Sentencia Civil 654/2024 Audiencia Provincial Civil de Cáceres nº 1, Rec. 566/2023 de 04 de noviembre del 2024

PRIMERO.- Objeto del Recurso.

En la demanda rectora del presente procedimiento la parte actora - DIRECCION000- acciona frente a la demandada Dña. Tania en reclamación de la cantidad de 92.096,33€, que se afirma adeuda esta como contraprestación a la obra ejecutada por aquella, en base al contrato de ejecución de obra celebrado entre las partes.

Refiere la demandante en apoyo de su pretensión que en fecha 23 de octubre de 2019 la mercantil DIRECCION000 y Dña. Tania concertaron la ejecución de una serie de trabajos para la ejecución de una vivienda sita en la DIRECCION001 de Trujillo (Cáceres), que es de su propiedad. Ello, conforme al proyecto de vivienda elaborado por el arquitecto D. Dionisio, a lo detallado en el presupuesto aceptado por la demandada, así como conforme a las ampliaciones de obra acordadas entre ambos; iniciándose la ejecución en fecha 9 de febrero de 2021, en coincidencia con la entrega del acta de replanteo.

El precio de las obras presupuestadas y ejecutadas se fijó en la cantidad final -con IVA- de 104.092,87€, que se abonarían por la propiedad mediante certificaciones mensuales, habiéndose pagado por la demandada la cantidad total de 11.996,54€, todas ellas el 19 de mayo de 2021, no habiéndose abonado ninguna otra cantidad adicional pese a que la constructora demandante continuó con los trabajos encomendados.

La demandada dejó precluir el plazo para contestar a la demanda (diligencia de ordenación de fecha 15 de noviembre de 2022).

La sentencia dictada en la instancia estima la demanda en su integridad y condena a Dña. Tania a pagar a la actora la cantidad de 92.096,33€, más los intereses legales del artículo 1108 del Código Civil desde el 29 de marzo de 2022 hasta sentencia, y desde esta hasta su efectivo cumplimiento los intereses legales incrementados en dos puntos. Se imponen a la demandada el pago de las costas procesales.

Considera la juzgadora de instancia que, pese a quedar acreditado que las negociaciones previas, la celebración de contrato, así como las comunicaciones posteriores durante la ejecución de la obra, se efectuaron entre la mercantil demandante y el hermano de la demandada, por haber delegado en este Dña. Tania, en ningún caso queda acreditado que el mismo actuara en su propio nombre, presentándose como propietario de la obra contratada, y sin expresar que actuara en nombre de una tercera persona.

Así, la demandada, en sede de interrogatorio, manifiesta que ella es la propietaria del inmueble, que ella concertó un préstamo hipotecario para con el dinero obtenido pagar el precio de la obra, que la obra de vivienda nueva estaba destinada a servirle de domicilio habitual durante un tiempo, quedando luego para arrendamiento, que tenía conocimiento de que la demandante había sido la empresa contratada para la ejecución, y que ella delegó en su hermano la contratación y gestión de todo lo que pudiera acontecer en relación con el contrato y la ejecución de la obra.

De igual manera, el representante de la empresa demandante manifiesta que, aunque trató con el hermano de la demandada los pormenores del contrato y de ejecución de obra, tenía conocimiento de que la demandada era la propietaria o promotora de la obra, habiendo tenido contacto con esta en varias ocasiones en las que comentaron aspectos de la ejecución de la obra.

Explica que, pese a ser negado por la demandada que esta tuviera contacto directo con la demandante, dado que delegó la ejecución de la obra, se advierte como de especial relevancia, como acto contrario a un mandato en nombre propio o no representativo, el hecho de que fuera Dña. Tania, en su propio nombre, quién abonó, directamente a la actora, la cantidad de 11.996,54€ en pago del precio de varias partidas de obras que ya habían sido ejecutadas, haciéndose constar en el concepto de la transferencia "CASA Tania".

Concluye de ello que entre demandada, promotora o propietaria de la obra, y el hermano de esta, existía un contrato de mandato expreso y gratuito, derivándose de lo razonado un mandato representativo; no siendo de aplicación lo establecido en el artículo 1717 del Código Civil.

En atención a lo razonado advierte como válido y eficaz el contrato de ejecución de obra; añadiendo, sin entrar a valorar si la firma que aparece en el contrato de ejecución de obra pertenece o no a la demandada, que, en todo caso, no es necesaria la forma escrita para la validez del contrato, otorgándole dicha validez la propia demandada desde el momento en que afirma que es conocedora del contrato, que su hermano lo concertó por su encargo, que tenía conocimiento de que la obra se estaba ejecutando, así como que la finalidad era la construcción de una vivienda que le serviría a ella misma como domicilio habitual.

Frente a dicha resolución se alza en apelación la parte demandada alegando -en breve síntesis- los siguientes motivos:

Introito.- Refiere la recurrente las circunstancias fácticas que, a su juicio, no constituyen una apreciación subjetiva de lo ocurrido, sino una realidad constatada objetivamente, incluso por la propia declaración del representante de la mercantil demandante en el acto del juicio, por la declaración en dicho acto de Dña. Tania, por la testifical de su otro hermano, D. Oscar, y por las declaraciones de la totalidad de los testigos intervinientes.

Concluye de ello que, si bien no pudo contestar a la demanda en los plazos legalmente previstos, sí centró el debate jurídico en la cuestión relativa a que el hermano de la demandada, D. Alonso, había intervenido como mandatario simple o sin representación, actuando como promotor de la obra frente al demandante y vinculándose con este en su propio nombre como si el asunto fuera personal suyo, deduciéndose de ello una evidente falta de legitimación pasiva ad causam de Dña. Tania, al ser D. Alonso el único al que la demandante debía haber demandado ejercitando su acción de reclamación de las cantidades adeudas en cumplimiento del contrato de obra perfeccionado entre ambos.

Primero.-Vulneración del Derecho a la tutela judicial efectiva garantizado por el artículo 24 de la Constitución Española : Error patente en la valoración de la prueba:Denuncia que la juzgadora a quo,en la resolución ahora recurrida, incurre en grave error, determinante del fallo de la sentencia, cuando afirma que "ninguno de los documentos aportados ha sido impugnado";máxime si se tiene en consideración que, además de la impugnación de los documentos llevada a cabo por la demandada (impugnación de los documentos núm.- 2, 4 y 20 en cuanto a su autoría y paternidad; y núm.- 10, 11, 12 y 14 en cuanto a su valor probatorio), en el acto del juicio resultó plenamente probado, con la práctica de los restantes medios de prueba, que la demandada no intervino para nada durante todo el proceso de contratación de la obra y que, asimismo, no firmó ninguno de los documentos relacionados con dicha contratación.

De haberse tenido por impugnados los documentos que efectivamente fueron impugnados, el criterio de la juzgadora a quopodría haber sido otro.

Segundo.- Error en la valoración de la prueba e indebida aplicación del derecho positivo; incongruencia en la argumentación de la sentencia. Errónea e incongruente interpretación de la situación contractual: Manifiesta que en el fundamento de derecho segundo de la sentencia nos encontramos con tres planteamientos o escenarios jurídicos distintos en los que pretende fundarse el fallo de la sentencia, sin que se sepa cuál de ellos es el que escoge la juzgadora a quopara considerar que ha de estimarse íntegramente la demanda.

Así, en el primer escenario o tesis, considera que no se han impugnado los documentos de la demanda, por lo que han de tenerse por ciertos todos los extremos del contrato y considerar que éste es válido y eficaz entre quienes lo perfeccionaron por escrito, Dña. Tania y DIRECCION000.

En el segundo escenario o tesis, considera que, por haber sido admitido por el propio demandante que jamás se reunió con la demandada, la celebración del contrato tuvo lugar entre el demandante y el hermano de la demandada, conjeturando que este habría actuado en nombre y representación de su hermana.

Por último, en el tercer escenario o tesis, considera que es indiferente quién haya firmado el contrato escrito de ejecución de obra, porque los contratos también son válidos celebrados verbalmente y porque, en este caso, la validez del contrato reside en el conocimiento que de su existencia tiene la demanda (sin entender si se refiere al contrato escrito o al que se supone o figura que se pueda haber celebrado verbalmente).

Concluye subrayando que, afortunadamente, todas las pruebas practicadas, y fundamentalmente el interrogatorio del propio demandante, permitieron probar que Dña. Tania es ajena a todo el proceso de contratación de la obra, careciendo por ello de legitimación pasiva; y que, en consecuencia, la demanda debería de haberse interpuesto frente a la persona que realmente contrató expresamente y en su propio nombre con la empresa del señor D. Doroteo, el señor D. Alonso.

Tercero.- Error en la valoración de la prueba: De los pagos realizados por la demandada y el destinatario de los mismos: Denuncia otro patente error en la valoración de la prueba por parte de la juzgadora a quo.Error que manifiesta es inmediatamente verificable, de forma incontrovertida, a partir de las actuaciones judiciales.

Dice la juzgadora de instancia que: "se advierte, como de especial relevancia, como acto contrario a un mandato en nombre propio o no representativo, el hecho de que fue doña Tania, en su propio nombre, quien abonó, directamente a la actora la cantidad de 11.996,54 € en pago del precio de varias partidas de obras que ya habían sido ejecutadas".

Insiste y reitera que Dña. Tania se limitaba a anticipar a su hermano y no a DIRECCION000 las cantidades que éste le iba solicitando. Uno de esos pagos realizados por Dña. Tania a D. Alonso, concretamente el que la actora reconoce haber llegado a cobrar y al que hace referencia la juzgadora de instancia, lo fue por un importe de 12.049,50€ comisiones incluidas, o, si se prefiere, 11.956,54€ más comisiones (comisiones destinadas al banco, claro). Ese dinero se transfirió por la demandada a D. Alonso el 19 de mayo de 2021, y DIRECCION000, en su demanda (páginas 3 y 4), reconoce haber llegado a cobrar ese importe.

Explica que lo que se puso de manifiesto en el acto del juicio, y en las conclusiones, fue que al menos uno de los pagos hechos por Dña. Tania a D. Alonso sí había llegado a DIRECCION000, queriendo poner de relieve con eso que Dña. Tania siempre cumplió con los pagos que le pedía D. Alonso, y que se supone que iban destinados (como así pasó con ese pago) a DIRECCION000. Sin embargo, a pesar de realizar Dña. Tania los pagos de la misma forma y al mismo número de cuenta indicado por el mandatario, resulta que la mercantil DIRECCION000 dice no haber cobrado el resto de cantidades transferidas siempre por este mismo método por Dña. Tania a su hermano.

En resumen, si documentalmente está acreditado que Dña. Tania no hizo ningún pago a DIRECCION000, y si hasta el propio letrado de esa mercantil niega que Dña. Tania le haya abonado nada a DIRECCION000 ¿cómo puede decir la juzgadora a quo que considera acreditado que doña Tania abonó directamente a DIRECCION000 la cantidad de once mil novecientos noventa y seis euros, cuando esto jamás ocurrió?

Repite de nuevo que, de no haberse cometido este y el resto de errores en la apreciación de la prueba, posiblemente el fallo de la sentencia habría sido distinto.

Cuarto.- Ausencia total de valoración de las cuatro testificales practicadas en el acto de la Vista: Denuncia que la juzgadora de instancia no ha valorado ninguna de las cuatro testificales que, además, evidencian el error de la juzgadora en la sentencia que se recurre.

Quinto.- Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva garantizado por el artículo 24 de la Constitución Española : indebida inadmisión de la prueba en la instancia, solicitud de su práctica ante esta segunda instancia: Manifiesta la recurrente que, con posterioridad al vencimiento del plazo para contestar la demanda, se produjo un hecho relevante: Doña Tania vino a conocer después de ese plazo de preclusión, que en un procedimiento penal iniciado contra su hermano Alonso por parte de su otro hermano D. Oscar, de Automociones Pepe Luís SL y de Autolavado Pizarro SL (como consecuencia, al parecer, de la ruina a la que D. Alonso ha llevado a esas mercantiles por sus "tejemanejes" con las cuentas bancarias) se habían peritado determinados documentos, documentos entre los que estaba el contrato de obra aportado al procedimiento por DIRECCION000, como documento número 2 de su demanda; y el documento de reconocimiento de deuda, aportado en el procedimiento por DIRECCION000, como documento número 20 de la demanda (documentos, ambos, en los que se falsifica, por D. Alonso, la firma de Dña. Tania).

Esa querella se interpuso contra D. Alonso el 11 de enero de 2023 (casi un año después de que Dña. Tania fuera demandada); y de ese informe pericial tuvimos conocimiento el 18 de enero de 2023 (es decir, un día antes de la celebración de la audiencia previa en estos Autos).

En la referida pericial se llegó a la conclusión de que las firmas de Dña. Tania en esos documentos eran falsas. Esa pericial practicada en otro proceso (de instrucción penal) con fecha posterior al plazo para contestar a la demanda, es la que la demandada, al amparo de lo previsto en el artículo 426.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, quiso aportar en el acto de la audiencia previa como prueba documental (no como pericial propiamente dicha). La juzgadora a quo inadmitió esta documental, referida a un hecho nuevo o de nueva noticia; La demandada formuló recurso de reposición y también protesta frente a la desestimación del mismo.

Entiende la recurrente que por la juzgadora a quo se produce un menoscabo del derecho a la tutela judicial efectiva. Considera que esta prueba puede ser relevante para resolver la controversia (aunque no en exclusiva, puesto que el resto de pruebas practicadas, incluso las no valoradas por la juzgadora, apuntan en el mismo sentido), ya que determina la falsedad de las firmas de la demandada en documentos que la juzgadora a quoconsidera válidos y acreditativos de la relación contractual que dice existir entre demandada y DIRECCION000.

Por todo lo expuesto solicita la estimación del presente recurso de apelación y consiguiente revocación de la sentencia de instancia, y en su virtud se desestime íntegramente la demanda por falta de legitimación pasiva ad causamde la demandada.

Al recurso se opuso la parte demandante solicitando la confirmación de la sentencia.

SEGUNDO.- Función revisora de los órganos de la segunda instancia y valoración de la prueba. Carga de la prueba. Impugnación de documentos.

Con el fin de dar respuesta a los motivos que conforman el presente recurso de apelación, sustentados todos ellos -salvo el último- en error en la valoración de la prueba, en los distintos aspectos o vertientes a los que se refieren cada uno de ellos y que han quedado recogidos de manera sintética en el fundamento jurídico anterior, comenzaremos recordando que el sistema procesal español confiere al tribunal de apelación las mismas facultades que al juez de la primera instancia, permitiendo un nuevo examen completo de la cuestión litigiosa, valorando la prueba y decidiendo las cuestiones jurídicas planteadas según su propio criterio dentro de los límites que imponen la prohibición de la reforma peyorativa y el principio tantum devolutum quantum apellatum(por todas, sentencia del Tribunal Supremo de 1 de octubre de 2012).

A este respecto la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de diciembre de 2015 enseña que:

"Esta Sala, en jurisprudencia pacífica y reiterada con frecuencia, ha rechazado que la valoración de la prueba realizada en primera instancia solo pueda ser revisada por la Audiencia Provincial en caso de que conduzca a exégesis erróneas, ilógicas o que conculque preceptos legales, o sus conclusiones sean absurdas, irracionales o arbitrarias.

En nuestro sistema procesal, el juicio de segunda instancia es pleno y en él la comprobación que el órgano superior hace para verificar el acierto o desacierto de lo decidido en primera instancia es una comprobación del resultado alcanzado, en la que no están limitados los poderes del órgano revisor en relación con los del juez "a quo". Así lo ha declarado el Tribunal Constitucional ( STC 212/2000, de 18 de septiembre ), y así lo ha declarado esta Sala, a la que cualquier pretensión de limitar los poderes del tribunal de apelación le ha merecido «una severa crítica» ( sentencias de esta Sala de 15 de octubre de 1991 , y núm. 808/2009, de 21 de diciembre )".

Ahora bien, esa naturaleza ordinaria de la apelación no es incompatible con afirmar que la valoración de conjunto e imparcial del tribunal de la primera instancia difícilmente será sustituida por la parcial e interesada de parte que, además, tome como referente solo determinados elementos de prueba con exclusión de otros relevantes, cuando la primera aparezca como una valoración suficientemente razonada, completa, congruente y consistente. En otras palabras, si el tribunal comprueba que la valoración del órgano de primer grado reúne los requisitos anteriores, no procederá a enmendar el resultado alcanzado, ya que en ese caso lo que hace es participar del mismo.

La tecnología actual, por otra parte, permite a los órganos de apelación acceder a la prueba practicada en primera instancia de manera completa, observando las máximas del principio de inmediación, sin menoscabo de las garantías procesales de las partes, pues, como esta Sala viene expresando de manera reiterada, con la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2.000, de 7 de enero, la misma inmediación ostenta el tribunal de primera instancia que el tribunal de apelación por cuanto que, a través del soporte audiovisual donde se recogen y documentan todas las actuaciones practicadas en el acto del juicio (incluyéndose, evidentemente, la fase probatoria), el órgano jurisdiccional de segunda instancia puede apreciar de viso propio no sólo el contenido de las distintas pruebas que se practiquen, sino también la actitud de quienes intervienen y la razón de ciencia o de conocer que expresan (partes, testigos o peritos) al efecto de examinar si esas pruebas se han valorado o no correctamente, pues en esto consiste, precisamente, una de las finalidades inherentes al recurso de apelación (entre otras, sentencias del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 2001, 16 de junio y 16 de septiembre de 2003, 2 de diciembre de 2005, 18 de enero y 28 de septiembre de 2010, 14 de junio de 2011, 22 de febrero y 27 de septiembre de 2013, 18 de mayo de 2015, y sentencias del Tribunal Constitucional 194/1990, de 29 de noviembre; 21/1993, de 18 de enero; 102/1994, de 11 de abril; 272/1994, de 17 de octubre; 152/1998, de 13 de julio; y 212/2000, de 18 de septiembre).

Insistir, aunque sea sabido, que en ese proceso valorativo el órgano judicial puede conceder distinto valor a los medios probatorios puestos a disposición e incluso, optar entre ellos por el que estime más conveniente y ajustado a la realidad de los hechos. Las pruebas están sujetas a su ponderación en concordancia con los demás medios de prueba ( sentencia del Tribunal Supremo de fecha 25 de enero de 1993), en valoración conjunta ( sentencia del Tribunal Supremo de 30 de marzo de 1988) con el predominio de la libre apreciación que es potestad de los tribunales de instancia (entre otras, sentencias del Tribunal Supremo de fechas 18 de noviembre de 1987 y 30 de marzo de 1988). Los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil relativos a las pruebas practicadas no contienen reglas valorativas, sino admoniciones a los jueces y una apelación a la sana crítica y al buen sentido, y para destruir una conclusión presuntiva debe demostrarse que el Juez ha seguido, al establecer dicho nexo o relación, un camino erróneo no razonable o contrario a las reglas de la sana lógica y buen criterio, pues, en definitiva, se trata de una labor judicial de contrasteentre las respectivas premisas de hecho, según resulten de la mutua actividad o celo probatorio, para buscar una conclusión que, por normal, racional y coherente, resulte ser la más adaptada a la realidad de los hechos (entre otras, sentencia del Tribunal Supremo de 10 de abril de 1982).

En orden a la carga de la prueba, recordar que la disciplina del onus probanditiene como finalidad prioritaria e inmediata determinar a cuál de los litigantes ha de perjudicar la falta de prueba de un hecho relevante para la decisión del proceso. Otra cosa es que para determinar cuál de los litigantes haya de soportar los efectos desfavorables de la precitada falta sea necesario averiguar a cuál de ellos incumbía la carga de la prueba, cuya inobservancia sólo a él habrá de perjudicar.

Así pues, partiendo de la consideración de que el fin último de la actividad probatoria es la demostración de las afirmaciones de hecho realizadas por las partes en sus actos alegatorios como fundamento de sus respectivas pretensiones, es indiferente, como regla general, qué litigante logre la justificación de un hecho dado.

De lo expuesto cabe afirmar que el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil recoge un concepto dinámico de la carga de la prueba, de manera que cada una de las partes deberá ir probando los hechos sobre los que se fundamente su posición, desplazándose la carga probatoria de una parte a otra, teniendo en cuenta lo alegado de contrario y la justificación que de esas afirmaciones se haya hecho.

En el supuesto enjuiciado la parte demandante ha afirmado en su demanda que el contrato de obra que aporta como documento núm.- 2 (acontecimiento núm.- 3 en el visor) ha sido firmado por la demandada Dña. Tania, y la mera afirmación por parte de esta de que no es su firma la que obra en el documento (al igual que sucede con los documentos núm.- 4 y 20 de la demanda, impugnados en cuanto a su autoría o paternidad), no puede considerarse suficiente para exonerarla de responsabilidad, pues, en definitiva, lo que se está introduciendo en el proceso es una alegación de falsedad de las firmas obrantes en un documento, derivándose de ello la extinción de la obligación y la correlativa exoneración de responsabilidad.

Hemos de distinguir, por tanto, entre el valor probatorio del documento y la carga de la prueba sobre la falsedad de la firma, porque respecto de la falsedad, la carga de la prueba incumbe a quien lo alega.

Así, el Tribunal Supremo en sentencia núm.- 659/2002, de 26 junio, enseña que "la falsedad de la firma, que niega haber realizado en el contrato de arrendamiento, ha de probarla quien la alega".

En el mismo sentido se pronuncian las Audiencias Provinciales, trayendo aquí la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia (sección 5ª) en sentencia núm.-168/2012, de 26 abril, que "quien niega la autoría -que en principio cabe atribuirle en atención a las circunstancias- de una firma estampada en un documento tiene la carga de probar la falsedad que alega en relación con dicha firma, pudiendo citarse en este punto la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2002 , en la que se añade que es preciso descartar interpretaciones rígidas, propias de los sistemas de prueba tasada, para atender a criterios de flexibilidad y disponibilidad probatoria, para atender a las concretas circunstancias que concurran en cada supuesto, conjugando su contenido con el resto de elementos probatorios obrantes en las actuaciones, para evitar que la simple negación de la firma pueda servir para eludir las consecuencias que en cada contrato se derivaran, debiendo acudir a los elementos probatorios complementarios obrantes en las actuaciones"(en el mismo sentido, Audiencia Provincial de Barcelona (sección 19ª) en sentencia núm.- 249/2013 de 5 julio, que cita la de la Audiencia Provincial de Madrid (sección 25ª) de 11 de mayo del 2012).

Por lo tanto, el hecho de que la autenticidad de un documento haya sido impugnada no implica su automática exclusión como medio de prueba ni impide que, en todo caso, pueda tener eficacia probatoria y ser valorado por el tribunal conforme a las reglas de la sana crítica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 326.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es jurisprudencia reiterada que la falta de reconocimiento de la autenticidad de un documento privado por aquellos a quienes afecta no le priva íntegramente de valor probatorio, ni quiere decir que dicho reconocimiento sea el único medio de acreditar su legitimidad, pues ello equivaldría a dejar al exclusivo arbitrio de la parte a quien perjudique la fuerza y validez del documento, lo cual podría comprometer gravemente las exigencias de buena fe y respeto a lo pactado, dado que la mayoría de las relaciones jurídicas se formalizan a través de esta clase de documentos.

Finalmente, y en cuanto a la valoración en conjunto de la prueba y la carga probatoria, citamos al sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 18 de octubre de 2012, que explica y razona que: "Con arreglo al artículo 217 de la LEC e inveterada doctrina jurisprudencial era el demandado quien tenía la carga de acreditar los hechos impeditivos -obstativos- de la reclamación interesada, debiendo en caso de no hacerlo pechar con las consecuencias jurídicas que de ello se derivan. Para que prosperara la alegación de falsedad de la firma que constaba estampada en el original acompañado en el acto de juicio era necesaria prueba certera y suficiente que acreditase sin género de duda que la firma que aparecía estampada (...). Para acreditar dicho hecho se hubiera precisado una pericial caligráfica o grafológica, y dicha prueba competía al demandado, de acuerdo con el art. 227.3 LEC, debiendo pechar con las consecuencias de su falta de acreditación".

Lo expuesto no lleva directamente al examen de los restantes motivos del recurso.

TERCERO.- Error en la valoración de la prueba y en la interpretación de la situación contractual. Mandato y representación. Mandato aparente.

El debate esencial que vuelve a plantearse en esta alzada gira en torno a la legitimación pasiva ad causamde la demandada, si Dña. Tania viene obligada a soportar y pagar la deuda o si, como sostiene y defiende la recurrente, es el hermano de la demandada, D. Alonso, quien, habiendo intervenido como mandatario simple o sin representación, actuando como promotor de la obra frente al demandante y vinculándose con él en su propio nombre, deviene obligado a soportar pasivamente la reclamación de cantidad deducida en cumplimiento del contrato de obra.

Comenzaremos también recordando que, por un lado, el contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio y se perfeccionan por el mero consentimiento, concurriendo el objeto y la causa, cualquiera que sea su forma como regla general y desde entonces tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y la ley, sin que la validez y cumplimiento de los contratos pueda dejarse al arbitrio de uno de los contratantes, todo ello conforme a los principios y normas generales de las obligaciones y contratos ( artículos 1088, 1089, 1091, 1254, 1256, 1258, 1261 y 1278 Código Civil) . Por otro lado, de acuerdo con el artículo 1257 del Código Civil los contratos solo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos, salvo que los derechos y obligaciones no sean transmisibles por su naturaleza, pacto o disposición de ley, precepto que recoge el principio de la relatividad de los contratos, añadiendo el artículo 1259 que nadie puede contratar a nombre de otro sin estar por éste autorizado o sin que tenga por ley su representación legal, deviniendo nulo el contrato a no ser que lo ratifique la persona a cuyo nombre se otorgó y pudiendo ser esta ratificación tácita, siendo el supuesto clásico que el no representadose aproveche de la gestión del representanteo falsus procuratory, consecuentemente, la existencia de representación en virtud de la doctrina derivada de la teoría y de la naturaleza del mandato ( artículo 1709 y concordantes del Código Civil) conlleva que el mandatario que obre en concepto de tal no es responsable personalmente a la parte con quien contrata, sino que es el mandante el que debe cumplir las obligaciones que el mandatario haya contraído dentro de los límites del mandado.

Las consecuencias del mandato puro se contemplan en el artículo 1717 del Código Civil, en concreto, que al no actuar el mandatario con representación, el mandante carecerá de acción contra el tercero con el cual ha contratado el mandatario, tampoco este contra el mandante, el único obligado es el mandatario, sin perjuicio de las acciones entre mandante y mandatario, con la excepción de que se trate de cosa propia del mandante, y que ello sea manifiesto, como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de diciembre de 1982.

La jurisprudencia, por otra parte, ha ido matizando la doctrina general sobre el mandato a través de la figura del mandato aparente, que surge cuando el mandante aparente, con su comportamiento, genera en el tercero con quien se relaciona la convicción de la existencia del mandato, corroborado por la actitud del mandatario que actúa frente al tercero bajo esta apariencia de representación; "la apariencia generada frente al tercero de buena fe provoca que no pueda verse perjudicado por la ausencia de poder de representación" ( sentencia del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 2012).

Así, el Tribunal Supremo, en sentencia de 7 de julio de 2021, recuerda que "La jurisprudencia hace tiempo que se hizo eco de la doctrina que entendía que debía ser mantenido en su contrato quien lo realizó de buena fe con un representante aparente ( SSTS 24 de noviembre de 1989 , 27 de septiembre de 1995 , 222/1999, de 18 de marzo y, más recientemente, la sentencia 266/2008, de 14 de abril ). Para su apreciación, se exige que el tercero haya fundado su creencia de buena fe no en meros indicios sino en la consistencia de una situación objetiva, de tal significación o fuerza reveladora que el haberla tomado como expresión de la realidad no puede imputársele como negligencia descalificadora. En este sentido, en la sentencia 266/2008, de 14 de abril , nos referíamos a que la confianza del tercero en la existencia del poder fuera razonable y no debida a su negligencia".

Por su parte, la sentencia 695/2013, de 20 de noviembre ,después de recordar que cuando una persona actúa como representante de otra, pero sin poder de representarla, sus actos no vinculan al principal, salvo en el caso de que hubiera ratificación del mismo (artículo 1259 Código Civil), añade que "si alguien con sus declaraciones o su conducta induce al tercero de buena fe a creer razonablemente que se le había concedido poder para llevar a cabo el acto representativo, se considera como si dicha persona estuviera apoderada".

En orden a la ratificación, la sentencia precitada de 7 de julio de 2021 indica que "El párrafo segundo del art. 1727 CC admite que la ratificación pueda hacerse no sólo de forma expresa, sino también tácitamente, sin que, en principio, exista inconveniente para que pueda aplicarse a los supuestos del art. 1259 CC , a los efectos de reconocer validez al negocio realizado por quien no tenía poder suficiente para obligar a un tercero".

Asimismo, la sentencia del Tribunal Supremo núm.- 774/2010, de 17 de noviembre, después de reiterar que la jurisprudencia ha admitido "la posibilidad de ratificar un contrato en forma tácita, a los efectos previstos en el artículo 1259 del Código Civil ( SSTS de 13 de noviembre de 2001 , 10 de julio de 2002 , 5 de diciembre de 2003 , 4 de febrero de 2005 , 6 de junio de 2008 )", añade "que la voluntad de que se ejecute un contrato incluye la de admitirlo ( STS 28 de junio de 2004 ),pues es un comportamiento que objetivamente revela de manera inequívoca la voluntad de ratificar el negocio jurídico ( STS 28 de diciembre de 2007 )". Apostillando la de 11 de febrero de 2010, que "la ratificación tácita tiene lugar cuando el mandante sin hacer uso de la acción de nulidad por él ejercitable, acepta en su provecho los efectos de lo ejecutado sin su autorización, poniendo con ello de manifiesto su consentimiento concordante con el del tercero ( SSTS 27 de diciembre de 1966 ; 10 de octubre de 1963 ; 10 de mayo de 1984 ; 3 de julio 1987 ; 18 de diciembre 2006 ; 10 de mayo 2007 )".

Desde la doctrina expuesta, y tras la revisión de la prueba practicada, llegamos a las siguientes consideraciones y reflexiones:

(i).- Del interrogatorio de ambas partes, Dña. Tania y representante legal de DIRECCION000, D. Doroteo, se colige que todas las gestiones y/o actuaciones relacionadas con la ejecución de la obra se desarrollaron entre D. Alonso y D. Doroteo, al haber delegado tales cuestiones en el primero la demandada y promotora de la obra, Dña. Tania.

Precisamente, y para financiar dicha obra de reforma y rehabilitación de la vivienda de su propiedad, Dña. Tania formalizó en fecha 24 de noviembre de 2020 un préstamo hipotecario promotorpor importe de 80.000€, cuyas cuotas mensuales, desde inicio, fueron exclusivamente asumidas por Dña. Tania, pues era esta quien iba a ocuparla con el propósito de que constituyese su vivienda habitual por un tiempo, motivo por el que introdujo (ella misma) modificaciones en el proyecto.

Dña. Tania acudió, al menos en una ocasión, a visitar la obra en compañía de su madre, advirtiendo modificaciones del proyecto, que le fueron explicadas por D. Doroteo y de las que pidió explicación a su hermano Alonso, quien le argumentó que como ella se iba a vivir a Cáceres había hecho tres viviendas diferentes. Dña. Tania no manifestó ni expresó de forma o manera alguna su disconformidad con ello. Al margen de esta concreta visita a la obra, D. Doroteo, que reconoció que lo tratos los hizo con Alonso porque era el técnico designado por Tania para la obra, aseguró, no obstante, que le constaba que la dueña y/o promotora de la misma era la demandada, manifestando que Tania pasaba por allí (la obra) todos los días porque vivía al lado y que en varios contactos (encuentros) que tuvieron comentaron aspectos relativos a la ejecución de la obra.

(ii).- De examen de la testifical advertimos que los testigos no vinieron a aportar información relevante alguna, a excepción de D. Ricardo, por las razones que seguidamente se dirán.

Así, el Sr. Constantino manifestó que solo había tratado con Alonso, lo que no es de extrañar pues en él delegó la demandada, si bien desconocía todo lo relativo a la obra, incluido de quien era.

D. Leon, tras negar con un simple golpe de vistaque la firma del contrato de obra correspondiese a la demandada, aseguró que no le constaba nada de lo relativo a la obra, desconociendo si la demandada había comprado la casa o si era promotora de la obra.

D. Oscar, hermano de la demandada y con un evidente interés en el resultado del pleito, no aportó información de interés más allá de no reconocer la firma de su hermana en el contrato de obra.

Decimos que la única información relevante la proporcionó D. Ricardo, en la medida en que si bien reconoció que solo trató con Alonso, este le indicó que la factura debía ir a nombre de la demandada, por lo que si bien inicialmente se dirigió a Alonso para reclamarle lo que se le debía, al ver que este le toreaba,se dirigió a la demandada por entender que de ella era la obra, haciéndole el marido de Tania una transferencia con lo que se le debía; por lo que ya hiciera D. Pedro Francisco, marido de Dña. Tania, la transferencia en nombre y/o beneficio de su esposa, lo cierto es que esta asumió la responsabilidad derivada del contrato de obra ( artículo 1544 Código Civil) .

(iii).- El examen de la documental aportada por la demandada (acontecimientos 140 y 141 en el visor) y las manifestaciones de D. Doroteo en sede de interrogatorio, evidencian que las únicas transferencias que recibió este fueron dos, de algo más de 5.000€ y 6.000€, que sumaban un total de 11.996,54€, a la que alude la juzgadora de instancia en la resolución recurrida, y que fue abonada directamente y en su propio nombre por la demandada.

Las restantes, aunque se hiciera constar como beneficiario a DIRECCION000, se dirigieron a cuentas distintas de aquella a la se remitieron las dos transferencias primeramente mencionadas, por lo que nunca fueron recibidas por D. Doroteo; interesando destacar en este extremo las erradas alegaciones de la recurrente en el motivo tercero de su recurso, desvirtuadas con los argumentos que esgrime la parte apelada en su escrito de oposición, bastando con señalar a tal fin que la transferencia a la que alude la apelante lo era por un principal de 12.000€ y que se envió a una cuenta destino distinta de aquella a la que se dirigieron las dos primeras transferencias mencionadas al inicio de este punto; cuenta destino que no correspondía a DIRECCION000.

Así las cosas, y aun cuando se considerara la nulidad del contrato de obra, compartimos el criterio de la juzgadora de instancia en el sentido de que D. Alonso representaba a la demandada (mandato representativo) en la ejecución de la obra, actuando siempre por su cuenta.

CUARTO.- Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva garantizado por el artículo 24 de la Constitución Española . Indebida inadmisión de prueba en la instancia.

Denuncia, por último, la recurrente vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en su modalidad de utilización de medios de prueba pertinentes ( artículo 24.2 de la Constitución Española).

Con carácter general recordamos que denegar la práctica de medios de prueba cuando por el juzgador de instancia se motiva en debida forma la decisión no constituye infracción de normas y garantías procesales en los términos que exige el artículo 459 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La recurrente, por otra parte, ha solicitado el recibimiento a prueba en esta segunda instancia, que es la vía procesalmente correcta para combatir de manera eficaz la inadmisión de una prueba que se estima indebidamente rechazada ( artículo 460 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) ; nos remitimos pues, a las razones ofrecidas en la resolución desestimatoria de la solicitud de prueba.

Procede, en definitiva, desestimar el recurso de apelación.

QUINTO.- Costas de la alzada.

La desestimación del recurso de apelación conlleva la imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante ( artículo 398.1 de la Ley Procesal Civil en su redacción anterior al Real Decreto 6/2023, al tratarse de un procedimiento anterior al 20 de marzo de 2024).

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación en nombre de S.M. EL REY y por la Autoridad que nos confiere la Constitución Española, pronunciamos el siguiente: