Sentencia Civil 824/2025 Audiencia Provincial Civil de Cáceres nº 1, Rec. 485/2024 de 02 de diciembre del 2025

PRIMERO.-La representación procesal de la demandada, SEGUROS CATALANA OCCIDENTE Y D. Jesús Luis, interpone recurso de apelación contra la sentencia de instancia que estimaba la pretensión de declaración de responsabilidad civil profesional en el ejercicio de la abogacía por culpa contractual deducida en su contra por D. Epifanio, condenando conjunta y solidariamente a los referidos demandados, a abonar a la actora la cantidad de 14.267 euros, más intereses legales, correspondientes a los perjuicios ocasionados por su actuar negligente a saber:

1º.- Minuta NUM000, de fecha 02/Noviembre/2021, emitida por D. Jesús Luis por el procedimiento ordinario 327/2019 del Juzgado 1ª Instancia e Instrucción Nº3 de Cáceres (Primera Instancia):

3.630 €.

2º.- Factura NUM001, de fecha 04/Octubre/2021, emitida por la procuradora Dª. Salome por el procedimiento 327/2019 del Juzgado 1ª Instancia e Instrucción Nº3 de Cáceres (Primera Instancia): 346,06 €.

3º.- Factura NUM002, de fecha 17/Septiembre/2021, emitida por la perito Dª. Lorena en concepto del informe pericial y ratificación judicial efectuada en la primera instancia: 508,20 €.

4º.- Minuta NUM003, de fecha 13/Junio/2022, emitida por D. Jesús Luis por el Recurso de Apelación 1371/2021 de la Illma. Audiencia Provincial de Cáceres, Sección 1ª (Segunda Instancia): 2.541€.

5º.- Factura NUM004, de fecha 12/Abril/2022, emitida por la procuradora Dª. Salome por el Recurso de

Apelación 1371/2021 de la Illma. Audiencia Provincial de Cáceres, Sección 1ª (Segunda Instancia): 415,27 €.

6º.- Tasación de costas practicada en favor de PROMOCIÓN, GESTIÓN Y MARKETING INMOBILIARIO, S.L. en concepto del Recurso de Apelación 1371/2021 de la Illma. Audiencia Provincial de Cáceres, Sección 1ª (Segunda Instancia): 2.983,24 €.

7º.- Tasación de costas practicada en favor de PLUS ULTRA SEGUROS en concepto del Recurso de Apelación 1371/2021 de la Illma. Audiencia Provincial de Cáceres, Sección 1ª (Segunda Instancia): 2.983,24 €.

8º.- Daños ocasionados en agosto de 2016 en la Sala del restaurante afectada por las filtraciones, valorados el 26/Agosto/2016 por Peritaciones Europa en la cantidad de 710,80 € más IVA: 860,07 €.

La decisión de instancia, -tras rechazar la excepción de falta de legitimación activa-, se fundamenta en la existencia de responsabilidad profesional de la letrado demandada, al entender no presentó la demanda en tiempo, pese a los recordatorios del cliente, siendo que las sentencia dictada en el que procedimiento en el que defendía los intereses del demandante, declaró prescrita la acción para reclamar los daños causados por las filtraciones producidas en 2016, que de haberse presentado al tiempo de ser solicitada por la actora habría tenido derecho a la indemnización reclamada.

Fundamenta su recurso la apelante en los motivos que sucintamente a continuación se relacionan:

-PRIMERO- INFRACCIÓN ART 459 LEC EN RELACIÓN CON EL ART 218.2 LEC, ART. 24.1 Y 120.3 C78, POR FALTA DE MOTIVACIÓN DE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA AD CAUSAM. NULIDAD SENTENCIA. Alega la apelante que la sentencia no explica por qué se desestima la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la demandada, lo que le causa indefensión que le impide conocer la valoración racional y lógica de la prueba documental, efectuada por la Juzgadora.

-SEGUNDO.- INFRACCIÓN ART 459 LEC EN RELACIÓN CON EL ART 218.2 LEC, POR INCONGRUENCIA OMISIVA SOBRE LA CONCURRENCIA O NO DEL CONSENTIMIENTO DEL ACTOR PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN 1371/2021 Y SOBRE LA CUANTIA RECLAMADA COMO INDEMNIZACIÓN POR DAÑO PATRIMONIAL. NULIDAD SENTENCIA. Afirma la apelante que la sentencia omite el pronunciamiento sobre si el demandante consintió o no la interposición del recurso de apelación nº1371/202; se "presupone" que se estima porque en la sentencia se condena a esta parte al pago del importe total reclamado por el actor, pero también omite la fundamentación que justifica la desestimación de nuestros motivos de oposición respecto de la cuantía indemnizatoria.

-TERCERO.- ERROR EN LA VALORACION DE LA PRUEBA DOCUMENTAL. INFRACCIÓN ART. 217, 319, 326 LEC:

-A) Ausencia de negligencia profesional:Aargumenta que la sentencia omite distinguir a la hora de fundamentar la supuesta negligencia entre las filtraciones del 1 de Agosto de 2016, que son las

prescritas y las filtraciones de 19 de Agosto de 2016 y las del 2017 , que no estaban prescritas. El abogado actuó conforme al criterio del cliente y al informe pericial aportado por éste por lo que la acción ejercitada se basó en daños continuados. En cualquier caso, la sentencia sólo declaró prescritos la acción de reclamación por el siniestro de agosto del 2016, no por los daños causados por los hechos posteriores, cuya acción fue desestimada por otorgar el juzgado mayor credibilidad a los manifestado por el perito de Reale, lo que no constituye causa para imputar responsabilidad al letrado.

-B) Ausencia de pérdida de oportunidad: Insiste en que el letrado ejercitó la acción de reclamación de cantidad que finalmente (solo una de ellas) resultó prescrita, pero no por omisión del letrado y olvido, sino porque el origen de las filtraciones era distinto lo que no le es imputable. Tampoco se produjo pérdida de oportunidad procesal puesto que con el consentimiento del actor, se interpuso recurso de apelación, que finalizó por sentencia que confirmó el origen de las filtraciones y con ello la prescripción de una de las reclamaciones, fracaso este del recurso que se debió a la valoración judicial, que no a negligencia alguna del letrado.

-CUARTO.- ERROR EN LA VALORACION DE LA PRUEBA DOCUMENTAL. INFRACCIÓN ART. 217, 319, 326 LEC. AUSENCIA DAÑO PATRIMONIAL Y MORAL: La apelante -entiende que la reclamación de todas las minutas del letrado y procurador, supondría enriquecimiento injusto, ya que el Juzgado consideró varios siniestros, uno daños permanentes y otros daños continuados, por lo que prescrita la acción para reclamar los primeros, la estimación de la acción en reclamación de los daños considerados continuados, habría determinado la estimación parcial de la demanda. Entiende improcedente la indemnización por las costas de la segunda instancia, puesto que el actor, ya conocedor, de la existencia de la prescripción de los daños por filtraciones del 1 de Agosto de 2016, no se opuso a la presentación del recurso de apelación. Por lo que a la factura del perito reclamada se refiere, entiende que forma parte del precio del contrato de arrendamiento de servicios con el letrado demandado, sino que es el precio de un contrato de arrendamiento de obra, estimando por último, igualmente improcedente, la cantidad de 710,80 más IVA, por daños directos causados por el siniestro de 1 de Agosto de 2016 al no haber acreditado el actor la reparación de los daños y de esta cantidad debe descontarse el IVA, ya que la comunidad de bienes puede desgravar este importe. Añade que esta cantidad esta cantidad es la que hipotéticamente constituiría el perjuicio causado por la prescripción, al ser el único daño prescrito, no así, los 75.600 euros que se reclamaron.

Con fundamento en dichos motivos interesa la revocación de la sentencia recurrida, desestimando íntegramente la pretensión de la parte actora con imposición de costas a la contraparte.

La demandante se opuso al referido recurso interesando la confirmación de la sentencia de instancia.

SEGUNDO.-Comenzando por los motivos aducidos bajo los ordinales PRIMERO Y SEGUNDO transcritos en la razonamiento jurídico ut supra, esto es, la incongruencia omisiva y falta de motivación de la sentencia, causante de indefensión, -por haber valorado y resuelto , sobre las alegaciones de la apelante relativas a la falta de legitimación ad causam, consentimiento del actor a la interposición del recurso de apelación nº1371/2021,y motivos de oposición a la cuantía indemnizatoria-, ha de significarse que el artículo 218 la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone:

" 1. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Harán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.

El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes.

2. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.

3. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos."

2.- El Tribunal Constitucional, en una muy consolidada doctrina afirma que el derecho a la tutela judicial efectiva incluye el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes por cuanto la motivación de las resoluciones judiciales, aparte de venir requerida por el art. 120.3 de la Constitución española , es una exigencia derivada del art. 24.1 de la Constitución española . Ello implica, en primer lugar, que la resolución ha de estar motivada, es decir, contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión; y, en segundo lugar, que la motivación debe contener una fundamentación en derecho.

Dicha exigencia constitucional entronca de forma directa con el principio del estado democrático de derecho ( art. 1 de la CE ) y con una concepción de la legitimidad de la función jurisdiccional sustentada esencialmente en el carácter vinculante que para todo órgano jurisdiccional tienen la ley y la constitución. Por otra parte, si bien la razón última que sustenta este deber de motivación, en tanto que obligación de exteriorizar el fundamento de la decisión, reside en la interdicción de la arbitrariedad y, por tanto, en la necesidad de evidenciar que el fallo de la resolución no es un simple y arbitrario acto de voluntad del juzgador, sino una decisión razonada en términos de derecho, la exigencia de motivación cumple una doble finalidad inmediata: de un lado, exteriorizar las reflexiones que han conducido al fallo como factor de racionalidad en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, que paralelamente potencia el valor de la seguridad jurídica, de manera que sea posible lograr el convencimiento de las partes en el proceso respecto de la corrección y justicia de la decisión; de otro, garantizar la posibilidad de control de la resolución por los tribunales superiores mediante los recursos que procedan, incluido ante el Tribunal Constitucional a través del recurso de amparo

3.- La jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha señalado que, en cuanto al deber de motivación y su infracción ( falta de motivación o motivación insuficiente), es doctrina jurisprudencial que: (i) solo debe entenderse como la necesidad de que la sentencia exteriorice las razones fácticas y jurídicas del fallo de modo tal que permita el eventual control jurisdiccional mediante el efectivo ejercicio de los recursos y operar, en último término, como garantía o elemento preventivo frente a la arbitrariedad; (ii) no cabe confundirla con la incongruencia a que se refiere el apartado 1 del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (cuya cita por tanto no permite analizar posibles defectos de motivación); (iii) tampoco cabe confundirla con la disconformidad de la parte recurrente con la fundamentación jurídica del fallo (en tanto que una motivación adecuada y suficiente no implica una motivación favorable a las pretensiones de la parte); (iv) debe igualmente distinguirse la ausencia de motivación de las peculiares interpretaciones de valoración de la prueba y de la fijación de los hechos probados que esgrime la parte, sin que pueda ampararse en la falta de motivación la revisión del acervo probatorio (a no ser una falta de motivación de dicha valoración probatoria, o una mera apariencia de motivación que la vicie de arbitrariedad); y (v) la exigencia de motivación no autoriza a exigir un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes pudieran tener de la cuestión que se decide sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones que vengan apoyadas en razones que permitan invocar cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, es decir, la ratio decidendique ha determinado aquélla.

4.- La consecuencia jurídica de la falta de fundamentación no será la nulidad de la sentencia, salvo en supuestos de falta de fundamentación absoluta, y siempre que así lo haya solicitado la parte.

El efecto que en su caso puede tener tanto la incongruencia omisiva de la sentencia, como en su caso la falta de motivación, es que se deban subsanar esos defectos o deficiencias de la resolución en esta alzada, tal como establece el artículo 465.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

No obstante, el hecho de que el art. 465.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil contemple expresamente una vía de sanación en el supuesto de infracciones procesales cometidas al dictar sentencia en primera instancia, no debe impedir la aplicación del apartado 4 de la misma norma cuando el defecto producido no sea una mera infracción procesal susceptible de corrección en la propia sentencia de apelación, al no afectar a las garantías esenciales del proceso, sino un vicio constitutivo de nulidad radical insubsanable.

En este sentido la reciente STS 254/2025 de 27 de enero del 2025, ha venido a refrendar en cuanto al vicio de incongruencia omisiva, que :

"...

Las sentencias han de ser la respuesta judicial a las pretensiones y resistencias de las partes oportunamente deducidas en sus escritos alegatorios, todo ello con la finalidad de satisfacer el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del que son titulares los litigantes, los cuales tienen un indiscutible interés jurídico en obtener una respuesta motivada a las pretensiones deducidas dentro de los términos del debate judicializado sometido a consideración de los tribunales, que no pueden desviarse de las cuestiones planteadas por las partes constitutivas del objeto del proceso; pues, en otro caso, se podría privarles del derecho de influir en el contenido de la decisión, colocándolas en una inadmisible situación de indefensión prohibida por el art. 24.2 CE con lesión del principio de contradicción.

Cuando no se cumple el requisito de la exhaustividad de la sentencia que impone el art. 218.1 de la LEC , que obliga a los tribunales a pronunciarse sobre las pretensiones deducidas por las partes y decidir «todos los puntos litigiosos que han sido objeto de debate» se incurre en la incongruencia por omisión que vulnera el art. 24.1 CE ( STC 61/1983, de 11 de julio ).

