Sentencia Civil 379/2025 Audiencia Provincial Civil de Cáceres nº 1, Rec. 715/2024 de 30 de abril del 2025

PRIMERO.- Objeto del Recurso.

En la demanda rectora del presente procedimiento la parte actora -D. Eloy- acciona frente a la demandada WIZINK BANK SA, interesando el dictado de una sentencia por la que:

(i).- De forma principal, se declare la nulidad por falta de transparencia de la cláusula contractual que determinan los intereses remuneratorios.

Declare que el efecto de la apreciación de la nulidad de la cláusula de intereses remuneratorios es el legal del artículo 3 de la Ley de Usura, por lo que el demandante tiene la obligación de entregar a la demandada únicamente el capital del que ha dispuesto a lo largo de la vida del préstamo.

Condene a la demandada a restituir a la actora todas las cantidades que haya percibido a lo largo de la vida del préstamo y que excedan del referido principal, más los intereses legales devengados desde la fecha de interposición de la demanda y el interés procesal desde la firmeza de la sentencia de instancia.

Condene a la demandada al pago de las costas causadas en este procedimiento.

(ii).- Subsidiariamente, declare la nulidad por abusiva de la cláusula contractual que determina la comisión por reclamación de impagos.

Condene a la entidad demandada a devolver a la actora el importe de cada una de las comisiones abonadas por este concepto a lo largo de la vida del préstamo junto con sus intereses legales.

Condene a la demandada al pago de las costas causadas en este procedimiento.

Refiere la demandante que con fecha 15 de marzo de 2001 actor y demandada, el primero en su condición de consumidor, formalizaron un préstamo con tarjeta de crédito sistema flexipago (con modo de pago a crédito revolving), en el que el tipo de interés aplicado, TAE 24,60%, resulta muy elevado y desproporcionado. Sostiene que respecto a la cláusula que fija el interés remuneratorio caben los controles de incorporación y transparencia, controles ambos -según afirma- no superados y que hacen devenir nula por abusiva la citada cláusula de intereses remuneratorios.

Destaca que el interés remuneratorio se impuso al actor sin que se negociase dicha cláusula y sin que se advirtiera a aquel de las consecuencias de aplicar dicho tipo de interés a un préstamo tan complejo como las tarjetas revolving. Reitera y subraya que el demandante no fue informado que el interés del crédito revolving se aplica al saldo deudor y no al principal pendiente de abono, generando el efecto bolo de nievey creando un deudor cautivo,añadiendo que en el contrato se dispone una TAE pero en el práctica se aplica "otro precio" al contrato, lo que determina la total falta de transparencia, además de usura.

Señala, finalmente, que la demandada impone a la actora la cantidad de 12,02€ a 35€ por cada retraso en el pago del recibo mensual en concepto de comisión por impagados que no se justifica, argumentando y defendiendo su carácter abusivo.

La entidad demandada se opone a la pretensión deducida de adverso defendiendo, en primer término y por lo que hace al fondo de la cuestión, que el contrato no es usurario pues la diferencia entre la TAE litigiosa y el resultado de añadir al TEDR publicado por el Banco de España para el año 2010 las comisiones, no supera en ningún caso los seis puntos porcentuales que establece la doctrina del Tribunal Supremo.

En relación con la transparencia, aduce que la cláusula del precio, donde se establece el interés remuneratorio, es perceptible (físicamente legible), comprensible (lenguaje y estructura del clausulado) y concreta (el cliente entiende su posición contractual). Ningún consumidor medio olvida revisar el precio que aparece en su contrato (es su objeto principal) y, desde luego, todos conocen que el precio (los intereses) que se aplica, si deciden aplazar la devolución del capital dispuesto, es de un 24,6 % TAE.

Añade que en cumplimiento de las exigencias jurisprudenciales en relación con el conocimiento por parte del consumidor medio de la carga económica, Wizink dio toda la información necesaria para que un consumidor medio pudiera comprender sin dificultad las consecuencias económicas de la cláusula. Además, la demandante, como el resto de los clientes del banco, recibió abundante y periódica información sobre el funcionamiento económico de la tarjeta a lo largo de los más de 23 años que la utilizó. Por consiguiente, y siendo ello así, el resultado de la pretensión de la parte demandante no puede ser otro que desestimatorio por cuanto una cláusula definitoria del objeto principal del contrato (precio) no puede ser objeto de control de abusividad, sino solo de transparencia.

La sentencia dictada en la instancia, tras descartar que la acción restitutoria estuviese prescrita al tiempo de presentación de la demanda y confirmar que la cuantía del procedimiento debe fijarse en indeterminada en atención a la naturaleza de la acción ejercitada (acción de nulidad), desestima la acción ejercitada por usura al considerar, en atención a las circunstancias concurrentes, que el interés remuneratorio no puede calificarse de usurario, ni considerarse notablemente superior al normal del dinero, puesto que el aplicado estaba próximo al tipo medio de las operaciones de crédito de similares características, no superando el límite de los seis puntos porcentuales establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Establece, sin embargo, que la cláusula de intereses remuneratorios no supera el control de transparencia e incorporación, razonando que la información aparece en letra minúscula y en una parte del documento difícilmente apreciable, cuya interpretación parece de escasa comprensión. La relevancia de los intereses remuneratorios requería la prueba de que se tenía perfecto conocimiento de la misma, su trascendencia y su incidencia en la ejecución del contrato. Tal extremo, sin embargo, no se desprende de su lectura, como tampoco se acredita que por parte de la entidad demandada se informara en debida forma del alcance y consecuencias de su inclusión, concretamente, de los intereses a cobrar por la entidad, su forma de devengo o su acumulación al capital pendiente de abono o de la posibilidad de que la cuota de amortización se dilatase indefinidamente en el tiempo. De ello se desprende que se le ha dado una relevancia "secundaria", adoleciendo de claridad, no habiendo sido percibida por el consumidor como relevante al objeto principal del contrato.

En consecuencia, estima la demanda y declara la nulidad por abusiva de la cláusula de intereses remuneratorios (TAE 24,60%) pactados en el contrato de tarjeta de crédito celebrado entre las partes el 15 de marzo de 2001, condenando a la entidad demandada a eliminar la citada cláusula del contrato y abonar la cantidad indebidamente cobrada en su aplicación, más los intereses legales devengados. Ello, con imposición de costas a la entidad demandada.

Frente a dicha resolución se alza en apelación la entidad financiera demandada alegando en breve síntesis los siguientes motivos:

Previo Primero.- Antecedentes del recurso: Recuerda la recurrente las posiciones procesales de cada una de las partes y el contenido de la sentencia recaída en la instancia, abogando por su revocación en cuanto estima la nulidad por falta de transparencia.

Previo Segundo.- Validación del contrato Citibank del año 2001 por Audiencias Provinciales: Destaca que son numerosas las secciones de Audiencias Provinciales que validan los reglamentos de las tarjetas de la demandada, tanto desde el punto de vista formal como material. Relaciona alguna de ellas.

Primero.- Error en la valoración de la prueba determinante para la ratio decidendi: Recuerda que la parte apelada y la entidad apelante firmaron hace 23 años un contrato de tarjeta de crédito. Asegura que una de las copias del contrato fue preservada por la entidad durante años hasta que los medios tecnológicos permitieron realizar un escaneo de la copia del contrato para poder almacenarlo de una forma más efectiva. Este escaneo es el documento en el cual el Juzgador a quoha basado su análisis sobre la carencia de transparencia.

Sin embargo, la demandada adjuntó como documento nº 3 de la contestación, el documento blanqueado que sí es una copia fiel de la que se entregó al cliente en el momento de la contratación y que, sin embargo, no ha sido tomada en consideración por el Juzgado a quopara el análisis de la transparencia. Esto es un error patente y una valoración de la prueba arbitraria y errónea que hace que la sentencia deba ser revisada por la Ilma. Audiencia Provincial dado que un documento en el que se puede observar la realidad percibida por el cliente en el año 2001, que fue cuando leyó el reglamento de la tarjeta, prestó su conformidad rellenando la solicitud y la entregó para su aceptación por la entidad, no puede ser tachado de poco transparente.

Segundo.-Infracción de los artículos 5 y 7 de la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación , 80 y 81 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y errónea valoración de la prueba:Reitera que la sentencia de instancia, al concluir que el Reglamento no supera el doble control de transparencia, lo hace sobre la base de un análisis erróneo.

Comenzando por el control de inclusión, de incorporación, o de transparencia formal, analizando el contrato blanqueado se puede comprobar lo siguiente:

El Reglamento se encuentra incorporado al documento de solicitud de la Tarjeta, de manera que se asegura que todo cliente que solicita la misma tenga acceso al clausulado.

La letra del Reglamento es perfectamente legible, cumpliendo con creces los requisitos de tamaño legalmente establecidos en el momento de la contratación.

El Reglamento está compuesto por distintas cláusulas claramente diferenciadas unas de otras, en las que se emplean títulos fácilmente comprensibles destacados en negrita y en un color llamativo, lo que permite a los consumidores identificarlas fácilmente.

El Reglamento emplea colores de gran contraste que facilitan la lectura del clausulado.

La cláusula en la que se define el coste de la Tarjeta, por su relevancia, está situada en una ubicación destacada, separada del resto (aunque en el mismo documento), de manera que el consumidor pueda identificarla incluso con un simple vistazo al Reglamento.

El Reglamento incluye un lenguaje sencillo, fácil de entender para el consumidor medio.

El Reglamento supera con creces el control de inclusión.

Por otro lado, en cuanto al coste económico que la Tarjeta tiene para el cliente, las cláusulas relevantes a estos efectos son dos: la cláusula en la que se explican las modalidades de pago, y la cláusula en la que se indica el coste de la financiación.

En cuanto a las modalidades de pago, la cláusula es extensa -debe describir concienzudamente al cliente las distintas modalidades de pago por las que puede optar-, pero perfectamente comprensible. De hecho, si es extensa es porque la explicación que da es detallada. La cláusula explica con claridad al cliente las opciones que se le ofrecen para devolver las cantidades que financie, e incluso se le ofrece un ejemplo de financiación para que pueda comprender más fácilmente la carga económica real de la financiación.

Tampoco puede dejar de destacarse que la información que se transmite al cliente en la referida cláusula no reviste gran complejidad: un consumidor sabe que si financia la devolución de sus compras normalmente se le aplicará un tipo de interés, siendo lo relevante conocer cuál es ese tipo de interés. Eso precisamente es lo que se indica, con gran claridad, en el denominado Anexo.

Añade que tras la contratación el cliente recibió en su domicilio detallados extractos en los que se le informaba de los movimientos de la Tarjeta, y del coste que le suponía la financiación de la que estaba haciendo uso.

La errónea conclusión alcanzada en la sentencia contrasta con la opinión unánime de las Audiencias Provinciales que han tenido oportunidad de analizar el Reglamento litigioso desde una perspectiva de transparencia. Cita al efecto diversas sentencias de Audiencias Provinciales.

Tercero.- La estimación del recurso con lleva la imposición de costas para la parte recurrida: Sostiene que en aplicación del criterio del vencimiento objetivo del artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y dado que procede la íntegra estimación del presente recurso de apelación, las costas de primera instancia habrán de ser impuestas a la parte recurrida.

Subsidiariamente, y para el hipotético supuesto de que se considerase que el contrato litigioso no cumple los requisitos mínimos de transparencia y legibilidad, entiende de aplicación la excepción del principio del vencimiento objetivo y no habrán de imponerse las costas a ninguna de las partes por existir en el supuesto claras dudas de hecho o de derecho.

Al recurso se opuso la parte demandante, solicitando la confirmación de la sentencia.

SEGUNDO.- Sobre las cláusulas que regulan el interés remuneratorio. Control de transparencia.

Hemos de comenzar señalando que el 30 de enero de 2025 el Tribunal Supremo dictó dos sentencias de Pleno, la 154/2025 y 155/2025, sobre los requisitos de transparencia de las tarjetas revolving, poniendo fin a las distintas posturas habidas entre las Audiencias Provinciales al marcar, definitivamente, la pauta a seguir en la protección de los consumidores frente a la cláusula de fijación de la TAE en los contratos revolving.

Indica el Alto Tribunal en las sentencias precitadas que la cuestión debatida es si la cláusula que establece el tipo porcentual del interés remuneratorio (TAE), considerada conjuntamente con las cláusulas que regulan el sistema de amortización al que va ligado esa TAE, es transparente en el sentido de los artículos 4.2 y 5 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 , sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores; y caso de no serlo, si es abusiva.

De este modo el Tribunal Supremo, ateniéndose a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores y, en concreto, en los contratos sobre crédito al consumo, declara y recuerda en esta materia "el TJUE ha señalado que la exigencia de transparencia de las cláusulas no negociadas en contratos celebrados con consumidores que resulta de los arts. 4.2 y 5 de la Directiva 93/13/CEE no puede reducirse solo al carácter comprensible de estas en un plano formal y gramatical, sino que, por el contrario, toda vez que el sistema de protección establecido por dicha Directiva se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional en lo referido, en particular, al nivel de información, esa exigencia de redacción clara y comprensible de las cláusulas contractuales, y por tanto de transparencia, debe entenderse de manera extensiva ( sentencias de 30 de abril de 2014, C-26/13 , Kásler y Káslerné Rábai, apartados 71 y 72, de 9 de julio de 2015, C-348/14 , Bucura, apartado 52, y, más recientemente, de 20 de abril de 2023, C-263/22 , Ocidental-Companhia Portuguesa de Seguros de Vida SA, apartado 26)".

"Esta exigencia requiere que el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, esté en condiciones de comprender el funcionamiento concreto de tal cláusula y de valorar así, basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas, potencialmente significativas, de dicha cláusula sobre sus obligaciones ( sentencias de 10 de junio de 2021 , BNP Paribas Personal Finance, C-609/19 , apartados 42 y 43, de 10 de junio de 2021 , BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 a C-782/19 , apartados 63 y 64, y de 20 de abril de 2023, C-263/22 , Ocidental-Companhia Portuguesa de Seguros de Vida SA, apartado 26)".

"Por consiguiente, la exigencia de que una cláusula contractual debe redactarse de manera clara y comprensible se ha de entender también como una obligación de que el contrato exponga de manera transparente el funcionamiento concreto del mecanismo al que se refiere la cláusula de que se trate, así como, en su caso, la relación entre ese mecanismo y el prescrito por otras cláusulas, de manera que el consumidor de que se trate esté en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven para él ( sentencias de 30 de abril de 2014, C-26/13 , Kásler y Káslerné Rábai, apartado 75, C-96/14 , de 23 de abril de 2015 , Van Hove, apartados 41 y 50, de 20 de septiembre de 2017, C-186/16 , Andriciuc, apartado 45, de 3 de octubre de 2019 , Kiss y CIB Bank, C-621/17 , apartado 37, de 3 de marzo de 2020 , Gómez del Moral Guasch, C-125/18 , , apartado 43, y de 16 de julio de 2020 , Caixabank y BBVAž C-224/19 y 259/19, apartado 67)".

Añadiendo que "(E)sta interpretación de la transparencia implica que los profesionales deben proporcionar información clara a los consumidores sobre las cláusulas del contrato y sus implicaciones y consecuencias antes de la celebración del contrato. El TJUE ha enfatizado repetidamente la importancia de dicha información para que los consumidores puedan comprender el alcance de sus derechos y obligaciones en virtud del contrato antes de estar sujetos a este. Así, en las sentencias de 21 de marzo de 2013, C-92/11 , RWE Vertrieb, apartado 44 , y de 21 de diciembre de 2016, C-154/15 , C-307/15 y C-308/15 , Gutiérrez Naranjo y otros, apartado 50, de 13 de julio de 2023 , Banco Santander, C- 265/22 , apartado 51, y de 12 de diciembre de 2024, C-300/23 , Kutxabank, el TJUE ha declarado que reviste una importancia fundamental para el consumidor disponer, antes de la celebración de un contrato, de información sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de dicha celebración. El consumidor decide si desea quedar vinculado por las condiciones redactadas de antemano por el profesional basándose principalmente en esa información".

Descendiendo al supuesto de autos, el control de incorporación, configurado como control de cognoscibilidad ( sentencia del Tribunal Supremo núm.- 151/2024, de 6 de febrero), parte necesariamente de que el adherente haya tenido oportunidad real de conocer al tiempo de la celebración del contrato la existencia de la condición general controvertida y, en segundo lugar, que la misma sea legible y tenga una redacción clara, concreta y sencilla, que permita una comprensión gramatical normal.

La legibilidad de los contratos con consumidores, en relación con el tamaño de la letra empleado en su redacción, viene regulado actualmente en el artículo 80.1 b) del Texto Refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios (redacción dada por Ley 4/2022, de 25 de febrero), que impone un tamaño superior a los 2.5 milímetros y un espacio entre líneas superior a los 1.15 milímetros, así como que el contraste con el fondo sea suficiente para no hacer dificultosa la lectura. Antes de ello, la reforma del precepto por Ley 3/2014, de 27 de marzo, preveía un tamaño mínimo de letra de 1,5 milímetros. Ahora bien, a la fecha en que se firmó el contrato que nos ocupa, marzo de 2001, no existía norma alguna que vinculara la validez de un contrato con consumidores a un determinado tamaño de letra, por lo que la jurisprudencia del Tribunal Supremo se refería en estos supuestos a la posibilidad real de lectura.

De hecho, este Tribunal viene manifestando de modo reiterado que como los contratos se aportan en formato digital, pudiéndose obtener diversos tamaños de letra, habrá de estarse en realidad a la posibilidad real de lectura, lo que acontece en el caso concreto, tanto en el documento aportado por la demandante (acontecimiento núm.- 4 en el visor) como en el blanqueado aportado por la demandada (acontecimiento núm.- 23 en el visor). Establecida la legibilidad de la documentación contractual, el contenido de la misma, de inicio, aparece clara y comprensible en términos gramaticales, por lo que en principio cabe aceptar que la adhesión se ha realizado con unas mínimas garantías de cognoscibilidad por parte del adherente consumidor a las cláusulas que integran en el contrato.

Presupuesto el control de transparencia formal, se ha de atender al control de transparencia material, es decir, el relativo a la garantía de que el adherente conozca o pueda conocer con sencillez tanto la "carga económica" que realmente supone para él el contrato celebrado, esto es, la onerosidad o sacrificio patrimonial que debe realizar a cambio de la prestación económica que quiere obtener, como también la carga jurídica del mismo, subrayándose al respecto que el Tribunal Supremo ha declarado en las dos sentencias antedichas que la información que debe suministrarse al consumidor al que se le ofrece una tarjeta con la modalidad revolving debe cumplir con las exigencias establecidas en la normativa nacional y con aquellas que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha extraído de la Directiva 93/13/CEE. Y así,

"Debe exponer, de manera transparente por su contenido, forma de expresión y ubicación en el documento, el funcionamiento concreto del mecanismo de recomposición del capital y su influencia en la liquidación de los intereses y en la amortización del capital dispuesto, especialmente en los supuestos de incremento notable del riesgo, ya indicados: cuando la cuota periódica de pago no es elevada pero sí lo es el tipo de interés; y cuando se produce un impago y la capitalización de los intereses y las comisiones devengadas prolonga indefinidamente el pago de la deuda porque las cuotas periódicas, que por defecto se fijan en una cuantía mínima, apenas amortizan capital. Debe informarse, por tanto, de la relación entre la elevada TAE, el mecanismo de recomposición del capital y las demás cláusulas con trascendencia en la creación de los riesgos descritos, de manera que el consumidor esté en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven para él".

"En concreto, en lo que respecta al anatocismo, constituye una previsión contractual lícita, pero excepcional y con efectos significativamente gravosos para el consumidor, que requiere, por tanto, información clara al consumidor y que la redacción de la cláusula sea inteligible para el consumidor medio, como requisito para que pueda ser considerada transparente".

"En consecuencia, la información debe permitir al consumidor medio comprender el producto ofertado, tomar conciencia de los riesgos que se derivan del plazo indefinido o prorrogable automáticamente, el elevado tipo de interés, la recomposición constante del crédito, la escasa amortización del capital en el caso de cuotas bajas, y el anatocismo; y, asimismo debe permitirle comparar las diversas ofertas, tal como exige el art. 10 de la Ley de contratos de crédito al consumo, pues para optar por una u otra modalidad de amortización es necesario que las comprenda. Por tanto, es necesaria una información diferenciada sobre las características, los costes y los riesgos de las tres modalidades de financiación que por lo general son electivas, por más que en muchos casos se aplique, por defecto, la modalidad revolving. Porque la diferencia de la modalidad revolving con la modalidad de pago aplazado a fin de mes, sin intereses, puede ser fácil de comprender, pero no lo es tanto la diferencia entre la modalidad de pago aplazado, que es en realidad un préstamo al consumo, parecido a la compra a plazos, y la modalidad revolving".

"Para cumplir tales exigencias no es suficiente que la información contenga la TAE. En términos comprensibles para el consumidor medio, la información debe indicar que el sistema de amortización es del tipo revolving; debe establecer cuál es la cuota mensual (bien en una cantidad determinada, bien en un porcentaje de la cantidad dispuesta); debe establecer cuál es la duración del contrato; debe indicar si, y en qué casos, el interés se devengará no solo respecto del capital dispuesto sino también respecto del total de la cantidad adeudada (incluyendo intereses, comisiones e indemnizaciones devengadas); y deberá contener unos ejemplos adecuados tanto para comprender los riesgos del sistema como para permitir la comparación con otras modalidades de amortización o con las ofertas de otras entidades financieras. Es preciso que la información incida sobre la forma en que esa elevada TAE opera en la propia economía del contrato, dada las particularidades del sistema de amortización y las demás cláusulas a que se ha hecho referencia. Y debe hacerlo de modo claro y comprensible, no de una forma dispersa a lo largo de un extenso documento y en términos poco expresivos de los riesgos del sistema de amortización revolving, como es el caso objeto de este recurso".

Tales exigencias no se cumplen con el contenido del clausulado del contrato, condiciones quinta (sobre el límite de utilización), sexta (sobre cómo utilizar la tarjeta) y la información sobre el tipo de interés en el anexo del Reglamento, pues no es suficiente para tomar conciencia sobre la verdadera carga económica que tiene el contrato conocer el porcentaje de interés o la cantidad mínima a pagar en el supuesto de pago aplazado a cuota fija, sino que es necesario conocer también el sistema de financiación revolvente en sí mismo; pues en esta singular modalidad de financiación, no sólo se presta un capital a restituir con intereses en cuotas periódicas, sino que, adicionalmente, esa restitución periódica por el prestatario a su vez vuelve a conformar o recomponer el capital disponible, alterando con ello los términos y cuantías que determinan después los posteriores pagos del prestatario. Se configura en realidad un mecanismo de línea de crédito permanente y variable, renovándose tanto el capital disponible como la obligación de pago, que minora con los abonos de cuotas, pero se incrementa con cada utilización de la tarjeta y adición de intereses, comisiones y gastos.

Pues bien, deteniéndonos en la modalidad de pago aplazado, advertimos que no se describe el principal elemento que caracteriza esta modalidad contractual, que es la facultad de disponer hasta el límite de crédito concedido sin tener que abonar la totalidad de lo dispuesto en un plazo determinado; tampoco que las cuantías de las cuotas destinadas a la amortización del capital vuelven a formar parte del crédito disponible, renovándose éste de manera automática al vencimiento. Estas son -repetimos- las características esenciales de los créditos revolventes, cuya operativa se silencia.

Téngase en cuenta que la demandada asume, puesto que no lo niega ni en el escrito de contestación a la demanda ni en el recurso de apelación, que nos encontramos ante un crédito revolving.

Además de lo dicho, constatamos que en la fórmula de cálculo de los intereses (condición séptima del contrato) se contempla el año comercial de 360 días como divisor, en tanto que como dividendo los días naturales efectivamente transcurridos desde la última liquidación (mensual), siendo así que esta fórmula de cálculo tiene influencia en el coste real del préstamo, pues lleva aparejado un aumento artificial de la cuota para el prestatario, con un claro desequilibrio en los derechos y obligaciones de las partes, en perjuicio del prestatario consumidor, lo que determina, todo ello, que no supere el filtro de transparencia material y la consiguiente nulidad de la cláusula de intereses remuneratorios.

Expuesto los anterior, el efecto ordinario que produce la nulidad de una cláusula abusiva es que se tenga por no puesta desde el inicio de la celebración del contrato, esto es, que no pueda aplicarse en el mismo, con restitución al consumidor de todas las cantidades pagadas en aplicación de la cláusula abusiva e intereses legales desde su pago. Sin embargo, no cabe olvidar la previsión del artículo 10 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, a cuyo tenor:

"1. La no incorporación al contrato de las cláusulas de las condiciones generales o la declaración de nulidad de las mismas no determinará la ineficacia total del contrato, si éste puede subsistir sin tales cláusulas, extremo sobre el que deberá pronunciarse la sentencia.

2. La parte del contrato afectada por la no incorporación o por la nulidad se integrará con arreglo a lo dispuesto por el artículo 1258 del Código Civil y disposiciones en materia de interpretación contenidas en el mismo".

Por su parte, el artículo 83, párrafo primero, del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, dispone: "Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas. A estos efectos, el Juez, previa audiencia de las partes, declarará la nulidad de las cláusulas abusivas incluidas en el contrato, el cual, no obstante, seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, siempre que pueda subsistir sin dichas cláusulas".

Se exige, por tanto, al órgano judicial que se pronuncie sobre la ineficacia del contrato cuando la declaración de abusividad y consiguiente nulidad afecta a una cláusula esencial sin la cual el contrato no puede subsistir; y en este caso es claro que el contrato de tarjeta de crédito no puede subsistir eliminándose el devengo de intereses remuneratorios, que constituyen el precio del contrato, esto es, la misma contraprestación que está obligado a satisfacer el consumidor por disponer de crédito con la utilización de la tarjeta y realizar con ella compras y sacar dinero efectivo en cajeros. Por tanto, la conclusión no puede ser otra que declarar la nulidad del contrato, pues la cláusula nula no puede suplirse por ninguna disposición de Derecho Nacional.

En definitiva, y en la práctica, venimos a confirmar el pronunciamiento de nulidad de la sentencia de instancia, lo que determina la desestimación del recurso de apelación.

TERCERO.- Costas de la instancia.

Argumenta la recurrente que aun cuando se considerase que el contrato litigioso no cumple los requisitos mínimos de transparencia y legibilidad, sería de aplicación al caso la excepción del principio del vencimiento objetivo al concurrir en el supuesto claras dudas de hecho o de derecho.

El motivo no puede ser acogido. La acción ejercitada en la demanda con carácter principal era la nulidad por falta de transparencia y abusividad de la cláusula de intereses remuneratorios, siendo por tanto de aplicación en este ámbito los principios del Derecho Europeo de efectividad, disuasorio y el de no vinculación del consumidor a las cláusulas abusivas (sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de julio de 2020), por lo que las costas deben ser impuestas a la entidad financiera demandada.

CUARTO.- Costas de la alzada.

La desestimación del recurso de apelación conlleva la imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante ( artículo 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su redacción anterior al Real Decreto 6/2023, al tratarse de un procedimiento anterior al 20 de marzo de 2024).

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación en nombre de S.M. EL REY y por la Autoridad que nos confiere la Constitución Española, pronunciamos el siguiente: