Sentencia Civil 566/2025 Audiencia Provincial Civil de Barcelona nº 11, Rec. 837/2022 de 02 de octubre del 2025

Primero.- RECURSO DE APELACIÓN FORMULADO POR INDEX 3, S.L. CONTRA LA SENTENCIA DE 26 DE ABRIL DE 2.022 .

I.- Planteamiento general

La indicada resolución acoge en su integridad, con imposición de costas a INDEX 3, S.L. (en adelante también simplemente INDEX) por estricta aplicación del principio del vencimiento objetivo (FJ 4º), la reclamación dineraria formulada por DON Fidel -que comercialmente gira bajo la denominación MOTO 242- tras constatar: 1º.- la existencia entre las partes de una relación contractual por cuya virtud INDEX, a través del ingeniero técnico industrial sr. Lucas y a cambio del cobro de un precio (3.146€), se obligó frente al actor, propietario de un negocio de mantenimiento y reparación de motocicletas y venta de accesorios, a la elaboración del proyecto requerido para obtener la preceptiva licencia del Ayuntamiento de Montcada i Reixac autorizando dicha actividad en la c/ Major nº 116, procedente de la Carretera Vella nº 18 del mismo municipio, lo que necesariamente incluía el estudio de la normativa urbanística relativa al uso del inmueble y 2º.- la denegación de la licencia de actividad por el Ayuntamiento de dicha localidad por incompatibilidad del referido negocio con el planeamiento urbanístico y consiguiente causación de los daños al sr. Fidel cuantificados en 14.054€.

II.- Resolución del recurso

Frente a dicha Sentencia se alza la mercantil agraviada por medio del presente recurso compuesto de seis alegatos revocatorios que, por razones de sistemática, reconducimos a dos motivos de apelación, uno adjetivo y otro sustantivo.

Primer motivo de apelación: infracción de los arts. 265.1.4 º y 3 , 336 , 338 y 301.1 LECivil al admitir I) la pericial elaborada por el sr. José presentada por el actor de manera extemporánea y II) el interrogatorio de doña Marí Juana propuesto por el anterior, a pesar de ser identificada como "parte contratante" (alegaciones 1ª y 2ª del escrito de interposición).

I.- En cuanto a la infracción de las normas reguladoras de la aportación de la pericial actora considera la Sala que la razón asiste a la recurrente. Constatado que INDEX combatió conforme al art. 285.2 LECivil la decisión adoptada oralmente en la audiencia previa admitiendo dicho medio probatorio (7m.:15s. v.1) -recurso de reposición (8m.:55s. v.1) y, desestimado (10m.:44s. v.1), formulación de protesta (11m.:40s. v.1)- debemos recordar que la regla general es que el actor, que elige el momento a partir del cual se inicia la litispendencia, debe aportar los dictámenes periciales de que intente valerse para la acreditación de los hechos constitutivos de su pretensión con el escrito de demanda o anunciar en él su ulterior aportación o, en fin, solicitar en ese escrito inicial la designación judicial de un perito ( arts. 265.1.4ª y 336 a 339 LECivil) .

Esta regla general tiene no obstante una excepción, la prevista en los arts. 265.3 y 338.1 LECivil, cuyo alcance ha sido perfilado por la jurisprudencia en sus SsTS 515/19, de 3/10 y 619/21 de 22/9 en cuyo fundamento jurídico 2º.2 leemos lo siguiente: "La posibilidad de que el demandante aporte un informe pericial con ocasión de la contestación a la demanda, está justificada por el contenido de las alegaciones formuladas en dicho escrito y la necesidad o utilidad del informe para contradecirlas. Se trata de una excepción a la regla general, que debe ser empleada sólo en esos casos, nunca para suplir la omisión del informe con la demanda. De tal forma que este informe pericial del demandante no puede venir justificado porque la demandada haya presentado un informe con su contestación, no habiéndolo hecho la demandante con su demanda, sino por el contenido de las alegaciones de la contestación. Se entiende que estas alegaciones guardan relación con excepciones o causas de oposición que amplían el objeto litigioso, esto es, que van más allá de la causa petendi de la demanda. Porque si las alegaciones del demandado suponen una negación o mera contradicción de los hechos aducidos en la demanda, en ese caso debe entenderse que el demandante corría con la carga de aportar el informe pericial con la demanda si entendía que era necesario o conveniente para acreditar algún extremo de los introducidos por él con la demanda".

Si aplicamos al presente caso la anterior doctrina discrepamos de la solución adoptada por el Juzgado. Dejando al margen la escasa utilidad de la pericial en el presente litigio atendido su objeto -cuestión ajena al recurso- observamos que el actor alegó como hecho constitutivo de su pretensión indemnizatoria el negligente desempeño por parte de INDEX del encargo recibido: no comprobó que en la normativa urbanística municipal el nuevo local, por su ubicación, no tenía permitido el uso de taller de reparación de vehículos a motor, motivo por el cual le fue denegada al actor la preceptiva licencia de actividad (hechos 2º, 3º y 7º). Falta de diligencia que negó la interpelada en su escrito de contestación anunciando la aportación del oportuno dictamen pericial para ilustrar al tribunal sobre el alcance objetivo de la prestación asumida, lo que efectivamente realizó el 13/10/20 (folio 17 y ss.).

Si INDEX no amplió el objeto del litigio tal como el actor lo había planteado en su demanda, la aportación de la prueba pericial por el sr. Fidel, a modo de réplica de la aportada por INDEX en tiempo y forma, no estaba amparada en los arts. 265.3 y 338.1 LECivil lo que justifica la estimación del primer submotivo con la consecuencia de que debamos prescindir para la resolución del recurso del dictamen elaborado por el sr. José, y sus aclaraciones en el juicio.

II.- Por lo que hace referencia a la infracción del art. 301.1 LECivil por haber admitido el Juzgado el interrogatorio de doña Marí Juana a propuesta del actor, a pesar de identificarse con él, debe ser rechazada. Para ello constatamos:

1º.- ante todo que, a diferencia de lo que sucedió con la prueba pericial actora, ninguna oposición mostró el letrado defensor de INDEX en la audiencia previa ante la proposición y admisión del interrogatorio de doña Marí Juana, a pesar de que la letrada de don Fidel ya puso de manifiesto la relación conyugal que mantenía con el mismo (4m.:13s. v.1) por lo que se trataría de una decisión judicial firme y por ello inatacable ( art. 207.2, 3 y 4 LECivil) ;

2º.- aunque en la Sentencia se identifica a doña Marí Juana como "parte contratante"(pár. 3º de la pág. 3) no fue ella quien interpuso la demanda sino don Fidel en exclusiva; único firmante de la oferta presentada por INDEX (doc. 1 dda) y por tanto única parte material del contrato, por más que doña Marí Juana hubiera actuado como mandataria de su marido ( arts. 1.257 y 1.259 CCivil y 10 LECivil) según reconoció en el juicio (1m.:21s. v.2);

3º.- ante esta tesitura la proposición del interrogatorio de doña Marí Juana no se amparó en el art. 301.1 LECivil, en el que se funda el submotivo, sino en los preceptos reguladores de la prueba testifical ( arts. 360 y ss. LECivil) ; en esta calidad consta: a) propuesta en la minuta de prueba del actor (folio 36 vuelto) así como en la audiencia previa (4m.:13s.); b) interrogada en el juicio, en la que se la sometió a la fórmula prevista en el art. 365.1 LECivil y c) valorada en Sentencia (i.f. del pár. 2º de la pág. 3) conforme al art. 376 LECivil consciente, a pesar de la falta de tacha, de la relación de pareja que mantenía con el actor por así haberlo anunciado ya la letrada de éste en la fase de proposición de prueba (4m.:13s. v.2).

Segundo motivo de apelación: error en la valoración de la prueba al concluir que I) INDEX 3, S.L. garantizaba la obtención de la licencia municipal de actividad y II) su denegación generó al sr. Fidel unos daños cuya indemnización asciende a 14.054€ (alegaciones 2ª a 5ª del escrito de interposición).

Revisada la causa en relación a las dos cuestiones que conforman el segundo motivo del recurso, en forma plena dentro de los límites marcados por el contenido de los escritos de interposición y oposición, por el carácter ordinario del presente recurso de apelación ( arts. 456.1 y 465.5 LECivil, STC 212/00 de 18/9 y SsTS 714/16 de 29/11 y 384/18 de 21/6), la Sala discrepa en parte de las conclusiones alcanzadas por el Juzgado:

I.- Coincidimos con él en el alcance objetivo del vínculo que unió al sr. Fidel con INDEX -cuya ejecución encomendó al ingeniero técnico industrial sr. Lucas- por lo que hace referencia al proyecto que lleva por título "SOLICITUD DE LICENCIA URBANÍSTICA PARA TRASLADO DE LA ACTIVIDAD DE VENTA DE MOTOCICLETAS Y SUS ACCESORIOS CON TALLER DE REPARACIÓN Y MONTAJE"(doc. 2 dda.) pues ningún reproche se dirige en el escrito de demanda contra el denominado "PROYECTO ELÉCTRICO"(doc. 3 dda.), por otro lado plenamente validado por el perito sr. Alberto en su dictamen (conclusión 2.II, pág. 18 al folio 27 de los autos).

No vamos a detenernos en: a) el dictamen pericial elaborado por el sr. Alberto porque, como ya adelantamos, no resulta idóneo para la resolución del caso concreto: partiendo de las competencias que conforme a la normativa sectorial corresponde al indicado colectivo profesional, interpreta la documentación obrante en la causa para concluir que ningún incumplimiento contractual es imputable a INDEX, cuestión reservada al Órgano jurisdiccional y que escapa del objeto de la pericia conforme al art. 335.1 LECivil y b) el título del documento 2 del escrito de demanda ("PROYECTO TÉCNICO. SOLICITUD DE LICENCIA URBANÍSTICA" (...)),impugnado por INDEX pero confirmado por la mandataria que realizó y recibió el encargo (sra. Marí Juana 6m.:59s. v.2) así como por el Oficio remitido al Ajuntament de Montcada i Reixac pues a nuestro juicio lo importante es ver el contenido de las obligaciones que asumió INDEX -entidad mercantil dedicada profesionalmente a la elaboración de proyectos de ingeniería técnica industrial- frente al sr. Fidel, absolutamente ajeno a este campo. A partir de aquí observamos, por lo que aquí interesa, que INDEX, como contrapartida al precio ya recibido, fue contratada por el sr. Fidel para la consecución de un resultado concreto ( STS de 12/12/07): obtención de la preceptiva licencia municipal para desarrollar su actividad de venta y reparación de motocicletas y sus complementos en el local de la c/ Major nº 116 de Montcada i Reixac. A esta conclusión llegamos a partir de los siguientes elementos:

1º.- La documentación elaborada por INDEX y facilitada al sr. Fidel, en concreto la oferta (doc. 1 dda.) y el Proyecto técnico identificado con el nº 1 por importe de 1.650€ más IVA (doc. 2 dda.), de los que se desprende que el objeto de la contratación era la concesión del "preceptivo permiso municipal para la actividad especificada, justificando el cumplimiento de las Ordenanzas y Normativas que le son de aplicación y su adecuación a la Ley 20/2009 de prevención y control ambiental de las actividades".(pág 5, apdo. B, doc. 2 dda., no impugnada) y así se especifica en la conclusión (apdo. 17, pag. 15, doc. 2 dda., no impugnada).

Ello requería, ineludiblemente y sin necesidad de acudir a la norma contenida en el art. 1.258 CCivil, el estudio por parte del profesional contratado -INDEX en este caso- de la normativa administrativa reguladora de los usos del local en atención a la zona en la que se hallaba situado; de ahí que se hiciera expresa referencia en el Proyecto como "Normativa de aplicación"a las "Ordenanzas propias del Ajuntament de Montcadea i Reixac"(pág. 6, apdo. 3, doc. 2 dda. no impugnada).

2º.- alcance objetivo de la prestación asumida por INDEX que vino a confirmar la testifical de la sra. Marí Juana quien, a pesar de estar incursa en causa de tacha por su conocida relación conyugal y laboral con el sr. Fidel -no formulada por INDEX-, no quedaba inhabilitada para ilustrar al tribunal sobre los hechos debatidos ( SsTS 138/10 de 8/3 y 432/12 de 3/7 citadas por la SAP de Barcelona, Sec. 13ª, 442/23 de 15/9 así como la STS núm. 526/12 de 5/9), precisamente los conocía por esa vinculación.

La indicada testigo fue clara al afirmar en el juicio que el sr. Lucas asumió gestionar en su totalidad la obtención de la licencia de actividad en el nuevo local, relevando a la contraparte de cualquier obligación frente a las autoridades municipales (1m.:35s., 2m.:08s., 3m.:34s. y 9m.:09s. v.2), cosa lógica atendida su absoluto desconocimiento de los trámites a seguir (2m.:31s. v.2).

3º.- frente a las pruebas anteriores INDEX no aportó a la causa ninguna otra que demostrara que, antes de iniciar su labor, hubiera sido informada por el sr. Fidel de la idoneidad urbanística del local, en función de su ubicación, para la actividad que pretendía desarrollar como hubiera sido lo normal tratándose de una entidad dedicada profesionalmente a la elaboración de proyectos técnicos para una persona en este caso dedicada a la venta y reparación de motocicletas y por tanto presumible de su absoluta ignorancia sobre ese requisito ineludible previo: - ni pidió el interrogatorio del sr. Fidel, - ni aportó ninguna comunicación escrita procedente del anterior reconociendo la legalidad urbanística de la actividad, - ni siquiera postuló la testifical de la persona que en su nombre y representación mantuvo los contactos con el sr. Fidel para desvirtuar la versión de su mandataria sra. Marí Juana.

En definitiva, de manera análoga a lo que sucede con el denominado contrato de arquitecto a quien se encomienda la redacción del proyecto encuadrado entre los de arrendamiento de obra por la importancia que tiene la obtención de un resultado útil (arts. 1.542, 1.544 y 1.583 y ss. CCivil y SsTS 73/97 de 31/1 y 332/25 de 5/3), INDEX se obligó frente al sr. Fidel a que el proyecto técnico encomendado en relación al local de la c/ Major nº 116 tuviera un resultado útil para la obtención de la licencia municipal de actividad lo que requería ineludiblemente el examen de la normativa de todo tipo, incluida la urbanística, lo que es indiscutido que no sucedió (doc. 6 dda) lo que hace surgir la correspondiente responsabilidad civil de la primera frente al anterior conforme a los arts. 1.089, 1.091, 1.100 y ss. CCivil.

A esta conclusión llegaron, en casos análogos al presente de exigencia de responsabilidad civil a un ingeniero industrial, la SAP de Barcelona de 8/4/08 citada por la SAP de Alicante, Sec. 9ª, nº 287/20 de 19/6 y la S. de este mismo tribunal nº 184/17 de 25/4 en cuyo fundamento jurídico 1º, tras enunciar la normativa reguladora de las obligaciones profesionales de los ingenieros técnicos industriales, concluye lo siguiente que suscribimos plenamente:

"Pues bien, consideramos que efectivamente no ha cumplido el demandado su contrato adecuadamente, llegando a emitir un dictamen que no tiene ninguna utilidad para el demandante. La única finalidad de ese dictamen era, como dice el propio demandado su contestación: "comprobar si el local reúne las condiciones técnicas para instalar el tipo de negocio que se pretende es ir redactando los proyectos acorde a la normativa vigente.

De modo que la lógica de las cosas impone que un profesional como el demandado, antes de realizar cualquier trabajo relacionado con la actividad encargada, averigüe o pida al titular de la actividad que compruebe, si la actividad que se pretende en el local es compatible urbanísticamente, y, a partir de ese conocimiento y en función del resultado, iniciar o no los trabajos encargados.

En este caso, examinada la declaración del demandado, reconoce expresamente que solicitó del demandante el certificado de compatibilidad urbanística, luego si fue así y no podía ser de otra manera porque se trata de un profesional de la materia que no podía desconocer la esencialidad de esa certificación de compatibilidad urbanística, lo que no tiene ningún sentido y constituye falta de diligencia contractual, es que comience a ejecutar el encargo sin esperarse al resultado de dicha aportación documental imprescindible para saber si lo que se le ha encargado puede desarrollarse en el local en cuestión. Porque si no lo es resultaría absurdo emitir un dictamen totalmente inútil en función de la finalidad última que se pretendía con el mismo. Y en este caso fue posteriormente cuando se certificó que la actividad solicitada era incompatible con el planeamiento existente en la concreta ubicación donde se pretendía instalar un taller de mecánica para automóviles. Zona además especialmente protegida y restrictiva en cuanto a los usos permitidos dentro de la población.".

II.- Mejor suerte ha de correr el segundo submotivo relativo al requisito, legal y jurisprudencialmente exigible, de que el daño sufrido por el sr. Fidel se encuentre causalmente relacionado con el constatado incumplimiento de INDEX, SsTS de 3/5/95, 30/10/02 y 11/10/06 citadas por la ya invocada SAP de Alicante, Sec. 9ª, nº 184/17 de 25/4 en cuyo fundamento jurídico 2º leemos lo siguiente: "Pues bien, el demandado en su condición de ingeniero industrial no es quién para autorizar ningún inicio de actividad, al corresponder ello a la administración. Su cometido es exclusivamente dictaminar sobre las características técnicas del local al objeto de lograr que el titular de la actividad, junto con el cumplimiento de otros requisitos reglamentariamente establecidos, pudiera abrir en el local escogido un taller mecánico de automóviles.

Y la naturaleza de las cosas impone que si algo sabe un autónomo es que las licencias de actividad pueden o no concederse y por ello, si decide iniciar la actividad antes de obtener el permiso correspondiente, asume el riesgo de dicha decisión, que no puede descargar en el técnico informante en este caso por lo que a continuación veremos.

Aquí, la conducta del codemandado al emitir un dictamen inútil por no esperarse a la obtención de la certificación de compatibilidad urbanística no es causa del perjuicio sufrido por el demandante que voluntariamente, y por las prisas que tenía, decidió instalar la actividad antes de obtener la licencia correspondiente. En todo caso se habría producido una ruptura del nexo causal por la interferencia del perjudicado al decidir, pese a no ignorar el grave riesgo que corría, iniciar el desarrollo de la actividad pretendida."

Ante todo constatamos, en contra de lo dicho por el Juzgado, que la interpelada en ningún caso aceptó los conceptos reclamados detallados en el hecho 4º del escrito de demanda y acreditados mediante los documentos 12 a 32: los impugnó expresamente en su escrito de contestación (folio 10 vuelto) y aportó la pericial del sr. Alberto que aborda la cuestión (conclusión 5ª al folio 27 vuelto). Dicho esto, siguiendo las pautas marcadas por la transcrita Sentencia, la Sala considera:

1º.- estimable la reclamación del sr. Fidel por lo que abonó para: a) la obtención de un proyecto que ha resultado inútil a los fines pretendidos (1.650€ + 21% IVA = 1.996,5€ según docs. 1 y 12 a 18 dda., en parte), se trataría de la entrega de algo distinto de lo contratado y por ello con fuerza resolutoria ( SAP de Alicante nº 184/17, FJ 1º) y b) satisfacer las tasas municipales vinculadas con ese fallido proyecto (1.145,26€, docs. 31 y 32 dda.).

2º.- inestimable el resto de conceptos reclamados. Para ello partimos de la base de que el sr. Fidel, a pesar de no disponer de la preceptiva licencia municipal, realizó las obras necesarias para instalarse en el local litigioso y lo más importante, inició en él su actividad profesional que se ha mantenido sin interrupción hasta el momento presente (sra. Marí Juana 5m.:23s. y 10m.:04s. v.2). A partir de esta realidad veamos las razones que justifican el rechazo del resto de partidas indemnizatorias: - los elementos reflejados en los docs. núms. 25 y 27 de la demanda, facturas abonadas a TECNITOOLS, S.L. por importe de 2.251,99€ (docs. 26 y 28 dda.), por ser herramientas y maquinaria que pueden extraerse del local en el supuesto de hacerse efectivo en algún momento su cierre por la Autoridad municipal según confirma el perito sr. Alberto (punto 9.5 al folio 27 vuelto); - el importe abonado por el proyecto eléctrico a INDEX (950€ + 21% de IVA docs. 1 y 12 a 18 dda., en parte) pues tras ser ejecutado por DIRECCION000, CB le reportó utilidad al sr. Fidel al disponer de suministro de energía eléctrica sin contratiempo hasta hoy; - las cantidades satisfechas por el sr. Fidel a distintos profesionales para la adaptación del local (docs. 20 a 24, 29 y 30) asumiendo el riesgo que suponía hacerlo sin contar con la preceptiva licencia y teniendo en cuenta que por el tiempo transcurrido de actividad, más de 5 años a día de hoy, debemos considerarlos parcialmente amortizados.

III.- Recapitulación

Si retomamos lo visto en el anterior apartado II procederá adoptar las siguientes decisiones: 1ª.- estimar en parte el recurso de apelación formulado por INDEX; 2ª.- revocar del mismo modo la resolución de primer grado y, con estimación parcial de la demanda y sin imposición de costas de primer grado a ninguno de los litigantes al descartar la temeridad ( art. 394.2 LECivil) -lo que vacía de contenido el º alegato revocatorio-, condenaremos a INDEX 3, S.L. a que pague al sr. Fidel 3.141,76€ de principal manteniendo el pronunciamiento relativo al devengo de intereses procesales sobre esa cantidad contenido en la resolución recurrida.

Segundo.- COSTAS DE SEGUNDO GRADO.

La estimación del recurso, aunque sea parcialmente, justifica que no se verifique especial pronunciamiento sobre las costas generadas por su tramitación ( art. 398.1 LECivil) .

Tercero.- DEPÓSITO PARA RECURRIR.

Estimado el recurso de apelación, conforme a la D.Ad. 15ª.8 LOPJ, se dispondrá la devolución de la totalidad del depósito a INDEX 3, S.L.

Cuarto.- RECURSOS CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

En cumplimiento del art. 208.4 LECivil se informa a las partes que esta Sentencia no es firme pues contra ella cabe recurso de casación, fundado en infracción de norma procesal o sustantiva, siempre que concurra interés casacional, ante el Tribunal Supremo o ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya si la casación se funda, exclusivamente o junto a otros motivos, en la infracción de normas del ordenamiento civil catalán ( arts. 477.2 y 3 LECivil y 2 y 3 Llei 4/2012, de 5 de marzo, del recurso de casación en materia de derecho civil de Catalunya).

En atención a lo expuesto,