Sentencia Civil 25/2026 Audiencia Provincial Civil de Cáceres nº 1, Rec. 1249/2024 de 20 de enero del 2026

PRIMERO.- Objeto del Recurso.

En la demanda rectora del presente procedimiento la parte actora -Dña. Celestina- acciona frente a la demandada COFIDIS SA SUCURSAL EN ESPAÑA, interesando el dictado de una sentencia por la que:

(i).- Con carácter principal, se declare la nulidad del contrato suscrito entre las partes por su carácter usurario -bien por su tipo de interés desproporcionado, bien por estimar que su aceptación fue fruto de la inexperiencia del actor, bien por entender que las condiciones resulten leoninas-, con la anudada consecuencia legal de que el actor únicamente estará obligado a devolver el crédito efectivamente dispuesto, debiendo la demandada, en su caso, reintegrarle todas aquellas cantidades que hayan excedido del capital prestado, incluyendo intereses, primas de seguro y cualesquiera comisiones, más los intereses legales desde la reclamación extrajudicial, cantidades que se determinarán en ejecución de Sentencia.

(ii).- Subsidiariamente, se declare la nulidad de la cláusula relativa al interés remuneratorio y el propio sistema de amortización por no superar el control de transparencia de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 5 y 7 de la LCGC en relación con el artículo 8 del mismo cuerpo legal, debiendo la demandada proceder a la devolución de todas las cantidades cobradas por su aplicación, con el interés legal desde que tuvo lugar cada cobro.

(iii).-Subsidiariamente a las dos anteriores, se declare la nulidad por el carácter abusivo de la cláusula que establece la comisión por reclamación de cuota impagada condenando a la demandada a reintegrarle todas las cantidades abonadas en virtud de esa estipulación nula, con los intereses desde la fecha en que tuvieron lugar los indebidos cobros.

(iv).- En cualquiera de los casos, con expresa imposición de costas a la parte demandada.

Refiere la demandante en apoyo de su pretensión que en el año 2010 Dña. Celestina suscribió con la entidad COFIDIS SA SUCURSAL EN ESPAÑA un contrato de préstamo mediante un sistema de préstamo mercantil al consumo, en el que la entidad prestamista permite que el prestatario realice varias disposiciones de capital siempre y cuando el prestatario cumpla varios requisitos como capacidad económica, solvencia, fidelidad (...). A cambio la entidad prestamista de este tipo de créditos usurarios fija un tipo de interés remuneratorio desproporcionado al caso y desorbitado. En este caso el coste efectivo TAE asciende a 24,51%, que es muy superior al de la media de los tipos de aquella fecha.

Asimismo, la entidad incluye una cláusula de comisión de impagados por importe de 30€ por cada cuota no satisfecha en tiempo y forma que, igualmente, debe considerarse abusiva por no ofrecer ninguna prestación a cambio de dicha comisión.

Destaca que la cláusula sobre el tipo de interés remuneratorio no puede superar los controles de incorporación y transparencia, no solo por la falta de claridad, concreción y sencillez sino también por el incumplimiento de la normativa imperativa aplicable, y porque de la escasa información dada el consumidor no puede alcanzar la comprensibilidad real de la operación, quedando vinculado a una contratación con absoluto desconocimiento del funcionamiento y repercusiones jurídicas y económicas de la misma. En atención a lo cual entiende que cabe la declaración como abusiva de la cláusula de interés remuneratorio, mereciendo la declaración de nulidad y, por tanto, la imposibilidad de que la misma vincule al consumidor.

La entidad demandada, oponiéndose a todas las pretensiones deducidas de adverso, aduce, respecto de la acción principal, que el tipo de interés, o más bien, la Tasa Anual Equivalente (TAE) pactada en el contrato se configura dentro del "tipo de interés normal"del dinero en la fecha de suscripción del crédito revolving, a saber, en el mes de marzo de 2017, por lo que en ningún caso puede ser considerada como desproporcionada con base a lo preceptuado en el artículo 1 de la Ley de Represión de la Usura.

Con relación a la pretensión subsidiaria, argumenta y defiende que la actora contó con toda la información necesaria y expresada con claridad suficiente para que pudiera conocer el contenido del contrato que voluntariamente suscribió, así como que pudo entender, sin género de dudas, la carga jurídico económica a la que se obligó en virtud de un contrato de financiación del cual dispuso desde el año 2017, y sin haberse dirigido a la entidad demandada, en momento alguno, para expresar su disconformidad.

La sentencia dictada en la instancia desestima la pretensión principal por usura y acoge en su integridad la petición subsidiaria primera, declarando la nulidad de las condiciones generales relativas al interés remuneratorio y al sistema de amortización, condenando a la demandada a devolver a la actora todas las cantidades indebidamente cobradas como consecuencia de su aplicación, más el interés legal desde la fecha de cada cobro, así como al pago de las costas procesales.

