Sentencia Civil 482/2024 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 10, Rec. 463/2024 de 20 de noviembre del 2024

PRIMERO.- Por la representación procesal de D. Nazario y 37 más se interpone demanda contra la MANCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS DIRECCION000, en la que se ejercita acción de impugnación de acuerdos adoptados en la Junta de Propietarios de fecha 9 de mayo de 2022, para proceder a las obras de rehabilitación de la piscina, que justifican por la comisión correspondiente en el deterioro de la misma, mediante las oportunas reparaciones. Se aprueba la ejecución de las obras, conforme al presupuesto de la empresa Piscinas Iglesias, por 81 votos a favor, 47 votos en contra y 12 abstenciones. Se tiene por aprobado por mayoría la rehabilitación de la piscina infantil y la de adultos, conforme al presupuesto presentado por la citada empresa y con la opción del sistema de depuración tipo Munich, por importe de 225.630,33 euros para la piscina de adultos y 21.718,29 euros para la piscina infantil. Se acuerda que el coste total de las obras se financiaría mediante derrama extraordinaria que giraría la mancomunidad a cada portal y estos a su vez a cada propietario. La impugnación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 18-1-a) y c) de la LPH y se solicita la nulidad de pleno derecho del citado acuerdo, por haberse adoptado contra lo dispuesto en los Estatutos de la comunidad y ser perjudicial a alguno propietarios, dado lo elevado del coste de las obras y su innecesariedad para el mantenimiento de las piscinas de la urbanización.

En la contestación a la demanda se alega la falta de legitimación activa de los demandantes, por no acreditar estar al corriente en el pago de los gastos de la comunidad, lo que debería haberse efectuado al presentar la demanda ( art. 266-4 y 18-2 de la LPH. )

En fecha 10 de noviembre de 2023 se dictó sentencia por la Magistrada-Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Alcobendas, en la que se estima la excepción de falta de legitimación activa ad processumy acuerda el sobreseimiento y archivo del procedimiento. Las costas procesales se imponen a la parte actora. Se argumenta en la sentencia que los demandantes no estaban al corriente en el pago de todas las deudas vencidas con la comunidad ni han procedido judicialmente a la consignación de las mismas. Las consignaciones no se han hecho con ofrecimiento a la contraria, solo han consignado 17 de los demandantes, por distintas cantidades y habiendo indicado expresamente que no se hacían en concepto de pago.

SEGUNDO.- Por la representación procesal de la representación procesal de D. Benedicto y otros se interpone recurso de apelación. En primer lugar, debemos indicar que el requisito de procedibilidad, puede resolverse como cuestión previa en la sentencia.

Se alega en el recurso que se le ha colocado en situación de indefensión, ya que no pudo solicitar prueba documental o testifical para acreditar estar al corriente del pago de cuotas comunitarias. No obstante, como ha apreciado la Sala tras el visionado de la grabación, sí pudo hacerlo en el acto de la audiencia previa, ya que se le dio opción de presentar documental para acreditar el cumplimiento del requisito de procedibilidad, habiendo hecho las partes las alegaciones que tuvieron por conveniente sobre dicha cuestión. No apreciamos indefensión. Además, lo apelantes han tenido la oportunidad de aportar en esta alzada la certificación de la comunidad de uno de los portales ( DIRECCION000) de fecha 29 de noviembre de 2023, en la que se certifica por el administrador de dicho portal que D. Valeriano, D. Carlos Jesús/Dª Florinda, D. Alonso, D. Nemesio, D. Olegario, D. Gines/ Dª Amanda, D. Ángel Daniel y D. Nazario, se encontraban el 1 de septiembre de 2022, fecha de la interposición de la demanda, al corriente del pago de los recibos emitidos a esa fecha.

TERCERO.- En cuanto a la falta de exhaustividad, también denominada «incongruencia omisiva», alegada como motivo del recurso, consiste en la falta de respuesta explícita en la resolución definitiva a determinadas peticiones o pretensiones de las partes.

Como ya ha declarado reiteradamente esta Sala, "La STC, Sala Primera, 40/1993, de 8 de febrero , en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva, recoge que «... este derecho se satisface también cuando se resuelven genéricamente las pretensiones de las partes aunque no se haya pronunciado concretamente sobre todas las alegaciones expuestas ( STC 291/1987 ), siempre que el razonamiento permita conocer el motivo que justifica y garantiza, consecuentemente, la no arbitrariedad del fallo ...», tiene declarado la Sala Primera del Tribunal Supremo en la S. 193/2000, de 4 de marzo que «.. .no se incurre en defecto procesal por no contestar a todas y cada una de las afirmaciones o razonamientos expuestos en los escritos procesales, pues el derecho a la tutela judicial efectiva se satisface cuando se resuelven genéricamente las pretensiones de las partes aunque no se haya pronunciado concretamente sobre las alegaciones expuestas, tal y como viene declarando pacífica doctrina de este Tribunal (sentencias 19 febrero , 12 mayo y 28 noviembre 1998 , entre otras). ..», pronunciamiento reproducido sustancialmente en las posteriores SSTS, Sala Primera, de 26 de julio de 2006 ; 1034/2007, de 27 de septiembre ; 66/2009, de 5 de febrero ; 404/2009, de 28 de mayo ; 485/2009 , de 25 de junio .

Ciertamente tiene declarado con reiteración la Sala Primera del Tribunal Supremo que la infracción del deber que pesa sobre los órganos jurisdiccionales, por exigencias del principio de efectividad de la tutela judicial reconocido en el art. 24 CE , de conocer y decidir acerca de todas las pretensiones oportunamente ejercitadas -sin exigirse, en cambio, una contestación judicial explícita y detallada, bastando, en atención a las circunstancias del caso, con una respuesta global.

Por otra parte, en el caso examinado se advierte que, denunciándose la incongruencia « ex silentio » de la sentencia de primer grado por omisión de respuesta, la parte recurrente tenía la posibilidad -y la carga- de denunciar en la primera instancia, con precedencia a la interposición de la apelación la infracción procesal de incongruencia omisiva mediante el ejercicio de la petición de complemento de la sentencia que prevé el artículo 215 , apdo. 2 LEC 1/2000 , el cual hubiera permitido la subsanación de la misma. No acreditándose haber acudido a este procedimiento, el recurso se torna inadmisible y, al tiempo de dictarse sentencia, debe ser desestimado. En este sentido, tiene declarado las SSTS, Sala Primera, 411/2010, de 28 de junio y 664/2010, de 20 de octubre que «... A) El artículo 215 .2 LEC otorga a las partes una vía para instar la subsanación de la incongruencia de la sentencia, por omisión de pronunciamiento, ante el mismo juez o tribunal que la dictó. Su utilización es requisito para denunciar la incongruencia de la sentencia en los recursos de apelación, conforme al artículo 459 LEC , y extraordinario por infracción procesal, conforme al artículo 469.2 LEC , de forma que la falta de ejercicio de la petición de complemento impide a las partes plantear en el recurso devolutivo la incongruencia omisiva ( SSTS de 12 de noviembre de 2008, RC n.º 113/2003 y 16 de diciembre de 2008, RC n.º 2635/2003 ) . ..».

Como se ha pronunciado esta Sala en múltiples sentencias, "En la medida en que se trataría de una falta de pronunciamiento sobre alegaciones o peticiones formuladas, la parte ahora recurrente no sólo podía sino que hubiera debido solicitar la integración o complemento del fallo de acuerdo con lo prevenido en el art. 215 LEC 1/2000 y, sólo tras su denegación, formular recurso de apelación". No habiendo la parte apelante denunciado la supuesta omisión del pronunciamiento mediante el instrumento recogido en el art 215 de la LEC, procede la desestimación de este motivo del recurso, al no ser admisible el mismo en esta alzada. Además, en la sentencia se hace mención al efecto de las consignaciones judiciales como pago, refiriendo el hecho de que las consignaciones no se han hecho con ofrecimiento a la contraria, solo han consignado 17 de los demandantes, por distintas cantidades y sin especificar los conceptos, habiendo indicado expresamente que no se hacían en concepto de pago.

El motivo se desestima.

CUARTO.- Como ya nos pronunciamos en el auto de fecha 19 de octubre de 2020, "La legitimación para poder impugnar judicialmente los acuerdos comunitarios mediante la acción de anulación, exige encontrarse en determinada situación jurídica, que se describe en el art. 18.2 LPH: Estarán legitimados para la impugnación de estos acuerdos los propietarios que hubiesen salvado su voto en la Junta, los ausentes por cualquier causa y los que indebidamente hubiesen sido privados de su derecho de voto. Para impugnar los acuerdos de la Junta el propietario deberá estar al corriente en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la comunidad o proceder previamente a la consignación judicial de las mismas. Esta regla no será de aplicación para la impugnación de los acuerdos de la Junta relativos al establecimiento o alteración de las cuotas de participación a que se refiere el artículo 9 entre los propietarios.

Es importante tener en cuenta que la morosidad que justifica la privación del derecho de voto en Junta es la que exista el día de su celebración, conforme al art. 15.2 LPH, mientras que la que impide la impugnación de los acuerdos en la Junta adoptados es la que existe al momento de demandar por el interesado, de manera que quien se ha visto privado de voto debidamente podría impugnar, si pagara o consignara judicialmente antes, lo mismo que puede obstarse la impugnación por no estar al corriente el propietario, aunque hubiera podido votar en Junta (ejemplo de esto SAP Tarragona -1.ª- de 15 de junio de 2004, rec. 493/2003). La condición de propietario al corriente del pago de cuotas comunitarias es presupuesto de la impugnación, por lo que no decae la legitimación por los débitos impagados a lo largo del proceso ( AAP Valencia -6.ª- de 31 de diciembre de 2002, rec. 723/2002). Lo que no cabe es subsanar el incorriente, una vez interpuesta la demanda, sino sólo la acreditación del pago que se hubiera ya producido ( AAP Madrid -14.ª- de 27 de diciembre de 2004, rec. 454/2004 y SAP Madrid -10.ª- de 22 de febrero de 2005, rec. 126/2004).

Para la interpretación del precepto mencionado y la posibilidad de subsanación, la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de octubre de 2014 se ha pronunciado, citando una sentencia anterior de 14 de octubre de 2011, que el art. 18 de la Ley de Propiedad Horizontal "establece una regla de legitimación y un requisito de procedibilidad. La primera limita la posibilidad de impugnar los acuerdos de la Junta a los propietarios que hubiesen salvado su voto en la Junta, a los ausentes por cualquier causa y a los que indebidamente hubiesen sido privados de su derecho de voto. La segunda introduce una regla de procedibilidad y una excepción condicionando la impugnación a que el propietario esté al corriente en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la comunidad o haya hecho previa consignación judicial de las mismas, salvo que la impugnación de los acuerdos de la Junta tenga que ver con el establecimiento o alteración de las cuotas de participación a que se refiere el artículo 9 entre los propietarios. El incumplimiento del requisito no es susceptible de subsanación siendo incluso apreciable de oficio una vez constatado ( sentencias de la Audiencia Provincial de Cádiz de 25 de marzo de 2002 , de Alicante de 28 de enero de 2004 , de Tarragona de 15 de junio de 2004 y 7 de enero de 2008 , de Guipúzcoa de 24 de mayo de 2006 ), ya que de él depende la legitimación para impugnar, lo que resulta ser diferente de la falta de acreditación o justificación documental de que el propietario esté al corriente en el pago si a la fecha de interposición de la demanda efectivamente lo estaba".

En el mismo sentido se pronuncia el AAP de Madrid, sección 19ª de 10 de diciembre de 2010 "... Es de comenzar señalando como esta Sección ya ha tenido de pronunciarse en cuestión relativa al 18.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, en sentencia de 3 de Julio de 2006, y ya indicábamos que el mencionado precepto, según la redacción dada por Ley 8/1999, de 6 de Abril, en relación con la impugnación de los acuerdos sociales, recoge en lo que ahora concierne que "Para impugnar los acuerdos de la Junta el propietario deberá estar al corriente en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la comunidad o proceder previamente a la consignación judicial de las mismas. Esta regla no será de aplicación para la impugnación de los acuerdos de la Junta relativos al establecimiento o alteración de las cuotas de participación a que se refiere el art. 9 entre los propietarios", exigencia que se constituye en un presupuesto de la acción impugnatoria, pasando a integrarla como un elemento más y, por ende, condicionante de su admisibilidad, viniendo establecido "ex lege" y con carácter de orden público, o lo que es lo mismo examinable de oficio, precepto que adquiere como justificación que propietarios morosos dilaten a través de impugnaciones su obligación de pago, imposibilitando el desarrollo de la Comunidad o haciendo recaer sobre los demás copropietarios las consecuencias de su conducta moroso..." En el mismo sentido se pronuncia la sección 13, en auto de fecha 20 de septiembre de 2021.

También se aduce en la apelación que es de aplicación la excepción del art. 18 de la LPH, al serle de aplicación el art. 18-2 in fine, que dispone: Esta regla no será de aplicación para la impugnación de los acuerdos de la Junta relativos al establecimiento o alteración de las cuotas de participación a que se refiere el artículo 9 entre los propietarios.

Como ya señaló esta Sala en la sentencia de fecha 12 de febrero del 2020: "La excepción legal del art. 18.2 LPH es aplicable a los acuerdos de la Junta que establezcan un sistema de de la distribución de gastos, bien sea de manera general, bien para algunos gastos en particular, tanto de manera permanente como ocasional.

En la STS de 22 de octubre de 2013, referida a una acción de impugnación similar se fijó en su parte dispositiva la siguiente doctrina jurisprudencial: "Cuando el art. 18.2 de la Ley de Propiedad Horizontal excepciona de la obligación de estar al corriente en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la comunidad o proceder previamente a la consignación judicial de las mismas para la impugnación de los acuerdos de la Junta relativos al establecimiento o alteración de las cuotas de participación a que se refiere el art. 9 entre los propietarios, se incluyen en el ámbito de la excepción no solo a los acuerdos que modifiquen la cuota de participación fijada en el título y prevista en el párrafo segundo del art. 5 de la Ley de Propiedad Horizontal, sino también los demás acuerdos de la junta que establezcan un sistema de distribución de gastos, bien sea de manera general, bien para algunos gastos en particular, tanto de manera permanente como ocasional. No se incluye en la excepción la impugnación de cualquier acuerdo que afecte al pago que los propietarios deben hacer de su correspondiente participación en los gastos de la comunidad, en tanto no se altere el sistema de distribución de gastos que se venía aplicando por la comunidad, que puede ser el que correspondía al coeficiente o cuota previsto en el título constitutivo ( art. 5.2 de la Ley de Propiedad Horizontal) o el "especialmente establecido" en un acuerdo anterior de la comunidad que no haya sido anulado o suspendido cautelarmente en su eficacia".

En el supuesto objeto del recurso no es de aplicación la referida excepción al requisito de procedibilidad de que los impugnantes del acuerdo estén al corriente del pago de las cuotas comunitarias por cuanto, como atinadamente argumenta la sentencia recurrida, son objeto de impugnación los acuerdos adoptados en la Junta de Propietarios de fecha 9 de mayo de 2022, en la que se tiene por aprobado por mayoría la rehabilitación de la piscina infantil y la de adultos, conforme al presupuesto presentado y se acuerda que el coste total de las obras se financiaría mediante derrama extraordinaria que giraría la mancomunidad a cada portal y estos a su vez a cada propietario. De lo expuesto, es evidente que ninguno de los acuerdos es encuadrable en la excepción contenida en el art. 18-2 in fine, como se pretende en el recurso, ya que no consta que con los citados acuerdos se hayan distribuido los gastos contraviniendo las cuotas de participación del art. 9 de la LPH, sino que se aprueba una derrama que no afecta a la cuota de participación que tiene asignada cada comunero en el título, a su establecimiento o modificación, puesto que se fija en atención a la misma.

En cuanto a si los demandantes están al corriente del pago de las cuotas comunitarias, no ha quedado acreditado que lo estuvieran al interponerse la demanda. Se aporta con el recurso de apelación certificación de la comunidad de uno de los portales ( DIRECCION000) de fecha 29 de noviembre de 2023, en la que se certifica por el administrador de dicho portal que D. Valeriano, D. Carlos Jesús/Dª Florinda, D. Alonso, D. Nemesio, D. Olegario, D. Gines/ Dª Amanda, D. Ángel Daniel y D. Nazario, se encontraban el 1 de septiembre de 2022, fecha de la interposición de la demanda, al corriente del pago de los recibos emitidos a esa fecha. No obstante, dicha certificación queda contradicha por la consignación efectuada por D. Valeriano, D. Alonso, D. Gines/ Dª Amanda y D. Nazario, en fechas 6, 8 y 20 de junio de 20023, es decir, tras la interposición de la demanda. Además, en escrito presentado el 24 de julio de 2023, por éstos se solicita el reintegro de las cantidades consignadas judicialmente y que fueron entregadas a la demandada, indicando de forma clara que la consignación no era para pago, no habiendo manifestado nunca dicha intención, al entender que es objeto del procedimiento la validez del acuerdo, por lo que el pago se hacía de forma preventiva. Debemos considerar que la consignación efectuada tras la interposición de la demanda y la negativa tajante de los consignantes de que tuviera efectos de pago, priva de validez a la certificación referida, acredita que los demandantes no estaban al corriente del pago de las cuotas comunitarias al interponer la demanda y obliga a no tener por cumplido el requisito de procedibilidad del art. 18-2 de la LPH.

El recurso de apelación debe ser desestimado.

QUINTO.- En aplicación de lo dispuesto en el art. 398-1 de la LEC, se imponen a la recurrente las costas procesales causadas en esta instancia.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación.