discrimina periodos de mora, de modo que basta la inefectividad de la cuota en la fecha de pago prevista para que, además de los intereses moratorios, se produzca el devengo de una comisión.

Tal como está redactada, tampoco identifica qué tipo de gestión se va a llevar a cabo (lo deja para un momento posterior), por lo que no cabe deducir que ello generará un gasto efectivo (no es igual requerir in situ al cliente que se persona en la oficina para otra gestión, que hacer una simple llamada de teléfono, que enviarle una carta por correo certificado con acuse de recibo o un burofax, o hacerle un requerimiento notarial).

4.- En la STJUE de 3 de octubre de 2019 (asunto C-621/17 , Gyula Kiss), el Tribunal ha declarado que, aunque el prestamista no está obligado a precisar en el contrato la naturaleza de todos los servicios proporcionados como contrapartida de los gastos previstos en una o varias cláusulas contractuales: "No obstante, habida cuenta de la protección que la Directiva 93/13 pretende conceder al consumidor por el hecho de encontrarse en una situación de inferioridad con respecto al profesional, tanto en lo que respecta a la capacidad de negociación como al nivel de información, es importante que la naturaleza de los servicios efectivamente proporcionados pueda razonablemente entenderse o deducirse del contrato en su conjunto. Además, el consumidor debe poder comprobar que no hay solapamiento entre los distintos gastos o entre los servicios que aquellos retribuyen".

A su vez, la STJUE de 26 de febrero de 2015 (asunto C-143/13 , Matei), referida -entre otras- a una denominada "comisión de riesgo", declaró que una cláusula que permite, sin contrapartida, la retribución del simple riesgo del préstamo, que ya está cubierto por las consecuencias legales y contractuales del impago, puede resultar abusiva.

5.- Precisamente la indeterminación a la que hemos hecho referencia es la que genera la abusividad, puesto que supondría, sin más, sumar a los intereses de demora otra cantidad a modo de sanción por el mismo concepto, con infracción de lo previsto en los arts. 85.6 TRLGCU (indemnizaciones desproporcionadas) y 87.5 TRLGCU (cobro de servicios no prestados).

Además, una cláusula como la enjuiciada contiene una alteración de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor, pues debería ser el Banco quien probara la realidad de la gestión y su precio, pero, con la cláusula, se traslada al consumidor la obligación de probar o que no ha habido gestión, o que no ha tenido el coste fijado en el contrato, o ambas circunstancias. Lo que también podría incurrir en la prohibición prevista en el art. 88.2 TRLGCU".

22.- Aplicando la anterior doctrina, dada la generalidad de la fórmula empleada en la cláusula combatida, comisión en la que no se discriminan periodos de mora, no identifica qué tipo de gestión se va a llevar a cabo, solapa gastos y servicios y se refiere a un riesgo ya cubierto por las consecuencias legales y contractuales del impago, como son los intereses de demora, es una cláusula de naturaleza abusiva, lo que justifica la nulidad declarada que debe de ser confirmada. Además, sí se examina el extracto de movimientos se aprecia que la misma ha sido cobrada, al menos en dos ocasiones por un importe de 10 € en el periodo contractual que alcanza dicho extracto (hasta el 4 de septiembre de 2023), sin que en la documentación aportada en la contestación a la demanda se haya justificado la efectiva reclamación de dicha deuda al consumidor, tal como se exige en la misma cláusula para poder hacer efectiva dicha comisión. Nada se aporta en la contestación en relación a esta comisión, más allá del documento nº 9, relativo a un estudio sobre los costes asociados a la reclamación de una comisión por impago, elaborado unilateralmente por Cofidis y que carece de cualquier virtualidad probatoria por la falta de datos que justifiquen los costes señalados. Procede, en consecuencia, estimar la acción subsidiaria ejercitada en los términos señalados en la demanda presentada.

23.- Por lo que respecta a las costas de primera instancia, habiéndose desestimado la acción principal ejercitada, debemos entender que existe una estimación parcial de la demanda y, por ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 394.2 LEC, no procede imponer las costas de la primera instancia a ninguna de las partes.

Quinto:Costas de esta alzada.

24.- De conformidad con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el artículo 394.2, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al ser estimado el recurso no procede la imposición de las costas de esta alzada a ninguna de las partes.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.