Sentencia Civil 434/2024 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 12, Rec. 350/2023 de 16 de diciembre del 2024

PRIMERO:Habiéndose reclamado mediante demanda de juicio monitorio el pago de 4893,75 € que, afirmaba la demandante, le eran debidos como consecuencia del crédito concedido al demandado, se dictó auto que entendía procedente requerir de pago, únicamente, de 3435,24 €, al resultar improcedente la reclamación por gastos, comisiones y 1.098,08 € por seguro, al no constar su efectiva contratación. Aceptada dicha reducción, por diligencia de ordenación de 4 de abril de 2022 se acordó admitir a trámite el procedimiento monitorio.

Efectuado el requerimiento de pago, la parte demandada se opuso alegando, en resumen y entre otras cuestiones, que las cláusulas del contrato no eran claras, ni permitían tener conocimiento de las consecuencias económicas del contrato, el cual carecía de transparencia. Consideraba que el interés remuneratorio del 24, 51% TAE era notablemente superior al tipo de interés publicado por el Banco de España para los contratos suscritos en 2017, que era del 20, 80%, por lo que lo consideraba usurario.

Entendía igualmente que no quedaba debidamente acreditado que el capital dispuesto.

La sentencia recurrida desestimó la demanda, al entender que el interés remuneratorio era usurario y que no quedaba acreditado que el demandado hubiera solicitado ampliaciones de crédito por importe superior al límite de 3000 € que figuraba en el contrato.

SEGUNDO:La parte actora indica en su recurso que, a fecha de la contratación, la TDR media para 2017 era del 20, 80%, mientras que el contrato se había pactado una TAE del 24,51%, por lo que la diferencia estaba dentro de los parámetros establecidos como admisibles por la jurisprudencia.

TERCERO: Jurisprudencia relativa a los requisitos que han de concurrir para la declaración del carácter usurario del préstamo.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 2020 indicó que, para determinar el interés normal del dinero, que es el que debe tomarse como referencia para resolver si el interés pactado es usurario, debía buscarse el tipo medio de interés aplicado a la categoría en la que sea encuadrable la operación analizada, en el momento de la celebración del contrato.

Posteriormente, la Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2023, concretando lo indicado por la Sentencia anteriormente reseñada, indicaba que para los contratos posteriores a junio de 2010- momento en el que el Boletín Estadístico del Banco de España comenzó a desglosar un apartado especial para los créditos revolving-, resultaba procedente acudir a dicho Boletín para determinar el interés normal del dinero.

A continuación, la referida Sentencia del Pleno Del Tribunal Supremo hacía la salvedad de que el tipo de interés medio publicitado por el Banco de España era el interés TEDR, que equivale al TAE sin comisiones, por lo que el interés medio TAE sería ligeramente superior al promulgado por el Banco de España, lo cual, como indicaremos, concreta posteriormente en la adición de 20 o 30 centésimas al interés TEDR.

En los préstamos anteriores a junio de 2010, a falta de datos promulgados por el Banco de España relativos a los créditos revolving con anterioridad a dicho año, señala la citada sentencia del Pleno del Tribunal Supremo que debe acudirse a la información específica más próxima en el tiempo, esto es, la promulgada en junio de 2010 que, indica, fijó el interés normal del dinero en 19,32% TEDR, es decir sin computar comisiones, por lo que habría que añadir 20 o 30 centésimas.

En cuanto al diferencial que debe existir entre el interés pactado y el interés medio para que la operación crediticia de que se trate sea usuraria, la Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo que reseñamos, tras ponderar los diferentes criterios seguidos al respecto en créditos revolving, entendió que la diferencia entre el precio pactado y el interés medio del mercado debía ser superior al 6%.

Los criterios adoptados por la referida Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo, han sido aplicados posteriormente, entre otras, por la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2023.

CUARTO: Aplicación al presente supuesto de la referida doctrina jurisprudencial.

En el presente supuesto el contrato de tarjeta de crédito se celebra el 8 de febrero de 2017, fijándose un interés TAE del 24, 51%.

Dentro de las categorías que aparecen en las tablas promulgadas por el Banco de España, entendemos que la categoría más próxima a las tarjetas revolving era la correspondiente a las tarjetas de crédito concertadas con hogares e ISFLSH (Instituciones sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares), con pago aplazado, que aparece recogida en la tabla 19.4.7. Se trata, por otro lado, de una categoría a la que se le asigna valor desde junio del año 2010, lo cual viene a concordar con lo indicado por la referida Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo que indica que a partir de junio de 2010 los índices estadísticos del Banco de España contienen un apartado aplicable a los créditos revolving.

Según las referidas Tablas Estadísticas promulgadas por el Banco de España, el tipo de interés medio en febrero de 2017 era de 20,79% TEDR, lo que equivale a un 21,09% TAE, tras sumarle las 30 centésimas a las que alude la jurisprudencia referida. Por tanto, la diferencia entre dicho tipo de interés y el 24,51% TAE pactado en el contrato, no alcanza a los 6 puntos porcentuales que señala la doctrina jurisprudencial reseñada.

Por tanto, no procede declarar el carácter usurario del préstamo.

No obstante, la demandada planteó como motivo de nulidad en su contestación a la demanda, la falta de transparencia del contrato, por lo que debe analizarse si el contrato cumple los requisitos precisos para superar el control de transparencia.

QUINTO: Control de transparencia. Concepto y evolución en la jurisprudencia el Tribunal Supremo.

La exigencia de que el clausulado de los contratos celebrados con consumidores supere el control de transparencia, es fruto de la evolución de la jurisprudencia en torno a la interpretación de la normativa, tanto nacional como comunitaria, promulgada en defensa de consumidores y usuarios.

El Tribunal Supremo, en concordancia con lo que expresamente señalan, entre otros, el artículo 80 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el artículo 5 de la Ley de Condiciones Generales de Contratación, señaló en diversas sentencias la exigencia de que las cláusulas contractuales de los contratos celebrados con consumidores estuviesen redactadas con claridad ( Sentencias del Tribunal Supremo de 17 de junio de 2010 y 25 de noviembre de 2011).

No obstante, lo que exigía la jurisprudencia era únicamente que las cláusulas contractuales estuviesen redactadas de forma clara y comprensible, pero sin exigir que el clausulado permitiera al consumidor conocer las consecuencias jurídicas y económicas de la contratación.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de junio de 2012, al interpretar el concepto de transparencia reflejado en el artículo 5.5 de la Ley de Condiciones Generales de Contratación, señaló que dicho requisito exigía que el consumidor conociera o pudiera conocer la carga económica que el contrato suponía para él.

La Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, ahondando en la definición del concepto de transparencia, efectuó un análisis sistemático de la legislación, tanto nacional como comunitaria, elaborando el concepto de transparencia en los términos en los que actualmente se viene aplicando.

La citada Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 analizaba la posible abusividad de las denominadas "cláusulas suelo",es decir las cláusulas contractuales insertas en contratos de préstamo a interés variable que, no obstante, ello, establecían un tipo de interés mínimo a satisfacer, es decir establecían un tipo de interés mínimo o "suelo"en el interés a aplicar.

Indicaba la referida Sentencia del Tribunal Supremo que, en principio, la abusividad de las cláusulas contractuales no podía extenderse a aquellas que configuraban el objeto principal del contrato, si bien, precisaba, incluso las cláusulas que atañen a elementos esenciales del contrato deben estar redactadas de forma clara y comprensible, señalando que dicha comprensibilidad implica que el clausulado debe superar un doble control: el de incorporación y el de transparencia.

El control de incorporación se cumple cuando la cláusula es comprensible desde el punto de vista gramatical. No superan dicho control las cláusulas oscuras, ilegibles o a

El control de transparencia va más allá, exige que el consumidor quede debidamente informado del contenido del clausulado y de sus consecuencias, tanto económicas como jurídicas.

Señala en concreto la referida Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 (el subrayado es propio):

"211. En este segundo examen, la transparencia documental de la cláusula, suficiente a efectos de incorporación a un contrato suscrito entre profesionales y empresarios, es insuficiente para impedir el examen de su contenido y, en concreto, para impedir que se analice si se trata de condiciones abusivas. Es preciso que la información suministrada permita al consumidor percibir que se trata de una cláusula que define el objeto principal del contrato, que incide o puede incidir en el contenido de su obligación de pago y tener un conocimiento real y razonablemente completo de cómo juega o puede jugar en la economía del contrato."

Por tanto, se exige al empresario que suministre al consumidor información que le permita no sólo tener conocimiento y comprensión gramatical de las cláusulas contractuales, la transparencia exige que el clausulado del contrato permita al consumidor tener también conocimiento de la repercusión económica y jurídica que la celebración del mismo conlleva.

La referida Sentencia del Pleno enumeraba seis motivos por los que entendía que la cláusula suelo no superaba el control de transparencia, entre los que podemos citar el que la cláusula suelo no quedase debidamente resaltada del resto del clausulado y la ausencia de simulaciones o escenarios diversos relacionados con el comportamiento previsible del tipo de interés. Se trata, ciertamente, de cuestiones concretas aplicables al supuesto enjuiciado, es decir a las cláusulas suelo, pero que denotan el contenido y amplitud que se da al concepto de transparencia.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha seguido posteriormente en numerosas sentencias el criterio establecido por la Sentencia del Pleno de 9 de mayo de 2013, aplicando el concepto de transparencia a supuestos diversos. Ciñéndonos únicamente a las relativas a las cláusulas suelo, podemos citar, entre otras muchas, las de 8 de septiembre de 2014; 23 de diciembre de 2015; 7 de noviembre de 2017; 19 de febrero de 2020 y 26 de septiembre de 2022.

La sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2021 ofrece, por su parte, una clara definición del concepto de transparencia, al indicar que se cumple con dicha exigencia cuando el consumidor pueda "conocer con sencillez tanto la carga económica que realmente le supone el contrato celebrado, esto es, el sacrificio patrimonial realizado a cambio de la prestación económica que quiere obtener, como la carga jurídica del mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en los elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la asignación de los riesgos".

SEXTO: El control de transparencia en la jurisprudencia del TJUE.

Igualmente, a lo acontecido en el ámbito de nuestra jurisprudencia, la jurisprudencia comunitaria fue evolucionando en la interpretación del requisito de claridad exigible en los contratos celebrados con consumidores y usuarios, hasta llegar a la elaboración del concepto de transparencia en términos equivalentes a los ya expuestos.

Como principales antecedentes que llevaron a la posterior elaboración del concepto de transparencia podemos citar, en primer término, la Sentencia del TJUE de 3 de junio de 2010, asunto C-484/08, caso Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, la cual señalaba que toda cláusula contractual que no estuviese redactada de forma clara y comprensible para el consumidor podía ser declarada abusiva, aun cuando se refiriese al objeto principal del contrato.

La Sentencia del TJUE de 21 de marzo de 2013, asunto C-92/11, caso Vertrieb, indicaba que la Directiva 93/13 imponía a los empresarios la obligación de redactar las cláusulas contractuales de forma clara y comprensible, de tal manera que el consumidor pudiera tener efectivo conocimiento de todas las cláusulas contractuales, debiendo disponer de información sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de la contratación.

La Sentencia del TJUE 30 de abril de 2014, asunto C-26/13, caso Kásler, señaló que la exigencia de trasparencia a la que alude la Directiva 93/13 no podía reducirse a su comprensibilidad formal y gramatical, debiendo exponer el clausulado del contrato de forma transparente su contenido, al objeto de que un consumidor "medio, normalmente informado y razonablemente atento y cuidadoso",pueda conocer y evaluar las consecuencias que la contratación conlleva.

Indicaba en concreto dicha resolución (el subrayado es propio):

"la exigencia de que una cláusula contractual debe redactarse de manera clara y comprensible se ha de entender como una obligación no sólo de que la cláusula considerada sea clara y comprensible gramaticalmente para el consumidor, sino también de que el contrato exponga de manera transparente el funcionamiento concreto del mecanismo de conversión de la divisaextranjera al que se refiere la cláusula referida, así como la relación entre ese mecanismo y el prescrito por otras cláusulas relativas a la entrega del préstamo, de forma que ese consumidor pueda evaluar, basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas derivadas a su cargo."

En similar sentido se han orientado posteriormente las Sentencias del TJUE de 26 de febrero de 2015, asunto C- 143/13 caso Mate y de 23 de abril de 2015, asunto C-96/14, caso Van Hove.

En consecuencia, también en el ámbito comunitario se ha consagrado la exigibilidad de la transparencia en los contratos celebrados con consumidores, entendida ésta, igualmente, como la redacción del clausulado contractual en términos tales que permita al consumidor tener no sólo comprensión gramatical del contenido del contrato, sino de las consecuencias que la contratación conlleva.

SÉPTIMO: Características de los préstamos revolving.

En referencia a los denominados contratos revolving, como señaló la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 2020, al referirse a una serie de características definitorias de los mismos, se trata de contratos en los que el límite del crédito se va recomponiendo constantemente a medida que se procede a su cancelación, con cuotas de importe normalmente no muy elevado, lo cual comporta una escasa amortización de capital y elevada proporción de intereses y alarga considerablemente el periodo de amortización del préstamo, pudiendo convertir al prestatario en un "deudor cautivo".

En el presente supuesto nos encontramos ante un préstamo de tal índole, ya que en la cláusula 5 denominada "modo de reembolso" se indica que "sea cual sea la modalidad de reembolso, el importe disponible disminuirá con las disposiciones y ser reconstituirá con cada pago mensual hasta el máximo autorizado."Por tanto, nos encontramos ante una línea de crédito en la que el importe del crédito a disponer se reconstituye a medida que se cancela, que es lo que caracteriza a los créditos revolving.

OCTAVO: Pronunciamientos de esta Sala.

Esta Sala, por su parte, se ha pronunciado anteriormente sobre la aplicación del requisito de transparencia al ámbito de los contratos de crédito revolving.

En los Rollos de Apelación 773/2022 (ponente doña Ana María Olalla Camarero) y 664/2022 (ponente doña María José Romero Suárez), indicábamos que en contratos de crédito tipo revolving era preciso que, en aplicación de la doctrina jurisprudencial que queda reseñada, el consumidor quedara debidamente informado de las consecuencias jurídicas y económicas que la contratación de dicho tipo de crédito conllevaba, tomando en especial consideración que dicho tipo de contratos, en los que la disponibilidad de la línea de crédito se va recomponiendo a medida que se va procediendo a la cancelación de la deuda, comportaban una mayor carga económica a la hora de contabilizar los intereses realmente satisfechos y costes añadidos, así como, en línea con lo indicado por la doctrina del Tribunal Supremo, de la posibilidad que el consumidor quedara obligado de forma prolongada o indefinida, quedando convertido en un "deudor cautivo".

NOVENO: Aplicación de la doctrina reseñada el supuesto presente.

En el presente supuesto el clausulado del contrato no supera el nivel de transparencia, ya que no permite al consumidor tener cabal conocimiento, siquiera aproximado, de las consecuencias que la contratación puede conllevar.

Como indicábamos anteriormente, y como igualmente ya señalábamos en los citados Rollos de Apelación de esta Sala 664/2022 y 773/2022, el mayor riesgo que comporta la celebración de contratos del tipo que analizamos, es la posibilidad de que el deudor quede "cautivo"de la operación, como consecuencia de una cuota de amortización que cubra un escaso importe, unido a la restauración del crédito disponible a medida que se va amortizando el capital dispuesto.

La cláusula que determina el tipo de interés, ni la que describe el sistema de reembolso, anteriormente referida, ni en general el conjunto del clausulado, ofrece algún tipo de advertencia o indicación, debidamente resaltada y expuesta, que permita al consumidor tener cabal conocimiento de las referidas consecuencias de la contratación, es decir que la elección de cuotas de importe reducido dará lugar a una amortización del crédito más prolongada en el tiempo, con el consiguiente efecto de devengarse un mayor importe de intereses y la posibilidad de que el consumidor quede convertido en un "deudor cautivo",al quedar vinculado de forma permanente o durante largos periodos de tiempo pese al pago de las cuotas estipuladas.

Dichas cláusulas, y el conjunto del clausulado, lejos de apercibir de que dependiendo de la cuota de amortización que se abone la disposición de la línea de crédito, que irá reconstituyéndose a medida que se amortice, puede suponer una vinculación permanente o de larga duración para el consumidor, por el contrario parecen denotar que se trata de la concesión de una mera línea de crédito, sin mayor especialidad ni otros riesgos que los derivados de la disposición de un crédito ordinario, con la peculiaridad de que el pago de la mensualidad que se estipule reconstituye el disponible de la línea de crédito permitiendo efectuar nuevas disposiciones, lo cual, como se indicaba, sin reflejar el riesgo que entraña, por el contrario, parece recogerse incluso como una ventaja al aumentar la disponibilidad de crédito.

Cabe añadir que, aun cuando el tipo de interés TAE no sea usurario, no por ello deja de ser elevado- superior al 20%-, lo cual incrementa la incidencia de lo indicado anteriormente, al implicar el pago de altos porcentajes de interés durante un lapso de tiempo que puede llegar a ser sumamente prolongado.

Igualmente, como indicábamos en los Rollos de Apelación anteriormente reseñados, debe existir una explicación clara y comprensible del coste económico de la contratación, que no se agota con la mera determinación del tipo de intrés TAE.

En concreto, indicábamos en el citado Rollo de Apelación 664/2022 (en idéntico sentido se orientaba el también citado Rollo de Apelación 797/2022):

"Es verdad que, en el contrato de crédito que nos ocupa, se concreta la TAE, pero como insiste la parte apelante en su recurso, se trata de un crédito "revolving"donde los parámetros para su cálculo y las oscilaciones, según las condiciones en que se efectúe, suponen una complejidad insuperable para un consumidor, que difícilmente puede llegar a calcular los costes añadidos que deberá satisfacer para dar cumplimiento a su obligación. Dichas cláusulas merecen la calificación de abusivas, dada su falta de transparencia para trasladar al consumidor el coste real de los intereses remuneratorios que estaba asumiendo en tal crédito, que podrían llegar a duplicar su deuda en caso de impago."

En el presente supuesto la cláusula 6 de las condiciones generales se limita a establecer que el cálculo TAE se ha realizado aplicando la fórmula contenida en la ley 16/2011, de 24 de junio, y si bien determina qué conceptos no incluye, aparte de ello no efectúa ningún tipo de explicación sobre cuál sea dicha fórmula ni la hipótesis contemplada para calcular el interés TAE. Por lo indicado, la determinación del interés TAE tampoco supera el test de transparencia.

En consecuencia, con todo lo indicado, resulta procedente declarar la nulidad del contrato de crédito revolving con los efectos inherentes al artículo 1.303 del Código civil.

DÉCIMO: Nulidad del contrato de seguro.

Si bien, antes de admitir a trámite la solicitud de procedimiento monitorio se excluyó el importe de las cuotas del seguro, no obstante procede determinar si el mismo es válido, ya que la declaración de nulidad del contrato de crédito conllevaba la devolución de lo recibido por las partes, por lo que procede clarificar tal cuestión por sí, antes o después de la interposición de la demanda, se hubiera realizado algún tipo de cargo por consecuencia de dicho contrato de seguro u otra cuestión que pudiera afectar a la liquidación de las relaciones contractuales tras la nulidad.

El contrato de solicitud de crédito incorpora una cláusula, en la que se indica la posibilidad de contratar seguros, contratación que se efectúa tachando la correspondiente casilla, la cual, en el presente supuesto, no aparece tachada, no existiendo por lo demás un explicación clara y suficiente del contenido del contrato, limitándose a establecer en la información previa a la celebración del mismo menciones a la identidad de la actora como mediadora del seguro.

El contrato de seguro, por tanto, no consta que haya sido perfeccionado al no constar la firma del pretendido tomador aceptando la contratación, y en todo caso no supera el control de transparencia, ya que al no existir un documento claramente diferenciado o resaltado que recoja la contratación del seguro, no queda probado que, al suscribir el documento que incorpora conjuntamente el contrato de tarjeta de crédito y de seguro, el consumidor haya tenido conciencia de que estaba concertando dos contratos, ya que, como se indicaba, la contratación del seguro se pretende realizar tachando una casilla que no consta que lo haya sido por el consumidor, ni aparece resaltada ni expresamente aceptada por el mismo, por lo que, sin la correspondiente advertencia o aceptación expresa de que, además de la tarjeta de crédito se contrata un seguro, el consumidor no queda debidamente apercibido de que, al suscribir el documento reseñado, celebra dos contratos diferentes. Es más, en el contrato no se indican las cláusulas y contenido del contrato de seguro que se concierta, únicamente se hace una alusión genérica al riesgo cubierto.

En consecuencia, con todo lo indicado, no consta que se le haya advertido debidamente al consumidor de las consecuencias económicas y jurídicas derivadas de la contratación que efectúa.

Por tanto, sin perjuicio de las relaciones entre el actor y la aseguradora, la contratación del seguro realizada por mediación de la hoy actora es nula por carecer de transparencia, y en consecuencia abusiva, por lo que procede declarar la nulidad de dicha contratación ( artículo 83 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios), exonerándole del pago de primas y acordando la devolución a la demandada de las primas del seguro que, en su caso, haya abonado.

DÉCIMOPRIMERO: Realidad de las disposiciones de crédito reclamadas.

Con respecto a la realidad de las disposiciones que la actora afirma que realizó el demandado, las mismas quedan probadas a través del oficio cumplimentado por Banco Santander a requerimiento de esta Sala, oficio del que se desprende que, tal y como consta en el extracto de movimientos aportado con la demanda de juicio monitorio (documento 2), se realizaron transferencias de 2000, 900, 1.533 y 437 € a la cuenta cuya numeración final es NUM000, cuenta que se corresponde con la cuenta de cargo del demandado designada en el contrato aportado con la demanda de juicio monitorio (documento 1, página 3).

DÉCIMOSEGUNDO:En consecuencia, queda probada la entrega de capital por la parte demandante, por lo que no procede la plena desestimación de la demanda, si bien, como queda indicado, resulta procedente declarar la nulidad del contrato con los efectos previstos en el artículo 1.303 del Código civil.

Como indica la sentencia recurrida, para apreciar la nulidad no es preciso plantear reconvención, ya que como indica el artículo 408.2 LEC, la nulidad del título puede plantearse mediante contestación a la demanda.

DÉCIMOTERCERO:Pese a la estimación parcial de la demanda, procede imponer las costas a la parte demandada, ya que tal estimación se realiza sobre la base de apreciar la existencia de cláusulas abusivas, indicando la jurisprudencia del Tribunal Supremo que en tales supuestos debe condenarse al empresario o profesional al pago de costas, ya que de lo contrario, como indicaba la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de julio de 2017, el consumidor tendría que asumir el pago de las costas que le ha ocasionado la necesidad de tener que acudir a la vía judicial para impedir la actuación abusiva del contrario, lo cual provocaría un efecto disuasorio en sentido contrario, es decir en contra del consumidor.

En desarrollo de dicha doctrina jurisprudencial, se ha entendido que la apreciación de la existencia de una cláusula abusiva conlleva la imposición de las costas al profesional, aun cuando exista una estimación parcial de las pretensiones del consumidor.

Indica, por todas, la Sentencia del Tribunal Supremo 246/2023, de 14 de febrero, en la que se estimó el recurso de casación interpuesto contra una sentencia en la que no se hacía imposición de costas a la entidad bancaria demandada, ya que, si bien se había declarado la existencia de una cláusula abusiva, no se condenaba a dicha demandada a la restitución de la totalidad de lo reclamado por la actora. Indicaba dicha sentencia del Tribunal Supremo (el subrayado es propio de la presente resolución):

"Las exigencias previstas en los arts. 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13/CEE y los principios de no vinculación y de efectividad del Derecho de la UE, en los términos en que han sido interpretadas por nuestras sentencias, en especial la nº 35/2021, de 27 de enero , conducen a que, estimada la acción de nulidad por abusiva de la cláusula de gastos, aunque no se hayan estimado las pretensiones restitutorias, proceda la imposición de las costas de la primera instancia al banco demandado.Ello es conforme con la Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de julio de 2020, asuntos acumulados C-224/19 y C-259/19 ."

Por tanto, procede mantener la condena al demandante al pago de las costas causadas en la primera instancia.

DÉCIMOCUARTO:Estimándose parcialmente el recurso de apelación, por imperativo del artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no procede hacer imposición de las costas causadas en este recurso.

Vistos los preceptos legales citados y demás generales de pertinente aplicación.