En este sentido, se consideran incongruentes las sentencias cuando dejan incontestadas y sin resolver algunas de las pretensiones sostenidas por las partes, siempre y cuando el silencio judicial no pueda razonablemente interpretarse como desestimación tácita de la pretensión deducida ( sentencias 604/2019, de 12 de noviembre ; 31/2020, de 21 de enero ; 267/2020, de 9 de junio ; 526/2020, de 14 de octubre ; 37/2021, de 1 de febrero ; 751/2021, de 2 de noviembre ; 202/2022, de 14 de marzo ; 364/2022, de 4 de mayo ; 509/2022, de 28 de junio Y 628/2024, de 13 de mayo , entre otras muchas)."

Partiendo de las anteriores consideraciones jurisprudenciales, entiende esta Sala, que, -aunque ciertamente se echa en falta una mayor exhaustividad-, la sentencia no carece absolutamente de motivación, pudiendo interpretarse su silencio sobre las cuestiones aducidas por la demanda en su escrito de contestación, como una desestimación tácita de las mismas, procediendo la subsanación de dicha deficiencias en esta alzada. Tan es así, que la propia apelante, pese a denunciar el vicio de incongruencia y de falta de motivación expuesto, no interesa en el Suplico de su escrito de interposición del presente recurso la nulidad de la sentencia de instancia sino su revocación.

TERCERO-Así y por lo que a la falta de legitimación activa ad causam opuesta por la demanda, se refiere, adujo la apelante en su escrito de contestación, que D. Epifanio, actuó como demandante y apelante, en los autos de PO 327/2019 y REC 1371/2021, en representación de la comunidad de bienes DIRECCION000, que explotaba el negocio de restauración en el local que sufría las humedades, actuando en estos autos, por sí mismo, como persona física, alegando haber comprado el resto de las participaciones de la comunidad de bienes, lo que, entiende no es cierto ya el documento aportado como núm.- 2 de la demanda rectora de esta litis, - es un acuerdo de disolución y extinción de la comunidad con el otro comunero, para poner fin a una serie de procedimientos judiciales, entre ellos, los de la disolución y extinción de la propia comunidad de bienes -no ha sido homologados por el Juzgado competente y además, sólo han sido firmado por uno de los comuneros.

Asimismo, esgrimió que para caso de que se considerase la subsistencia de la Comunidad de bienes, es evidente conforme a dicha documental, el conflicto de intereses existente entre los comuneros, que hace necesario el consentimiento del otro para la interposición de la demanda.

Pues bien, el tenor literal del " contrato de compraventa de participación en DIRECCION000 C.B.", no ofrece lugar a dudas en cuanto a que el demandante, adquiere por compra a la otra de las comuneras, su participación y derechos en la referida comunidad de bienes, quedando el actor como único titular, y aunque es cierto que dicho documento consta firmado por una de las partes contratantes, la documental aportada por la demandante en el acto de la audiencia previa, despaga cualquier duda sobre la realidad del consentimiento de ambos comuneros a dicha compraventa, al haber sido aportado por la representación procesal de ambos comuneros en el recuro de apelación registrado por esta sección bajo el número 255/2020, interesando con fundamento a la solución amistosa que consta en el mismo, tener a ambas partes por desistidas de los recursos de apelación interpuestos.

Así pues, conforme a lo estipulado en el citado contrato de compraventa de fecha 18 de mayo de mayo del 2020, a la fecha de interposición de la demanda, la referida comunidad de bienes se habría extinguido, al ser su único titular el demandante, quien se haya legitimado por tanto, para el ejercicio de la acción que nos ocupa.

CUARTO-Adentrándonos en el error en la valoración de la prueba invocado como motivo del recurso, y atendiendo a la naturaleza de la acción ejercitada, la doctrina legal sobre la responsabilidad civil de los letrados aparece recogida entre otras en la STS de 15 de septiembre de 2017 dice que señala o: "....En relación a la responsabilidad por negligencia que se reclama frente al letrado litigante, debemos tener en cuenta las SSTS de 14/julio/2010 , 9/marzo/2011 y 27/octubre/2011 , si bien entre las sentencias más significativas dictadas en este ámbito puede destacarse por su simplicidad expositiva la de 27/mayo/2010 , a cuyo tenor tres son los requisitos para que prosperen acciones como al de autos:

1."La responsabilidad civil profesional del abogado exige, en primer término, el incumplimiento de sus deberes profesionales. En el caso de la defensa judicial estos deberes se ciñen al respeto de la lex artis (reglas del oficio), esto es, de las reglas técnicas de la abogacía comúnmente admitidas y adaptadas a las particulares circunstancias del caso. La jurisprudencia no ha formulado con pretensiones de exhaustividad una enumeración de los deberes que comprende el ejercicio de este tipo de actividad profesional del abogado. Se han perfilado únicamente a título de ejemplo algunos aspectos que debe comprender el ejercicio de esa prestación: informar de la gravedad de la situación, de la conveniencia o no de acudir a los tribunales, de los costos del proceso y de las posibilidades de éxito o fracaso; cumplir con los deberes deontológicos de lealtad y honestidad en el desempeño del encargo; observar las leyes procesales; y aplicar al problema los indispensables conocimientos jurídicos ( STS de 14 de julio de 2005 )".

2. Es necesario en segundo lugar "que haya existido un daño efectivo". Y explica el alto tribunal lo que sigue: "Cuando el daño por el que se exige responsabilidad civil consiste en la frustración de una acción judicial, el carácter instrumental que tiene el derecho a la tutela judicial efectiva determina que, en un contexto valorativo, el daño deba calificarse como patrimonial si el objeto de la acción frustrada tiene como finalidad la obtención de una ventaja de contenido económico, cosa que implica, para valorar la procedencia de la acción de responsabilidad, el deber de urdir un cálculo prospectivo de oportunidades de buen éxito de la acción frustrada (pues puede concurrir un daño patrimonial incierto por pérdida de oportunidades: SSTS de 26 de enero de 1999 , 8 de febrero de 2000 , 8 de abril de 2003 y 30 de mayo de 2006 ) ". Ahora bien: "El daño por pérdida de oportunidades es hipotético y no puede dar lugar a indemnización cuando no hay una razonable certidumbre de la probabilidad del resultado. La responsabilidad por pérdida de oportunidades exige demostrar que el perjudicado se encontraba en una situación fáctica o jurídica idónea para realizarlas ( STS de 27 de julio de 2006 ). Este criterio impone examinar si, como consecuencia del incumplimiento de las reglas del oficio, que debe resultar probada, se ha producido -siempre que no concurran elementos ajenos suficientes para desvirtuar su influencia en el resultado dañoso, como la dejadez de la parte, la dificultad objetiva de la posición defendida, la intervención de terceros o la falta de acierto no susceptible de ser corregida por medios procesales de la actuación judicial- una disminución notable y cierta de las posibilidades de defensa de la parte suficiente para ser configurada como un daño que debe ser resarcido en el marco de la responsabilidad contractual que consagra el artículo 1101 CC ( STS 23 de julio de 2008 )".

3. Por último, "en tercer término, es menester que exista un nexo de causalidad entre el incumplimiento de los deberes profesionales y el daño producido, y que éste sea imputable objetivamente, con arreglo a los principios que pueden extraerse del ordenamiento jurídico, al abogado. El juicio de imputabilidad en que se funda la responsabilidad del abogado exige tener en cuenta que el deber de defensa no implica una obligación de resultado, sino una obligación de medios, en el sentido de que no comporta, como regla general, la obligación de lograr una estimación o una resolución favorable a las pretensiones deducidas o a la oposición formulada contra las esgrimidas por la parte contraria, pues esta dependerá, entre otros factores, de haberse logrado la convicción del juzgador ( SSTS de 14 de julio de 2005 , 14 de diciembre de 2005 , 30 de marzo de 2006 , 30 de marzo de 2006, 26 de febrero de 2007 , entre otras).

La propia naturaleza del debate jurídico que constituye la esencia del proceso excluye que pueda apreciarse la existencia de una relación causal, en su vertiente jurídica de imputabilidad objetiva, entre la conducta del abogado y el resultado dañoso, en aquellos supuestos en los cuales la producción del resultado desfavorable para las pretensiones del presunto dañado por la negligencia de su abogado debe entenderse como razonablemente aceptable en el marco del debate jurídico procesal y no atribuible directamente, aun cuando no pueda afirmarse con absoluta seguridad, a una omisión objetiva y cierta imputable a quien ejerce profesionalmente la defensa o representación de la parte que no ha tenido buen éxito en sus pretensiones ( STS de 30 de noviembre de 2005 ).

No es necesario que se demuestre la existencia de una relación de certeza absoluta sobre la influencia causal en el resultado del proceso del incumplimiento de sus obligaciones por parte del abogado. No puede, sin embargo, reconocerse la existencia de responsabilidad cuando no logre probarse que la defectuosa actuación por parte del abogado al menos disminuyó en un grado apreciable las oportunidades de éxito de la acción. En caso de concurrir esta disminución podrá graduarse su responsabilidad según la proporción en que pueda fijarse la probabilidad de contribución causal de la conducta del abogado al fracaso de la acción".

En cuanto a la prueba del incumplimiento, la jurisprudencia ha establecido que, tratándose de una responsabilidad subjetiva de carácter contractual, la carga de la prueba de la falta de diligencia en la prestación profesional, del nexo de causalidad con el daño producido, y de la existencia y del alcance de este corresponde a la parte que demanda la indemnización por incumplimiento contractual ( STS de 14 de julio de 2005, RC núm. 971/1999, 21 de junio de 2007, RC núm. 4486/2000 y STS 600/2013, de 14 de octubre ).

Partiendo de las anteriores consideraciones jurisprudenciales, y siendo el motivo invocado el error en la valoración probatoria, en las vertientes expuestas en el primero de los razonamientos jurídicos, adelantamos que esta sala no comparte la hermeneútica apreciativa de la prueba llevada a cabo por la Juzgadora de instancia.

Así, revisada la prueba documental, hemos de partir de la realidad indiscutida del arrendamiento de los servicios profesionales del letrado hoy apelante por parte D. Epifanio, por el que aquel asumía la dirección letrada para la reclamación de los daños sufridos en el local destinado a restaurante, que el cliente entendía imputables a una fuga de agua en el inmueble colindante, acaecida en agosto del 2016, que inundó un sala del restaurante quedando inservible para su uso. En cumplimiento del encargo, el letrado interpuso, en primer término, acto de conciliación frente a PROGEMISA- propietaria del inmueble colindante- con fecha de 27/Julio/2017 que se celebró sin avenencia. Posteriormente, en fecha 30 de abril del 2019 interpuso demandada que dio lugar a la incoación del procedimiento ordinario núm.- 327/2019, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia núm..- 3 de Cáceres.

El demandante en dicha demanda, ejercita acción ex artículo 1902 del CC, que fundamenta en el hecho de que aunque las filtraciones se habían producido los días 1 y 19 de agosto de 2016, la humedad seguía persistiendo a la fecha de la presentación de la demanda, esto es, alegaba que los daños eran continuados, acción que dirige frente a Progemisa y su aseguradora, interesando un pronunciamiento condenatorio:

- A realizar las reparaciones necesarias en la propiedad de la demandada para eliminar las filtraciones de agua que sufre la sala del restaurante explotado por la actora.

- A la reposición de la citada sala al estado anterior a dichas filtraciones, en condiciones de ser utilizada para el negocio de restaurante a que venía destinada, realizando cuantas obras sean necesarias para ello.

- A abonar a la actora , en concepto de lucro cesante la cantidad de 75.600 euros (setenta y cinco mil seiscientos euros), o subsidiariamente, la cantidad que el Juzgado considere suficiente, como cantidad dejada de ganar por la inutilización de la citada sala desde la fecha del siniestro 1 de agosto del 2016, hasta abril del 2018.

La sentencia de instancia, entiende que los daños sufridos por el actor no eran continuados, sino imputables a siniestros distintos:

- El ocurrido el día 1 de agosto de 2016 y que afectó al techo y

paramentos verticales de una de las salas del restaurante así como a los paramentos verticales de los aseos.

-Otro ocurrido en torno a diciembre de 2016, que afectó a un paramento vertical de una sala (que no es contigua con el edificio de la codemandada) y a los paramentos verticales del pasillo de acceso a la sala y paramentos verticales de los aseos (tampoco contiguos con el edificio de la codemandada).

-En abril de 2017 , por averías detectadas en la red general de canalización de agua del canal Isabel II.

Concluye la referida resolución que los daños ocasionados en el mes de agosto, han de merecer la consideración de daños permanentes, al haberse producido en un momento puntual, con posibilidad de agravarse, pero en los que la causa ya ha cesado, por lo que presentada demanda de conciliación en fecha 27 de julio del 2017, sin que desde entonces hasta la interposición de la demanda, en fecha 30 de abril de 2019, haya habida ningún acto de interrupción de la prescripción, considera que ha transcurrido sobradamente el plazo de un año, apreciando la prescripción de la acción alegada pero sólo para la reclamación de los daños causados por la avería de agosto del 2016, no los posteriores -de etiología diferente, que sí tienen la consideración de continuados y respecto de los cuales la acción no estaría prescrita-; Cuestión distinta es que el resultado evaluativo de la prueba llevado a cabo por el juzgador de instancia, respecto de dichos daños posteriores, le llevara a la convicción de no haber resultado suficientemente acreditado que el origen de las filtraciones aparecidas en la sala del restaurante regentado por la actora, se hallara en elementos constructivos que impliquen al edificio de la demandada, - sino más bien en la capilaridad del terreno-por lo que no existiendo, en definitiva, título de imputación de responsabilidad de dicha codemandada, desestima en su integridad la demanda, sin imposición de costas por "la existencia de dudas de hecho que pudieran fundamentar el planteamiento de la actora y el recurso a la vía judicial". Sentencia que tras la interposición del oportuno recurso de apelación por la actora, fue íntegramente confirmada por sentencia de esta Sala núm,. 289/2022 de 6 de abril.

Sentado lo anterior ha de resolverse seguidamente si cabe apreciar la existencia de algún tipo de negligencia profesional en el desempeño de dicho encargo por parte del letrado demandado. Es claro no cabe deducir sin más dicha negligencia del resultado final desfavorable del litigio, es decir del hecho de que finalmente la pretensión fuera desestimada en primera y segunda instancia, debiendo recordarse que nos hallamos ante una obligación de medios, no de resultado, describiendo el Estatuto General de la Abogacía en su art. 42 el contenido de los deberes profesionales que incumben al abogado en ejercicio de su profesión en el sentido de que " 1. Son obligaciones del abogado para con la parte por él defendida, además de las que se deriven de sus relaciones contractuales, el cumplimiento de la misión de defensa que le sea encomendada con el máximo celo y diligencia y guardando el secreto profesional. 2. El abogado realizará diligentemente las actividades profesionales que le imponga la defensa del asunto encomendado, ateniéndose a las exigencias técnicas, deontológicas y éticas adecuadas a la tutela jurídica de dicho asunto y pudiendo auxiliarse de sus colaboradores y otros compañeros, quienes actuarán bajo su responsabilidad".

Ahora bien, cuando el encargo consiste en la defensa de una pretensión sometida a un corto plazo prescriptivo, en este caso de un año, para el supuesto de que pudieren existir dudas o tesis diferentes acerca del inicio del cómputo del plazo prescriptivo, en función de si los daños sufridos por la cliente fueren considerados bien como continuados bien como permanentes,- duda que el letrado demandado se habría representado atendiendo al tenor literal de las comunicaciones vía correo electrónico, de los días 4, 8 y 15 de mayo del 2018, mantenidas entre una letrado del despacho del demandado y el actor-, entendemos , que pese a que el actor insistiera en que los daños provenían del único siniestro de agosto del 2016, la diligencia exigible obliga al profesional a tomar en consideración la tesis más desfavorable o estricta, con lo que evita toda la posibilidad de que la acción sea declarada prescrita. Ello lógicamente si dentro de ese plazo más desfavorable dispone el letrado de todos los elementos para fundar y entablar la reclamación, como así se infiere de dichas comunicaciones. En conclusión el letrado, debió presentar la demandada antes del transcurso del plazo prescriptivo del que era sabedor, o al menos, haber dirigido alguna comunicación a la demandada a la que pudiera otorgársele eficacia interruptiva de la prescripción, lo que no hizo.

Conforme a lo anteriormente expuesto, partiendo de la realidad del error del abogado, ha de acreditarse la relación causal entre dicho actuar negligente y cada de los conceptos reclamados, y cuestiones estas acerca de las cuales la sentencia de instancia no se pronuncia expresamente.

Analizando el supuesto de autos, el error del Letrado que determinó la prescripción de la acción, sólo afectó, en términos de perdida de oportunidad procesal, a la acción de reclamación de los daños derivados del siniestro o avería de agosto del 2016, no a los daños posteriores, con respecto de los cuales, la pretensiones se rechazaron no por prescripción, ni porque el letrado no emplease en su desempeño la debida diligencia, sino porque como ocurre en la mayor parte de los litigios, las circunstancias fácticas que basan las pretensiones se hallan sometidas al resultado y valoración por los Tribunales de la prueba y existen cuestiones de índole jurídica sobre las que caben distintos criterios cuando menos discutibles en derecho, dudas que en este caso fueron incluso reconocidas en la sentencia para apartarse del criterio de vencimiento objetivo en materia de costas procesales.

De lo anterior cabe colegir, que el error del letrado únicamente frustró el éxito de la acción de reparación de los daños causados en el sala por la avería en el inmueble de la demandada- esta sí reparada- de agosto del 2016, que entendemos hubiera sido estimada casi con toda seguridad, de no haber concurrido prescripción de la acción, -ante el reconocimiento de la avería por la demandada, en la que, según el perito Raimundo, tenía su causa los daños reclamados-, y en su caso, de la pretensión indemnizatoria por lucro cesante derivado del cierre de dicha sala, los días correspondientes a dicho sinestro, -que no son objeto de reclamación en esta litis-.

Con fundamento en lo anterior, únicamente se reclaman perjuicios económicos efectivos- no daños morales- , correspondientes al coste del informe pericial, así como honorarios de letrado y procurador, en primera y segunda instancia, y costas del recurso de apelación, que entendemos no devinieron estériles e inútiles, en cuanto el error del letrado no supuso una pérdida absoluta de oportunidad procesal, como se ha expuesto, pues la prescripción no frustró en su integridad las pretensiones ejercitadas, que pudieron haber sido estimadas parcialmente, no siéndolo por otras causas, en este caso, no imputable al letrado, conforme a lo ya reiterado.

Sin embargo, la reclamación de la cantidad de 710,80 € más IVA ( 860,07 €) en que han sido valoradas los daños ocasionados en agosto de 2016 en la Sala del restaurante afectada por las filtraciones, se corresponde efectivamente con la pretensión de reparación de dichos daños, frustrada por la acción negligente del letrado, lo que éste viene a reconocer en su escrito de interposición del recurso, por lo que a este concepto ha de limitarse la indemnización, incluida la partida correspondiente al Impuesto de Valor Añadido.

Al respecto de la procedencia del resarcimiento de los daños incluido dicho impuesto, hemos de traer a colación la sentencia de esta AP de Madrid, Civil sección 14 del 19 de junio de 2020 ( Sentencia: 204/2020, Recurso: 692/2019 ), que extracta la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y que compartimos plenamente:

"Es doctrina jurisprudencial reiterada la de que no corresponde al orden jurisdiccional civil resolver las controversias sobre la procedencia del impuesto, su sujeto pasivo, la base imponible y el tipo aplicable ( SSTS de 31-5-06 y 07/11/2007 ). También indica la Sala 1ª del Tribunal Supremo que la correcta aplicación de las normas reguladoras del Impuesto sobre el Valor Añadido es una cuestión ajena a la jurisdicción civil ( STS de 26 de junio de 1.995 ) y que el incumplimiento de requisitos fiscales no afecta a las relaciones civiles, puesto que las normas fiscales no pueden enervar el derecho reconocido o regulado en las civiles, ni autorizan otra cosa que la adopción de las medidas y correcciones disciplinarias en ellas establecidas ( STS de 7 de febrero de 1.994 ).

Asimismo podemos citar la doctrina contenida en la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de fecha 16 de mayo de 2.008 en la que, al resolver la alegación impugnativa relativa a que la persona favorecida por la condena en costas es un empresario, o desarrolla una actividad empresarial, que le permite repercutir el IVA en su giro mercantil por lo que al poderse resarcir por compensación, no sufre perjuicio alguno, se resuelve en el sentido de que "no corresponde a la jurisdicción civil resolver los debates sobre la procedencia del impuesto, sujeto pasivo, base imponible y tipo aplicable, como no cabe pretender que interprete exclusivamente preceptos de orden fiscal, sin que quepa apreciar indefensión para la parte que impugna porque, con independencia de la responsabilidad que pueda derivarse para el que exige el IVA de un doble cobro, el ordenamiento jurídico arbitra los medios adecuados para obtener su reembolso".

En el mismo sentido la sentencia de la AP de Barcelona Sec.16 de fecha 8 /02/2019 :

"En las sentencias dictadas por esta Sección en fechas 21 de junio de 2017 y 15 de marzo de 2018 se advertía que no se configura la presente sede civil como contexto idóneo para resolver cuestiones de naturaleza fiscal ni para decidir sobre la pertinencia de pagos o deducciones de conceptos tributarios, y que la indemnización que ha de establecerse debe comprender la totalidad de las partidas porque en otro caso se corre el riesgo de no cumplir con rigor el principio de reparación integra.

La posibilidad de que la sociedad perjudicada se deduzca el IVA en sus declaraciones fiscales no debe comportar necesariamente que carezca ahora del derecho a reclamar aquel concepto frente a los responsables de los daños porque, se insiste, no corresponde a la jurisdicción civil adoptar decisiones sobre la forma de cumplimiento de las obligaciones fiscales y porque la legislación tributaria arbitra los mecanismos necesarios para rectificar en la medida de lo necesario las facturas improcedentemente abonadas y para regularizar contablemente, en el ejercicio y con los requisitos que correspondan, las operaciones declaradas. En tal sentido se pronuncia la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de abril de 2009 , que considera que determinar si una sociedad tiene derecho a deducir el IVA es cuestión compleja ajena a la jurisdicción civil, por lo que ha de imponerse porque "con independencia de la responsabilidad que pueda derivarse para el que exige el IVA de un doble cobro, el ordenamiento arbitra los medios adecuados para obtener el reembolso".

QUINTO-La estimación parcial del recurso de apelación conlleva la no condena en costas de esta alzada a ninguna de las partes ( artículo 398.2 Ley de Enjuiciamiento Civil ,en su redacción anterior al Real Decreto 6/2023, al tratarse de un procedimiento anterior al 20 de marzo de 2024).

En el mismo sentido, la estimación parcial del recurso conlleva la estimación parcial de la demanda por lo que de conformidad con lo dispuesto en el art 394.2 de la LEC, no procede especial pronunciamiento en costas de la instancia, de manera que cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación en nombre de S.M. EL REY y por la Autoridad que nos confiere la Constitución Española, pronunciamos el siguiente:

PRIMERO.-La representación procesal de la demandada, SEGUROS CATALANA OCCIDENTE Y D. Jesús Luis, interpone recurso de apelación contra la sentencia de instancia que estimaba la pretensión de declaración de responsabilidad civil profesional en el ejercicio de la abogacía por culpa contractual deducida en su contra por D. Epifanio, condenando conjunta y solidariamente a los referidos demandados, a abonar a la actora la cantidad de 14.267 euros, más intereses legales, correspondientes a los perjuicios ocasionados por su actuar negligente a saber:

1º.- Minuta NUM000, de fecha 02/Noviembre/2021, emitida por D. Jesús Luis por el procedimiento ordinario 327/2019 del Juzgado 1ª Instancia e Instrucción Nº3 de Cáceres (Primera Instancia):

3.630 €.

2º.- Factura NUM001, de fecha 04/Octubre/2021, emitida por la procuradora Dª. Salome por el procedimiento 327/2019 del Juzgado 1ª Instancia e Instrucción Nº3 de Cáceres (Primera Instancia): 346,06 €.

3º.- Factura NUM002, de fecha 17/Septiembre/2021, emitida por la perito Dª. Lorena en concepto del informe pericial y ratificación judicial efectuada en la primera instancia: 508,20 €.

4º.- Minuta NUM003, de fecha 13/Junio/2022, emitida por D. Jesús Luis por el Recurso de Apelación 1371/2021 de la Illma. Audiencia Provincial de Cáceres, Sección 1ª (Segunda Instancia): 2.541€.

5º.- Factura NUM004, de fecha 12/Abril/2022, emitida por la procuradora Dª. Salome por el Recurso de

Apelación 1371/2021 de la Illma. Audiencia Provincial de Cáceres, Sección 1ª (Segunda Instancia): 415,27 €.

6º.- Tasación de costas practicada en favor de PROMOCIÓN, GESTIÓN Y MARKETING INMOBILIARIO, S.L. en concepto del Recurso de Apelación 1371/2021 de la Illma. Audiencia Provincial de Cáceres, Sección 1ª (Segunda Instancia): 2.983,24 €.

7º.- Tasación de costas practicada en favor de PLUS ULTRA SEGUROS en concepto del Recurso de Apelación 1371/2021 de la Illma. Audiencia Provincial de Cáceres, Sección 1ª (Segunda Instancia): 2.983,24 €.

8º.- Daños ocasionados en agosto de 2016 en la Sala del restaurante afectada por las filtraciones, valorados el 26/Agosto/2016 por Peritaciones Europa en la cantidad de 710,80 € más IVA: 860,07 €.

La decisión de instancia, -tras rechazar la excepción de falta de legitimación activa-, se fundamenta en la existencia de responsabilidad profesional de la letrado demandada, al entender no presentó la demanda en tiempo, pese a los recordatorios del cliente, siendo que las sentencia dictada en el que procedimiento en el que defendía los intereses del demandante, declaró prescrita la acción para reclamar los daños causados por las filtraciones producidas en 2016, que de haberse presentado al tiempo de ser solicitada por la actora habría tenido derecho a la indemnización reclamada.

Fundamenta su recurso la apelante en los motivos que sucintamente a continuación se relacionan:

-PRIMERO- INFRACCIÓN ART 459 LEC EN RELACIÓN CON EL ART 218.2 LEC, ART. 24.1 Y 120.3 C78, POR FALTA DE MOTIVACIÓN DE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA AD CAUSAM. NULIDAD SENTENCIA. Alega la apelante que la sentencia no explica por qué se desestima la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la demandada, lo que le causa indefensión que le impide conocer la valoración racional y lógica de la prueba documental, efectuada por la Juzgadora.

-SEGUNDO.- INFRACCIÓN ART 459 LEC EN RELACIÓN CON EL ART 218.2 LEC, POR INCONGRUENCIA OMISIVA SOBRE LA CONCURRENCIA O NO DEL CONSENTIMIENTO DEL ACTOR PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN 1371/2021 Y SOBRE LA CUANTIA RECLAMADA COMO INDEMNIZACIÓN POR DAÑO PATRIMONIAL. NULIDAD SENTENCIA. Afirma la apelante que la sentencia omite el pronunciamiento sobre si el demandante consintió o no la interposición del recurso de apelación nº1371/202; se "presupone" que se estima porque en la sentencia se condena a esta parte al pago del importe total reclamado por el actor, pero también omite la fundamentación que justifica la desestimación de nuestros motivos de oposición respecto de la cuantía indemnizatoria.