Considera la juzgadora de instancia, tras rechazar la existencia de usura, que las condiciones generales que fijan el interés remuneratorio y el sistema de amortización del crédito, aun cuando se entienda que superan el control de incorporación (no obstante aparecer redactadas entre una gran cantidad de datos e información y en un formato nada cómodo ni sencillo en lo que a su legibilidad se refiere), permite, en principio, conocer a cuánto asciende el tipo de interés aplicable, adoleciendo, sin embargo, de una clara falta de transparencia material, que determina su expulsión del contrato.

Explica de seguido que es verdaderamente complicado sostener que la consumidora conocía el alcance y las consecuencias económicas aparejadas al crédito bajo la modalidad de pago aplazado, por cuanto, ni siquiera el funcionamiento de esta forma de financiación es cognoscible a partir de los términos comprendidos en el documento contractual. Más bien, al contrario, la descripción de las características del producto induce al consumidor a pensar que está contratando un producto ventajoso, cuando en realidad se trata de un instrumento que entraña un elevadísimo riesgo de desembocar en una situación de endeudamiento excesivo.

No se aporta por la demandante ningún documento que acredite que la titular del crédito dispusiera de información previa adecuada y suficiente acerca de las características del producto que estaba contratando ni de la carga económica real que conlleva este tipo de instrumentos.

Frente a dicha resolución se alza en apelación la parte demandada alegando -en breve síntesis- los siguientes motivos:

Previa.- Motivos de apelación: La apelante, tras recordar el contenido del fallo de la resolución que se recurre, enumera los motivos que conforman el presente recurso de apelación, así los documentos que entiende erróneamente valorados por la juzgadora de instancia.

Primero.- Controles material o reforzado de transparencia. Error en la valoración de la prueba con vulneración del art. 218 LEC que lleva a la infracción de los artículos 5 y 7 LCGC e infracción art. 2.3 CC en relación con la orden ETD/699/2020: Manifiesta la recurrente su disconformidad con la conclusión de la juzgadora a quode que el consumidor no estuvo en disposición de comprender el alcance jurídico y económico, ni el funcionamiento del crédito suscrito.

Destaca de inicio que la juzgadora a quodescarta valorar gran parte de las pruebas propuestas y admitidas por la demandada, pronunciándose únicamente sobre el contenido del documento contractual, sin efectuar una valoración conjunta de todos los medios probatorios, con clara infracción del deber contenido en el artículo 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

1.1.- El contrato revolving no es un producto complejo

Afirma que es pacífico que las tarjetas de crédito de pago aplazado y revolving son lícitas en la contratación con consumidores, conocidas y frecuentes en la práctica bancaria desde hace años.

Así lo evidencian las siguientes circunstancias:

(i).- Son una alternativa de financiación para consumidores descrita en el portal del cliente bancario del Banco de España.

(ii).- Constituyen una de las modalidades de tarjeta de crédito incluidas en las estadísticas oficiales del Banco de España sobre los tipos medios de interés de la categoría específica de las tarjetas de crédito;

(iii).- La Ley de Contratos de Crédito al Consumo se refiere expresamente a las modalidades de crédito revolving(arts. 10.9 y 16.4);

(iv).- Forman parte de la oferta de créditos al consumo de las entidades financieras según demuestra su publicidad.

Por consiguiente, es lógico concluir que al consumidor medio no le sorprenderá, en abstracto, el funcionamiento de la modalidad de pago revolving,plenamente lícito de conformidad con el régimen legal aplicable y habitual en la práctica de las ofertas de las entidades.

En definitiva, nos encontramos ante una alternativa legítima de estructurar el mecanismo de disposición y amortización de la línea de crédito. No es producto de la superioridad informativa ni del poder de negociación del prestamista más de lo que lo puede ser cualquier otro sistema de amortización que, en realidad, no difiere en nada o prácticamente en nada frente al sistema de la Tarjeta (es notorio que casi todos los préstamos se devuelven en cuotas mensuales más altas o bajas que incluyen el pago de intereses y la devolución de capital).

La única diferencia entre el crédito revolvingy cualquier otro préstamo o crédito es que en un crédito revolvinglas devoluciones o amortizaciones mensuales de capital recomponen el límite del crédito que el consumidor hubiera utilizado (por importe equivalente a la amortización de principal correspondiente).

Cita resoluciones de diversas Audiencias Provinciales en el sentido expuesto.

1.2.- Error en la valoración de la prueba documental: contrato, información precontractual entregada al actor e INE

El contrato objeto de autos supera el control de incorporación a la luz de la normativa vigente a la fecha de su firma:Señala que el artículo 10 de la Ley 16/2011 identifica la información precontractual que el prestamista vendrá obligado a facilitar al consumidor de forma previa la suscripción del contrato. Dicha información deberá ser trasladada a través del formulario de Información Normalizada Europea sobre el crédito al consumo.

