Sentencia Civil 1214/2024 Audiencia Provincial Civil de Córdoba nº 1, Rec. 1220/2024 de 20 de diciembre del 2024

Se aceptan los Fundamentos Jurídicos de la Sentencia en cuanto no se opongan a los de ésta, y

PRIMERO.- Se trata en este caso de impugnación de rendición de cuentas por la AC en el concurso referenciado inicialmente instada por "SANIVO ABOGADOS S.L.P.", en adelante SANIVO, con acumulación al incidente incoado (número 32) de impugnación formulada por la representación de la entidad concursada, en adelante la concursada (incidente 33), que ha venido a ser resuelto por la sentencia de primera instancia en los términos indicados.

El recurso de apelación de SANIVO, tras una alegación preliminar sobre la poca información suministrada en la rendición de cuentas y la falta de respuesta en la sentencia sobre el fondo, se funda en los siguientes motivos:

.-primero,vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del articulo 24 CE por falta de motivación de la sentencia;

.-segundo,errónea interpretación del régimen jurídico aplicable a la rendición de cuentas en la sentencia apelada, y aplicación del articulo 102 del Texto Refundido;

.-tercero,falta de motivación de la sentencia pues afirma la ausencia de valoración de la pruea practicada en el juicio, al tiempo que se afirma la existencia de una errónea valoracion de la prueba;

.-cuarto,improcedente fijación de la cuantía del procedimiento en la sentencia, que, entiende, debería de ser "indeterminada";

.-quinto,improcedencia de la condena en costas que se contiene en la sentencia por las peculiaridades de lo discutido y la falta de datos suficientes proporcionados en su día sobre las cuentas de que se trataba.

En el recurso de apelación de la concursada, tras hacer referencia a la finalidad de su impugnación y a indicar que la sentencia apelada no da respuesta individualizada a ninguna de las cuestiones propuestas ni analiza la prueba en relación con los hechos alegados, se recogen los siguientes motivos:

.-primero,error en cuanto a la normativa aplicable a la rendición de cuentas, pues aplica el articulo 478 TR en relación con el 468 del mismo, entendiendo aplicables los articulos 102 y 395 sobre la obligación de rendir cuentas incluyendo la parte numeríca, 478 a 480, sobre las normas que la regulan, su oposición y los efectos consiguientes, 468 sobre la parte numeríca, tratándose de supuesto de rendición de cuentas por aprobación de convenio, sin informes trimestrales ni informe final de liquidación, remitiéndose a la sentencia de esta Sala de 10.11.2021 sobre cese de administrador antes de la conclusión del concurso, al igual que la SAP de Madrid de 17.3.2023.

.-segundo,error en la sentencia al desestimar la oposición de la recurrente en base a la inexistencia de perjuicio para la concursada y los acreedores;

.-tercero,incongruencia omisiva a omitir cualquier análisis y respuesta a lo planteado por la recurrente en relación al exceso en que incurrió el AC a la hora de suscribir el contrato de compraventa de la unidad productiva, sin existir valoración de la prueba;

.-cuarto,incongruencia omisiva sobre lo planteado por la recurrente en relación con la imposibilidad de comprobar el precio definitivamente fijado para la compraventa, existencia contradicciones del AC, con ausencia o error en la valoración de la prueba;

.-quinto,incongruencia omisiva a propósito de lo planteado sobre la existencia de numerosos movimientos no debidamente identificados que impidan analizar si son o no ajustados a Derecho, con ausencia de valoración de la prueba;

.-sexto,error en cuanto al déficit de información aportada por la AC em relación a los derechos de crédito que la concursada ostentaba a su favor, con error en la valoración de la prueba;

.-séptimo;error en cuanto a la fijación de la cuantía del procedimiento que entiende debe de ser indeterminada acorde con lo que se pretende con la impugnación, analizar el uso de la AC de las facultades que le fueron concedidas y la información del resultado y saldo final de las operaciones que ha realizado, persiguiéndose una sentencia meramente declarativa, sin pronunciamiento de condena, no el valor del patrimonio gestionado; y

.-octavo,improcedencia de la condena en costas a la recurrente entendiendo aplicable la excepción a la regla general por existencia de serias dudas de hecho o de derecho, lo que entiende procedente a la vista de que la AC ha aportado la información que debía de aportar con su informe de rendición de cuentas con la contestación a la demanda, lo que justificaría la desaprobación de la rendición de cuentas presentadas y, en todo caso, la improcedencia de la condena en costas a la recurrente.

SEGUNDO.- INCONGRUENCIA OMISIVA.- Por razones obvias hemos de referirnos a las cuestiones procesales que se denuncian en primer término.

Una vez que en el recurso de la concursada existen en diferentes motivos (3,4 y 5) en los que se habla de incongruencia omisiva, se le ha de dar una respuesta unificada en ese particular extremo a esos motivos, dejando lo que también se dice en esos motivos sobre el error en la valoración de la prueba para momento posterior. Lo mismo cabe decir sobre lo que se invoca de falta de motivación en la sentencia por el recurso de SANIVO.

El caso es que tanto cuando se habla de incongruencia omisiva como cuando se habla de falta de motivación se está poniendo de manifiesto, a juicio de cada una de esas representaciones, la existencia de un defecto procesal en la sentencia, lo que tiene su cauce inicial en la petición de aclaración o complemento de la sentencia conforme a los artículos 214 y 215 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, esto es, se impone que se denuncie en la instancia y allí se intente solventar inicialmente. Esto es un presupuesto ésta para que esa misma cuestión pueda reproducirse como motivo de apelación conforme a articulo 459 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y sanciona reiteradamente nuestra jurisprudencia ( SsTS 1747/2023 de 18.12, 1624/2023 de 22.11 y 230/2021 de 27.4).

Por lo tanto se ha de descartar aquí existencia de incongruencia omisiva o de falta de motivación, teniendo en cuenta, además, que seguidamente se habla de error en la valoración de la prueba y se resuelve sobre las oposiciones planteadas a la rendición de cuentas.

TERCERO.- CUANTÍA DEL PROCEDIMIENTO.- La sentencia apelada FJ 4 párrafo primero) considera la cuantía del procedimiento determinada en 8.014.528,03 euros remitiéndose a los escritos de oposición formulados (FJ 3), que lo que dicen para justificar esa cuantía es que "se impugna la rendición de cuentas realizada por un gestor de patrimonio ajeno, la cuantía del presente procedimiento ha de ser coincidente con la última valoración que conste en las actuaciones de la referida masa patrimonial".

La cuantía de un procedimiento es criterio para determinar qué tipo de procedimiento ordinario ha de seguirse a salvo los casos en que la propia norma establece un determinado trámite a la pretensión ejercitada por razón de la materia de que se trate, y esto, entendemos, sea cuantificable o no aquélla, a ello se remite el articulo 248 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil que establece las reglas al efecto salvo que "no tenga señalada por la Ley otra tramitación".Esto último es lo que ocurre en el presente caso en el que estamos en un supuesto de oposición a la rendición de cuentas presentada por la AC, en cuyo caso se tratará de un incidente concursal mas (articulo 532.1 y 479.5 TR). Por lo tanto, estamos ante un caso llamado por razón de su objeto a la tramitación como incidente concursal, y ello al margen del contenido económico de la pretensión o el interés económico que haya tras de aquélla.

La STS 1323/2023 de 25.7 dice que "La fijación de la cuantía del procedimiento no integra propiamente el objeto principal de la tutela judicial solicitada en una demanda, sino que, en línea con lo declarado por esta sala en sus autos de 13 de septiembre de 2005 (queja 170/2005 ) y 140/2015, de 20 de enero , tiene un carácter meramente instrumental en cuanto que no constituye un fin en sí mismo, sino una premisa para el examen de otros presupuestos procesales, como son los expresados en el anterior párrafo. Por tal razón, la cuantía del procedimiento no es objeto propio de un pronunciamiento de la sentencia ni por tanto tiene sentido que sea el único objeto del recurso de apelación o de los recursos extraordinarios" .

En base a ese pronunciamiento la SAP de Asturias, sección 4, 479/2023 de 5.10, viene a extraer, y se comparten, cuatro principios:

"a) La cuantía no ha de quedar fijada necesariamente en la vista del juicio verbal o en la audiencia previa si no es relevante para determinar el procedimiento a seguir o la procedencia del recurso de casación.

b) Las discrepancias sobre esta materia deben resolverse en el trámite procesal más adecuado, según sea la función que cumple la fijación de la cuantía que se pretende en cada caso. Es decir, (i) en la audiencia previa o en la vista del juicio verbal, cuando se trata de determinar la clase del procedimiento o la procedencia de la casación. En otro caso, el demandado no tiene la carga de impugnar la cuantía recogida en el decreto de admisión de la demanda, que carece a estos efectos de fuerza de cosa juzgada sobre este extremo, ni el juez tiene que fijar la cuantía correcta en la audiencia previa; (ii) en los trámites de admisión del recurso, cuando se trata de determinar si la sentencia es apelable o si la apelación debe ser resuelta por la Audiencia Provincial colegiadamente o actuando como tribunal unipersonal; (iii) en el incidente de tasación de costas, cuando se trata de valorar la corrección de los honorarios del abogado (o los derechos del procurador, cabría añadir) o de aplicar el límite establecido en el art. 394.3.º LEC .

En este sentido, se precisa que aunque la jurisprudencia de la Sala 1ª ha indicado que el incidente de impugnación de la tasación de costas no tiene por objeto fijar la cuantía del pleito, y que puede solicitarse la revisión de la tasación cuando de forma notoria, grave y manifiesta haya sido aplicada incorrectamente la base constituida por la cuantía litigiosa, ello no impide que cuando la cuantía del procedimiento no ha quedado fijada en la fase declarativa del proceso -y no se entiende por tal el contenido del decreto de admisión: la fijación solo se produce cuando las partes la hayan fijado de común acuerdo o el juez la haya fijado en la vista del juicio verbal o en la audiencia previa del juicio ordinario -, en el incidente de impugnación de la tasación de costas, al valorar los distintos parámetros pertinentes para fijar los honorarios del abogado y los derechos del procurador, uno de los parámetros sobre los que sea preciso pronunciarse sea el de la cuantía del procedimiento.

c) La parte demandada puede manifestar su disconformidad con la cuantía del procedimiento fijada en la demanda también en los casos en que la fijación de esa cuantía no afecte a la clase de procedimiento a seguir ni al acceso a los recursos y el juez, cuando considere que ello favorece el buen orden del proceso, puede resolver sobre esta cuestión (no está obligado a ello) en la vista del juicio verbal, o en la audiencia previa al amparo de lo previsto en el art. 425 LEC . En tal caso, la cuantía del procedimiento queda ya fijada en la fase declarativa del proceso. Si no lo considera necesario, el juez diferirá la resolución de la discrepancia al momento procesal que sea más oportuno, según lo explicado en el apartado anterior.

d) Las exigencias derivadas del principio de buena fe procesal ( art. 11.1 LOPJ ) impiden que los litigantes pretendan que se fije una cuantía del procedimiento favorable a sus intereses cuando ello contradiga, en contra de las exigencias de la buena fe, su anterior conducta procesal".

Si esto es así, e indiscutida la procedencia del trámite incidental, podemos decir que la cuantía del procedimiento no puede ser en este momento cuestión controvertida para la resolución de la aprobación o no de la rendición de cuentas, que es a lo que está llamada la sentencia que corresponda dictar, lo que no quita para que llegado el momento de tasación de costas, de existir condena a su pago, esa cuestión pueda plantearse para la correcta determinación de alguna de las partidas que integran aquéllas. Es por ello por lo que en este momento no hay cuantía del procedimiento que fijar, siendo improcedente lo que al efecto se pueda decir en sentencia, lo que conduce, no a la exclusión de ese pronunciamiento en el fallo de la sentencia dictada pues es lo cierto que éste nada expresa sobre esa cuestión, sino a tener por excluido lo que se recoge en el párrafo primero del fundamento jurídico cuarto de la misma, estimándose en este sentido este motivo de impugnación.

CUARTO.- CONTENIDO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS.- Dice la SAP de Madrid, sección 28, número 444/2017 de 6 de octubre, y reitera en la 451/2023 de 16.6, que la rendición de cuentas supone que se ofrezca un detalle de información razonable como para poder conocer y seguir la gestión desarrollada por aquella Administración Concursal, y el objeto del proceso de oposición a la aprobación de rendición de cuentas de la Administración Concursal consiste en un examen de reproche sobre la corrección y procedencia de los propios actos ejecutados en su gestión por ese órgano concursal, lo que comportará un verdadero juicio de reproche respecto de ellos, para determinar la imposición o no de la sanción civil de inhabilitación temporal. Para ello, como dice la STS de 6.4.2017, "[n] o cualquier irregularidad que pueda aflorar con la impugnación de la rendición de cuentas debe justificar la denegación de su aprobación, sino aquellas que por su entidad resulten relevantes".

La rendición de cuentas a que nos referimos aquí es a la procedente por aprobación de convenio lo que nos remite al artículo 395 TR, no al 102 del mismo por el cese del Administrador Concursal, simplemente por razones de especialidad, tan es así que el articulo 38.4 de la Ley Concursal ya contemplaba la remisión de esa rendición de cuentas del AC cesado (con nombramiento de otro) a las formas de la que procedía en caso de liquidación (supuesto al que se refería la sentencia de este Tribunal 1091/2021 de 10.11 y que cita la concursada). Con la aprobación del convenio cesan los efectos del convenio y con ello el nombramiento del Administrador Concursal, pero es una mera pausa hasta ver lo que sucede con el convenio, pues es después cuando se acordará la conclusión del concurso precisamente con ese mismo Administrador Concursal. No es equiparable una situación con otra , y parece que eso es lo que se pretende en ambos recursos, confundir ambas situaciones y dar el mismo tratamiento, lo que, a juicio de este Tribunal, no cabe.

El artículo 102 remite a cómo ha de hacerse aquélla a lo dispuesto en la sección 3º, capítulo 1º del Título XI TR (artículos 478 a 480), tesis propugnada por las recurrentes.

La regulación contenida en los artículos 478 a 480 TR está contemplada inicialmente para los supuestos de liquidación u otros supuestos de conclusión. Es por ello por lo que no cabe identificar sin más la rendición de cuentas prevista para la conclusión del concurso, con la del momento en el que se encuentra el que aquí se trata, en el que quedará por ver el cumplimiento o no del convenio, tras lo cual si procedería la conclusión conforme al artículo 465.4 TR.

El artículo 395.2 TR se limita a hablar de rendición de cuentas en el plazo que se le señale. A ello se añade que se ha entendido que el contenido numérico, a salvo los pagos al Administracion Concursal, se ha remitido al informe previo a la conclusión con el contenido que recoge el artículo 468 citado.

La regulación contenida en la Ley Concursal era muy deficiente dando lugar a posturas dispares, incluso contradictorias sobre su contenido que, se ha dicho, que venia a ser un auténtico cajón de sastre donde se introducían muchas cuestiones, muchas ajenas a la finalidad del enjuiciamiento de la gestión del Administrador Concursal, creando la lógica inseguridad jurídica, e imponiéndose una actuación del legislador. Ésta se produce con el Texto Refundido de 2020 (RDL 1/2020 de 5.5) que, hay que entender, pretendía acotar la rendición de cuentas a su contenido lógico, dar cuentas de cómo el Administrador Concursal ha venido a gestionar las facultades que se le han concedido, como cualquier gestor de negocios ajenos, sea por título público o privado, lo que sucede es que en este caso (aprobación del convenio) es cuando se supone que ha acabado su actuación por el momento, y sin olvidar la información previa a través de los informes, provisional y definitivo, acompañado a los textos correspondientes, en la fase común, o los informes trimestrales, cuando pasa a liquidación.

En un caso, existencia de convenio, estamos hablando de una rendición de cuentas anticipada (sometida al cumplimiento o no del convenio), y en otro, de rendición de cuentas final, que también se tendría que dar en caso de previo convenio conforme al artículo 478.1 TR, con un contenido u otro según la suerte de éste, repetimos.

Ha existido una interpretación general de que comprendía un doble objeto, justificativo a modo de memoria de actividad, el primero, y de índole predominantemente económico, el segundo. Éste sería el aspecto numérico al que se ha hecho referencia en este procedimiento, y una vez que éste tendría que incluir el resultado y saldo final de las operaciones realizadas, lo que ha motivado distintas interpretaciones sobre la amplitud de esa información y documentación que, en su caso, se tendría que aportar, esto especialmente en los casos de liquidación.

Aquí se ha opinado por la doctrina más consolidada que se producía una nueva confusión y que podía producir en que con un contenido referido a actuaciones realizadas por el Administracion Concursal puestas de manifiesto con anterioridad, surgieran motivos de oposición propios de otros momentos del concurso en los que bien hubo conflicto ya resuelto, o no lo hubo, jugando el principio de preclusión, todo favorecido por la poca precisión de esa rendición de cuentas, acompañada por la falta de regulación de específicos motivos de oposición, incluso a veces confundible con el incidente de oposición a la conclusión del concurso. Incluso se ha entendido que la parte denominada numérica de la rendición de cuentas se ha llevado al art 468.2 TR y que sería el informe final de liquidación.

De cuanto antecede se desprende que la rendición de cuentas de este supuesto no puede confundirse con la rendición de cuentas de la conclusión del concurso.

De esta forma el informe de rendición de cuentas quedaría limitado a la memoria explicativa y, como parte numérica o contable a la remuneración del Administrador Concursal.

Asi se manifiesta la de Murcia de 8.7.2021, cuando dice que ""[t] iene lugar una degradación de la rendición de cuentas, pues se reduce a la parte expositiva o explicativa referente a la utilización hecha de las facultades conferidas, con un detalle exhaustivo de lo relativo a la retribución, en tanto que la parte numérica relativa a la información del resultado final y saldo de las operaciones realizadas se desplaza al informe final de liquidación o informe de conclusión ( art 468.2 y 6 y 474.1 TRLC )".

La SAP de Málaga, seccion 6ª, 1481/2022 de 28.9, ya decía que "[s] i se exigía al AC que la rendición de cuentas incluyera una relación de todos los pagos efectuados, una clasificación de los acreedores, un listado de los créditos contra la masa devengados hasta ese momento, la indicación de las fechas de sus vencimientos, los pagos efectuados y los criterios seguidos para ello, no era difícil adivinar que se abría la espita para que, en el trámite de oposición, resurgieran todos los conflictos que habían jalonado el concurso",y señalaba que la rendición de cuentas "quedaría limitada conforme al articulo 478 TRLCa la "justificación cumplida de la utilización que el AC haya hecho de las facultades conferidas" y en lo que sería el aspecto numérico de la rendición de cuentas exclusivamente al examen de las cantidades percibidas por el AC. Como dice el autor antes citado este extremo comprendería: a) detalle de la retribución que le hubiera sido fijada por el juez para cada fase del concurso, con especificación de las sumas percibidas, incluidas las complementarias, y fechas de percepción; b) pagos efectuados al auxiliar o auxiliares delegados, expertos, tasadores o entidades especializadas contratadas; y c) número de trabajados asignados al concurso y número total de horas dedicadas".

Esto supone que ni se haya que relacionar todos los pagos de créditos contra la masa realizados en el concurso, salvo aquellos que sean considerados relevantes, ni aportar ni la contabilidad llevada por el Administrador Concursal ni los soportes o facturas de los pagos efectuados. A ello se ha de unir que en los textos definitivos se incluía informe sobre contabilidad (artículo 292 TR) y pagos, y se relacionaban los créditos contra la masa con su respectivo vencimiento (artículos 288 282 TR) , y un orden legal de pagos (artículo 242 TR) sin que aquí se cuestione la existencia de masa activa para su pago. Esto nos viene a llevar a la conclusión de que existían datos ya conocidos en el concurso sobre los créditos contra la masa, la contabilidad de la concursada y pagos realizados o pendientes, marcándose su vencimiento y, en un discurrir normal, su pago en ese momento.

En este caso, lo relativo a la retribución del Administrador Concursal se ha incluido con el detalle preciso, y se ha acompañado listado completo de movimientos de la cuenta corriente a través de la que el Administrador Concursal ha estado realizando los actos de contenido económicos de su función en este concurso.

Con estos presupuestos vamos a dar respuesta a gran parte de los motivos que se plantean en los dos recursos.

QUINTO.- RECURSO DE LA CONCURSADA.- Lo expuesto en el apartado anterior ya quedan respondido para desestimar el motivo primero de la concursada.

Lo mismo cabe decir respecto segundo y tercero, y a propósito de la compraventa de la unidad productiva, contamos con que esta contó con la aprobación judicial, habiéndose justificado cumplidamente la situación de la concursada que estaba llamada a la pérdida derechos productivos (prescindiendo de la improcedencia de tramitar un segundo concurso sin haber cerrado el anterior, a lo que el AC, estrictamente como tal, no tenía relación alguna), y con ello la posibilidad de seguir con su objeto social, al menos en lo que se refiere a la gestión del primer equipo. Prescindiendo de cualquier otra consideración, era el activo con el que se contaba, no consta que existiera precio superior o mejores condiciones y estaba autorizada la venta. Esa decisión judicial fue objeto de impugnación, sin que aquí se pueda reproducir la cuestión.

Sobre el precio de la operación hay que remitirse a lo dicho con anterioridad, y a las previsiones contenidas en el contrato de compraventa elevado a público en escritura de 22.4.2022, y que contemplaba, entre otras condiciones que "el exceso de pasivos necesarios para el funcionamiento un mayor precio de la oferta", "se irá abonando puntualmente por parte de la Compradora, a solicitud de la Vendedora, según se vayan cumpliendo los devengos de las obligaciones de pago previstas, a cuenta y cargo del precio de compraventa de la Unidad Productiva...",ello pese a que la compraventa era libre de cargas y gravámenes (estipulación 4.1, página 43). Todo ello sometido a aprobación judicial y que, en cuanto a la previsión de un sobreprecio por razón de las deudas de la concursada que asumía la adquirente (algunas ya pagadas) y hasta un importe de 6.809.626,51 euros, todo ello debidamente documentado al elevar a público el documento privado en escritura pública de 22.4.202 (documento n. 16 de la contestación a la concursada), sin dejar de hacer notar que se recogió la existencia de discrepancia sobre deudas de la concursada (precisamente AEAT y descontadas de créditos mantenidos con a LaLiga) que se entendía que debían de haber sido atendidas por la adquirente (incidente 27), ya resuelto en trámite de apelación por este Tribunal y pendiente de recurso de casación. La valoración que ahora se discute se incluyó así en el texto definitivo, sin mediar impugnación. En todo caso, si se entiende por la parte que eso no es suficiente y es determinante de cualquier responsabilidad del AC no es este el trámite en el que ello se ha de dilucidar. No quita ello para que conforme a la estipulación sexta, quedar abierta para ulterior reclamación, que podrá hacer la concursada.

El motivo quinto, sobre los movimientos no identificados, se entiende respondido en lo dicho con anterioridad sobre el contenido de la rendición de cuentas.

El motivo sexto merece igual respuesta, remitiéndonos a lo que se le indica por la AC en su escrito de oposición, lo que sobre esos créditos que identifica la parte constaba en los textos provisional y definitivo con sus correspondientes informes sin que se impugnara esa partida y, por último, con la libertad de acción que tiene la concursada para reclamar otros importes si entiende que no eran certeros los datos suministrados, concurriendo un dato de singular interés como es el que la parte recurrente nada diga a propósito de esas dudas una vez que ha tenido a su disposición la contabilidad de la concursada lo que no ha tenido más remedio que reconocer, no siendo de recibo lo que se ha dicho sobre imposibilidad de examen de la misma que no deja de ser una alegación de parte, y que esto se mantenga durante toda la tramitación del procedimiento, aparte de que sometidas las cuentas a aprobación de la Junta General, como cualquier entidad mercantil, no las aprobaron pero evidentemente se sometieron a su consideración por parte del AC. Nada se dice sobre el cobro o no de los créditos reconocidos en la lista definitiva (números dos y tres).

De cuanto antecede y remitiéndonos a lo antes expuesto sobre incongruencia omisiva y cuantía del procedimiento, se desestiman los seis primeros motivos del recurso e la concursada.

SEXTO.- RECURSO DE SANIVO.- Nos remitimos a lo antes expuesto sobre el contenido de la rendición de cuentas, excluyendo cualquier parte numérica distinta al pago de los honorarios del AC y sus auxiliares, sin que, como se dijo con anterioridad, no es es este el momento de pedir justificaciones de los créditos contra la masa que se hayan pagado, remitiéndonos nuevamente a los contenidos de los textos definitivos en ese apartado, no haciendo mención, ni dando datos de créditos de esas características que fueran pagados indebidamente o de forma irregular, y sin que tampoco sea exigible aquí la aportación de las facturas lo que ya parecía claro con anterioridad a TR de 2020 y que de poco serviría pues ese trámite no es hacer una auditoría de cuentas, más aun cuando están hechas (documentos 12 a 14 de los aportados con el informe).

No es de menor importancia el hecho de que los acreedores, como la entidad recurrente, han estado personados en el procedimiento con conocimiento de todo lo tramitado. Con ello se responde a lo que la parte indica sobre el crédito de "Grupo Agaz Abogados y Consultores", reconocido como tal en el texto definitivo, por lo que no se comprende lo que se pretende con ese crédito, si con anterioridad no se ha impugnado su inclusión en el pasivo.

Igualmente si se entiende que no fue correcta la contratación a la testigo sra. Estrella para llevar la contabilidad de la concursada a persona que llevaba también la de la adquirente, lo cierto es que es una realidad, se trata de hecho realizado por la AC y si estima que es fuente de responsabilidad, la parte tiene la vía libre para reclamarla, si así lo entiende, aparte de que, de considerarse irregular, no sería relevante, como sería preciso según señala la STS 6.4.2017 antes citada.

Lo que se indica en este recurso sobre no haberse tenido en cuenta la declaración del representante legal de la concursada, don Jesús, la respuesta no puede ser la que da la parte pues cómo se puede entender acreditado con su sola manifestación que la contabilidad no ha podido ser examinada como antes se ha dicho, o que las gestiones con la LaLiga o la Federación, realizada por él daban otros resultados a los sostenidos por el AC, no es esa la prueba adecuada, y ya se ha puesto de manifiesto en el incidente 37 de este concurso esa situación, de lo que las partes han podido tener cumplido conocimiento.

La existencia de perjuicio para los acreedores a que se refiere la parte no consta otro que el derivado de la existencia del concurso que ha contado con convenio aprobado debidamente y a cuyo cumplimiento se ha de estar. Nada tiene que ver con eso la actuación del AC y sin que conste que lo hecho u omitido por el AC suponga una privación de la facultad de la concursada de reclamar lo que entienda le corresponde.

Sobre el precio de la venta de la unidad productiva y los créditos frente a LaLiga, nos remitimos a lo antes dicho en respuesta al otro recurso, incluida la valoración que merece la declaración del representante legal de la concursada, mediando derechos políticos ejercidos en virtud de prenda de acciones a favor de la entidad Azeveco S.L., precisamente en el contrato de compraventa de su paquete de acciones a la entidad que a la fecha de declaración de este concurso (el segundo) era la accionista mayoritaria. Atendido el alcance de la resolución que en este incidente podría dictarse, podría poner en tela de juicio la legitimación de Azeveco, quedándole el hecho de ser parte en el concurso, no haberse aquí cuestionado y la interpretación amplia que se hace en orden al ejercicio de acciones.

El recuerdo de cuestiones sometidas ya a decisión judicial (petición de separación del AC, incoación de segundo concurso sin cerrar el primero, recusación del inicial Juez que tramitó el concurso) no es propio de este trámite, sin que se pueda volver a entrar en ellas, ni ser motivo de desaprobación de cuentas. Volviendo a remitir a la parte a la reclamación de responsabilidad del AC, si lo estima conveniente.

En cuanto al crédito de Tremon, negociado y que no contó con autorización judicial (auto de 21.9.2021 y confirmado, resolviendo recurso de reposición, por otro de 28.100.2021) , se trata de una actuación que reduciría el importe de mismo contemplando que era la concursada la efectiva usuaria beneficiándose de ese uso, aunque no la arrendataria (que era la Fundación Córdoba Club de Fútbol) con la que mantenía una estrecha relación. Pero es que se trataría de un acuerdo alcanzado con la indicada y clara finalidad, sometido a la previa a la autorización judicial y que no se consiguió. No es una irregularidad, sino una gestión que no fue aprobada sin más. Esa situación de la concursada fue objeto de sentencia de 18.9.2018, rollo 439/2018 de este Tribunal, que determinó la existencia de precario, siendo inadmitido el recurso de casación presentado. Nada se dice sobre que la actuación del AC supuso un intento de creación de crédito a favor de Tremon, donde antes no había nada. Se indican (página 25 del informe) los créditos reconocidos a esa entidad, el que versaría sobre el uso de la ciudad deportiva se califica de contingente ordinario, a lo que se indica como crédito contingente por posesión no autorizada y que se menciona en el informe impugnado. No puede ser esta actuación considerada como determinante de la desaprobación del informe de rendición de cuentas.

Sobre el "oscurantismo"a propósito de los procedimientos interpuesto por el AC contra la entidad adquirente de la unidad productiva, no se acepta esta alegación. Contamos con que ya en la lista definitiva, y como créditos contingentes, se reflejaban una serie de derechos de créditos frente a diferentes entidades, uno de ellos frente a la adquirente de la unidad productiva por importe de 581.113,41 euros (objeto de comentarios con anterioridad), y ejecución contra la misma por importe de 282.796.32 y 41862 euros (página 28). Nada se dice de que haya alguno más.

Con lo expuesto hemos de concluir que se han de desestimar los motivos primero por lo dicho sobre la falta de motivación en el segundo fundamento jurídico, sobre el régimen aplicable por lo indicado en el fundamento jurídico cuarto; el tercero (en cuanto a valoración de la prueba) por lo que se acaba de exponer; y el cuarto, por lo expuesto en el fundamento jurídico tercero.

SEPTIMO.- IMPOSICIÓN DE LAS COSTAS DE PRIMERA INSTANCIA.- En este caso se han acumulado las dos impugnaciones formuladas por cada una de las entidades recurrentes, mereciendo cada una de ellas su contestación.

Una vez que no se estiman ninguno de lo motivos alegados por una y otra representación, es aplicable el principio del vencimiento que consagra el articulo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Las excepciones que plantea la normativa se concretan en la estimación parcial o la existencia de serias dudas de hecho o de derecho.

Sobre la diferente posición que tendría la entidad concursada respecto a la otra recurrente, no obsta a que cada una articule los motivos de oposición que, a su juicio concurran, sin que en este caso y a propósito de las dudas de hecho, se aprecie que existiera un déficit de información o antecedentes a tener en cuenta, como se ha expuesto con anterioridad, para formar un juicio sobre la corrección de la rendición de cuentas, remitiéndonos a lo que antes se ha expuesto.

Y sobre las dudas de derecho, el régimen propio de la rendición de cuentas a la fecha en que se presentó el informe con ese contenido, entendemos, que quedaba debidamente delimitado sin que se pueda aceptar ni la confusión entre el cese del AC con nombramiento de otro nuevo, con el "cese" por aprobación de convenio que se ha dado en este caso para imponerle unas exigencias de informe final, cual sería el caso del primero. Independientemente del tenor de la normativa, existe una práctica judicial debidamente conocida que aconsejaba contención en sus justos términos a la hora de la oposición a la rendición de cuentas.

No obstante si consta efectivamente que el pronunciamiento sobre cuantía del procedimiento, aun no reflejado en el fallo de la sentencia apelada, se ha estimado improcedente en los términos que indicaba aquélla, siendo cuestión planteada por una y otra representación y sobre la que existía controversia en la instancia, por lo que en este sentido se da una estimación parcial de uno y otro recurso.

Por lo tanto, este motivo sí que ha de ser estimado..

OCTAVO.- COSTAS DE SEGUNDA INSTANCIA.- Estimados en parte los recursos, no procede la imposición a las recurrentes de las costas derivadas de cada uno de sus respectivos recurso de apelación con devolución de de depósitos ( artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y D. Adicional 15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

VISTOS los preceptos mencionados y los demás de general y pertinente aplicación.