-TERCERO.- ERROR EN LA VALORACION DE LA PRUEBA DOCUMENTAL. INFRACCIÓN ART. 217, 319, 326 LEC:

-A) Ausencia de negligencia profesional:Aargumenta que la sentencia omite distinguir a la hora de fundamentar la supuesta negligencia entre las filtraciones del 1 de Agosto de 2016, que son las

prescritas y las filtraciones de 19 de Agosto de 2016 y las del 2017 , que no estaban prescritas. El abogado actuó conforme al criterio del cliente y al informe pericial aportado por éste por lo que la acción ejercitada se basó en daños continuados. En cualquier caso, la sentencia sólo declaró prescritos la acción de reclamación por el siniestro de agosto del 2016, no por los daños causados por los hechos posteriores, cuya acción fue desestimada por otorgar el juzgado mayor credibilidad a los manifestado por el perito de Reale, lo que no constituye causa para imputar responsabilidad al letrado.

-B) Ausencia de pérdida de oportunidad: Insiste en que el letrado ejercitó la acción de reclamación de cantidad que finalmente (solo una de ellas) resultó prescrita, pero no por omisión del letrado y olvido, sino porque el origen de las filtraciones era distinto lo que no le es imputable. Tampoco se produjo pérdida de oportunidad procesal puesto que con el consentimiento del actor, se interpuso recurso de apelación, que finalizó por sentencia que confirmó el origen de las filtraciones y con ello la prescripción de una de las reclamaciones, fracaso este del recurso que se debió a la valoración judicial, que no a negligencia alguna del letrado.

-CUARTO.- ERROR EN LA VALORACION DE LA PRUEBA DOCUMENTAL. INFRACCIÓN ART. 217, 319, 326 LEC. AUSENCIA DAÑO PATRIMONIAL Y MORAL: La apelante -entiende que la reclamación de todas las minutas del letrado y procurador, supondría enriquecimiento injusto, ya que el Juzgado consideró varios siniestros, uno daños permanentes y otros daños continuados, por lo que prescrita la acción para reclamar los primeros, la estimación de la acción en reclamación de los daños considerados continuados, habría determinado la estimación parcial de la demanda. Entiende improcedente la indemnización por las costas de la segunda instancia, puesto que el actor, ya conocedor, de la existencia de la prescripción de los daños por filtraciones del 1 de Agosto de 2016, no se opuso a la presentación del recurso de apelación. Por lo que a la factura del perito reclamada se refiere, entiende que forma parte del precio del contrato de arrendamiento de servicios con el letrado demandado, sino que es el precio de un contrato de arrendamiento de obra, estimando por último, igualmente improcedente, la cantidad de 710,80 más IVA, por daños directos causados por el siniestro de 1 de Agosto de 2016 al no haber acreditado el actor la reparación de los daños y de esta cantidad debe descontarse el IVA, ya que la comunidad de bienes puede desgravar este importe. Añade que esta cantidad esta cantidad es la que hipotéticamente constituiría el perjuicio causado por la prescripción, al ser el único daño prescrito, no así, los 75.600 euros que se reclamaron.

Con fundamento en dichos motivos interesa la revocación de la sentencia recurrida, desestimando íntegramente la pretensión de la parte actora con imposición de costas a la contraparte.

La demandante se opuso al referido recurso interesando la confirmación de la sentencia de instancia.

SEGUNDO.-Comenzando por los motivos aducidos bajo los ordinales PRIMERO Y SEGUNDO transcritos en la razonamiento jurídico ut supra, esto es, la incongruencia omisiva y falta de motivación de la sentencia, causante de indefensión, -por haber valorado y resuelto , sobre las alegaciones de la apelante relativas a la falta de legitimación ad causam, consentimiento del actor a la interposición del recurso de apelación nº1371/2021,y motivos de oposición a la cuantía indemnizatoria-, ha de significarse que el artículo 218 la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone:

" 1. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Harán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.

El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes.

2. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.

3. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos."

2.- El Tribunal Constitucional, en una muy consolidada doctrina afirma que el derecho a la tutela judicial efectiva incluye el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes por cuanto la motivación de las resoluciones judiciales, aparte de venir requerida por el art. 120.3 de la Constitución española , es una exigencia derivada del art. 24.1 de la Constitución española . Ello implica, en primer lugar, que la resolución ha de estar motivada, es decir, contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión; y, en segundo lugar, que la motivación debe contener una fundamentación en derecho.

Dicha exigencia constitucional entronca de forma directa con el principio del estado democrático de derecho ( art. 1 de la CE ) y con una concepción de la legitimidad de la función jurisdiccional sustentada esencialmente en el carácter vinculante que para todo órgano jurisdiccional tienen la ley y la constitución. Por otra parte, si bien la razón última que sustenta este deber de motivación, en tanto que obligación de exteriorizar el fundamento de la decisión, reside en la interdicción de la arbitrariedad y, por tanto, en la necesidad de evidenciar que el fallo de la resolución no es un simple y arbitrario acto de voluntad del juzgador, sino una decisión razonada en términos de derecho, la exigencia de motivación cumple una doble finalidad inmediata: de un lado, exteriorizar las reflexiones que han conducido al fallo como factor de racionalidad en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, que paralelamente potencia el valor de la seguridad jurídica, de manera que sea posible lograr el convencimiento de las partes en el proceso respecto de la corrección y justicia de la decisión; de otro, garantizar la posibilidad de control de la resolución por los tribunales superiores mediante los recursos que procedan, incluido ante el Tribunal Constitucional a través del recurso de amparo

3.- La jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha señalado que, en cuanto al deber de motivación y su infracción ( falta de motivación o motivación insuficiente), es doctrina jurisprudencial que: (i) solo debe entenderse como la necesidad de que la sentencia exteriorice las razones fácticas y jurídicas del fallo de modo tal que permita el eventual control jurisdiccional mediante el efectivo ejercicio de los recursos y operar, en último término, como garantía o elemento preventivo frente a la arbitrariedad; (ii) no cabe confundirla con la incongruencia a que se refiere el apartado 1 del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (cuya cita por tanto no permite analizar posibles defectos de motivación); (iii) tampoco cabe confundirla con la disconformidad de la parte recurrente con la fundamentación jurídica del fallo (en tanto que una motivación adecuada y suficiente no implica una motivación favorable a las pretensiones de la parte); (iv) debe igualmente distinguirse la ausencia de motivación de las peculiares interpretaciones de valoración de la prueba y de la fijación de los hechos probados que esgrime la parte, sin que pueda ampararse en la falta de motivación la revisión del acervo probatorio (a no ser una falta de motivación de dicha valoración probatoria, o una mera apariencia de motivación que la vicie de arbitrariedad); y (v) la exigencia de motivación no autoriza a exigir un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes pudieran tener de la cuestión que se decide sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones que vengan apoyadas en razones que permitan invocar cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, es decir, la ratio decidendique ha determinado aquélla.

4.- La consecuencia jurídica de la falta de fundamentación no será la nulidad de la sentencia, salvo en supuestos de falta de fundamentación absoluta, y siempre que así lo haya solicitado la parte.

El efecto que en su caso puede tener tanto la incongruencia omisiva de la sentencia, como en su caso la falta de motivación, es que se deban subsanar esos defectos o deficiencias de la resolución en esta alzada, tal como establece el artículo 465.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

No obstante, el hecho de que el art. 465.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil contemple expresamente una vía de sanación en el supuesto de infracciones procesales cometidas al dictar sentencia en primera instancia, no debe impedir la aplicación del apartado 4 de la misma norma cuando el defecto producido no sea una mera infracción procesal susceptible de corrección en la propia sentencia de apelación, al no afectar a las garantías esenciales del proceso, sino un vicio constitutivo de nulidad radical insubsanable.

En este sentido la reciente STS 254/2025 de 27 de enero del 2025, ha venido a refrendar en cuanto al vicio de incongruencia omisiva, que :

"...

Las sentencias han de ser la respuesta judicial a las pretensiones y resistencias de las partes oportunamente deducidas en sus escritos alegatorios, todo ello con la finalidad de satisfacer el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del que son titulares los litigantes, los cuales tienen un indiscutible interés jurídico en obtener una respuesta motivada a las pretensiones deducidas dentro de los términos del debate judicializado sometido a consideración de los tribunales, que no pueden desviarse de las cuestiones planteadas por las partes constitutivas del objeto del proceso; pues, en otro caso, se podría privarles del derecho de influir en el contenido de la decisión, colocándolas en una inadmisible situación de indefensión prohibida por el art. 24.2 CE con lesión del principio de contradicción.

Cuando no se cumple el requisito de la exhaustividad de la sentencia que impone el art. 218.1 de la LEC , que obliga a los tribunales a pronunciarse sobre las pretensiones deducidas por las partes y decidir «todos los puntos litigiosos que han sido objeto de debate» se incurre en la incongruencia por omisión que vulnera el art. 24.1 CE ( STC 61/1983, de 11 de julio ).

En este sentido, se consideran incongruentes las sentencias cuando dejan incontestadas y sin resolver algunas de las pretensiones sostenidas por las partes, siempre y cuando el silencio judicial no pueda razonablemente interpretarse como desestimación tácita de la pretensión deducida ( sentencias 604/2019, de 12 de noviembre ; 31/2020, de 21 de enero ; 267/2020, de 9 de junio ; 526/2020, de 14 de octubre ; 37/2021, de 1 de febrero ; 751/2021, de 2 de noviembre ; 202/2022, de 14 de marzo ; 364/2022, de 4 de mayo ; 509/2022, de 28 de junio Y 628/2024, de 13 de mayo , entre otras muchas)."

Partiendo de las anteriores consideraciones jurisprudenciales, entiende esta Sala, que, -aunque ciertamente se echa en falta una mayor exhaustividad-, la sentencia no carece absolutamente de motivación, pudiendo interpretarse su silencio sobre las cuestiones aducidas por la demanda en su escrito de contestación, como una desestimación tácita de las mismas, procediendo la subsanación de dicha deficiencias en esta alzada. Tan es así, que la propia apelante, pese a denunciar el vicio de incongruencia y de falta de motivación expuesto, no interesa en el Suplico de su escrito de interposición del presente recurso la nulidad de la sentencia de instancia sino su revocación.

TERCERO-Así y por lo que a la falta de legitimación activa ad causam opuesta por la demanda, se refiere, adujo la apelante en su escrito de contestación, que D. Epifanio, actuó como demandante y apelante, en los autos de PO 327/2019 y REC 1371/2021, en representación de la comunidad de bienes DIRECCION000, que explotaba el negocio de restauración en el local que sufría las humedades, actuando en estos autos, por sí mismo, como persona física, alegando haber comprado el resto de las participaciones de la comunidad de bienes, lo que, entiende no es cierto ya el documento aportado como núm.- 2 de la demanda rectora de esta litis, - es un acuerdo de disolución y extinción de la comunidad con el otro comunero, para poner fin a una serie de procedimientos judiciales, entre ellos, los de la disolución y extinción de la propia comunidad de bienes -no ha sido homologados por el Juzgado competente y además, sólo han sido firmado por uno de los comuneros.

Asimismo, esgrimió que para caso de que se considerase la subsistencia de la Comunidad de bienes, es evidente conforme a dicha documental, el conflicto de intereses existente entre los comuneros, que hace necesario el consentimiento del otro para la interposición de la demanda.

Pues bien, el tenor literal del " contrato de compraventa de participación en DIRECCION000 C.B.", no ofrece lugar a dudas en cuanto a que el demandante, adquiere por compra a la otra de las comuneras, su participación y derechos en la referida comunidad de bienes, quedando el actor como único titular, y aunque es cierto que dicho documento consta firmado por una de las partes contratantes, la documental aportada por la demandante en el acto de la audiencia previa, despaga cualquier duda sobre la realidad del consentimiento de ambos comuneros a dicha compraventa, al haber sido aportado por la representación procesal de ambos comuneros en el recuro de apelación registrado por esta sección bajo el número 255/2020, interesando con fundamento a la solución amistosa que consta en el mismo, tener a ambas partes por desistidas de los recursos de apelación interpuestos.

Así pues, conforme a lo estipulado en el citado contrato de compraventa de fecha 18 de mayo de mayo del 2020, a la fecha de interposición de la demanda, la referida comunidad de bienes se habría extinguido, al ser su único titular el demandante, quien se haya legitimado por tanto, para el ejercicio de la acción que nos ocupa.

CUARTO-Adentrándonos en el error en la valoración de la prueba invocado como motivo del recurso, y atendiendo a la naturaleza de la acción ejercitada, la doctrina legal sobre la responsabilidad civil de los letrados aparece recogida entre otras en la STS de 15 de septiembre de 2017 dice que señala o: "....En relación a la responsabilidad por negligencia que se reclama frente al letrado litigante, debemos tener en cuenta las SSTS de 14/julio/2010 , 9/marzo/2011 y 27/octubre/2011 , si bien entre las sentencias más significativas dictadas en este ámbito puede destacarse por su simplicidad expositiva la de 27/mayo/2010 , a cuyo tenor tres son los requisitos para que prosperen acciones como al de autos:

1."La responsabilidad civil profesional del abogado exige, en primer término, el incumplimiento de sus deberes profesionales. En el caso de la defensa judicial estos deberes se ciñen al respeto de la lex artis (reglas del oficio), esto es, de las reglas técnicas de la abogacía comúnmente admitidas y adaptadas a las particulares circunstancias del caso. La jurisprudencia no ha formulado con pretensiones de exhaustividad una enumeración de los deberes que comprende el ejercicio de este tipo de actividad profesional del abogado. Se han perfilado únicamente a título de ejemplo algunos aspectos que debe comprender el ejercicio de esa prestación: informar de la gravedad de la situación, de la conveniencia o no de acudir a los tribunales, de los costos del proceso y de las posibilidades de éxito o fracaso; cumplir con los deberes deontológicos de lealtad y honestidad en el desempeño del encargo; observar las leyes procesales; y aplicar al problema los indispensables conocimientos jurídicos ( STS de 14 de julio de 2005 )".

