Sentencia Civil 273/2025 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 12, Rec. 342/2025 de 10 de septiembre del 2025

PRIMERO.-Frente a la resolución pronunciada por el Juzgado de Primera Instancia Número Cuatro de los de Aranjuez, se alza el apelante DON Ambrosio, alegando que VODAFONE le causó un perjuicio por un error cometido por la propia entidad de telecomunicaciones, dejándola él y a su familia sin líneas de móviles, pero la sentencia yerra cuando valora que el recurrente resolvió convenientemente el contrato, pero no liquidó una deuda pendiente, resultando que VODAFONE no ha acreditado la existencia de deuda alguna, y menos si dicha deuda deviniera de su propio incumplimiento y, en todo caso, la misma no formaría parte de la deuda por la que fue incluida en los ficheros de solvencia y que debe ser objeto del presente procedimiento.

SEGUNDO. -La Sala, en uso de la función revisora que le es propia ( artículo 456 de la LEC) , examinado que ha sido el contenido de las actuaciones y a tenor de las alegaciones de las partes apelantes contenidas en sus escritos de interposición de los recursos de apelación, acepta los razonamientos jurídicos contenidos en la sentencia apelada, motivación que se considera suficiente y que ha de darse por reproducida a los efectos de su confirmación por no quedar aquella desvirtuada por las alegaciones de la litigante apelante. En tal sentido, puede, y debe, este Tribunal remitir a dicha fundamentación a los fines de dar cumplimiento a la obligación que el artículo 120.3 de la Constitución Española impone a los Jueces y Tribunales, cual es la de dar a conocer a las partes las razones de su decisión, obligación que igualmente se contiene en el artículo 218 de la LEC. Al respecto debe recordarse que tanto la doctrina dimanante del Tribunal Constitucional (sentencias 174/1987, 11/1995, 24/1996, 115/1996, 105/97, 231/97, 36/98, 116/98, 181/98, 187/2000), como del Tribunal Supremo (sentencias de 5 de octubre de 1998, 19 de octubre de 1999, 3 y 23 de febrero, 28 de marzo, 30 de marzo, 9 de junio, 21 de julio de 2000, 2 y 23 de noviembre de 2001), permite y admite la motivación por remisión a una resolución anterior, cuando la misma haya de ser confirmada y precisamente, porque en ella se exponían argumentos correctos y bastantes que fundamentasen en su caso la decisión adoptada, de forma que en tales supuestos, como precisa la Sentencia del Alto Tribunal de fecha 20 de octubre de 1997, subsiste la motivación de la sentencia de instancia puesto que la asume explícitamente el Tribunal de segundo grado.

El presente procedimiento se inicia por demanda formulada por DON Ambrosio frente a la entidad VODAFONE SERVICIOS, S.L.U., en ejercicio de acción de protección de los derechos fundamentales, al honor y de los datos de carácter personal, en base en síntesis en los siguientes hechos:

1º.- Sus datos fueron dados de alta de forma indebida por dos inscripciones realizadas por la demandada en el fichero ASNEF-EQUIFAX:

- La primera inscripción, con fecha de alta en 9 de diciembre de 2022,por importe de 416,14 euros.

- La segunda inscripción, con fecha de alta en 12 de enero de 2023,por importe de 75,62 euros.

Además, sus datos fueron igualmente incluidos pro dos inscripciones distintas en el fichero Experian-Badexcug:

- La primera inscripción, con fecha de alta en 11 de diciembre de 2022,por importe de 416,14 euros.

.- La segunda inscripción, con fecha de alta en 15 de enero de 2023,por importe de 75,62 euros.

2º.- En el presente caso la demandada ha inscrito indebidamente la deuda, ya que no se cumplen con las prescripciones legales: a) inexistencia de deuda y/o controversia con la deuda; b) falta de requerimiento previo de pago u aviso de inclusión en el fichero de solvencia.

3º.- Que la indemnización por los daños y perjuicios irrogados al demandante se ha valorado prudencialmente, por importe de CUATRO MIL EUROS (4.000 euros) que se reclaman a VODAFONE en el presente escrito de demanda como depositante de los datos de carácter personal indebidamente incluidos en los indicados ficheros de solvencia económica o patrimonial.

A esta pretensión se opuso la entidad VODAFONE SERVICIOS, S.L.U. alegando que el demandado suscribió un contrato para la prestación de los servicios de comunicaciones móviles, fijas y de televisión y otros servicios de valor añadido, y si bien debido a un error se dieron de baja las líneas móviles del demandante en fecha 5 de marzo de 2023, sin embargo, se procedió a dar solución por parte de VODAFONE reactivando dichas líneas en fecha 15 de marzo, y procediendo al abono de 587,64€. Y que en cualquier caso, requirió al ahora demandante para que atendiera sus obligaciones de pago, a tal fin, envió las comunicaciones de fecha 18 de octubre de 2022, 22 de noviembre de 2022, y 24 de octubre de 2023, y en las mismas se incluía: (i) el requerimiento previo de pago de la cantidad adeudada por importe de 437,52 €, 75,62 €, 416,14 € y 75,62 €, respectivamente; (ii) la advertencia de forma expresa de que, en caso de no cumplir con sus obligaciones de pago, sus datos serían incluidos en el Fichero, y (iii) las vías puestas a disposición del deudor para realizar el ingreso y saldar la deuda.

Igualmente contestó el Ministerio Fiscal en los términos que constan en el escrito unido a las actuaciones.

Y tras los trámites legales oportunos, se dictó sentencia desestimando íntegramente la demanda rectora del pleito con expresa imposición al demandante de las costas procesales causadas.

TERCERO.- Sólo será posible la inclusión en estos ficheros de datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica del afectado, siempre que concurran los siguientes requisitos: a) Existencia previa de una deuda cierta, vencida, exigible. b) Que no hayan transcurrido seis años desde la fecha en que hubo de procederse al pago de la deuda o del vencimiento de la obligación o del plazo concreto si aquella fuera de vencimiento periódico. c) Requerimiento previo de pago a quien corresponda el cumplimiento de la obligación.

Al respecto, señala la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 27 de septiembre de 2023:

"< Como sostiene la Audiencia Provincial "[l]a entidad demandada cumplió razonablemente el requisito del requerimiento previo".

La dirección a la que se envió la carta que lo contenía es idónea. Fue la que la propia recurrente señaló en el contrato, y no consta que, tal y como se había pactado, esta comunicara a la recurrida su cambio.

De otra parte, la sentencia recurrida no conculca nuestra doctrina sobre el carácter recepticio del requerimiento previo de pago, que, como hemos dicho reiteradamente, no exige la fehaciencia de su recepción, puesto que esta se puede considerar fijada a través de las presunciones siempre que exista garantía o constancia razonable de ella (por todas, sentencias 863/2023, de 5 de junio , 960 y 959/2022, de 21 de diciembre ), que en el presente supuesto existe, al ser idónea la dirección a la que se envió la carta conteniendo el requerimiento, acreditarse su admisión para envío por el servicio postal de correos y no constar su devolución, no existiendo de otra parte dato alguno con reflejo en los autos del que se pueda inferir que la carta no llegara a su destino o que su recepción se hubiera malogrado por razones achacables al prestador del servicio postal encargado y responsable de entregarla al destinatario.

No pudiendo reprobarse tampoco el sistema de comunicación seguido por la recurrida, pues como también dijimos en las sentencias 959/2022 y 863/2023 y hemos reiterado en la 1056/2023, de 28 de junio :

"Tampoco se puede tachar la comunicación por formar parte de un gran conjunto de ellas, puesto que dicha circunstancia, igual que si se hubiera presentado de forma independiente e individual, no impide su puesta a disposición del servicio postal de correos, que opera un número ingente de comunicaciones y que no puede denegar su admisión (documentada en los autos con los albaranes de entrega) por el mero hecho de formar parte de una remesa masiva de envíos que le son confiados por el remitente para la realización de un proceso postal integral (clasificación, transporte, distribución y entrega) que debe garantizar de manera efectiva los derechos de los usuarios y del que, una vez producida la recepción, se hace responsable, conforme a lo dispuesto por el art. 3.12.b) de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre , del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal.

"Ni equipararse este supuesto, atendidas las circunstancias que lo califican, con otros cuya tipología es distinta, como aquellos en los que la comunicación fue remitida a una dirección postal de la que fue devuelta por ser el destinatario desconocido o donde anteriormente ya se había producido una devolución por la misma circunstancia, lo que sí cuestiona, como ya hemos dicho, la garantía de la recepción ( sentencia 854/2021, de 10 de diciembre ).".

3. En consecuencia, la sentencia recurrida es correcta y no vulnera la norma que se citan como infringida ni conculca nuestra doctrina, por lo que procede desestimar el motivo y con él el recurso de casación".

Y la Sentencia del mismo Alto Tribunal de fecha 26 de septiembre de 2023 dice:

"1.- Planteamiento. En el encabezamiento del motivo primero del recurso el recurrente invoca la infracción del 38.1 c) del Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, al no haber existido requerimiento de pago válido con carácter previo a la inclusión de la deuda en el fichero Asnef de Equifax.

En el desarrollo del motivo, el recurrente argumenta que "con la invocación de esta infracción nos hallamos ante una cuestión fáctica y no jurídica". Y que la cuestión litigiosa consiste en si para el cumplimiento del requisito del requerimiento previo de pago basta con una carta de reclamación remitida por correo ordinario, una certificación de una empresa independiente que confirme que la carta viajaba en una remesa masiva y la confirmación del remitente de que la carta no fue devuelta, "y ello aun cuando no constaba con certeza que la carta se hubiera incluido en la remesa masiva citada".

2.- Decisión del tribunal. La redacción del motivo es confusa, incluso contradictoria. Por un lado, afirma que lo que plantea el motivo es una cuestión fáctica y no jurídica, pero junto al planteamiento de cuestiones puramente fácticas (en concreto, una impugnación de la valoración probatoria realizada por la sentencia recurrida), se plantean también cuestiones jurídicas. Por otro lado, afirma que no es suficiente para considerar cumplido el requisito del requerimiento previo de pago su envío por correo ordinario, pero asimismo considera que no está probado ese envío por correo ordinario.

3.- Respecto de las cuestiones fácticas planteadas, esta sala ha declarado hasta la saciedad que no puede ser objeto del recurso de casación la impugnación de la valoración de la prueba realizada por el tribunal de apelación ni puede pretenderse que, para resolver el recurso de casación, se corrija la fijación de los hechos realizada por el tribunal de apelación. En la sentencia 960/2022, de 21 de diciembre , con cita de la 572/2022, de 18 de julio , hemos declarado:

"Aunque es doctrina reiterada que, cuando la resolución del recurso de casación afecta a derechos fundamentales, la sala no puede partir de una incondicional aceptación de las conclusiones probatorias obtenidas por las sentencias de instancia, sino que debe realizar, asumiendo una tarea de calificación jurídica, una valoración de los hechos en todos aquellos extremos relevantes para apreciar la posible infracción de los derechos fundamentales alegados, también lo es que este principio no puede llevar a desvirtuar la naturaleza del recurso de casación solicitando del Tribunal Supremo que corrija la concreta fijación de los hechos efectuada en la sentencia recurrida o que realice una nueva valoración de la prueba en su conjunto, o proponiendo una calificación que haga supuesto de dicha revisión, pues el objeto del recurso de casación se limita al examen de concretas infracciones del ordenamiento jurídico en virtud del llamado principio de especialidad, y en él no se pueden combatir de modo abierto las conclusiones obtenidas por la sentencia recurrida, solicitando una valoración conjunta de los medios de prueba o un examen exhaustivo de la valoración de los hechos efectuada por el tribunal de instancia pues esto convertiría el recurso en una tercera instancia, lo que ha sido rechazado con reiteración por esta sala".

En este caso, tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial, al valorar los documentos aportados, han considerado acreditado que el requerimiento de pago fue remitido por el gestor postal (en este caso, el Servicio de Correos) al domicilio del deudor que constaba en el contrato de tarjeta. La impugnación que el recurrente realiza de esta valoración probatoria y la pretensión de que, para resolver el recurso, se parta de unos hechos distintos de los fijados en la sentencia recurrida, no puede ser aceptada en un recurso de casación.

4.- La cuestión de naturaleza jurídica planteada, si es suficiente la remisión por correo ordinario, dentro de un envío masivo, del requerimiento de pago (y, debe añadirse, al domicilio del deudor que consta en el contrato y sin que conste la devolución de la carta, como queda fijado en la sentencia recurrida), ya ha sido resuelta por el pleno de esta sala en la sentencia 959/2022, de 21 de diciembre , que en su fundamento segundo ha declarado:

"Y nuestra doctrina sobre el carácter recepticio del requerimiento previo de pago no exige, como hemos dicho, la fehaciencia de su recepción, que se puede considerar fijada a través de las presunciones, como en este caso, siempre que exista garantía o constancia razonable de ella, que en el presente supuesto también existe, puesto que en ningún momento se ha negado que el domicilio del demandado coincidiera con la dirección de destino indicada en la comunicación o argumentado que esta se hubiera malogrado por razones achacables al servicio postal de correos, de las que, por lo demás, no existe reflejo alguno en los autos.

" Tampoco se puede tachar la comunicación por formar parte de un gran conjunto de ellas, puesto que dicha circunstancia, igual que si se hubiera presentado de forma independiente e individual, no impide su puesta a disposición del servicio postal de correos, que opera un número ingente de comunicaciones y que no puede denegar su admisión (documentada en los autos con los albaranes de entrega) por el mero hecho de formar parte de una remesa masiva de envíos que le son confiados por el remitentepara larealización de un proceso postal integral (clasificación, transporte, distribución y entrega) que debe garantizar de manera efectiva los derechos de los usuarios y del que, una vez producida la recepción, se hace responsable, conforme a lo dispuesto por el art. 3.12.b) de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre , del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal.

"Ni equipararse este supuesto, atendidas las circunstancias que lo califican, con otros cuya tipología es distinta, como aquellos en los que la comunicación fue remitida a una dirección postal de la que fue devuelta por ser el destinatario desconocido o donde anteriormente ya se había producido una devolución por la misma circunstancia, lo que sí cuestiona, como ya hemos dicho, la garantía de la recepción ( sentencia 854/2021, de 10 de diciembre )".

Las razones expuestas determinan la desestimación del motivo".

Por otro lado, como destacó la sentencia del Tribunal Supremo 604/2022, de 14 de septiembre, incluso la discrepancia entre la cantidad notificada al deudor en el requerimiento de pago y la cantidad que consta en el fichero no implica de por sí una vulneración al honor, pues lo relevante es si se le ha incluido en un registro de solvencia sin ser moroso realmente. Por tanto, cualquier posible corrección o error en la cifra de la deuda que refleja el fichero no resulta relevante, dado que es una información que puede sufrir cambios, por ejemplo, debido a los intereses de demora.

Debe destacarse que el objeto de esta resolución no puede ser la determinación de la existencia concreta de ese saldo deudor, pues deberá ser objeto del procedimiento correspondiente, en su caso, habiendo quedado acreditado a través de la documental obrante en las actuaciones la firma del contrato, de modo que queda debidamente justificada la existencia de un título que acreditaría la relación entre las partes y el origen de la deuda exigida.

Y por último y en cuanto a las consideraciones generales, la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de septiembre de 2022 dice lo que sigue:

" Esta sala en sentencia 422/2020, de 14 de julio , estableció que ante la contumacia en el impago de las deudas la finalidad del requerimiento había decaído.

En sentido similar la sentencia 563/2019, de 23 de octubre , ante un caso de ausencia de requerimiento previo, pese a lo cual se declara que el deudor no se vio sorprendido por la inclusión en el fichero al tener constancia de la deuda.

La doctrina reseñada de la sala realiza una acertada interpretación funcional del requisito del requerimiento: su exigibilidad se funda en la necesidad de evitar "sean incluidas en estos registros personas que, por un simple descuido, por un error bancario al que son ajenas, o por cualquier otra circunstancia de similar naturaleza, han dejado de hacer frente a una obligación dineraria vencida y exigible sin que ese dato sea pertinente para enjuiciar su solvencia. Además, les permite ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación" ( SSTS 563/2019, de 23 de octubre ; 740/2015, de 22 diciembre )".

CUARTO. -El apelante basa su recurso en los siguientes motivos: (i) Inexistencia de deuda cierta y exigible en relación a las normas de protección del derecho al honor en la cesión de datos personales a ficheros de morosos, art. 20.b LOPD 3/2018, art. 38.1.a), norma primera Instrucción 1/1995 AEPD y jurisprudencia que lo desarrolla; (ii) Infracción del principio de calidad de los datos porque los datos comunicados al fichero no son determinantes para enjuiciar su solvencia y el uso del fichero ha respondido a una medida de presión, y que la causa del impago no fue ni la insolvencia ni la negativa infundada a pagar; (iii) Infracción de los requisitos de requerimiento e información previa contenidos en los arts. 20 LOPD 3/2018 y 38 RD 1720/2007, en relación a las normas relativas a la protección del derecho al honor en la cesión de datos personales a ficheros de morosos; (iv) La procedencia de abonar al actor una indemnización de 4.000 € al haberse producido una intromisión ilegítima al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen del mismo; y (v) Impugnación de las costas impuestas en primera instancia.

El recurrente suscribió con VODAFONE un contrato para la prestación de los servicios de comunicaciones móviles, fija y de televisión y otros servicios de valor añadido, y en concreto los siguientes:

*.- Vodafone ADSL hasta 20 Mb@ NUM000 (fecha de alta 11 de marzo de 2016, fecha de baja 5 de marzo de 2022).

*.- Línea fijo NUM001 (fecha de alta 11 de marzo de 2016, fecha de baja 5 de marzo de 2022).

*.- Fibra Legacy - 600 Mb (Neba) @ NUM002 (fecha de alta 8 de enero de 2019, fecha de baja 5 de marzo de 2022).

*.- Línea móvil NUM003 (fecha de alta 18 de marzo de 2015, fecha de baja 4 de marzo de 2022).

*.- Línea móvil NUM004 (fecha de alta 18 de marzo de 2015, fecha de baja 4 de marzo de 2022).

*.- Línea móvil NUM005 (fecha de alta 18 de marzo de 2015, fecha de baja 4 de marzo de 2022).

*.- Línea móvil NUM006 (fecha de alta 18 de marzo de 2015, fecha de baja 4 de marzo de 2022).

*.- Línea fijo NUM007 (fecha de alta 8 de marzo de 2022, fecha de baja 17 de marzo de 2022).

*.- Fibra Legacy - 600 Mb@ NUM008 (fecha de alta 8 de marzo de 2022, fecha de baja 17 de marzo de 2022).

*.- Línea móvil NUM009 (fecha de alta 11 de marzo de 2022, fecha de baja 11 de marzo de 2022).

*.- Línea móvil NUM010 (fecha de alta 11 de marzo de 2022, fecha de baja 11 de marzo de 2022).

*.- Línea móvil NUM011 (fecha de alta 11 de marzo de 2022, fecha de baja 11 de marzo de 2022).

*.- Línea móvil NUM012 (fecha de alta 11 de marzo de 2022, fecha de baja 16 de marzo de 2022)

Y como contraprestación, VODAFONE emitió las correspondientes facturas, incumpliendo el recurrente con la obligación de pago en las facturas recogidas en el documento nº 7, resultando una deuda de 587,64 euros; y nada obsta a la emisión de las facturas el hecho de que VODAFONE cometiera un error, pues el mismo fue asumido por la entidad causante y se procedió al abono de ese error, debiendo abonar el Sr. Ambrosio el resto de los importes generados correctamente con carácter previo a cambiarse el demandante de Compañía de Telefonía.

Así pues, de la amplia prueba obrante en las actuaciones ha quedado debidamente acreditad o que la deuda era cierta, vencida y exigible en el momento de la inscripción de los datos del ahora apelante en el fichero, que se ha cumplido por parte de VODAFONE con el deber específico de información contractual y que se le había notificado e informado previamente de dicha inclusión. En efecto, del bloque documental 7 del escrito de contestación de VODAFONE se concluye que existía una deuda cierta, vencida y exigible, el aviso previo a la contratación y el envío de requerimiento de pago.

A ello hay que añadir que los servicios contratados por el actor estaban sujetos a las condiciones del contrato (doc. nº 2), y se advertía en la cláusula 2.4 de las posibles consecuencias del incumplimiento de la obligación de pago del cliente respecto de los servicios contratados, siendo entre aquellas, la posibilidad de ser sus datos incluidos en un fichero de solvencia patrimonial y de crédito. Y por último, consta igualmente probado el requerimiento efectuado por VODAFONE, puesto que la entidad EQUIFAX certifica que no consta que el requerimiento previo de pago remitido al demandante haya sido devuelto por motivo alguno, y la entidad ARTEOS DIGITAL, S.L., certifica que la carta de pago fue enviada al actor, así como que la misma fue preparada y se puso a disposición del servicio de correos para su envío; requerimiento que fu enviado al domicilio que el demandante facilitó a VODAFONE en el contrato suscrito entre las partes y al que se le enviaban las facturas con normalidad.

QUINTO. -Resta por resolver el último motivo de impugnación, entendiendo el apelante que, el presente supuesto, arroja serias dudas de derecho, habida cuenta que la propia sentencia reconoce la existencia de un incumplimiento contractual grave, y las discrepancias y bailes de cifras, desconocidas hasta este momento, arrojaría como mínimo dudas de hecho.

La pretensión revocatoria está igualmente abocada al fracaso. La doctrina ha entendido que son dudas de hecho aquellas en las que los propios hechos objeto del litigio, a través, por ejemplo, de las pruebas practicadas, admiten diversidad de interpretaciones, siendo razonadas y lógicas las posturas sostenidas por las partes con relación a los mismos. Y las dudas de derecho concurren, cuando una misma norma, o cualquier otro concepto jurídico, admite igualmente varias interpretaciones, entendiéndose sin embargo su existencia cuando media discrepancia, como dice el propio precepto, en la jurisprudencia, debiendo interpretarse ésta en sentido amplio incluyendo por tanto también la denominada "jurisprudencia menor"de las Audiencias Provinciales.

Al respecto debe indicarse que el artículo 394 de la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil ha recogido el principio del vencimiento objetivo, que ya se establecía en el artículo 523 de la Ley precedente, si bien, exceptuaba el supuesto de dicha aplicación cuando el Juez, a su prudente arbitrio, razonándola debidamente -dice la ley-, aprecie la concurrencia de circunstancias excepcionales que justifiquen su no imposición, mientras que actualmente la excepción es cuando el Juez o Tribunal aprecia que concurran dudas fácticas o jurídicas. Esta apreciación, en función de las circunstancias excepcionales fue tratada por el Tribunal Supremo, en las Sentencias de 30 de abril de 1991, 22 de junio de 1993, 2 de julio de 1994 y 4 de noviembre de 1994, pronunciándose en el sentido de que para " la modificación del citado principio general, el Juez debe razonarla debidamente, apreciando y señalando las circunstancias excepcionales que conducen a ella ( Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 1991 ); que la libertad de apreciar justos motivos que hagan quebrar el principio general supone una discrecionalidad razonada",que debe ser apreciada por el Tribunal " a quo " no siendo susceptible de revisión casacional ( Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 1994 ), y que las normas reguladoras de la imposición de costas del artículo 523 de la LEC son de preceptiva y obligada aplicación por el Juez de instancia, sin estar sometidas al principio dispositivo, por lo que no es necesaria la petición de parte ( Sentencia de 2 de julio de 1994 )".

La imposición de costas, además, es una de las consecuencias que puede incidir en el derecho de acceso a la jurisdicción o que puede actuar en desfavor de quien ejercita un derecho ante los tribunales, que como sostiene la sentencia del Tribunal Constitucional 51/2009, de 23 de febrero, cabe controlar si la decisión judicial ha podido suponer la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva cuando la resolución incurra en error patente, arbitrariedad, manifiesta irrazonabilidad o, en su caso, si resulta inmotivada (en el mismo sentido la sentencia 798/2010 de 10 de diciembre en relación con la eventual existencia de dudas de hecho o de derecho).

En definitiva, el criterio objetivo del vencimiento, que es la regla general en materia de imposición de costas, responde a la idea del resultado del proceso y a la necesidad de que el que se ha visto obligado a acudir al mismo, como única forma de ver reconocido el derecho postulado, no puede ver gravada su situación patrimonial cuando la resolución judicial le da la razón. Es cierto que, con carácter de excepción, que por ello ha de ser objeto de interpretación estricta y restringida, el propio art. 394.1 contempla la posibilidad de que en aquellos supuestos en que " el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho,no se proceda a tal imposición".

El pago de los gastos que conlleva el proceso se configura, así como un gravamen que, en virtud del criterio del vencimiento objetivo, se considera que no debe soportar quien se ve compelido a ejercitar una acción judicial o a enfrentarse a la que contra él se ha formulado y, consiguientemente, a afrontar el desembolso económico que acarrea la contratación de los servicios de profesionales del derecho para proveer a su defensa.

Y descendiendo al supuesto enjuiciado la Juzgadora de instancia realiza una acertada valoración de la prueba practicada en las presentes actuaciones, llegando a una conclusión ajustada a derecho que implica que las costas causadas se impongan a la parte que ha visto totalmente rechazadas sus pretensiones, conclusión que es compartida por este Tribunal de apelación por no apreciar las dudas de hecho y de derecho alegadas por la apelante, al existir jurisprudencia consolidada sobre la cuestión debatida.

SEXTO. -Que, al desestimarse el recurso de apelación, a tenor de lo previsto en el artículo 398 LEC, las costas de esta alzada se impondrán a la parte recurrente.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que nos confiere la Constitución de la Nación Española,