Sentencia Civil 637/2024 Audiencia Provincial Civil de Ourense nº 1, Rec. 180/2024 de 20 de septiembre del 2024

PRIMERO.-Ejercita acción la representación procesal de la parte actora, DINATEC TECNICA SL en reclamación de cantidad en concepto de importes de IVA pendientes, un total de 41.314,80 euros, correspondientes a la cantidad pendiente de pago (39.488,59 euros) más intereses moratorios que calculó desde la reclamación judicial. Alega la actora que la demandada, Dña. Delia, contrato con la actora el suministro de mecanismos y elementos correspondientes a una instalación avícola, emitiéndose las facturas sin IVA, y requerido por la hacienda foral de Navarra, liquidó el impuesto y rectificó las facturas emitidas a la demandada.

La demandada, no niega la existencia de la deuda pendiente, si bien manifestó que existía una deuda de la actora frente a ella por importe de 72.479 euros en concepto de indemnización por el defectuoso cumplimiento de lo pactada por Dinatec, formulando demanda reconvencional de indemnización por incumplimiento negligente en contrato de arrendamiento de obra, en base al artículo 1.101 del Código Civil. Aduce la demandada reconviniente que tras la instalación de lo suministrado, la instalación presentaba fallos, que la propia demandante intentó solucionar con la empresa "montajes y reparaciones Ekon SL. Cifra la indemnización por el incumplimiento de contrato en la cantidad presupuestada por LABARD para la reparación de 72.479 euros, entendiendo que debe producirse una compensación judicial y descontando la cantidad que ella adeuda a la actora, cifra su reclamación en la cantidad de 31.164,20 euros.

La demandante reconvenida alega la existencia de falta de legitimación activa, y en cuanto al fondo del asunto aduce que la medición y diseño del aviario contratado fue facilitado por D. Abel (antigua pareja de la demandada), contratando sólo el suministro no el montaje del mismo, que fue realizado por D. Abel con el cliente final que precisaba el aviario (Presavi SL), solicitando ayuda de los técnicos de Dinatec para finalizar las obras en Tomiño, sin que las labores realizadas posteriormente por Ekon respondan más que a labores de mantenimiento, y sin que haya existido reclamación alguna por parte de Presavi Sl a Dinatec.

El juez a quo desestima la excepción de falta de legitimación planteada, que ya no es objeto de discusión en la alzada, y entendiendo que no concurren los presupuestos para aplicar la compensación conforme al artículo 1195 y entiende que no es procedente compensación alguna, rechazando la reclamación efectuada en la reconvención, estimando la demanda y desestimando la reconvención al entender que "la existencia de defectos, que, de acuerdo con la prueba practicada, parecen existir, no es óbice para la negativa al pago de parte del impuesto, máxime cuando Presavi no hizo reclamación formal y definitiva a Dª Delia de los defectos contenidos, llegó a un acuerdo de solución y aquella, a su vez, no ejercitó las acciones correspondientes en su momento contra Dinatec, se entiende por el acuerdo alcanzado con Presavi. Ante esta situación, la cantidad reclamada por Dinatec y reconocida por Dª Delia debe ser admitida lo que implica la estimación de la demanda".

Frente a ello se alza la parte demandada aduciendo error en la valoración de la prueba, por cuanto entiende que existen defectos en la obra, que el contrato incluía no sólo la fabricación de las piezas sino también el montaje, siendo la cantidad presupuestada por Labard la adecuada para cubrir los defectos, tal y como recoge el informe pericial, alegando que se interesa una compensación judicial. La parte apelada se opone al recurso considerando que debe confirmarse la sentencia de instancia.

SEGUNDO.-En primer lugar, debemos analizar la alegación de la indebida aplicación de la normativa que regula la compensación de créditos.

Como ya decíamos en la Sentencia 595/2023 , dispone el artículo 1.195 del Código Civil que tendrá lugar la compensación cuando dos personas, por derecho propio, sean recíprocamente acreedoras y deudoras la una de la otra, exigiendo el artículo 1.196 que " 1º cada uno de los obligados lo esté principalmente, y sea a la vez acreedor principal del otro, 2º que ambas deudas consistan en una cantidad de dinero, o, siendo fungibles las cosas debidas, sean de la misma especie y también de la misma calidad, si ésta se hubiese designado, 3º que las dos deudas estén vencida, 4º que sean líquidas y exigibles y 51 que sobre ninguna de ellas haya retención o contienda promovida por terceras personas y notificada oportunamente al deudor". Por su parte el artículo 1.202 determina que el efecto de la compensación es extinguir una y otra deuda en la cantidad concurrente, aunque no tenga conocimiento de ella los acreedores y deudores.

