Sentencia Civil 637/2025 Audiencia Provincial Civil de Almería nº 1, Rec. 1432/2024 de 27 de junio del 2025

PRIMERO.- Posición de las partes. Resolución recurrida.

Estima íntegramente la sentencia impugnada las pretensiones ejercitadas por la actora en las que se solicitaba por la Comunidad de Propietarios se retirara el aparato de ósmosis instalado en el cuarto de contadores comunitario así como los accesorios y elementos de uso privativo existentes en el patio del edificio instalados por los demandados. De igual forma desestima la reconvención formulada por estos por la que se impugnaban los acuerdos adoptados en los puntos 4º y 5º de la Junta de Propietarios celebrada el 27 de enero de 2022.

Fundamenta la resolución la estimación de la demanda en que "Por lo que en definitiva el filtro de agua del cuarto de contadores precisó de autorización por parte de la Comunidad que nunca se obtuvo, y respecto del armario de pvc y la pila de agua los demandados contaba con una prohibición expresa, sin distinción de si el armario debía ser fijo o móvil, que nunca impugnaron y por tanto acataron.

Por lo demás, sostienen los demandados que las instalaciones en cuestión no afectan a la configuración exterior del edificio, ni constituye daños en su estructura, ni afecta perjudicando a elementos comunes, no siendo visible desde el exterior. Dicho motivo, debe decaer igualmente, toda vez que no nos encontramos ante una obra realizada en un elemento privativo de la demandada, artículo 7.1 párrafo primero LPH , sino de actuaciones en elementos comunitario de uso privativo, siendo de aplicación el párrafo segundo del artículo 7.1 LPH , no pudiendo, por tanto, realizar modificación alguna, independientemente de si afecta o no a la estructura o configuración del edificio, suponiendo una afectación de un elemento común, sin contar con la autorización de la Comunidad."En cuanto al agravio comparativo alegado argumenta que "Sin embargo, más allá de las manifestaciones los demandados no se ha justificado objetivamente -por ejemplo mediante acta de junta de propietarios o simplemente con fotografías- que haya otros vecinos a los que se les haya autorizado para realizar obras similares. No en vano fue escuchado en juicio como testigo un vecino cuya terraza aparece también fotografiada, y no tiene ninguna instalación similar a la de los demandados (las otras dos terrazas del acta de presencia, pertenecen a otra Comunidad)."

En cuanto a la demanda reconvencional entiende el juzgador que "El acuerdo cuarto se refiere a la instalación de la "osmosis" en el cuarto de contadores, y la junta por "unanimidad" acuerda requerir a los demandados para que retiren la instalación por la consideración de que afecta a un elemento común y no ha obtenido autorización. Y los demandados reconvinientes articulan su impugnación sobre los mismos argumentos utilizados en la contestación a la demanda para negar la necesidad de autorización; argumentos que ya han sido rechazados.

Y respecto al otro acuerdo los demandados reconvinientes pretenden soslayar la inimpugnabilidad de los acuerdos de la junta de propietarios de 1 de julio de 2014, atacando el acuerdo quinto que no es sino consecuencia de aquellos acuerdos que por no discutirlos en su día son válidos. Este acuerdo quinto no es más que el requerimiento para que los demandados retirasen los elementos nuevos del patio, que se han concretado en la pila de agua y el armario grande de pvc, y que fueron prohibidos expresamente en la junta de propietarios de 1 de julio de 2014. Acuerdos que además de que no fueron impugnados se ha considerado en los fundamentos anteriores que no son contrarios a la Ley".

Se alza el recurrente contra tales pronunciamientos alegando error en la valoración de la prueba con reiteración de los argumentos expuestos en su contestación a la demanda y en la demanda reconvencional.

La parte apelada se opone al recurso.

SEGUNDO.- Facultad revisora de la Sala de Apelación.

Sobre las facultades del Tribunal de apelación, que las STC 152/1998, de 13 de julio y 212/2000. de 18 de septiembre y del TS de 28 de marzo de 2000 y 30 de noviembre de 2000, entre otras muchas, han destacado que el recurso de apelación confiere plenas facultades al órgano "ad quem", permitiendo un "novum iudicium", dando lugar a un nuevo examen completo de la cuestión litigiosa y una revisión de la sentencia dictada en primera instancia, extendiéndose a todo el objeto de esta y es un recurso devolutivo utilizado contra sentencias con la finalidad de su sustitución por entender la parte apelante que ha mediado un error en el juicio. Así, la amplia facultad revisoria que corresponde a los Tribunales de apelación al conocer de los recursos ante ellos interpuestos sólo "está limitada por el principio prohibitivo de la «reformatio in peius». quedando vinculados por los pronunciamientos de la sentencia apelada que hayan sido consentidos por las partes" STS 19-6-1999. De modo que es doctrina reiterada de nuestro TS la de que los tribunales de alzada tienen competencia no solo para revocar, adicionar, suplir o enmendar las sentencias de los inferiores, sino también para dictar respecto de todas las cuestiones debatidas el pronunciamiento que proceda, como dispone el art. 456,1 de la LEC que: "En virtud del recurso de apelación podrá perseguirse, con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de primera instancia, que se revoque un auto o sentencia y que, en su lugar, se dicte otro u otra favorable al recurrente, mediante nuevo examen de las actuaciones llevadas a cabo ante aquel tribunal y conforme a la prueba que, en los casos previstos en esta Ley, se practique ante el tribunal de apelación".

Ahora bien, como tiene dicho esta Sala, por todas la SAP de Almería de 16-6-2015, RAC nº 777/14: "Aunque la segunda instancia es un juicio pleno con plena libertad de criterio por el tribunal "ad quem", las facultades revisorias de éste quedan limitadas por el principio de inmediación. No puede olvidarse que la práctica de la prueba se realiza ante el juzgado de instancia y éste tiene ocasión de poder percibir con inmediación las pruebas practicadas, es decir, de estar en contacto directo con las mismas y con las personas intervinientes. En suma, el principio de inmediación, que aparece en la anterior LEC y con mayor énfasis en la nueva, que informa el proceso civil debe concluir ab initio por el respeto a la valoración probática realizada por el juzgador de instancia, salvo, excepción, que aparezca claramente que, en primer lugar, exista una inexactitud o manifiesto error en la apreciación de la prueba o, en segundo lugar, que el propio relato fáctico sea oscuro, impreciso o dubitativo, ininteligible, incompleto, incongruente o contradictorio. Prescindir de todo lo anterior es sencillamente pretender modificar el criterio del juzgador por el interesado de la parte recurrente. Asimismo, no puede impugnarse la valoración probatoria del juzgador de instancia mediante el análisis de la prueba (cualquier medio de prueba) de forma individualizada sin hacer mención a una valoración conjunta de la prueba que es la que ofrece el juzgador. Si la apelante cuestiona la valoración conjunta de la prueba efectuada por el Juzgador "a quo", la exigencia de motivación fáctica de las sentencias ( art. 120.3 de la CE) requiere del juzgador que explique cómo obtiene su convencimiento respecto a los hechos que entiende probados a partir de las pruebas practicadas, sin que se impida la valoración o apreciación conjunta de la prueba practicada. La CE no garantiza que cada una de las pruebas practicadas haya de ser objeto en la sentencia de un análisis individualizado y explícito sino que, antes bien, es constitucionalmente posible una valoración conjunta de las pruebas practicadas: es un sistema necesario, por ejemplo, cuando varios medios de prueba se complementan entre sí o, incluso, cuando el resultado de uno incide en el resultado de otros. La valoración por el Tribunal "a quo" de la prueba sólo puede ser combatida en los tribunales de ulterior grado cuando el "iter" deductivo afrenta de manera evidente a un razonar humano consecuente. Es preciso demostrar que los juzgadores han prescindido del proceso lógico que representa las reglas de la sana crítica, al haber conculcado las más elementales directrices del razonar humano y lógico ( SSTS 10 de marzo de 1994, 11 de noviembre de 1996 y 9 de marzo de 1998).".

TERCERO.- Motivos del recurso. Análisis.

Se alega por la apelante error en la valoración de la prueba. Como es lógico, corresponde al actor probar la realidad y certeza de su reclamación de conformidad con las reglas sobre la carga de la prueba, art. 217 de la LEC. Nos encontramos ante un problema de prueba, es reiteradísimo criterio del Tribunal Supremo, el que viene sosteniendo que corresponde al actor la prueba de los hechos normalmente constitutivos de su derecho y al demandado la de los extintivos ( STS 29-2-1960, 17-10-1981, 8-3-1996, 14-3-1998; 27-7-1998, 13-10-1998). Es indiscutible que son las partes a quienes les compete aportar al proceso los elementos de prueba para generar la convicción judicial sobre sus respectivas afirmaciones fácticas, realizadas en los escritos rectores del proceso, es decir en demanda y reconvención, a los efectos de persuadir al juzgador sobre la bondad de sus alegaciones. En efecto, formalizado judicialmente el conflicto, el principio de justicia rogada, consustancial a la esfera procesal civil, y como tal expresamente proclamado en el art. 216 de la LEC, exige que los tribunales civiles decidan los asuntos en virtud de las aportaciones de hechos, pruebas y pretensiones de las partes, excepto cuando la ley disponga otra cosa en casos especiales; y el art. 282 de dicho texto legal recoge el principio de aportación de parte, cuando señala que, salvo los supuestos legales en los que el juez de oficio puede acordar determinadas pruebas, éstas se practicarán a instancia de parte.

Puede suceder que, tras la valoración judicial de las pruebas, determinados hechos, de indiscutible relevancia procesal, hayan quedado inciertos, es decir no suficientemente demostrados o dudosos. En tal tesitura lo sencillo para el Juez sería dejar imprejuzgada la controversia, pero las exigencias del principio de la prohibición del non liquet, derivados de los arts. 24.1 CE, 1.7 CC, 11.3 LOPJ, 218 LEC y 448 CP, le cercenan la posibilidad de actuar de tal forma. Para tales casos la Ley le dota al Juez de un mecanismo para resolver las contiendas que se le suscitan, que no son otras que las reglas de juicio o de la carga de la prueba del art. 217 de la LEC. Su razón de ser viene explicada por la STS de 8 de junio de 1998, como "instrumento lógico para indicarle, en los casos de incerteza fáctica, si la sentencia ha de ser absolutoria o condenatoria".En definitiva, como insiste la STS de 31 de enero de 2001, al interpretar el derogado art. 1214 del Código Civil, actual art. 217 LEC regulador del onus probandi: "esta norma expone la teoría de la carga de la prueba que ha desarrollado la doctrina y la jurisprudencia y que se resume en la frase de la doctrina alemana, "el problema de la carga de la prueba es el problema de la falta de prueba", para indicar que se solventa la cuestión de que un determinado hecho no ha sido probado, fijando cual de las partes sufre las consecuencias de tal falta de prueba".Más recientemente podemos citar, en idéntico sentido, la STS de 16 de marzo de 2006, o bien como apunta la STS de 21-3-2013: "Las reglas de distribución de la carga de prueba sólo se infringen cuando, no estimándose probados unos hechos, se atribuyen las consecuencias de la falta de prueba a quién según las reglas generales o específicas, legales o jurisprudenciales, no le incumbía probar, y, por tanto, no le corresponde que se le impute la laguna o deficiencia probatoria",para continuar "Las sentencias de 5 mayo 2011 , 7 julio 2011 y 4 abril 2012 advierten que la función de la doctrina de la carga de la prueba es suplir la falta de prueba".En aplicación de lo expuesto, la Sala coincide plenamente con lo argumentado por el juez a quo en la sentencia impugnada. Como ya hemos dicho en numerosas ocasiones la valoración probatoria es una facultad de los tribunales, debiendo respetarse la apreciación de los órganos judiciales en tanto no se demuestre que el juzgador incurrió en error de hecho, o que sus valoraciones resultan ilógicas, opuestas a las máximas de la experiencia o a las reglas de la sana crítica, que es tanto como decir conforme a la lógica y la razón, en tanto que es un facultad exclusiva del Juez de instancia, no de las partes. Por ello, como principio general, ha de respetarse la interpretación que el Juez de Instancia haga de su facultad de libre apreciación o con arreglo a las reglas de la sana crítica de las pruebas practicadas, al menos en principio, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia, como tiene declarando el Tribunal Constitucional (vgr. sentencias de 2 de julio de 1990 y 3 de octubre de 1994 ). Sólo cuando estemos ante un supuesto de prueba legal o tasada contemplada en algunas ocasiones la Ley de Enjuiciamiento Civil o en el caso de que aparezca claramente, bien que exista una inexactitud o manifiesto error en la apreciación de la prueba, bien que el propio relato fáctico sea oscuro, impreciso o dubitativo, ininteligible, incompleto, incongruente o contradictorio o la valoración sea arbitraria, cabe su revisión por vía del recurso de apelación en el que se transfiere al tribunal de segunda instancia el conocimiento pleno de la cuestión ( artículo 456.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ), pero quedando reducida la alzada a verificar si en la valoración conjunta del material probatorio se ha comportado el Juez a quo de forma ilógica, arbitraria, contraria a las máximas de experiencia o a las normas de la sana crítica, o si, por el contrario, la apreciación conjunta de la prueba es la procedente por su adecuación a los resultados obtenidos en el proceso (por todas, véanse las sentencias del Tribunal Supremo de 26 de enero de 1998 y de 15 de febrero de 1999 ).

No se puede modificar el criterio del juzgador por el interesado de una de las partes. El hecho de que entre las partes existan posturas contrapuestas o contradictorias en orden a la valoración en conjunto de la prueba y la cuestión litigiosa, no impide en modo alguno que la cuestión pueda dirimirse con el suficiente criterio si se practican pruebas que, mediante una exégesis valorativa lógica, permitan llegar a una convicción objetivamente razonada; de manera que si la prueba practicada en el proceso se pondera por el Juez de instancia de forma racional y asépticamente, sin que pugne con las reglas de la lógica y la razón o las normas que impongan un concreto efecto para un determinado medio de prueba, llegando a una conclusión razonable y correcta, tal valoración debe mantenerse y no sustituirse por la subjetiva de quien impugna la expresada valoración.

Como ya dijimos en sentencia de RAC 489/17: "La valoración de la prueba es facultad de los tribunales sustraída a los litigantes que sí pueden aportar las pruebas que la normativa legal autoriza conforme a los principios dispositivos y de rogación, pero en modo alguno tratar de imponerla a los Juzgados. Cabe añadir que el Juez que recibe la prueba puede valorarla de forma libre, que no arbitraria, transfiriendo la apelación al Tribunal "ad quem" el conocimiento pleno de la cuestión, pero quedando reducida la alzada a verificar la legalidad en la producción de las pruebas, la observancia de los principios rectores de su carga y si en la valoración conjunta del material probatorio se ha comportado el Juez "a quo" de forma arbitraria o si, por el contrario, la apreciación conjunta realizada por el mismo es la procedente por su adecuación a los resultados obtenidos en el proceso. En consecuencia, cuando de valoraciones probatorias se trata, la revisión de la sentencia deberá centrarse en comprobar que aquélla aparece suficientemente expresada en la resolución recurrida y, que las conclusiones fácticas a las que así llegue no denoten un error evidente o resulten incompletas, incongruentes o contradictorias, sin que por lo demás resulte lícito sustituir el criterio objetivo del Juez por el personal e interesado de la parte apelante".

Pues bien, de la revisión en esta alzada de la resolución y el material probatorio, y en cuanto al extremo relativo a la retirada de los elementos colocados por los demandados en el patio común de uso privativo (tal naturaleza, en atención a las manifestaciones de las partes, no es un hecho controvertido), se ha de indicar que, como correctamente indica el juez a quo, en fecha 1 de julio de 2014 se celebró Junta Extraordinaria, en la que tales extremos fueron debatidos y se decidió con respecto a los mismos. En la referida junta los ahora demandados expusieron, como se ha indicado, la viabilidad de sus pretensiones en relación con el patio común de uso privativo, siendo el primer orden del día "Toma de decisión sobre las obras del DIRECCION001", procediéndose por su propietario a enumerar las distintas obras en cuestión y procediéndose, tras manifestaciones hechas por dos propietarios, a la votación de cada una de ellas, denegándose su autorización por dos votos a favor y siete en contra.

Posteriormente en la junta celebrada en fecha 27 de enero de 2022 donde se dice en su punto 5º: "TOMA DE DECISIÓN DEL PATIO DEL BAJO-o, SOBRE EL ACUERDO TOMADO EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 01.07.2014. En este punto, se debate sobre la decisión a tomar por parte de la comunidad, frente a la vulneración llevada a cabo por el propietario de la vivienda DIRECCION001, de los acuerdos adoptados por la misma, sobre una serie de propuestas efectuadas por dicho propietario en relación a la posibilidad de utilizar e instalar una serie de elementos privativos en los espacios comunes del edificio.

En tal sentido, se informa que ya en su día se tomaron las decisiones oportunas sobre cada una de las propuestas efectuadas por el propietario del DIRECCION001, en relación a la posibilidad de ocupar e instalar una serie de elementos en un espacio comunitario.

Dicho esto, se hace constar de forma expresa que se vuelven a ratificar de forma unánime y en toda su extensión todos y cada uno de los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de la comunidad, celebrada con fecha 1 de Julio de 2014 y a la cual se remite, y por tanto y en base a ello, se acuerda igualmente por unanimidad de los asistentes en la presente reunión, requerir al propietario del DIRECCION001-o, para que a la mayor brevedad posible, proceda por su parte, a la retirada voluntaria de todo aquel accesorio o cualquier otro elemento que haya instalado en el espacio comunitario del patio del edificio y para el cuál, no disponga de la correspondiente autorización comunitaria, con la advertencia expresa de que si transcurrido el plazo de UN MES desde la recepción del presente acuerdo, no manifiesta o argumenta nada al respecto, se entenderá su postura como negativa ante la decisión unánime de la comunidad.

En tal caso, la comunidad actuará en consecuencia y procederá a interponer la correspondiente reclamación judicial frente al propietario responsable, para Iq cual y en este mismo momento, se autoriza y se confieren al presidente, poderes suficientes a los efectos de poder nombrar procurador y letrado que representen y defiendan los intereses de la comunidad".

Es imprescindible indicar que la primera junta celebrada en fecha 1 de julio de 2014 no es impugnada por lo que el acuerdo adquiere ejecutividad.

El articulo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal establece: "1. Los acuerdos de la Junta de Propietarios serán impugnables ante los tribunales de conformidad con lo establecido en la legislación procesal general, en los siguientes supuestos:

a) Cuando sean contrarios a la ley o a los estatutos de la comunidad de propietarios.

b) Cuando resulten gravemente lesivos para los intereses de la propia comunidad en beneficio de uno o varios propietarios.

c) Cuando supongan un grave perjuicio para algún propietario que no tenga obligación jurídica de soportarlo o se hayan adoptado con abuso de derecho.

2. Estarán legitimados para la impugnación de estos acuerdos los propietarios que hubiesen salvado su voto en la Junta, los ausentes por cualquier causa y los que indebidamente hubiesen sido privados de su derecho de voto. Para impugnar los acuerdos de la Junta el propietario deberá estar al corriente en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la comunidad o proceder previamente a la consignación judicial de las mismas. Esta regla no será de aplicación para la impugnación de los acuerdos de la Junta relativos al establecimiento o alteración de las cuotas de participación a que se refiere el art. 9 entre los propietarios.

3. La acción caducará a los tres meses de adoptarse el acuerdo por la Junta de propietarios, salvo que se trate de actos contrarios a la ley o a los estatutos, en cuyo caso la acción caducará al año. Para los propietarios ausentes dicho plazo se computará a partir de la comunicación del acuerdo conforme al procedimiento establecido en el art. 9.

4. La impugnación de los acuerdos de la Junta no suspenderá su ejecución, salvo que el juez así lo disponga con carácter cautelar, a solicitud del demandante, oída la comunidad de propietarios.".

En consecuencia, conforme al citado precepto, es evidente que el referido acuerdo adoptado por la Comunidad de Propietarios actora es plenamente ejecutivo por no haberse impugnado en tiempo y forma por los propietarios afectados, que ya no pueden oponerse al mismo y, por tanto, la demanda interpuesta por la comunidad de propietarios debe necesariamente prosperar en cuanto a tal extremo.

Respecto a la ejecutividad de los acuerdos no impugnados se vienen pronunciando de forma unánime las Audiencias Provinciales, y entre las más recientes, y a título de ejemplo, cabe citar las sentencias de la Sec. 5ª de la AP de Álava de 5 de diciembre de 2017 ( ROJ: SAP VI 871/2017), de la Sección 8ª de la AP de Madrid de 8 de octubre de 2017 ( ROJ: SAP M 12499/2017), de la Sec. 17ª de la AP de Barcelona de 24 de enero de 2018 ( ROJ: 993/2018), de la Sec.6ª de la AP de Valencia de 10 de mayo de 2018 ( ROJ: SAP V 1926/2018) y de la Sec. 16ª de la AP de Barcelona de 10 de julio de 2018 ( ROJ: SAP B 6950/2018). Y en un supuesto similar al de autos, en el que se habían cerrado por sus propietarios las plazas de aparcamiento sin autorización de la Comunidad de Propietarios y no habían impugnado el acuerdo de la junta de propietarios contrario a ello, se pronuncian en el mismo sentido que este Tribunal las sentencias de la Sec. 3 de la AP de Jaén de 6 de marzo de 2007 (ROJ: 461/2007) y la de la Sec. 9ª de la AP de Alicante de 18 de octubre de 2010 ( ROJ: SAP 3483/2010).

En cuanto a la existencia de un abuso de derecho y de un agravio comparativo con los otros copropietarios a los que se les ha permitido la realización de obras, esta Sala se ha pronunciado en anteriores ocasiones en el sentido de que la actividad jurisdiccional de los tribunales en materia de infracción de la normativa legal sobre propiedad horizontal, en el específico ámbito de la alteración de elementos comunes del inmueble, ha contemplado la incidencia que tiene la preexistencia de otras alteraciones similares a aquélla que se pretende eliminar, expresa o tácitamente consentidas, conectando el ejercicio de la correspondiente acción por parte de la comunidad de propietarios o por alguno de éstos con el instituto jurídico del abuso de derecho, y con los principios de igualdad y equidad. Así, se mantiene que no pueda aplicarse a un comunero un criterio distinto del seguido con otros ni una desigualdad injustificada de trato entre los distintos comuneros, por lo que supondría de contravención del principio de igualdad proclamado en el artículo 14 de la Constitución Española en relación a los otros propietarios. Un trato discriminatorio entre comuneros carente de la suficiente justificación constituye un verdadero abuso de derecho que los Tribunales de Justicia no pueden amparar (en este sentido, SSTS de 31 de octubre de 1.990 y 5 de marzo de 1.998 ; SSAAPP de Santander, 6 octubre 1992 ; de Málaga, 17 febrero 1994 ; de Madrid, 1 de febrero de 1.999 , 14 de febrero de 2.000 , 26 junio 2003 y 23 de abril de 2.004 ; de Sevilla, 26 de enero de 2.005 ; de Albacete, de 14 de septiembre de 2006 ; de Barcelona, de 21 de marzo de 2005 , entre otras muchas). Existiendo pronunciamientos de esta misma Sala en el sentido expresado (SS 3 febrero 2005, Rollo 557/04 ; 14 mayo 2009, Rollo 710/08 ; 15 mayo 2009, Rollo 770/08; 20 julio 2009, Rollo 878/08 ; y 21 julio 2009, Rollo 682/08 ). Siendo de expresar la realidad de pronunciamientos judiciales de órganos jurisdiccionales que se apartan de la línea jurisprudencial expuesta.

En este orden de cosas, la STS, Civil, sección 1ª, de 31 de octubre de 2013 expresa la doctrina general que se desprende de las Sentencias del Tribunal Supremo sobre la materia que nos ocupa, en los siguientes términos: Depende de cada caso y de las circunstancias que concurren: no es suficiente con que exista una obra autorizada para que se estimen abusivas todas las acciones que se ejerciten frente a la nuevas alteraciones; sí se considera abuso del derecho cuando, a la vista de las circunstancias, se aprecia la inexistencia de justa causa o de finalidad que no puede considerarse legítima, sin que el que acciona obtenga beneficio alguno y perjudique a otro propietario.

La STS de 4 de enero de 2013 expone: "2 . En lo referente a la doctrina del abuso del Derecho, conforme a la reciente doctrina jurisprudencial de esta Sala (SSTS 1 de febrero de 2006 , RC 1820, 2000, 24 de octubre de 2011 , nº 787, 2011 ), se puede afirmar que se sustenta en la existencia de unos límites de orden moral, teleológico y social que pesan sobre el ejercicio de los derechos, y como institución de equidad, exige para poder ser apreciada, una actuación aparentemente correcta que, no obstante, representa en realidad una extralimitación a la que la ley no concede protección alguna, generando efectos negativos (los más corrientes daños y perjuicios ), al resultar patente la circunstancia subjetiva de ausencia de finalidad seria y legítima, así como la objetiva de exceso en el ejercicio del derecho exigiendo su apreciación, una base fáctica que proclame las circunstancias objetivas (anormalidad en el ejercicio) y subjetivas (voluntad de perjudicar o ausencia de interés legítimo).

En materia de propiedad horizontal , el abuso de derecho, se traduce en el uso de una norma, por parte de la comunidad o de un propietario, con mala fe, en perjuicio de otro u otros copropietarios, sin que por ello se obtenga uno beneficio amparado por la norma. En definitiva la actuación calificada como abusiva no debe fundarse en una justa causa y su finalidad no será legítima.

En el presente caso, no se dan los presupuestos que caracterizan esta figura, entre otros extremos, por las siguientes consideraciones:

a) No hay un ejercicio anormal o abusivo por parte de la Comunidad de propietarios en el uso de un derecho que le otorga la Ley de Propiedad Horizontal , precisamente, en beneficio de todos ellos.

b) No se ha acreditado que el fin perseguido con la demanda, en la esfera del dolo o la mala fe, fuera perjudicar al copropietario; por el contrario, fueron apercibidos de la irregularidad de la obra el mismo día de su instalación y, posteriormente, en la Junta de propietarios que al respecto se celebró el 1 de julio de 2014.

c) En concurrencia con lo anterior, tampoco se les priva de disfrutar del patio de forma privativa.

3 . Tampoco cabe estimar, conforme a lo alegado que en el presente caso se de paso a una discriminación o desigualdad de trato que, en ningún caso, contradice la jurisprudencia de esta Sala basada en las circunstancias fácticas del caso concreto y en la preferencia de las actuaciones que persiguen finalidades amparadas por la norma ( SSTS 5 y 12 diciembre 2012 , números 751 y 768, 2012).

En efecto, si se atiende a estas circunstancias se observa que la desigualdad de trato, ya como una proyección del abuso del Derecho, o bien como vulneración del principio de igualdad, no se produce en el presente caso. No discutiéndose que la terraza es un elemento común del inmueble a la luz de las consideraciones jurídicas antes expuestas, esta Sala comparte el criterio de la parte apelante sobre la existencia de circunstancias que justifican la existencia de abuso de derecho en el ejercicio de la acción por parte de la Comunidad de Propietarios. Así, consta en el proceso: a) la voluntad de los copropietarios de prohibir la colocación de la caseta en la azotea se evidencia en el acuerdo adoptado en fecha 26 de julio de 2017 ; b) la voluntad de los copropietarios de oponerse a cualquier obra que no se acomode a los parámetros acordados por la Comunidad; c) la colocación por parte de los demadados sin la autorización de la Comunidad de Propietarios, contraviniendo los acuerdos de la misma y contra la expresa prohibición de la Comunidad; y d) consta la efectiva reacción de la Comunidad de Propietarios ante la actuación de copropietarios pues se acuerda proceder judicialmente frente a los demandados.

La pretensión de la comunidad actora no vulnera el principio de igualdad ni implica un abuso de derecho ( artículo 7, apartado dos, del Código Civil ) puesto que las alteraciones físicas de comparación o cotejo no guardan relación alguna con la de estos autos. Una comunidad de propietarios puede tener mayor grado de tolerancia ante unos modo de utilización privativa de elementos comunes que ante otras diferentes, no comparables (de valoración ciertamente subjetiva) y no puede invocarse el principio de igualdad ante situaciones no equiparables. ( SAP de Madrid 233/2014, de 26 de junio).

Lo que, en sintonía con la doctrina jurisprudencial antes expuesta, nos lleva a excluir la existencia de abuso de derecho en el presente caso, en atención a las circunstancias concurrentes, por lo que colige esta Sala con la conclusión alcanzada por el juez a quo.

En cuanto a la colocación del aparato de ósmosis (o filtro de partículas según lo denomina la apelante) en el cuarto común de contadores, la naturaleza de tal espacio tampoco es un hecho controvertido.

Dicho lo cual, se ha de partir siempre de la premisa de que las facultades del propietario de un piso o local para modificar los elementos arquitectónicos, las instalaciones o los servicios de aquel está sujeta a un doble requisito: a) la obligación de los propietarios de respetar los elementos comunes ( art. 9 L.P.H.) y la consiguiente imposibilidad de realizar obras que comporten su modificación sin obtener el acuerdo unánime de la Junta de Propietarios exigida para la validez de los acuerdos que impliquen aprobación o modificación de las reglas contenidas en el título constitutivo de la propiedad o en los estatutos; b) como exige expresamente el art. 7 L.P.H., que no se menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores o se perjudiquen los derechos de otro propietario. Asimismo, y con carácter general se debe tener en cuenta que se exige la unanimidad de la Junta de Propietarios para adoptar acuerdos que impliquen una modificación del título constitutivo ( SSTS 22 de Octubre de 2.008, 15 de Diciembre de 2.008, y 17 de Febrero de 2.010).

El artículo 7 del mismo cuerpo legal: "1. El propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquél cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad.

En el resto del inmueble no podrá realizar alteración alguna y si advirtiere la necesidad de reparaciones urgentes deberá comunicarlo sin dilación al administrador.

2. Al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

El presidente de la comunidad, a iniciativa propia o de cualquiera de los propietarios u ocupantes, requerirá a quien realice las actividades prohibidas por este apartado la inmediata cesación de las mismas, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes.

Si el infractor persistiere en su conducta el Presidente, previa autorización de la Junta de propietarios, debidamente convocada al efecto, podrá entablar contra él acción de cesación que, en lo no previsto expresamente por este artículo, se sustanciará a través del juicio ordinario.

Presentada la demanda, acompañada de la acreditación del requerimiento fehaciente al infractor y de la certificación del acuerdo adoptado por la Junta de propietarios, el juez podrá acordar con carácter cautelar la cesación inmediata de la actividad prohibida, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia. Podrá adoptar asimismo cuantas medidas cautelares fueran precisas para asegurar la efectividad de la orden de cesación. La demanda habrá de dirigirse contra el propietario y, en su caso, contra el ocupante de la vivienda o local.

Si la sentencia fuese estimatoria podrá disponer, además de la cesación definitiva de la actividad prohibida y la indemnización de daños y perjuicios que proceda, la privación del derecho al uso de la vivienda o local por tiempo no superior a tres años, en función de la gravedad de la infracción y de los perjuicios ocasionados a la comunidad. Si el infractor no fuese el propietario, la sentencia podrá declarar extinguidos definitivamente todos sus derechos relativos a la vivienda o local, así como su inmediato lanzamiento".

La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece que los cuartos de contadores, tanto de luz como de agua, son elementos comunes de la comunidad de propietarios, y la comunidad tiene derecho a regular su uso. No existe amparo legal alguno a la utilización de un elemento común sin autorización de la comunidad de propietarios. Era preciso contar con el consentimiento de la Comunidad de propietarios, la cual no lo ha ofrecido en ningún momento sino todo lo contrario. El artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal, tanto en su párrafo segundo de la redacción originaria como en su apartado 1, párrafo segundo, de la redacción dada por la Ley 8/1999, de 6 Abr., es taxativo al disponer que en el resto del inmueble [lo que no es piso o local, esto es, elemento privativo] no podrá realizar alteración alguna; incluso en el caso verdaderamente extremo de necesidad de reparaciones urgentes el precepto no autoriza a ningún propietario para realizarlas a iniciativa propia sino que debe comunicar la situación, sin dilación, al administrador. Por tanto, la Comunidad de propietarios tiene derecho a que los demandados repongan el cuarto de contadores a su estado anterior a la realización de las obras inconsentidas, del modo y manera como se interesa en la demanda.

En relación a la impugnación de los puntos 4º y 5º de la Junta de Propietarios celebrada el 27 de enero 2022, nada más hay que añadir en lo referente al patio común de uso privativo a lo ya expuesto. En relación al punto 4º alega la apelante los mismos motivos que ya han sido analizados y expuestos en la contestación a la demanda. No se indica a lo largo de la demanda reconvencional los motivos por los cuales el acuerdo en cuestión ha de ser declarado nulo, más allá de genéricas alegaciones que tienden a probar las causas justificadas de inasistencia de los demandados a la junta celebrada el 27 de enero de 2022, como es el padecimiento de un accidente o la no entrega del burofax puesto que el mismo se envió en periodo de vacaciones estival y el fue devuelto, extremos que en modo alguno pueden sustentar las alegaciones vertidas por los demandados, acreditándose además que el acta de dicha junta fue notificada a los mismos por carta certificada el 15 de marzo de 2022 (documento nº 4 de la demanda), sin que dichos acuerdos fueran tampoco impugnados en legal forma.

Pues bien, en evitación de innecesarias reiteraciones, bastaría con dar por reproducida la fundamentación que se contiene en la sentencia apelada para desestimar el recurso de apelación; debiéndose recordar que la jurisprudencia viene afirmando que es motivación suficiente de las sentencias la remisión hecha por el Tribunal superior a la sentencia de instancia que era impugnada ( S.S.T.S 174/1987; 146/1990; 27/1992, 11/1995, 115/1996, 105/1997, 23/1997 y 26/1998), precisando la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 1998 que: "Si la resolución de primera instancia es acertada, la de apelación, que la confirma, no tiene porque repetir o reproducir los argumentos de aquélla, pues basta, en aras de la economía procesal, la sola corrección de lo que, en su caso, fuera necesario, según tiene declarado reiteradamente esta Sala respecto a la fundamentación de la sentencia por remisión (aparte de otras, TS SS 16 Oct. 1992 , 5 Nov. 1992 y 19 Abr. 1993 ).".

En el caso que nos ocupa bastaría remitirnos a los acertados razonamientos de la sentencia de instancia, por cuanto como dice la STC nº 116/98, de 2 de junio: "conviene destacar, en primer lugar, cómo el deber de motivación, en principio, no autoriza a exigir un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se decide, sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión ( STC 14/1991 ), es decir, la «ratio decidendi» que ha determinado aquélla ( SSTC 28/1995 y 32/1996 ). En particular, hemos afirmado que es motivación suficiente la remisión hecha por el Tribunal Superior a la sentencia de instancia".La STS de 30 de julio de 2008 que: "La doctrina jurisprudencial admite la fundamentación por remisión; así, si la resolución de primer grado es acertada, la que confirma en apelación no tiene porque repetir o reproducir los argumentos, y sólo, en aras de la economía procesal, debe corregir aquéllos que resulten necesarios ( STS de 16 de octubre de 1992 ); una fundamentación por remisión no deja de ser motivación, ni de satisfacer la exigencia constitucional de tutela judicial efectiva, lo que sucede cuando el Juez "ad quem" se limita a asumir en su integridad los argumentos utilizados en la sentencia apelada, sin incorporar razones jurídicas nuevas a las ya empleadas por aquélla.".

Por todo lo expuesto, ha de ser desestimado el recurso y confirmada la resolución impugnada.

CUARTO.- Costas

Dada la desestimación del recurso se hace expresa imposición de costas conforme al artículo 394 de la LEC de esta alzada a la parte apelante.

En virtud de lo expuesto,

FALLO