Sentencia Civil 418/2025 Audiencia Provincial Civil de Almería nº 1, Rec. 1079/2024 de 22 de abril del 2025

PRIMERO.- Resolución impugnada. Posición de las partes.

La sentencia de instancia estima la acción de reclamación de cantidad ejercitada por la parte actora en la cuantía de 6.730,88 euros, más costas al considerar en relación a los pagos que el actor reclama relativos a la financiación del un vehículo que "Pues bien, de la prueba practicada cabe concluir que la compra del vehículo se efectuó por DOÑA Angelica de forma privativa, sin que conste prueba concluyente que acredite lo contrario. En efecto, es cierto que consta que el actor participó en el contrato de financiación, designando su cuenta privativa a efectos de domiciliación, doc.4, y que también consta que el actor suscribió el seguro a su nombre, doc. 5 de la contestación, sin embargo, esta prueba no es suficiente a fin de desvirtuar el carácter privativo del bien. En este sentido, aunque el Real Decreto Legislativo 6/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial únicamente admite, en las autorizaciones administrativas de circulación, un titular, art. 59,3 , esto no es óbice para que las partes, si lo hubieran querido, hubiesen suscrito un contrato privado de compraventa en el que reconociesen la titularidad de ambos... Por todo, acreditado el carácter privativo del vehículo tanto formalmente, según consta en el contrato de compraventa, como fácticamente, con el uso individual que la demandada hizo de él, y habiendo el demandado abonado parte de las cuotas para su adquisición por importe de 5.230,88€, corresponde ahora determinar la naturaleza de este gasto. Y así, en base a doctrina jurisprudencial reiterada, este gasto no tendría en ningún caso la consideración de carga del matrimonio", y concluye que "No siendo, por tanto, carga del matrimonio, conforme a la doctrina expuesta, las obligaciones contraídas por cada cónyuge son de su exclusiva responsabilidad, tal y como establece el artículo 1440.1º CC , y así, es responsabilidad de la demandada la deuda que deriva de la adquisición del vehículo. Y ello, con independencia de la relación obligacional del actor para con la entidad financiera.

Por tanto, existiendo un derecho de reembolso, la demandada deberá abonar al actor la cantidad de 5.230,88€ por los pagos efectuados".

En relación a la cantidad de 1.500 euros reclamada para la adquisición de mobiliario para la vivienda privativa de la demandada la juez a quo entiende, tras el análisis de la prueba obrante en las actuaciones, que "Todo lo expuesto, unido al hecho no discutido de la continuación en el uso de estos bienes por la demandada tras la separación, lleva a concluir que, efectivamente, el abono de 1.500€ se hizo por el actor, con su dinero privativo, para contribuir al ajuar doméstico mediante la adquisición de bienes privativos de la demandada. Por tanto, existe un derecho de reembolso de su importe al actor, sin que conste, en modo alguno, que el pago se realizó como una mera liberalidad ni, insisto, que los mismos pertenezca por mitad a ambos.

Por tanto, la demandada debe abonar la cantidad de 1.500€, de conformidad con el art. 1.440CC , en aplicación de la teoría de la sustanciación y del iura novit curia".

Se interpone por la parte demandada recurso de apelación a fin de que se revoque la resolución combatida, alegando error en la valoración de la prueba y vulneración de los artículos 1281, 1282, 1254 y ss, 430 y ss, 1172 y ss y 1740 del Código Civil.

La parte apelada, en trámite de oposición al recurso, solicitó la confirmación de la resolución recurrida.

SEGUNDO.- Función revisora de esta Sala. Valoración de la prueba por el juez a quo.

En principio, conviene puntualizar que la actividad intelectual de valoración de la prueba se incardina en el ámbito propio de la soberanía del Juzgador, de tal suerte que, a tenor de las pruebas practicadas, el Juez "a quo"goza de amplia soberanía en la valoración de las mismas, con arreglo a los principios de la sana crítica ( art. 376 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) , favorecido por la inmediación que le permite presenciar personalmente el desarrollo de los medios probatorios. En consecuencia, cuando de valoraciones probatorias se trata, la revisión de la sentencia deberá centrarse en comprobar que aquélla aparece suficientemente expresada en la resolución recurrida y, que las conclusiones fácticas a las que así llegue no denoten un error evidente o resulten incompletas, incongruentes o contradictorias, sin que por lo demás resulte lícito sustituir el criterio objetivo del Juez por el personal e interesado de la parte apelante.

El motivo fundamental alegado por el demandado apelante para combatir la resolución apelada es errónea valoración de la prueba. No estamos de acuerdo, es evidente que el apelante trata, con los mismos elementos de prueba tenidos en cuenta por el Juez "a quo",de imponer a la sala su interesada interpretación de la prueba, sustituyendo la mas que razonada y lógica valoración realizada por el Juez de Instancia.

En este sentido debe la Sala poner de manifiesto con carácter previo, con la SAP de Córdoba de 23-5-03, que la valoración probatoria es facultad de los Tribunales, sustraída a los litigantes que sí pueden aportar las pruebas que la normativa legal autoriza (principio dispositivo y de rogación), pero en forma alguna tratar de imponerlas a los Juzgadores ( STS 23-9-96), pues no puede sustituirse la valoración que el Juzgador "a quo" hizo de toda la prueba practicada, por la que realiza cada parte recurrente, función que corresponde al Juez "a quo" y no a las partes ( STS 7-10-97) habida cuenta la abundante doctrina jurisprudencial elaborada sobre la prevalencia de la valoración de las pruebas que realizan los Órganos Jurisdiccionales, por ser más objetiva que la de las partes en defensa de sus particulares intereses ( STS 1-3-94). Y es que las pruebas están sujetas a su ponderación en concordancia con los demás medios probatorios( STS 25-1-93), en valoración conjunta ( STS 30-3-88), con el predominio de la libre apreciación, que es potestad de los Tribunales de Instancia a efectos de casación, pero cuyo criterio también es predicable en parte respecto del recurso de apelación, porque el Juzgador que recibe la prueba puede valorarla de forma libre aunque nunca arbitraria, transfiriendo la apelación al Tribunal de la segunda instancia el conocimiento pleno de la cuestión, pero quedando reducida la alzada a verificar si en la valoración conjunta del material probatorio se ha comportado el Juez "a quo" de forma ilógica, arbitraria, contraria a las máximas de experiencia o a las reglas de la sana crítica, o si, por el contrario, la apreciación conjunta de la prueba es la procedente por su adecuación a los resultados obtenidos en el proceso. Por ello, dado que los preceptos relativos a las pruebas practicadas no contienen reglas valorativas sino admoniciones a los Jueces y una apelación a la sana crítica y el buen sentido, para destruir una conclusión presuntiva del Juzgador, debe demostrarse que ha seguido, al establecer dicho nexo o relación, un camino erróneo, no razonable, contrario a las reglas de la sana lógica y buen criterio, constituyendo la determinación de dicho nexo lógico y directo un juicio de valor que está reservado a los Tribunales y que se ha de respetar en tanto no se acredite que es irrazonable.

TERCERO.- Resolución de los motivos de impugnación.

Desde las anteriores premisas de orden normativo y doctrinal la revisión en la alzada del material probatorio obrante en autos permite alcanzar a esta Sala una conclusión plenamente coincidente con la sostenida por la Juez de instancia en la sentencia impugnada.

De las posiciones expuestas por las partes se evidencia como hecho no controvertido que las mismas contrajeron matrimonio en régimen de separación de bienes, dictándose sentencia de divorcio en fecha 8 de abril de 2021 (documento nº 1 de la demanda).

El régimen matrimonial de separación de bienes que regía la vida de los litigantes desde el momento del otorgamiento de las capitulaciones matrimoniales (documento 2 de la demanda) se regula en el Capítulo VI del Título III del Libro IV del Código Civil, que comprende desde el artículo 1435 al 1444 y se puede definir como un régimen económico del matrimonio en el que cada cónyuge conserva la propiedad, el disfrute, la administración y disposición de todos sus bienes, tanto de los que le pertenecían al contraer matrimonio, como de los que adquiere con posterioridad. La separación de bienes se caracteriza así por la autonomía e independencia patrimonial de los cónyuges que mantienen separados sus patrimonios: hay un patrimonio del marido y otro de la mujer, y a cada uno le corresponde en exclusiva la gestión y disposición del mismo.

Como régimen eminentemente convencional puede ser pactado por los consortes antes o después de celebrado el matrimonio, y al otorgar capitulaciones, los esposos pueden limitarse a establecer, sin más, el régimen de separación de bienes o pueden, por el contrario, confeccionar su propio régimen de separación de bienes. En el primer caso, la separación de bienes se regirá exclusivamente por la normativa del Código Civil sobre este régimen. En el segundo, a salvo de las normas imperativas, regirán las reglas especiales acordadas por los cónyuges, y en su defecto, por las normas establecidas en el artículo 1435 y siguientes del Código Civil, que tendrán naturaleza integradora, interpretativa y supletoria de las estipulaciones capitulares.

En el régimen de separación de bienes todo lo que adquiera cada cónyuge pasa a engrosar su propio patrimonio y no existe, en principio, ningún patrimonio conyugal común que pueda asimilarse a los bienes gananciales de la sociedad legal. De existir algún bien común es porque ha sido adquirido conjuntamente por los esposos, de igual forma que ocurriría si no lo fueran. Así, si los cónyuges adquieren conjuntamente bienes o derechos, los mismos constituirán una comunidad ordinaria y las pertenecerán en proindiviso ordinario como si los hubiesen adquirido dos extraños, y al igual que cualquier otra comunidad de bienes la misma se regirá por los artículos 392 y siguientes del Código Civil.

Sin embargo, después de una larga convivencia puede haber algún bien de procedencia dudosa que no se sabe o no se puede probar a cuál de los dos cónyuges pertenece, surgiendo esa duda con mayor frecuencia en materia de bienes muebles, presentándose el problema con menor incidencia en el caso de los inmuebles debido a su inscripción en el Registro de la Propiedad.

Finalmente, bajo este régimen el artículo 1438 del Código Civil organiza la forma en que los cónyuges han de contribuir al levantamiento de las cargas del matrimonio, que incluyen las obligaciones y gastos que exija la conservación y adecuado sostenimiento de los bienes del matrimonio y los contraídos en beneficio de la unidad familiar, considerándose también como contribución el trabajo dedicado por uno de los cónyuges a la atención de los hijos comunes. No cabe, sin embargo, considerar como cargas del matrimonio, los gastos generados por ciertos bienes que, aún siendo de carácter común, no son bienes del matrimonio, pues precisamente el régimen económico a que nos referimos es precisamente el de separación de bienes que excluye cualquier idea de patrimonio común familiar. Pues bien, la contribución al levantamiento de estas cargas, según el artículo 1438 del Código Civil, se hará según lo convenido por los cónyuges, y a falta de convenio, la contribución de cada uno ha de ser proporcional a sus respectivos recursos económicos. Esta contribución, según se ha dicho, puede consistir en aportaciones económicas o bien en el trabajo doméstico que ha de ser computado como contribución a las cargas del matrimonio.

Se constata, de la revisión del acervo probatorio, que efectivamente en agosto de 2018 la demandada adquirió el vehículo marca Honda HR-V 1.5 I-VTEC por el precio de 24.845,50 euros (documento nº 2 de la demanda) financiándose la cantidad de 18.529,70 euros (documento nº 4 de la demanda). Dicho vehículo es titularidad de la apelante, no siendo este tampoco un hecho controvertido. El actor reclama a la misma las cantidades abonadas por este en la compra de dicho vehículo alegando ser titularidad de la misma y habiendo sido la compra para uso exclusivo de la misma y con carácter privativo. Ciertamente del contrato de compra del vehículo se evidencia que fue la demandada quien lo adquirió, así como la extensión de la garantía y el contrato de mantenimiento, firmándose el contrato de financiación por ambos y apareciendo en el mismo el ahora apelado, si bien, tal concepto se encuadra en el apartado "garantías requeridas", siendo la descripción la garantía que ofrece la misma en relación con el contrato de crédito. Es evidente, por tanto, que la participación del actor lo fue en concepto de fiador pero no de adquirente del vehículo que lo fue a título privativo de la demandada. No puede ser hecho que determine el carácter indiviso de la adquisición, ni tal extremo, ni el hecho de que la cuenta para el abono de las cuotas del préstamo fuera titularidad privativa del actor, ni el hecho de que el seguro se contratara a su nombre (documento nº 5 de la contestación a la demanda), pues se ha evidenciado no solo la titularidad exclusiva de la demandada sino también su uso, pues se acredita que tan solo un mes después de su adquisición el actor se trasladó por motivos de trabajo a Pakistán (certificado aportado en el acto de la vista en el que se constata que estuvo destinado en Pakistán), hasta el año 2020, debiendo tenerse en cuenta que el vehículo se adquirió en agosto y que la separación se produjo en mayo de 2019 (hecho no discutido), lo que evidencia la imposibilidad de un uso común. El abono de las cuotas desde la adquisición hasta marzo de 2020 es un hecho que también ha sido acreditado.

De lo expuesto se deduce que, hallándonos en el seno de una adquisición de un bien constando el régimen de separación de bienes, siendo titular indiscutida la demandada del mismo, no habiéndose hecho de este un uso común, y acreditado el abono de las cuotas reclamadas por el actor, dicha cantidad ha de ser reintegrada por la apelante al mismo, la cual, sigue siendo titular del vehículo, ha seguido abonando las cuotas del mismo y sigue siendo quien lo usa.

Se reclamaba igualmente en la demanda rectora de la litis la cuantía de 1500 euros derivada del abono que el actor hizo a la demandada como consecuencia de la adquisición de mobiliario para la vivienda propiedad privativa de la misma en la provincia de Cádiz. No es un hecho controvertido, y además así lo acredita el documento nº 8 de la contestación a la demanda, (factura de adquisición), que la apelante adquirió sendos bienes para la referida vivienda por cuantía que fue abonada por la misma. Como consecuencia de tal compra el apelado entregó a la actora la cuantía de 1500 euros (que se reclaman ahora), la entrega del dinero (al igual que las cuotas reclamadas por el pago de la financiación del vehículo) no es un hecho controvertido, aunque sí lo es el motivo de la misma, pues la parte apelante argumenta que ha de tenerse como acreditado que se hizo por mera liberalidad o, en su defecto, entender que fue una adquisición proindiviso.

Colige la Sala con la parte actora en el que hecho de que ambos extremos son difícilmente compatibles, es decir, si se alega que se hizo como mera liberalidad no puede posteriormente argumentarse, en caso de no se aceptada la primera opción, que los bienes que adquirieron sin que pueda considerarse su carácter privativo. Tal carácter es el que tiene la vivienda para la cual se compraron los bienes que obran en la factura aportada como documento número 8 (campana, lavavajillas, costado falso, tirador, altos puertas, altos campana) por una cuantía de 1.717 euros y entiende esta Sala, coincidiendo con los argumentos expuestos por la juez a quo, que dichos bienes quedan integrados en la vivienda titularidad de la apelante y cuyo carácter privativo no es discutido; de igual forma, y como también se argumenta acertadamente en la resolución recurrida, los bienes que fueron retirados tras la separación por el apelado fueron relacionados en el documento que se aporta como número 12, entre los que no se encuentran los comprados y reclamados en esta litis, bienes adquiridos durante la estancia en el extranjero del actor por motivos laborales, extremos que hacen concluir en la no liberalidad del dinero transferido y en la no consideración de adquisición proindiviso que la parte recurrente alega, debiendo ser igualmente reintegrada la cantidad reclamada en aplicación de la doctrina expuesta anteriormente, sin que se acredite la vulneración de los preceptos invocados por la parte apelante.

Pues bien, en evitación de innecesarias reiteraciones, bastaría con dar por reproducida la fundamentación que se contiene en la sentencia apelada para desestimar el recurso de apelación; debiéndose recordar que la jurisprudencia viene afirmando que es motivación suficiente de las sentencias la remisión hecha por el Tribunal superior a la sentencia de instancia que era impugnada ( S.S.T.S 174/1987; 146/1990; 27/1992, 11/1995, 115/1996, 105/1997, 23/1997 y 26/1998), precisando la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 1998 que: "Si la resolución de primera instancia es acertada, la de apelación, que la confirma, no tiene porque repetir o reproducir los argumentos de aquélla, pues basta, en aras de la economía procesal, la sola corrección de lo que, en su caso, fuera necesario, según tiene declarado reiteradamente esta Sala respecto a la fundamentación de la sentencia por remisión (aparte de otras, TS SS 16 Oct. 1992 , 5 Nov. 1992 y 19 Abr. 1993 ).".

En el caso que nos ocupa bastaría remitirnos a los acertados razonamientos de la sentenciade instancia, por cuanto como dice la STC nº 116/98, de 2 de junio: "conviene destacar, en primer lugar, cómo el deber de motivación, en principio, no autoriza a exigir un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se decide, sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión ( STC 14/1991 ), es decir, la «ratio decidendi» que ha determinado aquélla ( SSTC 28/1995 y 32/1996 ). En particular, hemos afirmado que es motivación suficiente la remisión hecha por el Tribunal Superior a la sentencia de instancia".La STS de 30 de julio de 2008 que: "La doctrina jurisprudencial admite la fundamentación por remisión; así, si la resolución de primer grado es acertada, la que confirma en apelación no tiene porque repetir o reproducir los argumentos, y sólo, en aras de la economía procesal, debe corregir aquéllos que resulten necesarios ( STS de 16 de octubre de 1992 ); una fundamentación por remisión no deja de ser motivación, ni de satisfacer la exigencia constitucional de tutela judicial efectiva, lo que sucede cuando el Juez "ad quem" se limita a asumir en su integridad los argumentos utilizados en la sentencia apelada, sin incorporar razones jurídicas nuevas a las ya empleadas por aquélla.".

Lo argumentado conlleva la íntegra desestimación del recurso y la confirmación de la resolución recurrida.

CUARTO.- Costas

Así pues, el recurso ha de sucumbir, confirmándose íntegramente la resolución apelada, lo que, de conformidad con el art. 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, acarrea la imposición a la parte recurrente de las costas ocasionadas en esta alzada.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de pertinente y general aplicación