Sentencia Civil 120/2025 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 12, Rec. 810/2024 de 21 de marzo del 2025

PRIMERO. -Frente a la resolución pronunciada por el Juzgado de Primera Instancia Número Seis de los de Valdemoro, se alza la apelante entidad PRA IBERIA, S.L.U. alegando los siguientes motivos de impugnación:

1º.- Del requerimiento previo de pago. Del error en la apreciación jurídica de la prueba. Incorrecta aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo. Del precedente idéntico al presente en el Tribunal Supremo: La Sentencia 185/2023 de 7 de febrero de 2023.

2º.- De la prueba de actos propios.

SEGUNDO. -Un renovado examen de las actuaciones y el visionado del soporte audiovisual conducen a la Sala a estimar que el recurso de apelación debe tener favorable acogida.

EL presente procedimiento se inicia por demanda formulada por DOÑA Alicia sobre tutela del derecho al honor frente a la entidad PRA IBERIA, S.L.U., en base en síntesis en los siguientes hechos:

1º.- Que se dirigió a la entidad CAIXABANK al objeto de solicitar un préstamo y el empleado de la sucursal le comunicó que no se lo podía conceder puesto que su nombre aparecía en un fichero de morosos.

2º.- Que ante esta tesitura y ejerciendo su legítimo derecho de acceso al fichero de morosos ASNEF descubre con sorpresa, que efectivamente le habían incluido por una supuesta deuda impagada por importe de 491,36 € y con fecha de alta 25 de febrero de 2018.

3º.- Que la supuesta deuda por la que se la ha incluido en dicho fichero no ha sido objeto de requerimiento de pago, ni está reconocida, ni ha sido objeto de advertencia de inclusión en el fichero de morosos en caso de impago.

4º.- Y, por consiguiente, se ha producido una vulneración de los requisitos legales para la inclusión de deudas en el Registro de morosos.

A esta pretensión se opuso la entidad PRA IBERIA, S.L.U. alegando con carácter previo que adquirió dos deudas a nombre de la demandante, en concreto, dos créditos que hasta entonces mantenía con BANKIA, S.A., habiendo sido comunicada dicha cesión a la demandante con fecha 20 de diciembre de 2017; que una vez firmada la cesión de los créditos de la demandante, PRA IBERIA, S.L.U. envió notificación y requerimiento de pago a la demandante, comunicaciones que fueron enviadas a través de un distribuidor oficial de Correos y Telégrafos, concretamente, a través de la compañía APAMARA, S.L..

Tras los trámites legales oportunos, se dictó sentencia estimando íntegramente la demanda, con expresa imposición de costas a la parte demandada.

TERCERO. -Sólo será posible la inclusión en estos ficheros de datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica del afectado, siempre que concurran los siguientes requisitos: a) Existencia previa de una deuda cierta, vencida, exigible. b) Que no hayan transcurrido seis años desde la fecha en que hubo de procederse al pago de la deuda o del vencimiento de la obligación o del plazo concreto si aquella fuera de vencimiento periódico. c) Requerimiento previo de pago a quien corresponda el cumplimiento de la obligación.

Al respecto, señala la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 27 de septiembre de 2023:

"< Como sostiene la Audiencia Provincial "[l]a entidad demandada cumplió razonablemente el requisito del requerimiento previo".

La dirección a la que se envió la carta que lo contenía es idónea. Fue la que la propia recurrente señaló en el contrato, y no consta que, tal y como se había pactado, esta comunicara a la recurrida su cambio.

De otra parte, la sentencia recurrida no conculca nuestra doctrina sobre el carácter recepticio del requerimiento previo de pago, que, como hemos dicho reiteradamente, no exige la fehaciencia de su recepción, puesto que esta se puede considerar fijada a través de las presunciones siempre que exista garantía o constancia razonable de ella (por todas, sentencias 863/2023, de 5 de junio , 960 y 959/2022, de 21 de diciembre ), que en el presente supuesto existe, al ser idónea la dirección a la que se envió la carta conteniendo el requerimiento, acreditarse su admisión para envío por el servicio postal de correos y no constar su devolución, no existiendo de otra parte dato alguno con reflejo en los autos del que se pueda inferir que la carta no llegara a su destino o que su recepción se hubiera malogrado por razones achacables al prestador del servicio postal encargado y responsable de entregarla al destinatario.

No pudiendo reprobarse tampoco el sistema de comunicación seguido por la recurrida, pues como también dijimos en las sentencias 959/2022 y 863/2023 y hemos reiterado en la 1056/2023, de 28 de junio :

"Tampoco se puede tachar la comunicación por formar parte de un gran conjunto de ellas, puesto que dicha circunstancia, igual que si se hubiera presentado de forma independiente e individual, no impide su puesta a disposición del servicio postal de correos, que opera un número ingente de comunicaciones y que no puede denegar su admisión (documentada en los autos con los albaranes de entrega) por el mero hecho de formar parte de una remesa masiva de envíos que le son confiados por el remitente para la realización de un proceso postal integral (clasificación, transporte, distribución y entrega) que debe garantizar de manera efectiva los derechos de los usuarios y del que, una vez producida la recepción, se hace responsable, conforme a lo dispuesto por el art. 3.12.b) de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre , del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal.

"Ni equipararse este supuesto, atendidas las circunstancias que lo califican, con otros cuya tipología es distinta, como aquellos en los que la comunicación fue remitida a una dirección postal de la que fue devuelta por ser el destinatario desconocido o donde anteriormente ya se había producido una devolución por la misma circunstancia, lo que sí cuestiona, como ya hemos dicho, la garantía de la recepción ( sentencia 854/2021, de 10 de diciembre ).".

3. En consecuencia, la sentencia recurrida es correcta y no vulnera la norma que se citan como infringida ni conculca nuestra doctrina, por lo que procede desestimar el motivo y con él el recurso de casación".

Y la Sentencia del mismo Alto Tribunal de fecha 26 de septiembre de 2023 dice:

"1.- Planteamiento. En el encabezamiento del motivo primero del recurso el recurrente invoca la infracción del 38.1 c) del Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, al no haber existido requerimiento de pago válido con carácter previo a la inclusión de la deuda en el fichero Asnef de Equifax.

En el desarrollo del motivo, el recurrente argumenta que "con la invocación de esta infracción nos hallamos ante una cuestión fáctica y no jurídica". Y que la cuestión litigiosa consiste en si para el cumplimiento del requisito del requerimiento previo de pago basta con una carta de reclamación remitida por correo ordinario, una certificación de una empresa independiente que confirme que la carta viajaba en una remesa masiva y la confirmación del remitente de que la carta no fue devuelta, "y ello aun cuando no constaba con certeza que la carta se hubiera incluido en la remesa masiva citada".

2.- Decisión del tribunal. La redacción del motivo es confusa, incluso contradictoria. Por un lado, afirma que lo que plantea el motivo es una cuestión fáctica y no jurídica, pero junto al planteamiento de cuestiones puramente fácticas (en concreto, una impugnación de la valoración probatoria realizada por la sentencia recurrida), se plantean también cuestiones jurídicas. Por otro lado, afirma que no es suficiente para considerar cumplido el requisito del requerimiento previo de pago su envío por correo ordinario, pero asimismo considera que no está probado ese envío por correo ordinario.

3.- Respecto de las cuestiones fácticas planteadas, esta sala ha declarado hasta la saciedad que no puede ser objeto del recurso de casación la impugnación de la valoración de la prueba realizada por el tribunal de apelación ni puede pretenderse que, para resolver el recurso de casación, se corrija la fijación de los hechos realizada por el tribunal de apelación. En la sentencia 960/2022, de 21 de diciembre , con cita de la 572/2022, de 18 de julio , hemos declarado:

"Aunque es doctrina reiterada que, cuando la resolución del recurso de casación afecta a derechos fundamentales, la sala no puede partir de una incondicional aceptación de las conclusiones probatorias obtenidas por las sentencias de instancia, sino que debe realizar, asumiendo una tarea de calificación jurídica, una valoración de los hechos en todos aquellos extremos relevantes para apreciar la posible infracción de los derechos fundamentales alegados, también lo es que este principio no puede llevar a desvirtuar la naturaleza del recurso de casación solicitando del Tribunal Supremo que corrija la concreta fijación de los hechos efectuada en la sentencia recurrida o que realice una nueva valoración de la prueba en su conjunto, o proponiendo una calificación que haga supuesto de dicha revisión, pues el objeto del recurso de casación se limita al examen de concretas infracciones del ordenamiento jurídico en virtud del llamado principio de especialidad, y en él no se pueden combatir de modo abierto las conclusiones obtenidas por la sentencia recurrida, solicitando una valoración conjunta de los medios de prueba o un examen exhaustivo de la valoración de los hechos efectuada por el tribunal de instancia pues esto convertiría el recurso en una tercera instancia, lo que ha sido rechazado con reiteración por esta sala".

En este caso, tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial, al valorar los documentos aportados, han considerado acreditado que el requerimiento de pago fue remitido por el gestor postal (en este caso, el Servicio de Correos) al domicilio del deudor que constaba en el contrato de tarjeta. La impugnación que el recurrente realiza de esta valoración probatoria y la pretensión de que, para resolver el recurso, se parta de unos hechos distintos de los fijados en la sentencia recurrida, no puede ser aceptada en un recurso de casación.

4.- La cuestión de naturaleza jurídica planteada, si es suficiente la remisión por correo ordinario, dentro de un envío masivo, del requerimiento de pago (y, debe añadirse, al domicilio del deudor que consta en el contrato y sin que conste la devolución de la carta, como queda fijado en la sentencia recurrida), ya ha sido resuelta por el pleno de esta sala en la sentencia 959/2022, de 21 de diciembre , que en su fundamento segundo ha declarado:

"Y nuestra doctrina sobre el carácter recepticio del requerimiento previo de pago no exige, como hemos dicho, la fehaciencia de su recepción, que se puede considerar fijada a través de las presunciones, como en este caso, siempre que exista garantía o constancia razonable de ella, que en el presente supuesto también existe, puesto que en ningún momento se ha negado que el domicilio del demandado coincidiera con la dirección de destino indicada en la comunicación o argumentado que esta se hubiera malogrado por razones achacables al servicio postal de correos, de las que, por lo demás, no existe reflejo alguno en los autos.

" Tampoco se puede tachar la comunicación por formar parte de un gran conjunto de ellas, puesto que dicha circunstancia, igual que si se hubiera presentado de forma independiente e individual, no impide su puesta a disposición del servicio postal de correos, que opera un número ingente de comunicaciones y que no puede denegar su admisión (documentada en los autos con los albaranes de entrega) por el mero hecho de formar parte de una remesa masiva de envíos que le son confiados por el remitentepara larealización de un proceso postal integral (clasificación, transporte, distribución y entrega) que debe garantizar de manera efectiva los derechos de los usuarios y del que, una vez producida la recepción, se hace responsable, conforme a lo dispuesto por el art. 3.12.b) de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre , del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal.

"Ni equipararse este supuesto, atendidas las circunstancias que lo califican, con otros cuya tipología es distinta, como aquellos en los que la comunicación fue remitida a una dirección postal de la que fue devuelta por ser el destinatario desconocido o donde anteriormente ya se había producido una devolución por la misma circunstancia, lo que sí cuestiona, como ya hemos dicho, la garantía de la recepción ( sentencia 854/2021, de 10 de diciembre )".

Las razones expuestas determinan la desestimación del motivo".

Por otro lado, como destacó la sentencia del Tribunal Supremo 604/2022, de 14 de septiembre, incluso la discrepancia entre la cantidad notificada al deudor en el requerimiento de pago y la cantidad que consta en el fichero no implica de por sí una vulneración al honor, pues lo relevante es si se le ha incluido en un registro de solvencia sin ser moroso realmente. Por tanto, cualquier posible corrección o error en la cifra de la deuda que refleja el fichero no resulta relevante, dado que es una información que puede sufrir cambios, por ejemplo, debido a los intereses de demora.

Debe destacarse que el objeto de esta resolución no puede ser la determinación de la existencia concreta de ese saldo deudor, pues deberá ser objeto del procedimiento correspondiente, en su caso, habiendo quedado acreditado a través de la documental obrante en las actuaciones la firma del contrato, de modo que queda debidamente justificada la existencia de un título que acreditaría la relación entre las partes y el origen de la deuda exigida.

Y por último y en cuanto a las consideraciones generales, la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de septiembre de 2022 dice lo que sigue:

" Esta sala en sentencia 422/2020, de 14 de julio , estableció que ante la contumacia en el impago de las deudas la finalidad del requerimiento había decaído.

En sentido similar la sentencia 563/2019, de 23 de octubre , ante un caso de ausencia de requerimiento previo, pese a lo cual se declara que el deudor no se vio sorprendido por la inclusión en el fichero al tener constancia de la deuda.

La doctrina reseñada de la sala realiza una acertada interpretación funcional del requisito del requerimiento: su exigibilidad se funda en la necesidad de evitar "sean incluidas en estos registros personas que, por un simple descuido, por un error bancario al que son ajenas, o por cualquier otra circunstancia de similar naturaleza, han dejado de hacer frente a una obligación dineraria vencida y exigible sin que ese dato sea pertinente para enjuiciar su solvencia. Además, les permite ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación" ( SSTS 563/2019, de 23 de octubre ; 740/2015, de 22 diciembre )".

CUARTO. -Descendiendo al supuesto enjuiciado son hechos acreditados los siguientes:

1º.- Con fecha 13 de mayo de 2021 la entidad EXPERIAN emite oficio en el que hace constar que los datos referidos a DOÑA Alicia que aparecen en el fichero BADEXCUG son:

*.- Entidad informante: PRA IBERIA, S.L.U.

*.- Importe impagado: 491, 36 €

*.- Producto financiado: Tarjeta de Crédito.

*:- Fecha de alta: 25/2/2018.

2º.- Que con fecha 30 de noviembre de 2017, la sociedad PRA IBERIA, S.L.U. adquiere mediante CESION DE UNA CARTERA DE CREDITOS de las sociedades BFA TENEDORA DE ACCIONES, S.A.U. y BANKIA, S.A., los derechos y obligaciones derivados de las operaciones de crédito que aparecen designados en el CD de datos depositados por el citado Cedente, entre los cuales se encuentra la correspondiente a DOÑA Alicia.

3º.- Dicha cesión fue comunicada a la Sra. Alicia con fecha 20 de diciembre de 2017, mediante carta de información y requerimiento formal de pago (doc. 3 de la contestación), a través de un distribuidor oficial de Correos y Telégrafos, S.A., en concreto a través de la compañía APAMARA, S.L., que certificó que no había ninguna devolución de dicha comunicación (doc. 8).

4º.- La comunicación fue enviada a la dirección que figura en el contrato firmado por la Sra. Alicia, en la que además de informarle de la cesión, le comunicaba que debido a sus reiterados incumplimientos de pago, su contrato había sido resuelto y que por tanto, a partir de ese momento debeía satisfacer la deuda a PRA, y que de no producirse el pago en el término de 30 días naturales y cumplirse el resto de los requisitos, los datos derivados de su impago podrán ser comunicados a los ficheros de morosos.

5º.- PRA IBERIA, S.L.U envió además, con posterioridad al previo requerimiento anterior, una carta certificada a la misma dirección indicada por la demandante, siendo el resultado el siguiente: i) carta certificada de 10 de mayo de 2018 (doc. 20 de la contestación); ii) Acuse de recibo de 17 de mayo de 2018, con respuesta "ausente de reparto" (doc. 21); iii) 2º acuse de recibo de 2 de junio de 2018, con respuesta "no retirado" (doc. 21).

Por consiguiente, resulta acreditado que nos encontramos ante una deuda real, cierta y exigible, que la actora era perfectamente conocedora de la existencia de la misma y que la demandada remitió requerimiento de pago exigiendo el abono de la deuda e informando a la demandante de las consecuencias de su impago, incluyendo la inclusión en ficheros de morosidad; en definitiva, el requerimiento previo de pago y la declaración ulterior de la deuda enjuiciada en ficheros de impago se realizó correctamente, con observancia de la normativa legal específica en materia de protección de datos, lo que conlleva la estimación del recurso de apelación y la íntegra revocación de la sentencia recurrida.

QUINTO. -Que, al estimarse el recurso de apelación, a tenor de lo previsto en el artículo 398 LEC, no se hará expresa imposición de las costas procesales originadas en esta alzada, debiendo la parte demandante soportar las causadas en la primera instancia de conformidad con lo preceptuado en el artículo 394 del mismo texto legal.

En virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberanía Popular y en nombre de S.M. el Rey.