2. Es necesario en segundo lugar "que haya existido un daño efectivo". Y explica el alto tribunal lo que sigue: "Cuando el daño por el que se exige responsabilidad civil consiste en la frustración de una acción judicial, el carácter instrumental que tiene el derecho a la tutela judicial efectiva determina que, en un contexto valorativo, el daño deba calificarse como patrimonial si el objeto de la acción frustrada tiene como finalidad la obtención de una ventaja de contenido económico, cosa que implica, para valorar la procedencia de la acción de responsabilidad, el deber de urdir un cálculo prospectivo de oportunidades de buen éxito de la acción frustrada (pues puede concurrir un daño patrimonial incierto por pérdida de oportunidades: SSTS de 26 de enero de 1999 , 8 de febrero de 2000 , 8 de abril de 2003 y 30 de mayo de 2006 ) ". Ahora bien: "El daño por pérdida de oportunidades es hipotético y no puede dar lugar a indemnización cuando no hay una razonable certidumbre de la probabilidad del resultado. La responsabilidad por pérdida de oportunidades exige demostrar que el perjudicado se encontraba en una situación fáctica o jurídica idónea para realizarlas ( STS de 27 de julio de 2006 ). Este criterio impone examinar si, como consecuencia del incumplimiento de las reglas del oficio, que debe resultar probada, se ha producido -siempre que no concurran elementos ajenos suficientes para desvirtuar su influencia en el resultado dañoso, como la dejadez de la parte, la dificultad objetiva de la posición defendida, la intervención de terceros o la falta de acierto no susceptible de ser corregida por medios procesales de la actuación judicial- una disminución notable y cierta de las posibilidades de defensa de la parte suficiente para ser configurada como un daño que debe ser resarcido en el marco de la responsabilidad contractual que consagra el artículo 1101 CC ( STS 23 de julio de 2008 )".

3. Por último, "en tercer término, es menester que exista un nexo de causalidad entre el incumplimiento de los deberes profesionales y el daño producido, y que éste sea imputable objetivamente, con arreglo a los principios que pueden extraerse del ordenamiento jurídico, al abogado. El juicio de imputabilidad en que se funda la responsabilidad del abogado exige tener en cuenta que el deber de defensa no implica una obligación de resultado, sino una obligación de medios, en el sentido de que no comporta, como regla general, la obligación de lograr una estimación o una resolución favorable a las pretensiones deducidas o a la oposición formulada contra las esgrimidas por la parte contraria, pues esta dependerá, entre otros factores, de haberse logrado la convicción del juzgador ( SSTS de 14 de julio de 2005 , 14 de diciembre de 2005 , 30 de marzo de 2006 , 30 de marzo de 2006, 26 de febrero de 2007 , entre otras).

La propia naturaleza del debate jurídico que constituye la esencia del proceso excluye que pueda apreciarse la existencia de una relación causal, en su vertiente jurídica de imputabilidad objetiva, entre la conducta del abogado y el resultado dañoso, en aquellos supuestos en los cuales la producción del resultado desfavorable para las pretensiones del presunto dañado por la negligencia de su abogado debe entenderse como razonablemente aceptable en el marco del debate jurídico procesal y no atribuible directamente, aun cuando no pueda afirmarse con absoluta seguridad, a una omisión objetiva y cierta imputable a quien ejerce profesionalmente la defensa o representación de la parte que no ha tenido buen éxito en sus pretensiones ( STS de 30 de noviembre de 2005 ).

No es necesario que se demuestre la existencia de una relación de certeza absoluta sobre la influencia causal en el resultado del proceso del incumplimiento de sus obligaciones por parte del abogado. No puede, sin embargo, reconocerse la existencia de responsabilidad cuando no logre probarse que la defectuosa actuación por parte del abogado al menos disminuyó en un grado apreciable las oportunidades de éxito de la acción. En caso de concurrir esta disminución podrá graduarse su responsabilidad según la proporción en que pueda fijarse la probabilidad de contribución causal de la conducta del abogado al fracaso de la acción".

En cuanto a la prueba del incumplimiento, la jurisprudencia ha establecido que, tratándose de una responsabilidad subjetiva de carácter contractual, la carga de la prueba de la falta de diligencia en la prestación profesional, del nexo de causalidad con el daño producido, y de la existencia y del alcance de este corresponde a la parte que demanda la indemnización por incumplimiento contractual ( STS de 14 de julio de 2005, RC núm. 971/1999, 21 de junio de 2007, RC núm. 4486/2000 y STS 600/2013, de 14 de octubre ).

Partiendo de las anteriores consideraciones jurisprudenciales, y siendo el motivo invocado el error en la valoración probatoria, en las vertientes expuestas en el primero de los razonamientos jurídicos, adelantamos que esta sala no comparte la hermeneútica apreciativa de la prueba llevada a cabo por la Juzgadora de instancia.

Así, revisada la prueba documental, hemos de partir de la realidad indiscutida del arrendamiento de los servicios profesionales del letrado hoy apelante por parte D. Epifanio, por el que aquel asumía la dirección letrada para la reclamación de los daños sufridos en el local destinado a restaurante, que el cliente entendía imputables a una fuga de agua en el inmueble colindante, acaecida en agosto del 2016, que inundó un sala del restaurante quedando inservible para su uso. En cumplimiento del encargo, el letrado interpuso, en primer término, acto de conciliación frente a PROGEMISA- propietaria del inmueble colindante- con fecha de 27/Julio/2017 que se celebró sin avenencia. Posteriormente, en fecha 30 de abril del 2019 interpuso demandada que dio lugar a la incoación del procedimiento ordinario núm.- 327/2019, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia núm..- 3 de Cáceres.

El demandante en dicha demanda, ejercita acción ex artículo 1902 del CC, que fundamenta en el hecho de que aunque las filtraciones se habían producido los días 1 y 19 de agosto de 2016, la humedad seguía persistiendo a la fecha de la presentación de la demanda, esto es, alegaba que los daños eran continuados, acción que dirige frente a Progemisa y su aseguradora, interesando un pronunciamiento condenatorio:

- A realizar las reparaciones necesarias en la propiedad de la demandada para eliminar las filtraciones de agua que sufre la sala del restaurante explotado por la actora.

- A la reposición de la citada sala al estado anterior a dichas filtraciones, en condiciones de ser utilizada para el negocio de restaurante a que venía destinada, realizando cuantas obras sean necesarias para ello.

- A abonar a la actora , en concepto de lucro cesante la cantidad de 75.600 euros (setenta y cinco mil seiscientos euros), o subsidiariamente, la cantidad que el Juzgado considere suficiente, como cantidad dejada de ganar por la inutilización de la citada sala desde la fecha del siniestro 1 de agosto del 2016, hasta abril del 2018.

La sentencia de instancia, entiende que los daños sufridos por el actor no eran continuados, sino imputables a siniestros distintos:

- El ocurrido el día 1 de agosto de 2016 y que afectó al techo y

paramentos verticales de una de las salas del restaurante así como a los paramentos verticales de los aseos.

-Otro ocurrido en torno a diciembre de 2016, que afectó a un paramento vertical de una sala (que no es contigua con el edificio de la codemandada) y a los paramentos verticales del pasillo de acceso a la sala y paramentos verticales de los aseos (tampoco contiguos con el edificio de la codemandada).

-En abril de 2017 , por averías detectadas en la red general de canalización de agua del canal Isabel II.

Concluye la referida resolución que los daños ocasionados en el mes de agosto, han de merecer la consideración de daños permanentes, al haberse producido en un momento puntual, con posibilidad de agravarse, pero en los que la causa ya ha cesado, por lo que presentada demanda de conciliación en fecha 27 de julio del 2017, sin que desde entonces hasta la interposición de la demanda, en fecha 30 de abril de 2019, haya habida ningún acto de interrupción de la prescripción, considera que ha transcurrido sobradamente el plazo de un año, apreciando la prescripción de la acción alegada pero sólo para la reclamación de los daños causados por la avería de agosto del 2016, no los posteriores -de etiología diferente, que sí tienen la consideración de continuados y respecto de los cuales la acción no estaría prescrita-; Cuestión distinta es que el resultado evaluativo de la prueba llevado a cabo por el juzgador de instancia, respecto de dichos daños posteriores, le llevara a la convicción de no haber resultado suficientemente acreditado que el origen de las filtraciones aparecidas en la sala del restaurante regentado por la actora, se hallara en elementos constructivos que impliquen al edificio de la demandada, - sino más bien en la capilaridad del terreno-por lo que no existiendo, en definitiva, título de imputación de responsabilidad de dicha codemandada, desestima en su integridad la demanda, sin imposición de costas por "la existencia de dudas de hecho que pudieran fundamentar el planteamiento de la actora y el recurso a la vía judicial". Sentencia que tras la interposición del oportuno recurso de apelación por la actora, fue íntegramente confirmada por sentencia de esta Sala núm,. 289/2022 de 6 de abril.

Sentado lo anterior ha de resolverse seguidamente si cabe apreciar la existencia de algún tipo de negligencia profesional en el desempeño de dicho encargo por parte del letrado demandado. Es claro no cabe deducir sin más dicha negligencia del resultado final desfavorable del litigio, es decir del hecho de que finalmente la pretensión fuera desestimada en primera y segunda instancia, debiendo recordarse que nos hallamos ante una obligación de medios, no de resultado, describiendo el Estatuto General de la Abogacía en su art. 42 el contenido de los deberes profesionales que incumben al abogado en ejercicio de su profesión en el sentido de que " 1. Son obligaciones del abogado para con la parte por él defendida, además de las que se deriven de sus relaciones contractuales, el cumplimiento de la misión de defensa que le sea encomendada con el máximo celo y diligencia y guardando el secreto profesional. 2. El abogado realizará diligentemente las actividades profesionales que le imponga la defensa del asunto encomendado, ateniéndose a las exigencias técnicas, deontológicas y éticas adecuadas a la tutela jurídica de dicho asunto y pudiendo auxiliarse de sus colaboradores y otros compañeros, quienes actuarán bajo su responsabilidad".

Ahora bien, cuando el encargo consiste en la defensa de una pretensión sometida a un corto plazo prescriptivo, en este caso de un año, para el supuesto de que pudieren existir dudas o tesis diferentes acerca del inicio del cómputo del plazo prescriptivo, en función de si los daños sufridos por la cliente fueren considerados bien como continuados bien como permanentes,- duda que el letrado demandado se habría representado atendiendo al tenor literal de las comunicaciones vía correo electrónico, de los días 4, 8 y 15 de mayo del 2018, mantenidas entre una letrado del despacho del demandado y el actor-, entendemos , que pese a que el actor insistiera en que los daños provenían del único siniestro de agosto del 2016, la diligencia exigible obliga al profesional a tomar en consideración la tesis más desfavorable o estricta, con lo que evita toda la posibilidad de que la acción sea declarada prescrita. Ello lógicamente si dentro de ese plazo más desfavorable dispone el letrado de todos los elementos para fundar y entablar la reclamación, como así se infiere de dichas comunicaciones. En conclusión el letrado, debió presentar la demandada antes del transcurso del plazo prescriptivo del que era sabedor, o al menos, haber dirigido alguna comunicación a la demandada a la que pudiera otorgársele eficacia interruptiva de la prescripción, lo que no hizo.

Conforme a lo anteriormente expuesto, partiendo de la realidad del error del abogado, ha de acreditarse la relación causal entre dicho actuar negligente y cada de los conceptos reclamados, y cuestiones estas acerca de las cuales la sentencia de instancia no se pronuncia expresamente.

Analizando el supuesto de autos, el error del Letrado que determinó la prescripción de la acción, sólo afectó, en términos de perdida de oportunidad procesal, a la acción de reclamación de los daños derivados del siniestro o avería de agosto del 2016, no a los daños posteriores, con respecto de los cuales, la pretensiones se rechazaron no por prescripción, ni porque el letrado no emplease en su desempeño la debida diligencia, sino porque como ocurre en la mayor parte de los litigios, las circunstancias fácticas que basan las pretensiones se hallan sometidas al resultado y valoración por los Tribunales de la prueba y existen cuestiones de índole jurídica sobre las que caben distintos criterios cuando menos discutibles en derecho, dudas que en este caso fueron incluso reconocidas en la sentencia para apartarse del criterio de vencimiento objetivo en materia de costas procesales.

De lo anterior cabe colegir, que el error del letrado únicamente frustró el éxito de la acción de reparación de los daños causados en el sala por la avería en el inmueble de la demandada- esta sí reparada- de agosto del 2016, que entendemos hubiera sido estimada casi con toda seguridad, de no haber concurrido prescripción de la acción, -ante el reconocimiento de la avería por la demandada, en la que, según el perito Raimundo, tenía su causa los daños reclamados-, y en su caso, de la pretensión indemnizatoria por lucro cesante derivado del cierre de dicha sala, los días correspondientes a dicho sinestro, -que no son objeto de reclamación en esta litis-.

Con fundamento en lo anterior, únicamente se reclaman perjuicios económicos efectivos- no daños morales- , correspondientes al coste del informe pericial, así como honorarios de letrado y procurador, en primera y segunda instancia, y costas del recurso de apelación, que entendemos no devinieron estériles e inútiles, en cuanto el error del letrado no supuso una pérdida absoluta de oportunidad procesal, como se ha expuesto, pues la prescripción no frustró en su integridad las pretensiones ejercitadas, que pudieron haber sido estimadas parcialmente, no siéndolo por otras causas, en este caso, no imputable al letrado, conforme a lo ya reiterado.

Sin embargo, la reclamación de la cantidad de 710,80 € más IVA ( 860,07 €) en que han sido valoradas los daños ocasionados en agosto de 2016 en la Sala del restaurante afectada por las filtraciones, se corresponde efectivamente con la pretensión de reparación de dichos daños, frustrada por la acción negligente del letrado, lo que éste viene a reconocer en su escrito de interposición del recurso, por lo que a este concepto ha de limitarse la indemnización, incluida la partida correspondiente al Impuesto de Valor Añadido.

Al respecto de la procedencia del resarcimiento de los daños incluido dicho impuesto, hemos de traer a colación la sentencia de esta AP de Madrid, Civil sección 14 del 19 de junio de 2020 ( Sentencia: 204/2020, Recurso: 692/2019 ), que extracta la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y que compartimos plenamente:

"Es doctrina jurisprudencial reiterada la de que no corresponde al orden jurisdiccional civil resolver las controversias sobre la procedencia del impuesto, su sujeto pasivo, la base imponible y el tipo aplicable ( SSTS de 31-5-06 y 07/11/2007 ). También indica la Sala 1ª del Tribunal Supremo que la correcta aplicación de las normas reguladoras del Impuesto sobre el Valor Añadido es una cuestión ajena a la jurisdicción civil ( STS de 26 de junio de 1.995 ) y que el incumplimiento de requisitos fiscales no afecta a las relaciones civiles, puesto que las normas fiscales no pueden enervar el derecho reconocido o regulado en las civiles, ni autorizan otra cosa que la adopción de las medidas y correcciones disciplinarias en ellas establecidas ( STS de 7 de febrero de 1.994 ).

Asimismo podemos citar la doctrina contenida en la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de fecha 16 de mayo de 2.008 en la que, al resolver la alegación impugnativa relativa a que la persona favorecida por la condena en costas es un empresario, o desarrolla una actividad empresarial, que le permite repercutir el IVA en su giro mercantil por lo que al poderse resarcir por compensación, no sufre perjuicio alguno, se resuelve en el sentido de que "no corresponde a la jurisdicción civil resolver los debates sobre la procedencia del impuesto, sujeto pasivo, base imponible y tipo aplicable, como no cabe pretender que interprete exclusivamente preceptos de orden fiscal, sin que quepa apreciar indefensión para la parte que impugna porque, con independencia de la responsabilidad que pueda derivarse para el que exige el IVA de un doble cobro, el ordenamiento jurídico arbitra los medios adecuados para obtener su reembolso".

En el mismo sentido la sentencia de la AP de Barcelona Sec.16 de fecha 8 /02/2019 :

"En las sentencias dictadas por esta Sección en fechas 21 de junio de 2017 y 15 de marzo de 2018 se advertía que no se configura la presente sede civil como contexto idóneo para resolver cuestiones de naturaleza fiscal ni para decidir sobre la pertinencia de pagos o deducciones de conceptos tributarios, y que la indemnización que ha de establecerse debe comprender la totalidad de las partidas porque en otro caso se corre el riesgo de no cumplir con rigor el principio de reparación integra.

La posibilidad de que la sociedad perjudicada se deduzca el IVA en sus declaraciones fiscales no debe comportar necesariamente que carezca ahora del derecho a reclamar aquel concepto frente a los responsables de los daños porque, se insiste, no corresponde a la jurisdicción civil adoptar decisiones sobre la forma de cumplimiento de las obligaciones fiscales y porque la legislación tributaria arbitra los mecanismos necesarios para rectificar en la medida de lo necesario las facturas improcedentemente abonadas y para regularizar contablemente, en el ejercicio y con los requisitos que correspondan, las operaciones declaradas. En tal sentido se pronuncia la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de abril de 2009 , que considera que determinar si una sociedad tiene derecho a deducir el IVA es cuestión compleja ajena a la jurisdicción civil, por lo que ha de imponerse porque "con independencia de la responsabilidad que pueda derivarse para el que exige el IVA de un doble cobro, el ordenamiento arbitra los medios adecuados para obtener el reembolso".

QUINTO-La estimación parcial del recurso de apelación conlleva la no condena en costas de esta alzada a ninguna de las partes ( artículo 398.2 Ley de Enjuiciamiento Civil ,en su redacción anterior al Real Decreto 6/2023, al tratarse de un procedimiento anterior al 20 de marzo de 2024).

En el mismo sentido, la estimación parcial del recurso conlleva la estimación parcial de la demanda por lo que de conformidad con lo dispuesto en el art 394.2 de la LEC, no procede especial pronunciamiento en costas de la instancia, de manera que cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación en nombre de S.M. EL REY y por la Autoridad que nos confiere la Constitución Española, pronunciamos el siguiente:

PRIMERO.-La representación procesal de la demandada, SEGUROS CATALANA OCCIDENTE Y D. Jesús Luis, interpone recurso de apelación contra la sentencia de instancia que estimaba la pretensión de declaración de responsabilidad civil profesional en el ejercicio de la abogacía por culpa contractual deducida en su contra por D. Epifanio, condenando conjunta y solidariamente a los referidos demandados, a abonar a la actora la cantidad de 14.267 euros, más intereses legales, correspondientes a los perjuicios ocasionados por su actuar negligente a saber:

1º.- Minuta NUM000, de fecha 02/Noviembre/2021, emitida por D. Jesús Luis por el procedimiento ordinario 327/2019 del Juzgado 1ª Instancia e Instrucción Nº3 de Cáceres (Primera Instancia):

3.630 €.

2º.- Factura NUM001, de fecha 04/Octubre/2021, emitida por la procuradora Dª. Salome por el procedimiento 327/2019 del Juzgado 1ª Instancia e Instrucción Nº3 de Cáceres (Primera Instancia): 346,06 €.

3º.- Factura NUM002, de fecha 17/Septiembre/2021, emitida por la perito Dª. Lorena en concepto del informe pericial y ratificación judicial efectuada en la primera instancia: 508,20 €.

4º.- Minuta NUM003, de fecha 13/Junio/2022, emitida por D. Jesús Luis por el Recurso de Apelación 1371/2021 de la Illma. Audiencia Provincial de Cáceres, Sección 1ª (Segunda Instancia): 2.541€.

5º.- Factura NUM004, de fecha 12/Abril/2022, emitida por la procuradora Dª. Salome por el Recurso de

Apelación 1371/2021 de la Illma. Audiencia Provincial de Cáceres, Sección 1ª (Segunda Instancia): 415,27 €.

6º.- Tasación de costas practicada en favor de PROMOCIÓN, GESTIÓN Y MARKETING INMOBILIARIO, S.L. en concepto del Recurso de Apelación 1371/2021 de la Illma. Audiencia Provincial de Cáceres, Sección 1ª (Segunda Instancia): 2.983,24 €.

7º.- Tasación de costas practicada en favor de PLUS ULTRA SEGUROS en concepto del Recurso de Apelación 1371/2021 de la Illma. Audiencia Provincial de Cáceres, Sección 1ª (Segunda Instancia): 2.983,24 €.

8º.- Daños ocasionados en agosto de 2016 en la Sala del restaurante afectada por las filtraciones, valorados el 26/Agosto/2016 por Peritaciones Europa en la cantidad de 710,80 € más IVA: 860,07 €.

La decisión de instancia, -tras rechazar la excepción de falta de legitimación activa-, se fundamenta en la existencia de responsabilidad profesional de la letrado demandada, al entender no presentó la demanda en tiempo, pese a los recordatorios del cliente, siendo que las sentencia dictada en el que procedimiento en el que defendía los intereses del demandante, declaró prescrita la acción para reclamar los daños causados por las filtraciones producidas en 2016, que de haberse presentado al tiempo de ser solicitada por la actora habría tenido derecho a la indemnización reclamada.

Fundamenta su recurso la apelante en los motivos que sucintamente a continuación se relacionan:

-PRIMERO- INFRACCIÓN ART 459 LEC EN RELACIÓN CON EL ART 218.2 LEC, ART. 24.1 Y 120.3 C78, POR FALTA DE MOTIVACIÓN DE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA AD CAUSAM. NULIDAD SENTENCIA. Alega la apelante que la sentencia no explica por qué se desestima la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la demandada, lo que le causa indefensión que le impide conocer la valoración racional y lógica de la prueba documental, efectuada por la Juzgadora.

-SEGUNDO.- INFRACCIÓN ART 459 LEC EN RELACIÓN CON EL ART 218.2 LEC, POR INCONGRUENCIA OMISIVA SOBRE LA CONCURRENCIA O NO DEL CONSENTIMIENTO DEL ACTOR PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN 1371/2021 Y SOBRE LA CUANTIA RECLAMADA COMO INDEMNIZACIÓN POR DAÑO PATRIMONIAL. NULIDAD SENTENCIA. Afirma la apelante que la sentencia omite el pronunciamiento sobre si el demandante consintió o no la interposición del recurso de apelación nº1371/202; se "presupone" que se estima porque en la sentencia se condena a esta parte al pago del importe total reclamado por el actor, pero también omite la fundamentación que justifica la desestimación de nuestros motivos de oposición respecto de la cuantía indemnizatoria.

-TERCERO.- ERROR EN LA VALORACION DE LA PRUEBA DOCUMENTAL. INFRACCIÓN ART. 217, 319, 326 LEC:

-A) Ausencia de negligencia profesional:Aargumenta que la sentencia omite distinguir a la hora de fundamentar la supuesta negligencia entre las filtraciones del 1 de Agosto de 2016, que son las

prescritas y las filtraciones de 19 de Agosto de 2016 y las del 2017 , que no estaban prescritas. El abogado actuó conforme al criterio del cliente y al informe pericial aportado por éste por lo que la acción ejercitada se basó en daños continuados. En cualquier caso, la sentencia sólo declaró prescritos la acción de reclamación por el siniestro de agosto del 2016, no por los daños causados por los hechos posteriores, cuya acción fue desestimada por otorgar el juzgado mayor credibilidad a los manifestado por el perito de Reale, lo que no constituye causa para imputar responsabilidad al letrado.

-B) Ausencia de pérdida de oportunidad: Insiste en que el letrado ejercitó la acción de reclamación de cantidad que finalmente (solo una de ellas) resultó prescrita, pero no por omisión del letrado y olvido, sino porque el origen de las filtraciones era distinto lo que no le es imputable. Tampoco se produjo pérdida de oportunidad procesal puesto que con el consentimiento del actor, se interpuso recurso de apelación, que finalizó por sentencia que confirmó el origen de las filtraciones y con ello la prescripción de una de las reclamaciones, fracaso este del recurso que se debió a la valoración judicial, que no a negligencia alguna del letrado.

-CUARTO.- ERROR EN LA VALORACION DE LA PRUEBA DOCUMENTAL. INFRACCIÓN ART. 217, 319, 326 LEC. AUSENCIA DAÑO PATRIMONIAL Y MORAL: La apelante -entiende que la reclamación de todas las minutas del letrado y procurador, supondría enriquecimiento injusto, ya que el Juzgado consideró varios siniestros, uno daños permanentes y otros daños continuados, por lo que prescrita la acción para reclamar los primeros, la estimación de la acción en reclamación de los daños considerados continuados, habría determinado la estimación parcial de la demanda. Entiende improcedente la indemnización por las costas de la segunda instancia, puesto que el actor, ya conocedor, de la existencia de la prescripción de los daños por filtraciones del 1 de Agosto de 2016, no se opuso a la presentación del recurso de apelación. Por lo que a la factura del perito reclamada se refiere, entiende que forma parte del precio del contrato de arrendamiento de servicios con el letrado demandado, sino que es el precio de un contrato de arrendamiento de obra, estimando por último, igualmente improcedente, la cantidad de 710,80 más IVA, por daños directos causados por el siniestro de 1 de Agosto de 2016 al no haber acreditado el actor la reparación de los daños y de esta cantidad debe descontarse el IVA, ya que la comunidad de bienes puede desgravar este importe. Añade que esta cantidad esta cantidad es la que hipotéticamente constituiría el perjuicio causado por la prescripción, al ser el único daño prescrito, no así, los 75.600 euros que se reclamaron.

Con fundamento en dichos motivos interesa la revocación de la sentencia recurrida, desestimando íntegramente la pretensión de la parte actora con imposición de costas a la contraparte.

La demandante se opuso al referido recurso interesando la confirmación de la sentencia de instancia.

SEGUNDO.-Comenzando por los motivos aducidos bajo los ordinales PRIMERO Y SEGUNDO transcritos en la razonamiento jurídico ut supra, esto es, la incongruencia omisiva y falta de motivación de la sentencia, causante de indefensión, -por haber valorado y resuelto , sobre las alegaciones de la apelante relativas a la falta de legitimación ad causam, consentimiento del actor a la interposición del recurso de apelación nº1371/2021,y motivos de oposición a la cuantía indemnizatoria-, ha de significarse que el artículo 218 la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone:

" 1. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Harán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.

El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes.

2. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.

3. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos."

2.- El Tribunal Constitucional, en una muy consolidada doctrina afirma que el derecho a la tutela judicial efectiva incluye el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes por cuanto la motivación de las resoluciones judiciales, aparte de venir requerida por el art. 120.3 de la Constitución española , es una exigencia derivada del art. 24.1 de la Constitución española . Ello implica, en primer lugar, que la resolución ha de estar motivada, es decir, contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión; y, en segundo lugar, que la motivación debe contener una fundamentación en derecho.

Dicha exigencia constitucional entronca de forma directa con el principio del estado democrático de derecho ( art. 1 de la CE ) y con una concepción de la legitimidad de la función jurisdiccional sustentada esencialmente en el carácter vinculante que para todo órgano jurisdiccional tienen la ley y la constitución. Por otra parte, si bien la razón última que sustenta este deber de motivación, en tanto que obligación de exteriorizar el fundamento de la decisión, reside en la interdicción de la arbitrariedad y, por tanto, en la necesidad de evidenciar que el fallo de la resolución no es un simple y arbitrario acto de voluntad del juzgador, sino una decisión razonada en términos de derecho, la exigencia de motivación cumple una doble finalidad inmediata: de un lado, exteriorizar las reflexiones que han conducido al fallo como factor de racionalidad en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, que paralelamente potencia el valor de la seguridad jurídica, de manera que sea posible lograr el convencimiento de las partes en el proceso respecto de la corrección y justicia de la decisión; de otro, garantizar la posibilidad de control de la resolución por los tribunales superiores mediante los recursos que procedan, incluido ante el Tribunal Constitucional a través del recurso de amparo

3.- La jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha señalado que, en cuanto al deber de motivación y su infracción ( falta de motivación o motivación insuficiente), es doctrina jurisprudencial que: (i) solo debe entenderse como la necesidad de que la sentencia exteriorice las razones fácticas y jurídicas del fallo de modo tal que permita el eventual control jurisdiccional mediante el efectivo ejercicio de los recursos y operar, en último término, como garantía o elemento preventivo frente a la arbitrariedad; (ii) no cabe confundirla con la incongruencia a que se refiere el apartado 1 del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (cuya cita por tanto no permite analizar posibles defectos de motivación); (iii) tampoco cabe confundirla con la disconformidad de la parte recurrente con la fundamentación jurídica del fallo (en tanto que una motivación adecuada y suficiente no implica una motivación favorable a las pretensiones de la parte); (iv) debe igualmente distinguirse la ausencia de motivación de las peculiares interpretaciones de valoración de la prueba y de la fijación de los hechos probados que esgrime la parte, sin que pueda ampararse en la falta de motivación la revisión del acervo probatorio (a no ser una falta de motivación de dicha valoración probatoria, o una mera apariencia de motivación que la vicie de arbitrariedad); y (v) la exigencia de motivación no autoriza a exigir un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes pudieran tener de la cuestión que se decide sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones que vengan apoyadas en razones que permitan invocar cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, es decir, la ratio decidendique ha determinado aquélla.

4.- La consecuencia jurídica de la falta de fundamentación no será la nulidad de la sentencia, salvo en supuestos de falta de fundamentación absoluta, y siempre que así lo haya solicitado la parte.

El efecto que en su caso puede tener tanto la incongruencia omisiva de la sentencia, como en su caso la falta de motivación, es que se deban subsanar esos defectos o deficiencias de la resolución en esta alzada, tal como establece el artículo 465.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

No obstante, el hecho de que el art. 465.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil contemple expresamente una vía de sanación en el supuesto de infracciones procesales cometidas al dictar sentencia en primera instancia, no debe impedir la aplicación del apartado 4 de la misma norma cuando el defecto producido no sea una mera infracción procesal susceptible de corrección en la propia sentencia de apelación, al no afectar a las garantías esenciales del proceso, sino un vicio constitutivo de nulidad radical insubsanable.

En este sentido la reciente STS 254/2025 de 27 de enero del 2025, ha venido a refrendar en cuanto al vicio de incongruencia omisiva, que :

"...

Las sentencias han de ser la respuesta judicial a las pretensiones y resistencias de las partes oportunamente deducidas en sus escritos alegatorios, todo ello con la finalidad de satisfacer el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del que son titulares los litigantes, los cuales tienen un indiscutible interés jurídico en obtener una respuesta motivada a las pretensiones deducidas dentro de los términos del debate judicializado sometido a consideración de los tribunales, que no pueden desviarse de las cuestiones planteadas por las partes constitutivas del objeto del proceso; pues, en otro caso, se podría privarles del derecho de influir en el contenido de la decisión, colocándolas en una inadmisible situación de indefensión prohibida por el art. 24.2 CE con lesión del principio de contradicción.

Cuando no se cumple el requisito de la exhaustividad de la sentencia que impone el art. 218.1 de la LEC , que obliga a los tribunales a pronunciarse sobre las pretensiones deducidas por las partes y decidir «todos los puntos litigiosos que han sido objeto de debate» se incurre en la incongruencia por omisión que vulnera el art. 24.1 CE ( STC 61/1983, de 11 de julio ).

En este sentido, se consideran incongruentes las sentencias cuando dejan incontestadas y sin resolver algunas de las pretensiones sostenidas por las partes, siempre y cuando el silencio judicial no pueda razonablemente interpretarse como desestimación tácita de la pretensión deducida ( sentencias 604/2019, de 12 de noviembre ; 31/2020, de 21 de enero ; 267/2020, de 9 de junio ; 526/2020, de 14 de octubre ; 37/2021, de 1 de febrero ; 751/2021, de 2 de noviembre ; 202/2022, de 14 de marzo ; 364/2022, de 4 de mayo ; 509/2022, de 28 de junio Y 628/2024, de 13 de mayo , entre otras muchas)."

Partiendo de las anteriores consideraciones jurisprudenciales, entiende esta Sala, que, -aunque ciertamente se echa en falta una mayor exhaustividad-, la sentencia no carece absolutamente de motivación, pudiendo interpretarse su silencio sobre las cuestiones aducidas por la demanda en su escrito de contestación, como una desestimación tácita de las mismas, procediendo la subsanación de dicha deficiencias en esta alzada. Tan es así, que la propia apelante, pese a denunciar el vicio de incongruencia y de falta de motivación expuesto, no interesa en el Suplico de su escrito de interposición del presente recurso la nulidad de la sentencia de instancia sino su revocación.

TERCERO-Así y por lo que a la falta de legitimación activa ad causam opuesta por la demanda, se refiere, adujo la apelante en su escrito de contestación, que D. Epifanio, actuó como demandante y apelante, en los autos de PO 327/2019 y REC 1371/2021, en representación de la comunidad de bienes DIRECCION000, que explotaba el negocio de restauración en el local que sufría las humedades, actuando en estos autos, por sí mismo, como persona física, alegando haber comprado el resto de las participaciones de la comunidad de bienes, lo que, entiende no es cierto ya el documento aportado como núm.- 2 de la demanda rectora de esta litis, - es un acuerdo de disolución y extinción de la comunidad con el otro comunero, para poner fin a una serie de procedimientos judiciales, entre ellos, los de la disolución y extinción de la propia comunidad de bienes -no ha sido homologados por el Juzgado competente y además, sólo han sido firmado por uno de los comuneros.

Asimismo, esgrimió que para caso de que se considerase la subsistencia de la Comunidad de bienes, es evidente conforme a dicha documental, el conflicto de intereses existente entre los comuneros, que hace necesario el consentimiento del otro para la interposición de la demanda.

Pues bien, el tenor literal del " contrato de compraventa de participación en DIRECCION000 C.B.", no ofrece lugar a dudas en cuanto a que el demandante, adquiere por compra a la otra de las comuneras, su participación y derechos en la referida comunidad de bienes, quedando el actor como único titular, y aunque es cierto que dicho documento consta firmado por una de las partes contratantes, la documental aportada por la demandante en el acto de la audiencia previa, despaga cualquier duda sobre la realidad del consentimiento de ambos comuneros a dicha compraventa, al haber sido aportado por la representación procesal de ambos comuneros en el recuro de apelación registrado por esta sección bajo el número 255/2020, interesando con fundamento a la solución amistosa que consta en el mismo, tener a ambas partes por desistidas de los recursos de apelación interpuestos.

Así pues, conforme a lo estipulado en el citado contrato de compraventa de fecha 18 de mayo de mayo del 2020, a la fecha de interposición de la demanda, la referida comunidad de bienes se habría extinguido, al ser su único titular el demandante, quien se haya legitimado por tanto, para el ejercicio de la acción que nos ocupa.

CUARTO-Adentrándonos en el error en la valoración de la prueba invocado como motivo del recurso, y atendiendo a la naturaleza de la acción ejercitada, la doctrina legal sobre la responsabilidad civil de los letrados aparece recogida entre otras en la STS de 15 de septiembre de 2017 dice que señala o: "....En relación a la responsabilidad por negligencia que se reclama frente al letrado litigante, debemos tener en cuenta las SSTS de 14/julio/2010 , 9/marzo/2011 y 27/octubre/2011 , si bien entre las sentencias más significativas dictadas en este ámbito puede destacarse por su simplicidad expositiva la de 27/mayo/2010 , a cuyo tenor tres son los requisitos para que prosperen acciones como al de autos:

1."La responsabilidad civil profesional del abogado exige, en primer término, el incumplimiento de sus deberes profesionales. En el caso de la defensa judicial estos deberes se ciñen al respeto de la lex artis (reglas del oficio), esto es, de las reglas técnicas de la abogacía comúnmente admitidas y adaptadas a las particulares circunstancias del caso. La jurisprudencia no ha formulado con pretensiones de exhaustividad una enumeración de los deberes que comprende el ejercicio de este tipo de actividad profesional del abogado. Se han perfilado únicamente a título de ejemplo algunos aspectos que debe comprender el ejercicio de esa prestación: informar de la gravedad de la situación, de la conveniencia o no de acudir a los tribunales, de los costos del proceso y de las posibilidades de éxito o fracaso; cumplir con los deberes deontológicos de lealtad y honestidad en el desempeño del encargo; observar las leyes procesales; y aplicar al problema los indispensables conocimientos jurídicos ( STS de 14 de julio de 2005 )".

2. Es necesario en segundo lugar "que haya existido un daño efectivo". Y explica el alto tribunal lo que sigue: "Cuando el daño por el que se exige responsabilidad civil consiste en la frustración de una acción judicial, el carácter instrumental que tiene el derecho a la tutela judicial efectiva determina que, en un contexto valorativo, el daño deba calificarse como patrimonial si el objeto de la acción frustrada tiene como finalidad la obtención de una ventaja de contenido económico, cosa que implica, para valorar la procedencia de la acción de responsabilidad, el deber de urdir un cálculo prospectivo de oportunidades de buen éxito de la acción frustrada (pues puede concurrir un daño patrimonial incierto por pérdida de oportunidades: SSTS de 26 de enero de 1999 , 8 de febrero de 2000 , 8 de abril de 2003 y 30 de mayo de 2006 ) ". Ahora bien: "El daño por pérdida de oportunidades es hipotético y no puede dar lugar a indemnización cuando no hay una razonable certidumbre de la probabilidad del resultado. La responsabilidad por pérdida de oportunidades exige demostrar que el perjudicado se encontraba en una situación fáctica o jurídica idónea para realizarlas ( STS de 27 de julio de 2006 ). Este criterio impone examinar si, como consecuencia del incumplimiento de las reglas del oficio, que debe resultar probada, se ha producido -siempre que no concurran elementos ajenos suficientes para desvirtuar su influencia en el resultado dañoso, como la dejadez de la parte, la dificultad objetiva de la posición defendida, la intervención de terceros o la falta de acierto no susceptible de ser corregida por medios procesales de la actuación judicial- una disminución notable y cierta de las posibilidades de defensa de la parte suficiente para ser configurada como un daño que debe ser resarcido en el marco de la responsabilidad contractual que consagra el artículo 1101 CC ( STS 23 de julio de 2008 )".

3. Por último, "en tercer término, es menester que exista un nexo de causalidad entre el incumplimiento de los deberes profesionales y el daño producido, y que éste sea imputable objetivamente, con arreglo a los principios que pueden extraerse del ordenamiento jurídico, al abogado. El juicio de imputabilidad en que se funda la responsabilidad del abogado exige tener en cuenta que el deber de defensa no implica una obligación de resultado, sino una obligación de medios, en el sentido de que no comporta, como regla general, la obligación de lograr una estimación o una resolución favorable a las pretensiones deducidas o a la oposición formulada contra las esgrimidas por la parte contraria, pues esta dependerá, entre otros factores, de haberse logrado la convicción del juzgador ( SSTS de 14 de julio de 2005 , 14 de diciembre de 2005 , 30 de marzo de 2006 , 30 de marzo de 2006, 26 de febrero de 2007 , entre otras).

La propia naturaleza del debate jurídico que constituye la esencia del proceso excluye que pueda apreciarse la existencia de una relación causal, en su vertiente jurídica de imputabilidad objetiva, entre la conducta del abogado y el resultado dañoso, en aquellos supuestos en los cuales la producción del resultado desfavorable para las pretensiones del presunto dañado por la negligencia de su abogado debe entenderse como razonablemente aceptable en el marco del debate jurídico procesal y no atribuible directamente, aun cuando no pueda afirmarse con absoluta seguridad, a una omisión objetiva y cierta imputable a quien ejerce profesionalmente la defensa o representación de la parte que no ha tenido buen éxito en sus pretensiones ( STS de 30 de noviembre de 2005 ).

No es necesario que se demuestre la existencia de una relación de certeza absoluta sobre la influencia causal en el resultado del proceso del incumplimiento de sus obligaciones por parte del abogado. No puede, sin embargo, reconocerse la existencia de responsabilidad cuando no logre probarse que la defectuosa actuación por parte del abogado al menos disminuyó en un grado apreciable las oportunidades de éxito de la acción. En caso de concurrir esta disminución podrá graduarse su responsabilidad según la proporción en que pueda fijarse la probabilidad de contribución causal de la conducta del abogado al fracaso de la acción".

En cuanto a la prueba del incumplimiento, la jurisprudencia ha establecido que, tratándose de una responsabilidad subjetiva de carácter contractual, la carga de la prueba de la falta de diligencia en la prestación profesional, del nexo de causalidad con el daño producido, y de la existencia y del alcance de este corresponde a la parte que demanda la indemnización por incumplimiento contractual ( STS de 14 de julio de 2005, RC núm. 971/1999, 21 de junio de 2007, RC núm. 4486/2000 y STS 600/2013, de 14 de octubre ).

Partiendo de las anteriores consideraciones jurisprudenciales, y siendo el motivo invocado el error en la valoración probatoria, en las vertientes expuestas en el primero de los razonamientos jurídicos, adelantamos que esta sala no comparte la hermeneútica apreciativa de la prueba llevada a cabo por la Juzgadora de instancia.

Así, revisada la prueba documental, hemos de partir de la realidad indiscutida del arrendamiento de los servicios profesionales del letrado hoy apelante por parte D. Epifanio, por el que aquel asumía la dirección letrada para la reclamación de los daños sufridos en el local destinado a restaurante, que el cliente entendía imputables a una fuga de agua en el inmueble colindante, acaecida en agosto del 2016, que inundó un sala del restaurante quedando inservible para su uso. En cumplimiento del encargo, el letrado interpuso, en primer término, acto de conciliación frente a PROGEMISA- propietaria del inmueble colindante- con fecha de 27/Julio/2017 que se celebró sin avenencia. Posteriormente, en fecha 30 de abril del 2019 interpuso demandada que dio lugar a la incoación del procedimiento ordinario núm.- 327/2019, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia núm..- 3 de Cáceres.

El demandante en dicha demanda, ejercita acción ex artículo 1902 del CC, que fundamenta en el hecho de que aunque las filtraciones se habían producido los días 1 y 19 de agosto de 2016, la humedad seguía persistiendo a la fecha de la presentación de la demanda, esto es, alegaba que los daños eran continuados, acción que dirige frente a Progemisa y su aseguradora, interesando un pronunciamiento condenatorio:

- A realizar las reparaciones necesarias en la propiedad de la demandada para eliminar las filtraciones de agua que sufre la sala del restaurante explotado por la actora.

- A la reposición de la citada sala al estado anterior a dichas filtraciones, en condiciones de ser utilizada para el negocio de restaurante a que venía destinada, realizando cuantas obras sean necesarias para ello.

- A abonar a la actora , en concepto de lucro cesante la cantidad de 75.600 euros (setenta y cinco mil seiscientos euros), o subsidiariamente, la cantidad que el Juzgado considere suficiente, como cantidad dejada de ganar por la inutilización de la citada sala desde la fecha del siniestro 1 de agosto del 2016, hasta abril del 2018.

La sentencia de instancia, entiende que los daños sufridos por el actor no eran continuados, sino imputables a siniestros distintos:

- El ocurrido el día 1 de agosto de 2016 y que afectó al techo y

paramentos verticales de una de las salas del restaurante así como a los paramentos verticales de los aseos.

-Otro ocurrido en torno a diciembre de 2016, que afectó a un paramento vertical de una sala (que no es contigua con el edificio de la codemandada) y a los paramentos verticales del pasillo de acceso a la sala y paramentos verticales de los aseos (tampoco contiguos con el edificio de la codemandada).

-En abril de 2017 , por averías detectadas en la red general de canalización de agua del canal Isabel II.

Concluye la referida resolución que los daños ocasionados en el mes de agosto, han de merecer la consideración de daños permanentes, al haberse producido en un momento puntual, con posibilidad de agravarse, pero en los que la causa ya ha cesado, por lo que presentada demanda de conciliación en fecha 27 de julio del 2017, sin que desde entonces hasta la interposición de la demanda, en fecha 30 de abril de 2019, haya habida ningún acto de interrupción de la prescripción, considera que ha transcurrido sobradamente el plazo de un año, apreciando la prescripción de la acción alegada pero sólo para la reclamación de los daños causados por la avería de agosto del 2016, no los posteriores -de etiología diferente, que sí tienen la consideración de continuados y respecto de los cuales la acción no estaría prescrita-; Cuestión distinta es que el resultado evaluativo de la prueba llevado a cabo por el juzgador de instancia, respecto de dichos daños posteriores, le llevara a la convicción de no haber resultado suficientemente acreditado que el origen de las filtraciones aparecidas en la sala del restaurante regentado por la actora, se hallara en elementos constructivos que impliquen al edificio de la demandada, - sino más bien en la capilaridad del terreno-por lo que no existiendo, en definitiva, título de imputación de responsabilidad de dicha codemandada, desestima en su integridad la demanda, sin imposición de costas por "la existencia de dudas de hecho que pudieran fundamentar el planteamiento de la actora y el recurso a la vía judicial". Sentencia que tras la interposición del oportuno recurso de apelación por la actora, fue íntegramente confirmada por sentencia de esta Sala núm,. 289/2022 de 6 de abril.

Sentado lo anterior ha de resolverse seguidamente si cabe apreciar la existencia de algún tipo de negligencia profesional en el desempeño de dicho encargo por parte del letrado demandado. Es claro no cabe deducir sin más dicha negligencia del resultado final desfavorable del litigio, es decir del hecho de que finalmente la pretensión fuera desestimada en primera y segunda instancia, debiendo recordarse que nos hallamos ante una obligación de medios, no de resultado, describiendo el Estatuto General de la Abogacía en su art. 42 el contenido de los deberes profesionales que incumben al abogado en ejercicio de su profesión en el sentido de que " 1. Son obligaciones del abogado para con la parte por él defendida, además de las que se deriven de sus relaciones contractuales, el cumplimiento de la misión de defensa que le sea encomendada con el máximo celo y diligencia y guardando el secreto profesional. 2. El abogado realizará diligentemente las actividades profesionales que le imponga la defensa del asunto encomendado, ateniéndose a las exigencias técnicas, deontológicas y éticas adecuadas a la tutela jurídica de dicho asunto y pudiendo auxiliarse de sus colaboradores y otros compañeros, quienes actuarán bajo su responsabilidad".

Ahora bien, cuando el encargo consiste en la defensa de una pretensión sometida a un corto plazo prescriptivo, en este caso de un año, para el supuesto de que pudieren existir dudas o tesis diferentes acerca del inicio del cómputo del plazo prescriptivo, en función de si los daños sufridos por la cliente fueren considerados bien como continuados bien como permanentes,- duda que el letrado demandado se habría representado atendiendo al tenor literal de las comunicaciones vía correo electrónico, de los días 4, 8 y 15 de mayo del 2018, mantenidas entre una letrado del despacho del demandado y el actor-, entendemos , que pese a que el actor insistiera en que los daños provenían del único siniestro de agosto del 2016, la diligencia exigible obliga al profesional a tomar en consideración la tesis más desfavorable o estricta, con lo que evita toda la posibilidad de que la acción sea declarada prescrita. Ello lógicamente si dentro de ese plazo más desfavorable dispone el letrado de todos los elementos para fundar y entablar la reclamación, como así se infiere de dichas comunicaciones. En conclusión el letrado, debió presentar la demandada antes del transcurso del plazo prescriptivo del que era sabedor, o al menos, haber dirigido alguna comunicación a la demandada a la que pudiera otorgársele eficacia interruptiva de la prescripción, lo que no hizo.

Conforme a lo anteriormente expuesto, partiendo de la realidad del error del abogado, ha de acreditarse la relación causal entre dicho actuar negligente y cada de los conceptos reclamados, y cuestiones estas acerca de las cuales la sentencia de instancia no se pronuncia expresamente.

Analizando el supuesto de autos, el error del Letrado que determinó la prescripción de la acción, sólo afectó, en términos de perdida de oportunidad procesal, a la acción de reclamación de los daños derivados del siniestro o avería de agosto del 2016, no a los daños posteriores, con respecto de los cuales, la pretensiones se rechazaron no por prescripción, ni porque el letrado no emplease en su desempeño la debida diligencia, sino porque como ocurre en la mayor parte de los litigios, las circunstancias fácticas que basan las pretensiones se hallan sometidas al resultado y valoración por los Tribunales de la prueba y existen cuestiones de índole jurídica sobre las que caben distintos criterios cuando menos discutibles en derecho, dudas que en este caso fueron incluso reconocidas en la sentencia para apartarse del criterio de vencimiento objetivo en materia de costas procesales.

De lo anterior cabe colegir, que el error del letrado únicamente frustró el éxito de la acción de reparación de los daños causados en el sala por la avería en el inmueble de la demandada- esta sí reparada- de agosto del 2016, que entendemos hubiera sido estimada casi con toda seguridad, de no haber concurrido prescripción de la acción, -ante el reconocimiento de la avería por la demandada, en la que, según el perito Raimundo, tenía su causa los daños reclamados-, y en su caso, de la pretensión indemnizatoria por lucro cesante derivado del cierre de dicha sala, los días correspondientes a dicho sinestro, -que no son objeto de reclamación en esta litis-.

Con fundamento en lo anterior, únicamente se reclaman perjuicios económicos efectivos- no daños morales- , correspondientes al coste del informe pericial, así como honorarios de letrado y procurador, en primera y segunda instancia, y costas del recurso de apelación, que entendemos no devinieron estériles e inútiles, en cuanto el error del letrado no supuso una pérdida absoluta de oportunidad procesal, como se ha expuesto, pues la prescripción no frustró en su integridad las pretensiones ejercitadas, que pudieron haber sido estimadas parcialmente, no siéndolo por otras causas, en este caso, no imputable al letrado, conforme a lo ya reiterado.

Sin embargo, la reclamación de la cantidad de 710,80 € más IVA ( 860,07 €) en que han sido valoradas los daños ocasionados en agosto de 2016 en la Sala del restaurante afectada por las filtraciones, se corresponde efectivamente con la pretensión de reparación de dichos daños, frustrada por la acción negligente del letrado, lo que éste viene a reconocer en su escrito de interposición del recurso, por lo que a este concepto ha de limitarse la indemnización, incluida la partida correspondiente al Impuesto de Valor Añadido.

Al respecto de la procedencia del resarcimiento de los daños incluido dicho impuesto, hemos de traer a colación la sentencia de esta AP de Madrid, Civil sección 14 del 19 de junio de 2020 ( Sentencia: 204/2020, Recurso: 692/2019 ), que extracta la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y que compartimos plenamente:

"Es doctrina jurisprudencial reiterada la de que no corresponde al orden jurisdiccional civil resolver las controversias sobre la procedencia del impuesto, su sujeto pasivo, la base imponible y el tipo aplicable ( SSTS de 31-5-06 y 07/11/2007 ). También indica la Sala 1ª del Tribunal Supremo que la correcta aplicación de las normas reguladoras del Impuesto sobre el Valor Añadido es una cuestión ajena a la jurisdicción civil ( STS de 26 de junio de 1.995 ) y que el incumplimiento de requisitos fiscales no afecta a las relaciones civiles, puesto que las normas fiscales no pueden enervar el derecho reconocido o regulado en las civiles, ni autorizan otra cosa que la adopción de las medidas y correcciones disciplinarias en ellas establecidas ( STS de 7 de febrero de 1.994 ).

Asimismo podemos citar la doctrina contenida en la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de fecha 16 de mayo de 2.008 en la que, al resolver la alegación impugnativa relativa a que la persona favorecida por la condena en costas es un empresario, o desarrolla una actividad empresarial, que le permite repercutir el IVA en su giro mercantil por lo que al poderse resarcir por compensación, no sufre perjuicio alguno, se resuelve en el sentido de que "no corresponde a la jurisdicción civil resolver los debates sobre la procedencia del impuesto, sujeto pasivo, base imponible y tipo aplicable, como no cabe pretender que interprete exclusivamente preceptos de orden fiscal, sin que quepa apreciar indefensión para la parte que impugna porque, con independencia de la responsabilidad que pueda derivarse para el que exige el IVA de un doble cobro, el ordenamiento jurídico arbitra los medios adecuados para obtener su reembolso".

En el mismo sentido la sentencia de la AP de Barcelona Sec.16 de fecha 8 /02/2019 :

"En las sentencias dictadas por esta Sección en fechas 21 de junio de 2017 y 15 de marzo de 2018 se advertía que no se configura la presente sede civil como contexto idóneo para resolver cuestiones de naturaleza fiscal ni para decidir sobre la pertinencia de pagos o deducciones de conceptos tributarios, y que la indemnización que ha de establecerse debe comprender la totalidad de las partidas porque en otro caso se corre el riesgo de no cumplir con rigor el principio de reparación integra.

La posibilidad de que la sociedad perjudicada se deduzca el IVA en sus declaraciones fiscales no debe comportar necesariamente que carezca ahora del derecho a reclamar aquel concepto frente a los responsables de los daños porque, se insiste, no corresponde a la jurisdicción civil adoptar decisiones sobre la forma de cumplimiento de las obligaciones fiscales y porque la legislación tributaria arbitra los mecanismos necesarios para rectificar en la medida de lo necesario las facturas improcedentemente abonadas y para regularizar contablemente, en el ejercicio y con los requisitos que correspondan, las operaciones declaradas. En tal sentido se pronuncia la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de abril de 2009 , que considera que determinar si una sociedad tiene derecho a deducir el IVA es cuestión compleja ajena a la jurisdicción civil, por lo que ha de imponerse porque "con independencia de la responsabilidad que pueda derivarse para el que exige el IVA de un doble cobro, el ordenamiento arbitra los medios adecuados para obtener el reembolso".

QUINTO-La estimación parcial del recurso de apelación conlleva la no condena en costas de esta alzada a ninguna de las partes ( artículo 398.2 Ley de Enjuiciamiento Civil ,en su redacción anterior al Real Decreto 6/2023, al tratarse de un procedimiento anterior al 20 de marzo de 2024).

En el mismo sentido, la estimación parcial del recurso conlleva la estimación parcial de la demanda por lo que de conformidad con lo dispuesto en el art 394.2 de la LEC, no procede especial pronunciamiento en costas de la instancia, de manera que cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación en nombre de S.M. EL REY y por la Autoridad que nos confiere la Constitución Española, pronunciamos el siguiente: