Sentencia Civil 460/2024 Audiencia Provincial Civil de Ourense nº 1, Rec. 702/2023 de 19 de junio del 2024

Primero. -En la demanda se ejercita una acción de resolución de contrato de compraventa de vehículo usado por presentar el mismo diversas averías. La demanda se dirige contra doña Yendelin, anterior propietaria del vehículo.

La parte demandada se opuso a la demanda alegando su falta de legitimación pasiva por no haber intervenido en el contrato de compraventa, siendo el vendedor don Edgardo, quien se dedica profesionalmente a la venta de vehículos de segunda mano.

La Juzgadora de Instancia estima la excepción de falta de legitimación pasiva de la demandada y desestima la demanda.

Contra dicha resolución se alza en apelación la parte actora quien denuncia infracción del artículo 218 de la LEC por incurrir la sentencia en vicio de incongruencia y en falta de motivación. Discrepa del criterio de la magistrada de instancia e insiste en que la demandada ostenta legitimación ya que en el acto de conciliación celebrado con carácter previo reconoció que fue la vendedora del vehículo.

La parte actora se opone al recurso de apelación y solicita su desestimación.

Segundo. -Infracción del artículo 218 de la LEC.

El motivo de recurso ha de ser rechazado. La sentencia de instancia no incurre en vicio de incongruencia omisiva, ni en falta de motivación.

La congruencia hace referencia a la concordancia entre la sentencia y las pretensiones ejercitadas en la demanda. Las sentencias solo incurren en incongruencia omisiva cuando no resuelve una pretensión ejercitada en la demanda o que es antecedente lógico de otra debidamente ejercitada. Los hechos probados nada tienen que ver con el deber de congruencia sino con la valoración probatoria.

Respecto a la motivación, la doctrina emanada de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, viene estableciendo que el derecho a la tutela judicial efectiva se satisface con una resolución fundada en derecho que aparezca suficientemente motivada y que la exigencia de motivación no autoriza a exigir un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener sobre la cuestión que se decide, sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, es decir, la "ratio decidendi" que ha determinado aquélla, o razón causal del fallo.

A lo anterior cabe añadir que no es lo mismo falta de motivación que motivación satisfactoria para la parte. Debe distinguirse la ausencia de motivación de una motivación con la que la parte discrepa. Las discrepancias en la valoración de la prueba y en los hechos probados no pueden hacerse valer a través del defecto procesal de falta de motivación de la sentencia.

Tercero.- Finalmente la recurrente denuncia error en la aplicación del artículo 10 de la LEC y en la apreciación de la falta de legitimación pasiva de la demandada.

El motivo de recurso ha de ser rechazado. La Sala comparte íntegramente las conclusiones de la magistrada de instancia.

Como acertadamente razona la sentencia recurrida la legitimación "ad causam"«consiste en una posición o condición objetiva en conexión con la relación material objeto del pleito que determina una aptitud para actuar en el mismo como parte; se trata de una cualidad de la persona para hallarse en la posición que fundamenta jurídicamente el reconocimiento de la pretensión que trata de ejercitar y exige una adecuación entre la titularidad jurídica afirmada (activa o pasiva) y el objeto jurídico pretendido, según las SSTS 31-3-97 y 28-12-01 »; de modo que, por su propia naturaleza y efectos, su falta puede ser apreciada de oficio ( SSTS, 30 abril 2012 , 13 diciembre 2006 , 7 y 20 julio 2004 , 20 octubre 2003 , 16 mayo 2003 , 10 octubre 2002 y 4 julio 2001) en cualquier momento del proceso ( STS núm. 713/2007, de 27 junio ).

La demandada no intervino en el contrato cuya resolución se pide por lo que carece de legitimación para soportar la acción de resolución.

No es cierto que la demandada hubiese reconocido en el acto de conciliación ser quien vendió a la actora el vehículo NUM000, que había sido de su propiedad. Al contrario, lo que manifestó es que no conocía a la actora y que el vendedor del vehículo había sido, tal y como se expresa en el contrato, don Edgardo.

No se infringe, en consecuencia, la doctrina que prohíbe ir en contra de los actos propios ya que no existe ningún acto de la demandada que reúna la condición de ser inequívoco, en el sentido de fijar, sin ninguna duda, la existencia de un vínculo contractual con la actora por lo que no existe contradicción entre la conducta precedente y la actual.

Que la demandada hubiese manifestado que hizo un contrato de garantía en la empresa Atlántica Garantía o que la venta se hizo a través del intermediario don Edgardo, no son actos indubitados de reconocimiento de su condición de vendedora en el contrato cuya resolución se pide.

En el contrato de 24 de diciembre de 2015, objeto de la acción resolutoria, se indica que el vendedor es don Edgardo, sin que se mencione a doña Yendelin, ni como vendedora, ni como representada, ni en ningún otro concepto.

La actora tampoco acredita haber abonado el precio indicado en el contrato a doña Yendelin, ni doña Yendelin reconoció haber recibido cantidad alguna de la actora sino de don Edgardo, la cantidad de 8.500 euros.

Quien se vinculó contractualmente con la actora fue don Edgardo.

Aun cuando don Edgardo hubiese actuado por orden de doña Yendelin, hecho que no ha quedado acreditado y que únicamente se menciona con carácter hipotético, se trataría de una representación indirecta (por contraposición a la representación directa) el representante actúa "en nombre propio", sin manifestar y ocultando conscientemente el nombre de la persona por cuenta de quien actúa.

A este tipo de representación se refiere el artículo 1717 del Código Civil diciendo que: "Cuando el mandatario obra en su propio nombre, el mandante no tiene acción contra las personas con quienes el mandatario ha contratado, ni éstas tampoco contra el mandante. En este caso el mandatario es el obligado directamente en favor de la persona con quien ha contratado, como si el asunto fuera personal suyo. (...). También el artículo 287 Código de Comercio, se refiere a ella al decir que: " El contrato hecho por un factor en nombre propio, le obligará directamente con la persona con quien lo hubiere celebrado (...)". En este tipo de representación, los efectos del negocio se producen entre el mandatario y el tercero, siendo necesario un nuevo acto que los traslade, en su caso, al dominus oculto.

En consecuencia, procede desestimar el recurso de apelación.

Cuarto. -Conforme al artículo 398.1 en relación con el 394 de la LEC las costas del recurso se imponen a la parte apelante.

Se decreta la pérdida del depósito constituido para recurrir.

Por lo expuesto la Sección Primera de la Audiencia Provincial pronuncia el siguiente