Sentencia Civil 97/2025 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 10, Rec. 698/2024 de 10 de marzo del 2025

PRIMERO.- Por la representación procesal de D. Oscar, se interpuso demanda contra la DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD JURÍDICA Y FE PÚBLICA (DGSJFP) en la que se ejercita acción de impugnación de la resolución que dicha entidad adoptó, en fecha 19 de mayo de 2021, denegando la nacionalidad española al actor, al considerar que eran insuficientes las pruebas aportadas para acreditar su condición de sefardí originario de España. El Sr. Oscar presentó recurso de alzada contra dicha resolución, por considerarla no ajustada a derecho. Recurso que debe entenderse desestimado, al no haberse resuelto en el plazo de tres meses ( art. 781-1 bis de la LEC) . En la demanda de juicio verbal presentada se solicita: 1.- Que se declare que la resolución de la DGSJFP de 19 de mayo de 2021, por la que se deniega al actor la nacionalidad española como sefardí originario de España, es nula de pleno derecho. 2.- Se revoque y deje sin efecto dicha resolución y se declare que el actor acredita y cumple los requisitos exigidos por la Ley 12/2015 de 24 de junio, para que le sea concedida la nacionalidad española por su condición de sefardí originario de España. 3.- Se ordene a la demandada que realice a su cargo cuantos actos administrativos y jurídicos sean preceptivos para conceder la nacionalidad española al actor, en su condición de sefardí originario de España. 4.- Se condene a la demandada a estar y pasar por tales declaraciones y al pago de las costas procesales.

En fecha 10 de enero de 2024 se dictó sentencia por la Magistrada-Juez del juzgado de 1ª Instancia nº 41 de Madrid en la que se desestima la demanda y se declara ajustada a derecho la resolución impugnada por la que se denegó al actor la nacionalidad española, sin hacer expresa imposición de las costas procesales. En la sentencia se aplica la Ley 12/2015 de 24 de junio, sobre la concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España y la jurisprudencia aplicable. Se aduce que la competencia para resolver sobre la concesión de nacionalidad, conforme al art. 2 de la Ley 12/2015, corresponde a la DGSJFP, que no se encuentra imperativamente vinculada por el juicio de valor realizado por el Notario. Considera que no se cumplen los requisitos del art. 1.2 de la Ley 12/2015, al tener el actor la nacionalidad mexicana y aportar un certificado emitido por la Comunidad Israelita de Lisboa, que no goza de validez, al faltar el requisito de la conexidad territorial con el solicitante. No consta aportado informe genealógico. Tampoco tiene por acreditada la vinculación con España, conforme al art. 1.3 de la Ley 12/2015, al considerar insuficiente el certificado de la entidad Kaza Muestra, en la que se menciona que por el actor se ha realizado una donación de la cantidad de 200 euros. La sentencia niega que la documentación aportada sea suficiente para acreditar la procedencia Sefardí del solicitante, debiendo verificarse la concurrencia de los presupuestos legales en el supuesto fáctico concreto, con independencia de lo resuelto en otros procedimientos.

SEGUNDO. - Se interpone recuso de apelación por la representación procesal de D. Oscar, en el que se alegan como motivos del recurso, errónea valoración de la prueba y omisión absoluta de valoración de medios de probatorios, concretamente, se refiere al informe genealógico aportado con el recurso de alzada, al amparo del apartado g) del art. 1.2 de la Ley 12/2015 de 24 de junio. Incongruencia omisiva igualmente en relación con el vínculo con España. Así como indefensión y una grave violación del principio de reformatio in peius,con vulneración de los arts. 14 y 24 de la CE, relativos a los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, tutela judicial efectiva y a no recibir trato discriminatorio.

Como ya ha declarado reiteradamente esta Sala, "La STC, Sala Primera, 40/1993, de 8 de febrero , en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva, recoge que «... este derecho se satisface también cuando se resuelven genéricamente las pretensiones de las partes aunque no se haya pronunciado concretamente sobre todas las alegaciones expuestas ( STC 291/1987 ), siempre que el razonamiento permita conocer el motivo que justifica y garantiza, consecuentemente, la no arbitrariedad del fallo ...», tiene declarado la Sala Primera del Tribunal Supremo en la S. 193/2000, de 4 de marzo que «.. .no se incurre en defecto procesal por no contestar a todas y cada una de las afirmaciones o razonamientos expuestos en los escritos procesales, pues el derecho a la tutela judicial efectiva se satisface cuando se resuelven genéricamente las pretensiones de las partes aunque no se haya pronunciado concretamente sobre las alegaciones expuestas, tal y como viene declarando pacífica doctrina de este Tribunal (sentencias 19 febrero , 12 mayo y 28 noviembre 1998 , entre otras). ..», pronunciamiento reproducido sustancialmente en las posteriores SSTS, Sala Primera, de 26 de julio de 2006 ; 1034/2007, de 27 de septiembre ; 66/2009, de 5 de febrero ; 404/2009, de 28 de mayo ; 485/2009 , de 25 de junio .

Ciertamente tiene declarado con reiteración la Sala Primera del Tribunal Supremo que la infracción del deber que pesa sobre los órganos jurisdiccionales, por exigencias del principio de efectividad de la tutela judicial reconocido en el art. 24 CE , de conocer y decidir acerca de todas las pretensiones oportunamente ejercitadas -sin exigirse, en cambio, una contestación judicial explícita y detallada, bastando, en atención a las circunstancias del caso, con una respuesta global. Como se ha pronunciado esta Sala en múltiples sentencias, en relación con la incongruencia omisiva, "En la medida en que se trataría de una falta de pronunciamiento sobre alegaciones o peticiones formuladas, la parte ahora recurrente no sólo podía sino que hubiera debido solicitar la integración o complemento del fallo de acuerdo con lo prevenido en el art. 215 LEC 1/2000 y, sólo tras su denegación, formular recurso de apelación". No habiendo la parte apelante denunciado la supuesta omisión del pronunciamiento mediante el instrumento recogido en el art 215 de la LEC, procedería la desestimación de este motivo del recurso, al no ser admisible el mismo en esta alzada. En el presente caso se ha dado respuesta en la sentencia a todas las cuestiones planteadas en la demanda y en la contestación, por tanto, no puede apreciarse la existencia de la incongruencia omisiva denunciada. Sobre los extremos que se dicen omitidos, relativos a la omisión del informe genealógico aportado con el recurso de alzada, al amparo del apartado g) del art. 1.2 de la Ley 12/2015 de 24 de junio, dicho documento no se admitió como prueba en el acto de la vista. Además, en la sentencia, se menciona igualmente que no se cumplen los requisitos del art. 1.2 de la Ley 12/2015, al tener el actor la nacionalidad mexicana y aportar un certificado emitido por la Comunidad Israelita de Lisboa, que no goza de validez, por faltar el requisito de la conexidad territorial con el solicitante.

El art. 1.1 de la Ley 12/2015 de 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España, establece los requisitos para la concesión de la nacionalidad española y los medios probatorios precisos:

a) Certificado expedido por el Presidente de la Comisión Permanente de la Federación de Comunidades Judías de España.

b) Certificado expedido por el presidente o cargo análogo de la comunidad judía de la zona de residencia o ciudad natal del interesado.

c) Certificado de la autoridad rabínica competente, reconocida legalmente en el país de la residencia habitual del solicitante.

d) acreditación del uso como idioma familiar del ladino o "haketía", o por otros indicios que demuestren la tradición de pertenencia a tal comunidad.

e) Partida de nacimiento o la "ketubah" o certificado matrimonial en el que conste su celebración según las tradiciones de Castilla.

f) Informe motivado, emitido por entidad de competencia suficiente, que acredite la pertenencia de los apellidos del solicitante al linaje sefardí de origen español.

g) Cualquier otra circunstancia que demuestre fehacientemente su condición de sefardí originario de España.

El art.1.3 sobre la especial vinculación con España, establece la necesidad de acreditar:

a) Certificados de estudios de historia y cultura españolas expedidos por instituciones oficiales o privadas con reconocimiento oficial.

b) Acreditación del conocimiento del idioma ladino o "haketía".

c) Inclusión del peticionario o de su ascendencia directa en las listas de familias sefardíes protegidas por España, a que, en relación con Egipto y Grecia, hace referencia el Decreto-ley de 29 de diciembre de 1948, o de aquellos otros que obtuvieron su naturalización por la vía especial del Real Decreto de 20 de diciembre de 1924.

d) Parentesco de consanguinidad del solicitante con una persona de las mencionadas en la letra c) anterior.

e) Realización de actividades benéficas, culturales o económicas a favor de personas o instituciones españolas o en territorio español, así como aquellas que se desarrollen en apoyo de instituciones orientadas al estudio, conservación y difusión de la cultura sefardí.

f) Cualquier otra circunstancia que demuestre fehacientemente su especial vinculación con España.

Ante la existencia de sentencias dispares dictadas por distintas secciones de la Audiencia Provincial de Madrid, el Pleno de la Sala 1ª del Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre los requisitos legales para la concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza a los sefardíes originarios de España, según la Ley 12/2015 de 24 de junio, en las recientes sentencias de 15 de enero de 2025 (rec. 5862/2024 y rec. 3062/2024), en los siguientes términos:

" QUINTO.- Doctrina de la sala. A los meros efectos de sintetizar la doctrina de la sala contenida en esta sentencia de pleno, para que puedan ser tenidos en cuenta en la litigiosidad pendiente sobre esta materia, resaltamos los siguientes criterios decisorios:

- La DGSJyFP, al resolver de manera motivada sobre la concesión de la nacionalidad con base en la Ley 12/2015, no está vinculada por el juicio favorable emitido por el notario en el acta de notoriedad. - - Cuando el certificado expedido por el presidente de la comunidad judía o autoridad rabínica no reúne los requisitos de los apartados a), b) o c) del art. 1.2 de dicha ley, no se le puede dar valor probatorio con base en el apartado g) del citado artículo, pues cuando el legislador hace referencia a «cualquier otra circunstancia que demuestre fehacientemente su condición de sefardí originario de España» debe entenderse referida a cualquier otra circunstancia distinta de las contempladas en los apartados anteriores de dicho artículo y no a las mismas circunstancias cuando no se cumplen en su integridad sus requisitos. - - Que el art. 1.2 de la Ley 12/2015 prevea como uno de los medios probatorios para acreditar la condición de sefardí originario de España el «informe motivado, emitido por entidad de competencia suficiente, que acredite la pertenencia de los apellidos del solicitante al linaje sefardí de origen español» no significa que cualquier informe que tenga tal objeto haya de ser necesariamente aceptado por la DGSJyFP y por el tribunal que conozca de la impugnación de la resolución dictada por tal organismo, que deberá valorar el informe según las reglas de la sana crítica. - - No es contrario al art. 14 de la Constitución que la DGSJyFP, si ha detectado que estaba concediendo la nacionalidad española con base en una aceptación acrítica de las actas de notoriedad expedidas por notarios, sin cumplirse los requisitos exigidos por la Ley 12/2015, haya rectificado la práctica anterior y haya comenzado a valorar con rigor el cumplimiento de los requisitos legales. No hay derecho a la igualdad en la ilegalidad."

En cuanto a los medios probatorios necesarios, se indica por el Tribunal Supremo: "...la razón por la que la Audiencia Provincial ha considerado inadecuado el certificado rabínico aportado por el recurrente es porque no cumple los requisitos de los apartados a) a c) del art 1.2 de la Ley 12/2015: no ha sido emitido por el presidente de la Comisión Permanente de la Federación de Comunidades Judías de España, por el presidente o cargo análogo de la comunidad judía de la zona de residencia o ciudad natal del interesado o por la autoridad rabínica competente, reconocida legalmente en el país de la residencia habitual del solicitante. Es por tanto correcta la argumentación de la sentencia recurrida cuando declara:

«[...] el legislador no ha querido que estos certificados sean expedidos por rabinos o presidentes de comunidades judías de cualquier lugar del mundo sin ninguna conexión con el lugar de residencia o ciudad natal del interesado [...]».