Advierte, no obstante, que siendo el contrato anterior al 20 de enero de 2012, fecha en que entra en vigor la anterior norma y por tanto la citada exigencia de información precontractual, es evidente que en ningún caso podrá exigírsele a la entidad el cumplimiento de los requisitos legales de información precontractual, por lo que yerra absolutamente el juzgador cuando pretende fundar la declaración de la falta de transparencia en la ausencia de información precontractual.

Operativa revolving respecto al contrato:Indica que la particularidad principal del crédito litigioso radica en que los importes amortizados en cada cuota reconstituyen el capital disponible, pudiendo el consumidor volver a utilizar el capital a medida que lo va amortizando.

Sostiene que las condiciones generales 1ª y 2ª del contrato de cuenta permanente establecen de forma clara y sencilla el modo de utilización del crédito en cuestión, y la condición general 3ª determina el modo de reembolso. Nos encontramos frente a una exposición gramatical sencilla, que desarrolla el funcionamiento del producto revolving y permite al prestatario conocer cómo activar la facultad de disposición prevista. Cita al efecto resoluciones de diversas Audiencias Provinciales.

Insiste de nuevo en que el crédito revolvingen sí no tiene ninguna complejidad, ya que se configura como simple crédito, instrumentado mediante tarjeta o línea de crédito, en el que se pacta una devolución mediante cuotas mensuales, y precisamente esta definición queda expresamente contemplada, de forma accesible, identificada de forma clara en las Condiciones 1ª, 2ª y 3ª del contrato, es decir, proporcionándole la relevancia que exige esa particularidad, como es garantizar la comprensión de la operativa que afecta al contrato. No nos encontramos frente a un producto clasificado como complejo, cuya utilización viene siendo asumida por el ciudadano de a pie, de quien no exige unos conocimientos específicos.

1.3.- Error en la valoración de la prueba documental y ausencia absoluta de valoración del resto de prueba documental aportada por la demandada con infracción del art. 218 LEC en relación con el art.326 LEC . Superación del control material de trasparencia. Conocimiento del funcionamiento del contrato y su coste

Tras indicar que dicho control responde a la posibilidad real de comprensión por parte del consumidor del contenido y alcance económico del contrato litigioso, señala que debe valorarse si la información suministrada resulta comprensible para un consumidor medio, atento y perspicaz, por lo que no se puede limitar la valoración de la prueba únicamente al documento contractual, sino a la totalidad de información suministrada, en una valoración conjunta de todas las pruebas practicadas, ejercicio que no acomete la Juzgadora a quopara alcanzar la resolución recurrida.

De entrada, y volviendo al documento contractual, el contenido del mismo resulta claro, conciso y comprensible por un consumidor medio. No puede entenderse que la redacción del documento sea ambigua o tendente al engaño, sino que, bien al contrario, explica con detalle el funcionamiento del crédito. En este sentido, se expresa de forma numérica el tipo de interés aplicable al contrato, por lo que el consumidor puede comprender el coste que le supone el crédito.

La explicación contenida en las cláusulas resulta obligatoria conforme la normativa vigente al tiempo de suscripción del contrato y, a efectos de su comprensión por el consumidor medio, por la inclusión de una fórmula matemática, con explicación de la forma de aplicar dicha fórmula. Argumenta en este extremo que lo que determina la transparencia no es que se sepa hacer funcionar dicha fórmula o no, sino que conste la información debidamente trasladada para que el consumidor tenga conciencia de que tendrá que pagar un tipo de interés. No cabe olvidar tampoco que de forma expresa se indica exactamente el coste económico de la operación a lo largo de todo el documento contractual. Añade que las entidades tienen la obligación de identificar en el contrato el coste del crédito y de plasmar cómo se extrae el mismo, a través de una fórmula matemática de cálculo de la TAE que la propia Ley contiene. Por consiguiente, la inclusión de la fórmula matemática en los contratos es una obligación legal para las entidades que nada tiene que ver con la transparencia ni con la comprensión de los consumidores. Lo que los consumidores deben conocer es el coste del crédito, la TAE aplicable, que precio y que van a pagar de intereses y comisiones; el cálculo de la TAE, cuestión ésta puramente técnica y matemática, nada tiene que ver con esa protección.

Invocar, por tanto, una supuesta falta de transparencia por incluir una fórmula matemática que los consumidores no entienden no es procedente en modo alguno y no es una materia que pueda entrar en el doble control de transparencia. Cita al efecto resoluciones de diversas Audiencias Provinciales.

Destaca a continuación que se expresan en términos numéricos los distintos tipos de interés a aplicar en función de la financiación interesada por el consumidor en cada momento, con ejemplos representativos para su mejor comprensión. El consumidor no sólo sabe el coste que le supone la financiación inicial interesada, sino que ya conoce el coste que le podría suponer la utilización del crédito para cantidades superiores. Toda esta valoración resulta omitida por la Juzgadora a quo.

También escapa a la valoración contenida en la sentencia recurrida la información contenida en la "Carta de bienvenida", remitida en el momento de la aceptación del contrato por parte del consumidor, en la que se resumen las condiciones de forma esquemática y sencilla.

En definitiva, el contrato resulta plenamente comprensible para un consumidor medio, por lo que, ya de por sí, debería superar los mencionados controles, a lo que además hay que añadir la valoración del resto de la prueba obrante en Autos, igualmente omitida por la juzgadora a quo.

1.4.- Información facilitada durante la ejecución del contrato. Importancia de los hechos posteriores al contrato, teniendo en cuenta que se trata de un contrato de tracto sucesivo y de duración indefinida

Afirma que tampoco ha sido valorada por la Juzgadora de instancia la información facilitada al consumidor durante la vida del contrato, es decir, durante la ejecución de este.

Argumenta que resulta de especial relevancia en un contrato de crédito revolving, de tracto sucesivo y duración indefinida, todos los hechos y acciones acaecidos durante la vida del contrato, que llevan a la conclusión de que el consumidor cliente entendía de forma clara el funcionamiento del contrato y era conocedor del coste del crédito. Todos estos actos contribuyen de forma clara a la transparencia y de hecho en la nueva OM del crédito revolventes se hace específica importancia a varios documentos a facilitarse durante la ejecución del contrato de crédito revolving.

Insiste en que tras la suscripción el contrato, la demandada hace llegar al consumidor toda una serie de documentación de vital importancia y que acredita el conocimiento del cliente del coste del crédito y de su operativa, a saber: (a) extractos o billingsmensuales y resúmenes anuales recibidos por el prestatario; (b) informes trimestrales.

Además, el prestatario hizo uso de la facultad de disposición prevista en las Condiciones 1ª y 2ª del contrato, solicitado activamente nuevas disposiciones. Invoca diversas resoluciones de distintas Audiencias Provinciales.

Considera por lo expuesto que el pronunciamiento relativo a la falta de transparencia del contrato discutido en los presentes autos debe ser revertido, declarándose que sí supera el doble control de transparencia, puesto que el suscribiente fue conocedor en todo momento no solo de la carga económica sino también del funcionamiento de la modalidad que había contratado. Cita de nuevo resoluciones de diferentes Audiencias Provinciales, algunas de ellas en concreta referencia a producto similar al que es objeto de esta litis, con modalidad de préstamo mercantil y opción de activación de cuenta permanente revolving (bi-contrato).

Segundo.- Superado el doble control de transparencia, no es factible entrar a analizar la supuesta abusividad de las condiciones esenciales del contrato ( art. 4.2 de la Directiva 93/13/CEE ): Argumenta que difícilmente puede predicarse desequilibrio y abusividad con un producto perfectamente regulado y reconocido como es el revolving y cuando éste además cuenta con una TAE perfectamente acorde a mercado.

Sin embargo, tanto el coste del crédito como la operativa del crédito revolving se configuran como el objeto principal del contrato, no pudiéndose efectuar sobre ellos el control de abusividad sobre la base de lo previsto en el artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores ( sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2020).

Aun cuando se estimara que la contratación no fue transparente y que el consumidor no tuvo los medios a su alcance para conocer la carga jurídica y económica que asumía, es importante recalcar que ello no implicaría per se la abusividad del precio pactado. En definitiva, aunque la cláusula que regula el interés remuneratorio pueda ser declarada nula por falta de transparencia, no implica que sea abusiva de forma automática, ya que la misma no provoca desequilibrio, si el interés pactado está por debajo del parámetro de los seis puntos porcentuales fijados por la Sala 1ª del Tribunal Supremo.

Concluye indicando que no podrá considerarse abusiva una determinada cláusula si, pese a un análisis de transparencia negativo, ésta no es contraria a las exigencias de la buena fe ni genera desequilibrio entre las partes, por lo que debería haberse analizado en todo caso por la juzgadora a quosi el interés pactado en la fecha de formalización del contrato resultaba o no usurario, y siendo negativa la respuesta, ello necesariamente habrá de conducir a descartar completamente la supuesta abusividad de la cláusula.

Tercero.- Costas: La estimación del recurso de apelación debe comportar la desestimación de la demanda interpuesta de contrario en su integridad, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, deberán imponerse a la actora las costas de la primera instancia.

Al recurso se opuso la parte demandante solicitando la confirmación de la sentencia.

SEGUNDO.- Contrato Revolving. Sobre las cláusulas que regulan el interés remuneratorio y el sistema de amortización. Control de transparencia.

*.- Sobre el contrato revolving.

Antes de abordar la cuestión nuclear del presente recurso de apelación, que no es otra que el control de transparencia de las cláusulas que regulan el interés remuneratorio y el sistema de amortización en el contrato objeto de litis, resulta conveniente, al hilo de las alegaciones de la parte apelante a propósito del contrato revolving, hacer unas breves consideraciones a este respecto, para lo cual entendemos suficiente traer a colación lo manifestado y expresado por el Tribunal Supremo en sentencia núm.- 149/2020, de 4 de marzo, señalando que "(...) son un tipo de contrato en los que se dispone de un límite de crédito determinado, que puede devolverse a plazos, a través de cuotas periódicas las cuales pueden establecerse como un porcentaje de la deuda existente o como una cuota fija. Se pagan así unas cuotas periódicas que se pueden elegir y cambiar dentro de unos mínimos establecidos por la entidad.

La peculiaridad de estos contratos reside en que la deuda derivada del crédito se "renueva" mensualmente: disminuye con los abonos que se hacen a través del pago de las cuotas, pero aumenta mediante las peticiones de numerario o el uso de la tarjeta (pagos, reintegros en cajero), así como con los intereses, las comisiones y otros gastos generados, que se financian conjuntamente.

Esta peculiaridad tiene sus consecuencias. Por una parte, si se paga una cuota mensual baja respecto al importe de la deuda, la amortización del principal se realizará a un plazo muy largo, lo que puede suponer que se tengan que pagar muchos intereses. Por otra, hace que no sea posible emitir un cuadro de amortización previo (como sí ocurre, por ejemplo, cuando se contrata un préstamo), al variar la deuda y, en su caso, las cuotas mensuales a pagar.

Precisamente por sus propias características, el Banco de España exige a las entidades una especial diligencia que se traduce en forma de recomendaciones que, si bien se refieren al comportamiento exigido a la entidad crediticia a lo largo de la vida del contrato, las mismas ponen de relieve la dificultad que supone para un consumidor medio apercibirse de la real carga económica que supone la suscripción del contrato, que es lo relevante para efectuar el control de transparencia, para lo que también se ha de tener en cuenta "el público al que suelen ir destinadas, personas que por sus condiciones de solvencia y garantías disponibles no pueden acceder a otros créditos menos gravosos."

De ello no cabe sino deducir que nos encontramos ante un producto o contrato que es complejo en su inteligencia para el consumidor medio, que exige del operador financiero una extremada diligencia en orden a las obligaciones que a él le incumben, más aún cuando, como en el caso, nos encontramos con un negocio jurídico que consta de dos productos (bi-contrato), con modalidad de préstamo mercantil y opción de activación de cuenta permanente revolving, en donde las condiciones de uno y otro contrato son totalmente distintas, de fácil comprensión para el consumidor en el caso del préstamo y complejas en su inteligencia en la modalidad revolving, que exigen -repetimos- una mayor diligencia del operador financiero para evitar la confusión del consumidor.

*.- Sobre las cláusulas que regulan el interés remuneratorio y el sistema de amortización. Control de transparencia.

En esta materia hemos de partir de las dos sentencias de Pleno del Tribunal Supremo, núm.- 154/2025 y 155/2025, de 30 de enero de 2025, sobre los requisitos de transparencia de las tarjetas revolving, con las que se pone fin a las distintas posturas habidas entre las Audiencias Provinciales al marcar, definitivamente, la pauta a seguir en la protección de los consumidores frente a la cláusula de fijación de la TAE en los contratos revolving.

Señala el Alto Tribunal en las citadas sentencias que la cuestión debatida es si la cláusula que establece el tipo porcentual del interés remuneratorio (TAE), considerada conjuntamente con las cláusulas que regulan el sistema de amortización al que va ligado esa TAE, es transparente en el sentido de los artículos 4.2 y 5 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 , sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores; y caso de no serlo, si es abusiva.

De este modo el Tribunal Supremo, ateniéndose a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores y, en concreto, en los contratos sobre crédito al consumo, declara y recuerda que en esta materia "el TJUE ha señalado que la exigencia de transparencia de las cláusulas no negociadas en contratos celebrados con consumidores que resulta de los arts. 4.2 y 5 de la Directiva 93/13/CEE no puede reducirse solo al carácter comprensible de estas en un plano formal y gramatical, sino que, por el contrario, toda vez que el sistema de protección establecido por dicha Directiva se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional en lo referido, en particular, al nivel de información, esa exigencia de redacción clara y comprensible de las cláusulas contractuales, y por tanto de transparencia, debe entenderse de manera extensiva ( sentencias de 30 de abril de 2014, C-26/13 , Kásler y Káslerné Rábai, apartados 71 y 72, de 9 de julio de 2015, C-348/14 , Bucura, apartado 52, y, más recientemente, de 20 de abril de 2023, C-263/22 , Ocidental-Companhia Portuguesa de Seguros de Vida SA, apartado 26)".

"Esta exigencia requiere que el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, esté en condiciones de comprender el funcionamiento concreto de tal cláusula y de valorar así, basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas, potencialmente significativas, de dicha cláusula sobre sus obligaciones ( sentencias de 10 de junio de 2021 , BNP Paribas Personal Finance, C-609/19 , apartados 42 y 43, de 10 de junio de 2021 , BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 a C-782/19 , apartados 63 y 64, y de 20 de abril de 2023, C-263/22 , Ocidental-Companhia Portuguesa de Seguros de Vida SA, apartado 26)".

"Por consiguiente, la exigencia de que una cláusula contractual debe redactarse de manera clara y comprensible se ha de entender también como una obligación de que el contrato exponga de manera transparente el funcionamiento concreto del mecanismo al que se refiere la cláusula de que se trate, así como, en su caso, la relación entre ese mecanismo y el prescrito por otras cláusulas, de manera que el consumidor de que se trate esté en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven para él ( sentencias de 30 de abril de 2014, C-26/13 , Kásler y Káslerné Rábai, apartado 75, C-96/14 , de 23 de abril de 2015 , Van Hove, apartados 41 y 50, de 20 de septiembre de 2017, C-186/16 , Andriciuc, apartado 45, de 3 de octubre de 2019 , Kiss y CIB Bank, C-621/17 , apartado 37, de 3 de marzo de 2020 , Gómez del Moral Guasch, C-125/18 , , apartado 43, y de 16 de julio de 2020 , Caixabank y BBVA? C-224/19 y 259/19, apartado 67)".

Añadiendo que "(E)sta interpretación de la transparencia implica que los profesionales deben proporcionar información clara a los consumidores sobre las cláusulas del contrato y sus implicaciones y consecuencias antes de la celebración del contrato. El TJUE ha enfatizado repetidamente la importancia de dicha información para que los consumidores puedan comprender el alcance de sus derechos y obligaciones en virtud del contrato antes de estar sujetos a este. Así, en las sentencias de 21 de marzo de 2013, C-92/11 , RWE Vertrieb, apartado 44 , y de 21 de diciembre de 2016, C-154/15 , C-307/15 y C-308/15 , Gutiérrez Naranjo y otros, apartado 50, de 13 de julio de 2023 , Banco Santander, C- 265/22 , apartado 51, y de 12 de diciembre de 2024, C-300/23 , Kutxabank, el TJUE ha declarado que reviste una importancia fundamental para el consumidor disponer, antes de la celebración de un contrato, de información sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de dicha celebración. El consumidor decide si desea quedar vinculado por las condiciones redactadas de antemano por el profesional basándose principalmente en esa información".

"El TJUE ha especificado los requisitos aún más, en particular con respecto a las cláusulas contractuales que son esenciales para el alcance de las obligaciones que los consumidores aceptan asumir. De la doctrina sentada en las sentencias de 21 de marzo de 2013, C-92/11 , RWE Vertrieb, apartado 49, de 26 de febrero de 2015, C-143/13 , Matei, apartado 74, y de 20 de septiembre de 2017, C-186/16 , Andriciuc, apartado 47, se desprende que al tener en cuenta el conjunto de circunstancias que rodearon la celebración del contrato, es necesario verificar que se comunicaron al consumidor todos los elementos que pueden incidir en el alcance de su compromiso, que se expusieron de manera transparente los motivos y las particularidades de la estipulación contractual, así como la relación entre dicha cláusula y otras cláusulas relativas a la retribución del prestamista, de forma que un consumidor informado pueda prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas que para él se derivan y le permitan evaluar, en particular, el coste total de su préstamo, permitiéndole evaluar las consecuencias financieras de este".

Descendiendo al supuesto de autos, el control de incorporación, configurado como control de cognoscibilidad ( sentencia del Tribunal Supremo núm.- 151/2024, de 6 de febrero), parte necesariamente de que el adherente haya tenido oportunidad real de conocer al tiempo de la celebración del contrato la existencia de la condición general controvertida y, en segundo lugar, que la misma sea legible y tenga una redacción clara, concreta y sencilla, que permita una comprensión gramatical normal.

La legibilidad de los contratos con consumidores, en relación con el tamaño de la letra empleado en su redacción, viene regulado actualmente en el artículo 80.1 b) del Texto Refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios (redacción dada por Ley 4/2022, de 25 de febrero), que impone un tamaño superior a los 2.5 milímetros y un espacio entre líneas superior a los 1.15 milímetros, así como que el contraste con el fondo sea suficiente para no hacer dificultosa la lectura. Antes de ello, la reforma del precepto por Ley 3/2014, de 27 de marzo, preveía un tamaño mínimo de letra de 1,5 milímetros. Ahora bien, a la fecha en que se firmó el contrato que nos ocupa (solicitud de préstamo mercantil con cuenta permanente),9 de julio de 2010, no existía norma alguna que vinculara la validez de un contrato con consumidores a un determinado tamaño de letra, por lo que la jurisprudencia del Tribunal Supremo se refería en estos supuestos a la posibilidad real de lectura.

De hecho, este Tribunal viene manifestando de modo reiterado que como los contratos se aportan en formato digital, pudiéndose obtener diversos tamaños de letra, habrá de estarse en realidad a la posibilidad real de lectura, lo que acontece en el caso concreto. Establecida la legibilidad de la documentación contractual, el contenido de la misma, de inicio, aparece clara y comprensible en términos gramaticales, por lo que en principio cabe aceptar que la adhesión se ha realizado con unas mínimas garantías de cognoscibilidad por parte del adherente consumidor a las cláusulas que integran el contrato. Conocimiento que no equivale necesariamente a su comprensibilidad real ( sentencia del Tribunal Supremo de 11 de abril de 2018), como seguidamente veremos.

