Sentencia Civil 204/2025 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 12, Rec. 400/2023 de 28 de mayo del 2025

PRIMERO:Se aceptan y dan por reproducidos los fundamentos de la resolución recurrida, salvo en aquello en que resulten contradichos por los razonamientos de la presente resolución.

SEGUNDO:La sentencia que se recurre estimó la demanda interpuesta en reclamación de los perjuicios que, afirmaban los actores, habían sufrido como consecuencia de las deficiencias de las que adolecían algunos de los módulos solares suministrados e instalados por la demandada.

TERCERO:La demandada indica en su recurso que la sentencia recurrida, en aplicación del principio "iura novit curia", entiende que no se solicita el cumplimiento de una obligación contractual sino legal, ya que resulta aplicable el artículo 1.106 del Código civil, por lo que no es preciso buscar documentación que establezca la obligación de responder de los daños por lucro cesante. Considera la recurrente que con ello se modifica el suplico de la demanda, que establece como causa de pedir el incumplimiento de una obligación contractual, convirtiéndolo la sentencia recurrida en una indemnización de daños y perjuicios de carácter legal.

CUARTO:La sentencia recurrida entiende que no es preciso que exista un pacto expreso de indemnizar los perjuicios ocasionados, ya que el artículo 1.106 del Código civil permite reclamar los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones, por lo que entiende que no se reclama el cumplimiento de una obligación contractual sino legal, y entendiendo acreditados los perjuicios que se reclaman estima íntegramente la demanda.

El artículo 218.1 LEC establece en su primer párrafo que las sentencias deben ser congruentes con las pretensiones de las partes, y en el párrafo segundo contempla el principio "iura novit curia",que permite que el juzgador determine los preceptos a aplicar para resolver la controversia que le es planteada siempre que respete la causa de pedir, es decir el conjunto de hechos alegados por las partes en el proceso, que debe diferenciarse del título, como negocio jurídico.

La STS de 21 de octubre de 2015, reproduciendo lo resuelto en la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de julio de 2007, indica a este respecto:

"Distinción entre título, como negocio jurídico, y causa de pedir, concepto más amplio, como hecho o conjunto de hechos que tienen idoneidad para producir efectos jurídicos, como acaecimiento de cuya existencia o inexistencia pretende el actor deducir las consecuencias jurídicas determinantes de su petición o, si se quiere, como relato histórico en que se funda la demanda ( SSTS 24-7-96 y 3-10-00 )."

En el presente supuesto, el juzgador de instancia estima la demanda sobre la base de los hechos alegados y probados en el procedimiento, por lo que su resolución no se aparta de la causa de pedir. Indica que para que prospere la pretensión del actor no es preciso que exista una previsión expresa en el contrato, ya que el artículo 1.106 del Código civil permite reclamar la indemnización de perjuicios derivada del incumplimiento contractual, lo cual le lleva a considerar que la obligación de la demandada de responder por los perjuicios ocasionados es de carácter legal, pero no por ello altera los hechos, sino únicamente resuelve la pretensión sobre la base del precepto referido, lo que, a su vez, le lleva a calificar como legal la obligación incumplida por la parte demandada, lo cual se trata más de una cuestión terminológica que sustancial, ya que en definitiva se resuelven las pretensiones formuladas sobre la base de los hechos alegados y aplicando el precepto que se estima pertinente, de conformidad, por tanto, con lo previsto en el citado artículo 218.1, párrafo segundo, LEC.

Pero es más, resulta plenamente acertado señalar que la reclamación de los perjuicios derivados del incumplimiento contractual no precisan de pacto expreso alguno, ya que el legislador prevé la posibilidad de reclamar daños y perjuicios en caso de incumplimiento contractual, no sólo en el artículo 1.106 del Código civil que cita la resolución recurrida, sino también en otros diversos preceptos, como son el artículo 1.101 y 1.124 del mismo Código, los cuales establecen lo que incluso puede considerarse un principio general del derecho, que no es otro que el derecho a reclamar los perjuicios derivados del incumplimiento contractual. No obstante, entiende esta Sala que no por ello la reclamación de satisfacción de daños y perjuicios deja de ser una reclamación por incumplimiento contractual, ya que los referidos preceptos no hacen sino determinar las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones contractuales, si bien, como indicábamos, el hecho de que la sentencia recurrida haya considerado que se trata de una obligación legal resulta intrascendente, ya que respeta los hechos alegados y no hace sino calificar jurídicamente, según su criterio, el tipo de responsabilidad contraída por la demandada, si bien, se califique la responsabilidad como legal o contractual, resulta obvio que, en caso de incumplimiento contractual, el perjuicio ha de ser reparado.

QUINTO:Entiende el recurrente que no queda debidamente determinado cuál es el incumplimiento que se le imputa, estableciendo los contratos aportados con la demanda las garantías que la demandada ofrecía con respecto a las placas solares suministradas, garantías entre las que no se encontraba la obtención de unos determinados ingresos por la venta de energía ni un nivel de beneficios. Los módulos que presentaban deficiencias fueron sustituidos, instalándose otros nuevos, pero la indemnización que se reclama carece de justificación al no estar contractualmente prevista, por lo que no existe incumplimiento de contrato por su parte.

SEXTO:La hoy demandada suscribió con las actoras sendos contratos (documentos 4, 5 y 6 de la demanda) en los que se comprometía al suministro, montaje, construcción y puesta en marcha, en la modalidad llave en mano, de una instalación de energía eléctrica de, aproximadamente, 100 kW de potencia nominal. A lo largo de los contratos se describen las obligaciones de las partes, comprometiéndose la demandada al suministro, instalación y puesta en funcionamiento del parque solar.

Con carácter previo al presente procedimiento, las actoras plantearon reclamación frente a la parte demandada, dadas las deficiencias que presentaban diversos módulos de las instalaciones efectuadas por la demandada, siendo estimada su demanda mediante sentencia de 6 de abril de 2015, dictada por el juzgado de primera instancia 68 de Madrid en procedimiento ordinario 275/2014, en la que se declaraba el incumplimiento de sus obligaciones contractuales por parte de la demandada con respecto a los rendimientos a obtener, siendo condenada a la reposición de diferentes módulos en cada una de las 3 instalaciones pertenecientes, respectivamente, a las actoras. Dicha resolución fue recurrida en apelación, siendo desestimado el recurso interpuesto por la hoy demandada por sentencia dictada el 1 de marzo de 2016, por la Sección 10ª de esta Audiencia Provincial.

La demandante indica en su demanda que, tras haber concluido los trabajos de sustitución de los módulos defectuosos, reclama la indemnización por pérdida económica sufrida desde el año 2008 al año 2016, ambos incluidos.

Por tanto, resulta obvio que lo que se le reclama y por lo que se le condena, es por el hecho de haber suministrado paneles solares defectuosos, incumpliendo la obvia obligación ( artículo 1.258 del Código civil) de quien suministra e instala tales elementos, de que éstos funcionen debidamente, sin que quepa objetar que la fabricación la realiza un tercero, ya que la demandada se comprometió a suministrar dichos equipos fotovoltaicos, garantizando contractualmente su correcto funcionamiento (cláusula 9ª de los contratos), quedado acreditadas en el anterior procedimiento las deficiencias de que adolecían diferentes paneles, lo cual suponía incumplimiento de "la obligación contractual consistente en garantizar una rendimientos por parte de los paneles instalados y que ello no se alcanza"(párrafo último el fundamento segundo de la sentencia de instancia, confirmada por la Sección 10ª de esta Audiencia Provincial) por lo que fue condenada a su sustitución, reclamándose actualmente los perjuicios ocasionados como consecuencia del deficiente funcionamiento de las instalaciones hasta que fueron sustituidos los paneles defectuosos.

Efectivamente, como indican las sentencias dictadas en el proceso previo anteriormente reseñado, el suministro e instalación de paneles solares que no cumplían los rendimientos garantizados contractualmente, supone un evidente incumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por parte de la demandada.

Dicho incumplimiento contractual, tal y como prevé el artículo 1124, párrafo segundo, del Código civil, obliga a la demandada al recto cumplimiento del contrato -reponiendo los paneles defectuosos- y a la indemnización de perjuicios ocasionados por tal incumplimiento-el lucro cesante que aquí se reclama.

Cabría plantearse si los perjuicios que se reclaman actualmente debieron serlo en el proceso previo, en aplicación del artículo 400 LEC, no obstante, aparte de que no se plantea tal cuestión, en todo caso, la pretensión que se formula en este procedimiento es distinta de la que se formuló en el anterior y además no podía serlo anteriormente, ya que al plantear el anterior litigio se ignoraba cuál era el momento en que las deficiencias quedarían reparadas mediante la reposición de los paneles afectados, ni podía saberse anticipadamente cuál sería la incidencia de las deficiencias sobre la producción de energía y, por consiguiente, el lucro cesante que ello generaría.

Como indica la Sentencia del Tribunal Supremo 324/2025, de 4 de marzo, transcribiendo la Sentencia del Tribunal Supremo 189/2011, de 30 de marzo, lo que impide el artículo 400 LEC es formular la misma pretensión en un proceso posterior, basada en hechos y fundamentos que pudieron ser alegados en el proceso previo, no obligando dicho precepto a formular en una misma demanda todas las pretensiones que, sobre la base de unos mismos hechos, se tengan frente al demandado:

"»Como ya declaramos en la sentencia núm. 768/2013, de 5 de diciembre , tal precepto[ artículo 400 LEC] ha de interpretarse en el sentido de que no pueden ejercitarse acciones posteriores basadas en distintos hechos, fundamentos o títulos jurídicos cuando lo que se pide es lo mismo y cuando tales fundamentos, fácticos y jurídicos, pudieron ser alegados en la primera demanda.

»Pero lo que no supone tal precepto es que el litigante tenga obligación de formular en una misma demanda todas las pretensiones que en relación a unos mismos hechos tenga contra el demandado»."

SÉPTIMO:Realmente, la esencia del presente litigio radica en determinar cuál es el importe del lucro cesante que han sufrido los actores, lo cual a su vez gira en torno a cuál es el método a aplicar para determinar tal pérdida.

La apelante, a lo largo de diversos pasajes de su recurso, realiza una evaluación de la prueba practicada y por ello entiende que lo procedente es acoger el criterio mantenido por la señora perito por ella designada, no obstante, tal valoración de la prueba se basa en una visión, lógicamente subjetiva y parcial de la misma, no obstante, una evaluación objetiva de la prueba practicada lleva a estimar la valoración que efectúa la parte actora.

Efectivamente, la actora aporta informe pericial en el que se cuantifica la pérdida por comparación con otras instalaciones solares de iguales características, instaladas en el mismo lugar. Se determina cuál es el importe de los ingresos obtenidos por dichas instalaciones que funcionaron correctamente, comparándolos con los obtenidos por las instalaciones afectadas por las deficiencias, por lo que se reclama la diferencia entre uno y otro.

La parte demandada, en la prueba pericial confeccionada a su instancia ofrece un sistema de cálculo fundamentalmente teórico y ciertamente complejo. Toma como referencia la degradación de los paneles solares en el año 2013, les resta la degradación por envejecimiento en dicha fecha y con ello obtiene la degradación por defecto, de lo cual, mediante una proyección de tales datos, tanto sobre años anteriores como posteriores, determina la curva de degradación acumulada, calculando sobre tales bases el importe de la pérdida económica padecida.

El razonamiento que sustenta la valoración que efectúa la actora es totalmente racional, ponderado y equitativo, ya que, al existir diez instalaciones similares en el mismo lugar, comparar la producción de energía eléctrica entre las instalaciones solares que funcionaban correctamente y aquellas que adolecían de deficiencias, es obvio que resulta un sistema adecuado para calcular el lucro cesante que se reclama.

Frente a ello la parte demandada ofrece un hipotético y complejo sistema de cálculo, que se basa en la proyección, hacia años anteriores y posteriores, de un dato correspondiente un año determinado. La señora perito designada por la demandada, consideró el mismo preferible al utilizado por la actora, ya que no influyen las averías que hayan podido padecer las instalaciones solares u otros defectos, no obstante reconoció igualmente que su sistema de valoración se basa en hipótesis, reconociendo que no era perfecto, y que la degradación por envejecimiento en 2013 no tenía por qué ser exactamente del 6,5%-que es la que toma en consideración-, pero aproximadamente sería esa, con lo cual el dato que extrapola y sirve de base a su cálculo, es inexacto.

Por su parte, el perito designado por la actora, aparte de ofrecer en el acto de juicio una explicación clara y comprensible de su sistema de cálculo, indicó que había tomado en consideración incidencias importantes, tales como paradas totales de las instalaciones, las cuales había eliminado del cómputo.

En definitiva, frente un sistema de cálculo basado en datos objetivos, razonados y razonables, se plantea por la demandada un sistema hipotético, que parte únicamente de un dato objetivo, a su vez modificado por la degradación que se supone se produce por envejecimiento, por lo que ha de prevalecer el criterio del dictamen de la actora.

El hecho de que el sistema de cálculo utilizado por la demandada permita eliminar las posibles incidencias acontecidas, no lo hace preferible, ya que si es posible eliminar tales incidencias, lo es precisamente porque, pese a tener datos de producción real que permiten una comparación objetiva y verosímil, se acude a un sistema hipotético y teórico, que si bien elude incidencias reales, al mismo tiempo desecha la existencia de datos objetivos como es la producción real de plantas solares similares.

Por otro lado, la alegación de que se carece de datos de facturación que permitan determinar cuál ha sido esta, no es de acoger, en primer término porque no existe constancia de que tales datos le hayan sido ocultados a la parte demandada, por el contrario, reconoció el señor Benigno, que intervino como testigo-perito, que habían existido conversaciones con la parte actora previas a este proceso, en la que se habían hecho diferentes cálculos sobre la base de la facturación, y si bien indicó que únicamente se discutía el método a utilizar, sin cuestionar los datos, resulta obvio que si la veracidad de los mismos le ofrecían alguna duda, lo lógico es que hubiera recabado el soporte documental correspondiente, al objeto de poder verificar si los datos sobre los que efectúan cálculos eran correctos. En todo caso, lo que se desprende de lo actuado es que la demandada no ha orientado sus cálculos al sistema referido en su informe pericial por carecer de datos de facturación, sino por considerar más idóneo el sistema que propugna en su informe pericial, desechando la existencia de datos objetivos de producción y facturación sobre los que efectuar el cálculo de la pérdida.

OCTAVO:Indica la recurrente que ignora los motivos que inducen al juzgador de instancia considerar más objetivo y equitativo el informe aportado por las demandantes, y entiende que existe vulneración del artículo 218.2 LEC, ya que no se razona el proceso valorativo de la prueba.

Ante todo, cabe señalar que, si la recurrente entendía que la sentencia recurrida no daba debido cumplimiento a la obligación de motivación, pudo y debió plantear la correspondiente aclaración de la misma en primera instancia en base a los artículos 214 y 215, ambos LEC, no habiéndolo hecho así no puede plantear tal pretendida deficiencia procesal en esta alzada, para ello sería preciso haberla denunciado oportunamente, tal y como dispone el artículo 459 LEC.

En todo caso, cabe añadir que la sentencia recurrida reseña con detalle la pericia elaborada a instancia de la demandante y la elaborada a instancia de la parte demandada, señalando con respecto a ésta que no resulta fácil entender el significado del método "recta de degradación diferencial equivalente",recogiendo literalmente, incluso, la explicación que del mismo se realiza en diversos apartados de la pericial. Destaca los aspectos que considera más relevantes de las declaraciones de los peritos y del testigo-perito que intervinieron en el acto de juicio, y concluye que el informe de la parte demandante es "más claro y entendible y que defiende un criterio más objetivo y equitativo",con lo cual queda claro el criterio seguido por el juzgador para considerar que es de acoger el criterio establecido en el dictamen de la actora, argumentos que por otro lado asume esta Sala, ya que, como queda indicado, el dictamen de la demandante se basa en criterios objetivos y razonables, y por ello equitativos, frente a los criterios teóricos, y ciertamente complejos como indica la sentencia recurrida, que sustentan el dictamen pericial aportado por la parte demandada.

NOVENO:Siendo la presente resolución desestimatoria del recurso de apelación, con arreglo al artículo 394 LEC, al que remite el artículo 398 LEC, procede imponer al recurrente el pago de las costas causadas en esta alzada.

En virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberanía Popular y en nombre de S.M. el Rey.