Sentencia Civil 817/2024 Audiencia Provincial Civil de Valencia/València nº 11, Rec. 138/2023 de 16 de diciembre del 2024

Se comparten los razonamientos jurídicos de la resolución recurrida, y.

PRIMERO.-

Este procedimiento se inició por demanda ejercitando acción de reclamación de 6.277,44€ , deuda derivada de la falta de pago de parte de la mercancía que suministró a la demandada. En base a que: mantuvo relaciones comerciales con la demandada basadas concretamente en el suministro de melones, que la demandada efectuó varios pedidos a la actora, y que emitidas las facturas, la demandada no abonó la correspondiente a la mercancía que en perfecto estado adquirió en fecha 21 de agosto de 2019, concretamente 20.120 Kg de melón, variedad Cantaloupe.

La demandada contestó la demanda oponiéndose a ella, aunque reconoció que ha mantenido relaciones comerciales con la actora y que no adeuda la cantidad reclamada, porque los melones que le fueron suministrados eran de mala calidad e inservibles, y que todo ello se puso en conocimiento de la propia actora, quien admitió no reclamarles el pago.

Dictada Sentencia, estimando la demanda, condenando a la demandada a abonar a la actora la cantidad de 6.277,44€, más los intereses legales correspondientes, y ello con expresa condena en costas de la parte demandada. La parte demandada interpuso recurso de apelación alegando, en síntesis: 2- Error en la valoración de la prueba porque la entrega de la mercancía fue defectuosa. infracción del art. 336 del CdeC: En el caso de autos, consta acreditado que la mercantil vendedora era conocedora del mal estado de las mercaderías. La compradora pone de manifiesto el mal estado de la mercancía recibida en el plazo que consagra el precepto indicado, y que no ha sido tenido en cuenta en el presente procedimiento. Por todo ello, se incurre en infracción del art. 336 del CCom y debe dictarse sentencia desestimatoria de la demanda, ya que la parte compradora no viene obligada al pago de las mercaderías defectuosas. Además de ello, ha quedado probado que la emisión de la factura que respalda el importe reclamado de contrario fue emitida con más de 45 días de retraso a lo que era habitual. Este hecho, constata sobradamente que hubo complicaciones en la recepción de las mercaderías por el mal estado del pedido de los melones; 3- Vulneración al derecho a una tutela judicial efectiva por no haber tenido la juzgadora en cuenta las pruebas aportadas por esa parte: El criterio principal del Juez es que al no acreditar de ninguna manera la mala calidad de los melones con fotografías, informe pericial, ni a dónde destinó esa mercancía defectuosa, no queda demostrado el mal estado de los melones. A parte del correo electrónico remitido por mi mandante a la vendedora, se ha probado el mal estado de las mercaderías, así como el pacto entre las partes de que se dispusiera de los melones como quisieran, eximiendo así a mi mandante de su obligación de pago; 4- vulneración al derecho a una tutela judicial efectiva. infracción del art. 376 de la LEC, error en la valoración de las testificales practicadas en el acto de la vista de la testigo dª Enma, d. Adolfo, dª Carlota y d. Hugo: Por una parte, la testigo, Dª Enma, en el acto de la vista declaró (a partir del 35' de la grabación) que en el año 2019 trabajaba para mi mandante, como responsable de calidad y que entró el melón de variedad cantalupe, que estaba, dice literalmente que estaba: muy blando y maduro y que no se podía trabajar. Además de ello, ratifica que se comunicó el mal estado de los melones a los vendedores, con la constancia de que les iban a devolver los melones sin proceder a su abono. A ello, la testigo relata que nada más llegar el envío el chófer advirtió del mal estado de las mercaderías, y que ellos también lo advirtieron nada más recepciona el envío. Respecto de la testifical de D. Adolfo (chófer de las mercaderías), declara en el acto de la vista (a partir del 43' min de la grabación) que por su experiencia profesional puede verificar el estado de las mercaderías, y confirma que efectivamente eran malos mientras cargaba el camión a finales de agosto de 2019 y que advirtió de esta circunstancia a la parte compradora. Por otra parte, la testigo, Dª Carlota, declara en el acto de la vista (a partir del 50' de la grabación) que el último cargamento, que es el de autos, la mercadería era totalmente inservible y que fue la persona que mandó la reclamación a la parte vendedora vía correo electrónico (documento núm. 11 de la contestación). El testigo D. Hugo, responsable del almacén declara en el acto de la vista (a partir del 1' min de la segunda parte de la vista) que el tercer camión que llegó era totalmente inservible y que pactó con la parte actora que ese camión quedaba ''anulado''. Todas las testificales practicadas en el acto de la vista relatan de forma coherencia y veraz lo sucedido en el caso de autos, obviando la Juzgadora de instancia todo lo manifestado por los testigos relatados en el acto de la vista. Con ello, concluimos que se produce infracción en la valoración de la prueba, ya que de haberse considerado como consagra el art. 376 de la LEC, el pronunciamiento de la sentencia de primera instancia sería la desestimación total de la demanda; 5- fondo del asunto, vulneración de la doctrina de los actos propio: Lo usual era que, tras la recepción de las mercancías, se emitiera la factura a los dos o tres días, cosa que se demuestra con las otras facturas objeto de reclamación inicial en el presente procedimiento correspondientes a los dos primeros envíos. En el presente supuesto, incurre la actora en vulneración de los actos propios, pues no emite la factura objeto de reclamación correspondiente al tercer envío hasta principios de octubre de 2019. Todo ello, constata que la mercancía era defectuosa, ya que enseguida que mi mandante advirtió del estado de los melones a la actora, (vía correo electrónico, doc. 11 de la contestación a la demanda); 6- Petición subsidiaria: Nos referimos en este fundamento, a la complejidad del procedimiento, las dudas de hecho y de derecho, en relación con el asunto de referencia y la falta de temeridad en la litigación de esta parte, y el incomprensible fallo e imposición de costas por el Juzgado.

La parte demandada impugnó el recurso de apelación defendiendo que: no es objeto de controversia que entre las partes existía una relación comercial, si lo es si la demandada debe o no abonar la cantidad que adeuda a la actora. Y valorada en su conjunto la prueba practicada - documental y testificales de Amelia, de Roman, de Enma, de Adolfo, de Carlota y de Hugo -, teniendo en cuenta que la resolución de litigio debe hacerse partiendo de las reglas sobre carga de la prueba que establece el artículo 217 de la LEC, correspondiendo a la parte actora la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones, y a la demandada la prueba de los hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de las mismas. Ha quedado suficientemente acreditado: que la entidad demandada recibió los melones y que no abonó su importe total; que la misma está obligada al pago del mismo, dado que ninguna prueba objetiva se ha aportado que acredite la mala calidad estado de los melones, y su no obligación de pago, limitándose los testigos a corroborar la versión ofrecida por quien los propuso. Así, los testigos Sr. y Sra. Amelia Roman, manifestaron que cuando se cargaron los melones en las instalaciones de la actora, los mismos se encontraban en perfectas condiciones y que no observaron ninguna anomalía en la mercancía cargada. Por su parte, los testigos propuestos por la demandada manifestaron que cuando llegó la mercancía a las instalaciones de la demandada, la misma no se encontraba en buen estado, y que la misma era inservible, manifestando el Sr. Adolfo, conductor encargado del transporte de la mercancía desde Tomelloso a Puzol, que él observó que los melones no eran buenos, y que cuando llegó a las instalaciones de la demandada lo comunicó. Es cierto que se aporta como documento nº 11 de la contestación a la demanda, un correo electrónico en el que la demandada comunicó que no abonaría importe alguno debido a la mala calidad de los melones, que el Sr. Hugo, gerente de almacén de la demandada, manifestó que acordó con la actora no abonar la factura correspondiente a ese pedido, y que por el Sr. Enma, responsable de calidad de la mercantil demandada se manifestó que en el último camión se encontró un melón blando que no servía. No obstante, también es cierto que, salvo meras manifestaciones, ningún informe de calidad se aporta que acredite que la mercancía recibida se encontraba en mal estado, como tampoco documento gráfico alguno que evidencie ese mal estado o mala calidad de los melones, ni documento sobre el destino que se dio a esa mercancía, un total de 20120 Kg., de melón variedad Cantaloupe, supuestamente en mal estado. Así mismo tampoco ha llegado a aportarse el informe pericial que en su momento la actora anunció que fue redactado, referente al estado de los melones. Por tanto, lo único que ha quedado probado es la falta de pago de la demandada a la actora, quedando por todo lo expuesto, suficientemente acreditada la validez, exigibilidad y cuantía de la obligación cuyo cumplimiento se reclama, puesto que el pago o cualquier otro hecho extintivo o impeditivo debe ser alegado y probado por el demandado, lo que no ha ocurrido en el presente caso, procediendo así acceder a la pretensión de la condena ejercitada.

SEGUNDO.-

Incidiendo todos los motivos del recurso de apelación en error en la valoración de la prueba se van a analizar conjuntamente en este fundamento de derecho.

Sobre el denunciado error se recuerda que: " la valoración de la prueba es una función propia del Juzgador de instancia cuyas conclusiones deben mantenerse a no ser que sean ilógicas, arbitrarias o contrarias a derecho, según se expresa, entre otras muchas en la STS de 14 de diciembre de 1989 . Al respecto, debe tenerse en cuenta que prevalece la valoración que de las pruebas realicen los órganos judiciales por ser más objetiva que la de las partes, dada la subjetividad de éstas por razón de defender sus particulares intereses, partes a las que les está vedada toda pretensión tendente a sustituir el criterio objetivo de los jueces por el suyo propio ( SSTS de 1 de marzo de 1994 y 3 de julio de 1995 , entre otras muchas). Así, entre otras en sus sentencias de 10.12.2008 o 28.05.2001, señala el Tribunal Supremo que no le será factible al recurrente, en los casos de valoración conjunta de la prueba, desarticularla para ofrecer sus propias conclusiones o deducciones, y que debe quedar claro que, dentro de las facultades concedidas al efecto a Jueces y Tribunales, éstos pueden conceder distinto valor a los medios probatorios puestos a disposición, e incluso optar entre ellos por el que estimen más conveniente y ajustado a la realidad de los hechos, siendo constante la doctrina jurisprudencial a la hora de señalar que las pruebas están sujetas a su ponderación en concordancia con los demás medios de prueba ( STS 25.1.93 ), en valoración conjunta ( STS 30.3.88 ) con el predominio de la libre apreciación que es potestad de los tribunales de instancia ( SSTS 22.1.86 , 18.11.87 , 30.3.88 ). En conclusión: que el denunciado error en la apreciación de las pruebas tan solo puede ser acogido cuando las deducciones o inferencias obtenidas por el juzgador de instancia resultan ilógicas e inverosímiles de acuerdo con la resultancia probatoria o contrarias a las máximas de la experiencia o a las reglas de la sana crítica....".( SAP de cuenca nº 258/2024 de 31 de octubre).

1- El recurrente ha defendido en los motivos tercero y cuarto que se ha producido una vulneración de la tutela judicial efectiva, en dos vías, por un lado desde el momento que la Juzgadora no tuvo en cuenta las pruebas aportadas por la parte; y en segundo lugar por la errónea valoración de las testificales.

Debe recordarse que la tutela judicial efectiva conforme el artículo 24.1 de la Constitución implica que: "Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión".Y en este sentido la infracción denunciada se encauza procesalmente en el artículo 218 de la LEC, de la exigida congruencia de las Sentencias y se incardina en que la valoración de la prueba efectuada por la Juez de primera instancia no cumpla los parámetros de lógica y racionalidad.

Y este sentido, la Sala constata que la Juzgadora efectuó una valoración conjunta de las declaraciones practicadas en acto de la vista y las documentales aportadas tanto por la demanda como con la contestación, y además expuso las insuficiencias probatorias de la parte demandada en la prueba del vicio en los melones. El hecho que la conclusión sustentada por la Juzgadora no sea coincidente con la que defiende el recurrente no implica que se haya infringido el derecho a la tutela judicial. Su valoración probatoria, a juicio de esta Sala, no se califica de ilógica, si al analizar la testifical, prueba fundamental para sustentar la oposición a la reclamación económica ha tenido en cuenta las circunstancias profesionales, vinculación laboral, de los testigos.

2- El análisis de recurso tiene que partir de que la compraventa de melones se consumó desde el momento que la parte demandada los recibió, surgiendo la obligación de la compradora de abonar el precio, en el importe de las facturas aportadas junto con la demanda. La demanda opuso a la petición de la actora por un lado los descuentos en las dos primeras facturas y en la tercera el mal estado de los melones, que conforme el artículo 217 de la LEC, le corresponde a aquella acreditar esta circunstancia a ser un elemento obstativo a la pretensión del actor. Que Justificó por la remisión del email de 23 de agosto de 2019, indicando que no se va a pagar por el lamentable estado de los melones y defendiendo el acuerdo con la actora de no pagar este tercer envió de melones, lo que se justificaría, ademas, por la tardanza de emitir la tercera factura cuando el abogado reclama la deuda por burofax.

La Sala ya puede adelantar que coincide, con la conclusión defendida por la Juez de instancia entendiendo que no se ha producido error en la valoración de la prueba, fundamentalmente la testifical. Téngase en cuenta que el demandante no ha aportado ningún documento acreditativo del mal estado de los melones, más allá de las aseveraciones emitidas por sus propios empleados. Y, en la valoración de estas declaraciones testificales, conforme el artículo 376 de la LEC, se debe tener en cuenta esas circunstancias; y aunque la Sala podría darle a dichas testificales una mayor relevancia si fueran ratificadoras de algún documento acreditativo del estado de melones, difícilmente puede asumirse que la apreciación personal de los testigos sea suficiente para justificar el incumplimiento contractual de la vendedora al remitir melones inservibles, pues como dice la Juez de instancia bastaría haber efectuado una prueba pericial o documental gráfica, para acreditar esa justificación, debiendo también valorase, en la conjunta de la prueba, su ausencia. Pero es más, esta insuficiencia se acrecienta por cuanto ha quedado huérfano de conocerse qué cantidad del tercer envió estaba inservible, ya que no se ha documentado el destino de esos melones, que no fueron reintegrados al vendedor.

3- El recurrente sustenta la alegación de error en la valoración de la prueba, también en los propios actos posteriores del demandante, que califica de actos propios, referido al tiempo que tardó desde que se efectuó la remisión de los la tercera partida de melones hasta el momento en que se emite la factura el 3 de octubre de 2019 en referencia a la mercancía recibida por el demandado el 22 de agosto de 2019.

Sin embargo, la Sala no aprecia la concurrencia de los requisitos para su aplicación al caso enjuiciado, por cuanto: "... la jurisprudencia en torno a la doctrina de los actos propios cuya base legal se encuentra en el artículo 7.1 CC , con carácter general, exige la concurrencia de las siguientes circunstancias: i) que el acto que se pretenda combatir haya sido adoptado y realizado libremente; ii) que exista un nexo causal entre el acto realizado y la incompatibilidad posterior; iii) que el acto sea concluyente e indubitado, constitutivo de la expresión de un consentimiento dirigido a crear, modificar y extinguir algún derecho generando una situación desacorde con la posterior conducta del sujeto. Pero como presupuesto esencial para su aplicación, resulta imprescindible que el acto sea susceptible de ser confirmado ( SSTS de 30 de enero de 1999 , 25 de julio de 2000 , 28 de octubre 2009 , 16 de febrero y 20 de marzo 2012 )..." ,(Sentencia Tribunal Supremo Sala 1ª, de 13 de julio, nº 448/2012 ). Pues el retraso en la emisión de la factura no se puede calificar como un acto concluyente e indubitado, de que por parte de la vendedora se había llegado a un acuerdo con la compradora de no reclamar el precio de la venta, máximo cuando no ha transcurrido tiempo suficiente para entender prescrita la acción ejercitada en esta demanda; y sobre todo, valorando que si aquella dilación, según el recurrente, respondía a un pacto, tampoco se ha justificado porque, al igual que se efectúa vía e mail la indicación del mal estado de los melones ese acuerdo no se documentó.

4- Por último, la conclusión de la Juez de instancia que esta Sala comparte no queda rebatida tampoco si acudimos a una valoración conjunta de la prueba; es decir, si tenemos en cuenta por un lado las pruebas aportadas por la demandada, las testificales, el documento número 11 y la dilación en la emisión de la factura, y la contraponemos a la ausencia de aquellas otras pruebas que sí que objetivarían la existencia de estos defectos.

El vendedor está imposibilitado de probar el buen estado de los melones al no estar ya en su posesión, si aceptamos que la manifestación de la demandada vía email y la apreciación subjetiva de los testigos justifiquen ese defecto en la mercancía. Sin mayor cuantificación de la naturaleza del defecto y el porcentaje afectado, dejaríamos en manos del comprador el cumplimiento del contrato, pues es la manifestación de aquél de que los melones no están en buen estado lo que justificó el impago del precio. Conclusión jurídicamente no compartida, máximo cuando el vendedor ha acreditado la entrega de la mercancía.

No puede sustentarse la concurrencia e infracción del artículo 336 del Código de Comercio, pues la discusión no es jurídica, al encontramos en la necesaria acreditación, (carga probatoria), por parte del comprador, de que los melones no estaban en el estado que se pactó en el contrato. Único motivo que justificaría el incumplimiento contractual del actor e impediría el cobro del precio, pero no acreditada esta circunstancia el recurso no puede prosperar.

TERCERO.-

El recurrente, en el último motivo de su recurso, ha defendido la no imposición de costas por la existencia de serias dudas de hecho y de derecho.

La Sala no aprecia las mismas, pues nos encontramos ante una mera cuestión fáctica que radica en la carga y valoración de la prueba, la discordancia entre las partes es lo que hace nacer la controversia y suscita el litigio y concurre en todos los procesos. Por ello la LEC exige, artículo 394, que esas dudas sean serias. Las que en este caso no pueden ser calificadas así conforme lo explicado antes. Lo que determina el mantenimiento de la imposición de costas a la parte demandada en aplicación del criterio del vencimiento.

CUARTO.-

Habiéndose desestimado el recurso de apelación se impone a la parte apelante el pago de las costas devengadas en esta segunda instancia, artículo 398 de la LEC.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.