Sentencia Civil 542/2024 Audiencia Provincial Civil de Valencia/València nº 11, Rec. 1420/2023 de 19 de septiembre del 2024

PRIMERO. - Resumen antecedentes

1. Dña. Camila, quien el 10-01-2008 concertó un contrato de tarjeta de crédito AFFINITY CARD BBVA CONSUMER FINANCE NUM000, con la modalidad de pago conocida como "crédito revolving" y una TAE del 22,42%, con la entidad BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., interpuso demanda contra la referida entidad ejercitando acción individual de nulidad por usura del contrato de tarjeta de crédito revolving; y subsidiariamente acción individual de nulidad por falta de transparencia de las cláusulas que regulan el interés remuneratorio, la comisión de reclamación por posiciones deudoras, la comisión de devolución de recibo y el interés de demora. Todo ello, con el reintegro de las cantidades que resulten a devolver con los correspondientes intereses, y la condena en costas procesales a la entidad bancaria demandada.

2. La entidad demandada contestó a la demanda oponiéndose a la misma, por entender que el tipo de interés remuneratorio pactado no era usurario, considerando que tratándose de un contrato anterior a 2010 no existe tabla estadística sobre los tipos de interés medios publicada por el Banco de España, y por ende, que debe acudirse a los tipos de interés previstos en la tabla de 2010, siendo que el TEDR para las tarjetas revolving en ese año era del 19,32%, no superando pues en 6 puntos porcentuales la TAE pactada. Asimismo, la entidad bancaria demandada alegó que la cláusula que regula los intereses ordinarias es transparente, así como que no son abusivas las cláusulas que regulan la comisión de reclamación por posiciones deudoras, la comisión de devolución de recibido y los intereses de demora. Finalmente, sostuvo la prescripción de la acción de restitución de las cantidades indebidamente abonadas. Por todo ello, interesó la desestimación de la demanda formulada de contrario, con la imposición de las costas procesales a la parte demandante.

3. El 25-10-2023, el Juzgado Primera Instancia nº4 de Torrent dictó Sentencia estimando parcialmente y declarando nulo por falta de transparencia el contrato de tarjeta de crédito Affinity Card objeto de litis, estableciendo que únicamente debía devolverse el capital abonado en exceso desde el 06-12-2017, al entender que ha prescrito la acción de restitución de las cantidades abonadas en fechas anteriores (aplicando un plazo de prescripción de 5 años del artículo 1964 CC, tras la reforma operada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, más 82 días en base al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo); todo ello, sin imposición de costas a ninguna de las partes.

4. La parte demandante interpone recurso de apelación frente a la referida Sentencia alegando dos motivos: en primer lugar, no haber prescrito la acción de restitución de las cantidades indebidamente abonadas, al entender que el "dies a quo"del plazo de prescripción se inicia con la declaración de nulidad de la cláusula que regula los intereses remuneratorios; y en segundo lugar, que estimándose la no prescripción de la acción de restitución de las cantidades indebidamente abonadas, y por consiguiente, estimándose la demanda en su integridad, procede la imposición de las costas procesales generadas en la primera instancia a la entidad bancaria demandada. Por todo ello, interesa se estime el recurso y se revoque la resolución apelada en el sentido de estimar íntegramente la acción ejercitada subsidiariamente y condenar a la entidad demandada a restituir todas las cantidades cobradas en exceso desde la celebración del contrato objeto de litis, con más los intereses legales que dichas cantidades hayan generado desde su pago y con la imposición de las costas procesales de primera instancia a la parte demandada.

Por su parte, la entidad bancaria demandada también interpone recurso de apelación frente a la resolución mentada anteriormente, alegando error en la valoración de prueba por entender que la TAE pactada entre las partes en el contrato de tarjeta de crédito en la modalidad de revolving es transparente. Por ello, interesa la revocación de la Sentencia dictada en primera instancia en tal punto y la desestimación íntegra de la demanda, con la condena en costas a la parte demandante.

5. La entidad demandada se opone al recurso de apelación formulado por la parte actora e interesa la confirmación de la Sentencia del Juzgado Primera Instancia nº4 de Torrent en el pronunciamiento relativo a la prescripción de la acción de restitución, sosteniendo que el "dies a quo"de la acción de restitución de las cantidades abonadas en exceso se computa a fecha de celebración del contrato, y en el pronunciamiento relativo a las costas; todo ello, interesando la condena en costas de segunda instancia a la parte demandante.

Por su parte, la parte demandante se opone al recurso de apelación formulado por la entidad bancaria demandada e interesa la confirmación de la Sentencia recurrida en el pronunciamiento relativo a la falta de transparencia de la cláusula que regula los intereses remuneratorios del contrato de tarjeta de crédito revolving suscrito entre las partes; todo ello, con la condena en costas de la alzada a la entidad bancaria demandada.

SEGUNDO. - Recurso de apelación

1. Formulación del recurso.En el presente procedimiento ambas partes litigantes formulan recurso de apelación:

La parte demandante formula recurso de apelación frente a la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº4 de Torrent en base a dos motivos: por un lado, por entender no prescrita la acción de restitución de las cantidades indebidamente abonadas por razón de la declaración de nulidad por abusividad del contrato de tarjeta de crédito revolving suscrito entre las partes, considerando que el "dies a quo"del plazo de prescripción se establece desde la declaración de nulidad del contrato; y por otro lado, en materia de costas, siendo que la acción de restitución no ha prescrito, y por consiguiente, que se estima en su integridad la pretensión ejercitada subsidiariamente, interesando la imposición de las costas de primera instancia a la entidad bancaria demandada. En cambio, la entidad bancaria demandada entiende que en materia de abusividad debe distinguirse la acción de declaración de nulidad y la acción de restitución de las cantidades abonadas en exceso, siendo que el "dies a quo"del plazo de la acción de restitución se fija a fecha de celebración del contrato.

La parte demandada interpone recurso de apelación frente a la referida resolución alegando error en la valoración de la prueba al entender que es transparente la TAE pactada en el contrato de tarjeta de crédito suscrito entre las partes. Sin embargo, la parte demandante alega que la cláusula que regula los intereses remuneratorios del contrato suscrito entre las partes es abusiva por falta de transparencia.

2. Resolución de la Sala.En cumplimiento del artículo 456 de la Ley Enjuiciamiento Civil, el Tribunal revisado el contenido de los autos ha de desestimar el recurso de apelación interpuesto por la entidad bancaria demandada, y ratificar y confirmar la mentada resolución no apreciando error alguno en el juicio de abusividad por falta de transparencia sobre el pacto del interés remuneratorio previsto en el contrato de tarjeta de crédito suscrito entre los litigantes; y asimismo, la Sala ha de estimar el recurso interpuesto por la parte actora y revocar la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia en materia de prescripción de la acción de restitución de las cantidades abonadas en exceso y en materia de costas.

Así pues, se procede a examinar por separado cada uno de los motivos de apelación formulados tanto por la parte demandante como por la parte demandada, siendo que por claridad organizativa primeramente se va examinar el recurso de apelación interpuesto por la entidad bancaria demandada, y posteriormente, el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

2.1. Nulidad por abusividad del contrato de tarjeta de crédito revolving.

En primer lugar, la entidad bancaria demandada interpone recurso de apelación y alega que la cláusula que regula el tipo de interés remuneratorio en el contrato de tarjeta de crédito revolving suscrito entre las partes supera el doble control de transparencia, al venir claramente expresado el tipo y explicado el funcionamiento de la tarjeta revolving, entendiendo que es plenamente comprensible, máxime cuando ambas partes cuentan con los mismos elementos de juicio para entender su funcionamiento, no generándose pues ningún desequilibrio entre los derechos y obligaciones de los litigantes.

Sin embargo, la parte demandante alega que la cláusula relativa a los intereses remuneratorios no supera el control de transparencia material, al no entender suficiente que se especifique el tipo de interés pactado entre las partes, sosteniendo que es necesario, especialmente en los contratos de tarjeta de crédito revolving dada su complejidad, que se explique el funcionamiento de dicho tipo de interés, cosa que no ha tenido lugar en el presente caso por lo que la parte prestataria alega desconocer la carga económica real del contrato, resultando ello abusivo por generar una situación de desequilibrio de los derechos y obligaciones derivados del contrato objeto de litis que sitúa a la consumidora en una situación de inferioridad con respecto a la entidad bancaria.

En ese sentido, es necesario resaltar que el interés remuneratorio es un elemento esencial del contrato (el precio o coste del dinero prestado), y por ende, en base al artículo 4.2 de la Directiva 93/13 /CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, el control de abusividad de tales cláusula únicamente tendrá lugar para el caso de que la cláusula no se redacte de manera clara y comprensible, ya que si la cláusula supera el control de incorporación (transparencia formal) y el control de contenido (transparencia material) no ha lugar a analizar si la misma es o no abusiva.

Así las cosas, sobre el tipo de interés remuneratorio, la transparencia viene ceñida a que la prestación del consentimiento se ha realizado por el consumidor con pleno conocimiento de la carga onerosa, esto es de las consecuencias jurídicas y económicas, que la concertación de la operación de crédito le supone, y que con ello ha podido comparar las distintas ofertas de las entidades de crédito para elegir, entre ellas, aquella que le resulte más favorable.

Siguiendo los criterios que sobre la transparencia de las condiciones generales de la contratación ha venido manteniendo esta Sección en Sentencias recientes 82/2024, 320/2023, 309/2023, y 300/2023 entre otras, y atendiendo a las razones expuestas por la demandante se concluye que la Ley de Condiciones Generales de la Contratación (artículos 3, 5 y 7) y la jurisprudencia del Tribunal Supremo interpretativa de la transparencia material, deslinda el control de incorporación del control de transparencia material o significado de la carga jurídica y económica del pacto en el desarrollo contractual. El control de transparencia, según la reiterada jurisprudencia del TJUE, en interpretación de la Directiva 93/13/CEE, en relación a lo dispuesto en el art. 5 LCGC y el art. 10 LGDCYU de 1984, exige una redacción de la cláusula de acuerdo con los criterios de claridad, concreción y sencillez, de modo que, además de ser perceptible, el clausulado para el adherente, lo sea, también, comprensible, con la consecuencia, caso contrario, de no tenerlas por incorporadas, y así el art. 7.b) LCGC: "No quedaran incorporadas al contrato las condiciones que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles".

Examinando el caso de autos, y teniendo presente que el contrato suscrito por las partes es un contrato de tarjeta de crédito con pago de intereses en la modalidad de "crédito revolving", la Sala constata que las condiciones de pago pactadas y establecidas en el apartado del condicionado particular relativo a "FORMA GENERAL DE PAGO" y en las cláusulas 8ª (relativa al sistema de amortización) y 9ª (relativa al tipo de interés ordinario) del condicionado general del contrato suscrito entre las partes son claras y legibles, fijándose un TIN mensual del 1,70%, una TAE del 22,42%, y una cuota fija pagadera mensualmente (para el caso del pago aplazado) de 30,05 euros. Ahora bien, el clausulado del contrato de tarjeta de crédito no aporta ninguna información más sobre el método de cálculo ni el funcionamiento de los intereses remuneratorios en la modalidad de crédito revolving, por lo que se concluye que, las cláusulas de intereses remuneratorios y sistema de reembolso, pese a superar el control de incorporación (o control de transparencia formal), puesto que se determina el tipo de interés a aplicar y las distintas modalidades de pago, sin embargo, no superan el control de transparencia material, ya que el contrato suscrito no establece ninguna información más relativa al funcionamiento de la tarjeta revolving y a la forma de amortización de los intereses del capital prestado, siendo ello especialmente importante en los créditos revolving, como es el caso, donde al renovarse el capital dispuesto los intereses retributivos se generan no únicamente respecto del mismo, sino también sobre el saldo deudor. Asimismo, el condicionado general del contrato también hace referencia al cobro de una serie de comisiones, la cuales no vienen redactadas con claridad y concreción.

Por ende, siendo que en el condicionado particular y general del contrato suscrito entre los litigantes nada se explica sobre el funcionamiento de los intereses ordinarios en la tarjeta de crédito en la modalidad de revolving, se concluye que la parte demandante no ha podido tener conocimiento real del coste económico de la utilización de la tarjeta, por lo que, siendo el interés remuneratorio un elemento esencial de todo contrato de crédito, y no pudiendo el contrato objeto de litis subsistir sin dicho elemento, ha lugar a declarar la nulidad de todo el contrato por falta de transparencia material.

Por todo lo expuesto, la Sala desestima el recurso de apelación interpuesto por este motivo y confirma la Sentencia dictada en primera instancia.

2.2. Prescripción de la acción de restitución de las cantidades indebidamente satisfechas en aplicación del artículo 1964 CC .

En segundo lugar, la parte actora interpone recurso de apelación frente a la resolución dictada en primera instancia alegando haber lugar a reclamar la totalidad de las cantidades abonadas en exceso por razón del contrato de tarjeta de crédito declarado nulo por abusividad, y no únicamente las cantidades abonadas a partir del 06-12-2017, tal y como establece la resolución apelada. En cambio, la entidad bancaria demanda formula oposición en el sentido de entender que al haberse declarado la nulidad por falta de transparencia la acción de restitución de las cantidades indebidamente abonadas está sujeta a un plazo de prescripción de 5 años, el cual se computa desde la celebración del contrato.

En ese sentido, la resolución recurrida entiende que el "dies a quo"del plazo de restitución de las cantidades abonadas por la prestataria en exceso se computa desde cada pago, por lo que establece que atendiendo al plazo de prescripción del artículo 1964 CC, la parte actora solo puede pretender la restitución de los intereses pagados en los 5 años anteriores a su reclamación extrajudicial (realmente, 5 años y 82 días por la suspensión de los plazos de prescripción establecida por el RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19). Así pues, según el Juez de primera instancia, siendo que la reclamación extrajudicial se presentó en fecha 25 de febrero de 2022, en aplicación de lo normativa anteriormente prevista, la parte actora solo podría reclamar los pagos realizados después del 6 de diciembre de 2017.

Sobre esta cuestión ya se ha pronunciado esta Sala en diversas resoluciones en sentido contrario a la postura adoptada por la resolución del Juzgado de Primera Instancia y de la entidad recurrente, en cuanto a la prescripción de la acción de restitución de intereses esta Sección de la Audiencia Provincial ha mantenido el criterio constante de rechazarla, por:

1º) La declaración del crédito como usurario, implica su nulidad radical, absoluta y originaria, ( artículo 1310 del CC) que no admite convalidación confirmatoria, ( Sentencia nº539/2009, de 14 de julio), produciendo las consecuencias previstas en el artículo 3 de la Ley de 1908, que no es susceptible de sanación. Desde el momento que el contrato declarado usurario lo fue porque vulneró lo previsto en la Ley de 23 de julio de 1.908, norma imperativa, su consecuencia legal es que no puede desplegar efecto jurídico alguno. Ésta impide que disociemos nulidad y reintegro de unas cantidades indebidamente abonadas, en virtud de ese contrato, pues el pago indebido se hizo por un contrato inexistente y la devolución de lo indebidamente pagado es una consecuencia jurídica inherente a la nulidad del contrato, no siendo el reintegro una pretensión distinta y diferenciada de la acción de nulidad, que es imprescriptible, impide que a esa consecuencia se aplique la prescripción por el transcurso del tiempo, diferenciándose así de cuando se declara nulo el contrato por falta de transparencia, en cuyo caso sí que se diferencia la acción de nulidad de la acción de restitución de las cantidades abonadas indebidamente.

2º) La acción de reintegro está sujeta al plazo de prescripción del artículo 1964 del CC, el cual no resulta de aplicación cuando se declara la nulidad del contrato por usura de los intereses remuneratorios pactados, pero sí cuando se declara la nulidad del contrato por falta de transparencia de los mismos, como es el caso.

3º) Por último, en la fijación el "dies a quo"del plazo de prescripción, "el tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse" ( art. 1969 del CC) , en este caso, habría que estar, para iniciar el computo del plazo a la fecha de la declaración de nulidad, ya que la restitución exige la previa declaración de nulidad del contrato.

En ese mismo sentido se pronuncia la jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras las SSTS 260/2023, de 15 de febrero; 268/2020, de 9 de junio; y 85/2020, de 6 de febrero) y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entendiendo que debe diferenciarse la acción de nulidad por abusividad de una cláusula contractual, la cual es imprescriptible, de la acción de restitución de las cantidades indebidamente satisfechas en virtud de la cláusula declarada nula por abusiva, la cual prescribe en un plazo de 5 o 15 años ( artículo 1964 CC) en base al momento de concertación del contrato (después o antes de la reforma de la Ley 42/2015), teniendo presente en el "dies a quo"en todo caso deberá fijarse desde la firmeza de la sentencia que declare la nulidad por abusividad de la cláusula contractual, salvo que se acredite que el consumidor pudo conocer la abusividad de dicha cláusula con carácter previo a la declaración de nulidad, en cuyo caso empezará a correr desde que tuvo conocimiento de ello. Por tanto, en el presente caso, la prescripción de la acción de restitución empezará a contar desde el mismo día en que se declare la firmeza de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº4 de Torrent.

En conclusión, procede estimar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante por esta causa, revocando lo establecido en la Sentencia de instancia en el Fundamento Jurídico 4º, y por consiguiente, ha lugar a condenar a la entidad bancaria demandada a devolver la totalidad de las cantidades cobradas en exceso por razón del contrato de tarjeta de crédito revolving suscrito entre las partes.

2.3. Condena en costas de primera instancia.

Finalmente, la parte demandante también interpone recurso de apelación al entender que, habiéndose declarado no haber lugar a la prescripción de la acción de restitución ejercitada en demanda, se produce una estimación íntegra de la acción subsidiaria de declaración de nulidad de los intereses remuneratorios por falta de transparencia, por lo que procede la condena en costas de primera instancia a la entidad bancaria demandada.

Así las cosas, y coincidiendo plenamente con lo expuesto por la parte demandante en el recurso de apelación, la Sala entiende que siendo íntegra la estimación de la pretensión ejercitada subsidiariamente ha lugar a imponer las costas procesales de la primera instancia a la entidad bancaria demandada en virtud del artículo 394.1 de la LEC.

A mayor abundamiento, y de conformidad con la jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal en la STS 284/2024, de 27 de febrero, en línea jurisprudencial, entre otras, con las SSTS 680/2022, de 17 de octubre, 35/2021, de 27 de enero, y 1432/2023, de 18 de octubre en cumplimiento de lo dispuesto en la STJUE de 16 de julio de 2020 (C-224/19 y C259/2019) establece que "Las exigencias derivadas de los arts. 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13/CEE y los principios de no vinculación y de efectividad del Derecho de la UE, sin obstaculizar el derecho conferido por la Directiva 93/13 a los consumidores a un control judicial efectivo del carácter potencialmente abusivo de cláusulas contractuales, conducen a que estimada en este caso la demanda respecto de la pretensión de nulidad por abusivas de varias cláusulas, proceda la imposición de las costas de la primera instancia al banco demandado"; y asimismo, la STS 472/2020, de 17 de septiembre, dispone que "La norma general en la imposición de costas es el principio de vencimiento, de modo que la no imposición de costas al banco demandado supondría en este caso la aplicación de una salvedad a dicho principio en perjuicio del consumidor. Si el consumidor, a pesar de vencer el litigio, tuviera que pagar sus gastos en las instancias, se produciría un efecto disuasorio inverso, para que los consumidores no promovieran litigios por cantidades moderadas".

Por tanto, y pese a que en el presente caso la estimación de la demanda es total, conviene resaltar que, aún habiendo sido parcial dicha estimación, procedería la imposición de las costas procesales de primera instancia a la entidad bancaria demandada, habida cuenta que nos encontramos en materia de protección de derechos de consumidores (acción individual de nulidad por abusividad de condiciones generales de la contratación) donde juegan los principios de no vinculación y de efectividad del Derecho de la Unión Europea la aplicación de la regla del artículo 394.2 de la LEC para el caso de estimación parcial de la demanda queda enervada.

Por todo lo expuesto, ha lugar a estimar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora por este motivo, revocando la Sentencia dictada en primera instancia en este punto (Fundamento Jurídico 5º), y por consiguiente, imponiendo a la entidad bancaria demandada las costas procesales devengadas en primera instancia.

TERCERO. - Costas

Por lo que se refiere al recurso de apelación formulado por la entidad bancaria demandada, según el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación al artículo 394 de esta misma Ley, la desestimación íntegra del recurso de apelación conlleva la imposición de costas de la alzada a la parte apelante.

En cambio, por lo que respecta al recurso de apelación formulado por la parte demandante, habiéndose estimado íntegramente el referido recurso no se hace declaración sobre el pago de las costas devengadas en esta segunda instancia, al amparo del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, por cuanto antecede,