La pretensión de que se le otorgue valor probatorio con base en el apartado g) del citado art. 1.2 de la Ley 12/2015 no puede ser atendida pues el razonamiento de la sentencia recurrida, que acoge en esta cuestión el razonamiento de la DGSJyFP, es correcto:

«[...] cuando el legislador habla de "cualquier otra circunstancia" debe entenderse referida, obviamente, a cualquier otra circunstancia distinta de las contempladas en los apartados anteriores y no a las mismas circunstancias cuando no se cumplen en su integridad sus requisitos, pues de lo contrario el apartado g) se estaría aplicando en fraude de ley para sortear los requisitos que el legislador expresamente ha querido que reúnan los certificados expedidos por comunidades Judías o Rabinos. [...] el apartado g) del artículo 1.2 de la Ley aplicable no es, como pudiera pretenderse, una suerte de posibilidad genérica a la que se puedan reconducir todos los apartados, anteriores cuando no se den en su totalidad los requisitos que se exigen en ellos, pues en ese caso tales requisitos, a pesar de ser expresamente queridos por el legislador con especial valor probatorio, pasarían a convertirse en superfluos».

Respecto de la prueba de la especial vinculación con España del recurrente, se argumenta: "...dadas las dificultades que presenta en esta cuestión la diferenciación entre las cuestiones probatorias, procesales, y las cuestiones sustantivas relativas al art. 1.3 de la Ley 12/2015, debe concluirse que es correcta la argumentación de la Audiencia Provincial sobre que tener contratada una línea telefónica colombiana o un seguro de asistencia médica que no debe ser prestada en España no son hechos que revelen una «especial vinculación con España» por más que tales servicios hayan sido prestados por una sociedad mercantil española o por una filial de una sociedad mercantil española.

Respecto de que el certificado que acredita que el recurrente ha hecho una «aportaciones dinerarias» a la federación judía que emitió la certificación rabínica presentada por el solicitante de la concesión de la nacionalidad «además de genérico, no acredita el presupuesto exigido por la norma, la vinculación especial con España, a menos que dicho requisito se estimase cumplido por la sola colaboración económica que se pudieran realizar en cualquier federación del mundo para la conservación del judaísmo», se trata de una valoración probatoria que no ha sido debidamente impugnada como error patente al amparo del art. 477.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que, en todo caso, habida cuenta de las circunstancias del caso (en especial, que dicho organismo esté radicado en Nuevo México, con el que el solicitante, residente en Venezuela, no ha acreditado tener relación alguna), no puede considerarse como constitutiva de tal error.

Por último, también debe considerarse correcto el argumento de la sentencia recurrida de que la especial vinculación con España debe ser preexistente a la solicitud de la nacionalidad y no estar buscada con posterioridad con el único fin de cumplir formalmente con dicho requisito".

Aplicando lo expuesto al supuesto objeto de recurso la Sala, examinada la documental aportada, comparte la valoración de la prueba que se hace en la sentencia apelada, que no es arbitraria ni ilógica sino ajustada a la sana crítica, conforme al criterio del Tribunal Supremo anteriormente expuesto. No se cumplen los requisitos del art. 1.2 de la Ley 12/2015, al tener el actor la nacionalidad mexicana y aportar un certificado emitido por la Comunidad Israelita de Lisboa, que no goza de validez, al faltar el requisito de la conexidad territorial con el solicitante. No consta aportado informe genealógico, ya que fue inadmitido como medio probatorio en el juicio. No obstante, el mismo sería encuadrable en el apartado g) del artículo 1.2 de la Ley aplicable y no puede suplir todos los apartados anteriores, como se pretende por el recurrente, pues en ese caso tales requisitos, a pesar de ser expresamente queridos por el legislador con especial valor probatorio, pasarían a convertirse en superfluos.

Tampoco queda acreditada la vinculación con España, conforme al art. 1.3 de la Ley 12/2015, siendo insuficiente el certificado de la entidad Kaza Muestra, en la que se menciona que por el actor se ha realizado una donación de la cantidad de 200 euros. En los términos establecidos por la jurisprudencia referida, que no considera que dicho requisito se estimase cumplido por la sola colaboración económica que se pudieran realizar en cualquier federación del mundo para la conservación del judaísmo, en este caso, consta una única aportación dineraria y de una cantidad mínima de 200 euros. La consideramos claramente insuficiente.

La sentencia niega que la documentación aportada sea suficiente para acreditar la procedencia Sefardí del solicitante, debiendo verificarse la concurrencia de los presupuestos legales en el supuesto fáctico concreto, con independencia de lo resuelto en otros procedimientos. El pronunciamiento debe igualmente ratificarse, tal y como se indica en las sentencias de 15 de enero de 2025, en las que se indica: "...porque difícilmente puede darse una completa identidad entre unas solicitudes y otras, especialmente en lo relativo al informe de apellidos e informes genealógicos. El recurrente no ofrece un término de comparación que resulte válido a efectos comparativos, pues no basta con invocar que en muchos expedientes anteriores similares se concedió la nacionalidad española.

En segundo lugar, porque lo que veta el art. 14 de la Constitución es una discriminación por distintas razones (origen racial, religión, sexo, etc.), que no concurren en este caso, o un apartamiento arbitrario e injustificado de las decisiones adoptadas en casos anteriores, que tampoco concurre pues la DGSJ y FP ha razonado extensamente las razones de la denegación de la concesión de la nacionalidad española al solicitante.

Si dicho organismo ha detectado en un momento determinado que se estaba concediendo la nacionalidad española con base en una aceptación acrítica de las actas de notoriedad expedidas por notarios, cuando no se cumplían los requisitos exigidos por la Ley 12/2015, no es contrario al art. 14 de la Constitución haber rectificado la práctica anterior y haber comenzado a valorar con rigor si los requisitos legales se cumplían. Como ha argumentado el Abogado del Estado y ha recogido la sentencia recurrida, no hay derecho a la igualdad en la ilegalidad (por todas, SSTC 25/2022, de 23 de febrero, y 66/2024, de 23 de abril). No puede invocarse el derecho a la igualdad en el incumplimiento de las normas y no cabe pretender que los precedentes contrarios a la ley resulten vinculantes para la Administración".

El recurso de apelación debe ser desestimado.

TERCERO. - Por la DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD JURÍDICA Y FE PÚBLICA se impugna la sentencia, con el argumento de que la sentencia considera acreditada la vinculación con España por la superación de la prueba de conocimientos constitucionales y sociales. Requisitos contenidos en el art. 1, apartados 3 y 5 de la Ley 12/2015. Según el apartado 5, no permite acreditar dicho requisito la especial vinculación con España, sino que es un requisito adicional, que no excluye los anteriores por cuanto, entender lo contrario, vaciaría de contenido el apartado 3.

En la sentencia del Tribunal Supremo 127/2014, de 6 de marzo, se hace un análisis claro sobre la impugnación de sentencia en los siguientes términos: "1.- La impugnación de la sentencia a que hace referencia el art. 461.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es una oportunidad que se brinda a quien inicialmente presta conformidad con el gravamen que la sentencia le supone, para que el mismo no se vea agravado por el resultado eventual del recurso que interponga la contraparte.

"Presupone que estamos ante sentencias que no estiman plenamente las pretensiones de las partes. Se fomenta el aquietamiento de los litigantes ante sentencias que le sean parcialmente desfavorables, de modo que solo si la parte contraria la recurre y su situación puede agravarse respecto de la que resulta de la sentencia, el litigante que inicialmente no apeló pueda también formular su impugnación.

"2.- Son dos los requisitos que se exigen para que sea admisible la impugnación de la sentencia, que resultan de la consideración conjunta de los apartados 1 y 4 del art. 461 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

"(i) El primero consiste en que el impugnante no haya apelado inicialmente la sentencia. La impugnación no puede utilizarse para ampliar los pronunciamientos sobre los que el apelante ha formulado su recurso aprovechando el trámite de oposición al recurso formulado por quien resulta apelado ( sentencia de esta sala núm. 869/2009, de 18 enero de 2010). [...] "(ii) El segundo requisito es que la impugnación vaya dirigida contra el apelante. Las pretensiones formuladas en el escrito de impugnación no pueden ir dirigidas contra las partes que no hayan apelado. La sentencia núm. 865/2009, de 13 de enero de 2010, declara sobre este particular que el artículo 461.4 LEC, al ordenar que del escrito de impugnación se dé traslado únicamente al apelante principal, revela que el escrito de impugnación no puede ir dirigido contra las partes que no han apelado".

Aplicando lo expuesto al supuesto objeto de recurso y, dado que no ha existido gravamen para la impugnante en la sentencia, que le ha sido favorable, la misma debió ser inadmitida, lo que deviene en causa de desestimación.

CUARTO.- En aplicación de lo dispuesto en el art. 398 de la LEC, se imponen a las partes apelante e impugnante las costas procesales de esta alzada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación.