Sentencia Civil 779/2025 Audiencia Provincial Civil de Cáceres nº 1, Rec. 577/2025 de 06 de noviembre del 2025

PRIMERO.-Objeto del recurso.

El presente procedimiento trae causa de la demanda de divorcio interpuesta en fecha 25 de julio de 2023 por la representación procesal de Don Benjamín frente a Doña Verónica en la que se solicitaba, entre otros y en lo que afecta al presente recurso:

"6.- Se fije en concepto de pensión de alimentos

Que los gastos del menor de carácter ordinario, alimentos y cobijo, serán sufragados por cada progenitor directamente en el ejercicio de su custodia.

Así como, los gastos relativos a libros, matrículas, material escolar, ropa, calzado de temporada, la ropa y accesorios para actividades extraescolares, la matricula y mensualidades de actividad/clases escolares, extraescolares y las excursiones y viajes de estudios, los de naturaleza medica no cubiertos por la seguridad social, los gastos odontológicos y oftalmológicos y en general los gastos que se consideren necesarios para el desarrollo y formación del menor SERAN SUFRAGADOS POR MITAD ENTRE AMBOS PROGENITORES, Para ello se abonará en una cuenta común la cantidad de 175€ mes por cada progenitor, lo que hace un total de 350€ mes, en los cinco primeros días de cada mes.

Cualquier cantidad adicional que fuera necesario ingresar en la cuenta común para hacer frente a los mencionados gastos se abonará por mitad entre ambos progenitores.

Dicha cantidad se incrementará anualmente conforme a la evolución que experimente el IPC en el año inmediatamente anterior, según publicación del INE u organismo que le sustituya.

Los gastos extraordinarios serán abonados en un 50% por cada progenitor, previo acuerdo sobre el concepto y cuantía del gasto y, en su defecto, previa resolución judicial".

La representación procesal de la Sra. Verónica se opuso a la demanda y formuló demanda reconvencional en la que solicitaba, en lo concerniente al presente recurso, que el demandante, a la vista de la diferencia de ingresos acreditada por ambas partes, abonara en concepto de pensión de alimentos las siguientes cantidades:

"La cantidad de 297,50 euros mensuales, que será ingresada en la cuenta común abierta al efecto, con los que se atenderán los gastos de escolaridad y ropa del menor. Mi mandante ingresará en esa misma cuenta la cantidad de 52,59€.

La cantidad de 371 euros mensuales, que será ingresada en la cuenta designada al efecto de titularidad de doña Verónica, para participar en su porcentaje correspondiente de los gastos de éste durante el tiempo en que el menor esté en compañía de la madre".

"Los gastos extraordinarios que se devenguen en la vida del hijo menor común serán sufragados en el mismo porcentaje que los ordinarios, esto es, 85% abonado por don Benjamín y el 15% restante por doña Verónica, previo acuerdo de las partes y, en su defecto, autorización judicial. A fin de evitar conflictos, se estima adecuado delimitar, con carácter general, que tendrán la consideración de gastos extraordinarios los realizados para atender adecuadamente las necesidades del menor referidas a su salud, formación u ocio, siempre que tengan carácter excepcional, es decir, no sean habituales, ordinarios o permanentes, resulten necesarios o, al menos, convenientes para el interés o beneficio de la menor y sean imprevisibles, bien por deberse a caso fortuito o fuerza mayor, bien por ser originados por un hecho futuro o incierto que se desconoce si sucederá ni cuando se producirá".

En cuanto a la falta de ratificación del convenio regulador firmado, se alega que Doña Verónica no actuó con temeridad o mala fe al no comparecer al acto de ratificación que estaba señalado para el día 18 de abril de 2023 sino al proceso de trastorno ansioso depresivo reactivo al conflicto familiar, que derivó en un intento autolítico que precisó de ingreso hospitalario en la clínica López Ibor de Madrid en septiembre de 2022, unos días antes de la firma del convenio regulador y en periodo comprendido entre el 14 de febrero y 10 de marzo de 2023.

El contenido del fallo de la Sentencia contra la que se ha interpuesto el recurso es el siguiente:

"ESTIMO parcialmente la demanda formulada por la Procuradora Dª Esther Núñez Miranda en nombre y representación de D. Benjamín frente a Dª Verónica.

ESTIMO parcialmente la demanda reconvencional formulada por la Procuradora de los Tribunales Dª Teresa Plata Jiménez en nombre y representación de Dª Verónica frente a D. Benjamín debo declarar y declaro disuelto por divorcio el matrimonio contraído por los cónyuges citados, con todos los efectos legales inherentes a dicha declaración, con adopción de las medidas que constan en el Fundamento Jurídico Tercero de la presente resolución que se tiene por reproducido."

En este sentido, el Fundamento de Derecho Tercero, en relación a la pensión de alimentos del hijo común, dispone lo siguiente:

"En cuanto a la pensión de alimentos, aquellos que sean de carácter ordinario serán satisfechos por cada progenitor cuando ejerzan su custodia. Vista la documental aportada por las partes y los ingresos que percibe cada uno de los cónyuges, ha quedado acreditado que los ingresos del padre son proporcionalmente mayores a los de la madre, por lo que los gastos extraordinarios que se devenguen en la vida del hijo menor común serán sufragados el 70% abonado por D. Benjamín y el 30% restante por Dª Verónica, previo acuerdo de las partes, y, en su defecto, autorización judicial. Tendrán la consideración de gastos extraordinarios los realizados para atender adecuadamente las necesidades del menor referidas a su salud, formación u ocio, siempre que tengan carácter excepcional, es decir, no sean habituales, ordinarios o permanentes, resulten necesarios o, al menos, convenientes para el interés o beneficio de la menor y sean imprevisibles".

Frente a la citada resolución, Doña Verónica interpone recurso de apelación solicitando que se dicte nueva resolución en la que se establezca el abono del gasto de escolaridad del hijo común en un porcentaje del 70% a cargo del padre, don Benjamín y el 30% de la madre, doña Verónica, con imposición de costas a la parte recurrida.

La recurrente alega infracción del art. 146 del Código Civil, error en la valoración de la prueba y vulneración de la jurisprudencia en relación a la omisión de establecimiento de la contribución al gasto de colegio del hijo común en la misma proporción que la fijada para los gastos extraordinarios, 70% a cargo del padre y 30% a cargo de la madre.

Todo ello, en esencia, en base a dos argumentos: 1º) Porque la sentencia proclama que los ingresos del padre son proporcionalmente mayores a los de la madre; 2º) Porque considera que el gasto de escolaridad no es incardinable en los gastos ordinarios que establece la sentencia, que se refieren a los corrientes de alimentación, vestido y habitación del menor durante los periodos en que se encuentre con cada uno de los progenitores en virtud del régimen de guarda y custodia compartida establecido.

La parte apelada se opone al recurso y solicita la confirmación de la sentencia, en esencia, se alega: 1º) Los gastos escolares no pueden ser catalogados como gastos extraordinarios ya que forman parte de los gastos ordinarios y deben ser asumidos equitativamente por ambos progenitores; 2º) Las percepciones económica que percibe el Sr. Benjamín no son superiores a la de Sra. Verónica; 3º) Porque el convenio regulador que firmaron las partes en fecha 21 de octubre de 2022, no ratificado por la Sra. Verónica, en el que ambos progenitores convinieron que los gastos ordinarios del menor se repartirían al 50%, tiene efectos vinculantes y contractuales conforme a doctrina proclamada en STS de 7 de noviembre de 2018.

El Ministerio Fiscal interesa la estimación del recurso de apelación.

SEGUNDO.-En cuanto al error en la valoración de la prueba por parte del juzgador de instancia, invocado por la apelante, hemos de traer a colación la doctrina reiterada de esta sala, entre otras en sentencia de 15 de noviembre de 2017 que viene a establecer que, el proceso valorativo de las pruebas incumbe a los órganos judiciales exclusivamente y no a las partes que litigan, a las que les está vedado toda pretensión tendente a sustituir el criterio objetivo e imparcial de los Jueces por el suyo propio, dado la mayor subjetividad de estas por razón de defender sus particulares intereses ( SSTS 1 de marzo de 1994 y 20 de julio de 1995 , entre otras) debiendo quedar claro, por tanto, que dentro de las facultades concedidas al efecto a Jueces y Tribunales, estos pueden conceder distinto valor a los medios probatorios puestos a disposición e incluso, optar entre ellos por el que estime más conveniente y ajustado a la realidad de los hechos.

Las pruebas están sujetas a su ponderación en concordancia con los demás medios de prueba ( STS 25-1-93), en valoración conjunta ( STS 30-3-88) con el predominio de la libre apreciación que es potestad de los tribunales de instancia ( SSTS 22-1-86, 18-11-87, 30-3-88). Los preceptos de la LEC relativos a las pruebas practicadas, no contienen reglas valorativas, sino admoniciones a los jueces y una apelación a la sana crítica y al buen sentido y para destruir una conclusión presuntiva, debe demostrarse que el Juez ha seguido, al establecer dicho nexo o relación, un camino erróneo no razonable o contrario a las reglas de la sana lógica y buen criterio constituyendo la determinación de dicho nexo lógico y directo un juicio de valor que está reservado a los tribunales y que hay que respetar, en cuanto no se acredite que es irrazonable.

Resulta asimismo, oportuno recordar que es reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo (por todas, sentencias de 18 de mayo y 4 de diciembre de 2015) que declara que el recurso de apelación es de los llamados de plena jurisdicción, por lo que permite a la Sala entrar en el debate de todas las cuestiones controvertidas, tanto procesales como de fondo, y dentro de éstas tanto la comprobación de la adecuación e idoneidad de la fundamentación jurídica que se contiene en la resolución recurrida, como la revisión de todas aquellas operaciones relativas a la valoración global y conjunta de la prueba practicada, pudiendo llegar a idénticas o diferentes conclusiones a las mantenidas por el Juez de instancia en la sentencia apelada.

Cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el juzgador de instancia debe partirse, en principio, de la singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria realizada por el Juez ante el que se ha celebrado el acto solemne del juicio en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediación, contradicción, concentración y oralidad, de manera que si la prueba practicada en el procedimiento se pondera por el Juez a quo de forma racional y asépticamente, sin que pugne con normas que impongan un concreto efecto para un determinado medio de prueba, llegando a una conclusión razonable y correcta, tal valoración debe mantenerse y no sustituirse por la subjetiva de quien impugna la expresada valoración.

Ahora bien, como tiene declarado este Tribunal de manera reiterada, con la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2.000, de 7 de Enero (EDL 2000/77463), la misma inmediación ostenta el Tribunal de Primera Instancia que el Tribunal de Apelación por cuanto que, a través del soporte audiovisual donde se recogen y documentan todas las actuaciones practicadas en el acto del Juicio (incluyéndose, evidentemente, la fase probatoria), el Órgano Jurisdiccional de Segunda Instancia puede apreciar de viso propio no sólo el contenido de las distintas pruebas que se practiquen, sino también la actitud de quienes intervienen y la razón de ciencia o de conocer que expresan (partes, testigos o peritos) al efecto de examinar si esas pruebas se han valorado o no correctamente, pues en esto consiste, precisamente, una de las finalidades inherentes al recurso de apelación (entre otras, sentencias del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 2001, 16 de junio y 16 de septiembre de 2003, 2 de diciembre de 2005, 18 de enero y 28 de septiembre de 2010, 14 de junio de 2011, 22 de febrero y 27 de septiembre de 2013, 18 de mayo de 2015, y sentencias del Tribunal Constitucional 194/1990, de 29 de noviembre (EDJ 1990/10902); 21/1993, de 18 de enero (EDJ 1993/188); 102/1994, de 11 de abril (EDJ 1994/3087); 272/1994, de 17 de octubre (EDJ 1994/10551); 152/1998, de 13 de julio (EDJ 1998/10009); y 212/2000, de 18 de septiembre (EDJ 2000/26235)).

TERCERO.-Hechos relevantes a tener en cuenta para resolver el procedimiento.

Para la resolución del presente recurso hay que partir de las siguientes premisas:

1º) Que no constituye objeto del recurso de apelación el pronunciamiento de sentencia relativo a gastos extraordinarios, cuyo tenor es el siguiente: "(..) los gastos extraordinarios que se devenguen en la vida del hijo menor común serán sufragados el 70% abonado por Don Benjamín y el 30% restante por Dª Verónica, previo acuerdo de las parte, y, en su defecto, autorización judicial", pronunciamiento que la juzgadora de instancia lo fundamenta en que considera acreditados que los ingresos del padre son proporcionalmente mayores a los de la madre.

2º) Que en fecha 21 de octubre de 2022, las partes firman una propuesta de convenio regulador, incorporado al procedimiento de divorcio de mutuo acuerdo 737/2022 tramitado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Navalmoral de la Mata, que fue archivado por no haber comparecido la Sra. Adelaida a ratificar el citado convenito y en el que se establecía que los gastos del menor de carácter ordinario, alimentos y cobijo, serían sufragados por cada progenitor directamente en el ejercicio a su custodia y lo relativos a libros, matrículas y material escolar, ropa y accesorios para actividades extraescolares, matrícula y mensualidades de actividades/clases escolares, excursiones y viajes de estudio (...) serían sufragados por mitad entre los cónyuges. Por ello, no se puede aplicar la doctrina del Alto Tribunal sobre los negocios jurídicos de familia, incluso los no ratificados judicialmente fijada por el Tribunal Supremo en sentencia de 6 de junio de 2023, Nº de Recurso: 6986/2022.

CUARTO.-Eficacia de los convenios reguladores no aprobados judicialmente.

El Tribunal Supremo de 6 de junio de 2023, Nº de Recurso: 6986/2022, fija la doctrina del Alto Tribunal sobre los negocios jurídicos de familia, incluso los no ratificados judicialmente indicando que:

"Esta sala ha venido desarrollando una consolidada doctrina sobre el carácter vinculante que para los cónyuges o excónyuges tienen los denominados negocios jurídicos de familia, a través de los cuales pactan, al amparo de la libre autonomía de la voluntad y sometidos al límite del orden público, constituido por el interés superior de los hijos comunes, menores de edad, las reglas por las que se han de regir sus relaciones personales o patrimoniales o extinguen definitivamente las mismas; todo ello, bajo un criterio de progresiva potenciación de sus facultades dispositivas, que hunde sus raíces en el valor constitucional de la libertad reconocido en los arts. 1 y 10 CE , hasta el punto de hablarse del fuerte contractualismo que, hoy en día, impera en la materia.

En efecto, en las relaciones de pareja, formalizadas o no bajo la institución matrimonial, la facultad de configuración de su contenido por las partes es indiscutible, incluso con reconocimiento de los denominados pactos preventivos o de ruptura, concertados ante la eventualidad, futura e incierta, de una ulterior crisis matrimonial o de pareja, fijando anticipadamente las consecuencias que de aquélla derivan.

Los únicos límites son los propios impuestos a todos los contratantes en el art. 1255 del CC, de no atentar a las normas imperativas, a la moral, ni al orden público, y a los propios de la disciplina jurídica de las relaciones contractuales ( art. 1261 CC (EDL 1889/1)), así como las exigencias de forma ad solemnitatem, que impone a determinados negocios jurídicos el ordenamiento legal ( art. 1280 CC) .

En cuanto a los convenios no ratificados judicialmente, la STS 569/2018, de 15 de octubre, no priva de eficacia jurídica a los convenios no ratificados, señalando expresamente que "el convenio regulador no puede tacharse de ineficaz por carecer del requisito de ser aprobado judicialmente(...) siempre que no sean contrarios al interés del menor, y con la limitación impuesta en el art. 1814 CC, esto es no cabe renunciar ni disponer del derecho del menor a la pensión de alimentos, ni puede compensarse con una deuda entre los progenitores, ni someterse condicionalmente en beneficio de los menores".

En la sentencia 615/2018, de 7 de noviembre, de nuevo, se vuelve a insistir en ese mismo orden de ideas, al considerar que un convenio no ratificado judicialmente carece de eficacia procesal, pero no, por ello, la pierde como un vinculante negocio jurídico de familia, sin que quepa atribuirle la condición de simple elemento de negociación, y razona al respecto:

"Se trata en este caso de un acuerdo de naturaleza contractual, con las posibles consecuencias contempladas en el art. 1091 CC (EDL 1889/1) .

"Por tanto, una vez aportado con tal naturaleza al proceso contencioso, la parte que lo suscribió, pero no lo ratificó en presencia judicial, tendrá que alegar y justificar, en este proceso, las causas de su proceder, bien por el incumplimiento de las exigencias del art. 1255 CC (EDL 1889/1) , bien por concurrir algún vicio en el consentimiento entonces prestado, en los términos del art. 1265 CC (EDL 1889/1), o por haberse modificado sustancialmente las circunstancias que determinaron el inicial consenso, que nada tiene que ver con cambio de opinión injustificada, sobre todo en supuestos como el presente en los que cada cónyuge intervino asesorado de letrado en la redacción y suscripción del convenio ".

QUINTO.-Solución del caso.

La recurrente solicita que se dicte una nueva resolución que establezca distribuir el abono de los gastos de escolaridad del hijo común en un porcentaje del 70% a cargo del Sr. Benjamín y en un 30% a la Sra. Verónica por no ser incardinable en los gastos ordinarios establecidos en la sentencia.

Valorando conjuntamente la prueba practicada, la Sala considera que el recurso ha de ser estimado.

La primera cuestión a resolver es la eficacia del convenio regulador firmado y no aprobado judicialmente opuesto por la parte apelada, en el que se incluye como como gasto ordinario, a sufragar por cada progenitor directamente en el ejercicio a su custodio el relativo a "mensualidades de actividades/clases escolares".

La Sala, aplicando la jurisprudencia expuesta en anterior fundamento de derecho, considera que no nos encontramos ante un supuesto de cambio de opinión injustificado, sino que se aprecia una modificación sustancialmente de las circunstancias que determinaron el inicial consenso.

Y ello, porque en el momento temporal previo tanto a la firma del convenio regulador (21 de octubre de 2022) como al señalamiento para la ratificación del convenio en sede judicial (18 de abril de 2023), la Sra. Verónica presentaba una alteración psicológica diagnosticada que exigió ingreso hospitalario en la Clínica López Ibor y posterior tratamiento farmacológico y seguimiento médico, en el primer caso por ideas autolíticas y, en el segundo, por haber materializado un intento de suicidio por ingesta de pastilla.

Así, en las actuaciones consta acreditado que Doña Verónica permaneció ingresada por ingreso voluntario en la Clínica López Ibor desde el día 20 de agosto de 2022 hasta el 1 de septiembre de 2022, tras acudir a urgencias por encontrarse baja de ánimo e ideas de muerte principalmente en momentos de mayor ansiedad, con desbordamiento emocional sin ver salida a la situación, pareciendo el desencadenante principal la relación de pareja y el ámbito laboral. Consta acreditado, igualmente, que cursó alta hospitalaria tras mejoría franca de la sintomatología con seguimiento por psicología y psiquiatría en consultas externas. En fecha 14 de febrero de 2023, fue nuevamente ingresada hasta el 10 de marzo de 2023 por intento de suicidio por sobreingesta de benzodiacepinas, tras referir, desanimo, nervios, tensión constante, distracciones, despistes con fallo de atención y memoria, cansancio, fue diagnosticada de sintomatología ansioso depresiva y trastorno de la personalidad Cluster B.

Enervada la eficacia de la propuesta de convenio regular firmado por la apelante, procede analizar la naturaleza del gasto objeto del presente recurso.

Esta Sala siempre ha considerado como gastos extraordinarios los producidos como consecuencia de los estudios de los hijos (matrículas, cuotas mensuales del centro académico, alojamiento, comedor escolar, libros, material escolar o académico, incluido transporte -o desplazamiento escolar-, libros de texto , cuotas de asociación de padres y madres de alumnos, seguro escolar, clases de apoyo o refuerzo o cualesquiera otros de análoga naturaleza), actividades escolares y extraescolares, viajes de estudios, en la medida en que suponen un desembolso económico de cuantía notable, y que, indudablemente, son necesarios; como gastos que, en definitiva y sin género de duda alguno, benefician a los hijos, redundan en su interés, se encuentran extramuros de la pensión de alimentos ordinaria y, en consecuencia, deben abonarse por ambos progenitores ( AAP Cáceres de 3 de marzo de 2023, rec. 1123/2022.

Las cuotas mensuales por gastos de escolaridad que han de abonar los progenitores en relación al hijo común, deben ser considerados como un gasto extraordinario y, consecuentemente, ha de ser abonados en la proporción solicitada por la recurrente, relativo a los gastos extraordinarios, en un porcentaje del 70% a cargo del Sr. Benjamín y en un 30% a la Sra. Verónica, que es la fijada en la sentencia para tales gastos y que no ha sido objeto de impugnación.

La expresada naturaleza resulta, en primer término, del contenido y objeto de cada uno de esos gastos y, en segundo lugar, de que no pueden gozar de otra naturaleza distinta por cuanto que, siendo necesarios, objetivamente beneficiosos para el hijo común y de un monto económico elevado, no pueden satisfacerse con la cuantía de la pensión de alimentos ordinaria.

En atención a lo expuesto, se estima el recurso interpuesto y se revoca la sentencia en el único sentido de incluir entre los gastos extraordinarios los de escolaridad del hijo común.

SEXTO.-Costas procesales.

Dada la especial naturaleza y objeto de este tipo de procesos Matrimoniales y de Derecho de Familia y, conforme al criterio reiterado de este Tribunal, no procede efectuar pronunciamiento especial en orden a la imposición de las costas de esta alzada, de modo que cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación en nombre de S.M. EL REY y por la Autoridad que nos confiere la Constitución Española, pronunciamos el siguiente: