Sentencia Civil 545/2024 Audiencia Provincial Civil de Barcelona nº 12, Rec. 868/2023 de 18 de octubre del 2024

PRIMERO.- Planteamiento del litigio en primera instancia.

Dña. Amalia presentó demanda de divorcio contra D. Laureano. El matrimonio se celebró el 20 de abril de 1.996 y tienen dos hijos en común, Nicolasa, nacida el NUM001 de 1.998. y Julián, nacido el NUM002 de 2.004. El último domicilio familiar se estableció en DIRECCION002, de DIRECCION003, ocupado en régimen de alquiler.

La Sra. Amalia planteaba un plan de parentalidad, solicitando una pensión de alimentos de 250 euros por hijo, una prestación compensatoria de 900 euros mensuales en tanto no variase sustancialmente su situación económica, y la atribución del uso del domicilio familiar. Ejercitaba además acción de división respecto de una plaza de parking de la que los cónyuges son copropietarios.

El 30 de diciembre presentó escrito de alegación de hechos nuevos, poniendo de manifiesto que se había reconocido a la Sra. Amalia incapacidad permanente en grado de absoluta para todo tipo de profesión por sentencia del Juzgado de lo Social nº 7 de Barcelona de 18 de julio de 2.022.

El Sr. Laureano contestó a la demanda, estando conforme con el divorcio y con la división de cosa común. Se puso de manifiesto que la actora ya no vivía en el que había sido el domicilio familiar, habiéndose resuelto el arrendamiento. Alegó, en cuanto a la pensión de alimentos de los hijos, la falta de legitimación activa de la actora respecto de la solicitada por la hija Nicolasa, por ser mayor de edad. En cuanto a la cuantificación, solicitaba que se fijase una contribución a los gastos en proporción 70% el padre-30% la madre. Se opuso al reconocimiento de la prestación compensatoria.

SEGUNDO.- Sentencia de instancia. Recurso de apelación.

La sentencia de 16 de febrero de 2.023 acuerda el divorcio. Se hace constar que las partes manifestaron su conformidad con la división de cosa común y el no establecimiento de pensión de alimentos para Nicolasa, asumiendo el padre el abono de la matrícula de sus estudios de enfermería. En cuanto a Julián, que ya había alcanzado la mayoría de edad, estableció una pensión de alimentos de 150 euros mensuales, y la distribución en proporción 70% el padre-30% la madre de los gastos comunes y extraordinarios del hijo. Fijó una prestación compensatoria a favor de la Sra. Amalia de 200 euros mensuales, con carácter indefinido. Se dictó auto aclaratorio de 22 de marzo de 2.023, acordando el carácter retroactivo de la pensión de alimentos a favor de Julián.

El Sr. Laureano recurre en apelación el pronunciamiento sobre la pensión de alimentos de Julián, alegando error en la valoración de la prueba y falta de legitimación activa, solicitando que no se establezca pensión de alimentos, y en caso de que se establezca, que no se fije importe en tal concepto, sino únicamente la contribución a los gastos en proporción 70% el padre-30% la madre. Apela también el reconocimiento de la prestación compensatoria a favor de la Sra. Amalia, y en todo caso su establecimiento con carácter indefinido, solicitando, de forma subsidiaria, que se reconozca una prestación compensatoria de 150 euros mensuales durante dos años.

La Sra. Amalia se opuso al recurso de apelación.

TERCERO.- Exposición de hechos relevantes.

Para la mejor decisión de la controversia, es preciso realizar una sintética exposición de los hechos más relevantes, admitidos y/o acreditados.

a) El matrimonio se celebró el 20 de abril de 1.996. La ruptura de la convivencia se produjo en 2.021. El régimen económico matrimonial es de separación de bienes.

b) La Sra. Amalia tiene formación como educadora social. Consta que trabajaba cuando contrajo matrimonio, con contrato indefinido. Dejó de trabajar después del nacimiento de Julián. Posteriormente, se volvió a incorporar al mercado laboral, si bien con contratos a tiempo parcial. Según su propia declaración, recibía entre 500 y 600 euros mensuales. La Sra. Amalia tiene problemas de salud desde hace aproximadamente 15 años. Como se ha señalado, se le ha reconocido incapacidad permanente en grado de absoluta para todo tipo de profesión por sentencia del Juzgado de lo Social nº 7 de Barcelona de 18 de julio de 2.022, con una pensión de 725,77 euros mensuales, estando aquejada de fibromialgia de grado intenso, DIRECCION004 en grado moderado, DIRECCION005, cervicalgia, lumbalgia crónica y tendinitis cálcica de tendón supraespinoso derecho.

Tras la resolución del contrato de arrendamiento de la vivienda familiar, se trasladó a vivir a casa de su padre, sin que conste que asuma gastos derivados de la misma.

c) El Sr. Laureano trabaja en DIRECCION006. empresa de la que son socios su padre y otra persona, desde 2.004. Aporta nóminas mensuales de 1.800 euros, y de la declaración de IRPF resultan unos 2.000 euros mensuales. Tal como recoge la sentencia de instancia, hay indicios de que existen más ingresos no declarados, cuya cuantía y periodicidad no puede establecerse. Reside en un piso de alquiler, por el que abona 825 euros mensuales de renta.

d) Los cónyuges tenían en común una plaza de parking, respecto de la cual se acordó la división, y una cuenta corriente de aproximadamente 24.000 euros, que se repartió entre ambos por mitad tras la separación.

e) Julián continúa estudiando. Del interrogatorio de las partes y de la testifical de Nicolasa resulta que durante la semana duerme en casa de la madre, aunque cena con el padre a tres días a la semana, y pasa la mayor parte de días festivos en casa del padre.

CUARTO.- Pensión de alimentos del hijo común mayor de edad (I). Normativa y doctrina.

De acuerdo con el artículo 237-1 del Código Civil de Cataluña, "Se entiende por alimentos todo cuanto es indispensable para el mantenimiento, vivienda, vestido y asistencia médica de la persona alimentada, así como los gastos para la formación si esta es menor y para la continuación de la formación, una vez alcanzada la mayoría de edad, si no la ha terminado antes por una causa que no le es imputable, siempre y cuando mantenga un rendimiento regular. Asimismo, los alimentos incluyen los gastos funerarios, si no están cubiertos de otra forma";estando obligados a prestarlos, conforme al artículo 237-2, "los cónyuges, descendientes, ascendientes y hermanos están obligados a prestarse alimentos".Conforme al artículo 237-4, "Tiene derecho a reclamar alimentos solo la persona que los necesita o, si procede, su representante legal y la entidad pública o privada que la acoja, siempre y cuando la necesidad no se derive de una causa que le sea imputable, mientras la causa subsista",y el artículo 237-5.1 indica que "Se tiene derecho a los alimentos desde que se necesitan, pero no pueden solicitarse los anteriores a la fecha de la reclamación judicial o extrajudicial."El artículo 237-13 regula la extinción de la obligación de prestar alimentos.

La sentencia de esta Sección de 25 de enero de 2.018, señala que "La Sala Civil del TSJC en sentencia 25/2016, de 14 de abril dice que de conformidad con el mandado constitucional ( artículo 39 de la C.E .), cuando se trata de hijos menores de edad y teniendo presente que los alimentos se prestan como un deber de la potestad parental, justificada una situación de indigencia o precariedad económica del obligado a prestarlos solamente se podrá acordar la suspensión de este derecho en casos muy excepcionales, es decir, primero procede el sacrificio del progenitor alimentante frente al mínimo vital del alimentista.

En cambio cuando se trata de hijos mayores de edad, los alimentos que incluyen - art. 237-1 C.C.Cat .- todo lo que sea indispensable para el mantenimiento, habitación, vestido y asistencia médica así como los gastos para la continuación de la formación, no encuentran su fundamento en el deber de la potestad parental, que al ser mayores de edad se ha extinguido, sino en los alimentos de origen familiar que en general se encuentran regulados en los artículos 237-1 y siguientes del C.C .Cat . En dichos supuestos cuando se justifica la carencia de ingresos del alimentante, debe decidirse si ha de mantenerse o no un mínimo vital para el hijo mayor de edad con sacrificio del alimentante.

Para los hijos mayores de edad ha de tenerse en cuenta el artículo 237-13. 1 c) del C.C.Cat ., cuando establece la extinción de la obligación de alimentos en aquellos casos en que se produce una reducción de las rentas y del patrimonio de las personas obligadas, de modo que haga imposible el cumplimiento de la obligación sin desatender las necesidades propias y la de las personas con derecho preferente a los alimentos.

En este mismo sentido se pronuncia la reciente Sentencia del TSJC de 30 de octubre de 2.017".

QUINTO.- Pensión de alimentos del hijo mayor de edad (II). Decisión que se adopta.

Ha de resolverse en primer lugar la alegación de falta de legitimación activa que formula el recurrente. En la demanda, se oponía dicha excepción exclusivamente respecto de Nicolasa. El principio de "perpetuatio iurisdictionis" determina que la legitimación de la Sra. Amalia para la reclamación de la pensión de alimentos de Julián, que en el momento en que se presentó la demanda era menor de edad y convivía con ella, no queda afectada por el hecho de que durante la tramitación del procedimiento haya alcanzado la mayoría de edad. Por otra parte, y según resulta de lo declarado en la vista, Julián sigue viviendo la mayor parte del tiempo con su madre, que igualmente por este motivo estaría legitimada para reclamar del Sr. Laureano el pago de la pensión de alimentos.

En cuanto a la necesidad de establecer la pensión de alimentos, no se discute que Julián sigue estudiando y no tiene independencia económica, por lo que se cumplen los presupuestos para su reconocimiento.

Finalmente, y en cuanto a la cuantía de la pensión, atendida la situación económica de los progenitores, así como el hecho de que el hijo reside la mayor parte del tiempo con la madre, se considera adecuada la establecida en la sentencia de instancia, sin que resulte procedente eliminar el pago directo de una cantidad a la madre, como pretende el recurrente, puesto que es sobre ella recaen principalmente los gastos ordinarios del hijo.

En todo caso, se recuerda que conforme a lo dispuesto en el artículo 237-9 del Código Civil de Cataluña los alimentados tienen en todo caso la obligación de comunicar a los alimentistas las modificaciones de circunstancias que determinen la reducción o la supresión de los alimentos tan pronto como se produzcan.

SEXTO.- Prestación compensatoria (I). Normativa y doctrina.

Establece el artículo 233-14 del Código Civil de Cataluña lo siguiente: "Prestación compensatoria.

1. El cónyuge cuya situación económica, como consecuencia de la ruptura de la convivencia, resulte más perjudicada tiene derecho a una prestación compensatoria que no exceda del nivel de vida de que gozaba durante el matrimonio ni del que pueda mantener el cónyuge obligado al pago, teniendo en cuenta el derecho de alimentos de los hijos, que es prioritario. En caso de nulidad del matrimonio, tiene derecho a la prestación compensatoria el cónyuge de buena fe, en las mismas circunstancias.

2. Se pierde el derecho a reclamar la prestación compensatoria si no se solicita en el primer proceso matrimonial o se establece en el primer convenio regulador.

3. Si uno de los cónyuges muere antes de que pase un año desde la separación de hecho, el otro, en los tres meses siguientes al fallecimiento, puede reclamar a los herederos su derecho a la prestación compensatoria. La misma regla debe aplicarse si el procedimiento matrimonial se extingue por el fallecimiento del cónyuge que debería pagarla".

El artículo 233-15 dispone: "Determinación de la prestación compensatoria.

Para fijar el importe y duración de la prestación compensatoria, debe valorarse especialmente:

a) La posición económica de los cónyuges, teniendo en cuenta, si procede, la compensación económica por razón de trabajo o las previsibles atribuciones derivadas de la liquidación del régimen económico matrimonial.

b) La realización de tareas familiares u otras decisiones tomadas en interés de la familia durante la convivencia, si eso ha reducido la capacidad de uno de los cónyuges para obtener ingresos.

c) Las perspectivas económicas previsibles de los cónyuges, teniendo en cuenta su edad y estado de salud y la forma en que se atribuye la guarda de los hijos comunes.

d) La duración de la convivencia.

e) Los nuevos gastos familiares del deudor, si procede".

La sentencia de esta Sección de 31 de marzo de 2.023 indica que "Es reiterada la jurisprudencia - SSTSJC.76/2014, de 27 de noviembre , 75/2015, de 29 de octubre y 85/2015, de 17 de diciembre , entre otras- que declara que la finalidad actual de la prestación compensatoria es la readaptación del cónyuge acreedor a la vida activa como consecuencia de las desmejoras económicas consiguientes a la disolución del matrimonio y a la pérdida de oportunidades experimentada precisamente por éste. No se concibe ya como una garantía de sostenimiento vital por parte del antiguo cónyuge ni como un derecho automático a una prestación económica permanente. Se presume que cada uno de los cónyuges debe ser capaz de mantenerse por si mismo y que tras la disolución del vínculo el menos favorecido debe actuar en forma proactiva para adquirir bienes propios que permitan su digna sustentación sin quedar sujeto a la permanente dependencia del otro. La pensión o prestación compensatoria tiende pues a compensar la disparidad en las condiciones de vida entre ambos creadas por el divorcio por el tiempo necesario para que el cónyuge que perdió o disminuyó sus oportunidades laborales pueda volver a adquirirlas y reestablecer el desequilibrio que se produce en relación con el nivel de vida del otro y el mantenido durante el matrimonio."

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nº 58/18, de 25 de junio, señala que "En relación con la limitación temporal, hemos declarado en reiterada jurisprudencia, aplicando la nueva normativa del CCCat (art. 233-17. 4 ), que la prestación compensatoria, por lo general, se otorga con un límite temporal. Su concesión en forma indefinida obligará a los Tribunales a exponer las razones por las que se entiende que se trata de circunstancias excepcionales y su criterio no será revisable en casación salvo arbitrariedad o irrazonabilidad. Y, añadíamos, que solo podrá establecerse una permanencia de la pensión por tiempo indefinido (vid STSJC 85/2015, de 17 de diciembre , 14/2017, de 14 de marzo , 28/2017, de 31 de mayo , 3/2018, de 8 de enero y 40/2018, de 3 de mayo ) cuando en el caso concreto concurra una potencialidad real y acreditada de que el/la beneficiaria, como consecuencia de sus circunstancias personales (edad, estado de salud, formación profesional, posibilidades de adquirir ayudas públicas, etc.) y de la ausencia de patrimonio, no podrá alcanzar, en un plazo mayor o menor, aquella autonomía pecuniaria de la que hubiera podido disfrutar de no haber mediado el matrimonio, permitiéndole subvenir a sus necesidades".

SÉPTIMO.- Prestación compensatoria (II). Decisión del Tribunal.

Tal como resulta de lo expuesto en el Fundamento de Derecho Tercero, la Sra. Amalia trabajaba cuando contrajo matrimonio. Tras el nacimiento de Julián, dejó el puesto que ocupaba, y se dedicó en mayor medida al cuidado de los hijos y del hogar, si bien posteriormente se reincorporó al mercado laboral, con trabajos de jornada reducida o a tiempo parcial. Se desconoce cuándo se produjo esta reincorporación. Su salario, cuando trabajaba, era de 600-700 euros mensuales, de manera que el sostenimiento de los gastos familiares procedía, fundamentalmente, de los ingresos del Sr. Laureano. Resulta también de lo actuado que la Sra. Amalia comenzó con sus problemas de salud aproximadamente en 2.008; tanto ella como Nicolasa describieron que cuando tenía crisis, no podía atender al trabajo doméstico y era ayudada por la hija y por una vecina. Durante el matrimonio, el Sr. Laureano se dedicó fundamentalmente a su trabajo, si bien ello no impide que colaborase en algunas tareas de la casa. El matrimonio ha durado 25 años.

Con estos elementos, se considera que quedan justificados los presupuestos para el reconocimiento de la prestación compensatoria, dada la desigualdad en la situación económica de los cónyuges derivada del divorcio, en la que resulta perjudicada la Sra. Amalia, sin que el hecho de que perciba una pensión de incapacidad y el apoyo habitacional que recibe por parte de su padre desvirtúen esta conclusión.

Sí que ha de estimarse el recurso de apelación, en cuanto a la duración de la prestación compensatoria. Como se ha indicado, sólo en situaciones de excepcionalidad cabe establecerla con carácter indefinido. En este caso, es cierto que la Sra. Amalia tiene reconocida la incapacidad permanente absoluta, pero también lo es que percibe una pensión de más de 700 euros, cantidad superior a los ingresos que tenía por su actividad laboral. Tiene cubierta su necesidad de vivienda sin necesidad de asumir gastos. En estas circunstancias, se estima procedente fijar para la prestación compensatoria un plazo de cinco años desde la fecha de la sentencia recaída en la primera instancia, lo que permitirá a la Sra. Amalia una desvinculación económica suave respecto del Sr. Laureano, y poder adaptarse a su nueva situación.

OCTAVO.- Costas.

Siendo estimado parcialmente el recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 398 de la Ley de Enjuciamiento Civil, no se hace especial pronunciamiento respecto de las costas de esta alzada.

Vistos los preceptos legales aplicados y demás de general y pertinente aplicación