Sentencia Civil 741/2024 Audiencia Provincial Civil de Barcelona nº 13, Rec. 1024/2024 de 07 de noviembre del 2024

PRIMERO.-Apela la demandada Vodafone Servicios,S.L.U. la sentencia de primera instancia estimatoria de la demanda formulada por el Sr. Jesús, en ejercicio de una acción de protección del derecho al honor, con fundamento en el artículo 18.1 de la Constitución, y el artículo 7.Siete de la Ley Orgánica 1/1982,de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen, en relación con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales, y Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por la inclusión del actor en los ficheros de morosos Asnef y Badexcug, a partir del 11 de febrero y el 4 de abril de 2021, respectivamente, por el impago de una deuda de 203Ž89 €, por entender la sentencia de primera instancia que la deuda no era cierta, condenando a la demandada al pago al actor de una indemnización de 10.000 €, y a la exclusión de los ficheros de morosos, alegando la demandada apelante el cumplimiento de los requisitos legales para la inclusión del demandante en los ficheros de morosos, solicitando la demandada apelante la completa desestimación de la demanda.

Centrado así el objeto del pleito, en la primera y la segunda instancia, es doctrina constante, uniforme, y reiterada ( Sentencias del Tribunal Supremo de 12 de Mayo y 5 de Diciembre de 1989, y 11 de Junio de 1990) que el derecho al honor, proclamado como fundamental en el artículo 18.1 de la Constitución, es un derecho, en cuanto derivado de la dignidad humana, a no ser escarnecido o humillado ante uno mismo (inmanencia o aspecto interno de tal derecho) o ante los demás (trascendencia o aspecto externo o social del mismo), y cuya negación o desconocimiento se produce, fundamentalmente, a través de alguna expresión proferida o cualificación atribuida a una persona que, inexcusablemente, la haga desmerecer en su propia estimación o en la del entorno social o profesional en que se desenvuelve, de ahí que el artículo 7.Siete de la Ley Orgánica 1/1982,de 5 de mayo, en la redacción introducida por la Disposición Final Cuarta de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, conceptúe como ataque al honor la imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama, o atentando contra su propia estimación.

En concreto, en relación con la inclusión de datos personales en los ficheros de morosos, según la Sentencia del Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo núm. 945/2022 de 20 diciembre (RJ 2022\5668), que la Ley Orgánica 3/2018 derogue expresamente la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, no significa necesariamente que haya quedado derogado el Reglamento aprobado por el Real Decreto 1720/2007.

A falta de un reglamento que desarrolle la nueva ley orgánica, el Real Decreto 1720/2007 sirve de desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica 3/2018, necesario para la plena eficacia de esta, sin perjuicio de que hayan quedado derogadas aquellas normas del citado Reglamento que "contradigan, se opongan, o resulten incompatibles con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 (LCEur 2016, 605) y en la presente ley orgánica", según prevé expresamente el apartado 3.º de la disposición derogatoria única de la Ley Orgánica 3/2018 en relación con las disposiciones de igual o inferior rango.

Por tanto, ha de determinarse si los arts. 38 y 39 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 1720/2007 son compatibles con la regulación contenida en el art. 20 de la Ley Orgánica 3/2018 (RCL 2018, 1629), en concreto con su apartado 1.c).

El art. 20.1.c) de la Ley Orgánica 3/2018 (RCL 2018, 1629), bajo el título "sistemas de información crediticia", establece los siguientes:

"1. Salvo prueba en contrario, se presumirá lícito el tratamiento de datos personales relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito por sistemas comunes de información crediticia cuando se cumplan los siguientes requisitos: [...]

" c) Que el acreedor haya informado al afectado en el contrato o en el momento de requerir el pago acerca de la posibilidad de inclusión en dichos sistemas, con indicación de aquéllos en los que participe.

"La entidad que mantenga el sistema de información crediticia con datos relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito deberá notificar al afectado la inclusión de tales datos y le informará sobre la posibilidad de ejercitar los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la deuda al sistema, permaneciendo bloqueados los datos durante ese plazo".

El art. 38.1.c del Reglamento aprobado por el Real Decreto 1720/2007, bajo el título "requisitos para la inclusión de los datos", establece: "1. Sólo será posible la inclusión en estos ficheros de datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica del afectado, siempre que concurran los siguientes requisitos: [...]

" c) Requerimiento previo de pago a quien corresponda el cumplimiento de la obligación".

El art. 39 del mismo reglamento, bajo el título "información previa a la inclusión", establece: "El acreedor deberá informar al deudor, en el momento en que se celebre el contrato y, en todo caso, al tiempo de efectuar el requerimiento al que se refiere la letra c) del apartado 1 del artículo anterior, que en caso de no producirse el pago en el término previsto para ello y cumplirse los requisitos previstos en el citado artículo, los datos relativos al impago podrán ser comunicados a ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias".

Este último precepto, es decir, el art. 39 del citado reglamento, ha de entenderse derogado por el nuevo art. 20.1.c de la Ley Orgánica 3/2018 (RCL 2018, 1629), porque una y otra norma son incompatibles. Mientras que este art. 39 del reglamento exige que la información sobre la posibilidad de comunicar a estos ficheros los datos relativos al impago se realice "en el momento en que se celebre el contrato y, en todo caso, al tiempo de efectuar el requerimiento", el nuevo art. 20.1.c de la Ley Orgánica 3/2018 (RCL 2018, 1629) permite que tal información se realice "en el contrato o en el momento de requerir el pago".

Por tanto, no es preciso realizar la información (más bien una advertencia) sobre la posibilidad de comunicar los datos al fichero de morosos en caso de impago en el contrato y, "en todo caso", en el momento de requerir de pago, sino que puede realizarse en cualquiera de estos momentos, no necesariamente en ambos.

Respecto del requerimiento de pago, el art. 29 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que regulaba este tipo de ficheros sobre solvencia patrimonial y, en concreto, sobre incumplimiento de obligaciones dinerarias, no establecía el requisito del requerimiento de pago pues solo establecía que "se notificará a los interesados respecto de los que hayan registrado datos de carácter personal en ficheros, en el plazo de treinta días desde dicho registro, una referencia de los que hubiesen sido incluidos y se les informará de su derecho a recabar información de la totalidad de ellos, en los términos establecidos por la presente Ley". El desarrollo reglamentario de esta obligación de notificación por parte del responsable del fichero se hacía en el art. 40 del reglamento aprobado por el Real Decreto 1720/2007 y hoy se encuentra recogida en el segundo párrafo del art. 20.1.c) de la Ley Orgánica 3/2018 (RCL 2018, 1629).

Sin embargo, el hecho de que el requisito del requerimiento de pago previo a la comunicación de los datos por el acreedor al fichero de solvencia patrimonial no estuviera previsto expresamente en la Ley Orgánica 15/1999, no determinó que la regulación del art. 38.1.c) del reglamento aprobado por el Real Decreto 1720/2007 fuera considerado un exceso reglamentario.

Por tanto, el hecho de que el actual art. 20.1.c) de la Ley Orgánica 3/2018 (RCL 2018, 1629) no establezca expresamente el requisito del requerimiento previo de pago no supone que la regulación del art. 38.1.c del reglamento aprobado por el Real Decreto 1720/2007 se oponga o sea incompatible con la nueva norma legal y deba considerarse, por tanto, derogado. Es más, la nueva norma legal contiene la mención a la existencia de dicho requerimiento previo al prever que la advertencia de comunicación de los datos al fichero debe hacerse bien en ese requerimiento previo, bien al celebrarse el contrato. Esa mención, que no existía en la anterior ley, implica que el nuevo precepto legal presupone la existencia necesaria de tal requerimiento previo, que es uno de los momentos, junto con el de celebración del contrato, en los que el acreedor puede hacer al deudor la advertencia de comunicación de sus datos al fichero de morosos en caso de impago de la deuda.

La conclusión de lo anterior es que sigue siendo exigible el requerimiento previo de pago, previsto en el propio art. 20.1.c de la Ley Orgánica 3/2018, cuya función y justificación es que impide que sean incluidas en estos registros los datos de personas que, por un simple descuido, por un error bancario al que son ajenas, o por cualquier otra circunstancia de similar naturaleza, han dejado de hacer frente a una obligación dineraria vencida y exigible, por lo que el dato del impago no es pertinente para enjuiciar su solvencia. Lo que no es imprescindible con la nueva regulación es que en ese requerimiento de pago se advierta de la posibilidad de incluir sus datos en un fichero de morosos en caso de impago pues esa advertencia puede haber sido realizada al contratar.

La exigencia de que el responsable del fichero notifique al afectado la inclusión de tales datos y le informe sobre la posibilidad de ejercitar los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la deuda al sistema, que se contenía tanto en el art. 29 de la anterior ley orgánica como en el párrafo segundo del art. 20.1.c) de la actual, no suple el requisito del requerimiento previo sino que se añade a él, al igual que ocurría en el régimen anterior.

Además, si solo fuera exigible la notificación posterior a la inclusión por parte del responsable del fichero, ya se habría producido un primer tratamiento de esos datos personales por la comunicación de los datos por el acreedor al responsable del fichero, sin asegurarse de su pertinencia, al poder ser tratados los datos de los deudores que por inadvertencia hubieran dejado de pagar alguna deuda sin que esto fuera significativo de su insolvencia.

En conclusión, en el nuevo régimen legal existen tres obligaciones diferenciables:

1.- El acreedor debe informar al afectado, en el contrato o en el momento de requerir el pago, acerca de la posibilidad de inclusión en dichos sistemas, con indicación de aquéllos en los que participe ( art. 20.1.c], párrafo primero, de la Ley Orgánica 3/2018, que deroga el art. 39 del reglamento aprobado por el Real Decreto 1720/2007, en tanto que este exigía que la información se hiciera cumulativamente en ambos momentos

2.- El acreedor, o quien actúe por su cuenta o interés, debe requerir de pago al deudor con carácter previo a la comunicación de sus datos al fichero de morosos ( art. 38.1.c del reglamento aprobado por el Real Decreto 1720/2007) y estará obligado a conservar a disposición del responsable del fichero común y de la Agencia Española de Protección de Datos documentación suficiente que acredite el cumplimiento de tal requisito y de los demás exigidos por la normativa aplicable, conforme al art 38.3 de dicho reglamento, y

3.- La entidad que mantenga el sistema de información crediticia con datos relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito deberá notificar al afectado la inclusión de tales datos y le informará sobre la posibilidad de ejercitar los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la deuda al sistema, permaneciendo bloqueados los datos durante ese plazo ( art. 20.1.c], párrafo segundo, de la Ley Orgánica 3/2018). La notificación deberá efectuarse a través de un medio fiable, auditable e independiente de la entidad notificante, que le permita acreditar la efectiva realización de los envíos (art. 40.3 de dicho reglamento).

En el presente caso, en el que se admite por la parte actora en su demanda la existencia de una relación contractual de servicios de telefonía concertada con la demandada, que ha podido generar una deuda, que ha podido resultar impagada por el demandante, no se discute la concurrencia de los demás requisitos legales para la inclusión en el fichero de morosos de datos de carácter personal de la actora, distintos del requerimiento previo de pago, y que la deuda era dudosa, lo cual constituye el único objeto de discusión entre las partes litigantes.

SEGUNDO.-En la Sentencia del Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo núm. 959/2022 de 21 diciembre (RJ 2022\5588), en cuanto al requisito del requerimiento previo de pago, exigido por el artículo 38.1 c) del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, fija la doctrina de que, no obstante el carácter recepticio del requerimiento previo de pago, el artículo 38.1 c) no establece una forma especial de llevar a cabo el requerimiento previo, de modo que tampoco es necesaria, de cara a su validez, la fehaciencia de su recepción, que se puede considerar fijada a través de las presunciones o acreditada por cualquier medio de prueba ( Sentencias 672/2020, de 11 de diciembre, 854/2021, de 10 de diciembre (RJ 2022, 158), 81/2022, de 2 de febrero, y 436/2022, de 30 de mayo (RJ 2022, 2429), entre las más recientes) siempre que exista garantía o constancia razonable de ella ( Sentencias 660/2022, de 13 de octubre (JUR 2022, 330520), 604/2022, de 14 de septiembre (RJ 2022, 4197), 854/2021, de 10 de diciembre (RJ 2022, 158), 672/2020, de 11 de diciembre), lo que, por depender de las circunstancias concurrentes en cada supuesto, habrá que determinar de forma inevitablemente casuística.

En el presente caso, resulta de las alegaciones parcialmente conformes de las partes, la prueba documental, y la ausencia de prueba en contrario:

1.- que la demandada Vodafone Servicios, S.L.U., por medio de Equifax/Servinform, remitió un requerimiento previo de pago al demandado Sr. Jesús, mediante una carta, de fecha 18 de agosto de 2020, requiriéndole de pago, con la advertencia, en caso de impago, de su inclusión en el registro de morosos de Asnef (doc 6 de la contestación) ; y que la demandada Vodafone Servicios, S.L.U., por medio de Experian, remitió un requerimiento previo de pago al demandado Sr. Jesús, mediante una carta, de fecha 14 de febrero de 2021, requiriéndole de pago, con la advertencia, en caso de impago, de su inclusión en el registro de morosos de Badexcug (Más Doc I).

2.- que los requerimientos previos de pago se dirigieron al domicilio del demandante designado en el contrato de servicios de telefonía, de 27 de marzo de 2019 (doc 2 de la contestación), en DIRECCION000 Barcelona, no habiendo constancia de que, en el momento de los requerimientos de pago, el domicilio del demandante fuera otro distinto de la dirección de destino indicada en las comunicaciones de la demandada, y que ese otro domicilio distinto le fuera comunicado a la demandada.

3.- que las comunicaciones de la demandada aparecen acompañadas de certificaciones de Servinform y Experian en las que se informa del envío de la comunicación, no resultando de lo actuado ningún dato que permita dudar de la veracidad del contenido de las certificaciones.

4.- que las comunicaciones postales, según resulta de los informes de Equifax y Experian, no consta que fueran devueltas, no habiendo constancia de que la comunicación fuera remitida a una dirección postal de la que hubiera sido devuelta por ser el destinatario desconocido, o donde anteriormente ya se hubiera producido una devolución por la misma circunstancia, lo cual sí cuestionaría la garantía de la recepción ( Sentencia del Tribunal Supremo nº 854/2021, de 10 de diciembre; RJ 2022/ 158), y

5.- que, por último, a lo anterior se añade, que tampoco el demandante puede haberse visto sorprendido por la inclusión en el fichero de morosos, al tener constancia de la deuda, y evidenciar sus actos una actitud totalmente pasiva, no habiendo constancia de haber interesado la anulación o la extinción de la deuda desde que tiene conocimiento de su registro, mediante los informes de Equifax y Experian (docs 2 y 3 de la demanda), de acuerdo con la doctrina sobre el enfoque funcional del requerimiento previo de pago, que permite restar relevancia a este requisito, como elemento determinante de la existencia de una vulneración del derecho al honor, cuando el deudor adopta una actitud totalmente pasiva ( Sentencia del Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo núm. 960/2022 de 21 diciembre; RJ 2022\5587).

En este sentido, es doctrina reiterada ( Sentencias del Tribunal Supremo núm 609/2022, de 19 de septiembre, y núm. 660/2022 de 13 octubre; RJ 2022/ 309659, y 2022/4837) la que hace una interpretación funcional del requisito del requerimiento, de modo que su exigibilidad se funda en la necesidad de evitar que sean incluidas en estos registros personas que, por un simple descuido, por un error bancario al que son ajenas, o por cualquier otra circunstancia de similar naturaleza, han dejado de hacer frente a una obligación dineraria vencida y exigible sin que ese dato sea pertinente para enjuiciar su solvencia; lo que, además, les permite ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación ( SSTS 563/2019, de 23 de octubre (RJ 2019, 4209); 740/2015, de 22 diciembre(RJ 2016, 29)).

En concreto, en la Sentencia del Tribunal Supremo núm 422/2020, de 14 de julio; RJ 2020/2491, se estableció que ante la contumacia en el impago de las deudas la finalidad del requerimiento había decaído.

En sentido similar la Sentencia del Tribunal Supremo núm 563/2019, de 23 de octubre; RJ 2019, 4209, contempla un caso de ausencia de requerimiento previo, pese a lo cual declara que el deudor no se vio sorprendido por la inclusión en el fichero al tener constancia de la deuda.

En el presente caso, los elementos probatorios disponibles se pueden estimar suficientes para dar por acreditada la realización del requerimiento previo exigido reglamentariamente que, además, según lo expuesto, tampoco se estima que fuera estrictamente necesario, atendida la doctrina acerca de la interpretación funcional del requisito del requerimiento previo de pago.

TERCERO.-En cuanto al requisito de que la deuda no sea dudosa, el artículo 20.1.b) de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, presume lícito el tratamiento de datos personales relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito por sistemas comunes de información crediticia cuando se cumpla el requisito de que los datos se refieran a deudas ciertas, vencidas y exigibles, cuya existencia o cuantía no hubiese sido objeto de reclamación administrativa o judicial por el deudor o mediante un procedimiento alternativo de resolución de disputas vinculante entre las partes.

En este caso, resulta de las alegaciones parcialmente conformes de las partes, la prueba documental, y la ausencia de prueba en contrario, a los efectos de lo que es objeto de los presentes autos, la certeza, vencimiento, y exigibilidad de la deuda a cargo del demandado, nacida del contrato de servicios de telefonía, de 27 de marzo de 2019 (doc 2 de la contestación a la demanda), y que es descrita en cuanto a sus conceptos en las facturas del período de 1 de mayo de 2019 a 31 de agosto de 2020 (doc 6 de la demanda; docs 4 y 5 de la contestación), no habiendo constancia de que el contrato haya sido anulado, total o parcialmente, por ausencia de consentimiento, o por contener cláusulas abusivas, o que haya sido resuelto, no habiendo constancia de que se haya promovido por el demandante ninguna reclamación administrativa o judicial, o un procedimiento alternativo de resolución de disputas vinculante entre las partes, en relación con la validez o nulidad del contrato de servicios de telefonía, o de alguna de sus cláusulas.

Únicamente resulta de lo actuado la remisión de una comunicación del demandante a la demandada solicitando que le fuera remitida la documentación de la relación contractual, que le fue remitida por la demandada, mediante la remisión de las facturas impagadas (doc 6 de la demanda; docs 4 y 5 de la contestación), sin que haya constancia de que, con posterioridad a esa comunicación, se haya presentado por el deudor cualquier reclamación administrativa o judicial, o procedimiento alternativo, no habiendo constancia de ninguna reclamación administrativa o judicial al tiempo del alta en los ficheros de morosos, no habiendo tampoco constancia de ninguna reclamación administrativa o judicial al tiempo de la presentación de la demanda de protección del derecho al honor.

En relación con los requisitos relativos a la existencia de una deuda cierta, vencida, líquida y exigible, que amparara la comunicación de los datos a un fichero de solvencia patrimonial, es doctrina comúnmente admitida ( Sentencias del Tribunal Supremo nº 945/2022, de 20 de diciembre, y nº 185/2023, de 7 febrero (RJ 2022/ 5668 y 2023/1266), que citan las Sentencias nº 13/2013, de 29 de enero ( RJ 2013, 1835), nº 672/2014, de 19 de noviembre ( RJ 2014, 6422), nº 740/2015, de 22 de diciembre ( RJ 2016, 29), nº 114/2016, de 1 de marzo (RJ 2016, 733), y nº 174/2018, de 23 de marzo (RJ 2018, 1151), que para la inclusión de los datos del deudor en ficheros relativos al cumplimiento de obligaciones dinerarias la deuda debe ser, además de vencida y exigible, cierta, es decir, inequívoca, indudable. Por tal razón, no cabe incluir en estos registros datos personales por razón de deudas inciertas, dudosas, no pacíficas o sometidas a litigio. Por lo general, se ha vinculado el cumplimiento de estos requisitos a la inexistencia de controversia sobre la deuda cuando se produce la comunicación de los datos al fichero de morosos, porque si el titular de los datos considera razonable y legítimamente que no debe lo que se le reclama, y así se lo ha hecho saber al acreedor, la falta de pago no es indicativa de la insolvencia del afectado y por tanto el tratamiento de sus datos en uno de estos ficheros no es pertinente. Tampoco puede utilizarse la inclusión en el fichero de morosos como una medida de presión para zanjar disputas con el cliente sobre la existencia o cuantía de la deuda.

En el presente caso, en el momento en que el acreedor comunicó sus datos personales al registro de morosos, no existía controversia entre las partes sobre la existencia de la deuda, no habiéndose promovido litigio en el que el demandante ejercitara la acción de nulidad del contrato de servicios de telefonía, no habiendo constancia de su resolución, ni de la devolución del equipo no devuelto que se menciona en la última factura, de 1 de septiembre de 2020.

Por lo cual, que sus datos fueran objeto de tratamiento en un fichero sobre solvencia patrimonial no vulnera su derecho al honor, por más que la cantidad comunicada al fichero pudiera no ser la correcta, pues lo que vulnera el honor del afectado no es que la cuantía de la deuda que consta en el registro pueda ser incorrecta, sino que se dé al afectado el tratamiento de moroso, incumplidor de sus obligaciones dinerarias, sin serlo.

En la Sentencia del Tribunal Supremo nº 671/2021, de 5 de octubre (RJ 2021, 4457), ya se declaró que "lo verdaderamente relevante para que pudiera considerarse infringido el derecho al honor de los demandantes [...] no es tanto la corrección de la concreta cantidad en que el banco cifró la deuda, sino que se hubiera comunicado a la CIRBE sus datos personales asociados a datos económicos de los que resultara su condición de morosos, sin serlo realmente".

Por tal razón, la posible incorrección del dato relativo a la cuantía de la deuda que constara en el fichero de morosos no supone una vulneración del derecho al honor pues no añade un desvalor relevante respecto de la protección de dicho derecho fundamental al que ya supone ser tratado, justificadamente, como moroso.

En el presente caso, cuando la deuda fue comunicada al fichero, el demandante había dejado de pagar el saldo deudor del contrato concertado con la demandada, y había incurrido en mora, no habiendo formulado ninguna reclamación administrativa o judicial antes o después de la inclusión de sus datos en el fichero, por lo que no puede considerarse que la comunicación de sus datos al fichero de morosos se haya realizado por el acreedor como medida de presión para zanjar disputas con el cliente sobre la existencia o cuantía de la deuda, por lo que ha de considerarse que concurre el requisito de la existencia de una deuda cierta, líquida y exigible.

En consecuencia, procede la desestimación de la demanda, y por consiguiente la estimación del motivo de la apelación de la parte demandada.

CUARTO.-.- Apela, por último, la parte demandada el pronunciamiento sobre las costas de la primera instancia, solicitando su no imposición, alegando la existencia de dudas de derecho.

Centrado así el motivo de la apelación de la parte demandada, es lo cierto que, en relación con la imposición de costas, es doctrina comúnmente admitida ( Sentencias del Tribunal Supremo de 7 de marzo de 1988, 26 de junio de 1990, y 4 de julio de 1997; RJA 1559/1988, 4896/1990, y 5845/1997), que la condena en costas atiende no sólo a la sanción de una conducta procesal, sino a satisfacer el principio de tutela judicial efectiva, que exige que los derechos no se vean mermados por la necesidad de acudir a los tribunales para su reconocimiento, de modo que el pago de las costas, aun solamente de las suyas, es un gravamen que en justicia no debe soportar quien se ve obligado a presentar una demanda para ejercitar su derecho, debiendo por el contrario soportar las costas quien fue el causante de los daños que, en definitiva, se originaron a la pare contraria.

Este principio de vencimiento objetivo, acogido por el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, supone que las costas de la primera instancia en los procesos declarativos deben imponerse a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones.

Aunque este principio tiene la excepción, prevista en el mismo artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

En este caso, no obstante la resolución desestimatoria de la demanda, es posible apreciar la existencia de dudas de derecho, de acuerdo con lo manifestado por la parte apelante, por la jurisprudencia contradictoria en la materia, que únicamente se ha ido aclarando con las sentencias más recientes del Tribunal Supremo a las que se ha hecho mención en los anteriores fundamentos de derecho.

En consecuencia, procede la estimación del motivo de la apelación de la parte demandada, acordando no hacer expresa imposición de las costas de la primera instancia.

QUINTO.-De acuerdo con el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siendo la resolución estimatoria del recurso de apelación, no procede hacer expresa imposición de las costas de la segunda instancia.

SEXTO.-De acuerdo con la Disposición Adicional Quince.8 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción del artículo 1.19 de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, siendo la resolución estimatoria del recurso de apelación, procede la devolución del depósito para recurrir a la parte apelante.