Presupuesto el control de transparencia formal, en cuanto al control de transparencia material, es decir, el relativo a la garantía de que el adherente conozca o pueda conocer con sencillez tanto la "carga económica" que realmente supone para él el contrato celebrado, esto es, la onerosidad o sacrificio patrimonial que debe realizar a cambio de la prestación económica que quiere obtener, como también la carga jurídica del mismo, subrayamos que el Tribunal Supremo ha declarado en las dos sentencias antedichas que la información que debe suministrarse al consumidor al que se le ofrece una tarjeta o línea de crédito revolvente ha de cumplir con las exigencias establecidas en la normativa nacional y con aquellas que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha extraído de la Directiva 93/13/CEE. Y así,

"Debe exponer, de manera transparente por su contenido, forma de expresión y ubicación en el documento, el funcionamiento concreto del mecanismo de recomposición del capital y su influencia en la liquidación de los intereses y en la amortización del capital dispuesto, especialmente en los supuestos de incremento notable del riesgo, ya indicados: cuando la cuota periódica de pago no es elevada pero sí lo es el tipo de interés; y cuando se produce un impago y la capitalización de los intereses y las comisiones devengadas prolonga indefinidamente el pago de la deuda porque las cuotas periódicas, que por defecto se fijan en una cuantía mínima, apenas amortizan capital. Debe informarse, por tanto, de la relación entre la elevada TAE, el mecanismo de recomposición del capital y las demás cláusulas con trascendencia en la creación de los riesgos descritos, de manera que el consumidor esté en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven para él".

"En concreto, en lo que respecta al anatocismo, constituye una previsión contractual lícita, pero excepcional y con efectos significativamente gravosos para el consumidor, que requiere, por tanto, información clara al consumidor y que la redacción de la cláusula sea inteligible para el consumidor medio, como requisito para que pueda ser considerada transparente".

"En consecuencia, la información debe permitir al consumidor medio comprender el producto ofertado, tomar conciencia de los riesgos que se derivan del plazo indefinido o prorrogable automáticamente, el elevado tipo de interés, la recomposición constante del crédito, la escasa amortización del capital en el caso de cuotas bajas, y el anatocismo; y, asimismo debe permitirle comparar las diversas ofertas, tal como exige el art. 10 de la Ley de contratos de crédito al consumo, pues para optar por una u otra modalidad de amortización es necesario que las comprenda. Por tanto, es necesaria una información diferenciada sobre las características, los costes y los riesgos de las tres modalidades de financiación que por lo general son electivas, por más que en muchos casos se aplique, por defecto, la modalidad revolving. Porque la diferencia de la modalidad revolving con la modalidad de pago aplazado a fin de mes, sin intereses, puede ser fácil de comprender, pero no lo es tanto la diferencia entre la modalidad de pago aplazado, que es en realidad un préstamo al consumo, parecido a la compra a plazos, y la modalidad revolving".

"Para cumplir tales exigencias no es suficiente que la información contenga la TAE. En términos comprensibles para el consumidor medio, la información debe indicar que el sistema de amortización es del tipo revolving; debe establecer cuál es la cuota mensual (bien en una cantidad determinada, bien en un porcentaje de la cantidad dispuesta); debe establecer cuál es la duración del contrato; debe indicar si, y en qué casos, el interés se devengará no solo respecto del capital dispuesto sino también respecto del total de la cantidad adeudada (incluyendo intereses, comisiones e indemnizaciones devengadas); y deberá contener unos ejemplos adecuados tanto para comprender los riesgos del sistema como para permitir la comparación con otras modalidades de amortización o con las ofertas de otras entidades financieras. Es preciso que la información incida sobre la forma en que esa elevada TAE opera en la propia economía del contrato, dada las particularidades del sistema de amortización y las demás cláusulas a que se ha hecho referencia. Y debe hacerlo de modo claro y comprensible, no de una forma dispersa a lo largo de un extenso documento y en términos poco expresivos de los riesgos del sistema de amortización revolving, como es el caso objeto de este recurso".

Pues bien, dichas exigencias no se cumplen con el contenido del documento contractual denominado "cuenta permanente".En efecto, nada en concreto se explica sobre lo que comporta la realización de disposiciones sucesivas, más allá de determinar la TAE aplicable (condición particular 4ª), el cálculo de los intereses, con la expresión de la fórmula matemático financiera (condición particular 5ª), y el modo de reembolso (condición particular 3ª) con el abono de unas cuotas mensuales cuya concreta cuantía ni siquiera llega a precisarse, al igual que, sobre su composición, no existe mayor precisión que la obvia, al afirmar que "El reembolso mensual o cualquier otra cantidad que los titulares abonen, comprende el pago de intereses, comisiones, gastos, indemnizaciones o penalizaciones, caso de devengarse, primas del seguro, caso de suscribirse, y reembolso del principal adeudado, imputándose en ese orden".

Insistimos en que para tomar conciencia sobre la verdadera carga económica que tiene el contrato no es suficiente con conocer el porcentaje de interés, es necesario también tomar conocimiento del sistema de financiación revolvente en sí mismo; pues en esta singular modalidad de financiación, no sólo se presta un capital a restituir con intereses en cuotas periódicas, sino que, adicionalmente, esa restitución periódica por el prestatario a su vez vuelve a conformar o recomponer el capital disponible, alterando con ello los términos y cuantías que determinan después los posteriores pagos del prestatario. En el caso concreto, pese a lo alegado por la apelante, no existen en el documento contractual elementos relevantes y decisivos para comprender los efectos del sistema de amortización. Repetimos que lo que explica el documento, en orden a la cuenta permanente, es únicamente el tipo de interés aplicable en función del saldo pendiente, sin aportar -pese a lo que afirma la recurrente- ejemplo alguno, salvo para definir la primera disposición, más no así las restantes, para las que se advierte que su cálculo dependerá de la cantidad solicitada y del tipo de interés aplicable.

Pues bien, si atendemos al coste del crédito (condición particular 4), la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que la información debe indicar, también, si y en qué casos el interés se devengará no solo respecto del capital dispuesto sino también del total de la cantidad adeudada (incluyendo intereses, comisiones e indemnizaciones devengadas) e incluir ejemplos adecuados tanto para comprender los riesgos como para permitir la comparación. En el supuesto enjuiciado lo que se advierte y constata es que el coste real de la operación será siempre superior al que aparece en la documentación contractual, no solo porque la TAE fijada obedece a un cálculo meramente teórico, sin inclusión de comisiones, gastos y otros conceptos como la prima del seguro, sino porque tampoco tiene en cuenta la reutilización del disponible.

En definitiva, el contenido del documento contractual no es suficiente para que el consumidor tome conciencia de la naturaleza y consecuencias del mecanismo de amortización revolving.Así, no recoge advertencia alguna de que, en función de los pagos y disposiciones que se realizan, la devolución del crédito pueda llegar a alcanzar una proporción mínima frente al resto de cargas financieras; ni que, en realidad y como es propio de esta modalidad contractual, los intereses generados, las comisiones y otros gastos repercutibles son financiados junto al resto de las operaciones, por lo que, cuanto menor es el importe de la cuota a pagar, mayor es el plazo que se precisa para saldar la deuda acumulada. Es decir, nada se explica sobre la muy gravosa consecuencia de que lo amortizado de capital es mínimo, viéndose obligado el contratante al pago a lo largo de los años de elevadas cantidades en concepto de interés mientras que el capital apenas disminuye, de tal forma que no existe proporcionalidad alguna entre la suma dispuesta por aquel y lo que realmente se ve obligado a satisfacer. En otras palabras, no se advierte sobre el efecto de "bola de nieve"que es susceptible de ocasionar el sistema empleado para la amortización del crédito.

Sentado lo anterior, y pese a lo mantenido por la apelante, carece de relevancia que en el devenir de la relación contractual la entidad financiera haya ofrecido una información más o menos detallada sobre los efectos derivados del crédito a través de extractos mensuales y anuales, o en "la carta de bienvenida", informando de las características esenciales del crédito, pues la información ha de proporcionarse en el momento de la contratación y no con posterioridad. Por la misma razón, ninguna incidencia tiene en la valoración de la transparencia el uso reiterado que la demandante haya realizado del crédito, con el que no es dable presuponer más conocimiento que el de su obligación de abonar los intereses por el aplazamiento.

En conclusión, la falta de transparencia de las condiciones que definen el contenido esencial del contrato autoriza a realizar el control de abusividad; existiendo un grave desequilibrio derivado de la falta de información, pues el consumidor ignora los riesgos significativos que entraña el sistema de amortización, no pudiendo comparar la oferta realizada por COFIDIS con las de otros sistemas de amortización; y así, al prestar su consentimiento y firmar, se compromete sin saberlo en un contrato que le puede deparar graves consecuencias y un sobreendeudamiento.

Procede, en consecuencia, desestimar el recurso de apelación y confirmar la sentencia de instancia, sin perjuicio de precisar -de oficio- que la consecuencia jurídica de la abusividad de las cláusulas examinadas no es otra que a nulidad del contrato o línea de crédito pactado, pues el contrato no puede subsistir sin tales cláusulas puesto que su supresión provocaría como consecuencia la modificación de la naturaleza del objeto principal del contrato (sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de junio de 2019).

TE RCERO.- Costas de la alzada.

Las costas de esta alzada se imponen a la parte apelante ( artículo 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su redacción anterior al Real Decreto 6/2023, al tratarse de un procedimiento anterior al 20 de marzo de 2024).

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación en nombre de S.M. EL REY y por la Autoridad que nos confiere la Constitución Española, pronunciamos el siguiente: