Sentencia Civil 21/2026 Audiencia Provincial Civil de Barcelona nº 1, Rec. 400/2024 de 23 de enero del 2026

PRIMERO.- Planteamiento del litigio. Sentencia de instancia. Recurso de apelación

I.- La representación procesal de doña Maria del Carmen Gizman Martin instó demanda de juicio ordinario contra la mercantil Wizink Bank SA en la que expuso que el 12 de noviembre de 2015 había suscrito con Banco Popular-e SA, un contrato de tarjeta de crédito, a través de un formulario entregado y cumplimentado por la propia entidad, con una línea de crédito inicial de 1.200 euros, según contrato aportado (doc. 1), en el que se convino una TAE del 27,24%, que la actora calificó de usuraria por ser muy superior al normal del dinero, poniendo de manifiesto que en fecha 28 de diciembre de 2021 había efectuado una reclamación extrajudicial que la demandada rechazó (doc. 2, 3 y 4).

En atención a los hechos sucintamente expuestos, la parte actora ejercitó las siguientes acciones:

- La declaración de nulidad del contrato de tarjeta de crédito por ser usurario, con condena a la demandada a devolver la cantidad que exceda del total del capital prestado, más los intereses legales correspondientes desde cada abono.

- Subsidiariamente, se declare la nulidad por falta de transparencia y de incorporación del pacto de intereses remuneratorios, y se condene a la demandada a devolver las cantidades abonadas de más como consecuencia de la aplicación de la indicada cláusula.

II.- La entidad demandada se opuso a la demanda con los argumentos que resumidamente indicamos:

- Existencia de un acuerdo previo que se aportó para su homologación judicial, la aceptación por la parte demandada y el archivo del procedimiento (doc. 1 ter), lo que determinaba la carencia sobrevenida de objeto.

- Existencia de prejudicialidad civil con base en la cuestión prejudicial planteada por el juzgado de primera instancia número 4 de Castellón.

- La TAE pactada no era usuraria conforme a la media del mercado español de tarjetas de crédito con pago aplazado para el año 2015 que era del 24,34%, siendo reducida en marzo de 2020 al 21,94%.

- La cláusula de los intereses remuneratorios supera el control de transparencia, pues la relación contractual se inicia mediante explicaciones verbales, indicándose las características esenciales del producto, de modo que en el formulario se exige la declaración expresa de recibir la tarjeta, y a lo largo del contrato se va informando al cliente de las operaciones realizadas y del importe a pagar, con expresa referencia al tipo de interés remuneratorio y comisiones aplicadas.

- La tarjeta fue utilizada durante seis años sin expresar ninguna queja, y se recibieron un total de 71 extractos.

III.- La sentencia dictada en la instancia rechazó que hubiera existido un acuerdo transaccional que determinara la carencia sobrevenida de objeto y apreció la existencia de usura, comparando la TAE pactada del 27,24% con el TEDR del año 2015, que ascendía al 21,13%, con imposición a la demandada de las costas de la instancia.

IV.- Contra la indicada resolución, la parte demandada ha planteado recurso por entender que la TAE pactada no resultaba usuraria por no superar los 6 puntos señalados por la STS de 15 de febrero de 2023.

SEGUNDO.- Concepto legal y jurisprudencial de la usura conforme a la Ley Azcárate

I.- La denominada Ley Azcárate, de 23 de julio de 1908 establece en el artículo 1 que "Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales. Será igualmente nulo el contrato en que se suponga recibida mayor cantidad que la verdaderamente entregada, cualesquiera que sean su entidad y circunstancias".

La ley trata de proteger todas las situaciones que aun revistiendo formalidades distintas entrañen una operación equivalente a un préstamo de dinero y así lo recoge en su artículo 9 al señalar que "Lo dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación substancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido".

II.- Doctrina y jurisprudencia han superado la antigua diferenciación en la Ley de Represión de la Usura entre distintos tipos o regímenes de usura.

Así, en interpretación de esta norma, la STS de 18 de junio de 2010 entendió que "su configuración como una proyección de los controles generales o límites del artículo 1255 del Código civil , especialmente respecto a la consideración de inmoralidad de los préstamos usurarios o leoninos, presupone una lesión grave de los intereses protegidos que, sin duda, y a diferencia de las condiciones generales, representa un control tanto de la validez estructural del contrato, sobre la base de la idea de lesión o de perjuicio económico injustificado como de la validez estructural del consentimiento prestado".

En la sentencia de 25 de noviembre de 2015 el Tribunal Supremo destacó que " Para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, <>, sin sea exigible que acumuladamente se exija <>".

TERCERO.- Contrato de tarjeta de crédito. TAE pactada. Criterio comparativo para determinar su carácter usurario

I.- El contrato mencionado fue suscrito el 13 de noviembre de 2015, con una TAE pactada del 26,82%.

II.- La comparación con los precios medios del mercado no puede hacerse con los créditos al consumo sino con los más específicos de tarjetas de crédito, de acuerdo con la STS nº 149/2020 de 4 de marzo que en referencia a los créditos revolving argumentó que como quiera que al tiempo de la publicación de la referida sentencia el Banco de España ya hacía público el dato específico de los intereses aplicados por las entidades financieras a las tarjetas revolving, era este último dato y no el más genérico de las operaciones de crédito al consumo, el que debía tenerse en consideración para valorar el carácter usurario del concreto préstamo que se sometiera a la consideración de juzgados y tribunales.

Esta argumentación se reiteró con posterioridad en la Sentencia del Alto Tribunal nº 367/2022 de 4 de mayo de 2022 y de nuevo en la Sentencia de 4 de octubre de 2022 (sentencia nº 643/2022) en que ratifica esta línea jurisprudencial al señalar lo siguiente:

<< 1.- La jurisprudencia de esta Sala sobre la posible cualidad de usurarios de los créditos revolving viene constituida, fundamentalmente, por las sentencias del pleno 628/2015, de 25 de noviembre , y 149/2020, de 4 de marzo . En las cuales consideramos que la referencia del "interés normal del dinero" que ha de utilizarse para determinar si el interés remuneratorio es usurario debe ser el interés medio aplicable a la categoría a la que corresponda la operación cuestionada, en estos casos el tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving publicado en las estadísticas oficiales del Banco de España.

Si existen categorías más específicas dentro de otras más amplias (como sucede con la de tarjetas de crédito y revolving, dentro de la categoría más amplia de operaciones de crédito al consumo), deberá utilizarse esa categoría más específica, con la que la operación crediticia cuestionada presenta más coincidencias (duración del crédito, importe, finalidad, medios a través de los cuáles el deudor puede disponer del crédito, garantías, facilidad de reclamación en caso de impago, etc.), pues esos rasgos comunes son determinantes del precio del crédito, esto es, de la TAE del interés remuneratorio. A cuyo efecto, resulta significativo que actualmente el Banco de España, para calcular el tipo medio ponderado de las operaciones de crédito al consumo, no tenga en cuenta el de las tarjetas de crédito y revolving, que se encuentra en un epígrafe diferente.

III.- La tabla 19.4 del Boletín Estadístico del Banco de España se refiere a los tipos de interés (TEDR), que son el tipo efectivo de definición restringida, equivalente a la TAE, pero sin incluir comisiones, y, por ello, presentan un tipo ligeramente inferior a la TAE, con una diferencia del orden de 0,20 a 0,30%.

IV.- Por tanto, como quiera que en el contrato se convino una TAE del 26,82%, debemos analizar a continuación si la comparación efectuada por el juzgador de instancia es la correcta.

CUARTO.- Valoración del carácter usurario del dinero una vez determinado el dato comparativo

I.- En los sistemas de derecho comparado se ha adoptado, en algunos casos, un criterio objetivo aplicable con carácter general a todas las modalidades de préstamos, como ocurre, por ejemplo, en el derecho francés, cuyo Código de consumo considera usurario el préstamo que supere en un tercio el tipo medio del mercado (L-314-6).

En España no existe un criterio legal que permita establecer esta referencia, lo que ha exigido de los tribunales una concreta valoración casuística que ha dado lugar a resoluciones dispares y que en relación a los contratos de tarjeta de crédito tipo revolving, han sido unificadas por el Tribunal Supremo en la Sentencia nº 258/2023 de 15 de febrero en la que establece como criterio para valorar este carácter usuario que el interés pactado sea superior en 6 puntosporcentuales al tipo medio del mercado.

II.- En consecuencia, el índice de referenciainicial a tener en cuenta debe ser el indicado en la instancia del 201,13%,pero se ha de incrementar en un porcentaje de 0,20-0,30 puntos, dando unos porcentajes de referencia de 21,33%-21,43% respectivamente.

Estos dos últimos índices deben ser relacionados con la TAE pactada del 26,82% por lo que resulta una diferencia entre el tipo pactado y el que puede considerarse medio que, en un caso asciende a 5,91 puntos, y en el otro a 5,81 puntos, no alcanzándose los 6 puntos de diferencia indicados por el Tribunal Supremo, por lo que el contrato no puede ser calificado de usurario, debiendo estimar el recurso y modificar la sentencia de instancia.

QUINTO.- Consideraciones generales acerca del deber de transparencia en la contratación con consumidores

I.-La estimación del recurso de apelación respecto a la acción de nulidad por usura nos lleva a tener que analizar la acción ejercitada con carácter subsidiario en la que la parte actora solicita se declare la nulidad de la cláusula de interés remuneratorio por no superar el control de transparencia de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 5 y 7 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación.

II.- El control de trasparencia de las condiciones generales ha dado lugar a numerosa jurisprudencia del TJUE que exige no solo la redacción clara y comprensible del clausulado sino también que el consumidor adherente pueda comprender la carga económica y jurídica derivada del contrato ( sentencias de 21 de marzo de 2013, asunto C-92/11 , caso RWE Vertrieb; 30 de abril de 2014, asunto C-26/13 , caso Kásler y Káslerne Rábai; 26 de febrero de 2015, asunto C- 143/13 , caso Matei; y 23 de abril de 2015, asunto C-96/14 , caso Van Hove)

De igual modo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, con fundamento en los artículos 60.1 y 80.1 de la Ley General de Consumidores y Usuarios, ha venido precisando la necesidad de que los contratos celebrados con consumidores cumplan el doble control de transparencia entendido como control de incorporación y control de contenido (ej. STS 171/2017 de 9 de marzo y 643/2017 de 24 de noviembre, entre otras muchas), entendiendo el control de incorporación como un control de cognoscibilidad, lo que requiere, en primer lugar, que el adherente haya tenido oportunidad real de conocer al tiempo de la celebración del contrato la existencia de la condición general controvertida y, en segundo lugar, que la misma sea legible y tenga una redacción clara, concreta y sencilla, que permita una comprensión gramatical normal ( STS nº 151/2024, de 6 de febrero de 2024) y el correcto entendimiento de sus consecuencias jurídicas y económicas.

Recientemente el Tribunal Supremo en Sentencia de Pleno número 155/2025 de 30 de enero de 2025 se ha pronunciado acerca de si la cláusula que establece el tipo porcentual del interés remuneratorio, considerada conjuntamente con las cláusulas que regulan el sistema de amortización al que va ligado esa TAE, es transparente en el sentido de los artículos 4.2 y 5 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores y, en caso de no serlo, es abusiva.

El Alto Tribunal cita como referencia la doctrina del TJUE respecto a que la exigencia de transparencia de las cláusulas no negociadas en contratos celebrados con consumidores no puede reducirse al carácter comprensible en un plano formal y gramatical, toda vez que el sistema de protección establecido en la Directiva 93/13/CEE se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional en lo referido, en particular, al nivel de información, y que esta exigencia de transparencia debe entenderse de manera extensiva.

El Alto Tribunal señala el carácter complejo del crédito revolvingque se renueva de manera automática en el vencimiento de cada cuota, equiparándolo a una línea de crédito permanente que puede tener consecuencias negativas para el consumidorque pueden producirse por la conjunción de diversos factores: "el carácter indefinido o prorrogable automáticamente del crédito: el límite del crédito se va recomponiendo constantemente; el elevado interés; la escasa cuantía de las cuotas, bien porque han sido establecidas por defecto en el contrato, bien porque han sido elegidas por el consumidor por el atractivo de ser asumibles en el corto plazo pero que van acrecentando un problema que se hará cada vez más serio a largo plazo pues suponen que se amortice muy poco capital; y, en su caso, el anatocismo en caso de impago de alguna cuota, comisión o indemnización, incluyendo capital, intereses, indemnizaciones y comisiones".

El Tribunal Supremo recalca la necesidad de que se haga información precontractual, con cita al efecto de lo dispuesto en el artículo 60.1 del TRLGDCU, el artículo 5 de la Directiva 2008/48 /CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008, el artículo 10 de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contrato de crédito al consumo, y la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

Argumenta el Tribunal Supremo:

"Para cumplir estas exigencias no es suficiente que la información contenga la TAE.En términos comprensibles para el consumidor medio, la información debe indicar que el sistema de amortización es del tipo revolving; debe establecer cuál es la cuota mensual (bien en una cantidad determinada, bien en un porcentaje de la cantidad dispuesta); debe establecer cuál es la duración del contrato; debe indicar si, y en qué casos el interés se devengará no solo respecto del capital dispuesto sino también respecto del total de la cantidad adeudada (incluyendo intereses, comisiones e indemnizaciones devengadas); y deberá contener unos ejemplos adecuados tanto para comprender los riesgos del sistema como para permitir la comparación con otras modalidades de amortización o con las ofertas de otras entidades financieras. Es preciso que la información incida sobre la forma en que esa elevada TAE opera en la propia economía del contrato, dadas las particularidades del sistema de amortización y las demás cláusulas a que se ha hecho referencia. Y debe hacerlo de modo claro y comprensible, no de una forma dispersa a lo largo de un extenso documento en términos poco expresivos de los riesgosdel sistema de amortización revolving". (El subrayado es nuestro).

SEXTO.- Aplicación de la expresada doctrina al caso de autos

I.- El contrato objeto de autos (doc. 2 de la contestación) incluye una primera parte con los datos del solicitante de la tarjeta, que lleva la firma manuscrita del ahora actor y una referencia a lo que se considera son las características esenciales, esto es, que corresponde al cliente decidir cuánto paga cada mes , si un porcentaje o una cantidad fija y que la tarjeta se emite bajo la modalidad de pago mínimo del 1% del saldo dispuesto más intereses, con un mínimo de18 euros, y que en caso de pago aplazado la TIN del contrato sería del 24% y la TAE del 27,24%.

A esta primera página sigue el desarrollo del denominado Reglamento de la tarjeta de crédito, que desarrolla un clausulado extenso, marcándose en rojo los enunciados de cada cláusula y, en particular, en la referida a las "Modalidades de pago" se contempla la posibilidad de efectuar el pago total o bien el pago aplazado y desarrolla con más detalle lo enunciado en la primera página antes reseñado, reiterando que en caso de aplazamiento de pago, el crédito dispuesto genera intereses, que se devengan diariamente y se liquidan cada mes en base a los días efectivamente transcurridos según la f?ormula 1=(c.r.t)/360, para concluir con un ejemplo y la expresa mención de que "El Banco podrá capitalizar mensualmente los intereses, de tal forma que en las fechas de vencimiento, los intereses devengados no satisfechos devengarán nuevos intereses al tipo de interés nominal aplicable".

Con el escrito de contestación a la demanda se aportaron por la parte demandada (doc. 4) los extractos mensuales remitidos al cliente desde abril de 2016, en los que consta el desglose del periodo de facturación, la línea de crédito, el crédito dispuesto, el crédito disponible, el sistema de pago utilizado y la posibilidad de cambiarlo, con indicación del TIN aplicado que era en todos los casos del 24% hasta el 10 de marzo de 2020 en que pasó a ser del 20%.

En los extractos se indica la posibilidad de modificar el sistema de pago con referencia expresa a un correo electrónico y un teléfono para gestionar dicho cambio, de modo que el cliente podía optar por: a) un importe mínimo, con concreta referencia al que correspondía al mes en cuestión, b) un porcentaje del crédito dispuesto, c) la cantidad que se elija, d) el pago total.

El cliente ha venido haciendo uso con normalidad de la tarjeta durante todo este tiempo, que comprende un periodo de seis años, disponiendo de un total de 13.863,94 euros y con un saldo a favor del cliente de 448,89 euros, según el cuadro aportado por la demandada (doc. 3 de la contestación).

II.- Ante esta actuación del cliente y a la vista de la información post contractual recibida, esta sala había venido entendiendo que al ser el contrato de tarjeta de crédito de tracto sucesivo y de duración indefinida, el cliente podía modificar cada mes el sistema de pago elegido y optar por un sistema distinto al que se le aplicaba de la cuota mínima y que era lo que generaba el incremento progresivo de la deuda, por lo que entendimos que había dispuesto de información suficiente acerca del mecanismo de la tarjeta revolvingy de sus consecuencias económicas.

No obstante, la STS de 30 de enero de 2025 no nos permite seguir manteniendo esta interpretación, pues el Alto Tribunal enfatiza el proceso de información precontractual, que aquí no se ha dado, y señala que aunque la información contractual sea clara "no consta que hubiera sido informada con carácter previo del riesgo derivado de una lenta amortización, de que se forme una <>", a lo que añade que "Con la información contenida en el contrato y en la ficha INE, un consumidor medio, normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, no es capaz de tomar conciencia de la naturaleza y consecuencias del mecanismo de amortización revolving, los elevados costes que puede suponerle y los riesgos de terminar siendo un <> que tal sistema puede implicar". (El subrayado es nuestro).

Esta sala debe respetar la jurisprudencia del Tribunal Supremo ( art. 1.6 Cc) y ha de concluir, en base a lo expuesto, que la cláusula relativa al interés del crédito no era transparente, toda vez que no hay constancia de información precontractual (la parte demandada alude solo a información verbal), y el documento contractual no cumple las exigencias que ha establecido la doctrina jurisprudencial en aras a lograr la máxima transparencia y asegurase la total comprensión de las consecuencias del contrato y de la onerosidad del sistema revolving, por su difícil lectura y falta de exposición detallada de la carga económica del contrato, con referencia a la posibilidad de aplicar el anatocismo pero sin particularizar con ejemplos el efecto exponencial que ello comporta y que el cliente no puede percibir si no se le explica de manera detallada y ejemplificativa.

III.- A continuación, es preciso determinar si la cláusula referida al interés remuneratorio puede resultar abusiva, cuestión que la STS nº 155/2025 resuelve directamente a partir de la declaración de falta de transparencia, razonando del siguiente modo:

"...la falta de transparencia de la cláusula relativa a la TAE, valorada junto con las cláusulas relativas al sistema de amortización, el anatocismo y la escasa cuota mensual, no es innocua para el consumidor sino que provoca un grave desequilibrio,en contra de las exigencias de la buena fe, puesto que, al ignorar los riesgos significativos que entraña dicho sistema de amortización, no puede comparar la oferta con las de otros sistemas de amortización y se compromete en un contrato que puede tener para él graves consecuencias pues puede terminar siendo lo que hemos venido en llamar un <> y el Banco de España denomina <>".

En consecuencia, procederá a estimar la demanda en este extremo y entender que, siguiendo la doctrina expuesta por el Tribunal Supremo, la cláusula de interés remuneratorio resulta abusiva por falta de transparencia, declarándose nula, lo que conllevará la nulidad del contrato, al ser el interés elemento esencial de la contratación ( art. 83 TRLCU), con las consecuencias del artículo 1303 Cc.

SEPTIMO.- Conclusión

En atención a lo expuesto procede estimar en parte el recurso de apelación y modificar la sentencia de instancia en el sentido de dejar sin efecto la declaración de nulidad por usura y acordar la estimación de la acción subsidiaria por falta de transparencia del interés remuneratorio, con declaración de nulidad del contrato de tarjeta revolvingy con los efectos del artículo 1303 Cc, es decir, con el reintegro a la actora de las cantidades abonadas que excedan del capital dispuesto, con el interés legal respectivo desde cada pago.

OCTAVO.- Costas

La estimación de la pretensión subsidiaria ejercitada en la demanda conlleva la ratificación de la condena en costas a la demandada que efectuó la sentencia de instancia al haber estimado la acción principal ( art. 394 LEC) .

La estimación en parte del recurso de apelación conlleva que no se haga expresa condena en las costas de esta alzada ( art. 398 LEC) .

PRIMERO.- Planteamiento del litigio. Sentencia de instancia. Recurso de apelación

I.- La representación procesal de doña Maria del Carmen Gizman Martin instó demanda de juicio ordinario contra la mercantil Wizink Bank SA en la que expuso que el 12 de noviembre de 2015 había suscrito con Banco Popular-e SA, un contrato de tarjeta de crédito, a través de un formulario entregado y cumplimentado por la propia entidad, con una línea de crédito inicial de 1.200 euros, según contrato aportado (doc. 1), en el que se convino una TAE del 27,24%, que la actora calificó de usuraria por ser muy superior al normal del dinero, poniendo de manifiesto que en fecha 28 de diciembre de 2021 había efectuado una reclamación extrajudicial que la demandada rechazó (doc. 2, 3 y 4).

En atención a los hechos sucintamente expuestos, la parte actora ejercitó las siguientes acciones:

- La declaración de nulidad del contrato de tarjeta de crédito por ser usurario, con condena a la demandada a devolver la cantidad que exceda del total del capital prestado, más los intereses legales correspondientes desde cada abono.

- Subsidiariamente, se declare la nulidad por falta de transparencia y de incorporación del pacto de intereses remuneratorios, y se condene a la demandada a devolver las cantidades abonadas de más como consecuencia de la aplicación de la indicada cláusula.

II.- La entidad demandada se opuso a la demanda con los argumentos que resumidamente indicamos:

- Existencia de un acuerdo previo que se aportó para su homologación judicial, la aceptación por la parte demandada y el archivo del procedimiento (doc. 1 ter), lo que determinaba la carencia sobrevenida de objeto.

- Existencia de prejudicialidad civil con base en la cuestión prejudicial planteada por el juzgado de primera instancia número 4 de Castellón.

- La TAE pactada no era usuraria conforme a la media del mercado español de tarjetas de crédito con pago aplazado para el año 2015 que era del 24,34%, siendo reducida en marzo de 2020 al 21,94%.

- La cláusula de los intereses remuneratorios supera el control de transparencia, pues la relación contractual se inicia mediante explicaciones verbales, indicándose las características esenciales del producto, de modo que en el formulario se exige la declaración expresa de recibir la tarjeta, y a lo largo del contrato se va informando al cliente de las operaciones realizadas y del importe a pagar, con expresa referencia al tipo de interés remuneratorio y comisiones aplicadas.

- La tarjeta fue utilizada durante seis años sin expresar ninguna queja, y se recibieron un total de 71 extractos.

III.- La sentencia dictada en la instancia rechazó que hubiera existido un acuerdo transaccional que determinara la carencia sobrevenida de objeto y apreció la existencia de usura, comparando la TAE pactada del 27,24% con el TEDR del año 2015, que ascendía al 21,13%, con imposición a la demandada de las costas de la instancia.

IV.- Contra la indicada resolución, la parte demandada ha planteado recurso por entender que la TAE pactada no resultaba usuraria por no superar los 6 puntos señalados por la STS de 15 de febrero de 2023.

SEGUNDO.- Concepto legal y jurisprudencial de la usura conforme a la Ley Azcárate

I.- La denominada Ley Azcárate, de 23 de julio de 1908 establece en el artículo 1 que "Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales. Será igualmente nulo el contrato en que se suponga recibida mayor cantidad que la verdaderamente entregada, cualesquiera que sean su entidad y circunstancias".

La ley trata de proteger todas las situaciones que aun revistiendo formalidades distintas entrañen una operación equivalente a un préstamo de dinero y así lo recoge en su artículo 9 al señalar que "Lo dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación substancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido".

II.- Doctrina y jurisprudencia han superado la antigua diferenciación en la Ley de Represión de la Usura entre distintos tipos o regímenes de usura.

Así, en interpretación de esta norma, la STS de 18 de junio de 2010 entendió que "su configuración como una proyección de los controles generales o límites del artículo 1255 del Código civil , especialmente respecto a la consideración de inmoralidad de los préstamos usurarios o leoninos, presupone una lesión grave de los intereses protegidos que, sin duda, y a diferencia de las condiciones generales, representa un control tanto de la validez estructural del contrato, sobre la base de la idea de lesión o de perjuicio económico injustificado como de la validez estructural del consentimiento prestado".

En la sentencia de 25 de noviembre de 2015 el Tribunal Supremo destacó que " Para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, <>, sin sea exigible que acumuladamente se exija <>".

TERCERO.- Contrato de tarjeta de crédito. TAE pactada. Criterio comparativo para determinar su carácter usurario

I.- El contrato mencionado fue suscrito el 13 de noviembre de 2015, con una TAE pactada del 26,82%.

II.- La comparación con los precios medios del mercado no puede hacerse con los créditos al consumo sino con los más específicos de tarjetas de crédito, de acuerdo con la STS nº 149/2020 de 4 de marzo que en referencia a los créditos revolving argumentó que como quiera que al tiempo de la publicación de la referida sentencia el Banco de España ya hacía público el dato específico de los intereses aplicados por las entidades financieras a las tarjetas revolving, era este último dato y no el más genérico de las operaciones de crédito al consumo, el que debía tenerse en consideración para valorar el carácter usurario del concreto préstamo que se sometiera a la consideración de juzgados y tribunales.

Esta argumentación se reiteró con posterioridad en la Sentencia del Alto Tribunal nº 367/2022 de 4 de mayo de 2022 y de nuevo en la Sentencia de 4 de octubre de 2022 (sentencia nº 643/2022) en que ratifica esta línea jurisprudencial al señalar lo siguiente:

<< 1.- La jurisprudencia de esta Sala sobre la posible cualidad de usurarios de los créditos revolving viene constituida, fundamentalmente, por las sentencias del pleno 628/2015, de 25 de noviembre , y 149/2020, de 4 de marzo . En las cuales consideramos que la referencia del "interés normal del dinero" que ha de utilizarse para determinar si el interés remuneratorio es usurario debe ser el interés medio aplicable a la categoría a la que corresponda la operación cuestionada, en estos casos el tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving publicado en las estadísticas oficiales del Banco de España.

Si existen categorías más específicas dentro de otras más amplias (como sucede con la de tarjetas de crédito y revolving, dentro de la categoría más amplia de operaciones de crédito al consumo), deberá utilizarse esa categoría más específica, con la que la operación crediticia cuestionada presenta más coincidencias (duración del crédito, importe, finalidad, medios a través de los cuáles el deudor puede disponer del crédito, garantías, facilidad de reclamación en caso de impago, etc.), pues esos rasgos comunes son determinantes del precio del crédito, esto es, de la TAE del interés remuneratorio. A cuyo efecto, resulta significativo que actualmente el Banco de España, para calcular el tipo medio ponderado de las operaciones de crédito al consumo, no tenga en cuenta el de las tarjetas de crédito y revolving, que se encuentra en un epígrafe diferente.

III.- La tabla 19.4 del Boletín Estadístico del Banco de España se refiere a los tipos de interés (TEDR), que son el tipo efectivo de definición restringida, equivalente a la TAE, pero sin incluir comisiones, y, por ello, presentan un tipo ligeramente inferior a la TAE, con una diferencia del orden de 0,20 a 0,30%.

IV.- Por tanto, como quiera que en el contrato se convino una TAE del 26,82%, debemos analizar a continuación si la comparación efectuada por el juzgador de instancia es la correcta.

CUARTO.- Valoración del carácter usurario del dinero una vez determinado el dato comparativo

I.- En los sistemas de derecho comparado se ha adoptado, en algunos casos, un criterio objetivo aplicable con carácter general a todas las modalidades de préstamos, como ocurre, por ejemplo, en el derecho francés, cuyo Código de consumo considera usurario el préstamo que supere en un tercio el tipo medio del mercado (L-314-6).

En España no existe un criterio legal que permita establecer esta referencia, lo que ha exigido de los tribunales una concreta valoración casuística que ha dado lugar a resoluciones dispares y que en relación a los contratos de tarjeta de crédito tipo revolving, han sido unificadas por el Tribunal Supremo en la Sentencia nº 258/2023 de 15 de febrero en la que establece como criterio para valorar este carácter usuario que el interés pactado sea superior en 6 puntosporcentuales al tipo medio del mercado.

II.- En consecuencia, el índice de referenciainicial a tener en cuenta debe ser el indicado en la instancia del 201,13%,pero se ha de incrementar en un porcentaje de 0,20-0,30 puntos, dando unos porcentajes de referencia de 21,33%-21,43% respectivamente.

Estos dos últimos índices deben ser relacionados con la TAE pactada del 26,82% por lo que resulta una diferencia entre el tipo pactado y el que puede considerarse medio que, en un caso asciende a 5,91 puntos, y en el otro a 5,81 puntos, no alcanzándose los 6 puntos de diferencia indicados por el Tribunal Supremo, por lo que el contrato no puede ser calificado de usurario, debiendo estimar el recurso y modificar la sentencia de instancia.

QUINTO.- Consideraciones generales acerca del deber de transparencia en la contratación con consumidores

I.-La estimación del recurso de apelación respecto a la acción de nulidad por usura nos lleva a tener que analizar la acción ejercitada con carácter subsidiario en la que la parte actora solicita se declare la nulidad de la cláusula de interés remuneratorio por no superar el control de transparencia de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 5 y 7 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación.

II.- El control de trasparencia de las condiciones generales ha dado lugar a numerosa jurisprudencia del TJUE que exige no solo la redacción clara y comprensible del clausulado sino también que el consumidor adherente pueda comprender la carga económica y jurídica derivada del contrato ( sentencias de 21 de marzo de 2013, asunto C-92/11 , caso RWE Vertrieb; 30 de abril de 2014, asunto C-26/13 , caso Kásler y Káslerne Rábai; 26 de febrero de 2015, asunto C- 143/13 , caso Matei; y 23 de abril de 2015, asunto C-96/14 , caso Van Hove)

De igual modo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, con fundamento en los artículos 60.1 y 80.1 de la Ley General de Consumidores y Usuarios, ha venido precisando la necesidad de que los contratos celebrados con consumidores cumplan el doble control de transparencia entendido como control de incorporación y control de contenido (ej. STS 171/2017 de 9 de marzo y 643/2017 de 24 de noviembre, entre otras muchas), entendiendo el control de incorporación como un control de cognoscibilidad, lo que requiere, en primer lugar, que el adherente haya tenido oportunidad real de conocer al tiempo de la celebración del contrato la existencia de la condición general controvertida y, en segundo lugar, que la misma sea legible y tenga una redacción clara, concreta y sencilla, que permita una comprensión gramatical normal ( STS nº 151/2024, de 6 de febrero de 2024) y el correcto entendimiento de sus consecuencias jurídicas y económicas.

Recientemente el Tribunal Supremo en Sentencia de Pleno número 155/2025 de 30 de enero de 2025 se ha pronunciado acerca de si la cláusula que establece el tipo porcentual del interés remuneratorio, considerada conjuntamente con las cláusulas que regulan el sistema de amortización al que va ligado esa TAE, es transparente en el sentido de los artículos 4.2 y 5 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores y, en caso de no serlo, es abusiva.

El Alto Tribunal cita como referencia la doctrina del TJUE respecto a que la exigencia de transparencia de las cláusulas no negociadas en contratos celebrados con consumidores no puede reducirse al carácter comprensible en un plano formal y gramatical, toda vez que el sistema de protección establecido en la Directiva 93/13/CEE se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional en lo referido, en particular, al nivel de información, y que esta exigencia de transparencia debe entenderse de manera extensiva.

El Alto Tribunal señala el carácter complejo del crédito revolvingque se renueva de manera automática en el vencimiento de cada cuota, equiparándolo a una línea de crédito permanente que puede tener consecuencias negativas para el consumidorque pueden producirse por la conjunción de diversos factores: "el carácter indefinido o prorrogable automáticamente del crédito: el límite del crédito se va recomponiendo constantemente; el elevado interés; la escasa cuantía de las cuotas, bien porque han sido establecidas por defecto en el contrato, bien porque han sido elegidas por el consumidor por el atractivo de ser asumibles en el corto plazo pero que van acrecentando un problema que se hará cada vez más serio a largo plazo pues suponen que se amortice muy poco capital; y, en su caso, el anatocismo en caso de impago de alguna cuota, comisión o indemnización, incluyendo capital, intereses, indemnizaciones y comisiones".

El Tribunal Supremo recalca la necesidad de que se haga información precontractual, con cita al efecto de lo dispuesto en el artículo 60.1 del TRLGDCU, el artículo 5 de la Directiva 2008/48 /CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008, el artículo 10 de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contrato de crédito al consumo, y la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

Argumenta el Tribunal Supremo:

"Para cumplir estas exigencias no es suficiente que la información contenga la TAE.En términos comprensibles para el consumidor medio, la información debe indicar que el sistema de amortización es del tipo revolving; debe establecer cuál es la cuota mensual (bien en una cantidad determinada, bien en un porcentaje de la cantidad dispuesta); debe establecer cuál es la duración del contrato; debe indicar si, y en qué casos el interés se devengará no solo respecto del capital dispuesto sino también respecto del total de la cantidad adeudada (incluyendo intereses, comisiones e indemnizaciones devengadas); y deberá contener unos ejemplos adecuados tanto para comprender los riesgos del sistema como para permitir la comparación con otras modalidades de amortización o con las ofertas de otras entidades financieras. Es preciso que la información incida sobre la forma en que esa elevada TAE opera en la propia economía del contrato, dadas las particularidades del sistema de amortización y las demás cláusulas a que se ha hecho referencia. Y debe hacerlo de modo claro y comprensible, no de una forma dispersa a lo largo de un extenso documento en términos poco expresivos de los riesgosdel sistema de amortización revolving". (El subrayado es nuestro).

SEXTO.- Aplicación de la expresada doctrina al caso de autos

I.- El contrato objeto de autos (doc. 2 de la contestación) incluye una primera parte con los datos del solicitante de la tarjeta, que lleva la firma manuscrita del ahora actor y una referencia a lo que se considera son las características esenciales, esto es, que corresponde al cliente decidir cuánto paga cada mes , si un porcentaje o una cantidad fija y que la tarjeta se emite bajo la modalidad de pago mínimo del 1% del saldo dispuesto más intereses, con un mínimo de18 euros, y que en caso de pago aplazado la TIN del contrato sería del 24% y la TAE del 27,24%.

A esta primera página sigue el desarrollo del denominado Reglamento de la tarjeta de crédito, que desarrolla un clausulado extenso, marcándose en rojo los enunciados de cada cláusula y, en particular, en la referida a las "Modalidades de pago" se contempla la posibilidad de efectuar el pago total o bien el pago aplazado y desarrolla con más detalle lo enunciado en la primera página antes reseñado, reiterando que en caso de aplazamiento de pago, el crédito dispuesto genera intereses, que se devengan diariamente y se liquidan cada mes en base a los días efectivamente transcurridos según la f?ormula 1=(c.r.t)/360, para concluir con un ejemplo y la expresa mención de que "El Banco podrá capitalizar mensualmente los intereses, de tal forma que en las fechas de vencimiento, los intereses devengados no satisfechos devengarán nuevos intereses al tipo de interés nominal aplicable".

Con el escrito de contestación a la demanda se aportaron por la parte demandada (doc. 4) los extractos mensuales remitidos al cliente desde abril de 2016, en los que consta el desglose del periodo de facturación, la línea de crédito, el crédito dispuesto, el crédito disponible, el sistema de pago utilizado y la posibilidad de cambiarlo, con indicación del TIN aplicado que era en todos los casos del 24% hasta el 10 de marzo de 2020 en que pasó a ser del 20%.

En los extractos se indica la posibilidad de modificar el sistema de pago con referencia expresa a un correo electrónico y un teléfono para gestionar dicho cambio, de modo que el cliente podía optar por: a) un importe mínimo, con concreta referencia al que correspondía al mes en cuestión, b) un porcentaje del crédito dispuesto, c) la cantidad que se elija, d) el pago total.

El cliente ha venido haciendo uso con normalidad de la tarjeta durante todo este tiempo, que comprende un periodo de seis años, disponiendo de un total de 13.863,94 euros y con un saldo a favor del cliente de 448,89 euros, según el cuadro aportado por la demandada (doc. 3 de la contestación).

II.- Ante esta actuación del cliente y a la vista de la información post contractual recibida, esta sala había venido entendiendo que al ser el contrato de tarjeta de crédito de tracto sucesivo y de duración indefinida, el cliente podía modificar cada mes el sistema de pago elegido y optar por un sistema distinto al que se le aplicaba de la cuota mínima y que era lo que generaba el incremento progresivo de la deuda, por lo que entendimos que había dispuesto de información suficiente acerca del mecanismo de la tarjeta revolvingy de sus consecuencias económicas.

No obstante, la STS de 30 de enero de 2025 no nos permite seguir manteniendo esta interpretación, pues el Alto Tribunal enfatiza el proceso de información precontractual, que aquí no se ha dado, y señala que aunque la información contractual sea clara "no consta que hubiera sido informada con carácter previo del riesgo derivado de una lenta amortización, de que se forme una <>", a lo que añade que "Con la información contenida en el contrato y en la ficha INE, un consumidor medio, normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, no es capaz de tomar conciencia de la naturaleza y consecuencias del mecanismo de amortización revolving, los elevados costes que puede suponerle y los riesgos de terminar siendo un <> que tal sistema puede implicar". (El subrayado es nuestro).

Esta sala debe respetar la jurisprudencia del Tribunal Supremo ( art. 1.6 Cc) y ha de concluir, en base a lo expuesto, que la cláusula relativa al interés del crédito no era transparente, toda vez que no hay constancia de información precontractual (la parte demandada alude solo a información verbal), y el documento contractual no cumple las exigencias que ha establecido la doctrina jurisprudencial en aras a lograr la máxima transparencia y asegurase la total comprensión de las consecuencias del contrato y de la onerosidad del sistema revolving, por su difícil lectura y falta de exposición detallada de la carga económica del contrato, con referencia a la posibilidad de aplicar el anatocismo pero sin particularizar con ejemplos el efecto exponencial que ello comporta y que el cliente no puede percibir si no se le explica de manera detallada y ejemplificativa.

III.- A continuación, es preciso determinar si la cláusula referida al interés remuneratorio puede resultar abusiva, cuestión que la STS nº 155/2025 resuelve directamente a partir de la declaración de falta de transparencia, razonando del siguiente modo:

"...la falta de transparencia de la cláusula relativa a la TAE, valorada junto con las cláusulas relativas al sistema de amortización, el anatocismo y la escasa cuota mensual, no es innocua para el consumidor sino que provoca un grave desequilibrio,en contra de las exigencias de la buena fe, puesto que, al ignorar los riesgos significativos que entraña dicho sistema de amortización, no puede comparar la oferta con las de otros sistemas de amortización y se compromete en un contrato que puede tener para él graves consecuencias pues puede terminar siendo lo que hemos venido en llamar un <> y el Banco de España denomina <>".

En consecuencia, procederá a estimar la demanda en este extremo y entender que, siguiendo la doctrina expuesta por el Tribunal Supremo, la cláusula de interés remuneratorio resulta abusiva por falta de transparencia, declarándose nula, lo que conllevará la nulidad del contrato, al ser el interés elemento esencial de la contratación ( art. 83 TRLCU), con las consecuencias del artículo 1303 Cc.

SEPTIMO.- Conclusión

En atención a lo expuesto procede estimar en parte el recurso de apelación y modificar la sentencia de instancia en el sentido de dejar sin efecto la declaración de nulidad por usura y acordar la estimación de la acción subsidiaria por falta de transparencia del interés remuneratorio, con declaración de nulidad del contrato de tarjeta revolvingy con los efectos del artículo 1303 Cc, es decir, con el reintegro a la actora de las cantidades abonadas que excedan del capital dispuesto, con el interés legal respectivo desde cada pago.

OCTAVO.- Costas

La estimación de la pretensión subsidiaria ejercitada en la demanda conlleva la ratificación de la condena en costas a la demandada que efectuó la sentencia de instancia al haber estimado la acción principal ( art. 394 LEC) .

La estimación en parte del recurso de apelación conlleva que no se haga expresa condena en las costas de esta alzada ( art. 398 LEC) .

PRIMERO.- Planteamiento del litigio. Sentencia de instancia. Recurso de apelación

I.- La representación procesal de doña Maria del Carmen Gizman Martin instó demanda de juicio ordinario contra la mercantil Wizink Bank SA en la que expuso que el 12 de noviembre de 2015 había suscrito con Banco Popular-e SA, un contrato de tarjeta de crédito, a través de un formulario entregado y cumplimentado por la propia entidad, con una línea de crédito inicial de 1.200 euros, según contrato aportado (doc. 1), en el que se convino una TAE del 27,24%, que la actora calificó de usuraria por ser muy superior al normal del dinero, poniendo de manifiesto que en fecha 28 de diciembre de 2021 había efectuado una reclamación extrajudicial que la demandada rechazó (doc. 2, 3 y 4).

En atención a los hechos sucintamente expuestos, la parte actora ejercitó las siguientes acciones:

- La declaración de nulidad del contrato de tarjeta de crédito por ser usurario, con condena a la demandada a devolver la cantidad que exceda del total del capital prestado, más los intereses legales correspondientes desde cada abono.

- Subsidiariamente, se declare la nulidad por falta de transparencia y de incorporación del pacto de intereses remuneratorios, y se condene a la demandada a devolver las cantidades abonadas de más como consecuencia de la aplicación de la indicada cláusula.

II.- La entidad demandada se opuso a la demanda con los argumentos que resumidamente indicamos:

- Existencia de un acuerdo previo que se aportó para su homologación judicial, la aceptación por la parte demandada y el archivo del procedimiento (doc. 1 ter), lo que determinaba la carencia sobrevenida de objeto.

- Existencia de prejudicialidad civil con base en la cuestión prejudicial planteada por el juzgado de primera instancia número 4 de Castellón.

- La TAE pactada no era usuraria conforme a la media del mercado español de tarjetas de crédito con pago aplazado para el año 2015 que era del 24,34%, siendo reducida en marzo de 2020 al 21,94%.

- La cláusula de los intereses remuneratorios supera el control de transparencia, pues la relación contractual se inicia mediante explicaciones verbales, indicándose las características esenciales del producto, de modo que en el formulario se exige la declaración expresa de recibir la tarjeta, y a lo largo del contrato se va informando al cliente de las operaciones realizadas y del importe a pagar, con expresa referencia al tipo de interés remuneratorio y comisiones aplicadas.

- La tarjeta fue utilizada durante seis años sin expresar ninguna queja, y se recibieron un total de 71 extractos.

III.- La sentencia dictada en la instancia rechazó que hubiera existido un acuerdo transaccional que determinara la carencia sobrevenida de objeto y apreció la existencia de usura, comparando la TAE pactada del 27,24% con el TEDR del año 2015, que ascendía al 21,13%, con imposición a la demandada de las costas de la instancia.

IV.- Contra la indicada resolución, la parte demandada ha planteado recurso por entender que la TAE pactada no resultaba usuraria por no superar los 6 puntos señalados por la STS de 15 de febrero de 2023.

SEGUNDO.- Concepto legal y jurisprudencial de la usura conforme a la Ley Azcárate

I.- La denominada Ley Azcárate, de 23 de julio de 1908 establece en el artículo 1 que "Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales. Será igualmente nulo el contrato en que se suponga recibida mayor cantidad que la verdaderamente entregada, cualesquiera que sean su entidad y circunstancias".

La ley trata de proteger todas las situaciones que aun revistiendo formalidades distintas entrañen una operación equivalente a un préstamo de dinero y así lo recoge en su artículo 9 al señalar que "Lo dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación substancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido".

II.- Doctrina y jurisprudencia han superado la antigua diferenciación en la Ley de Represión de la Usura entre distintos tipos o regímenes de usura.

Así, en interpretación de esta norma, la STS de 18 de junio de 2010 entendió que "su configuración como una proyección de los controles generales o límites del artículo 1255 del Código civil , especialmente respecto a la consideración de inmoralidad de los préstamos usurarios o leoninos, presupone una lesión grave de los intereses protegidos que, sin duda, y a diferencia de las condiciones generales, representa un control tanto de la validez estructural del contrato, sobre la base de la idea de lesión o de perjuicio económico injustificado como de la validez estructural del consentimiento prestado".

En la sentencia de 25 de noviembre de 2015 el Tribunal Supremo destacó que " Para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, <>, sin sea exigible que acumuladamente se exija <>".

TERCERO.- Contrato de tarjeta de crédito. TAE pactada. Criterio comparativo para determinar su carácter usurario

I.- El contrato mencionado fue suscrito el 13 de noviembre de 2015, con una TAE pactada del 26,82%.

II.- La comparación con los precios medios del mercado no puede hacerse con los créditos al consumo sino con los más específicos de tarjetas de crédito, de acuerdo con la STS nº 149/2020 de 4 de marzo que en referencia a los créditos revolving argumentó que como quiera que al tiempo de la publicación de la referida sentencia el Banco de España ya hacía público el dato específico de los intereses aplicados por las entidades financieras a las tarjetas revolving, era este último dato y no el más genérico de las operaciones de crédito al consumo, el que debía tenerse en consideración para valorar el carácter usurario del concreto préstamo que se sometiera a la consideración de juzgados y tribunales.

Esta argumentación se reiteró con posterioridad en la Sentencia del Alto Tribunal nº 367/2022 de 4 de mayo de 2022 y de nuevo en la Sentencia de 4 de octubre de 2022 (sentencia nº 643/2022) en que ratifica esta línea jurisprudencial al señalar lo siguiente:

<< 1.- La jurisprudencia de esta Sala sobre la posible cualidad de usurarios de los créditos revolving viene constituida, fundamentalmente, por las sentencias del pleno 628/2015, de 25 de noviembre , y 149/2020, de 4 de marzo . En las cuales consideramos que la referencia del "interés normal del dinero" que ha de utilizarse para determinar si el interés remuneratorio es usurario debe ser el interés medio aplicable a la categoría a la que corresponda la operación cuestionada, en estos casos el tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving publicado en las estadísticas oficiales del Banco de España.

Si existen categorías más específicas dentro de otras más amplias (como sucede con la de tarjetas de crédito y revolving, dentro de la categoría más amplia de operaciones de crédito al consumo), deberá utilizarse esa categoría más específica, con la que la operación crediticia cuestionada presenta más coincidencias (duración del crédito, importe, finalidad, medios a través de los cuáles el deudor puede disponer del crédito, garantías, facilidad de reclamación en caso de impago, etc.), pues esos rasgos comunes son determinantes del precio del crédito, esto es, de la TAE del interés remuneratorio. A cuyo efecto, resulta significativo que actualmente el Banco de España, para calcular el tipo medio ponderado de las operaciones de crédito al consumo, no tenga en cuenta el de las tarjetas de crédito y revolving, que se encuentra en un epígrafe diferente.

III.- La tabla 19.4 del Boletín Estadístico del Banco de España se refiere a los tipos de interés (TEDR), que son el tipo efectivo de definición restringida, equivalente a la TAE, pero sin incluir comisiones, y, por ello, presentan un tipo ligeramente inferior a la TAE, con una diferencia del orden de 0,20 a 0,30%.

IV.- Por tanto, como quiera que en el contrato se convino una TAE del 26,82%, debemos analizar a continuación si la comparación efectuada por el juzgador de instancia es la correcta.

CUARTO.- Valoración del carácter usurario del dinero una vez determinado el dato comparativo

I.- En los sistemas de derecho comparado se ha adoptado, en algunos casos, un criterio objetivo aplicable con carácter general a todas las modalidades de préstamos, como ocurre, por ejemplo, en el derecho francés, cuyo Código de consumo considera usurario el préstamo que supere en un tercio el tipo medio del mercado (L-314-6).

En España no existe un criterio legal que permita establecer esta referencia, lo que ha exigido de los tribunales una concreta valoración casuística que ha dado lugar a resoluciones dispares y que en relación a los contratos de tarjeta de crédito tipo revolving, han sido unificadas por el Tribunal Supremo en la Sentencia nº 258/2023 de 15 de febrero en la que establece como criterio para valorar este carácter usuario que el interés pactado sea superior en 6 puntosporcentuales al tipo medio del mercado.

II.- En consecuencia, el índice de referenciainicial a tener en cuenta debe ser el indicado en la instancia del 201,13%,pero se ha de incrementar en un porcentaje de 0,20-0,30 puntos, dando unos porcentajes de referencia de 21,33%-21,43% respectivamente.

Estos dos últimos índices deben ser relacionados con la TAE pactada del 26,82% por lo que resulta una diferencia entre el tipo pactado y el que puede considerarse medio que, en un caso asciende a 5,91 puntos, y en el otro a 5,81 puntos, no alcanzándose los 6 puntos de diferencia indicados por el Tribunal Supremo, por lo que el contrato no puede ser calificado de usurario, debiendo estimar el recurso y modificar la sentencia de instancia.

QUINTO.- Consideraciones generales acerca del deber de transparencia en la contratación con consumidores

I.-La estimación del recurso de apelación respecto a la acción de nulidad por usura nos lleva a tener que analizar la acción ejercitada con carácter subsidiario en la que la parte actora solicita se declare la nulidad de la cláusula de interés remuneratorio por no superar el control de transparencia de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 5 y 7 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación.

II.- El control de trasparencia de las condiciones generales ha dado lugar a numerosa jurisprudencia del TJUE que exige no solo la redacción clara y comprensible del clausulado sino también que el consumidor adherente pueda comprender la carga económica y jurídica derivada del contrato ( sentencias de 21 de marzo de 2013, asunto C-92/11 , caso RWE Vertrieb; 30 de abril de 2014, asunto C-26/13 , caso Kásler y Káslerne Rábai; 26 de febrero de 2015, asunto C- 143/13 , caso Matei; y 23 de abril de 2015, asunto C-96/14 , caso Van Hove)

De igual modo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, con fundamento en los artículos 60.1 y 80.1 de la Ley General de Consumidores y Usuarios, ha venido precisando la necesidad de que los contratos celebrados con consumidores cumplan el doble control de transparencia entendido como control de incorporación y control de contenido (ej. STS 171/2017 de 9 de marzo y 643/2017 de 24 de noviembre, entre otras muchas), entendiendo el control de incorporación como un control de cognoscibilidad, lo que requiere, en primer lugar, que el adherente haya tenido oportunidad real de conocer al tiempo de la celebración del contrato la existencia de la condición general controvertida y, en segundo lugar, que la misma sea legible y tenga una redacción clara, concreta y sencilla, que permita una comprensión gramatical normal ( STS nº 151/2024, de 6 de febrero de 2024) y el correcto entendimiento de sus consecuencias jurídicas y económicas.

Recientemente el Tribunal Supremo en Sentencia de Pleno número 155/2025 de 30 de enero de 2025 se ha pronunciado acerca de si la cláusula que establece el tipo porcentual del interés remuneratorio, considerada conjuntamente con las cláusulas que regulan el sistema de amortización al que va ligado esa TAE, es transparente en el sentido de los artículos 4.2 y 5 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores y, en caso de no serlo, es abusiva.

El Alto Tribunal cita como referencia la doctrina del TJUE respecto a que la exigencia de transparencia de las cláusulas no negociadas en contratos celebrados con consumidores no puede reducirse al carácter comprensible en un plano formal y gramatical, toda vez que el sistema de protección establecido en la Directiva 93/13/CEE se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional en lo referido, en particular, al nivel de información, y que esta exigencia de transparencia debe entenderse de manera extensiva.

El Alto Tribunal señala el carácter complejo del crédito revolvingque se renueva de manera automática en el vencimiento de cada cuota, equiparándolo a una línea de crédito permanente que puede tener consecuencias negativas para el consumidorque pueden producirse por la conjunción de diversos factores: "el carácter indefinido o prorrogable automáticamente del crédito: el límite del crédito se va recomponiendo constantemente; el elevado interés; la escasa cuantía de las cuotas, bien porque han sido establecidas por defecto en el contrato, bien porque han sido elegidas por el consumidor por el atractivo de ser asumibles en el corto plazo pero que van acrecentando un problema que se hará cada vez más serio a largo plazo pues suponen que se amortice muy poco capital; y, en su caso, el anatocismo en caso de impago de alguna cuota, comisión o indemnización, incluyendo capital, intereses, indemnizaciones y comisiones".

El Tribunal Supremo recalca la necesidad de que se haga información precontractual, con cita al efecto de lo dispuesto en el artículo 60.1 del TRLGDCU, el artículo 5 de la Directiva 2008/48 /CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008, el artículo 10 de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contrato de crédito al consumo, y la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

Argumenta el Tribunal Supremo:

"Para cumplir estas exigencias no es suficiente que la información contenga la TAE.En términos comprensibles para el consumidor medio, la información debe indicar que el sistema de amortización es del tipo revolving; debe establecer cuál es la cuota mensual (bien en una cantidad determinada, bien en un porcentaje de la cantidad dispuesta); debe establecer cuál es la duración del contrato; debe indicar si, y en qué casos el interés se devengará no solo respecto del capital dispuesto sino también respecto del total de la cantidad adeudada (incluyendo intereses, comisiones e indemnizaciones devengadas); y deberá contener unos ejemplos adecuados tanto para comprender los riesgos del sistema como para permitir la comparación con otras modalidades de amortización o con las ofertas de otras entidades financieras. Es preciso que la información incida sobre la forma en que esa elevada TAE opera en la propia economía del contrato, dadas las particularidades del sistema de amortización y las demás cláusulas a que se ha hecho referencia. Y debe hacerlo de modo claro y comprensible, no de una forma dispersa a lo largo de un extenso documento en términos poco expresivos de los riesgosdel sistema de amortización revolving". (El subrayado es nuestro).

SEXTO.- Aplicación de la expresada doctrina al caso de autos

I.- El contrato objeto de autos (doc. 2 de la contestación) incluye una primera parte con los datos del solicitante de la tarjeta, que lleva la firma manuscrita del ahora actor y una referencia a lo que se considera son las características esenciales, esto es, que corresponde al cliente decidir cuánto paga cada mes , si un porcentaje o una cantidad fija y que la tarjeta se emite bajo la modalidad de pago mínimo del 1% del saldo dispuesto más intereses, con un mínimo de18 euros, y que en caso de pago aplazado la TIN del contrato sería del 24% y la TAE del 27,24%.

A esta primera página sigue el desarrollo del denominado Reglamento de la tarjeta de crédito, que desarrolla un clausulado extenso, marcándose en rojo los enunciados de cada cláusula y, en particular, en la referida a las "Modalidades de pago" se contempla la posibilidad de efectuar el pago total o bien el pago aplazado y desarrolla con más detalle lo enunciado en la primera página antes reseñado, reiterando que en caso de aplazamiento de pago, el crédito dispuesto genera intereses, que se devengan diariamente y se liquidan cada mes en base a los días efectivamente transcurridos según la f?ormula 1=(c.r.t)/360, para concluir con un ejemplo y la expresa mención de que "El Banco podrá capitalizar mensualmente los intereses, de tal forma que en las fechas de vencimiento, los intereses devengados no satisfechos devengarán nuevos intereses al tipo de interés nominal aplicable".

Con el escrito de contestación a la demanda se aportaron por la parte demandada (doc. 4) los extractos mensuales remitidos al cliente desde abril de 2016, en los que consta el desglose del periodo de facturación, la línea de crédito, el crédito dispuesto, el crédito disponible, el sistema de pago utilizado y la posibilidad de cambiarlo, con indicación del TIN aplicado que era en todos los casos del 24% hasta el 10 de marzo de 2020 en que pasó a ser del 20%.

En los extractos se indica la posibilidad de modificar el sistema de pago con referencia expresa a un correo electrónico y un teléfono para gestionar dicho cambio, de modo que el cliente podía optar por: a) un importe mínimo, con concreta referencia al que correspondía al mes en cuestión, b) un porcentaje del crédito dispuesto, c) la cantidad que se elija, d) el pago total.

El cliente ha venido haciendo uso con normalidad de la tarjeta durante todo este tiempo, que comprende un periodo de seis años, disponiendo de un total de 13.863,94 euros y con un saldo a favor del cliente de 448,89 euros, según el cuadro aportado por la demandada (doc. 3 de la contestación).

II.- Ante esta actuación del cliente y a la vista de la información post contractual recibida, esta sala había venido entendiendo que al ser el contrato de tarjeta de crédito de tracto sucesivo y de duración indefinida, el cliente podía modificar cada mes el sistema de pago elegido y optar por un sistema distinto al que se le aplicaba de la cuota mínima y que era lo que generaba el incremento progresivo de la deuda, por lo que entendimos que había dispuesto de información suficiente acerca del mecanismo de la tarjeta revolvingy de sus consecuencias económicas.

No obstante, la STS de 30 de enero de 2025 no nos permite seguir manteniendo esta interpretación, pues el Alto Tribunal enfatiza el proceso de información precontractual, que aquí no se ha dado, y señala que aunque la información contractual sea clara "no consta que hubiera sido informada con carácter previo del riesgo derivado de una lenta amortización, de que se forme una <>", a lo que añade que "Con la información contenida en el contrato y en la ficha INE, un consumidor medio, normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, no es capaz de tomar conciencia de la naturaleza y consecuencias del mecanismo de amortización revolving, los elevados costes que puede suponerle y los riesgos de terminar siendo un <> que tal sistema puede implicar". (El subrayado es nuestro).

Esta sala debe respetar la jurisprudencia del Tribunal Supremo ( art. 1.6 Cc) y ha de concluir, en base a lo expuesto, que la cláusula relativa al interés del crédito no era transparente, toda vez que no hay constancia de información precontractual (la parte demandada alude solo a información verbal), y el documento contractual no cumple las exigencias que ha establecido la doctrina jurisprudencial en aras a lograr la máxima transparencia y asegurase la total comprensión de las consecuencias del contrato y de la onerosidad del sistema revolving, por su difícil lectura y falta de exposición detallada de la carga económica del contrato, con referencia a la posibilidad de aplicar el anatocismo pero sin particularizar con ejemplos el efecto exponencial que ello comporta y que el cliente no puede percibir si no se le explica de manera detallada y ejemplificativa.

III.- A continuación, es preciso determinar si la cláusula referida al interés remuneratorio puede resultar abusiva, cuestión que la STS nº 155/2025 resuelve directamente a partir de la declaración de falta de transparencia, razonando del siguiente modo:

"...la falta de transparencia de la cláusula relativa a la TAE, valorada junto con las cláusulas relativas al sistema de amortización, el anatocismo y la escasa cuota mensual, no es innocua para el consumidor sino que provoca un grave desequilibrio,en contra de las exigencias de la buena fe, puesto que, al ignorar los riesgos significativos que entraña dicho sistema de amortización, no puede comparar la oferta con las de otros sistemas de amortización y se compromete en un contrato que puede tener para él graves consecuencias pues puede terminar siendo lo que hemos venido en llamar un <> y el Banco de España denomina <>".

En consecuencia, procederá a estimar la demanda en este extremo y entender que, siguiendo la doctrina expuesta por el Tribunal Supremo, la cláusula de interés remuneratorio resulta abusiva por falta de transparencia, declarándose nula, lo que conllevará la nulidad del contrato, al ser el interés elemento esencial de la contratación ( art. 83 TRLCU), con las consecuencias del artículo 1303 Cc.

SEPTIMO.- Conclusión

En atención a lo expuesto procede estimar en parte el recurso de apelación y modificar la sentencia de instancia en el sentido de dejar sin efecto la declaración de nulidad por usura y acordar la estimación de la acción subsidiaria por falta de transparencia del interés remuneratorio, con declaración de nulidad del contrato de tarjeta revolvingy con los efectos del artículo 1303 Cc, es decir, con el reintegro a la actora de las cantidades abonadas que excedan del capital dispuesto, con el interés legal respectivo desde cada pago.

OCTAVO.- Costas

La estimación de la pretensión subsidiaria ejercitada en la demanda conlleva la ratificación de la condena en costas a la demandada que efectuó la sentencia de instancia al haber estimado la acción principal ( art. 394 LEC).

La estimación en parte del recurso de apelación conlleva que no se haga expresa condena en las costas de esta alzada ( art. 398 LEC).