La compensación de deudas tiene su origen en el Derecho Romano Clásico, definida por Modestino como debeti et crediti inter se contriburio y Marco Aurelio como exceptio doli oponible por el deudor demandado y que se basa en que el que reclama lo que debe restituir obra dolosamente. Dicha figura ha sido recogida por la mayoría de los Códigos actuales, y nuestro Código Civil la recoge en el artículo 1.156, como uno de los modos de extinguir la obligación. Podemos definirla como el modo de extinguir en la cantidad coincidente las obligaciones de quién, por derecho propio, sean recíprocamente acreedores y deudores; siendo por lo tanto un medio simplificado de pago y como tal pago, extintivo de las obligaciones proporcionando una doble ventaja a los deudores: facilidad para el pago de la deuda (evita el empleo de numerario) y garantía para la efectividad del crédito, por cuanto si una de las partes pagara sin esperar a ser pagada por la otra, podría existir fraude por parte de la que no ha pagado o incluso que posteriormente se encontrara en situación de insolvencia.

La compensación puede ser legal, judicial y facultativa o voluntaria. La legal regulada por los artículos 1195 a 1202 Código Civil, que se realiza por Ministerio de la Ley cuando en las obligaciones, de cuya compensación se trata, concurren todos y cada uno de los requisitos que se enumeran en el artículo 1195, y con los efectos del artículo 1202, caracterizándose esta compensación por la automaticidad de sus efectos extintivos. La judicial, cuando, a falta de alguno de los requisitos de la legal, y entonces sí que ordinariamente por el cauce de una demanda reconvencional -o por vía de excepción- el demandado alega la existencia del crédito que hace valer con ocasión del reclamado en la demanda inicial del juicio, creándose o constituyéndose dentro del proceso y con efecto que sólo dentro del proceso puede producirse, la aportación subsanatoria del o los requisitos que no se cumplen que, normalmente giraran en torno a la liquidez de la deuda que se trata de compensar, bastando para esta liquidación judicial con la preexistente homogeneidad de las deudas existentes iure propio y con signo opuesto entre los titulares que las compensan dentro del juicio. Y por último la voluntaria o contractual nueva especie de compensación acogida al amparo de la autonomía de la voluntad y de la libertad de contratación del articulo 1255 Código Civil, sin otros límites que los fijados por dicho precepto: las leyes necesarias, la moral y el orden público, y con efectos que habrá de buscar en el contenido de la voluntad de las partes, que fijará los límites del acuerdo compensatorio, el cual funcionará como negocio jurídico en el que los efectos se adaptarán expresamente al contenido de la voluntad de las partes.

El Tribunal Supremo, en sentencia de 24 octubre 1985 se refiere a la diferenciación entre la compensación legal y la llamada compensación judicial figura jurídica admitida por la generalidad de la doctrina científica y para la que no son exigibles todos los requisitos de la normativa del Código Civil fija para que proceda la compensación legal, entre ellos que las dos deudas compensables sean líquidas y exigibles en el momento de plantearse el litigio, ya que este extremo, puede referirse en la comunión del montante de la deuda compensable a la decisión judicial que establezca en el correspondiente pronunciamiento de condena, los conceptos claros de los que la demandada adeuda a la actora, aunque la determinación de su importe cuantitativo queda para ejecución de sentencia, pero sin que sea necesario, como la propia sentencia precisa, que el derecho a compensar requiera para actuarse nuevos procedimientos judiciales en los que ya se pudiera aducir la operancia y operatividad de la compensación legal. Se refieren también a las diversas clases de compensación, entre otras, las Sentencias de 10 junio 1987 (RJ 19874272) y 11 octubre 1988 (RJ 19887409).

En el presente supuesto no está alegando la parte demandada reconviniente la compensación legal del artículo 1195 del Código Civil, sino la judicial, por cuanto no niega la existencia de la deuda que la actora reclama, reconociendo que debe hacer frente a la misma, sino que reconviene afirmando que ha existido un incumplimiento negligente del contrato de arrendamiento de obra del que trae su causa la reclamación del actor, y que debe ser indemnizado, cifrando la indemnización de los defectos en la cantidad establecida en el informe pericial y en el presupuesto de reparación de Lavard, en la suma de 72.479 euros, que sería la deuda que el actor tendría frente a ella, y por lo tanto interesa que se compensen ambas cantidades judicialmente, resultando la condena de la actora a la suma reclamada.

De tal forma que lo que habrá que determinar es la existencia de los defectos, si procede o no dicha indemnización, y la cuantía de la misma, en su caso.

TERCERO.-El primer punto de discusión entre las partes es el tipo de contrato que unía a las partes, si se trataba de un contrato de fabricación y suministro de materiales (como entiende la parte actora) o si se trataba de un contrato en el que además de la fabricación y suministro se incluía el montaje, (como entiende la demandada).

La empresa actora tiene por objeto social, el comercio al por mayor de maquinaria y suministros agrícolas, así como el alquiler de maquinaria, equipos y bienes tangibles.

Consta la emisión de facturas por material y suministros de mecanizados destinados a instalaciones aviarias, facturas emitidas por DINATEC SL a Dña. Delia, facturas de los años 2017 y 2018. En dichas facturas no constaba el IVA, siendo las facturas rectificadas del año 2019, abonando la demandada tres de estas (FR1, FR2 y FR3), reclamando en este proceso el resto.

El aviario se instaló en una granja propiedad de la empresa PRESAVI SL, en Tomiño, instalación que dicha empresa contrató con Dª Delia, siendo el entonces marido de ésta quién actuaba en su representación. Las obras finalizaron en octubre de 2019. Consta así mismo que DINATEC SL desplazó a trabajadores a Tomiño para la realización de las operaciones de instalación del aviario, cubriendo los gastos de hotel de sus trabajadores (documentos 5 y 6 de la contestación a la reconvención), y emitiendo una factura por "trabajos realizados en Tomiño" (documento n.º 2 de la contestación a la reconvención). Aporta con la contestación a la demanda los planos del proyecto del aviario realizados por el personal de DINATEC SL.

De toda la prueba practicada se desprende que la intervención de DINATEC SL no se limitó a la fabricación y suministro de materiales, sino que incluía el montaje, en el que participó personalmente, con el desplazamiento de trabajadores (suponiendo el coste de mantenimiento de los mismos durante los trabajos de montaje), asumiendo la dirección del montaje, sin que en ningún documento, o prueba testifical se haya acreditado que la intervención de la demandante fuera de "mera ayuda". No debemos olvidar que la propia demandante afirma que la explotación quedó óptima para el fin que le correspondía, lo que sólo podría saber si había participado en las labores de montaje "in situ".

Acreditado el tipo de actuación contractual entre las partes, debe determinarse la existencia de los defectos y la cuantificación de los mismos.

Aporta la parte demandada en su demanda reconvencional un informe pericial (documento nº 3), elaborado por D. Raimundo, ingeniero técnico agrícola, en el que refleja las deficiencias que a su juicio padece tanto el diseño constructivo como las instalaciones del aviario:

-Los nidales,la instalación de los mismos "tienen al abrirse una pendiente en exceso elevada hacia la cinta transportadora de huevos provocando una velocidad de descenso excesiva que provoca en muchos casos rotura de los mismos por seguir rodando por la cinta y cascarse contra otros que ya circulan por la misma"(..) "provoca la acumulación de gallinas en los propios nidos, estas se resbalan por la pendiente excesiva hacia la salida de los huevos, consiguiendo en muchas ocasiones colarse en la cinta y esta al atraparlas provoca la muerte por asfixia o en algunos casos consiguen salir de la trampa con lesiones en alas, partas en la cabeza, etc,. Provocando en la mayoría de los casos el exterminio del animal y su sustitución..." (...) "..provoca que parte de las gallinas que entran a dormir en los nidos, defequen y estas deyecciones caigan sobre los huevos en el proceso de ovoposición, ensuciándose y teniendo que ser descartados de la comercialización ..."

- Cinta de retirada de gallinaza:"... están muy poco separadas lo que es la estructura de la cinta y los transversales que soportan las rejillas donde hacen vida los animales provocando una acumulación de excrementos en ellos, inusual en este tipo de explotaciones. Incluso sacando abono diariamente.

La cinta central presenta el mismo problema que la cinta superior, ... agravado por el hecho de estar sobre la cinta transportadora de huevos, no teniendo ninguna protección en el momento en el que se activa la extracción de la gallinaza de la instalación, la consecuencia es evidente, esa gallinaza en parte cae sobre la cinta de transporte de huevos, ensuciando la misma completamente, lo que provoca que cuando las gallinas ponen a posteriori no solo se ensucian los que circulan si no los que se ponen en tiempo real (...) al estar sobre la cinta transportadora de juegos sin tener ninguna protección en el momento que se pone en marcha para vaciar la gallinaza, estos restos de gallinaza caen sobre la cinta transportadora de huevos, ensuciando los huevos que están depositados en ella y ensuciando completamente la cinta transportadora de huevos lo que provoca que posteriormente los huevos que las gallinas ponen más tarde también se contaminen.

La cinta inferior, está mal dimensionada y la consecuencia son los desvíos constantes que provocan atascamientos y roturas en los laterales de la misma teniendo que cambiarlas mucho antes del periodo de vida útil de la misma." En el momento que se realiza la visita a la explotación en febrero de 2023 se aprecia en la fotografía aportada en el informe pericial cómo se encuentra muy deteriorada, y a faltarle un trozo lateral el la gallinaza cae en la circulación contaminando el resto del circuito, provocando con ello una inversión en mano de obra superior a la necesaria al tener que llevar a cabo una limpieza constante.

-Cinta transportadora de huevos y noria:"... Está completamente deteriorada y con malformaciones en los laterales, provocando en ocasiones que caigan huevos encima del sistema, queden entre las dos partes de la cinta, construyéndola, y en otras ocasiones rompiendo los huevos. Se aprecia la distribución de una instalación de una noria que elevaba los huevos desde la cinta transportadora del sistema hacia una parte superior que los trasladaba a la zona de empaquetado, en la actualidad es montada. El objetivo de estas norias es el de elevar los huevos para ahorrar espacio y poder construir en el futuro otro sistema igual en la parte derecha de la granja duplicando así la producción. Las deformaciones en la cinta transportadora de huevos hace necesaria la recogida de los mismos diariamente y de manera constante, antes de que las gallinas acaben la puesta, porque estas deficiencias de instalación no permiten el manejo habitual de una granja toda vez que esta cinta no soporta el peso de todos los huevos, estando trabajando en este momento con menos de la capacidad que la granja está autorizada".

El perito concluye que los errores son de diseño, que provocan una "mala praxis en el discurrir diario de la actividad de la misma", considerando que los errores determinan la muerte y lisiado de los animales, perdidas de huevos, aumento de la mano de obra para el normal funcionamiento de la explotación y con ello la perdida de producción así como de ingresos, así como la imposibilidad de la instalación de la noria que daría servicio a la segunda batería de animales, lo que provoca que la granja no funcione a pleno rendimiento. Se trata de errores de diseño que provocan un defectuoso funcionamiento de la explotación.

La parte reconvenida no aporta informe pericial alguno contradiciendo las afirmaciones vertidas en el informe pericial, así como, tal y como recoge en su recurso la recurrente, testigo alguno que contradijera las afirmaciones vertidas en el mismo. Se limita la parte a afirmar que no se concreta el origen de las deficiencias, pero tampoco aporta prueba alguna para contradecir la existencia de los defectos, que no olvidemos, el propio juez a quo, consideraba que existían.

Para acreditar la existencia de dichas deficiencias aporta así mismo la recurrente las facturas emitidas por "Montajes y Mantenimiento EKON S.L.", a lo largo de los años 2022 y 2023 que excedes de las "meras labores de mantenimiento". Tales como reparaciones de cintas (04/10/2022), mover cinta basura (25/10/22), reparaciones en la cinta de basura y en la cinta de huevos (25/11/22), vaciar cinta basura (26/11/22), reparación cinta huevo (12/12/22), ...

Así mismo conta un presupuesto de reparación emitido por LAPARD, efectuado el 12 de agosto del 2021, presupuesto que es analizado por el perito y considera que los conceptos y cantidades expresadas son correctas, dado que " para solucionar los problemas del aviario son necesarias todas las tareas contempladas en el presupuesto y que el coste de su ejecución se corresponde con el señalado en el mismo" en dicho presupuesto se refleja el suministro de noria, de tres cintas de polipropileno, sistema de cierre de nidales, así como la mano de obra (4 personas durante 15 días de trabajo).

Sobre la cuestión relativa a la determinación de qué dictamen debe prevalecer ha de partirse de que, según el Tribunal Supremo ha declarado que, en todo caso, la función del perito es auxiliar al juez, ilustrándole sobre las circunstancias del caso, siendo la prueba pericial de libre apreciación por el tribunal, como dispone el artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al señalar que: "El tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica". Esta expresión significa que el tribunal puede valorar libremente dicha prueba, no hallándose vinculado por el contenido y sentido del dictamen, y, a su vez, esto supone que, a la hora de decidir si fundamenta o no su fallo en él, sólo tiene como límites las reglas de la sana crítica. En la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de abril de 2000 se afirma que: "Los juzgadores no están obligados a someterse a la prueba pericial y, de concurrir varias, pueden optar por la que se le presente como más objetiva y ajustada a la realidad del pleito e incluso atender en parte a las diversas periciales concurrentes en aquello que estimen de interés y en relación a las demás pruebas".

La decisión de atender o no, en todo o en parte, a uno o varios dictámenes periciales es algo que corresponde exclusivamente al tribunal de instancia, y sólo puede impugnarse en casación si se infringen las reglas de la sana crítica, entendiendo por tales reglas las más elementales directrices de la lógica humana. ( STS 14-10-2000). Por tanto, y en términos muy generales, el único límite del juzgador sobre la convicción alcanzada de los hechos en base a las pericias será la razonabilidad de esa decisión. Como señala la jurisprudencia "no existen reglas preestablecidas que rijan el criterio estimativo de la prueba pericial"( STS 23-10-2000, entre otras muchas).

Se trato, por lo tanto de un medio de prueba más, sujeto al principio de libre valoración en relación con el criterio de la "valoración conjunta de la prueba": puede el juez -sin perjuicio de examinarlo y analizarlo- prescindir o apartarse totalmente del dictamen pericial (sobre todo si ha sido emitido previamente al proceso) razonando el porqué de esa decisión; puede, entre varios, aceptar uno y desechar otros; atender más a los razonamientos que a las conclusiones, a la cualificación técnica del informante, al informe emitido en el proceso bajo los principios de inmediación y contradicción, etc. Reconociendo que es una prueba más, se ha de indagar sobre la idoneidad y calificación del perito para confeccionar el dictamen requerido y sobre su imparcialidad en función de los motivos de abstención o recusación. El TS viene, incluso, a establecer una prioridad en caso de dictámenes periciales discrepantes, de forma que han de acogerse las conclusiones coincidentes de la mayoría de los peritos; o se sigue el criterio de la mayor categoría profesional o grado de titulación del perito; y con frecuencia, se atiende con preferencia a la fuerza convincente de los informes (complitud, congruencia y fundamentación).

La parte contraria se limita a afirmar que el representante de LAPARD es un antiguo trabajador del demandante, y por ello duda de la realidad de lo afirmado en el presupuesto. Así mismo duda de la objetividad del perito, pero no aporta informe técnico que desacredite la existencia de los defectos, que contrarreste las afirmaciones vertidas en el informe pericial de la demandada reconviniente o incluso que afirme que las deficiencias que alega la parte no son causa de un deficiente diseño y errores en el montaje, sino que derivan del propio deterioro de las instalaciones.

La parte reconviniente acredita con la prueba practicada la existencia de errores y deficiencias en la instalación de la exploración aviaria. El sistema de la carga de la prueba en nuestro derecho civil se articula hoy esencialmente en torno al art. 217 de la LEC , que sigue la tradicional doctrina del derogado art. 1214 del CC sobre las consecuencias negativas de la falta de prueba de un hecho para quien corresponda probarlo, estableciendo en su número primero que "cuando al tiempo de dictar sentencia o resolución semejante el Tribunal considera dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimará las pretensiones del actor o del reconviniente, o las del demandado reconvenido, según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones",añadiendo a continuación en sus números segundo y tercero que "corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprende según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención"y que "incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior"con lo que se sigue manteniendo la tradicional tesis de que corresponde al actor la prueba de los hechos normalmente constitutivos de su derecho y al demandado la de los impeditivos, modificativos, extintivos y excluyentes.

Atendiendo a todo ello, procede la estimación del recurso planteado, estimando la reconvención formulada, con revocación de la sentencia de instancia.

Recapitulando la demandada adeuda a la actora la suma de 41.314,80 euros como resultado de la suma pendiente de pago del IVA de las facturas emitidas, más los intereses moratorios calculados desde la reclamación extrajudicial. Por su parte DINATEC TECNICA SL es condenada al pago de 72.479 euros en concepto de indemnización por incumplimiento negligente en contrato de arrendamiento de obra.

Por todo lo cual procede estimar parcialmente el recurso, y aplicar sobre el crédito reclamado por Dinatec Técnica S. L. el crédito recíproco opuesto por Dña. Delia por la cantidad de 72.479 euros €, de donde resulta la procedencia de estimar la reconvención y condenar a la actora al abono de la suma de 31.164,2euros, con los intereses legales desde la interposición de la demanda hasta el completo pago, ex art. 1108 Cc .

CUARTO.-De conformidad con lo establecido en el artículo 398 en relación con el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, estimado el recurso, no procede la imposición de costas.

Las costas originadas en la primera instancia corresponderán a cada uno de los respectivos litigantes en virtud del principio de vencimiento objetivo ( art. 394.1 LEC ).

Se decreta la devolución del depósito constituido para recurrir.

Por lo expuesto la Sección Primera de la Audiencia Provincial pronuncia el siguiente